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Un asunto de todos

Por: Camilo Arango (@camiloarangoo)

El pasado 23 de septiembre se celebró el día contra la explotación sexual infantil, en un contexto enrarecido por una serie de denuncias y acusaciones a Medellín como uno de los escenarios más afectado por la ocurrencia de fenómenos de explotación de mujeres y niñas. Las autoridades locales responsables de las acciones de prevención, atención y lucha contra este delito, le pusieron la cara a la ciudad para hablar de un tema que nunca se ha negado en sus reales dimensiones, pero que requiere de un tratamiento serio y riguroso de parte de todos, poniendo de presente que existe no solo una institucionalidad seria y comprometida para hacer frente a la problemática en la ciudad, sino un conocimiento acumulado en muchos otros actores que comparten la preocupación por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Hay varias precisiones que no podemos dejar de lado. En primer lugar, los niños, niñas y adolescentes que son objeto de explotación sexual, son víctimas de la peor vulneración de sus libertades y en especial teniendo en cuenta que, de acuerdo con nuestra Constitución, son sujetos de especial protección y sus derechos prevalecen frente a los demás. La identificación de un escenario de explotación sexual no admite ninguna otra valoración diferente a la de víctima en el caso del menor afectado, y como consecuencia la necesaria acción para la protección de sus derechos. En segundo lugar, la gran apuesta debe ser por la prevención, y no podemos avanzar en ella si no hablamos abiertamente del fenómeno estableciendo todas las claridades que sean necesarias en relación con las formas y los escenarios donde tiene lugar la explotación sexual. Darle la cara a la problemática, describirla tal cual ocurre en el espacio público o privado, e identificar los factores que aumentan y reducen la vulnerabilidad de los menores, son las herramientas necesarias para tener éxito en la prevención del fenómeno sin tener que esperar a que se constituyan en víctimas. En tercer lugar, hay que fortalecer los mecanismos institucionales de vigilancia y control para sancionar a los responsables. Ese es el frente en el que mayor esfuerzo hay que realizar, para contar con unos organismos de seguridad y de justicia con la capacidad instalada necesaria para hacer frente a la problemática de la forma más eficiente.

Sin embargo, la erradicación del fenómeno no puede ser una actividad exclusiva del Estado, o en el caso de Medellín de la Alcaldía. Frente a un fenómeno de características tan complejas, el llamado a la acción en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes nos debe involucrar a todos porque no podemos permitir la naturalización del fenómeno y mucho menos hacernos intencionalmente indiferentes. La protección de los más vulnerables, pero que al tiempo son sujetos de los derechos más calificados del ordenamiento jurídico, es una tarea de todos, y por ello las denuncias formuladas en diversos medios de comunicación en los últimos días no deberían ser tomadas con un ataque a la imagen internacional de la ciudad, sino que debe servir de llamado de atención para que nos cuestionemos como sociedad si estamos haciendo lo necesario para la erradicación de este tipo de prácticas. El reto está planteado, y el éxito depende del compromiso de cada todos.

 

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