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Que los jueces nos salven de este “hogar para la vida”

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Medellín, la que se ufana de ser la más innovadora y en el último gobierno ha sido presentada como “un hogar para la vida”, ha construido y ejecutado un modelo de desarrollo a espaldas de la comunidad y de las necesidades de la población que la habita, y a veces, no sólo de espaldas, sino por encima de ella. La hermosa Medellín es una de las principales ciudades receptoras de población desplazada, de ahí que su historia esté determinada por el conflicto armado, que en últimas ha llevado a sus gentes a poblarla.

El actuar de la administración municipal, para desplegar su modelo de innovación y desarrollismo, ha estado siempre caracterizado por el despojo y el desarraigo de los ciudadanos con los territorios. Los casos que voy a mencionar a continuación, no son aislados y aunque parecen diferentes, obedecen a unas acciones sistemáticas, que desarrollan un proyecto de ciudad que se propone conseguir sus objetivos a cualquier precio.

Muestra de ello es la cifra que dio a conocer el Departamento Nacional de Planeación con la colaboración de EPM en el 2012 que muestra que de los 662.500 hogares que integran la ciudad, 193.726 viven en condiciones de precariedad, es decir, uno de tres hogares en promedio, vive en condiciones de pobreza. Cabe la pregunta entonces ¿será esto verdadero desarrollo?

El pasado 21 de mayo un grupo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) junto con algunos funcionarios de la Secretaría de Infraestructura del Municipio y la Subsecretaría de Espacio Público, llegaron al barrio Moravia, sector El Oasis, a desalojar un terreno con una orden firmada por la inspectora 4°B de Policía Urbana de Primera Categoría: Gloria Patricia Arango, por medio de la cual se disponía de una medida policiva para ordenar la demolición de las viviendas.

Dicha orden ni siquiera fue notificada en debida forma, ya que según la comunidad, apenas un par de esas hojas fueron pegadas el día anterior en las fachadas de sus casas. En la parte motiva se argumenta que los lugares de los predios hacían parte del Espacio Público por lo que solicitaban su inmediata restitución, ya que éstos constituyen los llamadosbienes de uso público con calidad de utilidad pública. Por eso sus habitantes tenían que desalojar inmediatamente para proceder a la demolición.

El segundo de los casos es el de Villa Café en el barrio Belén, ubicado al costado sur de la Universidad de Medellín. En este lugar se asentó una comunidad hace 26 años, a raíz de situaciones de emergencia en otra zona de Medellín, específicamente en el Cerro Pan de Azúcar del barrio Villatina. Después de habitar ese espacio por más de dos décadas, el 15 de enero del presente año conocieron de un presunto dueño del terreno, la Ladrillera Santa Rita, quien interpuso una querella policial que efectivamente fallaron a favor de la Ladrillera.

El 28 de mayo de 2015, a menos de ocho días de la ocurrencia del primer suceso, la Alcaldía ordenó el desalojo violento de la comunidad enviando también a miembros del ESMAD a acompañar al funcionario a cargo de los desalojos, Inspector de Policía 16°A de Belén Elkin Darío Hoyos. Demolieron las casas, prohibieron el ingreso de la prensa y expulsaron del territorio alrededor de 1.500 personas.

Esas mismas personas amanecieron a la intemperie cuidando lo poco que les quedó de la demolición, dos días después, llegó de nuevo el ESMAD en compañía de la Subsecretaría de Espacio Público a retirarlos de la vía pública.

En ambos casos se adelantaron acciones jurídicas que se encuentran en manos de la Administración de Justicia, de quienes esperan, respondan en derecho, de fondo y de forma adecuada las peticiones interpuestas por la población. Los procedimientos violaron el debido proceso, no observaron los protocolos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, ratificados por ley de la República y que son los que establecen los requisitos para que puedan adelantarse este tipo de procedimientos, abusaron de la fuerza, no hubo concertación con la comunidad, ni se les ofreció alternativa alguna de vivienda.

Ahora queda confiar en que esos jueces nos salven de este “hogar para la vida”.

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