Crece el rumor que habla de cuatro miembros de juntas directivas vinculados a dos de las empresas más emblemáticas del país que estarían moviendo fichas para posicionarse en la eventual dirección de Ecopetrol, en medio del ruido político y judicial que rodea a la actual administración.

Según distintas fuentes, la estrategia tendría antecedentes recientes en lo ocurrido en ISA, donde terminó encargado de la presidencia Gabriel Jaime Melguizo Posada.

Durante su paso por la compañía, y de acuerdo con versiones internas, se habrían producido movimientos en cargos clave y ajustes administrativos que algunos sectores interpretan como una reorganización de poder dentro de la empresa.

Entre esos cambios también se mencionan decisiones relacionadas con la supervisión de contratos en Perú y Chile, donde aparece la empresa Ventus, señalada por algunos analistas de tener presuntos vínculos con Juan Emilio Posada.

En ese contexto, diversas versiones apuntan a que la estrategia política y corporativa podría estar siendo articulada por Carlos Raúl Yepes, junto con nombres como Ricardo Rodríguez Yee, Luis Felipe Henao y el propio Posada.

La hipótesis que circula en algunos círculos empresariales es que el actual escenario de controversia alrededor de Ricardo Roa podría ser utilizado para presionar cambios en la dirección de Ecopetrol, lo que eventualmente abriría espacio para un reacomodo de fuerzas dentro del sector energético, con sectores políticos cercanos al uribismo y al duquismo buscando recuperar influencia en la compañía.

Por ahora, se trata de versiones que circulan en el entorno político y empresarial y que deberán ser contrastadas con hechos y decisiones oficiales en los próximos meses. Sin embargo, no sería extraño que algo de cierto exista en todo este tipo de comentarios que van y vienen y que una vez más deja ver el interés de algunos sectores por controlar a Ecopetrol aprovechando el momento de tempestad que vive su actual presidente.

Nota recomendada: Colombia no está para el fanatismo de Abelardo De La Espriella

Desde 2008, cuando la estatal se enlistó en la Bolsa de Nueva York, sus obligaciones ante los organismos regulatorios de Estados Unidos han requerido contratar firmas especializadas para monitorear posibles riesgos reputacionales y regulatorios. Covington no fue la primera ni será la última. Estas contrataciones son habituales y se han realizado durante años sin mayores sobresaltos.

Lo que cambia en esta ocasión no es la práctica, sino la forma en que se amplió el contrato original. El punto crítico no es que se haya contratado una firma legal, sino que se haya firmado un otrosí por cinco millones de dólares—siete veces el valor inicial—sin que la Junta Directiva de la compañía ni su Comité de Auditoría tuvieran conocimiento.

Es aquí donde el debate se ha desviado injustamente hacia el presidente de la empresa, Ricardo Roa. Quienes conocen el funcionamiento interno de Ecopetrol saben que la Dirección de Cumplimiento no depende de la Presidencia, sino directamente de la Junta Directiva. De hecho, las normas de buen gobierno establecen que el presidente no debe intervenir ni conocer los detalles de estos contratos. Se trata de un blindaje institucional diseñado precisamente para evitar conflictos de interés.

Resulta entonces paradójico que se cuestione y condene públicamente a Roa por un contrato del cual no solo no fue parte, sino que fue quien alertó a la Junta sobre su existencia y alcance. En la sesión del 28 de febrero de 2025, fue él quien manifestó con sorpresa e incomodidad que representantes de la firma Covington le habían retirado sus dispositivos electrónicos, sin que nadie en la alta dirección supiera que dicho contrato lo permitía.

Ecopetrol necesita dar explicaciones, sí. Pero también, por el bien de su reputación y de su gobernabilidad, necesita que el debate se lleve con rigor. Las responsabilidades deben recaer donde corresponden, y los procedimientos deben revisarse para evitar que lo extraordinario se vuelva costumbre. Apuntar en la dirección equivocada—por conveniencia política o desconocimiento técnico—no fortalece la transparencia institucional; la debilita.

Nota recomendada: El ganador no fue Efraín Cepeda, esta vez ganó Petro