Por: Marco Fidel Agudelo (@canocanomarco)
Suspendido, sin el fundamento o apoyo necesario; sin estabilidad. Con indecisión, incertidumbre y zozobra. Así se encuentra el proceso de paz en Colombia.
“Están jugando con candela” se dicen mutua y cálidamente gobierno y guerrilla tras los hechos de agresión del grupo insurgente a la población civil en los últimos días.
¿Para qué sirve un proceso de paz? Claramente es para terminar la guerra, para evitar muertos y víctimas. Pero pasa que los muertos siguen, las violaciones siguen, los desplazados siguen, entonces ¿para qué este proceso? O resulta que ahora van a decir – los teóricos de la guerra – que la afectación a la población civil son efectos colaterales, es decir, imposibles de evitar.
Si esto es cierto y los muertos y afectados son inevitables, ¿por qué la guerrilla se concentra en lo que no tienen nada que perder más que su vida y tranquilidad? Les sería mucho más rentable, si de retar la institucionalidad se tratara, que las muertes, desplazamientos y demás vejámenes los sufrieran altos funcionarios del Estado o empresarios. En cualquier caso, sale caro su interés de ridiculizar la capacidad operativa del gobierno para cuidar la vida de los ciudadanos.
Es que es fácil hablar de proceso de paz y tomarse todo el tiempo necesario cuando quienes deciden no ponen el pellejo, ni hijos ni bienes ni tranquilidad porque están lejos de las zonas de conflicto, o protegidos por compañías completas de guardaespaldas pagados por el Estado. Así es muy fácil hacer pronunciamientos públicos, gruñir y mostrar los dientes con gestos mutuamente agresivos y mutuamente cómplices del dolor de las víctimas, es decir, de los desplazados, de los campesinos, de los que viven en zonas donde el Estado no existe, ni para proteger con la fuerza pública, incluso, ni para recoger impuestos.
Así siempre es fácil gobernar. Unos en la Habana alargando sus tiempos, cabildeando, midiendo el aceite y calculando la mejor forma de evadir su entrada a prisión. Los otros en Casa de Nariño al ritmo de los tiempos burocráticos capitalinos, siempre tan lentos como irresponsables, sin el más mínimo asomo de preocupación verdadera por exigir cese al fuego.
Unos y otros
Unos, los que obedecen como estúpidos borregos órdenes criminales de arrojar bombas, granadas y balazos, mate a quien mate, sin la más mínima consideración, ni poner en cuestión mandatos bárbaros de comandantes guerrilleros o generales del ejército.
Otros, los que deciden qué hacer con la guerra en Colombia, que en dos siglos de historia republicana no les ha convenido resolver. Al parecer ha resultado muy rentable para sus líderes -comandantes guerrilleros y paramilitares, presidentes, ministros, terratenientes, empresarios-.
No es fácil entender esto. ¿A qué está jugando la guerrilla? Si son responsables de los atentados, entonces: ¿a qué proceso se refieren? Si no lo son: ¿por qué no se pronuncian y le quitan capacidad de juego político a grupos de derecha que pudieran entorpecer las negociaciones?
Afirma el director de Human Rights Watch que la “justicia es demanda irrelevante en el proceso de paz en Colombia”. Entonces, entre gobierno y guerrilla, ¿quién es el que miente?, ¿cuáles han sido las promesas ocultas del gobierno que reclama la guerrilla alborotando la tensa paz en los territorios?, ¿qué es lo que no se le ha dicho a los colombianos? El tiempo se agota y también se agota la paciencia al sumar víctimas y familias con dolor y ganas de venganza viendo caer en la guerra a quienes aman.
Si bien es cierto que la guerra tiene mucho de cinismo, harto de venganza que nunca sacia y más de ilógica, también la rigen algunos principios básicos para desarrollarse y que le garanticen a la población civil estar protegida ante la barbarie de sus actores.
Entonces ¿por qué atacan a la población?, ¿cómo pretenden participar en política si previamente se han ganado una buena suma de odio ciudadano? Es decir: de quienes votan y eligen. ¿De veras están pensando en que ninguno de los cabecillas irá a la cárcel? Esto pinta tan ilegítimo, charlatán y poco trasparente como la desmovilización de los paramilitares del gobierno Uribe.
Toda la agenda del gobierno, de la comunidad internacional y las acciones de la sociedad civil se está volcando hacia el posconflicto. El fin de la guerra es el gran anhelo y, aunque son comprensibles las dificultades para acordar nuevas reglas del juego que le garanticen a los ilegales la incorporación a la vida civil, no se puede caer en el error del todo vale.
Este proceso hay que defenderlo, claro que sí, pero no a cualquier costo. Es importante defenderlo para tener las razones jurídicas, políticas, militares y éticas para combatir a los exguerrilleros cuando luego de su desmovilización se enfilen en las bacrim, tal como ha pasado con los paramilitares. La firma del acuerdo de paz los convierte en ciudadanos sujetos a la misma norma que rige a cualquier colombiano. Pero cuidado con exceder los límites de los ciudadanos, ¡ya no estamos tan pacientes como en el pasado!
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