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Democracia imperfecta

Por: CAMILO ARANGO (@camiloarangoo)

Con sorpresa, por el desconocimiento de la norma, recibimos el anuncio de la Registrador Nacional respecto a la inexistencia de valor jurídico del voto en blanco en la segunda vuelta electoral para la elección del presidente de Colombia. Efectivamente el artículo 258 de la Constitución colombiana, establece que “deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría”. El parágrafo, resultado del acto legislativo 01 de 2009, cerró las puertas a la posibilidad de los electores de invalidar los comicios electorales presidenciales en segunda vuelta sin tener en cuenta un escenario como el que hoy se plantea, donde somos muchos los que no nos sentimos representados por ninguno de los candidatos.

El voto en blanco tuvo un registro que no es despreciable en los resultados electorales de la primera vuelta, pues estuvo cercano incluso a la votación que alcanzó el candidato de la Alianza Verde. Aunque es cierto que perdió fuerza en la medida en que se iba acercando el proceso electoral y la propaganda de los partidos políticos ocupaba los medios de comunicación, el voto en blanco es una expresión válida en el ejercicio del derecho al voto, pues representa la opción de participación de aquellos que no se sienten representados por ninguno de los partidos, propuestas o candidatos que se enfrentan en las elecciones. En términos democráticos es una forma de expresión verdaderamente responsable con el ideal jurídico de libertad en el ejercicio del derecho de participación política, a saber, elegir a sus representantes como lo establece también la constitución en el capítulo de los derechos fundamentales, pero también con el ideal político de voto como la expresión de un deber ciudadano responsable.

Las motivaciones políticas o jurídicas de la formulación del acto legislativo no son claras. Lo cierto es que cierra una posibilidad válida de participación democrática de los votantes para generar efectos jurídicos con su elección en el tarjetón, y esperemos que no genere el efecto perverso de contribuir al aumento de la abstención, que ya alcanzó cifras históricas en una elección presidencial en Colombia el pasado domingo. El principal incentivo a la participación democrática debe ser el reconocimiento jurídico de la expresión ciudadana, no solamente los incentivos económicos que se establecieron por el legislador colombiano, y en ese sentido parece expresarse la Corte Constitucional en sentencia C-490 de 2011, al considerar que el voto en blanco es “una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos” y al agregar que “el voto en blanco constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector. Como consecuencia de este reconocimiento la Constitución le adscribe una incidencia decisiva en procesos electorales orientados a proveer cargos unipersonales y de corporaciones públicas de elección popular”.

La reforma constitucional de 2009 cerró las puertas de la incidencia jurídica del voto en blanco en segunda vuelta presidencial y hoy nos limita el ejercicio de un derecho fundamental. Nuestra democracia quedó imperfecta y sigue generando incentivos para la abstención.

 

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