Por: MARCO FIDEL AGUDELO (@canocanomarco)
“Ni el poder ejecutivo, ni el legislativo,
ni el judicial, han demostrado
capacidad de autodepurarse”.
Gabriel Zaid
Un Estado o un gobierno pueden perecer si la corrupción se convierte en su principal riesgo.
Un delincuente confía en otro delincuente sólo por el riesgo que este le representa, en consecuencia la confianza es la principal carencia en las relaciones que se establecen en un orden social minado de corrupción e ilegalidad, o ¿quién de nosotros podría confiar en alguien que nos mete la mano al bolsillo o nos desconoce un derecho, o aplica normas arbitrarias o legisla en cuarto cerrado de espalda al bien común?
Afirmaba en la entrega anterior, que la confianza se construye con controles firmes y eficientes, con delincuentes castigados, con impuestos bien administrados e invertidos con equidad y niveles confiables de seguridad funcionando. Normal es que, pocos y limitados controles de lo público, sean poesía para los castos oídos de los profesionales del fraude.
Como sociedad colombiana hemos firmado tratados internacionales, adelantado normas de acceso a la información, construido y sancionado un estatuto anticorrupción, modificado procedimientos y acciones desde el DAFP, el DNP, Ministerios y el resto del ejecutivo para minimizar riesgos de corrupción y, naturalmente, desde la sociedad civil se hacen los mejores esfuerzos posibles. Aunque es de aclarar que, en conjunto parece ser una insuficiente estrategia ante las prácticas oscuras de la profesión del chanchullo, pues según seguimiento a periódicos nacionales, en Colombia no pasa un día sin que se denuncie un acto de corrupción de largo alcance, grandes implicaciones y muchos millones públicos desviados.
Aún con el siniestro y desesperanzador escenario y en clave de la prevención del riesgo de corrupción, se pueden desarrollar acciones precisas, posibles y, en alguna medida, efectivas, por ejemplo hacer y exigir rendición de cuentas a servidores públicos (concejales, secretarios, alcaldes, ministros y congresistas), regular los sistemas de financiamiento y de contratación pública, incentivar el denuncio público y anónimo, para lo cual es necesario entonces fortalecer a la ciudadanía y garantizarle protección por demandar actos de corrupción, porque está comprobado que cuando se denuncia, una persona puede perder por sapo el empleo, la tranquilidad, la salud, la aceptación y afecto de vecinos, amigos o jefes. También puede perder la vida o en el mejor de los casos exiliarse.
Asimismo se puede fortalecer la inscripción de personas, empresas y partidos políticos en listas negras de actores corruptos y ejercer sanción social, tal como lo promueve el Banco Mundial o la Lista Clinton alimentada por cientos de ciudadanos y empresas colombianas vinculadas con dineros provenientes del narcotráfico y quienes son excluidos de la contratación y cargos públicos.
Además de cláusulas previas de sanción monetaria para quien permita hechos de corrupción al interior de contrataciones públicas entre las empresas firmantes o Pactos por la Transparencia como lo adelanta Transparencia por Colombia con empresas colombianas del mismo sector para garantizar la libre competencia, participar en igualdad de condiciones en las licitaciones públicas, crear confianza en la población y denunciar soborno o actos irregulares.
Aún con lo anterior, quedan cuatro grandes campos por resolver.
Uno. Es necesario cuestionar y corregir la responsabilidad política y normativa de los partidos políticos frente a integrantes vinculados con hechos de corrupción, pues estos cuentan con aval, apoyo económico, reconocimiento y caudal electoral. Cuando delinquen sólo los retiran de su colectividad en el mejor de los casos, y el partido continúa alimentando la cadena amañada sin ser sancionado.
Dos. ¿Quién controla a los que controlan? ¿Quién controla al contralor, al fiscal, al procurador? ¿El Congreso los controla? Y ¿quién controla al tipo de Congreso que tenemos? ¿La sociedad civil capturada por las maquinarias electorales? Los procedimientos de control son claros en la ley, pero ¿son efectivos?
Tres. Todo el esfuerzo destinado a la prevención del riesgo de corrupción es insuficiente si no se reforma el sistema que administra justicia en Colombia. Leyes imprecisas, interpretaciones amañadas, instituciones que no castigan, se convierten en el mejor de los mundos para los bribones que hacen del robo una profesión.
Cuatro. Es categórico darle poder vinculante a las Convenciones y organismos multilaterales internacionales de lucha contra la corrupción, de lo contrario no pasarán de ser un tigre sin dientes, sin capacidad sancionatoria.
Algunos colombianos de proceder transparente afirman que no todo es oscuro ni está perdido. Opino igual. Aunque no es fácil quitarse un lastre bicentenario de oportunismos y beneficiados. Aún así podemos aprender a ofendernos, a denunciar y a cuidar los recursos, que en síntesis le suman a la calidad de vida de cada ciudadano. Si los dineros y, en general, los recursos con que cuenta la sociedad colombiana son administrados con criterios de eficiencia, modernidad y trasparencia, se materializarán en carreteras de calidad y que integran, regímenes de salud que incluyen y protegen la vida, leyes justas y sistemas de castigo eficientes, mayor libertad y mayor bienestar, en general, desarrollo y calidad de vida.
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