Ayer nos despertamos con dos noticias penosas para el país: el Consejo de Estado le salvó la investidura a los congresistas que conciliaron la miedosa reforma a la justicia, que le iba a abrir un marco de impunidad a criminales que llegan al Congreso con el apoyo de grupos al margen de la ley, por decir lo menos. La otra noticia es que Víctor Maldonado, señalado paradójicamente por la Fiscalía de ser uno de los responsables que llevaron a la liquidación de Interbolsa, se fugó del país.
A la justicia colombiana nadie la respeta, ni ella se hace respetar. Se dejó meter los goles de la fugas de Luis Carlos Restrepo, del condenado Andrés Felipe Arias; Uribe fue y se lustró los zapatos en su cara cuando debía responder por las que luego aceptó eran calumnias contra el presidente Santos en la pasada campaña presidencial, y para rematar lo de ayer. La mangonean y sigue campante, anunciando en la voz de su representante, el fiscal Montealegre, las capturas que hará la semana siguiente. Pero nada. La mangonean. Una puta, no se me ocurre otra palabra.
Víctor Maldonado es un criminal curtido en la impunidad y los senadores que se querían blindar de esta justicia tambaleante no son menos que él. Cada uno en su campo aportó su grano de arena para avergonzar más a una rama del poder que cada vez deja mucho de qué hablar.
Y luego los jueces se quejan; que nadie los respeta, que nadie cree en ellos, y algunos no le ayudan con la imagen, pues tildan a los togados de estar politizados, que solo mira a la oposición ultraderecha de un gobierno de derecha (¿?).
Sin embargo, creo que es justo decir que la situación financiera de la Justicia de este país no es la mejor. Mientras el gobierno firma el decreto reglamentario de la Ley de Alternativas de Financiamiento de la Rama Judicial, con el que busca sanear esta precaria situación, el presidente deja entrever que hay magistrados del corrupto Consejo Superior de la Judicatura (que entre otras cosas es el órgano que vigila los jueces) reuniéndose con congresistas para acordar prebendas y cambalaches.
En Colombia funcionario que se respete no respeta.
Entonces, cuando la justicia no tiene presupuesto, pues no hay jueces ni fiscales. Salen a paro. Y si regresan nuevamente a sus puestos, pues encuentran una arrume de procesos que prescriben por vencimiento de términos. Así que el presunto criminal queda libre, en la impunidad y con cheque en blanco para seguir delinquiendo, pues sabe que de llegar a ser capturado nuevamente, probablemente saldrá libre. Miren por ejemplo la negra hoja de vida del sicario que asesinó a los niños en Caquetá. Él mismo confesó que había estado en varias ocasiones preso. Eso duele y da pena.
He dicho en otras columnas que Colombia es un país de instituciones muy débiles. Ese cuento de separación de poderes no existe. La justicia se pasea campante con quienes investiga y a la larga los que perdemos somos nosotros. En el caso de la descarada reforma a la justicia, los perdedores son el electorado que vota por alguien que supuestamente debe fungir como su representante y en el caso de Víctor Maldonado, los damnificados son sus más de 1.000 víctimas que perdieron sus ahorros por la ambición de corruptos como él. Luego de más de 2 años ni siquiera se sabe de dónde saldrán los 600 mil millones de pesos necesarios para que esa gente sea reparada.
Y que no sean tan cínicos al decir que no tienen garantías judiciales. Los que no tienen garantías somos nosotros frente a tanto sinvergüenza como ellos.
Entre comillas: Viviane Morales dijo acerca de su polémico referendo en contra de la adopción gay, que “no hay derecho a adoptar. El niño tiene derecho a una familia”. Tiene toda la razón, pero también existe el derecho al trato igualitario y eso para las parejas homosexuales no se da en muchos temas en Colombia.
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