Por Natalia Abril*
El asesinato del líder social Jhon Jairo Rodríguez Torres el pasado miércoles 2 de noviembre, en el municipio de Corinto, Cauca, se suma a la cifra de 51 líderes sociales de todo el país asesinados a lo largo de 2016, según la organización Somos Defensores.
En el primer semestre de este año, la misma organización denunció que “Cauca y Antioquia son los departamentos que registran mayor número de defensores de tierras y derechos humanos asesinados, con 7 líderes cada uno”. En el primer departamento, la totalidad de las víctimas eran miembros de alguna organización social o política, como las Juntas de Acción Comunal municipal, Asociación de Reservas Campesinas o Resguardo Indígena.
De igual manera, la Defensoría del pueblo también hizo públicos los asesinatos de 13 líderes en el Cauca después de la firma del acuerdo final de La Habana, ratificando la necesidad de protección y de garantías en el ejercicio de derechos de la comunidad caucana en general.
Sin embargo, la muerte de Rodríguez la semana pasada demostró que ni las constantes denuncias, ni la visita del Defensor, Carlos Negret, al departamento han sido suficientes para mitigar la violencia que, aún en tiempos de paz, continúa afectando a la población.
Los asesinatos en el Cauca son, digámoslo así, la parte más visible de esta violencia que enfrenta el departamento desde hace décadas. Pero el caldo de cultivo que potencia los conflictos entre comunidades, grupos armados que todavía persisten en el territorio, empresas privadas y agentes estatales, es aún latente y radica en la distribución y uso de la tierra.
El más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz sobre los retos del pos-conflicto en el departamento, muestra que la alta concentración de la tierra, los conflictos interétnicos e interculturales, la presencia de minería legal e ilegal y la de cultivos de uso ilícito son los temas que más causan escozor en la población y representan el mayor obstáculo para construir una paz estable y duradera en el Cauca. Paz que pasa por la reducción sustancial y decidida de estos crímenes contra la población, pero que se construye solucionando los problemas que facilitan y/o agravan las agresiones a líderes sociales. Es decir, los factores estructurales de la tenencia de la tierra y el acceso a recursos.
Y no es para menos. En casos como el de José Albino Solarte, Manuel Dolores Pino y Víctor Andrés Flórez, asesinados en los municipios de Bolívar, El Tambo y Corinto respectivamente; o, incluso, el de las recientes amenazas a miembros de la Mesa de Víctimas del municipio de Padilla, por parte de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, es una muestra del peligro que corre la población al defender sus derechos y los de su territorio en un contexto de alta concentración de tierra, presencia de grupos armados y necesidades básicas insatisfechas.
Mientras Solarte y Pino tenían en común ser miembros de las Juntas de Acción Comunal de sus municipios y estaban abiertamente en contra de la minería legal e ilegal, Flórez era activista político de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reserva Campesina de Corinto, que trabaja por reconocer de esta figura en su territorio. Por su parte, las amenazas de muerte a los 16 dirigentes comunitarios de Padilla tienen que ver con el proyecto de pedagogía de paz territorial que actualmente implementan y las denuncias de corrupción relacionadas con la minería ilegal en el municipio.
En un escenario de construcción de paz, las denuncias contra de cualquier tipo de hechos violentos son más que necesarias. Sin embargo, no deben presentarse como casos separados, o, en el caso de la muerte de líderes en el Cauca, como asesinatos selectivos. Analizarlos en su conjunto, a la luz del contexto local y nacional, permite entender la gravedad de estos crímenes. No solo por el hecho de atentar contra la vida de una persona, que es repudiable en sí mismo, sino porque encierra una serie de factores que violentan el bienestar de una comunidad y población en su conjunto.