Por: Santiago Silva Jaramillo (@santiagosilvaj)
La semana pasada escribía en esta columna sobre las percepciones ciudadanas de los medellinenses, fundamentales en este año de elecciones locales. Uno de los asuntos relevantes para la campaña de este año –y sobre todo, para las perspectivas de desarrollo regional de los próximos- es la a veces compleja, pero necesaria, relación entre los proyectos políticos y sociales de Medellín y del departamento de Antioquia. Por un lado, porque en 2015 termina un experimento con pocos logros en sentido estricto (la famosa alianza AMA) y también porque en la mayoría de los campamentos electorales, los partidos y movimientos están intentando organizar propuestas conjuntas de duplas que aspiren a Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia.
Los problemas públicos de la ciudad y el departamento son a la vez similares y completamente diferentes, y aunque no contamos con una organización tipo “Medellín Cómo Vamos” para revisar las percepciones y preocupaciones de los antioqueños, en 2013 la Gobernación de Antioquia, la Universidad EAFIT e Invamer-Gallup publicaron el estudio “Valores, Representaciones y Capital Social en Antioquia 2013” que nos puede dar algunas pistas sobre la agenda ciudadana del departamento.
De acuerdo a sus resultados, la principal preocupación ciudadana en Antioquia es, sin duda, el empleo –ni de lejos una sorpresa- con el 17% de los encuestados en todo el departamento señalándolo como el asuntos más importante del que deben ocuparse los gobiernos municipales, departamental y el nacional. Alrededor de esa preocupación, los antioqueños se cuestionan por la efectividad de las apuestas de emprendimiento en contextos con pocas oportunidades –es decir, del éxito real de emprender-, de la conflictiva relación entre actividades económicas, informalidad e ilegalidad, y el control del Estado.
Esto crea otro dilema interesante para los diseñadores de políticas, los antioqueños reconocen la importancia de la apuesta por la educación, pero en tanto buena parte de su preocupación vital gira en torno al empleo, esos esfuerzos educativos también deben preocuparse por su capacidad de generar inserción laboral efectiva y de convertirse en vehículo de la inclusión social y económica de los antioqueños.
La segunda prioridad percibida por los antioqueños en 2013 era la violencia con 14% de las respuestas de la encuesta –y la tercera, la “falta de seguridad” con el 8%-. Ambas percepciones se alimentan del cuarto problema señalado en la encuesta, el consumo de drogas (8%), referenciado por los participantes en el estudio como una de las principales causas de su sensación de seguridad y de los problemas de violencia en sus municipios. De igual forma, la presencia de organizaciones delincuenciales –asociadas al narcotráfico, la mayoría- también se relaciona con las percepciones de inseguridad.
Finalmente, los antioqueños señalan el mal estado de las vías (7%) y a la desconexión entre los centros y la periferia del departamento como problema público de la región. Esto es, las dificultades que muchos de ellos enfrentan para poder acceder a servicios y bienes en sus municipios, una desconexión histórica que presenta dos desafíos. Primero, mejorar los canales físicos o virtuales de conexión, y segundo, lograrlo sin afectar los complejos y delicados equilibrios sociales de las subregiones.
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