Navarro aclaró de manera enfática que los recursos señalados no corresponden al sistema de salud público, sino a operaciones realizadas dentro de una empresa filial de confección de uniformes.

“Es importante aclarar que estos pagos no corresponden a recursos de la salud. Se trata de operaciones cuestionadas realizadas por el gerente de una empresa de confección de uniformes vinculada a la Cooperativa Coosalud. Cuando el agente interventor me informó de estos hechos, mi orientación fue que se denunciaran ante la Fiscalía, como efectivamente lo hizo la intervención en febrero de 2026”, explicó la exfuncionaria.

Un proceso que viene desde 2024

La exsuperintendente recordó que la Cooperativa Coosalud fue intervenida formalmente en diciembre de 2024 debido a serios cuestionamientos por irregularidades de carácter administrativo, financiero y contable. Entre los puntos críticos investigados se encontraban movimientos relacionados con Coosalud Inversa y el destino final de los fondos administrados por la EPS.

Asimismo, precisó que durante su gestión al frente de la Supersolidaria se inició un proceso sancionatorio directo contra Jaime González y los integrantes del consejo de administración de la entidad.

La denuncia de la UIAF y la alerta por “cortina de humo”

El caso suma antecedentes de alto impacto, como la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) —dada a conocer públicamente en agosto de 2026— por un presunto desvío de recursos públicos de la salud. Dentro de las transacciones bajo la lupa figura un crédito por $221.000 millones otorgado a Coosalud Inversa, en el cual la EPS actuó como garante.

Frente a la coyuntura mediática, Navarro advirtió sobre el riesgo de perder el foco de las indagaciones principales:

“Estas revelaciones no pueden convertirse en una cortina de humo, porque fue una denuncia que nosotros mismos hicimos en su momento. El foco debe estar en conocer quiénes realmente se robaron los recursos de Coosalud”, aseveró.

Agregó que la administración que lideró ya aportó las denuncias y el acervo probatorio correspondiente a las autoridades.

Llamado a los entes de control

La exsuperintendente concluyó reiterando que la responsabilidad de determinar el destino final de los dineros, esclarecer las circunstancias de cada operación y fijar las responsabilidades penales e individuales recae de manera exclusiva en la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control del Estado.

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Para miles de familias samarias, la cotidianidad se ha convertido en una condena marcada por el cansancio de almacenar agua en baldes, la angustia de esperar carrotanques inciertos y la humillación de pasar semanas o meses enteros en una sequía inducida por la desidia. Vivir sin agua no es un simple inconveniente técnico; es una herida abierta en el corazón de la dignidad de todo un pueblo.

En medio de esta penumbra institucional, la bandera que hoy levanta la exsuperintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, no es solo un llamado a la acción: es un grito de indignación transformada en esperanza. Al tomar las calles junto a la gente para reunir más de 50.000 firmas, Navarro está encendiendo la chispa de una ciudadanía que decidió no callar ni agachar la cabeza nunca más.

Esta movilización no busca pañitos de agua tibia; encarna la lucha sagrada por el futuro de Santa Marta. Cuidar con uñas y dientes los $786.000 millones garantizados para el agua es un deber moral con cada hogar que hoy sufre la escasez, pues esos recursos le pertenecen al pueblo y no pueden diluirse en el olvido de la burocracia o en mezquinas disputas de poder.

Del mismo modo, abrazar sin vacilaciones proyectos definitivos como las desalinizadoras significa romper de una vez por todas con las cadenas de la dependencia y la resignación. Ya no más carrotanques que perpetúen la miseria; lo que se debe garantizar y ejecutar es la infraestructura que devuelva el progreso y la tranquilidad a quienes no la tienen.

Y quizás lo más transformador de esta causa es que deposita la fuerza en la propia comunidad. La conformación de un Comité Cívico del Agua y la movilización popular son la prueba reina de que la ciudadanía ha decidido tomar el control de su propio destino, haciendo valer sus derechos a través de la veeduría viva y la acción jurídica.

Como de manera contundente lo ha recordado María José Navarro, “el agua es un derecho, no un favor de los políticos”. Los samarios están exhaustos de discursos vacíos, de diagnósticos eternos y de ver cómo el bienestar de sus familias se convierte en moneda de cambio electoral.

La recolección de firmas que inicia no es un simple trámite en un papel; es el despertar de un pueblo heroico que sale a marchar con el alma para exigir respeto. Firmar esta causa es levantar la voz por el niño que no puede lavarse las manos para ir al colegio, por la madre cansada de trasnochar esperando un hilo de agua en la pluma y por una ciudad histórica que merece florecer.

La paciencia se agotó y los discursos prometedores y deben acabarse y traducirse en hechos y para eso la ciudadanía de Santa Marta debe vigilar y hacer cumplir las obras que desde hace mucho debieron ejecutarse.

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En Colombia, las altas esferas del Estado siempre habían estado reservadas para los hijos de las élites y sus cercanos, aquellos de sus mismas universidades, de sus mismos círculos, de su misma clase social. En los discursos se hacía alarde de la defensa de la democracia, pero en la práctica la forma de gobierno era más bien el nepotismo rampante de una oligarquía que se consideraba dueña de la patria. Por eso, y más, tiene lugar la constituyente del 91. La nueva carta magna ensanchaba el concepto de la nación, haciéndolo más coherente con la realidad.

Hacer de nuestro país uno más amplio, plural, en el que todos y todas tuviéramos cabida y oportunidades. Años más tarde, con avances y retrocesos, propios de las dinámicas sociales y políticas de cualquier sociedad, quizá ese es también otra de las grandes victorias del gobierno de Gustavo Petro, el haber creído en esa sociedad abierta y plural y a razón de ellos repensar el poder ejecutivo, el cual se había dejado largo tiempo a merced de la tecnocracia de pasillo, informe y escritorio. Democratizar el Estado. El Gobierno Petro miró a las regiones, y allí encontró colombianos y colombianas pertenecientes a estirpes que durante siglos por el que sus liderazgos conllevaran a acciones significativas desde el Estado.

Así que María José, samaria, nacida en el seno la clase trabajadora y formada en la universidad pública, por sus cualidades y por el camino que hasta ese momento había recorrido con esfuerzo y valor, estuvo entre las convocadas. Una superintendente mujer, hija del Caribe y de la clase trabajadora. Mejor dicho, una Superintendenta.

No es casualidad que una de las grandes apuestas transformada en logro haya sido la actualización del modelo de supervisión. Cuando María José llegó a la superintendencia el modelo con el que se supervisaba a las cooperativas, mutuales y fondos de empleados era integralmente aquel con el que la superintendencia había nacido en el año 1998. Pero Colombia no era la de casi tres décadas en el pasado, por eso el marco de supervisión ya no respondía a las necesidades y dinámicas del nuevo país.

El nuevo modelo de supervisión tiene dos componentes significativos y de alto impacto. El primero es la contemplación y puesta en marcha de enfoques diferenciales, esto partiendo de la base de que una sociedad es más justa (y por tanto mejor) en la medida en que las instituciones del Estado dejan de funcionar como un mecanismo organizado de poder en favor de una encumbrada clase social minoritaria, y se convierten en pilares de inclusión para quienes históricamente fueron espoliados o desatendidos. Basar la ética de las instituciones en la justicia social.

Una cooperativa de campesinos o pescadores en las regiones no es igual que una cooperativa de profesionales en Bogotá, juzgarlos con el mismo racero absoluto resulta en una justicia regresiva. Y el otro va encaminado a la manera en cómo se ordenaba la supervisión, en cómo se hace más transparente, de manera que los distintos mecanismos y, en general, las reglas del juego, estén lo suficientemente claras para las vigiladas. Que sepan qué es lo que la superintendencia vigila y qué deberían hacer para que sus organizaciones sean cada vez más fuertes y sostenibles.

Cambiar el modelo de supervisión deviene en cambiar el paradigma estatal de la economía solidaria. En suma, ese fue el mandato popular, y apuestas logradas como esta respondieron a esa responsabilidad, cumpliéndole al país. Pero para lograr eso las instituciones requieren líderes audaces, o a veces, mejores lideresas, y eso ha sido María José en la Supersolidaria. Condición, por una parte, beneficiosa para el sector solidario, traducida en, por ejemplo, una inyección cercana $11,2 billones de pesos en créditos productivos orientados a la economía popular y microempresas, en el marco del pacto por la democratización del crédito, o en la consolidación del aporte del 4% al PIB nacional por parte del sector, vía incremento de excedentes. Y, por otra, de orgullo y reafirmación para el Caribe colombiano y para sus clases populares.

Hablar de economía solidaria es hablar de cooperativas de producción, de bienes y servicios, de cooperativas financieras, de fondos de empleados y de pequeñas asociaciones. Es hablar de territorios históricamente excluidos del sistema financiero tradicional y de millones de personas para quienes el crédito no es un lujo, sino una herramienta de subsistencia y progreso. No es menor, entonces, que este sector aporte hoy cerca del 4 % del PIB nacional, una cifra que incluso supera la contribución del café.

Bajo la dirección de Navarro, estas cifras han dejado de ser simples estadísticas para convertirse en argumentos económicos de peso. Colombia cuenta con 173 cooperativas de ahorro y crédito que captan recursos y colocan préstamos en todo el país, especialmente en las regiones más apartadas. El dato es contundente: el 90 % de las personas asociadas pertenecen a los estratos uno, dos y tres. Allí donde la banca tradicional no llega o llega con condiciones restrictivas, la economía solidaria cumple una función de inclusión financiera real y efectiva.

El impacto social es aún más significativo cuando se observa la dimensión de género. Cerca de 600.000 mujeres cabeza de familia ahorran y reciben créditos a través del sector solidario. En un país atravesado por brechas económicas y desigualdades estructurales, estas cifras reflejan una apuesta concreta por la autonomía económica de las mujeres. No es casual que, durante la gestión de Navarro, el número de ahorradores haya crecido un 3 % y el volumen del ahorro un notable 22 % a junio de este año.

A estos avances se suma la solidez financiera del sector. En los últimos dos años, las cooperativas han registrado un crecimiento histórico: cerca de 9 % más en patrimonio y un 35 % más en excedentes. Estos resultados desmienten el prejuicio de que lo solidario es sinónimo de fragilidad. Por el contrario, muestran que un modelo económico basado en la asociación, la confianza y el arraigo territorial puede ser sostenible, rentable y socialmente transformador.

Uno de los hitos más simbólicos de esta gestión fue la devolución de la Cooperativa de Caficultores del Tolima a sus asociados, tras una intervención estatal. El mensaje fue claro: la supervisión no es castigo, sino garantía; no busca destruir organizaciones, sino fortalecerlas y devolverlas a sus verdaderos dueños cuando las condiciones lo permiten.

Otro logro estructural ha sido el Pacto por la Democratización del Crédito. Gracias a este acuerdo entre entidades del Gobierno y la banca de segundo piso, se creó una oferta directa de crédito productivo y asociativo para las cooperativas de ahorro y crédito. A octubre, los resultados hablan por sí solos: más de 70.000 créditos desembolsados y más de 800.000 millones de pesos destinados a actividades productivas. No se trata de consumo inmediato, sino de inversión, empleo y desarrollo local.

Este enfoque responde a un diagnóstico claro: aunque la inclusión financiera en Colombia ya roza la universalidad en términos de tenencia de productos, el verdadero desafío está en transformar ese acceso en crédito productivo pertinente y en cerrar las brechas rurales, regionales y de género. La Superintendencia, bajo el liderazgo de Navarro, ha entendido que no basta con tener una cuenta; lo fundamental es que el sistema financiero sirva para mejorar la vida de las personas.

La historia personal de María José Navarro también explica, en buena medida, su sensibilidad social. Formada en la Universidad del Magdalena, institución pública del Caribe colombiano y escenario de importantes luchas estudiantiles, allí forjó su vocación de liderazgo y su compromiso con las comunidades afectadas por el conflicto social. Desde entonces, ha combinado el rigor técnico con una mirada profundamente humana del desarrollo.

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En sus redes sociales se define como “caribe” y afirma que entrega su “corazón por la paz”. Esa identidad se refleja en su estilo de liderazgo: cercano, firme y consciente de las desigualdades históricas del país. No ha sido un camino exento de obstáculos. Su juventud y su condición de mujer han sido objeto de cuestionamientos que difícilmente se habrían hecho a un hombre en un cargo similar. Ella misma lo ha señalado con claridad: llegar a los 31 años a una superintendencia no debería ser motivo de sospecha, sino de esperanza.

Hoy, María José Navarro representa una nueva generación de liderazgos públicos: jóvenes, técnicos, con compromiso social y capaces de demostrar que el Estado puede ser eficiente sin perder sensibilidad. Su gestión ha revitalizado una entidad históricamente discreta y ha puesto a la economía solidaria en el centro del debate sobre desarrollo, inclusión y justicia social.

Su trabajo demuestra que otra forma de hacer política económica es posible: una que no deja a nadie atrás y que entiende que el crecimiento solo es verdadero cuando se comparte.