Por: Nicolás Pernett
Las circunstancias de nacimiento y gestación de la Revolución Bolivariana (en cuarteles militares y sin un respaldo masivo de grandes redes sociales civiles) y el hecho de que el único rostro conocido para el pueblo venezolano fuese el de Hugo Chávez después del 4F de 1992, hicieron que desde su primer acercamiento al poder, el proceso estuviera encarnado en la figura de un sólo hombre. Al punto de que hasta el día de hoy la pregunta en Venezuela sigue siendo cómo podrá sobrevivir el chavismo sin Chávez. En lugar de un movimiento popular organizado de larga duración, del cual sale un líder que accede al poder central, las características del proceso venezolano se basaron en una frustración generalizada y amorfa que encontró en un líder carismático –más que en un partido- la opción de un futuro mejor. Las circunstancias llevaron a que fuera Hugo Chávez el elegido por un extraño giro del destino a liderar y representar los aires de renovación política en el país. Este liderazgo se tornó aún más unipersonal cuando los viejos compañeros de armas del presidente, como Yoel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández, Francisco Arias Cárdenas, y hasta su mentor Luis Miquilena, empezaron a abandonar el proceso poco después de su triunfo inicial por diferencias con Chávez, quien pronto empezó a demostrar un carácter mesiánico y autosuficiente al tomar sus decisiones. La izquierda tradicional venezolana, que desde hacía décadas venía luchando contra los mismos enemigos que ahora enfrentaba Chávez y su movimiento, se debatió entre la oposición con argumentos o el apoyo casi irrestricto, como se evidenció en las posiciones contrarias que asumieron dos de los veteranos líderes históricos del MAS (Movimiento Al Socialismo), partido político surgido en los años setenta: Teodoro Petkoff, quien se opuso al modelo personalista de gobierno e inció una continuada labor crítica contra el presidente a través de la prensa, y José Vicente Rangel, quien fungió como vicepresidente de Chávez durante 5 años y se convirtió en su guía polìtico más valorado.
El 6 de diciembre de 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 1999-2004 con 3.673.685 votos. Una vez llegó al poder, como había prometido durante su campaña y siguiendo una larga tradición revolucionaria moderna, una de sus primeras decisiones fue convocar a elecciones para someter a consulta su propuesta de Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución para el país. La nueva Constitución fue redactada a finales de 1999 y nuevamente Hugo Chávez salio victorioso al aspirar a la presidencia para el período presidencial 2001-2007.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -como fue rebautizado el país- no modificó radicalmente la organización política y se mantuvo dentro de los estándares organizativos estatales propios de la democracia liberal, aumentando aún más que en otros modelos políticos el poder de la rama ejecutiva y del presidente, quien, además de poder gobernar por decreto bajo el auspicio de la Asamblea Nacional, tenía la opción de una reelección inmediata. El sentimiento de euforia y optimismo fue generalizado entre la mayoría pobre del país ante la promulgación de la Constitución pues su articulado, así como la dinámica y discurso del gobierno chavista, reconocía y reivindicaba finalmente a la inmensa porción de la población que hasta ese momento había pasado por la historia del país como una Venezuela sumergida y olvidada y ponía sus necesidades en el centro de los objetivos del gobierno y de la sociedad.
La vocación social del régimen chavista se confirmó con la implementación de las llamadas Misiones Bolivarianas en 2003, como una manera de asegurar el cubrimiento generalizado de la población en materia de salud, educación, salubridad y cultura. Sin embargo, las misiones han tenido un carácter temporal y circunstancial –implícito ya en la misma palabra “misión”- y, como fueron instituidas como centros de atención por fuera de la estructura permanente del Estado, se ha puesto en duda su capacidad de permanencia como parte constitutiva de la infraestructura estatal. El uso proselitista de las misiones, en especial en vísperas de elecciones, ha sido una de los más grandes críticas que ha tenido el programa, ya que presentar los derechos y servicios que el Estado venezolano debe prestar a sus ciudadanos como dependientes de la permanencia del líder en la presidencia ha sido visto como una forma de populismo caudillista.
Por otro lado, uno de los aspectos más polémicos de las directrices económicas del gobierno liderado por Hugo Chávez fue sin duda las amplias posibilidades que se le otorgaron al poder ejecutivo para expropiar terrenos e industrias en el país, ya sea para combatir el acaparamiento o para asegurar el abastecimiento en sectores estratégicos de la sociedad. Por medio de estas reformas, Venezuela se convirtió en un modelo de economía mixta en el que, aunque se sigue conservando un gran porcentaje de la economía interna en manos de productores privados, se han nacionalizado empresas claves en sectores como hidrocarburos, minería, alimentación y energía. Sin embargo, muchas de estas expropiaciones han mostrando resultados desiguales y endeudamientos crónicos después de ser tomadas por la burocracia estatal.
Entre los años 2002 y 2004, el gobierno de Hugo Chávez recibió una seguidilla de ataques desde diversos sectores de la oposición. El primero y más dramático de ellos fue el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que alcanzó a instaurar a un nuevo presidente y un nuevo consejo de ministros mientras se mantenía preso al presidente constitucional. La concreción del golpe se dio después de varios meses de planeación en donde algunos de los empresarios más ricos del país, congregados bajo la Confederación de Cámaras de Comercio y Producción, Fedecámaras, junto a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), con el respaldo de la Iglesia Católica y la asesoría y apoyo económico de la organización norteamericana National Endowment for Democracy, prepararon cuidadosamente un escenario de salida de Hugo Chávez de la presidencia.
El gobierno de facto instaurado ese día, encabezado por el empresario Pedro Carmona, intentó eliminar de un brochazo todos los avances jurídicos y políticos que hasta ese momento llevaba ganados el movimiento chavista. Sin embargo, la masiva movilización popular en apoyo del presidente Hugo Chávez y las maniobras del general Raúl Isaías Baduel para restituir el poder del presidente dentro del cuerpo militar, hicieron que en cuestión de un par de días el peligro hubiera sido conjurado y Chávez estuviera de vuelta en la silla presidencial.
El fallido golpe de Estado no consiguió sino ratificar la legalidad y apoyo popular al gobierno de Hugo Chávez y desarmar las intenciones de la oligarquía más recalcitrante del país de revertir los cambios propuestos por el nuevo régimen. El débil posicionamiento estratégico del sector leal a Chávez en la maquinaria estatal y económica heredada de la Cuarta República fue visto por muchos como la causa del golpe de Estado. Por esto, el gobierno rápidamente se decidió a tomar el control de todas las entidades a su alcance, empezando por la empresa Petróleos de Venezuela S.A, PDVSA, aprovechando un paro general convocado por los sectores privados de la economía en diciembre de 2002.
El paro, que alcanzó a afectar severamente el producto nacional durante los primeros meses de 2003, fue finalmente resuelto a favor del gobierno, que resistió la presión política de los altos mandos de PDVSA, empresa que había sido nacionalizada durante la década de 1970 pero que se había constituido como un Estado dentro del Estado, dirigido por ejecutivos del sector privado que, en últimas, determinaban la economía del país al manejar su recurso más valioso. La ubicación de dirigentes chavistas dentro de la organización petrolera después del paro fue lo que en últimas hizo posible el sostenimiento de la revolución, pues fue de allí que vinieron los recursos económicos para impulsar sus programas. Este relevo gerencial también significó el debilitamiento de la empresa por la falta de experiencia de muchos de sus nuevos dirigentes.
De esta manera, para comienzos de 2004, la llamada Revolución Bolivariana había completado todas las piezas del ajedrez político (apoyo popular, fuerzas armadas, Asamblea Nacional y empresa petrolera) necesarias para asegurar el poder y la capacidad de maniobra por parte de Hugo Chávez. El control de una de las mayores producciones petroleras del mundo en un momento de crisis energética global y de exorbitantes precios del crudo, le dio a Hugo Chávez el poder necesario para influir notoriamente en la política de varios de sus vecinos de América Latina, con los que inició un intercambio político y comercial que se consolidó en diciembre de 2004 con la creación de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. Pero al mismo tiempo que Chávez ganaba influencia en la región, Fidel Castro y los altos mandos de la Revolución Cubana fueron ganando preeminencia dentro del Estado venezolano, al punto que se ha denunciado que han sido ellos, y no los funcionarios venezolanos, los que han tomado las decisiones más importantes de la última década en Venezuela.
El otro gran movilizador del poder político venezolano, y que había escapado de la influencia oficial, eran los medios de comunicación, factor determinante en el rumbo que tomaron los acontecimientos del 11A de 2002. Ante la consolidación de un poder mediático privado que se oponía en su gran mayoría al chavismo, la estrategia del gobierno fue fortalecer la participación del Estado en el espectro televisivo nacional, para desde allí realizar el necesario proceso de revolución cultural y hegemonía ideológica. Así mismo, se instituyó en 2004 una Ley de Responsabilidad Social de los medios, que en la práctica ha servido para combatir y anular a algunos medios de comunicación desafectos del gobierno. Esta polarización mediática dejó a Venezuela entre dos extremos irreconciliables y desorientadores: por un lado, un sector privado que sigue siendo fuerte y que ataca al gobierno de Hugo Chávez con todo tipo de estrategias de deslegitimación pública que muchas veces pasan por la calumnia y la mentira; y por otro, un sector de medios oficiales que funcionan como oficinas de propaganda del régimen, en donde la crítica y observación objetiva de la realidad venezolana no aparecen. La intransigencia del régimen chavista y la guerra de información adelantada por la oposición han polarizado a Venezuela en los últimos catorce años como pocas veces se ha visto en su historia, y el ambiente de confrontación apasionada se vive a diario en los más diversos espacios del país caribeño hasta el presente.