Por: SANTIAGO SILVA JARAMILLO (@santiagosilvaj)
La semana pasada, el expresidente Uribe y su grupo político –el Uribe Centro Democrático- presentó a la opinión pública una amplia denuncia sobre la red clientelar que estaría acompañando la “campaña interna” del gobierno del presidente Santos para ganar los apoyos políticos (sobre todo entre los congresistas) para asegurarse la reelección.
La denuncia, presentada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes –y por tanto condenada a no prosperar- incluye un detallado listado en el que se relacionan los congresistas y sus “cuotas” en entes nacionales o regionales. Las repuestas de los implicados no se hicieron esperar: el Ministro de Hacienda la calificó de “sin sentido”, mientras algunos congresistas negaron los hechos mientras cuestionaban la “autoridad moral” del expresidente para denunciar actos de corrupción en una carrera por la reelección.
Pero ¿quién dijo que los denunciantes deben estar siempre libres de dudas sobre sus propias acciones, o incluso, sus motivaciones? Por supuesto, aunque sin condenas claras, los escándalos de corrupción rodearon la aprobación de la reformar constitucional que permitió la reelección presidencial de Uribe, y claro, el expresidente está en campaña.
La falta de autoridad moral o las motivaciones electorales no pueden descartar las denuncias de corrupción. El primero es un argumento perverso porque sugiere que, como todos los gobiernos han sido clientelistas, entonces ningún exmandatario puede denunciarlo. El segundo, porque las denuncias de corrupción son, ante todo, parte del juego político y del equilibrio de tener un sistema democrático multipartidista.
Aún así, el problema es de fondo. Nos acostumbramos a que el poder político sea sinónimo de poder clientelista. A que como “siempre ha funcionado así…” y “como todos lo hacemos” entonces no hay salida. Regresamos al callejón sin salida de nuestra estática realidad.
En efecto, el peor vicio de la política colombiana es la tradicional construcción de gobernabilidad a punta de clientelismo. El problema supone una realidad de nuestra primitiva cultura política, acompañada por las necesidades prácticas que los líderes políticos han desarrollado para asegurarse su prevalencia dentro del sistema. Es decir, nuestra apatía ciudadana y desidia electoral se suma al hecho de que la clase política colombiana es sólo una gran red clientelar que va desde el presidente de la república hasta el concejal de un municipio.
Experiencias internacionales han demostrado que las mejores herramientas de lucha anti corrupción son un diseño institucional ingenioso y un control ciudadano efectivo, participativo, sistemático y juicioso. Sin embargo, el clientelismo en las altas esferas de la política colombiana es, ante todo, una apuesta por mantener la gobernabilidad del ejecutivo y garantizar la relevancia de los miembros del legislativo (obsesionados con sus votos). El verdadero cambio solo vendrá cuando los políticos entiendan que el buen gobierno y el trabajo legislativo juicioso, son mejores fuentes de apoyo popular que cualquier red clientelista.
Y si no lo reconocen por su cuenta, es hora de que los ciudadanos empiecen a recordárselo.
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