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Gobernar la seguridad

En la actual campaña a la Alcaldía de Medellín la seguridad se ha establecido como uno de los temas centrales de preocupación de los votantes y de discusión entre los candidatos. Sin duda las propuestas y percepciones en torno a su gestión pueden inclinar la balanza para llegar a dirigir la segunda ciudad más importante del país.Entre todas las aristas que pueden surgir de este tema hay una que considero particularmente relevante: la coordinación entre los organismos de seguridad y justicia y las dependencias de seguridad de la Alcaldía, como la Secretaría de Seguridad y la Empresa para la Seguridad Urbana.

Medellín ha avanzado bastante en temas de coordinación con la Policía Nacional: la presencia de los comandantes de estación en los comités locales de gobierno por comuna y corregimiento, el fortalecimiento constante en parque automotor y otras necesidades técnicas y logísticas, el apoyo a la consolidación del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, esfuerzos de capacitación al personal policial y escenarios de coordinación territorial a niveles micro que garantizan la complementariedad de acciones en los barrios.

Así como no pueden negarse esos avances señalados, tampoco puede desconocerse que en materia policial la relación de coordinación sigue dependiendo, en buena medida, de las relaciones y oficios que entre si se deparen autoridades civiles y policiales; y que hay temas tabú como lo que tiene que ver con extralimitaciones de funciones y presuntos hechos contra la ley por parte de funcionarios públicos, llámense policías o empleados de la Alcaldía con funciones en la materia.

Pero es en otra arista donde están los grandes pendientes de ciudad: el trinomio que completa la Alcaldía y la Policía con el sector de investigación judicial y administración de justicia. Es allí donde el Estado en lo local pierde la mayor parte de la confianza y legitimidad de la ciudadanía en la medida en que de nada sirve incrementar la operatividad policial en capturas si eso no repercute en una aplicación efectiva del aparato de justicia. Es igual de negativo para la imagen y credibilidad del estado que no se capture a que se capture por trámite y el delincuente esté doce horas después de plácemes en la calle por ineficiencia del sistema o errores de procedimiento, al final la justicia no es una amenaza creíble y disuasiva para el delincuente y el ciudadano de a pie relaciona eso con desidia y corrupción de los funcionarios.

Por esto el próximo alcalde de Medellín debe preocuparse por mantener los niveles de coordinación con la Policía, por supuesto, pero debe tener como una de sus prioridades la construcción de una agenda de coordinación entre Alcaldía, Policía y sector justicia acotada a temas de delitos de alto impacto y de trámite efectivo de denuncias y procesos judiciales. Esa agenda debe procurar resolver el escenario actual de recriminación recíproca entre policías, investigadores judiciales, jueces y fiscales.

Es el alcalde quien debe asumir el liderazgo y gestión, el gobierno de la seguridad, pensando fundamentalmente en términos de coordinación.

Nota: ¿Qué proponen los candidatos para atender en la ciudad la crisis carcelaria?

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