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Un nuevo sistema electoral

Por: Santiago Silva (@santiagosilvaj)

El pasado 27 de noviembre, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, sostuvo que para que los acuerdos de La Habana funcionen, es necesario una modificación importante en el sistema electoral colombiano. La principal preocupación del Comisionado parece ser la protección de que el partido fundado por los desmovilizados de las Farc no se frustre políticamente por la “dificultad” de participar políticamente en el nivel nacional.

Ahora bien, el sistema político y electoral colombiano necesita reformas más urgentes que si los jefes de las Farc pueden o no entrar a competir. Disculpándome con los “prácticos” del proceso de Paz, que sostienen que ante la posibilidad de conseguir un acuerdo todo debe valer en las concesiones, las reformas que necesita el país –como la inclusividad política de su sistema electoral- no pueden dejarse a las necesidades de un grupo particular, menos con una legitimidad tan escasa como las Farc.

Por supuesto que es entendible la preocupación del Gobierno por proveer las condiciones en las que la desmovilización de los jefes de las Farc sea tan sostenible como sea posible; la reincidencia debe ser el gran enemigo, pero así como en el tema de la impunidad, acomodar todo el entramado electoral –desacomodar los tenues equilibrios actuales en muchas regiones del país y en el nivel nacional- por darle gusto a la guerrilla, parece un despropósito.

Así, nos siguen acomodando reglas de juego generales, con profundas consecuencias para nuestro futuro, a los caprichos oligárquicos de medio centenar de jefes guerrilleros demasiado pretensiosos como para aceptar culpas, lo suficientemente cobardes como para querer evitar pagar sus delitos y tan cínicos que ante su “dejación” de armas, pretenden que les garanticen el poder político que creen que años de matar colombianos les ha hecho “merecer”.

Colombia sí necesita revisar sus sistema electoral, pero no para incluir a los líderes de las Farc desmovilizados que quieren hacer política, sino porque en efecto, las recientes reformas y algunos asuntos circunstanciales lo han hecho menos incluyentes.

Por ejemplo, resulta más importante atender la corrupción endémica que se presenta en muchas regiones del país. La MOE reporta en cada elección local y departamental los enromes riesgos por compra de votos, constreñimiento al elector y trasteo de votos que ocurren en casi todo el país. El sistema debería promover la transparencia y el control ciudadano antes que volverse el vehículo para forzar espacios para los jefes desmovilizados en el Congreso y en los gobiernos locales.

El problema no es solo de cuadrar un sistema para que responda a las necesidades de un solo grupo ilegítimo, sino, que al absorber toda la agenda de las reformas, estas no atacarán los problemas estructurales de la democracia colombiana y sus sistema electoral y político; solo buscará acomodar algunas reglas de juego al nuevo actor que llega a pelearse el poder con los de siempre.

Y los de siempre –y los nuevos, que se parecen más de lo que quisieran a los de siempre- seguirán gobernando.

 

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