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Necesitamos una reforma a la justicia

Por: ANDRÉS PRECIADO (@andrespreciado3)

El país se ve envuelto por estos días en las discusiones propias de las campañas políticas venideras, el debate por quiénes serán los que disputen la presidencia con el mandatario actual, la conformación del congreso nacional, la vieja pelea renombrada como mermelada gubernamental. Todas cuestiones muy relevantes, pero que dejan en segundo plano el tema que desde hace varios años viene siendo el lunar de gobiernos y que es además el asunto de política pública más urgente en el plano de seguridad: la reforma integral a la justicia.

Hablamos de reforma integral a la justicia para demarcar diferencia con aquel adefesio jurídico plagado de engaños que el actual gobierno, aunque dijera en su momento que no, nos quiso vender con el congreso y que afortunadamente quedó sin efectos.

Asuntos como el fallecimiento en una cárcel en Barranquilla de 11 personas luego de un incendio; los casos constantes de fugas de centros penitenciarios con documentación judicial alterada, incluso con firmas de jueces; el caos de hacinamiento y la crisis carcelaria en general, incluidos los problemas generados por la reciente e impopular reforma al código penitenciario; los líos de juzgamiento que ha traído al sistema el populismo punitivo que volvió una colcha de retazos el esquema de penas del país, y en general el desprestigio de la justicia por su falta de celeridad e ineficiencia. No pueden seguir siendo noticias pasajeras en medios de información.

Ése es el contexto negro de la justicia colombiana, una que necesita con urgencia una intervención de política pública que, al menos, contenga herramientas y recursos importantes en tres aspectos cruciales. El primero de ellos es el establecimiento de una política criminal clara para el estado colombiano que incluya una revisión exhaustiva del código penal y su necesaria herramienta procedimental, dando la discusión necesaria sobre penas (severidad en años) y tipos penales, además de la adecuación e integración de estas legislaciones con el código penitenciario. No obstante, sabemos que el asunto penal no se resuelve solo con legislación, por ello es clave, que se haga toda una reestructuración del sistema de investigación judicial y de inteligencia, que bien podría ser en el marco de la reforma a la Fiscalía que está en curso.

En segundo lugar es imperioso intervenir el aparato judicial, la parálisis, ineficiencia y trabas judiciales que han creado el problema de represamiento de procesos e inoperancia que vivimos hoy debe ser cortado de raíz. Es claro que los empleados judiciales se han quedado cortos y que en eso el estado debe invertir ingentes recursos para reasignar y ampliar la planta, sabiendo que los recursos deben ser destinados también a garantizar las herramientas logísticas para una adecuada prestación de servicios.

Como tercero vemos que el problema judicial en Colombia clama por una atención urgente a la población carcelaria, la crisis penitenciaria se ha convertido en un despropósito y un lastre enorme para el gobierno que todavía no se decide a asumir el problema con la seriedad del caso. Independiente de lo que los reclusos hicieran para llegar a esa condición, se trata de una población que está bajo el cuidado y protección del estado y que actualmente sufre todos los vejámenes inhumanos y violatorios de derechos imaginables. La intervención en las cárceles debe hacerse en lógica con la reestructuración legal del sistema, pero anteponiendo siempre el derecho a purgar la pena en condiciones austeras pero dignas que le asiste a cualquier recluso.

Finalmente, y ya que estamos en año electoral, recuerde amigo lector que la solución, o al menos el intento, a todos estos problemas pasará por el congreso de la república y deberá contar con el beneplácito presidencial. No sobra entonces la invitación para que deposite en las urnas tarjetones marcados por aquellos que pueden contribuir a resolver el problema y no ha empeorarlo ante la posibilidad de crecer el hacinamiento producto de sus malos actos.

 

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