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La corrupción como profesión. Parte I

Por: MARCO FIDEL AGUDELO CANO (@canocanomarco)

“A todo el que tiene precio se lo encuentran”

Sergio Fajardo

Gobernador de Antioquia

La corrupción como tema de interés nacional, tanto en la agenda de gobierno como en la agenda política, apenas gana reconocimiento a pesar de que su existencia se remonta al nacimiento de la República. Nadie ha quedado por fuera: gobierno, empresa privada, partidos políticos, ONG´s, Iglesia, equipos de futbol, multinacionales, líderes sociales, campesinos, indígenas, entes de control…. Todos en su momento han aportado con escándalos.

Entonces es apenas normal, que el robo de los dineros públicos tenga consecuencias en la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones (secretarías, ministerios, policía, ejército, congreso, alcaldías, jueces, partidos políticos), como normal es, que las personas ya no quieren obedecer la ley, no quieren pagar impuestos y no quieren participar de los asuntos públicos que son responsabilidad y derecho de todos, ello es, decidir sobre presupuestos y obras a construir, protestar ante los abusos, cambiar las leyes o sancionar a quienes delinquen. Es perder el tiempo,dicen, otra vez los mismos con las mismas.

Es comprensible que un ciudadano no quiera hacer parte de nada. La desilusión y la desconfianza le ganan la pelea. Sus primeras y básicas conclusiones lo reconocen como una persona sin fuerza suficiente para luchar contra tanto político y funcionario que degeneran el servicio público. Lo paradójico del asunto es que los beneficiados del círculo vicioso son los corruptos.

Sienten además que estos estuvieron, están y siempre estarán controlando el poder y las finanzas. Bajo este principio las personas repliegan sus esfuerzos a hechos más concretos como resolver sus necesidades básicas y primarias dejando de lado los problemas comunes y del gobierno a quienes tienen poder, recursos, redes y pocos escrúpulos, capaces de transar con mañas y trampas. Ahora, la confianza se construye con controles firmes y eficientes, con delincuentes castigados, con impuestos bien administrados e invertidos con equidad y niveles confiables de seguridad funcionando.

Uno de los casos más recientes, anunciados y apenas investigado es el del señor Diego Gallo, ex Secretario de Infraestructura del Municipio de Medellín por compra irregular de predios, que bien se podría mirar en tres momentos diferentes: antes de llegar a la alcaldía, durante el desempeño de su cargo y después de ser destituido. En el antes, se le reconoce como un servidor público vinculado a la política local con un significativo apoyo de algunos grupos políticos y, aunque con serios cuestionamientos a cuestas, le era reconocido un futuro ascendente y promisorio en la administración pública; durante su cargo se le cuestiona por su afán desmedido en salirse de la reglamentación y realizar compras –innecesarias dicen- de lotes baldíos por valores y a personas que no están en el marco de la legalidad y la transparencia, además para propósitos no muy claros, actuando aparentemente en alianza con otros funcionarios de la administración; y después de ser destituido inicia su defensa con argumentos insuficientes, denunciando prácticas al interior de la administración que, de inmediato ubican al señor Alcalde como un servidor público que, con su poder, favorece a contratistas y direcciona presupuesto municipal para apoyar a su hermana Sofía en su aspiración al Senado.

Naturalmente este caso va camino al olvido como tantos otros denunciados, investigados, alterados, empapelados y archivados. Se producen tan rápido hechos de corrupción en Colombia, de todo tipo, que no da abasto a procesarse y juzgarse. Queda entonces la duda si el señor Diego fue culpable o fue víctima. Culpable de utilizar los recursos públicos para llenar sus bolsillos y de quienes lo favorecen, o víctima de los titiriteros que, aprovechando el momento oscuro en el que se involucró el exsecretario, arman nuevas estrategias y mueven sus hilos para continuar saqueando los múltiples y diversos contratos de la administración municipal.

Porque una cosa está clara: no actúan solos, nunca actúan solos aunque nuestra justicia sólo investigue o castigue a algunos. En este caso sólo él aparece como responsable, en Interbolsa sólo unos pocos, en el caso de la Parapolítica sólo 47 condenados, en el cartel de la contratación de Bogotá no pasan de 20 y ni qué decir de las últimas chuzadas dónde sólo 6 personas son investigadas. Técnicamente no es posible que pocas personas logren cooptar el Estado de esta manera.

Para casos así se utilizan funcionarios y contratistas de nivel medio dispuestos a manchar su hoja de vida, ir a la cárcel y guardar silencio. Son conocedores del riesgo que implica: dañar su carrera, no ejercer cargos públicos, no participar en política o ir a la cárcel asumiendo toda responsabilidad y dejar limpios a sus jefes, pues es considerado un paso necesario en el proceso –alguien tiene que desviar las miradas e indagaciones de los medios, los entes de control o los pocos ciudadanos inquietos-. Y ¿cuáles son los beneficios de este aparente proceder suicida? Salir de la cárcel con dinero, mucho dinero, conocer a nuevos actores en prisión que le ayudarán en el siguiente chanchullo (sicarios, tramitadores, nuevos capos…) y ganarse la confianza de los jefes, es decir de los que mueven los hilos de la corrupción que nunca son investigados, siempre están limpios y activos en el mundo decente de la política y las inversiones. Porque está claro: para ser un buen ladrón hay que ser honesto en el círculo de los que roban, de lo contrario pierde confiabilidad o la vida entre ellos.

¿Qué hacer frente a esto? Algunas recomendaciones en la siguiente entrega.

 

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