Antes de seguir esta lectura, usted, lector, deberá saber que no soy uribista y lo que busco en estas líneas es un poco de objetividad. Debemos reconocer, a la luz de la verdad, cuando algo es cierto y cuando nos quieren “meter gato por liebre”.

Si bien es innegable que Uribe no logró un escaño, el escenario debe verse de forma más integra. No puede hacerse un análisis apresurado en este caso.

Una de las cosas que más se deben analizar es que fue el mismo Uribe quien eligió la casilla 25 en una lista cerrada. Él mismo sabía que la tarea que se proponía era impulsar desde atrás la lista, ocasionalmente entrar. En el caso de que quisiera entrar, habría sido el cabeza de lista (número 1) como lo hizo en 2018 cuando obtuvo casi 900.000 votos.

Asimismo, el expresidente ha sido objeto de los procesos judiciales más importantes de los últimos años: testigos falsos, ejecuciones extrajudiciales entre otros. Muy a pesar del costo mediático y del desgaste de su imagen, su colectividad aumentó la cantidad de escaños en el Senado de la República, con una proporción parecida a la bancada de gobierno.

Aunado a lo anterior, plausible que los resultados obtenidos por el Centro Democrático (partido de Uribe Vélez) logró ese crecimiento sin las cuotas burocráticas, los cuantiosos contratos y la “mermelada” que tienen aquellos que están en el Gobierno nacional.

Por otra parte, el expresidente logró imponer a su candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, como la persona que hoy día tiene mayor votación real y demostrada en Colombia. Rompiendo el paradigma que se venía construyendo de la dualidad entre Cepeda y de la Espriella, dejando a este último en una situación extremadamente compleja de cara a la contienda electoral.

Finalmente, a pesar de que muchos nos quejamos de la cumbre que tuvieron los expresidente Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria en el mes de octubre de 2025, su encuentro resultó muy provechoso para ambos, Uribe lidera la segunda fuerza política más grande del país y Gaviria hace lo suyo con la tercera, el Partido Liberal Colombiano.

Pueda ser que los medios profanen una derrota y hablen de quemados, pero la realidad dista mucho de esos titulares. Uribe ganó las elecciones, volvió a demostrar que es un líder con capacidad de organizar sus equipos y enfilarlos para sus objetivos.

La Reforma Pensional —probablemente el mayor logro político del Gobierno— hoy está en vilo en los estrados judiciales por vicios de trámite. La Reforma Laboral avanzó a medias y dejó inconformes incluso a quienes la impulsaban. La reforma a la salud naufragó en el Congreso. La tributaria generó controversia. Las propuestas de consulta popular y hasta la idea de una nueva Constitución quedaron en el terreno del discurso.

Aunque mucho análisis se podría hacer sobre las derrotas de dichos procesos, solucionaban problemas de los colombianos, pero no el que más los afecta. Según la encuesta de INVAMER publicada en febrero de 2026, el 30% de los colombianos cree que el mayor problema del país es la seguridad. Adicionalmente, afirma que 3 de cada 10 colombianos no se sienten seguros en su barrio, vereda o sector de residencia. El miedo dejó de ser una percepción aislada y se convirtió en experiencia cotidiana.

Podemos debatir si el problema es la falta de pie de fuerza, la inteligencia, la inversión social o la prevención. Todo eso es válido. Pero hay un embudo donde el sistema colapsa: la judicialización. Cerca del 91% de los capturados por cometer delitos en Colombia terminan siendo liberados y por ende la impunidad cunde en todos los rincones del país.

No importa qué tantas capturas logren realizar las Fuerzas Armadas o qué tantos cargos y delitos tengan los criminales. Mientras que la justicia siga siendo tan laxa y prevalezcan los derechos de los capturados sobre el beneficio común de la seguridad, no podremos avanzar.

En ese sentido, la reforma que si necesita Colombia es una para la justicia. Esa reforma debe contemplar el final de impunidad para aquellos que cometan crímenes, sin distingo del tamaño o el impacto de este. La justicia debe incluir la Inteligencia Artificial – IA, para garantizar la agilidad de los procesos. Se debe reevaluar la ley de pequeñas causas, puesto que la justicia en si misma es una gran causa, y finalmente, se tiene que tener un marco jurídico más sólido para aquellos insurrectos que quieran dejar las organizaciones criminales: que dejen de delinquir, pero que paguen por sus crímenes.

Esa propuesta la ha venido planteando Wilson Ruíz Orejuela, exministro de Justicia y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy es candidato al Senado por Movimiento Salvación Nacional con el número 20. Wilson es un valluno que conoce del Estado y en materia jurídica, tiene experiencia en lo público, lo privado y la academia. No es de los youtubers y tiktokers que creen que pueden ganarse la vida viviendo del Estado, ganando millones y contando con esquema de seguridad.

Más allá de simpatías o antipatías partidistas, el debate debería centrarse en esto: votar por gente inexperta y youtubers o vamos a entregar el poder a quien se ha preparado para ejercerlo. La seguridad no se resuelve con discursos épicos ni con guerras retóricas en redes sociales. Se resuelve con instituciones que funcionen y con justicia que se cumpla.

A todos quienes leen esta columna, los invito a que voten por una propuesta seria, con experiencia, lejos de los lentes de las redes sociales, pero muy cercana a la experiencia y las capacidades necesarias para el servicio legislativo.

Por supuesto, no se trata de negar que cualquier ciudadano pueda aspirar a un cargo de elección popular. Esa es la esencia de la democracia. El problema es otro: la creciente tendencia a convertir la política en un juego de métricas, likes y algoritmos, donde la notoriedad pesa más que la preparación, la capacidad de deliberación legislativa o el compromiso con las comunidades. Los partidos, en vez de fortalecer la militancia y promover nuevos liderazgos con trabajo territorial, parecen preferir el atajo del “rostro reconocido” que pueda traducirse en votos fáciles.

Esta práctica es una confesión brutal: muchos partidos han renunciado a su responsabilidad de formar políticamente a la ciudadanía. Si antes un aspirante debía demostrar experiencia, trabajo social o conocimiento de asuntos públicos, hoy basta con que tenga un canal de YouTube exitoso o una cuenta de TikTok con miles de seguidores. La política, que debería ser el espacio para resolver los grandes problemas colectivos, corre el riesgo de convertirse en un escenario más del entretenimiento.

Es llamativo que todas las corrientes —izquierda, centro y las nuevas alianzas que buscan espacio— hayan caído en la misma lógica. El Pacto Histórico, que alguna vez se presentó como una ruptura con las viejas prácticas, abre sus listas a influenciadores como si su presencia garantizara renovación. La coalición Ahora Colombia hace lo propio con personajes cuya relevancia proviene sobre todo del ecosistema digital. Y el Frente Amplio Unido, impulsado por viejos conocedores del poder como Samper y Barreras, incorpora a un comentarista político con amplia difusión en redes. Todos ellos, sin importar color político, parecen responder al mismo impulso: capitalizar audiencias, no fortalecer instituciones.

Cambio Radical no se quedó atrás, y para eso trajo a sus listas a Andrés ‘Felipe Saruma’ Camargo como parte de sus candidatos a la Cámara por Atlántico, mientras que los liberales inscribieron a Bitter ‘Señor Biter’ Yeison, activista contra las fotomultas.

¿Qué efecto puede traer una intervención de Wally en la plenaria del Senado de la República?, si acaso risas. Es por eso que sorprende su llegada a la política en las filas de izquierda, porque a diferencia de Carlos Gaviria que generaba respeto y silencio mientras intervenían, me atrevería a pronosticar que con el influencer y humorista político no sucederá lo mismo.

Durante estos cuatro años hemos visto lo que han producido intervenciones en la opinión pública de congresistas como Jota Pe Hernández, Miguel Polo Polo y en el Concejo de Bogotá, podemos mencionar a Edisson Julián Forero (Fuchi).

El resultado es devastador para el Congreso. En un país con desafíos inmensos —reforma de salud, ordenamiento territorial, crisis ambiental, seguridad, pobreza, desigualdad—, lo mínimo que se espera es que quienes lleguen a legislar posean rigor, trayectoria o al menos una base sólida de comprensión de lo público. No basta con denunciar, opinar o hacer humor político en plataformas digitales. La tarea parlamentaria exige estudiar proyectos, negociar con bancadas, revisar presupuestos y entender complejos entramados jurídicos. Convertir esa responsabilidad en una extensión de la fama en redes no solo demuestra desprecio por el electorado; pone en riesgo la calidad de las leyes que regirán a millones de personas.

Los partidos se defienden diciendo que necesitan acercarse a los jóvenes, “modernizar” la política o incorporar voces frescas. Pero es falso que la juventud demande superficialidad. Lo que exige es coherencia, transparencia y oportunidades reales de participación. Hay miles de líderes sociales, académicos jóvenes, defensores comunitarios, estudiantes organizados, emprendedores y activistas con trayectoria verificable que podrían representar genuinamente ese relevo generacional. Sin embargo, ellos rara vez encuentran espacio en las listas porque no ofrecen el “gancho” mediático de alguien viral.

Al final, lo que está en juego es la calidad democrática. Si los partidos prefieren la visibilidad sobre la idoneidad, si renuncian a educar políticamente a sus militantes y optan por candidatos como si estuvieran curando contenido para una red social, entonces no solo se empobrece el debate legislativo: se erosiona la confianza ciudadana. Un Congreso poblado de figuras cuya principal credencial es su fama digital no fortalece la democracia; la vuelve frágil, volátil y vulnerable a la manipulación del momento.

Colombia no necesita más celebridades de Internet en las listas. Necesita partidos que vuelvan a tomarse en serio su función de representar, educar y construir proyecto político. Mientras sigamos confundiendo visibilidad con liderazgo, likes con legitimidad y viralidad con vocación pública, seguiremos caminando hacia un Congreso cada vez más espectáculo y cada vez menos institución.

Estoy de acuerdo con quienes opinan que Colombia debe ser presidida por alguien que cuente con las capacidades intelectuales y laborales necesarias, y con un liderazgo indiscutible, porque la historia de junio de 2018 y de junio de 2022 —de tener que elegir entre lo menos peor— no puede repetirse. Pero eso no es lo único: también hay que escoger buenos congresistas.

Lo que se vio en el Congreso de la República durante estos últimos cuatro años no puede repetirse. Pocos senadores y representantes se esmeraron en presentar al país iniciativas y debates de control político con calidad. La mayoría de los temas que se discutieron en el Legislativo se dieron porque el Gobierno de Gustavo Petro los puso a consideración, y no porque hayan surgido de la iniciativa de los parlamentarios.

En cambio, sí se vio todo un espectáculo de senadores y representantes que, preocupados por los likes en las redes sociales, se dedicaron a insultarse unos a otros, dejando la sensación de que el Congreso en Colombia es un escenario en decadencia.

Es muy triste que durante estos cuatro años no se haya visto un solo debate que merezca destacarse por la altura de sus argumentos, como sí sucedió en el pasado, cuando discusiones de gran nivel obligaron al Estado a reversar proyectos o a poner mayor atención en la aplicación de determinadas políticas públicas.

Hablo de debates que en otros períodos fueron temas de intensas discusiones, como Interbolsa (Simón Gaviria), paramilitarismo en Antioquia (Gustavo Petro), Odebrecht (Jorge Robledo), Carimagua (Cecilia López), universidades de garaje (Claudia López), el proceso de paz del Caguán (Germán Vargas Lleras), etc.

El país espera ver de nuevo estas discusiones y proyectos de ley como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que nació como consecuencia de una audiencia pública en la que el Congreso de la República escuchó a las personas cuyas vidas fueron destruidas por el conflicto armado.

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Esto es lo que el país necesita y quiere ver de quienes llegan a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Lo que menos nos interesa a las personas del común es ver a los congresistas asistir a plenarias y comisiones para armar camorra con insultos y gritos a sus colegas, con el fin de ser titulares de prensa o portada de revistas, porque les queda grande pensar en un problema que aqueje a los colombianos y proponer soluciones.

Tan importante es elegir un buen presidente como lo es también elegir buenos senadores y representantes.

Oscar Sevillano

El proyecto, liderado por el representante Julián David López, contempla la creación de un sistema de alimentación gratuita y nutritiva para todos los estudiantes de pregrado en universidades públicas. Según el congresista, el PAU no solo es una política social, sino una herramienta estratégica para mejorar el rendimiento académico, reducir la deserción y fomentar hábitos de vida saludables. Además, propone un enfoque diferencial al priorizar a estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad, como madres gestantes o lactantes, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y estudiantes pertenecientes a grupos étnicos.

Desde el punto de vista financiero, el programa representa una inversión accesible dentro del presupuesto nacional. El informe de ponencia indica que el costo anual estimado del PAU es de 770.338 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 1% del presupuesto del Ministerio de Educación para 2025. Esta cifra, relativamente baja frente a su impacto potencial, convierte al programa en una inversión estratégica y sostenible. “No se trata de un gasto, sino de una inversión en el futuro del país”, ha señalado López Tenorio, quien insiste en que ningún joven debería abandonar la universidad por falta de alimento.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es su apuesta por un modelo de alimentación sostenible. Las universidades deberán adquirir los alimentos preferentemente a pequeños productores agropecuarios, asociaciones campesinas y organizaciones de agricultura familiar. Esto no solo garantiza productos frescos y de calidad para los estudiantes, sino que también dinamiza las economías locales y fortalece la producción agrícola nacional, generando un doble impacto social tanto en el campo como en las ciudades.

El Programa Nacional de Alimentación Universitaria también incorpora componentes de educación nutricional, control de calidad y transparencia. Las instituciones deberán elaborar menús balanceados bajo estándares técnicos, implementar programas de formación en hábitos alimentarios saludables y reportar anualmente sus resultados. De esta manera, el PAU se presenta como una política pública integral, orientada a combatir el hambre, mejorar la calidad de vida de los estudiantes y garantizar su permanencia en el sistema de educación superior, contribuyendo así a una sociedad más equitativa e inclusiva.

Nota recomendada: Un periodismo equivocado

Las altas cortes no pueden seguir siendo vitrinas de poder donde unos pocos se disputan la corona del prestigio académico y la pertenencia a círculos cerrados. Como quizá diría Rubén Blades en una de sus canciones: “una corte plástica”, de esas que no quiero ver. Colombia necesita una Corte que no solo interprete la Constitución con rigurosidad jurídica, sino también con sensibilidad social. Una Corte que, además de conocer y aplicar muy bien el derecho, y por supuesto, saber que Colombia no solo diverso sino además complejo.

La elección del reemplazo de la magistrada Diana Fajardo es la oportunidad para construir una Corte que combine dos virtudes que no deberían ser excluyentes: la excelencia técnica y la representación de las minorías. Una Corte que no solo resuelva demandas, sino que encarne las luchas históricas de quienes siguen al margen de las grandes decisiones.

Hay tres nombres con la suficiente fuerza al interior de la contienda: Lisneider Hinestroza, Jorge Fernando Perdomo y Carmen Inés Vásquez. Lo interesante no es que compitan, sino que juntos revelan un nuevo modelo de liderazgo constitucional: sólido, diverso y profundamente humano.

Lisneider Hinestroza es una abogada chocoana y magistrada auxiliar, que ha forjado su carrera desde abajo. Conoce el funcionamiento de la justicia por dentro, pero también sabe lo que significa venir de un territorio históricamente olvidado por el Estado. Su voz no es solo la de una jurista; es la de una región que ha exigido dignidad durante décadas.

En la contienda se encuentra también el exvicefiscal y exviceministro de Justicia, Jorge Perdomo, un hombre que tiene una trayectoria jurídica impecable y una preparación académica reconocida. Pero lo que llamó la atención en su intervención reciente ante la Corte Suprema fue su claridad para decir que también representa a las minorías. No solo por lo que ha defendido institucionalmente, sino porque reconoce su compromiso con los derechos de las diversidades sexuales. Esa capacidad de poner en el centro la dignidad de las personas LGBTIQ+ desde una perspectiva constitucional y no desde una moda coyuntural, es valiosa y necesaria.

La terna la completa la abogada Carmen Vásquez, nacida en Buenaventura, con una trayectoria impecable en el servicio público, aporta una mirada integral del Estado y los derechos humanos. Su paso por el Ministerio de Cultura y la diplomacia no la alejan del derecho: la conectan con una visión de justicia más amplia, donde la Constitución también protege la identidad, la cultura y la diferencia.

Esa mezcla —preparación y conciencia— es la que necesita hoy la Corte Constitucional. Porque los fallos que se redactan allí deben tener la firmeza del derecho, pero también la calidez de la inclusión. No podemos seguir creyendo que lo técnico está reñido con lo representativo, ni que las luchas sociales están peleadas con la jurisprudencia.

La Corte no solo debe resolver si una ley se ajusta a la Constitución. Debe interpretar esa Constitución a la luz de un país complejo, desigual, y profundamente diverso. Y para eso, necesita más que conocimiento: necesita empatía, historia y coraje.

Hoy más que nunca, una Corte verdaderamente incluyente no es una consigna. Es una exigencia de país.

Oscar Sevillano