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En busca de la felicidad

Por: SANTIAGO SILVA JARAMILLO (@santiagosilvaj)

“La función, pues, de las normas de conducta consiste no ya en organizar los esfuerzos individuales para alcanzar objetivos específicos y concordados, sino solo en asegurar un orden global de las acciones en cuyo ámbito cada uno pueda obtener la mayor ventaja, en la persecución de sus fines personales, de los esfuerzos de los demás”

-Friedrich A. Hayek

¿Debería el Estado preocuparse por la felicidad de sus ciudadanos? Sin mucho considerarlo, la respuesta podría ser positiva. “¡Claro!”, diríamos, “qué bueno que el Estado nos asegurara a todos la felicidad…”. Pero ¿es esto posible, y peor aún, deseable?

El Estado no está para buscar la felicidad de las personas. Primero, porque asumir que podemos ponernos de acuerdo con un concepto de “felicidad” o que el Estado puede encontrarla es, o inocente, o déspota. Por un lado, la felicidad personal es, por definición, particular, dependiente de prejuicios, experiencias y simples gustos individuales; el Estado no puede tener en cuenta todas estas particularidades, por imposible, y por indeseable. Porque, por otro lado, cualquier conceptualización general sobre algo particular es, al final de cuentas, una imposición. Peor, cuando viene impuesta por el Estado.

Segundo, porque supone una complejización innecesaria de la función estatal. Es decir, el Estado, y su gobierno, se deben enfocar en garantizar la igualdad ante la ley y proveer las oportunidades de desarrollo vital a sus ciudadanos. Ni más, ni menos. Es su responsabilidad.

¿Qué pasa con un Estado que, sin poder proveer servicios básicos de forma equitativa, eficaz y eficiente, se “distrae” con la preocupación por asuntos misceláneos y gaseosos como la “felicidad” de sus ciudadanos? Pues que no logra ni lo primero, que es básico, ni lo segundo, que es tonto.

Esto, además de la imposibilidad de “medir” la felicidad particular de las personas. De hecho, si la medición es según la “percepción de felicidad” de los ciudadanos, nos estamos distrayendo de asuntos importantes por dar gusto a las particularidades de gusto de las personas. Y si lo que medimos son asuntos objetivos, como el acceso a servicios y los ingresos de las personas, determinando de entrada lo que consideramos “felicidad”, el exceso está en la pretensión de la capacidad del Estado (o incluso su sociedad) de establecer parámetros como éste.

En Colombia, por ejemplo, cada tanto nos indignamos y alegramos a partes iguales cuando se presenta la construcción de indicadores de felicidad mundial. En efecto, tendemos a puntear en cuanto sondeo les pregunte a los ciudadanos qué tan felices son en sus vidas. Los colombianos, aparentemente, solemos autoproclamarnos “felices” con nuestras vidas. Algunos, los indignados, sostienen que es por la natural resignación colombiana. Otros, los optimistas, dicen que es por su disposición alegre frente a terribles desafíos.

Pero ¿es esto algo por lo que debería preocuparse –y más importante aún, inmiscuirse- el Estado?

No lo creo, y espero que, esto de la felicidad como indicador de gobierno, sea otra moda que, pronto, caiga en la oscuridad de la infinidad de ideas tontas de la administración pública moderna.

 

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