*Por: Francy Carranza
Este sábado la Agencia Nacional de Tierras terminó la socialización del decreto-ley de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural [1]. Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras ha manifestado que el espíritu del decreto-ley es masificar la propiedad de la tierra y formalizar siete millones de hectáreas para quien la esté trabajando[2].
Sin embargo, al proyecto le han llovido críticas desde todos los sectores. Senadores como Iván Cepeda y Ángela María Robledo[3] calificaron la ley como una “traición” a los Acuerdos de la Habana al posibilitar el uso y propiedad de baldíos a empresas y personas que no cumplen con el criterio de vulnerabilidad. Mientras que el gremio de los ganaderos considera que la ley no da garantías suficientes para la protección de la propiedad privada[4].
Por otro lado, los expertos académicos reconocen los avances, pero son más bien pesimistas y críticos de los micos que tiene la ley que, además de ser contrarios o insuficientes con relación a lo acordado en La Habana, van a empeorar la situación del campesinado. El Observatorio de Tierras[5], La Silla Vacía[6] y las Universidades de los Andes, EAFIT y el Externado[7] ya han hecho un balance muy detallado y han encontrado varios los puntos problemáticos: impone barreras administrativas a los campesinos, obliga a la creación de un proyecto productivo como requisito de titulación y da igual oportunidad tanto a grandes, medianos como pequeños agricultores para el uso de los baldíos.
El Artículo 18, por ejemplo, establece como obligación que quienes sean beneficiarios tengan un proyecto productivo. Como el campesino está en insuperable desventaja por falta de capital, tecnología y créditos, deberá entonces asociarse con grandes productores. Además, en el poco probable caso que se haga formalización de la tierra donde trabaja, la titulación por vía administrativa sólo se dará si no hay oposición. Es decir, sólo se otorgará el título si no existe otra persona que reclame ese mismo predio, de otra forma se llevará el caso a decisión judicial. Cosa que es casi imposible en un país donde los desplazamientos forzados y despojos de tierra son pan de cada día.
El principal problema es que el factor productivo define el ordenamiento social. El desarrollo rural generalmente se entiende en términos de industrialización de la producción agropecuaria, cuyo principal obstáculo es una economía campesina que es “eficiente pero pobre”[8]. Se asume entonces que a pesar de su gran esfuerzo, el campesinado se mantiene en condiciones de pobreza por culpa de su cultura y tradición. Ambas premisas son falsas. La economía campesina puede ser eficiente y altamente productiva[9] y la pobreza rural se mantiene porque la rentabilidad de la industria y la exportación de productos agrícolas dependen de que haya bajos costos para la producción de materias primas, y esto solo se logra si hay marginalidad [10].
Esto no es nada nuevo. De hecho, los opositores a la ley de Tierras de 1936 (ley 200) y de Reforma Agraria (ley 135 de 1961) argumentaban que si el gobierno quería aumentar la productividad y desarrollar el campo, no era necesario ni darle títulos de propiedad a los campesinos ni atacar la concentración de tierras, sino financiar a la agroindustria y proteger al latifundio productivo[11]. Problemas como la desigualdad de campo y las condiciones paupérrimas de los trabajadores agrarios eran un subproducto inevitable del desarrollo que debía ser “tolerado[12]. No obstante, la historia demostró que la tolerancia con la pobreza rural no era buena política y que la oposición a la Ley de Tierras y la Reforma Agraria fueron factores contribuyentes a dos guerras, la Civil y la guerra de guerrillas.
La Reforma Rural Integral no tiene nada de Reforma Agraria. Lo acordado entre gobierno y FARC no toca en lo más mínimo la propiedad privada ni se menciona por ningún lado la redistribución de tierras (quitar al rico para dar al pobre). Lo que es peor, el decreto-ley reproduce y profundiza los problemas de desigualdad y marginalidad del campesinado al colocar los criterios de producción por encima de las “condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”, acordado en La Habana.
La frase del filósofo francés Anatoile France, parece entonces muy pertinente “La Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”. Se decretará entonces que tanto el campesino de ruana y azadón como los empresarios agroindustriales tienen igual derecho a producir; que tanto los trabajadores agrarios sin tierra o con tierra insuficiente como los latifundistas tienen igual derecho a la propiedad; y que tanto los desplazados como los despojadores tienen derecho a reclamar. Esa magnífica ecuanimidad nos puede llevar a otra guerra.
[1] Por la cual se adoptan disposiciones de ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales para contribuir a la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
[2] http://www.elespectador.com/economia/lupa-al-proyecto-de-ley-de-tierras-articulo-691848
[3] http://www.elespectador.com/economia/proyecto-de-ley-de-tierras-contradice-el-acuerdo-de-paz-articulo-690162
[4] http://www.contextoganadero.com/politica/proyecto-de-tierras-verdad-o-mentiras
[5] http://www.elespectador.com/economia/lupa-al-proyecto-de-ley-de-tierras-articulo-691848
[6] http://lasillavacia.com/historia/los-avances-los-retos-y-los-micos-del-decreto-para-aterrizar-el-punto-agrario-60649
[7] https://economia.uniandes.edu.co/facultad/destacados/?task=item.listevents&view=item&layout=detailevents&evento=522&Concepto-de-la-mesa-de-expertos-acad%C3%A9micos-sobre-el-Proyecto-de-ley-para-el-ordenamiento-social-de-la-propiedad-rural
[8] Según la premisa de Schultz
[9] Esta es la tesis de Albert Berry, que fue candidato al premio Nobel de Economía
[10] De Janvry, A. (1981). The agrarian question and reformism in Latin America. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
[11] Esa era la posición de, por ejemplo, Álvaro Gómez Hurtado y la Sociedad de Agricultores de Colombia.
[12] Lauchlin Currie, Programa de Desarrollo económico del Valle del Magdalena y norte de Colombia, informe de una misión, Bogotá, 1960
*Investigadora asociada al Observatorio