Por: LAURA GALLEGO (@lauragallegom)
Se acerca la discusión sobre la eliminación de la reelección y la ampliación del periodo presidencial, un tema determinante en la agenda legislativa y política nacional sobre la cual, como en casi ningún otro asunto, se ponen de acuerdo todos las filiaciones políticas del país: el segundo periodo debe ser replanteado en aras de superar los desequilibrios y abusos de poder en los que incurre la figura presidente-candidato y demás conductas clientelistas y oportunistas propias de quien detenta el poder y hace al tiempo un llamado a las garantías y la distribución justa de capacidades, posibilidades e influencia en un proceso de participación democrática.
Siendo una de las cuestiones más sensibles, pues no hay que olvidar quién fue el líder de la reforma al artículo 197 de la Constitución y quien se vio magnificado a través de este importante instrumento, es importante dar la discusión sobre el porqué y el para qué de la eliminación de la reelección y la ampliación del periodo presidencial antes que discutir sobre la eliminación en sí misma. Adicional a esa pregunta por la reelección, se debe agregar dos cuestiones más: qué pasaría con los municipios y gobernaciones en el marco de la transformación que propicio la descentralización y cuyas reformas hoy tienen grandes vacíos en términos de lo que se soñaron y lo que fueron efectivamente capaces de lograr.
Reducir la reflexión a las implicaciones de eliminar la figura reeleccionista y ampliar el periodo 2 años deja de lado la pregunta por la pertinencia y las consecuencias de estos procesos de cambio en el territorio. Es decir, no es un asunto sencillo ni meramente procedimental; al contrario pone de manifiesto la pregunta por el equilibrio de los poderes y las relaciones intergubernamentales, es decir, por la tripartirá gobierno nacional, departamental y local, sus relaciones, sus competencias y sus mecanismos de coordinación.
La falta de claridad sobre la importancia de las relaciones intergubernamentales y los mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno se evidencia en el marco de la descentralización cuando se analizan parte de sus principales reformas institucionales precarias y poco funcionales. Destaco dos elementos que necesariamente deberán estar en la agenda que se empiece a propiciar a partir del 20 de julio:
La descentralización ignoró el rol coordinador del Estado central, privilegiando un modelo fundamentalmente municipalista. Dicho modelo le plantea a la Nación el reto de desconcentrar la competencia y la ejecución sobre una parte importante de sus recursos, hoy casi del 50% del presupuesto, con la idea de fortalecer a los poderes locales y garantizar su injerencia en los procesos de política social y económica en el territorio. Sin embargo, la importancia se fija sobre la distribución de competencias, dejando la coordinación como simple principio orientador, por lo que los municipios terminan adquiriendo responsabilidades sin capacidades. Un asunto grave en términos de definición de políticas y ejecución real y efectiva de los recursos. Como pasa hoy con los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, los recursos se pierden o se los roban.
La excesiva confianza en lo local subestima el rol de los departamentos en la coordinación, dejándole sin competencias específicas y relegándole el rol de instancia de intermediación entre la Nación y los municipios, sin instrumentos reales ni espacios institucionalizados. Su papel es débil y dicha debilidad permite la emergencia de mecanismos de coordinación e intermediación formales e informales entre la Nación y otros actores para direccionar recursos a los municipios y configurar relaciones de poder basadas en favores y transacciones corruptas.
En definitiva, es la debilidad de los municipios y las gobernaciones para realmente hacerse cargo de sus responsabilidades en el territorio, lo que permite el surgimiento de mecanismos y actores informales que se aprovechan de estos vacíos y configuran relaciones clientelistas.
La eliminación de la reelección y las demás reformas que se adelantarán en los próximos meses requieren abordarse también desde las capacidades institucionales con las que se cuentan desde los diferentes niveles de gobierno para asegurar el funcionamiento, la unidad y coherencia de las políticas con el territorio. El territorio no puede ser entendido simplemente como un lugar ajeno al que simplemente le llegan las decisiones del nivel central.