Por: ALEJANDRO GAMBOA (@dalejogamboa)
Múltiples historias que parecen repetirse de manera sistemática en distintos niveles del Estado parecen confirmar el inexorable abismo que afronta el poder. Llegan al límite todos aquellos que de distinta manera hacen cara a la realidad abusando de su posición en desmedro de los derechos de la ciudadanía, consolidando un ambiente de desconfianza e ilegitimidad.
Frente al asunto, la policía y el ejército me preocupan, especialmente porque han demostrado que su nivel de daño y abuso toma dimensiones muy altas. Pasamos de largo en medio de los escándalos y las destituciones que no terminan de revelar el patrón de comportamiento y el nivel de infiltración de camarillas de poder que chantajean con la sangre de los oficiales caídos y heridos en combate y con la moral de la tropa cualquier intento de transparencia y confianza ciudadana.
Falta dignidad y liderazgo que ponga en la cara de todo el nivel castrense que una afrenta a la corrupción no solo económica, si no aquella que pasa por el menoscabo de los derechos de los civiles, no puede hacer parte de la construcción de unas fuerzas militares que construyen orden y progreso para el país, que el precio por el diario sacrificio de miles de soldados y policías no puede ser el de soportar los abusos de autoridad, ni el uso de la misma como un don personal a modo de una gracia divina propia de una época feudal.
En esta materia que señalo, confundir dignidad con complacencia parece una moneda común en un momento donde las fuerzas del orden tendrán que cambiar, con o sin paz, para construir legitimidad.
En ese mismo campo se mueve la justicia, la construcción de legitimidad en medio de la lentitud y la contradicción de las normas. Y es que aveces parece que las únicas que tienen derecho a la estabilidad jurídica en Colombia son las empresas e inversiones extranjeras, las clases altas pueden pagarla, los demás dependen de la suerte. No hay consistencia, aun nos llega a cuenta gotas la modernidad y eso es inadmisible, el grado de indignación aumenta.
Lamentables hechos pueden corroborar esta situación, pero casos visibles y renombrados pueden darnos un ejemplo de la desmesura del poder que a la larga socaba la legitimidad de toda una institución. Desde la Procuraduría General de la Nación, se adelantó un proceso particularmente ágil del que resultó destituido por doce años el ex alcalde de Medellín Alonso Salazar. La agilidad por sí sola ya es sospechosa, pues al ser la agilidad una cualidad excepcional y no sistemática en los temas de justicia cualquiera puede decir que alguien tuvo que poner su intensión para resolver sin demoras el asunto.
La segunda pregunta giraba en torno al debate entre las funciones de la primera autoridad del municipio y la correspondencia de las mismas con un fin superior consagrado en la constitución: el de bienestar general. Todo se resolvió en contra de Salazar y la sanción quedó en firme.
Tiempo después, asistiendo a los mecanismos legales, con un desgaste para el ciudadano que prestó un servicio público, continúa la lucha apelando la decisión de la Procuraduría. El Consejo de Estado falló y encontró la decisión de la Procuraduría desproporcionada decidiendo la eliminación de la primera sanción. Sospechoso, pasar de doce años de muerte en lo público a cero, en quien podemos confiar entonces. Dónde está la objetividad en el juicio de las conductas, quien es el responsable de tal desmesura en el poder. Por qué se usó de esa manera tan aplastante.
Este, sin embargo, estoy seguro no es el más duro rostro del abuso de poder frente a un ciudadano y dicha sistematicidad de abuso es lo que puede poner cualquier paz contra las cuerdas pues ningún proceso, sin la intensión de cambiar radicalmente la manera como las distintas manifestaciones del poder toca las personas, sin romper sus derechos, puede tener éxito.
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