Por: Juan Felipe Suescún (@jfsuescun)
El Consejo Nacional de Estupefacientes decidió el jueves anterior suspender el uso del Glifosato en el país para fumigar cultivos ilícitos, y también los lícitos.
Estas fumigaciones se han desarrollado en Colombia por más de cuatro décadas, desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la frontera con Ecuador.
Al igual que otras herramientas de la lucha contra las drogas, ésta en particular ha estado en el debate por sus efectos negativos sobre los seres humanos, el medio ambiente y el costo económico para el Estado.
La decisión de suspender estas fumigaciones fue impulsada desde el Ministerio de Salud y otrasentidades del gobierno nacional a partir de dos premisas: una sentencia de la Corte Constitucional (CC) que aplica el principio de “precaución”, y un concepto científico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que alerta sobre los posibles riesgos generados por este herbicida.
Sin embargo, como es usual en estos temas, la decisión contó con la oposición del Procurador, del partido Centro Democrático e incluso contó con un kamikaze dentro del gobierno nacional, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Ahora bien no hay que ser muy suspicaz para establecer la relación entre la suspensión de las fumigaciones con Glifosato y el proceso de paz con las FARC (y el que se adelantan con el ELN), ya que se enmarca en la “sustitución voluntaria y concertada de cultivos con las comunidades” uno de los acuerdos sobre drogas que entre el Gobierno y las FARC, como lo publicó El Espectador el mismo día de la noticia.
Evidentemente esta decisión constituye un cambio en la política antidroga que enfrenta el Estado colombiano desde hace muchos años.
Este cambio precisamente es el principal motivo para poyar esta decisión en la medida en que constituye un gesto de paz, no con las FARC ni con los narcotraficantes, como lo han querido mostrar los opositores de esta decisión, sino con las comunidades, con los territorios y es coherente con la disposición del Estado a disminuir los recursos para la guerra en un futuro escenario de posconflicto.
En este sentido, cabe aplicar la sostenibilidad a la búsqueda de la paz en Colombia. Si bien este concepto estuvo vinculado desde el principio al medio amiente, en 1997 John Elkington planteó que la sostenibilidad se basa en alcanzar tres objetivos principalmente: ser económicamente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente sostenible.
Si entendemos la sociedad como un continuum y no como un estado ideal (o celestial más bien) como lo persigue el Procurador, para buscar la paz, podemos partir desde una estructura de desarrollo dinámico que se vale del cambio para trascender en el tiempo.
La suspensión de las fumigaciones con Glifosato, y el reemplazo de esta herramienta por la sustitución voluntaria y concertada de cultivos con las comunidades, por ejemplo, representa un cambio necesario en la política antidroga del Estado Colombiano, un cambio que le apunta a lograr los tres objetivos de la sostenibilidad: es viable económicamente para el Estado (es más rentable invertir dinero en educación que gastarlo en la guerra), es beneficiosa para las comunidades (gracias a los proyectos de desarrollo alternativo), y es ambientalmente sostenible (para la biodiversidad y para el desarrollo rural).
En definitiva, la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes además de ser consecuente con criterios jurídicos y científicos, como son la sentencia de la CC y el concepto de la OMS, también constituye un cambio en la política antidroga que le apunta hacia una paz sostenible en el mediano y largo plazo, desde los territorios donde se cultiva la hoja de coca, aquellos donde se vive la guerra, es decir, desde donde se debe construir la paz.
* Mi opinión no compromete la institución a la cual estoy vinculado laboralmente.
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