Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Evaluación de las Zonas de Reserva Campesina: Un convenio que no tiene cooperación

*Por Natalia Abril Bonilla

Recientemente, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO– y la Agencia Nacional de Tierras –ANT– iniciaron un convenio de cooperación técnica que pretende evaluar los resultados de la implementación de Zonas de Reserva Campesina en el país. Esta evaluación consiste en revisar las experiencias de dichas zonas en materia de gobernanza, desarrollo sustentable, articulación institucional, normatividad y ordenamiento productivo. Así como examinar sus procesos de constitución, en el marco y desarrollo de la ley 160 de 1994, identificando obstáculos y factores de éxito.
Como primera medida, se realizó a fines de marzo una mesa de diálogo que contó con la participación de entidades institucionales y académicos expertos y conocedores del tema. La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC–, organización que lidera y agrupa las iniciativas de zonas de reserva en el país, declinó la invitación a través de un comunicado público, en el que explicó sus razones para no asistir a la mesa (Leer más).
De entrada, el convenio de cooperación inició con dificultades. La desarticulación entre la institucionalidad, en cabeza de la ANT, y las organizaciones de base como ANZORC constituye un obstáculo no solo para la evaluación, sino para la implementación de Zonas de Reserva Campesina. Si bien en esta ocasión la desarticulación se demostró con la negativa de ANZORC para participar en la mesa de diálogo, las diferencias entre estos organismos no son un secreto y tienen antecedentes de tiempo atrás.
Más importante aún, esta desarticulación es el reflejo de una falta de reconocimiento de los procesos que cada una adelanta en sus respectivos campos. Las relaciones entre las Asociaciones de Zonas de Reserva con el Incoder y ahora ANT, se han caracterizado por una desconfianza constante en la que cada una trabaja de manera individual en temas que a ambas les corresponde.
En las regiones, las organizaciones campesinas han elaborado sus propios mecanismos de ordenamiento del territorio que les han servido para emprender proyectos autónomos, como las escuelas campesinas de la Zona de Reserva Campesina de los Montes de María o el mapa de recursos naturales realizado por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Mecanismos y proyectos paralelos a los que se adelantan desde las instituciones, pues estos últimos poco o nada tienen que ver con lo que ya existe en los territorios.
Asimismo, la falta de respuesta de las instituciones gubernamentales ante ciertas exigencias de la población campesina ha generado que las mismas organizaciones sean escépticas, desconfíen de las instituciones y usen la fuerza como mecanismo de presión. Una vía que en vez de generar resultados efectivos, crea estigmatizaciones y enfrentamientos que traban aún más los procesos. Así, los desencuentros crecen y las posibilidades de llegar a un acuerdo común disminuyen.
Para el 2017, esta desarticulación ha dejado un saldo de seis zonas de reserva legalmente constituidas entre 1996 y 2002, año en que se frenaron los trámites hasta 2012, y 50 restantes que no avanzan en su proceso legal, pero que ya son declaradas como tal.
Con este panorama, es poco probable obtener un resultado positivo de la evaluación. El riesgo está, entonces, en que se replanteen los objetivos o la implementación de la ley 160 de 1994. Un resultado no muy esperanzador para comunidades campesinas que llevan organizándose desde hace décadas con el fin de legalizar y tener autonomía en sus territorios y ser reconocidos como sujetos de derechos.
Para que la constitución de dichas zonas llegue a buen término y sus impactos sean los esperados a nivel económico, ambiental y social, es necesaria la voluntad política y la cooperación mutua, pues de ellas dependen en gran medida las transformaciones que figuras como la zona de reserva campesina pueden hacer para la población rural.

*Investigadora asociada al Observatorio

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