Un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026. El sismo golpeó con fuerza 15 departamentos y los mayores daños se concentraron en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Si bien el país no tardó en iniciar un censo de los afectados y sus pérdidas, en los territorios indígenas nadie llevaba un registro.

«No pudimos tener información inmediata de los hechos ocurridos por este fenómeno en los territorios indígenas», cuenta Walter Mecha, secretario técnico de la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. «Las instituciones del Estado a nivel municipal y departamental no están documentando todas las afectaciones presentadas en los territorios indígenas«, agrega.

Con corte al 19 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 314 personas fallecidas, 4400 heridas y 262 desaparecidas en todo el país. Pero en este balance oficial no hay un solo dato desagregado a nivel étnico. Más de una semana después del sismo, han sido las propias autoridades indígenas y algunas autoridades afrodescendientes las que han tenido que salir a contar sus muertos, sus heridos y sus damnificados.

El primer informe fue publicado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dos días después del terremoto. Identificaron que 1009 comunidades, de un total de 13 868 analizadas, habían sufrido las sacudidas más fuertes. Rosalino Guarupe Joropa, consejero mayor de la ONIC, le explicó a Mongabay Latam cómo lo hicieron: superpusieron el mapa de intensidad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) con el registro de asentamientos de la propia ONIC y su Sistema de Monitoreo Territorial (SMT).

Con ese cruce de información establecieron que Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, por su cercanía al epicentro y por contener un gran número de población indígena, serían los departamentos a priorizar con la llegada de la guardia indígena.

Para confirmar con exactitud el nivel de afectación en sus comunidades, líderes de diferentes organizaciones se adentraron en la selva chocoana, establecieron contacto telefónico con las organizaciones que habitan las montañas de valle y viajaron a los resguardos más afectados en Risaralda. Así pudieron confirmar el pasado 19 de agosto, en una rueda de prensa llevada a cabo en Bogotá, que tres personas fallecieron, 1488 se encuentran heridas y 2297 viviendas resultaron afectadas.

Leer más | Argentina: proyecto de ley de Milei podría facilitar el desalojo de comunidades indígenas de tierras rurales

Aunque la ONIC no cuenta con un desglose de afectados o fallecidos por departamento sino por organización, Mongabay Latam pudo conocer a través de sus voceros que las tres personas indígenas fallecidas pertenecen al pueblo embera en Risaralda. Además, es Risaralda el departamento que registra el mayor número de familias afectadas, con 1247, seguido de Chocó (762) y Valle del Cauca (593). Risaralda también encabeza la lista de viviendas afectadas con 882, mientras que Valle del Cauca y Chocó registran 593 y 592, respectivamente.

En cuanto a heridos, Valle del Cauca concentra el 100 % de los reportados (1488, todos pertenecientes a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC).

Para Guarupe Joropa es clave aclarar que estas cifras pueden seguir cambiando, dado que aún no tienen información sobre comunidades que viven en zonas de difícil acceso y sin conexión a internet. «Por ahora, todo parece indicar que las etnias más afectadas, según nuestros últimos datos, son los embera chamí y los wounaan, pero necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional para seguir llegando al territorio», dice.

Esta falta de caracterización oficial hizo que los organismos de control levantaran la voz. La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno Nacional y a la UNGRD acelerar el envío de ayuda humanitaria y hacer censos diferenciados para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Pacífico, ya que la falta de datos con enfoque étnico profundiza la vulnerabilidad en territorios que históricamente han estado marginados.

En su censo, que coincide con las cifras de la ONIC, la Defensoría indica que las mayores afectaciones a poblaciones vulnerables están en municipios con alta presencia indígena y afrodescendiente, como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, donde, además, las barreras geográficas y el conflicto armado ya limitaban el acceso del Estado.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y a la UNGRD sobre lo dicho por la ONIC y la Defensoría, pero los líderes de comunicaciones de ambas entidades mencionaron que están a la espera de un consolidado general de los censos, el cual está a cargo de las alcaldías y gobernaciones.

Para Joropa, de la ONIC, la desarticulación que describe la Defensoría del Pueblo no es nueva: tiene una explicación estructural. Antes del sismo, la organización ya había construido, junto con el gobierno anterior, un borrador de Plan de Gestión del Riesgo para Comunidades Indígenas que quedó suspendido con el cambio de administración. «Nos toca retomar el diálogo con el nuevo gobierno. No sabemos cuál sea la propuesta de ellos frente a lo que se trabajó con el gobierno anterior», dice.

El corazón de esa propuesta es simple: que las comunidades indígenas tengan su espacio en los comités de gestión del riesgo departamentales y municipales. «Se hacen comités de gestión en los departamentos, pero no convocan a las comunidades indígenas. Y somos nosotros los que tenemos el censo propio de lo que tenemos dentro del territorio», afirma.

A esta traba se suma la transición del Ejecutivo: la posesión del presidente Abelardo De la Espriella tuvo lugar el 7 de agosto de 2026 en Cali, tres días antes del sismo. Los voceros regionales señalan que el poco tiempo que lleva posesionada la nueva administración es un obstáculo adicional para saber a quién acudir.

Disney Gutiérrez, de ORIVAC, lo explica así al hablar de los canales de comunicación con las entidades nacionales: «En este momento no tenemos contacto con este nuevo gobierno porque apenas se posesionó. Hemos enviado nuestros últimos reportes a los correos de los ministerios, pero no hay ninguna respuesta por parte de ellos».

Leer más | Amazonía entre resiliencia y riesgo: sequías, deforestación y el umbral crítico de 2040

Chocó: la carrera comunitaria por evaluar daños en medio del olvido estatal

Aunque muchas zonas de Chocó permanecen incomunicadas, Mongabay Latam pudo entrevistar a algunos líderes indígenas y afrodescendientes del sur del departamento. Todos coinciden en que han tenido que armar sus propios mecanismos de identificación y análisis de necesidades en un territorio invadido por los grupos armados.

Walter Mecha, quien además es líder social y vocero del pueblo indígena embera dóbida del Chocó, dice que pese al riesgo que implica recorrer su territorio, hasta el 14 de agosto habían verificado afectaciones en 184 comunidades de 13 de los 30 municipios del Chocó. Dentro de esas comunidades identificaron tres personas indígenas heridas, 263 casas destruidas y 293 más averiadas.

El daño no se quedó en las viviendas: también resultaron afectados los centros educativos propios, los puestos de salud, los puentes sobre trochas y ríos que las comunidades usan para moverse y las casas de armonización, espacios de gobierno propio y espiritualidad. «Perdimos muchos cultivos», agregó Mecha.

Con la UNGRD, dijo, apenas habían logrado un primer acercamiento técnico para unificar los formatos de censo. Sobre la ayuda humanitaria que ya llegó, fue igual de directo: «A los territorios indígenas no. Todavía no». Y usó como ejemplo a su propio municipio, Alto Baudó: «Sí han llegado unas ayudas mínimas para el municipio, pero es para todos los habitantes, más de 32 000 habitantes entre comunidades afro e indígenas. Eso no alcanza».

Esa mezcla constante entre lo indígena y lo afro en el Chocó no es casual. Según cifras del DANE (2021), el 78.9 % de los habitantes del departamento se reconoce como negro, mulato y afrodescendiente, mientras que el 16 % se reconoce como indígena. Hablar de «todo el Chocó», un departamento de más de 47 000 kilómetros cuadrados, es hablar casi exclusivamente de población étnica.

Así las cosas, “armar un panorama real de los daños en esta zona no será un trabajo fácil”, declaró Baltazar Mecha Forastero, integrante de la Organización Gobierno Ancestral del Chocó. El líder indígena calcula que tomará semanas o incluso meses establecer un número final de afectados por lo extenso y desconectado del territorio: «Los datos de los indígenas afectados del Chocó los estaremos consolidando quizás en dos meses o más, porque el Chocó es como una segunda Amazonía: para llegar a una comunidad hay que navegar o caminar hasta cuatro y cinco días».

A las dificultades institucionales se suma una restricción severa de movilidad que impide verificar los daños en las zonas más apartadas. Mauricio Parra Bayona es asesor del Consejo Comunitario General de San Juan (Acadesan), una organización que agrupa a 72 comunidades afrodescendientes en cinco municipios del sur del Chocó y un municipio del Valle del Cauca: Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan y Buenaventura.

Parra explica que no cuentan con recursos para contactar directamente a sus afiliados. «Nosotros hemos empezado a hacer algunos recorridos, pero tenemos problemas de escasez de recursos y en particular ausencia de gasolina», dice Parra.

Debido a la cercanía de Nóvita con San José del Palmar, epicentro del sismo registrado el pasado 10 de agosto, Acadesan pudo compartir algunos datos preliminares sobre las afectaciones que sufrieron algunos de sus afiliados en este municipio. “Cinco sedes educativas, el juzgado municipal, la registraduría, la casa de la justicia y varios templos religiosos resultaron afectados en su estructura”.

Mongabay Latam habló con el alcalde de Nóvita, Alberto Williams Rivas, quien aseguró que en su consolidado preliminar reportaron al Gobierno Nacional aproximadamente 2447 familias afectadas.

Debido a que su población es mayoritariamente afrodescendiente, aseguró que el apoyo que han recibido por parte de las entidades departamentales y nacionales ha incorporado un enfoque diferencial y por pueblos. “Esperamos que este enfoque se mantenga y fortalezca durante las siguientes etapas de atención, recuperación y reconstrucción”.

Adicional a la pérdida de viviendas y los daños en la infraestructura comunitaria, muchas familias que viven en la zona del Bajo y Medio San Juan (subregión a la que pertenecen municipios como Nóvita) denuncian las afectaciones a sus viviendas que agregó otro evento natural: un vendaval que azotó la cuenca del río San Juan la noche del jueves 13 de agosto.

De acuerdo con un reporte enviado por Acadesan a este medio, «algunas comunidades del municipio del Medio San Juan (Bebedó, La Unión, Chambacú, Noanamá y Santa María de la Loma) dan cuenta de por lo menos 71 casas averiadas, daños a estructuras de instituciones educativas y daños adicionales causados por las fuertes lluvias que han arrasado con los techos de muchas viviendas”, se lee en el comunicado.

Leer más | El Niño: tormentas, olas de frío y efectos en especies marinas ya se sienten en Chile, Perú, Argentina y Ecuador

Risaralda: monitoreos al pie en la cordillera

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, el derrumbe de una vivienda causado por el sismo dejó la muerte de tres integrantes del cabildo indígena Tachinave, del pueblo embera, quienes vivían en arriendo en esta propiedad. De los 19 resguardos y cabildos que agrupa el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), solo dos, la Comunidad Indígena Kurmadó y Dachi Namabena, ambas en Pereira, habían recibido asistencia del Estado una semana después del desastre.

«Me preocupa bastante esta situación, porque ya quedaron 17 resguardos en los cuales no se les ha llevado ninguna ayuda, donde prácticamente hay resguardos que quedaron entre 40 y 50 familias esperando esa atención«, dice Marco Fidel Guasarave, consejero mayor del CRIR, quien nombra los municipios donde las comunidades indígenas siguen esperando ayudas: Pueblo Rico, Mistrató, Guática, Belén de Umbría, Balboa y La Celia, entre otros.

El CRIR formalizó estas solicitudes en un documento que envió el 10 de agosto a ministerios, alcaldías y organismos de control. Guasarave dice que armar un balance definitivo en municipios como Pueblo Rico, Mistrató o Marsella va a tomar tiempo debido a la difícil topografía del terreno: «Son resguardos que hay que caminar mucho, 10 horas dentro del mismo territorio, y en los cuales ayer [19 de agosto] no se tenía esa información».

Mientras espera la respuesta institucional, el líder ha recurrido a la solidaridad de conocidos: «He estado por ahí con los amigos pidiendo algunas ayudas, pues gracias a Dios hay gente que se ha compadecido para enviar a la ciudad de Pereira».

A los daños de las viviendas se suma la preocupación por la pérdida de infraestructura comunitaria y educativa que se obtuvo después de las movilizaciones de 2024, donde las comunidades lograron la asignación de 15 000 millones de pesos (aproximadamente 4.88 millones de dólares) para la edificación de aulas en sus 19 resguardos. Sin embargo, dice Guasave, “el terremoto derrumbó gran parte de estas construcciones, dejando nuevamente a cientos de niños usando plásticos [como techos] para recibir clases”.

Ante la demora del auxilio estatal y los vacíos dejados por los cambios en el Gabinete nacional, las autoridades indígenas reiteran el llamado urgente a proteger el derecho a permanecer en sus territorios ancestrales, evitando así el desplazamiento forzado hacia los cascos urbanos.

Mongabay Latam intentó comunicarse con otros líderes indígenas de este departamento y con la gobernación de Risaralda, pero no fue posible establecer esta comunicación debido a que el departamento tiene serios problemas de conexión y está enfocado en la reubicación de cientos de familias que lo perdieron todo, especialmente en la ciudad de Pereira.

Leer más | Julián Gutiérrez, el gobernador nasa que buscaba formar un partido indígena en Colombia y fue asesinado

Valle del Cauca: el reto del censo en zonas rurales

En el Valle del Cauca, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), que agrupa a los cabildos y resguardos indígenas del departamento, describe una situación crítica. Su consejero mayor, Disney Gutiérrez, la resume con un caso: «El pueblo wounaan está asentado tradicionalmente a ambos lados del río San Juan, en el límite entre Chocó y Valle del Cauca. La mayoría de su población vive en territorio chocoano, pero también tiene una comunidad histórica en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca». Esa comunidad wounaan de Buenaventura tiene 400 familias damnificadas por el sismo y la respuesta oficial, dice Gutiérrez, ha sido mínima.

El daño material en el norte del Valle golpeó tanto a las viviendas como a la base alimentaria de las comunidades: «Las casas que tenían se cayeron, pero también hubo afectaciones en deslizamientos de tierra que afectaron los cultivos», describe Gutiérrez. Entre lo perdido menciona cultivos como caña, fríjol, café y plátano, de los que dependen las familias para su sustento.

Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, le dijo a Mongabay Latam que han estado en contacto con las organizaciones representativas del departamento y explicó que consolidar las cifras de afectación ha sido complejo por la dispersión geográfica.

«En el Valle del Cauca hay más de 125 comunidades indígenas, las cuales están representadas por cuatro organizaciones: la ORIVAC, la Asociación de Cabildos indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífico (ACIVA-RP), la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca y la Asociación de Autoridades Tradicionales Wounaan Nonam del Valle (Kowondev). A través de ellos hemos podido contactar a resguardos y cabildos indígenas, prestándoles las ayudas a los municipios mayormente afectados», afirmó Lenis.

Según el funcionario, los reportes iniciales que han enviado las propias comunidades ya suman una cifra considerable: «La información que ellos nos han enviado de comunidades indígenas afectadas suman más de 800 familias indígenas, que eso nos puede sumar en promedio casi 5000 personas afectadas«.

Lenis detalló que los municipios con mayores daños fueron Buenaventura, Dagua, varios del norte del departamento, como El Águila, Argelia, El Dovio y Ansermanuevo, además de afectaciones en Florida, Trujillo, Restrepo, Calima El Darién y Yotoco.

Frente a las críticas por la demora en formalizar la ayuda y los censos, el secretario dijo que la Gobernación está en la fase de consolidación técnica para ingresar los datos a las plataformas oficiales del Estado. Solo así podrán tener el censo oficial de qué resguardo o qué cabildo se afectó.

Por otro lado, mencionó que en algunos municipios ya están hablando de la reconstrucción y que la administración departamental le apostará a un esquema participativo: «La gobernadora [Dilian Francisca Toro] lo que ha dicho es que va a haber autoconstrucción. Que nosotros les damos los insumos que se necesitan y ellos mismos, con sus ingenieros o arquitectos, hacen sus reconstrucciones. Pero en los casos en los que toca construir desde cero, es un proceso que se demora más, se necesita un acompañamiento y supervisión para que estas mismas comunidades puedan hacer los ejercicios de reconstrucción».

El funcionario destacó, además, que junto con el Ministerio del Interior se coordinan protocolos de atención diferencial para los más de 48 consejos comunitarios afrodescendientes afectados en la zona rural de Buenaventura y Dagua.

Leer más | Bolivia: gobierno de Rodrigo Paz diseña nuevo Código Minero y excluye de las discusiones a pueblos indígenas y defensores ambientales

Conflicto armado y despojo: una vulnerabilidad previa al sismo

A las barreras geográficas se suma la ausencia histórica del Estado en la ruralidad y la presencia constante de grupos armados, dos factores que ponen en riesgo la entrega de ayuda humanitaria.

Mientras visita los cabildos más afectados en el departamento de Chocó, Baltazar Mecha Forastero afirma que casi toda la ayuda ha llegado por parte de la solidaridad ciudadana y de las ONG, y eso representa un riesgo para las propias organizaciones indígenas: “Nos da susto que las caravanas con víveres sean atacadas o retenidas por los grupos armados que están en la zona”, denuncia.

Es por eso que para el ingreso de los suministros de emergencia, las autoridades indígenas planean abrir canales directos de diálogo con los grupos armados, con el fin de fijar puntos neutrales de acopio donde la guardia indígena y las instancias de gobierno propio reciban las ayudas y las repartan internamente.

En el norte del Valle del Cauca, Disney Gutiérrez describe un patrón de desplazamiento que viene desde antes del terremoto: «Históricamente las comunidades indígenas hemos sufrido esta situación porque nosotros vivimos en las zonas rurales donde siempre va a haber grupos armados […] varias comunidades en el norte del Valle estaban confinadas porque había mucha problemática territorial y el terremoto nos ha afectado más».

La situación también ha sido complicada para la Gobernación de Valle del Cauca. «El desafío es justamente la ruralidad. Eso queda muy adentro y hay situaciones relacionadas con el conflicto armado, sobre todo lo que tiene que ver con Ansermanuevo, El Águila, Argelia, El Dovio y Calima El Darién«, detalló Lenis.

En Risaralda, Guasarave describe uno de los episodios de desplazamiento reciente: la comunidad de Karradapó, ubicada en el municipio de Puerto Rico, fue desplazada a Medellín por enfrentamiento entre grupos armados. «Estamos haciendo todo lo posible para que estos compañeros sean retornados. Pero sabemos que muchos tendrán miedo de volver a sus territorios porque quedaron afectados por el sismo», dice.

En medio de este panorama, en Chocó ese miedo se está enfrentando con otra estrategia: quedarse. Mecha Forastero cree que las familias del Chocó van a permanecer en sus tierras pese al temor de un desplazamiento masivo hacia las ciudades: “Muchas de nuestras escuelas se cayeron, pero en algunas comunidades los profesores están levantando enramadas tradicionales de madera y paja para retomar las clases de los niños. Y también están construyendo cambuches [ranchos o chozas] para que la gente siga en el territorio”, cuenta.

Leer más | Ecuador: el Estado concesionó tierras ancestrales como baldías y ahora las comunidades kichwas enfrentan el avance de una empresa sobre su territorio

¿Qué piden las comunidades?

La respuesta comunitaria se ha convertido en la principal línea de defensa. Para canalizar el apoyo de la ciudadanía, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) abrió la campaña nacional e internacional “S.O.S. Pueblos Indígenas”, con una cuenta de ahorros oficial en el banco Bancolombia y un centro de acopio en su sede principal de Bogotá para recibir alimentos no perecederos, potabilizadores de agua, mantas, medicamentos, kits de aseo y carpas o plásticos para resguardarse de las lluvias.

De forma paralela, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) envió brigadas humanitarias de la Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) hacia los resguardos más golpeados de Chocó, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Con herramientas para remover escombros, plantas eléctricas de emergencia y víveres recolectados en mingas solidarias, los guardias indígenas se han encargado de abrir caminos y repartir ayudas en zonas donde la maquinaria pública todavía no ha podido entrar.

A esta movilización se han sumado iniciativas de la sociedad civil y de creadores de contenido digital. Varios influenciadores y figuras públicas abrieron centros de acopio independientes y promovieron colectas en redes sociales, con las que han logrado enviar toneladas de víveres, medicamentos y filtros de agua directamente a municipios golpeados como San José del Palmar, Nóvita y Pueblo Rico, en el departamento de Chocó.

Sin embargo, las autoridades indígenas advierten que las donaciones particulares y el esfuerzo propio no reemplazan las obligaciones del Estado. Rosalino Guarupe Joropa, de la ONIC, insiste en que reconstruir las viviendas, las escuelas y las casas de armonización destruidas requiere una concertación institucional que respete la cosmovisión y el ordenamiento territorial propio.

“Necesitamos que el censo oficial incorpore la información de los censos comunitarios y que cualquier intervención en los territorios se haga en armonización con nuestras autoridades y respetando la espiritualidad de los pueblos”, concluye.

*Imagen principal: vivienda afectada en el Valle del Cauca. Foto: cortesía ONIC

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Por eso, tampoco me resultó extraño que diseñara una ceremonia de posesión con alfombra roja y backing fotográfico, como si se tratara de los Premios Óscar, los Billboard, los Grammy o cualquier otro espectáculo de celebridades. Mucho menos me sorprendió verlo, durante una rueda de prensa en la que anunciaba medidas de urgencia frente a la tragedia que afecta a miles de familias por el terremoto, lanzando besos al aire.

Puede que algunos consideren ese comportamiento una estrategia de comunicación. Otros, una manera de mantenerse vigente en redes sociales. Lo cierto es que, mientras el país enfrenta una tragedia de enormes proporciones, el presidente parece empeñado en recordarnos que también sabe posar, provocar conversación y coleccionar «likes».

Pero, más allá del espectáculo, lo que sí esperaba era algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante: resultados.

Esperaba medidas rápidas para las familias que hoy viven en carpas improvisadas, que perdieron sus viviendas y que, en muchos casos, dependen de la solidaridad espontánea de otros colombianos para conseguir siquiera un plato de comida al día. Esa solidaridad ciudadana, admirable y conmovedora, no puede convertirse en sustituto de la responsabilidad del Estado.

A estas alturas, De La Espriella ya debería tener una hoja de ruta clara, concreta y verificable para que el país empiece a superar la tragedia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Su gabinete debería estar trabajando a toda máquina. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora son contradicciones, improvisaciones y anuncios que dejan la preocupante impresión de que buena parte del Gobierno Nacional todavía no entiende las dimensiones reales del país que le corresponde administrar.

El presidente anunció durante su discurso de posesión que congelaría el gasto público. Perfecto. Pero entonces vale la pena preguntar: ¿cómo se congela el gasto público cuando precisamente se necesita realizar inversiones extraordinarias para reconstruir ciudades y municipios devastados por un terremoto?

Después aseguró que no tenía capacidad de endeudamiento debido, según él, al excesivo derroche del Gobierno de Gustavo Petro. Y ahora aparece el anuncio de un préstamo de 200 millones de dólares del Banco Mundial.

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No había capacidad de endeudamiento o sí la había? ¿El gasto se congela o se descongela cuando las circunstancias políticas lo exigen? ¿Se trata de austeridad fiscal o de austeridad selectiva?

Porque gobernar no consiste en lanzar una consigna económica durante un discurso y descubrir, unas semanas después, que la realidad tiene la desagradable costumbre de contradecir los eslóganes.

Y si de contradicciones hablamos, merece capítulo aparte la ministra de Educación, Viviane Morales, quien anunció el incremento de las clases virtuales en las ciudades y municipios afectados donde varios colegios resultaron averiados, con el propósito de evitar que niños, niñas y adolescentes interrumpan sus jornadas académicas.

La intención puede sonar muy bien desde una oficina con internet de alta velocidad, computador, energía eléctrica y aire acondicionado. El problema es que Colombia no se gobierna desde una presentación de PowerPoint.

¿Se puede hablar seriamente de educación virtual para niños y adolescentes de familias que lo perdieron todo y que hoy duermen en carpas improvisadas? ¿De dónde van a sacar los dispositivos electrónicos para conectarse a una clase? Y, suponiendo que el Ministerio de Educación tenga la generosidad de entregarlos, ¿van a proporcionar uno por cada menor de edad? ¿O una familia con tres, cuatro o cinco hijos deberá organizar una especie de campeonato olímpico para decidir quién se conecta a la clase de las ocho de la mañana?

Pero hay algo todavía más preocupante: ¿cómo se implementará esta estrategia en regiones como el Chocó, donde la conectividad sigue siendo una enorme dificultad? ¿Está garantizada la señal de internet en todos los municipios afectados? ¿Se verificó el estado de las redes de telecomunicaciones después del terremoto? ¿Qué ocurrirá en las zonas donde además de las viviendas colapsaron las redes eléctricas y de comunicaciones?

Porque después de un desastre natural, la primera tarea del Gobierno debería ser conocer el territorio. No imaginarlo.

Y mientras el país intenta entender esta colección de anuncios, aparece otro episodio difícil de explicar: el descanso del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en Santa Marta, en medio de una emergencia nacional que demanda presencia, coordinación y liderazgo. Si la imagen que se transmite es que mientras miles de colombianos duermen en carpas algunos funcionarios están disfrutando del paisaje, resulta perfectamente comprensible que la ciudadanía se pregunte dónde están las prioridades del Gobierno.

A eso se suma la desafortunada propuesta del ministro del Interior, Rodrigo Lara, a las personas de Buenaventura que perdieron sus viviendas: entregarles cemento para que ellas mismas se encarguen de reconstruirlas.

Francamente, resulta difícil decidir qué es más preocupante: la propuesta o la tranquilidad con la que parece haberse formulado.

Quizá, siguiendo esa lógica, el próximo paso sea entregarles ladrillos a las víctimas, una pala, un casco y un manual de construcción para que el Estado pueda declarar inaugurada la reconstrucción sin tener que involucrarse demasiado.

Mientras tanto, Abelardo De La Espriella intenta desviar parte de la conversación nacional con su famoso «Libro Blanco», mediante el cual busca impulsar una persecución judicial contra altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y contra el propio exmandatario.

Puede que ese asunto tenga importancia y que las investigaciones que correspondan deban adelantarse. Nadie está diciendo lo contrario. Pero hay un pequeño detalle que el presidente parece olvidar: hoy gobierna él.

Ya no está en campaña. Ya no es el candidato que podía recorrer escenarios, lanzar acusaciones, señalar culpables y convertir cada declaración en un espectáculo político. Ahora es el presidente de la República. Y eso significa que las excusas, los discursos incendiarios y las estrategias de distracción tienen una fecha de vencimiento: el día en que comienzan las responsabilidades.

El país no necesita que el presidente grite más fuerte en un micrófono ni que señale a más personas como corruptas. Necesita que sus funcionarios lleguen a los territorios, coordinen ayudas, reconstruyan viviendas, restablezcan servicios públicos, garanticen la educación, atiendan a las víctimas y presenten resultados.

Porque, señor presidente, gobernar no es una campaña electoral permanente.

Gobernar es tomar decisiones incómodas cuando nadie tiene ganas de tomarlas. Es reconocer los errores antes de que se conviertan en tragedias mayores. Es corregir a los ministros cuando se equivocan. Es estar donde están los ciudadanos cuando las circunstancias más lo exigen. Y, sobre todo, es responder por los resultados.

Hasta ahora, lamentablemente, los resultados que deberían llenar titulares brillan por su ausencia.

Lo que sí hemos visto es la extraordinaria solidaridad de millones de colombianos que se han puesto la camiseta para ayudar a quienes más lo necesitan. Han llevado comida, agua, ropa, medicamentos y toda clase de ayudas. Lo han hecho espontáneamente, sin que nadie se los ordene y, mucho menos, porque la primera dama, Ana Lucía, haya descubierto de repente una fórmula mágica de solidaridad nacional.

Puede que ella también esté trabajando y que su labor merezca reconocimiento. Pero la solidaridad de los ciudadanos pertenece a los ciudadanos. No puede ser presentada como un logro personal de la Casa de Nariño ni como una extensión de la imagen presidencial.

Señor presidente Abelardo De La Espriella: usted quiso ser presidente de Colombia. Lo consiguió.

Ahora le corresponde la parte menos glamorosa del cargo: gobernar.

Y gobernar implica mucho más que una alfombra roja, una fotografía perfectamente iluminada, un beso lanzado al aire, una denuncia contra el gobierno anterior o una publicación viral en redes sociales.

Mientras usted administra la imagen, miles de colombianos administran la tragedia.

Mientras usted intenta dominar la conversación pública, ellos intentan reconstruir sus vidas.

Mientras usted anuncia, ellos esperan.

Y mientras ellos esperan, el tiempo pasa.

Por eso, señor presidente, con todo respeto: menos espectáculo y más Estado; menos pose y más gestión; menos discurso y más resultados.

Porque la Presidencia de la República no es un escenario.

Y Colombia, definitivamente, no está para aplaudir una función.

Está esperando que alguien gobierne.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero

La música será a oportunidad para apoyar a las víctimas ya que el recaudo de la boletería será donado.

Este sábado 15 de agosto, a las 4:00 p. m., en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano la Orquesta Filarmónica de Bogotá, realizará el Concierto de solidaridad.

En el escenario, la Orquesta Filarmónica de Bogotá estará bajo la dirección del venezolano Enluis Montes Olivar y contará como solista con el pianista bogotano Daniel Díaz Padilla.

El programa incluye obras de Carl Maria von Weber y Piotr Ilich Chaikovski, además del Concierto para piano No. 1 de Serguéi Rajmáninov, que tendrá a Díaz Padilla como solista.

Además, el Auditorio Fabio Lozano funcionará como punto de acopio para recibir donaciones en especie durante la jornada. Se puede llevar agua potable embotellada, cobijas, colchonetas y sábanas; alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, granos y leche en polvo; artículos de higiene personal como jabón, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales y biberones; y suministros de primeros auxilios como alcohol, guantes quirúrgicos o de látex, tapabocas y gasas estériles.

Será una tarde en la que el encuentro alrededor de la música tendrá un propósito adicional: sumar esfuerzos para acompañar a las familias y comunidades afectadas por el terremoto. De esta manera, Bogotá se une para acompañar y ayudar a las víctimas del terremoto.

liartedialogosobrearte@gmail.com / @LiarteconArte

Han pasado seis semanas desde que el doble terremoto de 7.2 y 7.5 grados de magnitud devastara Venezuela el 24 de junio. La última cifra oficial presentada el 3 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indica que han muerto 6125 personas, mientras que la cifra oficial de desaparecidos ofrecida por el gobernador de La Guaira –la zona más afectada por el doble sismo– José Alejandro Terán, habla de unas 1400 personas.

En medio del dolor y la destrucción y mientras los sobrevivientes siguen buscando a sus familiares enterrados bajo los escombros de las casas y los edificios colapsados, empiezan a surgir nuevas preguntas sobre los daños a largo plazo que podría dejar esta tragedia. El gobierno venezolano indica que al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos. Además, 6433 viviendas fueron clasificadas como de alto riesgo y otras 9866 están bajo la categoría de uso restringido.

Leer más | Venezuela: estudio califica de “emergencia humanitaria” situación en territorios indígenas debido al avance de la minería ilegal y presencia de grupos armados

La mayor devastación ocurrió en La Guaira, una ciudad costera ubicada a 30 minutos de Caracas. Aunque en la capital venezolana también colapsaron casas y edificios, los derrumbes en La Guaira destruyeron gran parte de la ciudad. Según un reporte elaborado por las Naciones Unidas a pocos días de ocurridos los sismos, los daños físicos directos en edificaciones e infraestructura alcanzaban aproximadamente 37 000 millones de dólares.

“Se vieron como nubes inmensas de polvo y, en el caso de La Guaira, mucho mayores porque la cantidad de edificaciones que colapsaron fueron muchas más”, dice Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima21. “Esa cantidad de polvo puede producir daños a la salud humana y ambiental. No tenemos conocimiento ni referencia de que se esté haciendo alguna evaluación sobre esos daños para que se puedan hacer advertencias a la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables”, agrega Álvarez.

Tras el terremoto, las imágenes de La Guaira mostraban toneladas de cemento, fierros y otros materiales de construcción de los edificios caídos por toda la ciudad. Las fotografías y videos que han circulado tras los terremotos dejan ver una gran destrucción en la ciudad.

El gobierno de Delcy Rodríguez también ha informado que alrededor de 24 000 personas damnificadas permanecen en refugios temporales en Caracas y La Guaira, mientras continúan los trabajos de remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos.

El destino de los escombros

Las primeras semanas de julio empezaron a circular en redes sociales mensajes sobre el destino de la gran cantidad de escombros que había dejado la destrucción de la ciudad.  “Desde el principio se vio que había camiones que estaban extrayendo el material de las grandes montañas de escombros y echándose directamente al mar”, comenta Álvarez sobre lo que se denunciaba en ese momento.

“Todos estos escombros que van saliendo, se van depositando en diferentes lugares, afectan la flora y la fauna de los ecosistemas en general. El daño mayor puede ocurrir si son echados al mar. Las grandes cantidades de sedimentos pueden destruir zonas donde hay especies que son importantes en la cadena alimenticia, en los sedimentos, pueden afectar zonas importantes de pesquerías”, comenta Álvarez y agrega que estos desechos pueden contener productos con algún tipo de elemento tóxico.

A la bióloga Mariana Hernández, investigadora doctoral en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, le preocupa el destino de los desechos en La Guaira, sobre todo, si estos se depositan en la zona costera, debido a que “la energía de olas puede hacer que los escombros se rompan, se fragmenten y se descompongan rapidísimo”.

Para Hernández, el caso del plástico es grave por la problemática de los microplásticos. “Mientras más oleaje lo golpee, más rápido se va a ir descomponiendo en fragmentos pequeñitos, estamos hablando de mesoplásticos y microplásticos desde 5 milímetros hasta menos de un milímetro que ni siquiera podemos ver, pero que tienen impactos gravísimos”, comenta la experta sobre cómo los escombros que puedan llegar al mar terminan transformándose.

A la bióloga no solo le preocupan los microplásticos, sino también el resto de componentes de los escombros que ha dejado el derrumbe de decenas de casas y edificios. “Tenemos concreto, arena, ladrillos, materiales de construcción muy diversos. Metales; asbesto, que es muy preocupante; tuberías de PVC; pinturas con elementos pesados y, bueno, toda esta mezcla hace que el impacto ambiental sea muy fuerte, justamente porque se colocan en una zona donde las olas hacen que se rompa rápidamente”.

Hernández explica que cuando se arrojan escombros sobre un suelo marino se genera una especie de turbidez y oscuridad. “Cuando está muy turbio, se bloquea la luz y afecta a las especies que tienen branquias y que son filtradoras. Pero además tenemos la contaminación química y, como decía, los metales pesados de las pinturas y el asbesto me preocupa muchísimo”.

Otra preocupación son las pequeñas áreas de arrecifes de coral que hay en la zona de La Guaira, comenta Hernández, con especies de macroalgas, porque ninguna de estas especies “va a poder escapar del enterramiento y de la turbidez”. Los escombros que llegan al mar también afectarán erizos, caracoles, mejillones, bivalvos y todas las especies que forman parte de este ecosistema. “Es gravísimo porque va afectar los huevos y las larvas de los peces en una zona pesquera donde habitan especies de importancia para los pescadores para el país”.

“No es un impacto de hoy, sino es un impacto también para mañana, no es un ecosistema que se va a haber afectado a corto, sino más a largo plazo”, agrega Hernández.

Desde que se informó que los restos de los edificio se estaban depositando en la costa de La Guaira e incluso, arrojándose al mar, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que «bajo ningún concepto, ni a nosotros ni a los expertos internacionales que convocamos, se nos va a ocurrir lanzar los escombros de las edificaciones colapsadas al mar» y aseguró que las autoridades estudian mecanismos para clasificar y reutilizar más de un millón de toneladas de residuos.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de Venezuela también se pronunció ante las denuncias y a mediados de julio emitió un comunicado en el advirtió que tendrá “tolerancia cero” ante los vertidos ilícitos de escombros al mar. “Verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones que van desde multas hasta procesos penales, así como la obligación de restaurar los espacios afectados”, indicó en el comunicado.

En una reunión del ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y del Equipo de Evaluación de Desastres y Coordinación de las Naciones Unidas (UNDAC) se definieron protocolos para la gestión técnica y segura de los escombros, especialmente en Caracas y La Guaira.

“La movilidad de escombro tiene que hacerse con mucho cuidado”, dice Gustavo Carrasquel, Director General de Azul Ambientalistas, una organización dedicada a la conservación de los océanos. “Se deben clasificar por tipo de material para posteriormente triturarlo, molerlo o transformarlo en otro tipo de materia prima que pueda servir nuevamente para la construcción, para algún tipo de infraestructura”.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), los escombros de los terremotos no se deben depositar en zonas de áreas naturales protegidas, barrancas, marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos ni arqueológicas, y tampoco sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Semarnat también sugiere que estos desechos se deben ubicar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas. Además, se deben reciclar y, de ser posible,  reutilizar los materiales en otras obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, así como en rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.

Mariana Hernández menciona que si bien el gobierno venezolano ha asegurado que existe tecnología para reutilizar estos escombros, no confía en que esto se concrete. “No hay detalles sobre eso. Sabemos que para cosas mínimas como separación y reciclaje de residuos del día a día no existen los espacios por parte del gobierno, entonces es difícil imaginar que tenemos la tecnología y las condiciones para una emergencia y una situación de esta magnitud”.

Leer más | «En Venezuela, contamos más de 100 000 flamencos gracias a la ciencia ciudadana» | ENTREVISTA

Los efectos del polvo

Una de las preocupaciones sobre los escombros del terremoto es sobre los efectos que pueda tener el polvo en la salud humana. “Estamos viendo familiares que están yendo a colaborar en la zonas de derrumbes con las labores de desescombrar y el polvo y todo lo que se levanta al quitar los escombros afecta, por ejemplo, a los asmáticos y estamos viendo reagudizaciones de asma y personas con problemas de bronco espasmo porque han aspirado el contenido del polvo”, señala Carmen Limiñana, médico de emergencias del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana, quien viajó a La Guaira dos semanas después de los sismos.

Limiñana también señala que se están presentando “patologías crónicas reagudizadas” porque las personas que han perdido su hogar y sus pertenencias y que padecían alguna enfermedad crónica se quedaron sin tratamientos, sin el control de los sistemas sanitarios que también resultaron deteriorados. “Eso es lo que corresponde a estas etapas [de la emergencia]”, comenta.

A la bióloga Mariana Hernández le preocupa que las sustancias como el asbesto que se pueda encontrar como parte de los materiales de construcción también puedan significar un riesgo para la salud de quienes están en contacto con los escombros.

Sobre este tema, Damián Soriano García, ingeniero de edificación oficial del Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete, en España, y Responsable de la Sección de Intervención en Catástrofes de Bomberos Sin Fronteras España, explica que el asbesto normalmente va asociado a elementos de hormigón que forman parte de productos prefabricados. Elementos usados para proteger las estructuras del fuego también pueden contener amianto o asbesto. “Antiguamente se aplicaba amianto a elementos de impermeabilización de cubiertas, placa de fibrocemento, incluso a tuberías”, explica el experto.

“Durante los trabajos de remoción de los restos de colapso o incluso de en fase de rescate de cuerpos, es necesario llevar un traje encapsulado, es decir, una protección exterior, un traje que podamos tirar y gestionar adecuadamente como residuo. También es importante la protección de manos, de cara, ojos y una máscara facial para no respirar las fibras” respirables de asbesto, aconseja Soriano.

El asbesto es un grupo de minerales en forma de fibras diminutas resistentes al calor y a muchas sustancias químicas. La exposición prolongada a estas fibras puede ocasionar problemas serios en los pulmones y causar cáncer, según la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos. Actualmente está prohibido en Venezuela pero sigue formando parte de las construcciones antiguas, como las que colapsaron con el terremoto.

“Para que haya asbestosis tiene que darse una exposición prolongada como ha ocurrido con la gente que trabaja en fábricas durante muchos años. En este caso, que es una exposición aguda, por tanto, una patología muy grave del asbesto no se va a producir”, asegura la médico Limiñana.

No obstante, el ingeniero y bombero Soriano advierte que es muy importante que las personas que estén en contacto con la gestión de los escombros de los edificios derrumbados “cuenten con equipo de protección individual para evitar la inhalación de esas fibras”. Sugiere también que el tratamiento de estos residuos se realice en una zona de acopio determinada con una gestión adecuada.

“La manipulación es peligrosa cuando se rompe una placa de fibrocemento con amianto o asbesto, por tanto, todos los equipos de protección personal que hayan estado en contacto con ese tipo de material tienen que ser también gestionados como residuos”, aclara Soriano.

*Imagen principal: vista aérea de Caraballeda, estado de La Guaira, tras los dos terremotos ocurridos en Venezuela. Foto: Miguel Medina/Pool Photo vía AP

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

El 31 de enero de 1906, se presentó el maremoto conocido como La Visita, inició a las 10:36 am y tuvo una duración de 8 minutos, con una magnitud de 8.8 escala de Richter, el Servicio Geológico Colombiano -SGC- anota que es el sismo de mayor magnitud instrumental que se ha registrado en la historia de Colombia. Este afectó la costa pacífica, comprendida entre Bahía Solano en el Chocó y Esmeraldas en Ecuador; anotan, además, que entre las 7:00 y 9:00 de la mañana hubo dos sismos más que causaron algunos daños, razón por la cual el gran terremoto no tuvo muchas víctimas, en razón a que la gente estaba en alerta. El daño destructivo afectó El Charco, Tumaco, Francisco Pizarro, La Tola y Mosquera en Nariño; Timbiquí y López de Micay en Cauca; y Limones y La Tola en Ecuador. El daño severo afectó Barbacoas en Nariño y Esmeraldas y Otavalo en Ecuador. El daño moderado afectó a Popayán en Cauca, Litoral del San Juan, Bajo Baudó y Bahía Solano en Chocó e Ibarra en Ecuador. Y como daño leve afectó a Ipiales, Túquerres y Pasto en Nariño; Cajibío en Cauca; Cali en Valle; Pereira en Risaralda; y Manizales en Caldas.

El terremoto destruyó casi en su totalidad los poblados del Pacífico nariñense y ecuatoriano, sobre todo por el tsunami generado, sus efectos llegaron hasta las costas del Japón. Se habla de un aproximado de 1500 muertos, aunque el SGC habla de 600 muertos: en Tumaco 149, El Charco 50, Playa Mulatos 64, Playa Amarales 83, en Timbiquí y Guapi 150. El periódico El Trabajo de Popayán, recoge la siguiente cifra de fallecidos: Morro de Salahonda (4 muertos), Hojas Blancas (10 muertos), San Ignacio (22 muertos), San Juan (149 muertos), Caballos (8 muertos), Guascama (11 muertos), Timbiquí (53 muertos), Sanquianga (12 muertos), Mulatos (64 muertos), Amarales (83 muertos), Boquerones (48 muertos), La Candelaria, El Coco y otros asentamientos en Micay (100 muertos), Cuerval, Quiroga (32 muertos), Cansara (2 muertos), Mosquera (2 muertos), Varena (9 muertos).

Después del terrible terremoto, viene el tsunami, que es el que mayores victimas cobrará, el SGC anota que en Tumaco dos condiciones atenuaron sus efectos: 1. Su ocurrencia durante bajamar y 2. El hecho que las olas impactaron contra dos islas ubicadas frente a la costa. En cambio las poblaciones costeras de Francisco Pizarro, Mosquera, La Tola, Guapi, Timbiquí y López de Micay fueron arrasadas por el tsunami. En Limones, Ecuador, desaparecieron 4 islas. Las olas del tsunami fueron tan severas, que al entrar a los esteros hicieron devolver los ríos, destruyendo de esta manera construcciones y cultivos ribereños.  En Tumaco, las olas alcanzaron una altura de 6 metros, en Hawái las olas fueron de 5.8 metros, alcanzando este las costas de Colombia, Ecuador, Costa Rica, México y Japón.

El SGC anota algo que llama la atención, ya que en muchos testimonios se afirma que brotó agua caliente, quemando a muchas personas, esto se llama licuefacción, sucedió principalmente en Cabo Manglares y en Boca Grande, en donde la tierra se abrió por varias partes y por las grietas emergió agua caliente, provocando quemaduras en varias personas. Así mismo en El Charco y Mosquera, algunas zonas costeras se hundieron casi un metro, fenómeno conocido como subsidencia. La mayoría de casas quedaron destruidas en Guapi, El Charco, Barbacoas y en Esmeraldas, en Tumaco se destruyeron 4 casas y muchas quedaron seriamente averiadas. En Pasto cayó la cúpula de la iglesia de San Felipe, así como la torre de la iglesia de San Pedro en Cali y en Pereira la iglesia de Nuestra Señora de la Pobreza presentó tantos daños que debió ser reconstruida. En Túquerres la torre de la iglesia cayó, matando a 5 personas.

El principal informe que recoge científicamente el terremoto del 31 de enero de 1906 fue publicado en Alemania por Rudolph & Szirtes, en la traducción que hizo la Universidad del Valle en 1991, se anota: “es una de las evaluaciones científicas más detalladas de los efectos del terremoto ocurrido el 31 de enero de 1906, el más grande que ha afectado el territorio colombiano en el presente siglo y el tercero en tamaño a nivel mundial desde que se inició el registro instrumental en la sismología, hacia finales del siglo pasado.”, hoy los especialistas anotan que desde que se tiene registros, hasta el 2024, es el 7º terremoto más violento registrado.

Un habitante de Tumaco fue entrevistado el 9 de abril de 1906 para el Daily Chronicle de Londres, el cual transcribimos del informe original, dada la importancia de lo que ahí se narra:

“Yo me encontraba el 31 de enero a las diez y media de la mañana en la calle, delante de mi casa, conversando con un vecino, cuando súbitamente y sin el menor preaviso comenzó el movimiento sísmico más terrible que jamás haya sentido. Todos fueron arrojados al suelo. Toda la Isla estaba en movimiento y todas las casas se mecían de un lado a otro, como un barco en mar embravecida, de tal manera que uno tenía que temer que en cualquier momento podían desplomarse y enterrarnos bajo sus escombros. El movimiento del terreno fue tan fuerte que hacía imposible moverse del sitio. Mi vecino vio su propia casa, ubicada a pocos centenares de metros, y temía su desplome: sin embargo no fue capaz de dirigirse hacia allá y socorrer a su familia. Yo también intenté varias veces y en vano llegar a mi esposa, quien se encontraba en la casa en el piso superior; ella había sido arrojada al suelo y no fue capaz de llegar hasta la escalera. Cuando yo hacía el tercer intento de llegar hacia ella y ayudarle, justo había logrado pasar por la escalera tambaleante y salir de la casa, así que por fortuna escapó de las últimas y terribles vibraciones. Yo mismo escapé de un gran peligro sólo con gran esfuerzo.

Estas terribles sacudidas duraron 5 minutos completos y el susto de estos 5 minutos jamás lo olvidaré. El tremendo movimiento del suelo y de las casas, así como el ruido ensordecedor que acompañaba los movimientos, aún hoy en día me causa horror recordarlo. Cuando al fin pudimos volver a entrar a la casa, encontramos todo en el peor desorden. Dos grandes contenedores de hierro para agua habían sido tumbados y en su caída causaron grandes daños; en todas las piezas el piso estaba cubierto con los escombros de vidriería, vajilla de barro cocido, cuadros, lámparas etc.: todo estaba totalmente destrozado y en las demás casas se veía el mismo cuadro dé destrucción. Si todas estas casas hubieran estado hechas de ladrillos y piedras, toda la ciudad habría sido destruida por el primer impacto del movimiento, enterrando así bajo sus escombros a la mayoría de los habitantes, pero como estaban hechas de madera, muy dura además y muy bien encajada, poseen una gran elasticidad y resistieron muy bien a los movimientos.

Una media hora más tarde se regó en la población un gran susto, porque la mar estaba embistiendo hacia la isla con gran violencia. Afortunadamente, la ola de marejada rompió contra las dos islas que están localizadas delante de la ciudad y como en ese momento la marea estaba baja, el agua se podía extender sin inundar a la ciudad. 20 minutos más tarde llegó una segunda ola, la cual igualmente pasó sin causar daños, sin embargo, más tarde se notó que una de las dos islas que protegían a la ciudad había sido arrasada por el mar. Varias casas ubicadas en la costa fueron tumbadas por la ola, otras fueron averiadas fuertemente, pero no hubo ninguna víctima. En la costa de tierra firme la situación fue muy diferente. En una distancia de 80-100 km había muchas poblaciones y plantaciones que fueron destruidas sin excepción, como también lo fueron aquellas localizadas a lo largo de los muchos ríos, la mayoría probablemente por la gran ola de marejada que siguió al terremoto. La pérdida en vidas humanas se estima en total en 500-1000; sin embargo, es probable que la cifra exacta jamás se conozca.”

El mismo informe toma otro testimonio, el cual también transcribimos:

“Una confirmación completa de las observaciones hechas sobre todo del fenómeno sísmico la obtenemos a partir del informe de otro testigo, quien antes de la ocurrencia del terremoto se había dirigido hacia la isla de Pindo, localizado hacia el S de Tumaco, para revisar los trabajos en su finca. Cuando en su viaje de regreso se encontraba nuevamente en cercanías de la playa frente a Tumaco, la tierra empezó a sacudirse súbitamente, de tal manera que sólo con esfuerzo pudo mantenerse de pie. Las palmeras se mecían, los cocos caían y las chozas de los pescadores en la playa estaban en movimiento ininterrumpido. Durante todo este tiempo se escuchó un ruido fuerte. Tan pronto se había dado cuenta del fenómeno, se dirigió derecho hacia la playa; sin embargo habiendo llegado a su límite tuvo que detenerse súbitamente ya que la arena que tenía por delante se encontraba en un movimiento vertical, el suelo se abría y se volvía a cerrar, de tal manera que le fue imposible alcanzar su bote. Después de 3-4 minutos todo se tranquilizó y pudo regresar con su bote a Tumaco, donde encontró todo en estado de terrible desorden. Media hora después del sismo llegó una ola de marejada con gran violencia y se rompió a un lado de la ciudad, donde fueron arrasados por el agua algunos astilleros. La ola de marejada llegó en período de bajamar; su altura fue de 2.5 metros. Este fenómeno se repitió dos veces, después de lo cual volvió el estado previo.”

En cuanto a la ola de casi 6 metros, según informes de los testigos, esta no destruyó la ciudad por dos razones que se recogen en el informe antes anotado:

“Se señala como afortunada circunstancia para Tumaco que la marejada se presentara en bajamar, debido a que ninguna parte de la isla totalmente plana está a más de unos 3 m sobre el nivel del mar, de modo que en pujas el agua sube inclusive al nivel de las calles. Si el acontecimiento se hubiera presentado en marea alta irremisiblemente toda la ciudad habría sido arrasada y habría compartido el destino de otros puntos de la costa. Ciertamente en Tumaco se adiciona además la circunstancia favorable de que a la isla principal se anteponen frente al mar dos islas más pequeñas, las cuales soportaron el primer embate de las olas del mar y quebraron su fuerza. Así sucedió que a pesar de la altura de la marejada sólo las calles quedaron cubiertas por el agua y no se produjo ningún daño por las olas.”

El terremoto y luego el tsunami fueron tan devastadores que en varios rincones del planeta se registró la noticia, particularmente en aquellos que ya tenían algunos sistemas de medición, tales como Inglaterra y Estados Unidos, en este último el Chester Signal (Montana) del 22 de febrero, anotó: “Muchas ciudades de la costa de Colombia, situadas entre Tumaco y Buenaventura, fueron destruidas por un maremoto tras el terremoto del 31 de enero. Se perdieron más de 300 vidas.” Y el Boston Evening Transcript del 26 de febrero, registró:

“Grandes daños en la costa colombiana, tras sismo. A las once menos veinticinco minutos de la mañana del día treintaiuno se produjo un terremoto que duró unos siete minutos, siendo el movimiento de norte a sur. La ciudad quedó considerablemente sacudida. Los daños, sin embargo, fueron pequeños, pero la gente fue arrojada sobre una tabla, arrodillada, llorando y orando en las calles. Todos los relojes del pueblo estaban parados, mientras que los cables estaban rotos en muchos lugares. Después del terremoto se produjo un maremoto, que aquí no tuvo ninguna importancia, salvo los informes de la costa. Incluyendo un área de cincuenta leguas al sur, dicen que dos mil murieron por el derrumbe de casas o ahogados por la ola, habiéndose perdido familias enteras. Los veleros informaron haber encontrado cientos de cadáveres y cantidades de peces muertos, y muchos pequeños asentamientos fueron completamente arrasados. El daño causado por el terremoto y el maremoto en Tumaco fue mayor que aquí y se perdieron algunas vidas. La conmoción se sintió en el interior y cinco personas murieron en Túquerres. En Popayán la gente recurrió a tiendas de campaña y se celebraron servicios de acción de gracias. Los días 21 y 22 de febrero se sintieron doce réplicas, pero se cree que todo peligro ya pasó.”

La ubicación del Pacífico colombiano y ecuatoriano entre las placas de Nazca y la Sudamericana hace que el riesgo de terremotos sea frecuente, con los subsecuentes tsunamis, de ahí que se hayan registrado algunos considerables, los cuales ya cité en otra columna, sin embargo aquí los recordamos nuevamente:

1882, septiembre 7, magnitud 8 escala de Richter.

1904, enero 20, magnitud 7.8 escala de Richter.

1906, enero 31, magnitud 8,8 escala de Richter, el más violento registrado hasta el momento.

1933, octubre 2, magnitud 6,9 escala de Richter.

1942, mayo 14, magnitud 7,9 escala de Richter.

1953, diciembre 12, magnitud 7,4 escala de Richter. Graves daños en Tumaco y en esmeraldas.

1958, enero 19, 9:09 am, 7,8 escala de Richter. Dejó un aproximado de 500 muertos en las costas de Nariño y Esmeraldas.

1979, diciembre 12, magnitud 7,8 escala de Richter. Dejó aproximadamente 500 muertos y desaparecieron varias playas y poblados, siendo las más afectadas El Charco y Guapi.

En 1906 hubo dos fuertes terremotos más, uno en San Francisco, EE.UU., el 18 de abril, y en Valparaíso, Chile, el 16 de agosto, ambos muy destructivos.

Estos datos antes que generar temores deben alistar a los entes gubernamentales encargados para preparar a los habitantes del territorio ante posibles desastres naturales, para evitar de esta manera pérdidas humanas y evitar en la medida de lo posible también pérdidas materiales, reconsiderando los materiales de construcción, quizá siendo necesario volver a las construcciones tradicionales, que han demostrado ser muy buenas para el territorio.