Cuando se investiga un acto de corrupción, comúnmente se castiga únicamente a las fichas de quitar y poner, pero muy pocas veces se llega a las verdaderas cabezas. Solo en el caso del Carrusel de la Contratación se envió a la cárcel a los determinadores: Samuel Moreno Rojas y su hermano Iván Moreno Rojas.

Lo mismo sucedió con Odebrecht, con la Yidispolítica, con las chuzadas del DAS, los falsos positivos, el caso de Centros Poblados y demás escándalos en los que se han encarcelado a figuras menores, sin revelar quiénes idearon las maniobras ni todos los nombres de quienes participaron en estos y otros hechos de corrupción y mal proceder en la administración pública y la política.

Por lo anterior, considero necesario que se aproveche este principio de oportunidad aprobado por el juez para que Olmedo López confiese todo de una vez, y Colombia sepa hasta dónde es capaz de llegar el Congreso de la República para saciar su hambre de burocracia y poder. Porque, hablemos con la verdad: a la mayoría de senadores y representantes poco o nada les importa si son de apoyo al Gobierno o de oposición; a ellos solo les interesa negociar su voto.

No sería raro, entonces, que fuera cierto lo que indica la revelación de BluRadio, donde se divulgaron unos chats de la senadora Martha Peralta negociando cargos y proyectos para algunos de sus colegas, entre ellos su compañera Berenice Bedoya, una de las congresistas que, de dientes para afuera y ante las cámaras y micrófonos de los medios, pregona la transparencia y la coherencia, pero que, de puertas para adentro, parece actuar de otra manera.

Según BluRadio, Olmedo López confesó a la Fiscalía que desde la UNGRD se direccionaron recursos hacia un proyecto que la senadora Bedoya habría puesto como condición para apoyar temas del Gobierno Petro, entre ellos la reforma pensional.

No sería extraño, entonces, que lo mismo haya ocurrido con otros congresistas que, por ahora, están pasando de agache. Porque, al fin de cuentas, para aprobar un proyecto del Gobierno se necesitan muchos votos, tanto en comisión como en plenaria. Vaya uno a saber si también están involucrados funcionarios públicos y lobistas del Ejecutivo, que suelen reunirse por fuera del Capitolio Nacional con los legisladores para negociar, a puerta cerrada y sin dejar rastro, los votos necesarios.

El principio de oportunidad concedido a Olmedo López debe servir para destapar toda la olla podrida que se cocinó entre el Gobierno y el Congreso de la República, utilizando los recursos de la UNGRD para hacer de las suyas.

Es claro que en este caso de corrupción hay muchísima gente involucrada y resulta vital la colaboración que puede dar el señor Olmedo López para que todos paguen, sin importar quien es, por supuesto otorgando unos beneficios como se ha hecho en casos anteriores.

Me sorprendió saber del rechazo judicial al preacuerdo con el testigo clave del escándalo de la UNGRD, no solo porque pone en peligro la confesión de nombres de más personas que participaron en este hecho sino porque además con esta decisión se les garantiza a todos los que participaron en este hecho, respirar tranquilos. La Fiscalía, inexplicablemente, no apeló. ¿Coincidencia? ¿Cobardía? ¿Complicidad? ¿incompetencia?, vaya uno a saber.

El juez del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá improbó el preacuerdo firmado entre Olmedo López y la Fiscalía General de la Nación, bajo el argumento de que seis años y dos meses de prisión eran una “pena irrisoria”.
¿Pena irrisoria para quién? ¿Para el hombre que entregó las pruebas, aceptó los cargos, devolvió dineros y permitió que la justicia ponga los ojos en el centro del clientelismo y los acuerdos por debajo de la mesa en Colombia, es decir: en el Congreso de la República?

Dice la justicia que la pena acordada de seis años y dos meses, son irrisorias, y asegura que es necesario tener en cuenta que este caso de corrupción afectó a la comunidad indígena de La Guajira, y sí puede que tenga razón, pero me asalta una duda:

¿Dijo lo mismo la justicia con el caso de Centros Poblados en el Gobierno Duque cuando donde se embolsillaron 70 mil millones de pesos que al día de hoy no han aparecido y por los cuales la entonces ministra de las TIC, karen Abudinen, nunca supo dar razón?

¿Por qué ahí si les pareció justo imponer una pena de seis años a Emilio Tapias?, cuando bien se conocen los alcances de este señor, que es necesario recordar, actuó de manera similar en Bogotá en el Carrusel de la Contratación durante la administración del difunto Samuel Moreno y sus cuarenta ladrones.

¿Qué hizo la Fiscalía al conocer la negación del juez al preacuerdo con Olmedo López? Nada. Ni una palabra. No apeló. No dijo esta boca es mía. Proceder bastante extraño en una Fiscalía que presenta a Olmedo López como su testigo estrella. La misma que dijo públicamente que gracias a él se activaron 154 actos de investigación; La que sabía que sin su palabra no hay caso contra varios senadores y contratistas.

No deja uno de preguntarse de manera suspicaz si existen intereses oscuros para que se hunda este preacuerdo, y, ¿A quién le incomodaba tanto lo que Olmedo López estaba contando? -pero sobre todo. ¿Quién se frota las manos?.

El caso de corrupción de la UNGRD no creo que diste mucho del Carrusel de la Contratación en Bogotá en donde todo un entramado criminal se robó miles de millones de pesos de las arcas de la capital del país. En su momento dije que la Fiscalía debía buscar preacuerdos con los involucrados para que se sepa quienes integraron esta red que desvió recursos públicos destinados a grandes obras en la ciudad.

Era claro en ese momento que los nombres de los involucrados iban más allá de Samuel Moreno y su hermano Iván, que ahí estaban las manos de funcionarios públicos, políticos y abogados. En el caso de la UNGRD, estoy totalmente seguro que ocurre lo mismo y se necesita de una voz que los de a conocer, y que mejor que la de Olmedo López, a quien el Estado debe brindar protección así como lo hizo con Rafael García cuando prendió el ventilador de chuzadas del DAS y reveló que esta entidad estaba al servicio del paramiltarismo. Su condena fue de 11 años luego de llegar a un acuerdo con la justicia.

Colombia debe conocer la verdad y la justicia debe actuar y para esto se requiere conocer con urgencia los nombres de más de un pícaro que hoy está tranquilos.

Nota recomendada: El ganador no fue Efraín Cepeda, esta vez ganó Petro