Lo más sorprendente de este asunto es que se escandalizan cuando el problema toca al sector político opuesto al suyo, pero lo niegan o se hacen los de la vista gorda cuando los afecta a ellos.

De ser cierto que, bajo la presión de las armas, se obligó a votar en las elecciones presidenciales de 2026 por el candidato Iván Cepeda en zonas donde el conflicto armado hace de las suyas día y noche, no sería la primera vez que ocurre en nuestro país, ni sería un hecho inédito. No se entiende por qué hasta ahora la militancia del Centro Democrático y otros sectores políticos de derecha se muestran sorprendidos.

¿Acaso se les olvidó que el fenómeno de la parapolítica, que tanto negaron y que todavía hoy se resisten a reconocer porque afectó judicialmente a muchos de sus amigos y aliados, se dio precisamente con la intermediación del fusil?

¿Por qué no hacen la misma pregunta y le piden a la Fiscalía que investigue si los actuales mandatarios locales y concejales de esos municipios llegaron al cargo por acción y efecto del voto fusil? ¿O se les olvidó que las alcaldías y los concejos de esos municipios también se obtienen en las urnas? Más aún, si alguno de sus candidatos obtuvo votación, sin importar si ganó o perdió, ¿también la consiguió mediante el voto fusil?

La parapolítica fue un fenómeno que se presentó porque candidatos a cargos de elección popular pactaron directamente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que no solo se les permitiera hacer proselitismo en las zonas bajo control paramilitar, sino también para que obligaran a la población a votar por ellos.

Conozco a Iván Cepeda y sé muy bien que sería incapaz de pactar con grupos ilegales a cambio de votos a su favor, como sí lo hicieron muchos políticos cercanos a Álvaro Uribe Vélez, entre ellos su primo Mario Uribe, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con Salvatore Mancuso.

Y, a propósito de Mancuso, hay que recordar que en diferentes ocasiones este exlíder paramilitar ha afirmado que, en el año 2002, las autodefensas apoyaron las aspiraciones de Álvaro Uribe Vélez de llegar a la Presidencia de la República. La respuesta del uribismo ha sido que a un criminal no se le puede ni se le debe creer. Es decir, para el uribismo hay criminales buenos, en quienes sí se puede confiar, y criminales malos, en quienes no.

Que un actor ilegal influya, en los territorios donde ejerce control, en favor de la candidatura que más le conviene no constituye ninguna novedad. Lo hicieron las AUC y también lo han hecho y lo hacen otros grupos armados. Precisamente por eso es tan importante acabar con la ilegalidad en todos los territorios del país, para que la ciudadanía pueda ejercer libremente su derecho al voto.

Sin embargo, una cosa es que un político haga acuerdos con actores ilegales para favorecerse electoralmente y otra muy distinta es que un grupo armado actúe por cuenta propia en favor de determinado candidato, sin que este tenga participación alguna en esa decisión.

Tratar de enlodar el nombre de Iván Cepeda con el mismo lodo que ha ensuciado a algunos sectores políticos en Colombia constituye una estrategia profundamente mezquina y baja, que debería ser castigada por los ciudadanos en las urnas.

Cuando el Gobierno presentó la política de Paz Total, millones de colombianos compartíamos  un mismo anhelo: reducir la violencia y evitar que nuevas generaciones siguieran creciendo en medio del conflicto armado. Nadie puede oponerse al propósito de construir paz. Sin embargo, toda política pública debe evaluarse por sus resultados y no únicamente por sus intenciones.

Hoy, después de casi cuatro años de implementación, la pregunta es inevitable: ¿la Paz Total fortaleció al Estado o fortaleció a las organizaciones criminales?

Las cifras sobre seguridad permiten concluir que, lejos de consolidar el monopolio legítimo de la fuerza, Colombia presenció la expansión territorial de diferentes organizaciones armadas ilegales. Diversos informes sobre violencia registraron incrementos en confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones, reclutamiento de menores y ataques contra la población civil en distintas regiones del país. Municipios que durante algunos años habían experimentado mejoras volvieron a quedar bajo el control o la influencia de estructuras criminales.

La Fuerza Pública tampoco fue ajena a este deterioro. Mientras el presupuesto continuó concentrándose principalmente en el pago de personal, crecieron las preocupaciones por las limitaciones operativas. El mantenimiento de aeronaves, la disponibilidad de helicópteros, el envejecimiento de parte de la flota aérea y las restricciones para desarrollar operaciones ofensivas fueron objeto de cuestionamientos durante buena parte del cuatrienio. Una institución puede tener hombres y mujeres comprometidos con su misión constitucional, pero sin capacidad logística difícilmente podrá enfrentar organizaciones criminales que fortalecen permanentemente su poder económico y militar.

Si las revelaciones periodísticas terminan siendo corroboradas por las investigaciones judiciales, el país deberá formularse preguntas mucho más profundas. Si algo semejante pudo ocurrir con el Clan del Golfo, ¿qué tipo de relacionamiento existió con otras organizaciones armadas ilegales? ¿Qué nivel de concesiones estuvo dispuesto a asumir el Estado? ¿Hasta dónde llegó la renuncia al ejercicio de la autoridad legítima?

Estas preguntas no buscan obstaculizar los procesos de paz. Por el contrario, pretenden recordar un principio básico de cualquier Estado democrático: la paz no puede edificarse sobre el debilitamiento de las instituciones ni sobre el fortalecimiento de quienes han construido su poder mediante la violencia.

Existe una diferencia fundamental entre negociar el fin de un conflicto y permitir que las organizaciones criminales aumenten su capacidad de intimidación mientras dialogan con el Estado. Cuando el equilibrio se rompe y el Estado pierde capacidad para ejercer autoridad sobre el territorio, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos honestos que trabajan, producen, pagan impuestos y cumplen la ley.

En una democracia, el Estado existe para proteger a quienes respetan las reglas, no para adaptarlas a quienes las violan sistemáticamente. Entregar espacios de autoridad a las organizaciones criminales significa invertir el orden natural de un Estado de Derecho: lo correcto termina cediendo ante lo incorrecto; la legalidad frente a la ilegalidad; las víctimas frente a sus victimarios.

La experiencia de estos años deja una enseñanza que Colombia no debería olvidar. Buscar la paz nunca será un error. Renunciar al ejercicio legítimo de la autoridad sí puede serlo.

Los procesos de sometimiento deben garantizar verdad, justicia, reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición. Pero también deben partir de un principio irrenunciable: quienes delinquen deben responder por sus delitos. La paz no puede convertirse en sinónimo de impunidad ni en un incentivo para que nuevas estructuras criminales encuentren rentable desafiar al Estado.

Los colombianos aprendimos durante este periodo que las buenas intenciones no son suficientes para construir un país seguro. La verdadera paz solo será posible cuando la ley tenga más fuerza que los fusiles y cuando el Estado recupere plenamente su capacidad de proteger a los ciudadanos de bien. Esa es, quizá, la lección más importante que deja el debate sobre la Paz Total.

Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

Las respuestas que he recibido coinciden en varios puntos y, debo admitirlo, comparto buena parte de esos análisis. Durante la campaña del Pacto Histórico se cometieron errores que hoy tienen a sus dirigentes lamentando no haber atendido las advertencias que se hicieron a tiempo. Entre ellos, destacan los siguientes:

1. La fórmula vicepresidencial

No entiendo a quién se le ocurrió la idea de escoger a la senadora Aída Quilcué como compañera de fórmula de Iván Cepeda, ya fuera por decisión del propio candidato o por recomendación de su equipo. Lo cierto es que allí comenzaron algunos de los errores más evidentes.

No se trata de descalificar a la líder indígena, quien posee grandes méritos gracias a su lucha por los derechos de las comunidades indígenas y de las víctimas del conflicto armado. El problema radica en que no es una figura que conecte fácilmente con la opinión pública. Con frecuencia se mostró distante frente a la prensa y pareció desconocer que quien ejerce funciones públicas y aspira a un cargo de elección popular está obligado a responder preguntas y rendir cuentas, incluso cuando estas resulten incómodas. Además, nunca logró motivar, cautivar o entusiasmar al electorado como sí lo hizo Francia Márquez durante la campaña de 2022.

2. La ausencia en los debates

Confiarse en una competencia electoral suele ser uno de los peores errores que puede cometer un candidato. Aunque Iván Cepeda afirmaba que asistiría a los debates, en repetidas ocasiones rechazó invitaciones de gremios económicos, universidades y medios de comunicación que promovían espacios de discusión entre los aspirantes. Parecía convencido de que tenía asegurado el triunfo en primera vuelta.

Esa estrategia terminó pasándole factura. El costo político fue evidente en la primera vuelta y, cuando intentó corregir el rumbo en la segunda, Abelardo De La Espriella ya había fortalecido su posición y logró imponer condiciones que evitaron escenarios que pudieran favorecer una eventual remontada de Cepeda.

3. Una campaña anclada en el pasado

Aunque a muchos no les guste, la política moderna se trasladó en gran medida a las redes sociales. Es allí donde millones de personas se informan, debaten y conocen las propuestas de los candidatos.

Hoy, las tarimas y los discursos tradicionales tienen un impacto limitado si no están acompañados de una estrategia de comunicación adaptada a los nuevos tiempos. A diferencia de Abelardo De La Espriella, quien construyó una marca política reconocible y la posicionó con éxito en plataformas digitales, Cepeda desarrolló una campaña que parecía sacada de los años ochenta: sin una narrativa atractiva, sin una identidad visual sólida y sin un mensaje capaz de conectar emocionalmente con amplios sectores del electorado.

4. El fantasma de la Constituyente

Aunque Iván Cepeda insistía en que no impulsaría una Asamblea Constituyente y que, por el contrario, promovería un gran acuerdo nacional, la recolección de firmas para convocar una Constituyente durante sus recorridos y actos públicos terminó enviando un mensaje contradictorio.

La percepción pública suele construirse más a partir de los hechos que de las declaraciones. Por eso, para muchos ciudadanos, las acciones observadas durante la campaña hablaron más fuerte que las explicaciones posteriores.

5. La intromisión de Gustavo Petro

Los constantes mensajes publicados por Gustavo Petro en su cuenta de X terminaron convirtiéndose en un factor que jugó en contra de la campaña. Lejos de fortalecer a Cepeda, en algunos momentos generaron dudas sobre el grado de autonomía que tendría un eventual gobierno suyo e incluso llevaron a ciertos sectores a preguntarse si el presidente realmente estaba comprometido con la candidatura de su supuesto sucesor.

Hay que reconocerle a Iván Cepeda, sin embargo, que mantuvo distancia de figuras como Armando Benedetti y Laura Sarabia, así como de otros dirigentes cuya presencia podía afectar la imagen de su campaña. Esa decisión reflejó coherencia con su discurso de transparencia y rectitud, atributos que incluso sus adversarios suelen reconocerle.

La derrota de Iván Cepeda no puede explicarse por una sola causa ni atribuirse exclusivamente a los errores de campaña. Sin embargo, los factores mencionados contribuyeron de manera significativa a debilitar una candidatura que, en otros momentos, parecía tener opciones reales de triunfo. Si el Pacto Histórico aspira a recuperar la confianza de una mayoría de colombianos en futuras elecciones, deberá hacer una revisión profunda de sus estrategias, escuchar las críticas con mayor atención y entender que las campañas modernas se ganan tanto con propuestas sólidas como con una comunicación efectiva y una lectura acertada del momento político. La principal lección de esta elección es que ningún proyecto político puede darse el lujo de ignorar las señales de advertencia cuando aún está a tiempo de corregir el rumbo.

Oscar Sevillano

Nota recomendada: Mis preguntas a Abelardo De La Espriella

Mi abuela solía contarme historias sobre la violencia entre “godos” y “cachiporros”. Más tarde, la literatura me retrató aquella tragedia nacional; basta recordar la obra Cóndores no entierran todos los días, donde Gustavo Álvarez Gardeazábal describe a “los pájaros” y a las guerrillas liberales como protagonistas de una época marcada por el odio político. Décadas después, el país volvió a dividirse entre guerrillas y paramilitares, prolongando un ciclo de violencia que parece no tener fin.

Todo ello demuestra que Colombia arrastra una herida que nunca ha terminado de sanar. Por el contrario, cada generación parece encontrar nuevas formas de reabrirla.

Por eso resulta tan preocupante que el debate presidencial se pretenda resumir en una confrontación entre “paras” y “guerrilleros”. No solo porque se estigmatiza a ciudadanos inocentes al asociarlos con organizaciones armadas ilegales que tanto daño causaron al país, sino porque se alimenta una lógica de confrontación que impide discutir los verdaderos problemas nacionales.

Después del 21 de junio, independientemente de quién resulte elegido presidente, Colombia seguirá existiendo. Los ciudadanos tendrán que convivir, trabajar juntos y construir futuro. Ningún proceso democrático puede sostenerse si una parte de la sociedad considera que la otra es, por definición, enemiga.

En este contexto, vale la pena detenerse en una afirmación reciente del actual ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien durante un debate de control político manifestó que había sido guerrillero “a mucho honor”. Más allá de la discusión política coyuntural, la frase invita a una reflexión de fondo: ¿cuál es el honor que puede derivarse de haber pertenecido a una organización armada que se levantó contra el Estado, desconoció la ley y contribuyó a prolongar la violencia en Colombia?

La pregunta adquiere aún mayor relevancia si invertimos los papeles. ¿Qué habría ocurrido si una declaración similar hubiera sido pronunciada por un exparamilitar? ¿La reacción pública habría sido la misma? ¿Habría existido igual tolerancia frente a semejante afirmación?.

Y es precisamente aquí donde quiero responder la pregunta que da título a esta columna: no, no es mejor ser guerrillero que paramilitar, como tampoco es mejor ser paramilitar que guerrillero. Ambos representan expresiones de la ilegalidad, de la violencia y del desconocimiento de las reglas que sostienen la convivencia democrática.

Reducir la discusión presidencial a una disputa entre estos dos referentes no solo es un error político, sino también una renuncia intelectual. Ninguno de los dos caminos ofrece una respuesta a los desafíos que enfrenta Colombia. Más grave aún, ninguno puede convertirse en referente moral para una nación que aspira a fortalecer sus instituciones y consolidar la paz.

Sin embargo, considero que el problema de fondo es aún más profundo que la crisis de la salud, la inseguridad, la polarización, la situación económica o cualquier otra dificultad que hoy ocupe los titulares. El verdadero problema es que como sociedad hemos comenzado a perder la capacidad de distinguir con claridad entre lo correcto y lo incorrecto.

Cada vez con mayor frecuencia confundimos la justificación con la legitimidad, la simpatía política con la razón y la conveniencia con los principios. Hemos llegado al punto de relativizar conductas que antes resultaban evidentemente reprochables, dependiendo de quién las cometa o de la causa que diga defender.

Por eso este debate no puede limitarse al plano jurídico. Debe abordarse también desde la ética, la moral y la deontología. Necesitamos volver a preguntarnos qué conductas son aceptables y cuáles no; qué valores queremos promover como sociedad y cuáles debemos rechazar sin ambigüedades.

Colombia no avanzará mientras siga confundiendo el bien con el mal, lo correcto con lo incorrecto o lo legítimo con lo conveniente. No podemos permitir que lo indebido termine desplazando lo debido, ni que el mérito sea equiparado con la ausencia de esfuerzo, ni que la legalidad sea vista como un obstáculo y no como una garantía.

Las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto deben reconstruirse y fortalecerse. Solo así podremos recuperar la confianza en nuestras instituciones, elevar la calidad del debate público y construir una nación capaz de mirar hacia adelante sin renunciar a los principios que hacen posible la convivencia democrática.

Los resultados de esta nueva encuesta muestran a Cepeda liderando con 34,3 % y a Valencia consolidándose con 27,9 %. Más allá de las cifras individuales, el dato políticamente más relevante es que ambos fortalecen la percepción de inevitabilidad de una segunda vuelta entre izquierda y derecha, dejando poco espacio para candidaturas de centro o figuras alternativas.

Sin embargo, al comparar esta medición con la primera encuesta publicada por la misma firma, aparecen movimientos interesantes que permiten interpretar tendencias más profundas del electorado.

Cepeda sigue arriba, pero pierde impulso

En la primera medición, Iván Cepeda registraba 35,1 %. Hoy marca 34,3 %. Aunque la caída es moderada —menos de un punto porcentual— sí puede interpretarse como una señal de estabilización de su techo electoral.

Cepeda conserva un voto sólido y altamente fidelizado. Su liderazgo sigue siendo claro y ningún otro candidato logra disputarle el primer lugar. Pero el descenso, aunque pequeño, sugiere que parte del electorado indeciso comienza a mirar otras opciones o que la capacidad de crecimiento del Pacto Histórico empieza a encontrar límites naturales fuera de sus bases tradicionales.

Aun así, el dirigente de izquierda mantiene una ventaja considerable y continúa siendo el candidato con mayor reconocimiento y estructura política entre todos los aspirantes medidos.

Paloma Valencia: la candidata que más crece

La gran ganadora de la encuesta es, sin duda, Paloma Valencia. En la primera medición obtenía 25,4 %; ahora alcanza 27,9 %, creciendo 2,5 puntos porcentuales.

Ese aumento no es menor. En escenarios electorales altamente fragmentados, subir más de dos puntos en tan corto tiempo suele indicar consolidación política, mejor posicionamiento mediático y transferencia efectiva del voto de opinión conservador.

Abelardo de la Espriella se mantiene, pero no despega

El abogado Abelardo de la Espriella pasa de 21,6 % a 21,7 %. En términos estadísticos, prácticamente no hay variación.

Esto revela un fenómeno interesante: De la Espriella tiene una base electoral muy visible mediáticamente, pero hasta ahora no logra expandirse más allá de ella. Su discurso confrontacional y altamente mediático le permite mantenerse competitivo, pero no crecer.

El problema para su candidatura es estratégico: mientras Cepeda conserva el liderazgo y Valencia sigue creciendo, De la Espriella empieza a correr el riesgo de quedarse atrapado en un “tercer lugar permanente”. Y en política presidencial, la percepción de viabilidad es casi tan importante como los votos mismos.

El centro político aparece prácticamente desaparecido

Los números de Claudia López y Sergio Fajardo son quizá los más preocupantes para el llamado centro político.

Claudia López cae de 3,6 % a 3,1 %, mientras Fajardo baja de 2,9 % a 2,4 %. Ninguno logra romper el umbral simbólico del 5 %, tradicionalmente considerado el mínimo para aspirar a protagonizar una campaña competitiva.

La lectura es contundente: el electorado colombiano parece haberse desplazado hacia posiciones más emocionales y polarizadas, reduciendo el espacio para discursos moderados o conciliadores.

La narrativa del “centro racional” que tuvo fuerza en elecciones anteriores hoy parece desconectada de un país marcado por la confrontación ideológica, la inseguridad y el desgaste institucional.

Roy Barreras y los demás: candidaturas testimoniales

El desplome de Roy Barreras también es significativo. Pasó de 0,7 % a 0,3 %, una caída que evidencia enormes dificultades para consolidar una opción propia.

Mientras tanto, nombres como Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero, Carlos Caicedo, Sondra Macollins y Gustavo Matamoros aparecen con porcentajes marginales que hoy no alteran el panorama electoral.

Lo que realmente está diciendo la encuesta

Más allá de quién sube o baja unas décimas, la encuesta deja tres conclusiones centrales.

Primero, Colombia se encamina hacia una elección altamente polarizada entre izquierda y derecha, con un centro político debilitado y sin narrativa movilizadora.

Segundo, Paloma Valencia emerge como la candidata con crecimiento relativo.

Y tercero, aunque Iván Cepeda sigue liderando, su candidatura parece haber entrado en una etapa de consolidación más que de expansión.

En el camino que falta, podrían darse alianzas que podrían alterar las cosas, aunque no mucho porque las cifras muestran un país dividido en dos grandes corrientes políticas que vuelven a convertir la presidencia en un plebiscito ideológico.

La pregunta que queda abierta no es solamente quién llegará a la Casa de Nariño, sino qué tan profunda será la fractura política y social que dejará esta campaña presidencial.

Nota recomendada: Encuesta de la Fundación Génesis Crea pone a Iván Cepeda y Paloma Valencia en segunda vuelta

La encuesta refleja un escenario político altamente polarizado de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Aunque Iván Cepeda lidera con una amplia ventaja del 35,3%, el verdadero foco del debate político se concentra en la disputa por el segundo y tercer lugar entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes representan dos sectores ideológicos distintos de la derecha colombiana.

Paloma Valencia, con el 27,5% de intención de voto, demuestra una consolidación importante como figura política tradicional del uribismo y del conservadurismo institucional. Su desempeño evidencia que aún existe una base electoral sólida que busca continuidad en propuestas asociadas con seguridad, autoridad y defensa del modelo económico tradicional. Además, el hecho de que su porcentaje de rechazo (“nunca votaría”) sea del 17%, considerablemente menor que el de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, le otorga una ventaja estratégica. Esto significa que, aunque no sea la candidata favorita de todos, genera menos resistencia entre sectores moderados y podría crecer en una eventual segunda vuelta.

Por otro lado, Abelardo de la Espriella alcanza un 20,4%, una cifra significativa para un candidato cuya trayectoria ha estado más vinculada al debate mediático y contestatario, más que a la confrontación de ideas y a la política electoral tradicional. Su crecimiento parece apoyarse en un discurso confrontacional y de oposición fuerte frente a la izquierda. Sin embargo, su principal debilidad está en el nivel de rechazo: el 28% asegura que nunca votaría por él. Esto indica que, aunque posee una base de apoyo considerable, tiene dificultades para ampliar su electorado hacia sectores independientes o moderados.

El caso de Iván Cepeda es particularmente interesante porque, a pesar de liderar ampliamente la intención de voto con el 35,3%, también encabeza el nivel de rechazo con un 31,5% de personas que afirman que nunca votarían por él, quizás por el lastre que carga al ser el candidato del Pacto Histórico, partido de Gobierno.

Cepeda parece concentrar el respaldo de sectores progresistas, sindicales y de izquierda que respaldan cambios estructurales en el país, especialmente en temas sociales y de paz. Sin embargo, el alto rechazo demuestra que todavía existe un temor o resistencia importante frente a proyectos políticos asociados a la paz total y los malos resultados que hoy arroja la presidencia de Gustavo Petro en esta materia. Su principal reto será convertir su liderazgo inicial en una mayoría más amplia, capaz de atraer votantes independientes y moderados que podrían definir una eventual segunda vuelta presidencial.

Continúa Claudia López quien aparece débil en esta medición con apenas un 2,1% de intención de voto. Aunque fue una figura política de gran relevancia durante los últimos años y logró posicionarse como una alternativa de centro y anticorrupción, la encuesta refleja dificultades para recuperar apoyo ciudadano. Su porcentaje de rechazo, aunque relativamente bajo frente a otros candidatos principales, tampoco se traduce en intención efectiva de voto. Esto podría indicar que muchos electores no la consideran una opción prioritaria dentro del panorama actual, posiblemente debido al desgaste político de su gestión en Bogotá o a la pérdida de fuerza del discurso de centro frente a una elección dominada por la polarización ideológica.

El resto de candidatos presenta cifras marginales que muestran poca capacidad de consolidar una opción competitiva. Sergio Fajardo, Santiago Botero, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo, Roy Barreras y Mauricio Lizcano no superan el 2% individualmente, lo que refleja dificultades para conectar con un electorado que parece inclinarse hacia figuras más visibles y polarizantes. Algunos de estos candidatos representan sectores regionales o técnicos, pero aún no logran construir un discurso nacional fuerte. También llama la atención el porcentaje de voto en blanco (5,7%), superior al apoyo de la mayoría de candidatos minoritarios, lo que evidencia un nivel importante de inconformidad o falta de identificación política entre los ciudadanos.

También resulta relevante observar que la encuesta muestra una participación electoral potencialmente alta: más del 88% afirma que votaría o probablemente votaría. Esto indica un ambiente político de fuerte movilización ciudadana, posiblemente motivado por la polarización y la incertidumbre económica y social del país.

La composición de género de la encuesta —48,7% hombres y 51,3% mujeres— sugiere además un electorado equilibrado, donde las campañas deberán conectar tanto con preocupaciones económicas y de seguridad como con temas sociales y de representación. En este contexto, Paloma Valencia podría beneficiarse de una imagen de liderazgo político institucional, mientras Abelardo de la Espriella mantiene atractivo entre votantes inconformes que buscan figuras más radicales y disruptivas.

En conclusión, aunque Iván Cepeda lidera actualmente la intención de voto, la verdadera batalla política parece estar ocurriendo entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Valencia proyecta mayor viabilidad electoral por su menor nivel de rechazo y capacidad de atraer votantes de centro-derecha, mientras De la Espriella representa un fenómeno de opinión fuerte pero más limitado por la polarización que genera.

Por su parte, Cepeda deberá enfrentar el desafío de reducir la resistencia que despierta en amplios sectores del electorado.

Más allá de los números, el dato verdaderamente relevante es la tendencia política que empieza a consolidarse, según la encuesta.

Durante meses, buena parte del debate público asumió que la derecha colombiana terminaría aglutinándose alrededor de figuras disruptivas y de fuerte presencia mediática como De la Espriella. Sin embargo, la encuesta revela otra realidad: el electorado parece estar inclinándose por una candidatura más estructurada ideológicamente, con experiencia parlamentaria y capacidad de articulación política.

Paloma Valencia ha logrado algo que parecía improbable en un escenario altamente fragmentado: convertirse en el punto de convergencia del voto conservador, uribista y de centroderecha. Su crecimiento no responde únicamente a la fidelidad de una base ideológica tradicional, sino también al desgaste de candidaturas construidas más sobre la confrontación emocional que sobre propuestas de gobierno viables.

El fenómeno tiene varias explicaciones. La primera es que Valencia ha entendido mejor que nadie que las elecciones de 2026 no se ganarán únicamente apelando al rechazo del petrismo. Mientras otros candidatos han centrado su discurso en la indignación permanente, ella ha comenzado a posicionarse como una dirigente con capacidad de gobernar, de debatir temas económicos y de ofrecer estabilidad institucional en medio de la incertidumbre nacional.

La segunda explicación está relacionada con el perfil del propio electorado. El estudio, realizado sobre 4.352 encuestas en 134 municipios del país y ponderado con criterios técnicos de sexo, edad, región y participación electoral, muestra una muestra de las principales regiones político-electorales. En ese contexto, el crecimiento de Valencia no puede reducirse a un fenómeno de redes sociales ni a una burbuja mediática. Hay un movimiento territorial real.

Mientras tanto, Abelardo de la Espriella parece enfrentar el límite natural de las candidaturas construidas desde la polarización extrema. Su discurso vehemente y confrontacional le permitió crecer rápidamente en notoriedad, pero no necesariamente traducir esa visibilidad en confianza mayoritaria. El salto entre ser un personaje mediático y convertirse en presidenciable competitivo es mucho más complejo de lo que suele creerse.

La encuesta evidencia precisamente ese techo. Aunque un 21,6 % sigue siendo una cifra considerable, quedar fuera de la segunda vuelta en esta etapa inicial representa un golpe político importante para una candidatura que aspiraba a monopolizar el voto de oposición. Más aún cuando quien lo supera no es una outsider, sino una dirigente con trayectoria institucional, disciplina política y respaldo partidista.

En contraste, el panorama para las figuras de centro resulta desolador. Claudia López apenas alcanza el 3,6 %, Sergio Fajardo un 2,9 % y Roy Barreras un marginal 0,7 %. El centro político, que durante años se presentó como alternativa a la polarización, parece haberse desdibujado frente a una contienda cada vez más marcada por bloques ideológicos definidos.

Iván Cepeda, por su parte, capitaliza claramente el voto de continuidad del actual gobierno y de los sectores progresistas. Su 35,1 % lo convierte en el gran favorito para llegar a segunda vuelta, especialmente ante la dispersión de sus adversarios.

Ahí radica precisamente la importancia estratégica del crecimiento de Paloma Valencia. A diferencia de otros aspirantes, tiene la capacidad de dialogar tanto con el uribismo duro como con sectores empresariales, conservadores moderados e incluso votantes independientes preocupados por la seguridad y la economía.

Falta camino por recorrer y las campañas presidenciales colombianas han demostrado ser impredecibles. Pero las encuestas empiezan a revelar algo más profundo que una simple fotografía del momento: están mostrando qué tipo de liderazgo busca el país para el próximo ciclo político.

Y hoy, según los números de la Fundación Génesis Crea, indudablemente habrá una segunda vuelta, y esta sería disputada por Paloma Valencia e Iván Cepeda.

Descargue aquí la encuesta completa

Fundación Génesis Crea

Ese cuento de que toca conquistar al centro puede ser un sofisma: la falacia de distracción.

El otro día la portera me dijo: —“Usted es de los poquitos en este edificio que habla bien de Petro”. La frase me dio mucho qué pensar, porque sé cómo piensan esos otros residentes y cuáles son sus preocupaciones reales.

Más de 17 millones de colombianos pertenecen a eso que llaman la clase media, aquella franja de la población ubicada por lo general en los estratos 3 y 4: Hogares que sumando el ingreso per cápita (por persona), ganan hasta $4.835.315 al mes, según el Dane.

Quienes devengan más de $5 millones de pesos mensuales pueden considerarse clase alta. Por debajo están la clase baja (con ingresos inferiores a $420.676) y la clase vulnerable (con ingresos por debajo de $781.000), de acuerdo con la clasificación que hace la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

Según Portafolio, “en 2024, el 34,4% de la población en Colombia se ubicó en la clase media, lo que corresponde a cerca de 17,7 millones de personas en un país con una población aproximada de 51,5 millones”.  Diecisiete millones de almas representan un caudal atractivo para ganar una elección presidencial, sí, pero el asunto es cómo seducir a una población que anhela continuar en ascenso.

Con el 35% de intención de voto que le otorgan las encuestas a Iván Cepeda —una cifra bastante alejada de la mitad más uno para ganar en primera vuelta—, esa clase media puede ser hoy el mayor obstáculo para la izquierda o, al mismo tiempo, representar una oportunidad para buscar dentro de ella los votos que le faltan al Pacto Histórico para siquiera soñar con renovar por otros cuatro años su contrato con la Casa de Nariño.

La clase media son una especie de Ninis: Ni pobres, ni ricos, pero con la ambición lícita de saltar hacia el siguiente estrato (no descender en todo caso). En ese orden de ideas, de manera consciente o inconsciente, podría estar evaluando cuál es ese candidato o programa de gobierno que no se interpone en su lógica aspiracional. Porque la clase media quiere algo más que el pan que reclaman los pobres. 

Quienes se mueven en esa franja, no piensan en términos de derecha, izquierda o centro. Una encuesta callejera sería suficiente para determinar que el ciudadano común no comprende el significado de esas palabras desde una perspectiva ideológica, como no sea asociándolas a un rostro. El colombiano corriente entiende la política en términos de amores y odios, porque eso han implantado en su mente los propios políticos. Por eso, ningún argumento por fuera de esos dos sentimientos convencerá a un convencido de lo contrario.

La clase media piensa en términos monetarios; es decir, en quién sería la persona que mejor les cuide el bolsillo o, dicho de otra forma, quién tiene el remedio menos perjudicial para los privilegios conquistados. Así es como la gente —más pragmática que los políticos— entiende una campaña presidencial. ¿¡Para qué buscarle la quinta pata al gato!?

Es decir, las personas clase media piensan en asegurar su discreto tren de vida —los ingresos suficientes para cubrir ciertas comodidades, léase calidad de vida—: propiedades, colegio medianamente bueno para los hijos, recreación y una vida social activa, viajes y, muy importante, contar con empleada doméstica del estrato 1 y 2 (o al menos con la señora de por días, así las llaman), que en eso la clase media se parece a la clase alta, con marcadas diferencias, claro está.

La clase media colombiana goza de ciertos privilegios pero desea más, y en virtud de ello son personas con una conciencia social más teórica que auténtica. “No tiene conciencia de clase, tiene conciencia de estatus”, dice el filósofo español Antonio Gómez Villar. A mi modo de ver, les puede sonar muy bonito el discurso sobre la justicia social, pero a la hora aplicarlo se muestran reticentes a meterse la mano al dril, precisamente por su condición de Ninis.

Primero está su confort, ganado a pulso, con sacrificio y deudas en los bancos -nadie dice lo contrario-, que las necesidades ajenas. Al fin de cuentas, el capitalismo y el poder adquisitivo se rigen bajó la misma lógica: la del sálvese quien pueda. Es una mirada bastante egoísta en un mundo cercado por la miseria, pero es lo que hay. Por supuesto, los Ninis no tienen la culpa de los millones de desarrapados que pueblan la Tierra.  

Estrato versus sensibilidad social

Mientras la clase alta se protege en su hermética burbuja, viviendo a sus anchas y sin afugias, la clase media considera la paz como algo importante más no urgente, porque la guerra no está en sus narices, ni la pobreza respirándoles en la nuca. Lo que ocurre en los territorios apenas les alcanza para santiguarse a la hora del noticiero, porque luego viene la telenovela y el reality show qué son los más efectivos anestésicos contra la realidad nacional, tan cruda y dura pero siempre ajena, distante.  

Son los pobres (los estratos 1 y 2 o clase obrera que llaman), los que ponen sus esperanzas en el progresismo, en que un día alguien los sacará de pobres como prometía la propaganda de cierta lotería. Los ricos, pero sobre todo los superricos colombianos —aquellos a los que Petro quiere imponerles más impuestos sin conseguirlo— tienen dinero de sobra y saben que necesitan muchas vidas para gastarlo, y aun así no están dispuestos a compartir sus tesoros con nadie. Hay pruebas de ello.

El discurso sobre la redistribución de la riqueza es ese vals que nadie quiere que le toquen. Prefieren poner a salvo su capital en paraísos fiscales, donde cada centavo esté a salvo de gravámenes o cargas impositivas onerosas.  Según el diario El País, el 40% de las personas que hacen parte del 0,01 % con más riqueza de Colombia, admitió que evadió impuestos. No entiendo por qué nadie se ha escandalizado.

En una sociedad tan desigual como la colombiana, la falta de sensibilidad social debe verse como un problema grave que profundiza las injusticias. Veámoslo a la luz de las estadísticas reales. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia hay más de 10 millones de personas afectadas por el conflicto armado, de las cuales más de 7,8 millones son sujeto de atención y reparación.

Si Colombia fuera un país con conciencia social sobre su tragedia histórica, diez millones de personas y sus familias serían suficientes para elegir a un candidato que ponga la paz como eje central de su plan de gobierno. Pero insisto: la paz no hace parte de la canasta familiar de los colombianos y por eso estamos condenados a la sinrazón de los conflictos no resueltos que continuarán sin nosotros cuando hayamos desalojado este mundo, porque tristemente llegamos a un nivel de polarización tal, que estar a favor de la paz da votos, lo mismo que oponerse a ella.

¿La prueba?  Llevamos diez años y tres gobiernos sin que se implemente debidamente lo acordado con las FARC en 2016. Y peor que eso: si la derecha y la extrema derecha ganan la presidencia, (en cabeza de Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella), figuras como el tribunal de la JEP, creado para buscar verdad, justicia y reparación, podrían desaparecer, y podrían truncarse otros avances significativos.

A tal nivel de inconciencia colectiva hemos llegado, que los propios congresistas que aprobaron la Ley de Víctimas y Restitución de tierras dejaron plantadas a las víctimas el 9 de abril, día escogido para honrar cada año su memoria. Cuando un país pierde el rubor y la vergüenza, ¡qué importa lo demás! A veces pienso que si esta nación se mueve es por osmosis, por una fuerza superior distinta a la humana, porque hace rato se perdió toda voluntad política que permita enderezar nuestro destino común. Y no habrá redención, sin una clase política dispuesta a construir un legado que perdure en el tiempo. Que distinto sería si en 50 años alguien pudiera hablar algo bueno, aunque sea una sola cosa, de alguno de los políticos de hoy. Es pedir demasiado.

Iván Cepeda, doblemente víctima del conflicto colombiano —luego de que asesinaron a su padre en 1994, él huyó por su vida a otro continente— tiene la conciencia social del país perseguido y despojado, pero esa no es una carta suficiente en una nación donde el dinero se ha impuesto sobre la sangre derramada.

Por encima de la paz, e incluso de la seguridad, el colombiano promedio vota con la mano puesta en el bolsillo, no en el corazón. Y la clase media tiene claro que los empresarios (clase alta) generan el empleo que da estabilidad a sus familias, pero no ha entendido que hay una población trabajadora —clase baja y clase media— que está ayudando a generar esa riqueza, que está bien pero mal distribuida. Porque de la clase media hacia abajo todos son clase trabajadora o asalariada, sin importar qué tantos ingresos tengan unos y otros según las odiosas etiquetas de la estratificación socioeconómica. 

El candidato que sea capaz de seducir a esa clase media con un discurso que reconcilie lo económico con lo social —es decir, que tenga la virtud de reconciliar a pobres y ricos, a empresarios y clase trabajadora—, podría inclinar la balanza a su favor de aquí a las elecciones del 31 de mayo.

Me gustaría tener la certeza de que un político y filósofo como Iván Cepeda puede ser esa persona. Pero veo a la izquierda muy triunfalista, alérgica a la autocrítica y demasiado confiada en su liderazgo en las encuestas. En la siguiente columna me referiré a los pecados que podrían arruinar a fiesta. 

Las cifras

Con el preconteo del 99,14% de las mesas, el Senado quedó configurado de la siguiente manera: 

Pacto Histórico: 4.402.601

Centro Democrático: 3.020.459

Partido Liberal: 2.268.658

Alianza por Colombia: 1.899.096

Partido Conservador: 1.859.493

La U: 1.560.593

CR-Alma: 1.244.811

Ahora Colombia: 896.527

Salvación Nacional: 698.074

Las consultas interpartidistas dejaron huella. La Gran Consulta por Colombia movilizó 5.842.145 votantes. Paloma Valencia obtuvo 3.225.482, el 55,2% del total. La Consulta de las Soluciones reunió apenas 617.998 personas. Claudia López ganó con 574.025, el 92,9% de un universo pequeño. La consulta del Frente por la Vida congregó 482.465 votantes: Roy Barreras se impuso con 255.912 —el 53,1% de un universo todavía más reducido que el de López—. La Consulta del Pacto Histórico, celebrada en noviembre de 2025, convocó 2.715.212 votantes: Iván Cepeda se impuso con 1.522.347.

La derecha: disciplina de voto, no terremoto

La primera conclusión es que la Gran Consulta no implica una movilización extraordinaria del uribismo, sino una concentración del voto existente. Los 3.225.482 votos de Valencia superan en cerca de 200 mil a los 3.020.459 que obtuvo el Centro Democrático en el Senado. No hubo crecimiento orgánico masivo: hubo disciplina.

Eso no es un elogio menor. En 2022, Federico Gutiérrez ganó su consulta con 2.161.686 votos y luego obtuvo 5.058.010 en primera vuelta. Un factor de crecimiento de 2,34 veces. Ese coeficiente, sin embargo, no es una constante: depende de una campaña sin fracturas internas, de un clima político que movilice en lugar de desanimar y, sobre todo, de que no exista un candidato disputándole el mismo electorado.

Si Valencia replica ese patrón, sobre su base de consulta, el resultado teórico superaría los 7,5 millones. Ese número es probablemente alto para la realidad del 2026: la derecha es más grande que la de 2022, pero está más fragmentada gracias a la disputa con Abelardo De la Espriella.

Un rango honesto para Valencia, en primera vuelta, estará entre 4,8 y 5,5 millones. Su piso lo establecerán los partidos que gravitarán en torno a ella: los 2,98 millones del Centro Democrático, más una parte de los 1,86 millones del Conservador y los 1,24 millones de CR-Alma. Su techo lo fija De la Espriella.

La izquierda: de la mística a la maquinaria

El Pacto Histórico pasó de 2.692.999 votos en el Senado (2022) a 4.402.601. El crecimiento es palpable. Sin embargo, hay un número que lo opaca: en 2022, la consulta de Petro reunió 4.495.831 votos; en 2025, la de Cepeda reunió 1.522.347. Una caída del 66% en participación de consulta es una señal más elocuente del ciclo electoral.

¿Cuánto puede crecer Cepeda en primera vuelta?

En 2022, Petro multiplicó por 1,9 el voto de su consulta (4,49 millones → 8,52 millones). Aplicar ese mismo factor a la consulta de Cepeda daría apenas 2,9 millones, un resultado desmentido ayer en las elecciones legislativas: el Pacto obtuvo 4,4 millones, tres veces más que esa proyección.

La razón es simple: la consulta del Pacto de 2025, celebrada cinco meses antes con reglas de participación más restrictivas: fue un termómetro de militancia activa, no de electorado real. Por esa razón, el piso más honesto para proyectar a Cepeda no es su consulta sino los votos al Senado del Pacto.

Aplicando el factor 1,9 sobre los 4,40 millones, se obtiene un resultado teórico para Cepeda de 8,36 millones, que se ajusta hacia abajo —entre 7,5 y 8,2 millones— para incorporar el desgaste de pertenecer al partido del gobierno. Como cualquier factor histórico, 1,9 es una referencia, no una garantía. El 2022 tuvo características que no se repitieron en el 2026.

Al anterior análisis se agrega que las encuestas de intención de voto lo confirman como favorito: la Gran Encuesta de febrero le asignaba el 34%, e Invamer lo ubica en el rango del 31–37%. Pero una cosa es ser favorito en encuesta y otra convertir esa intención en votos.

El centro: la tragedia en números

En 2022, la consulta de la Coalición Centro Esperanza reunió 2.159.465 votantes. En 2026, la Consulta de las Soluciones apenas alcanzó 617.998. El centro atrajo menos de una tercera parte de lo que movilizó hace cuatro años. Ese colapso de participación no es un accidente: es el síntoma de un electorado que ha optado masivamente por la polarización, dejando al centro sin el oxígeno para ser fuerza de gobierno.

El triunfo de Claudia López es contundente en términos internos, pero irrelevante en términos de volumen electoral. La Alianza por Colombia obtuvo 1.899.096 de votos en el Senado, pero ese universo no le pertenece íntegramente: es una coalición con sectores que no migrarán a su candidatura presidencial.

Sergio Fajardo suma al problema: sin consulta y sin estructura partidaria, depende de su capital y de la fatiga con la polarización, el mismo recurso del que depende López. Dos candidatos y un mismo electorado. López puede llegar a recibir entre 0,8 y 1,2 millones; Fajardo, entre 0,7 y 1,0 millones. La suma de los dos suman no supera los 2,2 millones.

Roy Barreras completa el cuadro con una variable adicional de fragilidad. Su consulta obtuvo 482.465 votos —menos que la de López—, y los 255.912 que lo eligieron apenas superaron a un Quintero sin partido ni recursos. Los 900 mil votos de Ahora Colombia en el Senado, son votos de partido, no de adhesión personal. Barreras, además, compite en el mismo segmento progresista que Cepeda, un terreno donde llegó tarde y cojeando. Los tres —López, Fajardo, Barreras— serán agentes decisivos en la segunda vuelta, pero espectadores de la primera.

De la Espriella: la variable que los datos estructurales no pueden resolver

Aquí el análisis responsable exige honestidad metodológica. Si uno proyecta desde la votación de Salvación Nacional en el Senado —cerca de 700 mil votos—, De la Espriella llega a la primera vuelta como un candidato menor —entre 1,2 y 1,8 millones—. Esa lectura tiene coherencia interna: los partidos cuentan, pero las estructuras y las maquinarias consiguen votos.

Pero hay un problema: Rodolfo Hernández en 2022.​

Hernández tenía un partido casi inexistente, sin estructura nacional. Era un candidato de voto de opinión. Aun así, obtuvo 5.953.209 votos en primera vuelta, el 28,15% del total. El voto antisistema en Colombia existe como fenómeno estructural —no solo como accidente— y busca un vehículo en cada ciclo electoral. En 2026, las encuestas le asignaban a De la Espriella entre el 18 y el 28% de intención de voto. AtlasIntel lo ubicó liderando en enero con el 28%, por encima de Cepeda.

Es probable que las elecciones legislativas no hayan destruido a De la Espriella, pero sí lo redimensionaron. Valencia ganó la Gran Consulta con más de 3 millones de votos, arrebatándole el argumento de ser “el único capaz de derrotar a la izquierda”.

El rango honesto para De la Espriella está entre 2,5 y 4,0 millones: demasiado alto para ignorarlo, demasiado incierto para precisarlo. Es la variable que más puede alterar la narrativa de la primera vuelta si logra transformar las encuestas en votos.

Segunda vuelta: el mismo forcejeo del Plebiscito del 2016  

El escenario más probable es de Cepeda vs. Valencia, pero la amplitud del rango de Abelardo obliga a tener sobre la mesa también el enfrentamiento Cepeda vs. De la Espriella. La encuesta de Invamer de diciembre de 2025 modeló ese escenario, dándole ventaja a De la Espriella de 9,3 puntos. ¿Esa ventaja persiste después de la consolidación de Valencia como candidata de derecha?

En este escenario el Partido Liberal merece más que una nota al pie página. Sus 2,27 millones de votos serán valiosos en la segunda vuelta. También serán los más esquivos. La fractura entre la facción de Gaviria y el sector a favor del gobierno, impide que ese caudal se vaya en bloque para un candidato. Se moverá por fragmentos regionales, con lógicas de negociación local que ninguna encuesta nacional puede capturar.

La analogía del plebiscito no es retórica: es estructural. En octubre de 2016, el país votó en bloque por dos orillas sin que una tercera fuerza tuviera masa electoral para ofrecer una alternativa real. La diferencia entre el Sí y el No fue de 53.894 votos sobre más de doce millones de sufragios válidos.

En 2026, el mapa recuerda ese esquema: dos candidatos con una base fija y consolidada, y un bloque centrista —López, Fajardo, Barreras— sin ninguna posibilidad. Quien seduzca al Centro, se irá a la Casa de Nariño. Valencia y Cepeda se disputarán los votos anti-polarización, que será el más codiciado y el menos predecible. Al presidente lo elegirán los votantes, pero a los candidatos inclinan sus cabezas ante las maquinarias. Al menos eso susurran las cifras.