Por: Juan Sebastián López @juanslopezm
En su discurso de posesión, Santos afirmó que la educación será una prioridad de su segundo gobierno. Al respecto dijo lo siguiente: “La primera decisión que tomé es que, a partir del año entrante, el presupuesto destinado a la educación sea el más grande de todos dentro del presupuesto nacional, por encima incluso del de Defensa y Seguridad. ¡Eso nunca había pasado!”.
¿Será cierta tanta dicha? Veamos. De los $216 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación se destinarán $48,9 billones para el pago del servicio a la deuda, $34 billones para pensiones y $28.9 billones para educación http://bit.ly/1ssQfqj. Queda claro que educación no es “el más grande de todos dentro del presupuesto nacional” como aduce Santos, sino el tercer rubro, apenas $700 mil millones por encima de defensa, a $5 billones de pensiones y a $20 billones de la deuda, esa sí y de lejos, la mayor tajada del presupuesto.
También arguye Santos que eso de asignar más presupuesto al sector educativo que al de defensa “nunca había pasado”. Segunda mentira. No solo ya había pasado en varios oportunidades, según El Tiempo http://bit.ly/1tOxi2k, El Espectador http://bit.ly/1tykTS6 y LaSillaVacia (único medio que lo desmintió de manera explícita) http://bit.ly/1tylpPS, sino que fue Santos, como ministro de Uribe, quien se encargó de que el sector defensa tuviera más recursos que el de educación. ¡De un cinismo aterrador!
La demagogia santista con la educación no es inofensiva. Al contrario, cumple el doble propósito de engañar a la opinión y disimular la leonina política educativa del gobierno. No de otra forma puede entenderse que mientras promete 400.000 becas para la educación superior, deja estático el presupuesto de las universidades públicas en $2.4 billones de pesos, manteniendo con ello la desfinanciación crónica del Sistema Universitario Estatal y desoyendo el llamado de la MANE, e incluso el del SUE y ASCUN para aumentar sustancialmente la base presupuestal de las universidades públicas.
Los hechos demuestran que la intención del gobierno al incluir la educación como una de sus prioridades no es la de resolver la crisis, sino la de consolidar el sector como un negocio del capital financiero. Y es que la política educativa de Santos no es otra que la del Banco Mundial, recortar presupuesto público e incentivar los créditos educativos, la fórmula de la Ley 30, que en dos décadas de aplicación ha ocasionado un déficit de $12.5 billones en las 32 universidades públicas del país y una cartera morosa de 34% en el Icetex, dos de los principales problemas de la educación superior en Colombia.
El paro de Fecode, el rechazo de la MANE y de varios directivos de la Universidad Nacional al “Acuerdo por lo Superior 2034”, los reiterados últimos lugares en las pruebas de calidad, la crisis de infraestructura de los claustros universitarios, las quejas de la comunidad científica frente al manejo de Colciencias, sumados a otras situaciones no menos dramáticas, no son hechos aislados. Obedecen a manifestaciones cada vez más frecuentes y notorias de la crisis educativa.
Si como sociedad queremos avanzar hacia un país con una verdadera educación científica, de acceso democrático y al servicio del desarrollo nacional, debemos movilizarnos para que el gobierno renuncie a la demagogia y a engañar a la opinión y reconozca que las políticas que aplica son causa de la crisis del sector.
No se me olvida: Reconocer el ejemplo valeroso y entusiasta que nos dan los actores y actrices del país al constituir un sindicato para defender sus derechos laborales y su papel en la cultura nacional. Larga vida a la Asociación Colombiana de Actores ACÁ. ¡Aplausos!