La propuesta de revocar las Cortes (Suprema, Constitucional y Consejo de Estado) promovida por el presidente Santos, después de haber concertado con juristas y organizaciones que velan por la transparencia de la justicia, no es del todo acertada porque podría ser la oportunidad para el raponazo por parte de los cacicazgos y los partidos. Magistrados, postulados por los políticos, sería peor el remedio que la enfermedad.
La solución sería más sabia, como lo han manifestado varios analistas y exmagistrados, nombrar una Corte de transición, por uno o dos años, con los juristas más preparados del país, de la academia y que, dicho sea de paso, han sido nombrados en los últimos años como conjueces, por su ética y transparencia, y la legalidad de sus conceptos, desmarcados de todo sectarismo político, ajustados a derecho y esgrimidos con racionalidad.
Los conjueces, quienes no ganan salario, actúan en las Cortes cuando se presenta un empate en una discusión sobre la que deben fallar. Ellos exponen su criterio jurídico para inclinar la balanza.
Si esa propuesta de renovar la rama Judicial se diera yo humildemente propondría mis nueve magistrados de la Corte Constitucional, todos ellos de calidades incuestionables: 1) María Bernardita Pérez Restrepo; 2) Rodolfo Arango Rivadeneira; 3) Rodrigo Uprimmy Yepes; 4) César Rodríguez Garavito; 5) José Miguel de la Calle; 6) Diego Eduardo López Medina; 7) María Consuelo Rincón Jaramillo; 8) Rubén Darío Pinilla Cogollo; y 9) Juan Guillermo Cárdenas Gómez. Ellos, para mí, conformarían una Corte honorable.
Sin tacha alguna podrían ser parte de la transición de la crisis de la justicia.
Los magistrados de la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Medellín, Rincón Jaramillo, Pinilla Cogollo y Cárdenas Gómez, han proferido los fallos contra las estructuras paramilitares más importantes de los últimos años, como la condena a alias “Cuco Vanoy” y la solicitud de investigación a Álvaro Uribe Vélez, por los hechos de El Aro (Ituango), y otros casos penales que se encuentran impunes.
La constitucionalista Pérez Restrepo, a quien admiro profundamente, por ser yarumaleña y por tener claridad en el ejercicio del derecho, la concepción de la doctrina y la interpretación de la jurisprudencia, lo que le ha valido reconocimientos como litigante, sería una excelsa jurista. Una mujer brillante que merece la magistratura. Es del criterio y la lucidez intelectual de Carlos Gaviria Díaz, quien también fue profesor de la Universidad de Antioquia.
Uprimmy Yepes y Rodríguez Garavito, fundadores de la corporación De Justicia, fueron los culpables de la anulación de la elección de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura (entidad que huele al formol), Francisco Ricaurte y Pedro Munar, por la puerta giratoria de la justicia: “el tú me eliges; yo te nombro”. Y tienen en la cuerda floja al procurador Alejandro Ordóñez, por vicios en el proceso de su reelección ante el Senado, nulidad que está siendo estudiada por el Consejo de Estado.
El abogado de la Calle, hijo del negociador en el proceso de paz, Humberto de la Calle Lombana, tiene las credenciales de ser todo un experimentado catedrático. Hijo de tigre sale pintado.
El profesor López Medina, de la Universidad de los Andes, quien con su libro “El derecho de los jueces”, ha marcado la discusión sobre el precedente judicial de las jurisprudencias de las cortes, ante la inexistencia de leyes que legislen en temas específicos, se suma a la corte de honorables.
Cierro mis postulaciones con el activista por los derechos humanos, profesor de los Andes y catedrático en materia constitucional, Arango Rivadeneira, quien ya ha sido conjuez, con una amplia producción literaria en materia de derechos fundamentales y una democracia social, más allá del simple concepto del Estado social de derecho.
Estos juristas, que podrían ser muchos más, porque en la academia están los verdaderos estudiosos del derecho, deberían integrar la corte de transición para afrontar la crisis institucional de la justicia.
Estoy seguro que sus fallos estarían blindados contra el bandidaje judicial, sin apegos religiosos y sectarismos políticos, porque la tradición constitucional de Colombia, reconocida en toda Latinoamérica, no puede verse corroída por el escándalo de dos o tres “traficantes del derecho”, al estilo de Jorge Pretelt Chaljub y Mauricio González, secundados por abogados como Abelardo De la Espriella y Jaime Granados.
Señores conjueces, ¡salven ustedes a las Cortes! ¡Salven a la justicia!
Cola: ¿A quiénes quiere beneficiar Santos con la eliminación de la Ley de Garantías? ¿No sería esto una práctica ventajosa que se prestaría para que haya repartijas y carruseles de la contratación? Opongámonos rotundamente a tal proyecto. Y así tiene Santos la desfachatez de decir que “desmontar la ley no es sinónimo de corrupción”. ¡No, quién dijo!
Coletilla: ¿Qué pasa en el municipio de Cáceres, en el bajo cauca antioqueño, que se escuchan ruidos de corrupción? ¿Lotes con precios exorbitantes vendidos a la Alcaldía, involucrando a su alcalde Ubaldo Pacheco Julio? Y con el antecedente de que el alcalde elegido el 30 de octubre de 2011 fue destituido, por lo que su eslogan de campaña fue: “De la mano con mi hermano”. ¿Dónde están los entes de control?
Esta y otras columnas podrá leerlas en www.bajolamanga.co (@bajo_lamanga)