Entrevista BAJO LA MANGA (@bajo_lamanga)
En época electoral, hay instituciones que toman vital importancia por las acciones ilegales a las que recurren algunos candidatos para cumplir sus objetivos. La Misión de Observación Electoral (MOE) se encarga de hacer seguimiento a las actuaciones de candidatos, miembros de campaña, funcionarios públicos y medios de comunicación, que pueden incidir de una u otra forma en las votaciones del electorado en favor de un candidato. En Colombia son comunes las actuaciones ilegales de políticos en campaña, pero como asegura Álvaro Córdoba, coordinador de la MOE en Antioquia, la justicia no actúa como debería.
Desde su juventud Álvaro Córdoba fue activista social. Con una marcada simpatía con la izquierda, afirma que nunca ha sido militante activo de partidos porque puede trabajar desde otros espacios, sin necesidad de llegar a estructuras de poder. Participó en la creación del Polo Democrático y ha estado cerca del proceso de Fajardo y Compromiso Ciudadano, pero en una tarea de bajo perfil. Es fundador de la Corporación Nuevo Arco Iris, director Regional de la Corporación Viva la Ciudadanía y coordinador Regional de la Misión de Observación Electoral de Antioquia.
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Nariño, en Pasto, su ciudad natal. Hizo una especialización en Planificación Pastoral en la Universidad Javeriana, Bogotá, con una beca en la facultad de Teología. «Fue una beca para hacer trabajo social, con perspectiva católica, inspirada en la teología de la liberación. Es decir: pensando en una izquierda católica ligada a procesos sociales y políticos, que en algún tiempo estuvo muy cerca de procesos revolucionarios. Por ejemplo todo el trabajo de la izquierda en el pacífico sur de México, en la zona de Chiapas, con los zapatistas, o aquí en Colombia, con una corriente importante que tienen los jesuítas».
BLM: ¿cómo funciona la MOE?
AC: tiene dos características: es una entidad sin ánimo de lucro que recibe recursos de cooperación internacional, por vía de organismos multilaterales y agencias de cooperación de los gobiernos. No recibe recursos del Estado Colombiano ni partidos políticos ni grupos empresariales colombianos precisamente para tener toda la autonomía que se requiere. Por otra parte, tiene dos condiciones: uno es una plataforma interinstitucional, en la que participan universidades públicas y privadas, centros de investigación, organizaciones sociales y ONG y, por otro lado, es un movimiento de ciudadanos que hacen trabajo voluntario alrededor del tema electoral. Por un lado, se busca velar por la transparencia en época electoral, pero la apuesta a mediano y largo plazo es promover una reforma política, que no sea solamente basada en una capacidad de construir propuestas que puedan ser tratadas en el Congreso de la República, sino que, ojalá, pueda ser el impulso con participación ciudadana. La MOE tiende a convertirse en un movimiento social. De hecho la MOE hace parte de un grupo de interés sobre la reforma política en el que participan sindicatos, centrales obreras, instituciones de justicia. Es decir, vamos más allá de la vigilancia electoral.
BLM: llegando al plano electoral: ¿hay un equipo investigador dentro de la MOE que se encarga de hacer denuncias y control electoral, o se valen de denuncias ciudadanas?
AC: tiene tres formas. Las denuncias ciudadanas son muy importantes. En el portal web de la MOE o en la línea única gratuita, donde la gente puede hacer cualquier tipo de reporte atípico que concierna a cualquier tipo de elección. Sean elecciones locales, nacionales, regionales, las de Congreso, pero también se ha trabajado en la elección de altos magistrados, o en vigilancia en elecciones de Consejos de Juventud o Comités de Cafeteros. Por otra parte, la MOE cuenta con un equipo investigador permanente, que se encarga de hacer seguimiento antes, durante y después de elecciones. Ese grupo no sólo revisa los delitos electorales, sino que hace un seguimiento a los medios. Es decir: cómo los medios cubren las campañas políticas y cómo facilitan el análisis ciudadano frente al tema electoral, pero también se analiza cómo algunos medios de comunicación hacen trabajo más cercano a partidos y candidatos, revisando el nivel de independencia que tienen los medios. La última forma de trabajo es específicamente con el día electoral, en las mesas de votación, que tiene unos elementos que se han ido cualificando a lo largo de las experiencias. Se hace una capacitación a los observadores voluntarios para que la información que se recoja sea cada vez más precisa y útil para organismos de control.
BLM: en ese seguimiento a medios de comunicación: ¿han encontrado favorecimiento directo a candidatos?
AC: sí. De hecho es muy frecuente. Dependiendo de cada tipo de elección, los medios asumen posiciones distintas. En algunos, deliberadamente, desde editoriales, titulares, imágenes, se ve favorecimiento directo a candidatos. Se debe insistir más en el periodismo investigativo y no en lo efímero y anecdótico.
BLM: ¿para estas elecciones han encontrado medios que estén apoyando algunas campañas políticas?
AC: esto es más notorio en elecciones a Congreso y locales. Pero se sabe de entrada la filiación o cercanía de medios nacionales. Es más difícil en estas elecciones por la ausencia de debates en torno a programas de gobierno y propuestas. La ilegalidad y la corrupción dan cuenta de cierta paralización de unos medios en favor de algunos candidatos. Si usted revisa, los últimos 15 días, temas como el de los hacker o la presencia de dineros del narcotráfico, se dará cuenta de la postura que manejan algunos medios.
BLM: en Antioquia, ¿cómo está el mapa de riesgos para la jornada electoral que se avecina?
AC: la competencia irregular era más común para la Cámara que para el Senado. Para las autoridades, algunas irregularidades que reporta la MOE, como la trashumancia electoral, por formalismos jurídicos y leguleyadas, no hubo trashumancia porque cada persona puede inscribir su cédula en cualquier parte del territorio, pero sabemos que ahí es donde empieza todo el proceso de fraude y delito electoral, al promover que personas que no habitan un territorio inscriban su cédula allí, porque eso cambia de manera sustancial el censo electoral y la autonomía de los habitantes de un territorio para elegir sus gobernantes, y eso es lo que han aprendido las casas políticas o maquinarias electorales: hacen el quite a las normas para que delitos como el de la inscripción atípica de cédulas y trashumancia electoral no se documente en las elecciones, sino que lo hacen desde mucho antes. En las elecciones de Senado y Cámara se promovió trashumancia electoral, que estará habilitada para las elecciones de 2015.
BLM: ¿o sea que ya iniciaron campaña para las elecciones regionales y locales de 2015?
AC: pagarle 10 mil pesos a alguien para que inscriba la cédula en otro municipio, para las elecciones de Congreso, es porque lo tienen dentro de sus bases de datos para las elecciones locales. Casos como el de Soledad en el Atlántico, donde más de 100 mil personas que no habitaban ese territorio inscribieron su cédula allí. O, por ejemplo, en Sabaneta, donde más de 6 mil personas que no son de Sabaneta ni viven allí, inscribieron su cédula para votar. Las explicaciones que dan las autoridades es que la gente trabaja allá, o de pronto se fueron a vivir, pero eso no corresponde con el porcentaje del cambio de residencia ni la oferta de vivienda. Sabemos en en este municipio, mil votos pueden ser la diferencia entre un candidato ganador y otro.
BLM: ¿en el Valle de Aburrá hay presión de bandas criminales para votar por algunos candidatos?
AC: no es de la MOE esa información, pero es de conocimiento público por procesos de carácter penal que se adelantan, que ya tienen gente en la cárcel. En algunos lugares del área metropolitana operan esas maquinarias electorales que, incluso, no son solamente de un partido. La casa Suárez Mira, en Bello, tiene alianza con candidatos y electos congresistas de otros partidos. El caso de Jhon Jairo Roldán es de lo más relevante, porque él perdió las elecciones a la Alcaldía de Bello y denunció, sin embargo, ahora resultó elegido al Congreso con el apoyo de quienes le quitaron la credencial de alcalde: los mismos Suárez Mira. Ellos son aliados en la actual administración. Igual podemos hablar del caso de Itagüí o Sabaneta. cambian los nombres, pero son prácticas más o menos iguales. Que parte de la nómina del municipio está aliada con el grupo político que respalda a un representante o senador, que tiene apuestas hacia el 2015 y por lo tanto tiene planificado la manera cómo ese capital electoral que han construido de esa forma se mantiene elección tras elección.
La disminución del electorado de Olga Suárez, por ejemplo, y el incremento de Nidia Marcela Osorio, donde Olga baja de 120 mil votos a 80 mil. La reducción de curules de la U y el surgimiento del Centro Democrático, se sabe cómo se mueven sectores como los Valencia Cossio, Luis Alfredo Ramos, los Gómez Martínez o Liliana Rendón, y podría uno irse acercando a lo que puede pasar en 2015 si esas alianzas y maquinarias se mantienen. Las irregularidades en los territorios dan cuenta de quienes son los que gobiernan, quiénes son sus jefes políticos y aspiraciones que tienen a futuro. No hay que hacer demasiado análisis.
BLM: ahora que habla de casas políticas, en las elecciones pasadas al Congreso se habló mucho de un supuesto favorecimiento de la Alcaldía de Medellín a Sofía Gaviria, hermana del alcalde…
AC: en las quejas que fueron entregadas por la MOE a autoridades electorales se mencionan varias cosas, que tienen que ver con el posible hecho de participación indebida de funcionarios de la administraciones, de bajo y medio rango, hasta casos como el del gerente de EPM entregando 4 mil millones de pesos para la terminación de un teatro en Bucaramanga, donde tiene presencia y reconocimiento la cuñada de ellos, en un acto político que era más del Partido Liberal que de algo entre las Alcaldías de Medellín y Bucaramanga. Eso está documentado en audios, fotos de eventos. Uno siendo un poco suspicaz mira por qué Sofía, que nunca había hecho política en Medellín logra ese resultado electoral, o lo que logró en Envigado o Putumayo. Esas son las atipicidades que hay que revisar, y la MOE entrega los análisis, pero no puede entrar a suplantar a las autoridades. Nosotros somos respetuosos y lo que hacemos es entregar, en el mayor detalle, todas las quejas de la ciudadanía a los organismos competentes.
BLM: desde el Centro Democrático dicen que las Farc están presionando para que se vote por el presidente Santos, para que el proceso de paz continúe. ¿Han recibido quejas sobre estos hechos?
AC: la MOE no conoce que las Farc estén haciendo proselitismo en favor de Santos. Por el contrario: estas elecciones están marcadas por la pugnacidad entre estos dos sectores (uribismo y santsimo), pero que lo que tenemos de fondo es la continuidad o no del proceso de paz. Es más del análisis político que de la MOE entender por qué el Centro Democrático actúa de esa manera. Es claro que las Farc cada vez tienen menos capacidad de incidencia sobre el electorado, no sólo por el control que tienen los organismos del Estado en términos militares, sino porque la postura de las Farc en este momento es más de cuidar la negociación que de hacer proselitismo. Es casi que un sofisma sobre el cual ponen al electorado. El mapa de riesgos que se entrega dan cuenta de una presencia histórica de las Farc en zonas como el Norte de Antioquia, Bajo Cauca, Nordeste, Urabá, o el papel que tienen bandas criminales de narcotraficantes. Hay indicios de que hayan financiado algunas campañas al Congreso en esas mismas zonas. Incluso la presencia de candidatos que tradicionalmente hacían campaña en la costa en parte del territorio de Antioquia, dan cuenta que ahí hubo dineros de dudosa procedencia. Eso va más allá de la real capacidad que políticamente y militarmente tendrían las Farc.
BLM: ¿cuál es el principal acto ilegal al que incurren los políticos en campaña?
AC: lo que ocurre con más frecuencia, precisamente por efectos de la Seguridad Democrática y la estrategia del Plan Colombia, de contener y disminuir a la guerrilla, es que la presión de grupos armados es cada vez menos un factor de riesgo para las elecciones. El factor de riesgo que más se ha incrementado, en un 750 por ciento respecto a las elecciones de 2010, es el tema de los delitos de fraude electoral, que lo cometen candidatos, partidos y ciudadanos ligados a campañas, y que por lo tanto no tiene que ver con la presencia de las Farc o el ELN. En algunas zonas hay bandas criminales que meten recursos en favor de algunas campañas, pero eso es cada vez menor. Hay que reconocer la capacidad del Estado porque ha sido efectiva en ese aspecto, pero no es lo mismo en materia de blindar las elecciones de la participación indebida en política, la extralimitación de publicidad, violación de las mínimas normas, compra de votos, coacción al elector, que se hace con amenaza de programas, servicios o contratos.
BLM: eso quiere decir que, comparativamente con otras elecciones, los actores armados pierden importancia en unas elecciones
AC: en Arauca o el sur del país la guerrilla hace daño. En el Norte, Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia también. Pero en términos comparativos es menor. Lo que falta es hacer normas que prevengan los delitos electorales. Es paradójico que bajen los riesgos por amenaza de grupos ilegales, pero se disparan las otras. Además, aumentan las denuncias sobre este tipo de delitos, pero el accionar de la justicia es casi nulo. Es decir, la absoluta impunidad.
BLM: ¿hay partidos con mayores indicios de realizar actos ilegales dentro de sus campañas?
AC: hay unos elementos que entrega la MOE a las autoridades, pero no le corresponde a la MOE señalar partidos o candidatos directamente, pero se alerta, por ejemplo, sobre el papel que juegan los partidos de la Unidad Nacional alrededor de la figura del presidente. Actúan como una maquinaria muy disciplinada. También se analiza a quienes están en el Centro Democrático.
BLM: ¿cómo ven desde la MOE la figura del presidente – candidato? ¿cómo se garantiza que no cruzará la delgada línea para, por ejemplo, no utilizar recursos estatales en favor de su campaña?
AC: si se revisan las experiencias de revocatorias en el país, toda han fracasado por la forma como el gobierno que está sometido a ese ejercicio de revocatoria actúa para favorecer la abstención para que no se cumplan los mínimos válidos para que la votación sea efectiva.
Por ejemplo en Bello, donde sólo el 4 por ciento del potencial electoral salió a votar, pero ese 4 por ciento, que son 12 mil personas, arrojó que 11 mil votaron en favor de la revocatoria, y sólo mil dijeron que no, da cuenta de la capacidad que tiene el gobierno local de incidir sobre la intención del electorado. En las presidenciales puede ocurrir algo parecido: cómo toda la capacidad que tiene el gobierno se pone de manera planificada al servicio de la campaña, sin que aparezca como ejercicio de campaña. Entrega de servicio, vivienda, entre otros, que pueden ser parte de gobierno, pero metida en la coyuntura electoral tienen un claro mensaje para los votantes.
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