Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Del derecho a la tierra y otros reconocimientos al campesinado

Por María Mónica Parada Hernández*

El pasado 5 de abril, el senador Alberto Castilla (Polo Democrático), junto con varias organizaciones sociales, radicaron un proyecto de acto legislativo que reforma el artículo 64 Constitucional,  buscando visibilizar una población que ha sido marginada de las políticas públicas por siglos.

El proyecto tuvo como objetivo lograr el reconocimiento de las comunidades campesinas como sujetos de especial protección y la ampliación de sus derechos sobre los territorios que habitan. Sin embargo, el proyecto de ley fue archivado el 16 de junio por vencimiento de términos, dejando pasar la oportunidad para transformar los imaginarios alrededor del campesinado y, con ello, incluir estas poblaciones en el sistema político, reconociéndolas como agentes fundamentales para el desarrollo rural del país.

A rasgos generales, la propuesta atiende uno de los reclamos generales de los movimientos sociales campesinos que es el de abandonar la categoría de trabajador agrario y dotar de contenido la de campesino y campesina, lo que implica el reconocimiento de unas identidades ancladas al relacionamiento con el territorio. Siguiendo esta línea, se propone  que se declare del derecho a la tierra, más allá del simple acceso, basado en una concepción amplia de las economías campesinas; asimismo que se reconozca el papel del campesinado en el cuidado del medio ambiente y en la seguridad alimentaria. Por último, propone la participación de las comunidades en las decisiones que afecten los territorios campesinos.

Además, la propuesta coincide con la transformación estructural del campo planteada en la agenda de la Habana, específicamente con el reconocimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria  como un componente fundamental para el desarrollo del campo. Asimismo, la iniciativa concuerda con el proceso de reconocimiento de la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales que actualmente está siendo trabajado por un Grupo  de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Fuente: Coordinador Nacional Agrario y Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz
Fuente: Coordinador Nacional Agrario y Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz

A pesar de que la propuesta entró en un periodo de enfriamiento, esta plantea muchas preguntas sobre cómo abordar la inclusión del campesinado de cara a un eventual escenario posterior a la firma de los acuerdos; pero, sobre todo, invita a pensar en algunos retos que deben ser enfrentados por el Estado y la sociedad civil.

Primero, se hace necesario trabajar en el desarrollo de políticas con enfoque territorial, que reconozcan la heterogeneidad de las comunidades campesinas. Esto implica que, en aras de promover una verdadera política que respete la diferencia, que considere las necesidades particulares de las comunidades y sus territorios, y que vaya en concordancia con la paz territorial, habrá que discutir la diversidad de proyectos políticos y de desarrollo rural, especialmente los que provienen de las comunidades afectadas.

Un segundo reto tiene que ver con las políticas agrarias que han sido impulsadas desde hace algunos años. La insistencia de los últimos gobiernos de disponer de terrenos baldíos para proyectos productivos, con el argumento de articular a los pequeños y medianos productores con grandes inversores de capital para hacer más productivos los predios, ha sido vista como una vulneración del artículo 64 constitucional, siendo una medida regresiva a la protección del acceso progresivo a la propiedad (Ver por ejemplo la Sentencia C-644 de 2012 ).

Así ocurre con la recién promulgada Ley Zidres que, además de los vicios procedimentales (como el haber obviado la consulta previa), resulta inconveniente en tanto que se promueven proyectos orientados a la producción agroindustrial, sin estar del todo clara la participación del campesinado en los mismos y la forma en la que se van a garantizar sus derechos constitucionales (ver La paz territorial y las Zidres: el discurso contradictorio del gobierno) .

Por último, la búsqueda de una mayor autonomía territorial y de garantías de incidencia de las comunidades para la toma de decisiones que afectan a sus territorios, generará todo tipo de oposiciones por parte de sectores políticos, económicos y gremiales. Muchas comunidades han demostrado ser capaces de resistir y frenar la consecución de grandes proyectos, especialmente los minero-energéticos y de infraestructura vial. La propuesta de acto legislativo dota al campesinado de herramientas para hacer frente a este tipo de proyectos de manera más efectiva. El reto entonces es el de buscar mecanismos para conciliar las apuestas de desarrollo rural y de infraestructura, con los intereses de las comunidades, particularmente en lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria.

El reconocimiento del campesinado como un actor político, con una identidad propia, requiere de un acompañamiento permanente del Estado y una verdadera inclusión de las poblaciones campesinas en los asuntos políticos y económicos del país. La participación de estos grupos, en aras de cumplir con lo propuesto en La Habana, implica que las comunidades no sean tratadas como meros instrumentos de los grandes inversores, sino como agentes fundamentales para el desarrollo del país.

*Investigadora Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.  Correo: [email protected]

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