¿Qué sucede en la Contraloría General de Antioquia que los fallos fiscales, en su mayoría, son absolutorios? ¿Dónde está la función de proteger los recursos públicos? Las respuestas son escasísimas. La gestión como Contralora General de Antioquia de Luz Elena Arango Cardona, cercana al exdiputado y hoy congresista y presidente de la Comisión de Acusaciones, Julián Bedoya Pulgarín, no alcanzará a llenar las expectativas. O sí: se pensionará con sueldo de contralora.
Curiosamente el escándalo sobre las coimas recibidas por el magistrado Jorge Pretelt Chaljub, presidente de la Corte Constitucional, quien es acusado de incidir en un fallo de acción de tutela, le tocará iniciarlo a Bedoya. No le veo avances a esa investigación.
En el 2012 fue elegida como Contralora General de Antioquia la administradora de empresas y auditoria de calidad, Luz Elena Arango Cardona, por la coalición de seis partidos: Liberal, Conservador, de la U, Cambio Radical, Polo y ASI, a quienes les tocó parte de la torta burocrática. Los únicos que no votaron por ella fueron los diputados del Partido Verde, como lo registró El Tiempo (4/01/2012): «Lo hicimos por coherencia. Porque no vemos bien participar en la elección de quien oficiará como fiscalizador de nuestro gobernador». Y tenían razón.
La burocracia se apoderó de la Contraloría General de Antioquia (C.G.A.), en donde el diputado Julián Bedoya Pulgarín aprovechó para poner sus fichas en cargos de manejo político, como son el Contralor Auxiliar Delegado y el Contralor Auxiliar para Proyectos Especiales, fichas claves para su proyecto como gamonal.
Su poder se ha extendido a la Contraloría General de Medellín, en donde trabaja una hermana de Bedoya Pulgarín, según puede leerse en esta nota de Despierta Antioquia: “¿Hay casualidad en que en la Contraloría de Medellín trabajen una hermana de Julián Bedoya y un hermano de Óscar Hurtado?”.
Pero no son estos manejos políticos de lo único que quiero ocuparme en esta columna, porque hay mucho qué contar sobre lo que pasa en el ente fiscal de Antioquia, así en los informes anuales destellen por su eficacia. ¿Y los sancionados? Pocos, porque en la indagación preliminar se decide el archivo del proceso.
Existen dos casos en particular que conozco y tengo pruebas, y que deberían dar vergüenza por lo que implican, porque se trata de recursos de la salud, como son la E.S.E. Hospital San Juan de Dios, de Yarumal, y La Misericordia, de Nechí, en donde la Contraloría brilla por su ausencia, pese a graves faltas disciplinarias, detrimento patrimonial, sumándole a esto creación de empresas de suministros para venderle al hospital, beneficiando a sus socios privados.
En el caso de Nechí el gerente Félix Neftelio Santos Pestaña ha hecho y desecho en ese municipio del bajo cauca, en donde ha violado las facultades aprobadas por la Junta Directiva, contratando una médica con diploma falso y, como si fuera poco, absuelto por la C. G. A. por la pérdida de $399.999.983 del contrato 082-2012 para “la elaboración de los diseños integrales para la construcción de la nueva infraestructura de la E.S.E…”. El Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, Santiago Ortega Mateos, hijo de la concejal de Medellín, María Mercedes Mateos Larraona, del equipo político de Olga Suárez Mira, profirió el Auto 051 en donde ordena “archivar el Proceso de Responsabilidad Fiscal número 117 de 2014 (…) adelantando en contra de FÉLIX NEFTELIO SANTOS PESTAÑA”. Y aun así siguen diciendo que es crisis de la salud.
Y el caso más vergonzoso es en Yarumal. El gerente de la E.S.E., Carlos Alfonso Orrego Castro, muy conocido en la C.G.A., aprovecha su cercanía para que en las auditorías fiscales no aparezcan hallazgos, pese a que desde el año 2012 opera como contratista la sociedad Global Marketing y Construcciones S.A.S, de la cual es representante legal Beatriz Elena Atehortúa Morales. Esta empresa, pese a que aparece en el Certificado de Existencia y Representación Legal a nombre de Beatriz, es de Ramón Hernando Zapata Rodríguez, socio el gerente Orrego Castro en Constructores & Asociados Las Vegas S.A.S., en donde éste es gerente suplente. Ahí hay un claro conflicto de intereses. Existe un poder autenticado en donde Beatriz Elena le autoriza a Ramón que cobre los dineros adeudados por el hospital a Global. ¿Más pruebas?
En el caso de Yarumal la C.G.A. no encontró nada, porque según ellos sí es cierto que Ramón Hernando Zapata y Carlos Alfonso Orrego Castro son socios en una empresa, pero de “acuerdo a certificación expedida por el Subgerente Administrativo de la S.E.E., esta no suscribió ningún contrato con dicha empresa, por los años 2012, 2013 y 2014”. Para que se configure el conflicto de intereses, con implicaciones penales y disciplinarias, no se tiene que contratar directamente a la empresa de la cual hace parte el gerente, basta con darle un contrato de prestación de servicios al representante legal de dicha empresa. Ahí está la clave. En la Contraloría no saben interpretar la norma. Si así son los hallazgos disciplinarios hallados por los auditores ya entiendo por qué siguen los corruptos de fiesta.
El conflicto de intereses se encuentra definido en el Artículo 40 del Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002). Transparencia por Colombia lo define así: “… el conflicto de intereses se da por fuera de la norma…Se disfraza su violación frecuentemente mediante la figura del testaferrato”.
Y aquí no para todo con la Contraloría General de Antioquia. El 28 de diciembre de 2014 fue capturado el diputado del Partido de la U, Jorge Alberto Hernández Quiñónez, por haber cometido varios delitos contra la administración pública cuando fue Secretario de Participación Ciudadana (2008-2010), siendo gobernador Luis Alfredo Ramos. La Fiscalía tomó como prueba una investigación realizada por el periodista Germán Jiménez Morales, de El Colombiano, y una auditoría de Rentas Departamentales. Curiosamente la C.G.A. no encontró responsable fiscalmente al diputado Hernández, quien jocosamente “se bañó con guaro y ron de la FLA”, al usar degustaciones de la Gobernación para hacer su campaña política. La contralora Luz Elena también fue beneficiada con el voto de Hernández en 2012.
En un mensaje de un programa radial Despierta Antioquia (16/07/2014) leí el otro día esta chiva: “El representante electo Julián Bedoya podría apoyar al hijo de la Contralora de Antioquia para la Asamblea Antioquia” (sic). La Contralora anda en buena sintonía con los políticos de Antioquia. Para nada ético siendo ella quien ejerce el control fiscal de los alcaldes a quienes apoyan éstos políticos. ¿Seguirá en firme la propuesta de que su hijo sea candidato a la Asamblea?
En otro mensaje publicado por el mismo medio radial se habla de la amistad y cercanía de la Contralora con el hoy congresista Bedoya: “Llama la atención que titular de [Contraloría] Luz Elena Arango saludó primero a Julián Bedoya y luego a otros personajes” (27/06/2014). A lo que la Contralora respondió: “No hay misterio en haber saludado primero a Julián Bedoya. Él se sentó a mano derecha en evento de Contraloría”.
El control fiscal de Antioquia está en vilo, por las relaciones políticas de quienes tienen la función de vigilar la ejecución de los recursos públicos. La Contraloría General de la República debería actuar inmediatamente en los casos que denuncio.
OTRO HECHO DE BOCHORNO: en Yarumal hay un parque recreativo en el que se invirtieron $2.783.000.000 y hoy está en ruinas, inoperante y ocupado por el Ejército Nacional. La Contraloría General de Antioquia tampoco hizo nada. El alcalde del detrimento está absuelto fiscalmente. Un fallo en primera instancia de una Acción Popular le ordena al municipio ponerlo a funcionar como sea. ¡Qué oso!