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Construir Estado, reto del posconflicto

Es muy probable que buena parte de los desmovilizados de las guerrillas prefieran –sea por sus conexiones familiares o por orden de sus comandantes- vivir en municipios pequeños que en municipios grandes. Esto supondría un cambio sustancial en la política de reinserción (al menos, en el caso de los desmovilizados de las AUC), pues se dejarían de lado la articulación de los recursos de las grandes ciudades, que aliviaban el erario nacional, y que podían desplegar una fortaleza institucional que los hacía relativamente capaces de atender a esta población en programas muchas veces propios.

En efecto, la guerrilla puede querer que sus desmovilizados se vayan a las regiones donde el abandono o la descarga del Estado son más obvias. Primero, por la naturaleza periférica de sus ambiciones políticas, y segundo, por la factibilidad de ganar en la periferia frente a competir contra las clientelas y la opinión en las ciudades.

Pero ¿qué pasará cuando municipios pequeños, sin plata, sin suficientes funcionarios y en riesgo de verse cooptados por algún nuevo poder, tengan que asumir a miles de reinsertados de la guerrilla?

El “Estado” puede entenderse como un grupo de reglas de juego formales y la capacidad institucional y técnica de gestionar, gobernar y desarrollar un territorio. Esto supone que el Estado no puede entenderse como un grupo de gente uniformada, pues aunque el control de las fuerza pública es clave –y en efecto el primer paso de la construcción estatal- son las instituciones civiles las que construyen legitimidad en los territorios que el Estado colombiano ha estado recuperando y anexándose en las últimas dos décadas.

Así, en el marco del tan cacareado posconflicto, los recursos y esfuerzos se deberían concentrar en la construcción de legitimidad de las instituciones públicas en el nivel local y en el desarrollo de democracias locales saludables que tengan al menos la oportunidad de asumir los retos que el posconflicto les lanzará encima.

Un Estado local fuerte en estos municipios también supone una prioridad si queremos prevenir y atender los eventuales –y seguros- conflictos de convivencia que se generarán en las regiones. Por un lado, respecto a problemas salidos de la receptividad de la población a los desmovilizados, pero también –y sobre todo- por la resistencia de los poderes políticos locales a los “recién llegados” con aspiraciones propias. El preludio de estas tensiones ya se puede sentir en algunas subregiones de Antioquia como Urabá, donde el delicado equilibrio local se puede venir abajo con facilidad si el proceso de reinserción y las reglas de juego salidas de La Habana son demasiado drásticas.

Colombia, su gobierno y nuestra sociedad, deben comprometerse a este esfuerzo de construir y consolidar las ganancias del Estado en los territorios abandonados –lo que dio inicio a todo este cruel despelote de 50 años en primer lugar-, no sea que por preocuparnos mucho por ganar la paz, perdamos en el posconflicto.

 

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