La historia es tan insólita como indignante. Corría el año 2014 cuando se inició este proyecto. Doce años después, tras haber desembolsado más de 4.600 millones de pesos del dinero de todos los colombianos, el predio sigue con las puertas cerradas para la ciudadanía. Lo más grave de esta radiografía de abandono es que no responde únicamente a la desidia del pasado. En octubre de 2024, con el bombo y platillo habitual de las salvaciones institucionales, se firmó un nuevo contrato para adecuar y finalizar la obra. Dos años después, la realidad vuelve a golpear: el contrato acumula un nuevo incumplimiento y la obra apenas registra un 76 % de avance.

¿Hasta cuándo el presupuesto público seguirá siendo un pozo sin fondo donde las fechas de entrega son meras sugerencias y las cláusulas de cumplimiento simple papel mojado?

Este episodio en Rafael Uribe Uribe sintetiza una crisis estructural de gobernanza que exige decisiones inmediatas en dos frentes urgentes:

En primer lugar, transparencia absoluta e intransigente en la ejecución de los recursos públicos. Los ciudadanos no pueden seguir enterándose de las ruinas presupuestales únicamente cuando llega una nueva administración a hacer inventario. Cada peso destinado a la infraestructura social —y más aún cuando involucra al ICBF, la entidad encargada de proteger a la niñez— debe ser rastreable en tiempo real. La contratación pública en Colombia no puede seguir operando en la penumbra de adiciones presupuestales interminables, prórrogas injustificadas y contratistas que incumplen una y otra vez sin consecuencias severas. La gestión del dinero público exige un compromiso ético donde la eficiencia sea la única métrica de éxito aceptable.

En segundo lugar, este caso deja al desnudo un preocupante letargo institucional y exige un control implacable por parte de las entidades de fiscalización. ¿Dónde han estado la Contraloría, la Procuraduría y la Personería durante más de una década de abandono? Los organismos de control no pueden limitarse a ser historiadores de los desastres administrativos o a emitir informes disciplinarios cuando el daño social y económico ya es irreversible. Es imperioso un control preventivo y sancionatorio real, que identifique las alertas tempranas y castigue con severidad y celeridad a quienes ejecutan mal los recursos o supervisan con indolencia.

Un “elefante blanco” no es simplemente un edificio sin terminar; es una escuela que no abrió, un centro de atención que no prestó servicio y una comunidad a la que se le privó de sus derechos. Los más de 4.600 millones de pesos atrapados en el predio de Rafael Uribe Uribe pertenecían a los colombianos, pero sobre todo, a la infancia golpeada que necesitaba ese espacio desde hace más de una década.

Exigir cuentas claras, veeduría ciudadana efectiva y sanciones ejemplares no es una postura política, es una obligación ciudadana. Es hora de que las entidades de control despierten de su letargo y de que la administración pública entienda que con el dinero y los derechos de la gente no se juega.

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