La reciente visita del entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, generó un cubrimiento en medios colombianos que centraron la atención en la “agenda antinarcóticos” del Secretario. A pesar de los diversos temas abordados en sus encuentros con autoridades colombianas, la cobertura mediática se enfocó en la discusión sobre la lucha contra las drogas. Lo anterior, recuerda la noticia comentada a inicios de 2018, acerca de una conversación telefónica de 2017 entre los Presidentes de Colombia y de Estados Unidos, la cual aparentemente se centró en el aumento de los cultivos ilícitos del país y la molestia del Presidente Donald Trump por que en Colombia se preocupaban más de una guerrilla que de los ciudadanos estadounidenses.
Estas noticias reviven el debate nacional sobre el problema de las drogas en Colombia, el incumplimiento en las metas de erradicación de cultivos y el aumento en el consumo. La perspectiva desde la que se da esta discusión resulta peligrosamente familiar a aquella que se dio en los años ochenta cuando Estados Unidos lanza la gran cruzada contra las drogas y la actitud pasiva y obediente de los países latinoamericanos.
Es preocupante como se está volviendo al pasado, a asumir paradigmas y lentes arcaicos centrados en la oferta y en la interdicción. Esta estrategia que viene implementándose por cuatro décadas se ha demostrado ineficiente y poco útil para hacer frente a una problemática que se ha trasformado con los años. Por el contrario, no sólo no se ha vencido al flagelo de las drogas, sino que se han creado problemas adicionales, incluso mayores al propio consumo. El remedio ha resultado peor que la enfermedad.
Esa retrospección en el debate se constata en el abordaje de los temas en el ámbito nacional: preocupa sobre manera el aumento en los cultivos ilícitos más allá del impacto sobre el tejido social rural (origen y consecuencia) y los problemas del campesinado; se centra la mirada en el narcotráfico olvidando los otros eslabones del problema de las drogas; se repite la alarma por el aumento del consumo como un todo, sin identificar variables que lo generan, ni diferenciar por impactos negativos en el sector salud y en los índices de violencia.
Lo anterior, contrasta con el importante debate que Colombia ha promovido en el escenario internacional con base en su experiencia y en la autoridad del país en sus más de cuarenta años de lucha frontal contra las drogas ilícitas.
La discusión la planteaba el Presidente Juan Manuel Santos con un metáfora muy ilustrativa. En la lucha contra las drogas ilícitas estamos como en una bicicleta estática: haciendo un gran esfuerzo, invirtiendo ingentes recursos y sin llegar a ningún lado. Por eso, se debe abrir el debate global para analizar qué se está haciendo bien y qué se debería cambiar.
Es importante aclarar que no se planea un debate acerca de la legalización o no de las drogas (planteamiento simplista que no atiende la complejidad y a las diversas manifestaciones de la problemática) No se trata de disquisiciones filosóficas acerca de la libertad y autonomía del individuo y la potestad del Estados para controlarlo.
El debate planteado es volver al centro y propósito del marco internacional que regula y combate las drogas ilícitas: la salud y bienestar de las personas. Es una discusión que promueve un cambio de paradigma que no se centre en la oferta y la interdicción, sino que tenga como eje central de sus enfoques y estrategias la defensa y promoción del bienestar y de los derechos humanos; y que se ajuste a las particularidades nacionales. Se promueve una discusión técnica basada en hechos y estudios, en evidencia científica e indicadores, no en prejuicios. A la vez que se promueve el intercambio de información y buenas prácticas bajo este nuevo paradigma en construcción.
Lo anterior, no es tolerancia con el flagelo de la droga, tampoco rendirse ante el crimen organizado. Por el contrario, en el debate planteado se mantiene un discurso firme de lucha total contra la delincuencia organizada transnacional.
¿Como se traduciría este nuevo paradigma en la práctica? Son varias las aristas: Entender el problema del consumo como un problema de salud pública y no delictivo. Abordar el problema de los cultivos ilícitos desde la perspectiva del campesino que no tiene otros medios de subsistencia o que se ve amenazado. Comprender que ni el consumidor ni el campesino son criminales. Diferenciar entre tipos de drogas y consumidores, para no poner en el mismo saco drogas ilícitas tan diferentes como la marihuana y la heroína. Tener en cuenta un enfoque de género, por que las mujeres sufren un impacto diferenciado por el problema mundial de las drogas. Ver en algunos tipos de drogas la regulación como mejor alternativa y como fuente de desarrollo y empleo, como se observa en algunos Estados de la Unión Americana. Abordar la problemática de las drogas reguladas como la actual epidemia de opioides en Estados Unidos.
Contar con una estrategia más realista que atienda las problemáticas cambiantes traería potenciales beneficios. La experiencia de otros países que han optado por enfoques alternativos (el caso de Portugal, Holanda, Islandia, Suiza y recientemente algunos Estados de Estados Unidos) han demostrado ser más eficientes en reducir el impacto de las drogas ilícitas en la salud y el bienestar de las personas y de la sociedad.
Nada de esto es nuevo. Estos elementos (salud, bienestar del ser humano y derechos humanos) se encuentran en los Convenciones de Naciones Unidas que regulan la materia y en los consensos globales que se vienen construyendo, como es el caso de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas -UNGASS 2016-.
Colombia tuvo un papel central y protagónico en esta cita. Fue, junto a México y Guatemala, el país que promovió la convocatoria de la Sesión y libró un pulso diplomático para abrir el debate, sacarlo de la anquilosada burocracia «onusiana» de Viena (sede de la Agencia de Naciones Unidas contra las drogas) e incluir otros temas a los tradicionales, permitiendo la participación de otras audiencias especializadas, en particular del sector salud y los derechos humanos.
Este es un ejemplo de liderazgo multilateral exitoso de parte de Colombia. El país implementó una estrategia que permitió acciones coordinadas en Viena, Nueva York y Ginebra (sede de las agencias de Naciones Unidas para la salud -OMS- y los DDHH -OACNUDH-). Hoy Colombia es reconocido como un líder en estos ámbitos y en el debate sobre el problema mundial de las drogas.
Es lamentable que esta discusión internacional, esta apertura de mentes y de espacios, esta construcción de un modelo alternativo más eficiente, no se traslade al ámbito nacional. Más preocupante aún es que cuando se dan discusiones nacionales relacionadas con las drogas ilícitas se vuelva al mismo viejo paradigma, a las mismas nociones y prejuicios que distorsionan la respuesta que dan los Estados. El reforzar esas voces tradicionales y retomar lentes vetustos implicaría también un cambio en el liderazgo de Colombia en este tema en el escenario internacional.
El debate electoral que se avecina es una buena oportunidad para promover esta discusión abierta a nivel interno que permita la construcción de consensos nacionales. Tener una visión propia que dé respuesta al impacto negativo de las drogas ilícita en el país, a la vez que se mantiene el liderazgo en los foros internacionales especializados. Y es que el Presidente Trump tiene razón: el presidente de Colombia debe preocuparse más por los colombianos que por lo estadounidenses, es su función constitucional.
*CARLOS ENRIQUE VALENCIA MUÑOZ. Ministro Consejero de la Carrera Diplomática, actualmente Coordinador de Mecanismos de Integración Regionales en la Cancillería. Se ha desempeñado como Primer Secretario en la Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas – Ginebra y Vicecónsul en Los Ángeles, California. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, con Maestrías en Asuntos Políticos Económicos e Internacionales Contemporáneos de la misma Universidad y en Relaciones América Latina y Unión Europea de la Universidad Alcalá de Henares, España.