Esas y otras cuestiones serán debatidas en el próximo Foro Social Panamazónico, que tendrá lugar en Bolivia en junio próximo, y también en el encuentro de los gobiernos en el marco de la Convención de la Diversidad Biológica, en Colombia, en octubre. Por lo tanto es oportuno repasar algunos aspectos de la coyuntura actual en la región desde la perspectiva de las alternativas al desarrollo y las posibles transiciones para alcanzarlas. En este primer artículo se pone el énfasis en las posiciones gubernamentales.

Los Estados amazónicos: empujes y estancamientos

Los gobiernos de los países amazónicos históricamente han tenido responsabilidades directas en las distintas crisis que se padecen en esa región, lo que ha sido denunciado por años. Pero a diferencia de otros momentos, en la actualidad uno de esos gobiernos ofrece un discurso diferente. Pretende dejar atrás los extractivismos en hidrocarburos y carbón, se propone un abordaje más amplio sobre la problemática amazónica (asociando factores ecológicos y económicos), y está abierto a iniciar transiciones (enfocándose en combustibles fósiles). Ese es el caso de la administración de Gustavo Petro en Colombia. Al menos en el pasado reciente, ningún gobierno amazónico ha ofrecido un discurso de este tipo, y por ello debe ser bienvenido.

Pero como ha sido advertido varias veces, por un lado están las intenciones y dichos presidenciales, pero por otro lado, no siempre hay claridad en las ideas que sustentan esas aspiraciones, en las acciones que son necesarias, así como en la capacidad de actores políticos y técnicos en concretarlas, sin olvidar que las ambiciones ciudadanas son mucho más radicales (1).

Esas aspiraciones colombianas deben lidiar con la de todos los demás países amazónicos. En ese frente puede diferenciarse, por un lado, la postura de Brasil, donde hay actores que comprenden la urgencia de transiciones y alternativas, y por el otro lado, la de los demás Estados, los que persisten en minimizar o desatender la Amazonia.

En el caso brasileño, la presidencia de Lula da Silva, encierra distintas tendencias, está enmarcada en una coalición que incorpora partidos de centro e incluso centro derecha, y está además presionada por los llamados “bolsonaristas” tanto en gobiernos estaduales como en el Congreso. De todos modos, no puede olvidarse que en su campaña electoral, Lula rechazó el llamado que había lanzado Petro para una coordinación postpetrolera entre Colombia, Brasil y México. En más de una ocasión, como candidato y luego como Presidente, Lula se manifestó a favor de continuar con la explotación de hidrocarburos, y siempre apostó por “desarrollar” la Amazonia.

Sin embargo, en ese gobierno de debe destacar la presencia de Marina Silva, una vez más al frente del Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. Ella es amazónica, conoce la situación de la región, y no puede negarse su experiencia, preparación y vocación. Silva no tiene un discurso que proponga abandonar los extractivismos de combustibles fósiles, pero ha dejado en claro que entiende esa cuestión. Su ministerio respaldó, por ejemplo, la decisión de impedir nuevas exploraciones petroleras en la desembocadura del Río Amazonias por sus impactos ambientales, y eso desembocó en una controversia con el presidente Lula. Es más, la Ministra de alguna manera reconoció ante el propio Petro, en una mesa redonda en el reciente Foro Económico de Davos, que su gobierno discute las implicancias de una moratoria petrolera en la Amazonia, pero que eso involucra cuestiones que van más allá de las consideraciones ambientales. Tampoco es menor el papel de Sônia Guajajara, la nueva ministra de pueblos indígenas, con posiciones que servirían para explorar alternativas.

En otros temas hay más coincidencias. Por ejemplo, Colombia y Brasil detuvieron los planes de militarización de la gestión territorial amazónica que se habían lanzado bajo las administraciones de Duque y Bolsonaro. También concuerdan en la necesidad de mejorar la gestión ambiental en la Amazonia, y en especial en detener la deforestación. Pero de todos modos, Brasilia no apoya los discursos de transiciones que parten desde Bogotá.

Entretanto, los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Guyana y Suriname, aunque no tienen posturas idénticas, pueden agruparse en un conjunto que carece de planes y gestiones efectivas para la Amazonia, que no logran detener la deforestación ni controlar los incendios, toleran la contaminación de suelos y aguas, y permiten la diseminación de los extractivismos. No discuten alternativas al desarrollo, e incluso las pueden considerar peligrosas al interpretarlas como obstáculos al provecho económico.

Algunas diferencias en ese grupo deben ser apuntadas. En Ecuador, la actual administración de Daniel Noboa debe lidiar con una situación que no se repite en ningún otro país, ya que allí, en 2023, tuvo éxito una consulta ciudadana para detener la explotación petrolera en la región amazónica de Yasuní. A pesar del contundente respaldo de casi el 60 % de los votos, se suman señales de que esa administración intentará postergarlo o incumplirlo. Es difícil determinar cómo avanzará esa contradicción, ya que el país está convulsionado por una ola de violencia y escándalos de corrupción que dominan la atención ciudadana.

En el caso de Bolivia, en la década pasada el gobierno mantuvo un enérgico discurso sobre la protección de la Madre Tierra, la plurinacionalidad y la indigeneidad, pero como es sabido, en su gestión apostó por más extractivismos, generándose múltiples conflictos con comunidades locales y organizaciones de base. Se toleró y hasta se apoyó el avance de los extractivismos en hidrocarburos y minerales, incluyendo la minería de oro, incluso dentro de áreas protegidas, y se padecieron severas crisis como las de los incendios forestales en 2019. La persistente crisis política en ese país, alimentada ahora por una fractura dentro del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), hace que en los hechos siga avanzando, por ejemplo, la explotación minera en su región amazónica, incluso invadiendo territorios comunitarios o en los incumplimientos de asegurar medidas de conservación dentro de las áreas protegidas.

La situación en Perú es en cierto modo similar. El anterior presidente, Pedro Castillo, respondía a un plan de gobierno extractivista y hostil a la participación ciudadana; la actual presidencia de Dina Boluarte cayó en más represión y autoritarismo. La consecuencia es que los problemas amazónicos siguen su marcha, e incluso empeoran por la inacción gubernamental. Por si fuera poco, se entretiene con rencillas políticas minúsculas, como la oposición presidencial a la designación de autoridades colombianas en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

Finalmente, en Venezuela distintos analistas y líderes ciudadanos han denunciado la proliferación de múltiples actividades en la Amazonia, tal como ocurre en los otros países. La particularidad es que la administración de Nicolás Maduro ha desplegado a los militares, tanto en la represión y desplazamiento de personas, como en encaminar extractivismos formales. Su apetencia extractivista queda en claro por el conflicto de este país con su vecino, Guyana, al disputarse las concesiones petroleras marinas.

En resumen, entre estos seis gobiernos podrán encontrarse llamados genéricos, a veces con sentido de publicidad u oportunismo, que se refieran a la Amazonia, su riqueza ecológica o repitiendo slogans como ser el “pulmón” del planeta. Pero carecen de planes y acciones concretas para detener problemáticas de fondo como el deterioro ambiental, la pobreza y la violencia, y sus gestiones ante urgencias como los incendios forestales o la invasión de la minería de oro, son insuficientes. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que sería el organismo clave para acordar y coordinar respuestas, es desatendida y hasta olvidada por los propios países. Ninguno de esos gobiernos se alineará con los llamados de Bogotá a una transición que deje atrás la dependencia en combustibles fósiles e, incluso, mantendrán distancia de muchas posiciones brasileñas (como la de realmente intentar controlar la deforestación, mientras que no hay medidas efectivas para lograrlo, por ejemplo en Bolivia o Perú). No sólo eso, sino que no están siquiera dispuestos a explorar las posibilidades de una transición.

La imposición de nuevos territorios

Existe una abundante información sobre la problemática amazónica, desde las advertencias por la pérdida de biodiversidad, a la desigualdad y la pobreza, y en especial aquella que golpea a los pueblos indígenas (2). No es posible aquí abordar en detalle todos esos frentes, pero un análisis de coyuntura permite alertar sobre un proceso que no siempre resulta evidente y en el que los gobiernos tienen responsabilidades directas.

En efecto, en la Amazonia persiste, y en varios sentidos se están agravando, procesos de radicales y sustantivas transformaciones territoriales. Sobre los viejos territorios, sean aquellos que responden a pueblos indígenas o comunidades campesinas, o los que se deben a arreglos administrativos como municipios o departamentos, se imponen nuevas territorialidades. Estos son extrovertidos, en el sentido de estar asociados y ser dependientes de agentes, mecanismos y flujos globales. Sus ejemplos más dramáticos son la diseminación de enclaves de emprendimientos mineros, petroleros o agrícolas.

Los territorios prexistentes tenían distintos vínculos con las zonas que les rodeaban, mientras que estos nuevos, precisamente por ser enclaves, están desconectados o están débilmente relacionados con los espacios vecinos; algunos de ellos incluso están cercados y resguardados por fuerzas de seguridad. Estos enclaves, en cambio, reciben insumos desde el exterior y los recursos naturales que extraen son exportados hacia otros continentes; frecuentemente mediados por empresas transnacionales, más allá que en algunos rubros o países pueden ser estatales o estar asociadas a compañías nacionales.

Esta nueva territorialización responde a agentes y dinámicas por fuera de la Amazonia, incluso más allá de las capacidades de regulación de los propios gobiernos. Inciden en ellos las subas y bajas de los precios de las materias primas, la disposición de capital de inversión, las trabas o aperturas comerciales, y el apetito de consumo de países como China o de las naciones industrializadas. Por ejemplo, el récord histórico del aumento del precio internacional de referencia del oro, por encima de los dos mil dólares la onza, que acaba de ocurrir en marzo de 2024, es un factor que fatalmente disparará aún más ese tipo de minería en la Amazonia. Los gobiernos locales o nacionales no controlan ese tipo de dinámicas.

Desde la mirada de las comunidades locales, esos enclaves significan muy pocos beneficios económicos y laborales, y se pierden prácticas ancestrales tales como la pesca, recolección, caza y agricultura adaptada a esos ecosistemas tropicales. Es también una territorialización impuesta: ocupa los espacios desconociendo los territorios antes existentes y sus habitantes, y además se bloquea la capacidad de esas comunidades en incidir, controlar o rechazarlos. Esa imposición puede seguir vías pretendidamente legales, como ocurre con las concesiones mineras o petroleras que se deciden en las capitales de los países amazónicos. Pero también puede ser ilegal, en lo cual el ejemplo más alarmante ocurre con la expansión de la minería de oro aluvial, que invade los territorios de muchas comunidades y los ocupan empleando la violencia.

De estos modos, la re-territorialización extrovertida crea lo que podría describirse como “huecos” en los espacios amazónicos, ya que al extraer o aspirar sus recursos, esos enclaves destruyen la continuidad de sus ecosistemas. Son huecos tanto sociales como ambientales, ya que pueden ser pasivos ambientales, como ocurre con sitios deforestados y contaminados con mercurio, los que difícilmente pueden ser restaurados, o por comunidades que son desplazadas o se dispersa a sus integrantes. La secuencia de paisajes y ecosistemas queda interrumpida por los enclaves, y éstos incluso pueden confluir en amplias superficies, como ocurre con el arco de deforestación amazónica que avanza desde el sur.

Bajo esta dinámica es como si la Amazonía fuese en realidad gestionada desde los centros financieros y comerciales. Los gobiernos nacionales no tienen capacidades para modificar o amortiguar esos factores, ya que prevalecen los mercados internacionales y la globalización. Pero a pesar de todo, los gobiernos y sus grupos de apoyo empresariales, apoyan ese tipo de inserción internacional, y por ello, los Estados terminan siendo funcionales a estas situaciones. Así se condenan las regiones amazónicas que quedan subordinadas a esas dinámicas globales.

Es cierto que distintas comunidades locales se han resistido a esas imposiciones de territorios que expolian sus ambientes e, incluso, han estallado conflictos sociales de distinta intensidad. Pero es sabido que las respuestas gubernamentales predominantes han sido las de apoyar la permanencia de los enclaves, y no han dudado en reprimir a las comunidades locales y hostigar a las organizaciones ciudadanas.

La importancia de esta cuestión radica en que los gobiernos no advierten esta dinámica, y si lo hacen no lo consideran un asunto de gravedad. Si bien por lo general minimizan las cuestiones amazónicas, cuando las abordan, se enfocan en problemas puntuales o locales, tales como la deforestación en un sitio, incendios salidos de control o un alzamiento indígena. Pero no parecen comprender que todos esos son síntomas de una enfermedad más profunda, la que radica en esa subordinación a la globalización como proveedores de los recursos naturales. Esa es una condición que se sufre desde cada país pero que se articula y potencia en su conjunto a nivel de toda la cuenca amazónica.

En las concepciones políticas más simplistas, no han faltado actores políticos o empresariales que consideren que la Amazonia está vacía o casi vacía, que debe ser “civilizada” y que para ello deben explotarse sus bienes naturales. Esperan multiplicar las exportaciones con la esperanza de obtener dineros para financiar el gasto del Estado, cubrir los déficits presupuestarios, y pagar la deuda externa. Bajo esa perspectiva, esta territorialización extrovertida es bienvenida, y no han dudado en promoverla.

Queda de este modo expuesto un dramático vacío. Esa reterritorialización amazónica es uno de los problemas más severos y complejos que afecta a toda la región. Sin embargo no solamente no se reconoce la cuestión, sino que cualquier acción ante ella requiere establecer estrategias y acciones coordinadas entre los gobiernos. Eso hace que, desde el punto de vista de unas transiciones enfocadas en alternativas al desarrollo, sea esencial recuperar la autonomía ante la globalización.

El contexto de las alternativas

A diferencia de lo que ocurre con los gobiernos, en algunos sectores de la sociedad civil existen múltiples propuestas alternativas, originadas en la propia región, y que revisten enormes potenciales. Aunque un análisis de coyuntura sobre las expresiones ciudadanas requeriría otro artículo, deben mencionarse algunos ejemplos. Entre ellos, el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza tal como se aprobó en Ecuador, o la aplicación de moratorias, como la enfocada en la región de Yasuní, para emprendimientos que tienen impactos severos, que se consideran inaceptables o intolerables, y que no tienen resolución tecnológica. Ocurre otro tanto, con la experiencia peruana en organizar una plataforma ciudadana que reclame alternativas a los extractivismos. Esas y otras ideas muestran propósitos y orientaciones en las alternativas, y al tener eso en claro, es posible diseñar estrategias de transición para alcanzar tales fines. Es importante tener esa condición presente ya que en la actualidad, al proliferar el uso del término transiciones, no siempre está claro hacia dónde se quiere transitar, lo que a su vez está afectado por imprecisiones y confusiones en conceptos (3).

Teniendo presentes esas condiciones, es posible ofrecer algunas reflexiones sobre las alternativas. Desde una perspectiva regional, aquí se entiende que la reterritorialización hacia la globalización es la condición más grave que se enfrenta. Muchos de los problemas que se identifican como severos, como por ejemplo la deforestación o la minería de oro, sin duda lo son. Pero en casi todos los sitios son consecuencia de esa condición. El que prevalezcan las reacciones a los síntomas pero sin llegar a enfrentar las razones de fondo, no recibe la atención necesaria, y es urgente dejarlo en evidencia. Es que las alternativas, para ser realmente efectivas deben lidiar con las raíces de los problemas, como puede ser la condición subordinada.

Teniendo eso presente, la retórica del actual gobierno colombiano ofrece opciones para poner en discusión las alternativas desde otras posturas. Es cierto que sus acciones aún son insuficientes para resolver los problemas, pero sirven como base de apoyo para que la sociedad civil pueda sumarle sus propios aportes, con planes más precisos y organizados, como pueden ser los de asegurar los derechos de la Naturaleza en toda la Amazonia.

Finalmente, debe asegurarse la más adecuada identificación de los principales, y desde allí se deben articular las alternativas de cambio y los modos de alcanzarlas. Por ello es necesario no quedar encapsulados a los modelos de transiciones organizados en otros continentes, con realidades muy distintas a las amazónicas, para atender seriamente lo que se ha pensado y ensayado desde la propia Amazonia. Como tampoco puede repetirse el autolimitarse por obediencias o simpatías políticas. Las alternativas necesitan sumar tanto en independencia como en rigurosidad crítica.

Notas

1. Transiciones: una necesaria intención de cambio atrapada en una maraña de confusiones, E. Gudynas, Desde Abajo No 299, Bogotá, febrero 2023 – https://www.desdeabajo.info/ediciones/edicion-no299/item/transiciones-una-necesaria-intencion-de-cambio-atrapada-en-una-marana-de-confusiones.html

2. Véase por ejemplo los informes en RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada), en https://www.raisg.org/es

3. Sobre las distintas alternativas y sus implicaciones en Desarrollos alternativos. Alternativas al desarrollo. Una guía ante las opciones de cambio, E. Gudynas, Ediciones desde Abajo, 2023 – https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=358

El presente texto adelanta algunos resultados del autor sobre alternativas y transiciones como investigador del Centro de Información y Documentación de Bolivia (CEDIB), basado en una versión publicada por el periódico Desde Abajo (Bogotá), y que luego fue republicada en distintos medios de la región.

El otro fue que en Bogotá, el gobierno tomó una decisión que en va en contra de esas advertencias sobre el cambio climático, y que al mismo tiempo sería una renuncia a una de sus promesas de gobierno.

En efecto, el pasado 15 de marzo, el Ministerio de Minas y Energía “unificó criterios” con el Ministerio de Hacienda, sumando al Ministerio de Comercio e Industria, para así presentar la hoja de ruta “Una transición energética justa y sostenible”. En un breve documento se afirma que la transición será “gradual”, y se enumeran seis “instrumentos”, donde el relevante en este análisis es el cuarto. En éste se lee que se continuará “con la exploración y explotación de combustibles líquidos y gas” y se “propiciará” la autosuficiencia de la matriz energética (2).

El anuncio de que se continuará tanto con la explotación como exploración petrolera supone renunciar a una de las promesas en el plan de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. En aquel plan se decía: “No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos”, y se prohibiría la exploración y explotación de petróleos no convencionales, todo ello en un capítulo titulado “Colombia líder en la lucha contra el cambio climático”. Por lo tanto, la nueva decisión gubernamental, si se mantiene, significa incumplir esa promesa.

Posiblemente sea cierto que en los días de campaña electoral muchas personas leyeron el programa muy apresuradamente, o no lo leyeron, y es por ello que se difundió la idea que se pondría en marcha una transición tanto post-petrolera como post-minera. Pero siendo riguroso, si se lee con cuidado aquel programa, es claro que se aceptaba continuar con la explotación de crudos convencionales en yacimientos en operación así como se podrían explotar aquellos que ya habían sido concedidos. Distintos voceros del petrismo dejaron eso en claro. Algunos incluso proponían recuperar pozos abandonados para extraer de ellos los crudos remantes. Pero a pesar de que solamente existía un compromiso enfocado en la exploración, se usaba eso como justificación de la existencia de una transición energética o petrolera.

El anuncio que se acaba de hacer es un cambio sustancial por el cual se abandonaría la promesa de suspender nuevas exploraciones petroleras.  Está claro que exploración y explotación son dos conceptos distintos, pero a nadie escapa que liberalizar la búsqueda de nuevos yacimientos lleva, más tarde o más temprano, a nuevas perforaciones.

Si esto efectivamente se concreta, ya no habría una transición post-petrolera y, a la vez, sería una marcha atrás en la batalla contra el cambio climático. No sólo es un incumplimiento de la promesa electoral, que viola el título de aquel capítulo del programa de gobierno de Petro y Francia que se comprometía con luchar contra el cambio climático, sino que además opera en sentido contrario a lo que está pidiendo el reciente reporte del IPCC. Quedan por el camino las aclaraciones de la ministra Irene Vélez, replicándole al ministro de Hacienda, J.A. Ocampo, el pasado octubre de 2022, de que debido a la crisis climática no se firmarían nuevos contratos de exploración y explotación, y que ello se sustentaba en la “integridad ética y política” que “caracterizaría” al gobierno (3). También quedarían por el camino las declaraciones que el gobierno hiciera en el Foro Económico de Davos afirmando que se suspenderían los contratos de exploración hasta el 2026.

La intención original en desandar la dependencia en combustibles fósiles también incluía la moratoria de la minería de carbón, que efectivamente fue propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que ya fue anulada en el congreso.

En cambio, los pro-petroleros consiguieron una victoria de enorme importancia. La exploración continuará, y desde allí se generarán más presiones, más proyectos y derechos comerciales que a su vez empujarán por más explotación petrolera.

Sin embargo, este giro sólo despertó la preocupación de algunos y para otros parecería que pasó desapercibido. Una razón puede ser en que la repetición de titulares ambiciosos por el gobierno, como el de “transición energética justa y sostenible”, termina disimulando que las medidas concretas son mucho más humildes o que no se cumplen. Se ha caído en una maraña de confusiones sobre qué es una transición, hacia dónde y cómo. Además del gobierno, hay muchos otros actores que desde la política, las empresas, la academia e incluso grupos ciudadanos, hablan de transición energética pero a la vez reclaman explotar el petróleo y el carbón, sin reconocer o entender las contradicciones que ello implica.

Frente a esta situación, en otro artículo rescataba el uso de la palabra confusión en el castellano antiguo que en su uso original venía acompañada de los términos alucinación y ofuscación. Eso permite describir una postura CAO: confusión + alucinación + ofuscación. En ese análisis, publicado en el periódico Desde Abajo, recordaba que en sus significados originales confundir implica otorgar a unos objetos los atributos de otros, tomar unas cosas por otras, y mezclarlas en desorden; alucinar es concebir ideas de objetos o sucesos que no existen o combinarlos de modo contrario a lo posible; y  ofuscar es perturbar el entendimiento, por ejemplo por la profusión de palabras impidiendo percibir adecuadamente lo que se quiere dar a entender (4).

Hay una postura CAO porque esas tres manifestaciones están presentes en la defensa de la petrolización. Allí está la confusión en los que dicen que Colombia depende de la recaudación fiscal petrolera o que sin éstas se derrumbaría la economía nacional, mientras que su participación está en el nivel del 10 % de la recaudación fiscal. La alucinación se observa en algunos de los ambientalistas pro-petroleros que sostienen que el país tiene “cero” emisiones de gases invernadero desde el sector petrolero, sin reconocer que esos dichos están reñidos con la ciencia y el sentido común (los compradores de petróleos colombianos los queman y por lo tanto emiten gases invernadero). No cabe otra calificación que ofuscación a quienes repiten que la explotación petrolera es un buen negocio para el país, a pesar que nadie resta los costos económicos de los daños sanitarios, sociales y ecológicos que produce.

Un hecho peculiar es que en Colombia esa postura CAO es alimentada desde la academia, donde hay universitarios que tienen discursos ambientalistas, incluso denunciando el cambio climático, pero al mismo tiempo insisten en exportar todo el carbón y el petróleo posible, y minimizan o niegan las emisiones de gases invernadero que eso produce. O bien dicen apoyar una transición energética, pero ¡no por ahí!, como insiste Juan Pablo Ruíz Soto, para defender seguir exportando y explorando, aunque lo hace con argumentos que en un caso es errado y en otro es inapropiado (5).

Al final de cuentas son interpretaciones que no asumen justamente eso que el nuevo reporte del IPCC, indicado arriba, pone en evidencia: debe abandonarse la adicción a los hidrocarburos y demás combustibles fósiles, cuanto antes y en todo el planeta, sin excepciones. Al caer la promesa post-petrolera también se mutila la posibilidad de una transición que cubra todos los extractivismos, incluyendo los mineros y los agrícolas.

Por lo tanto estamos ante tres senderos. Algunos entendían que tendría lugar una transición sustantiva que permitiría detener exportaciones y exploraciones. Pero en realidad se había prometido una transición acotada que mantendría las explotaciones sin otorgar nuevas concesiones. Parecería que esto finalmente no se concretará y estamos ante un giro que pasa por una transición muy diluida para finalmente volver a la condición inicial que persiste en la petrolización. Las confusiones, alucinaciones y ofuscaciones permitieron seguir jugando con la etiqueta “transición” mientras que en poco más de seis meses, el giro fue tan pronunciado que se está volviendo al punto de inicio. Habrá que estar atentos a si ese retorno finalmente se mantiene.

Notas

1 .AR6 Syntehsis report – Climate change 2023, Summary for policymarkers, descarga…

2. Boletín del Ministerio Hacienda y Crédito Público, 15 marzo 2023, en https://www.minhacienda.gov.co

3. Vélez vs Ocampo: MinMinas desmintió a MinHacienda por contratos de exploración (resumen de entrevista en W Radio), El Colombiano, 13 octubre 2022, aquí…

4. Transiciones: una necesaria intención de cambio atrapada en una maraña de confusiones, E. Gudynas, Desde Abajo, No 299 (febrero 2023),

5. Los dos argumentos destacados en J.P. Ruiz son: Considerar que el Pacto Histórico ha enfatizado el debate sobre la “oferta” de petróleos, lo que es errado porque en realidad las propuestas y medidas concretas están sobre todo en el consumo y uso interno de energía (como queda en evidencia en el PND). Sostener que la oferta exportable de exploración y explotación depende de “múltiples factores” que no se conocen ni controla el país, lo cual poco agrega ya que esa condición se da para casi todas las materias primas, y para nada invalida que la decisión primordial, la de exportar o no exportar un bien, siempre está en manos del Estado. Su postura en Transición energética: ¡por ahí no es!, El Espectador, 7 febrero 2023, aquí…

La serie

Este artículo es parte de una serie prevista de reflexiones que además incluyen, en parte, reacciones y respuestas a dichos de Manuel Rodríguez Becerra de la Universidad de los Andes. Las anteriores contribuciones fueron:

Detrás del buen negocio, el mal cálculo petrolero, en Embrollo del Desarrollo, 27 enero 2023, leer…

Transiciones: una necesaria intención de cambio atrapada en una maraña de confusiones, en periódico Desde Abajo, No 299, febrero 2023, leer…  ,

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Redes: @EGudynas Blog: accionyreaccion.com Más análisis y reflexiones en la serie Cartas en Ecología Política; subscripciones en https://ecologiapolitica.substack.com/

Ese tipo de dichos, expresados como lo hace Rodríguez Becerra y otros académicos, los políticos de la oposición o los empresarios, descansan en asumir que el resultado final de las exportaciones de hidrocarburos es positivo para el país. Tiene que haber un saldo neto positivo porque, tal como continúa ese argumento, se generarían excedentes que supuestamente se usarían en combatir la pobreza, promover otros sectores productivos, etc. Como contracara, cualquier limitación a esas exportaciones tendría un efecto económico negativo, que algunos califican como catastrófico. Esa secuencia de ideas en varias ocasiones se la reduce a slogan simplista:  más petróleo -> menos pobreza.

Mi advertencia es que esa argumentación pro-petrolera es insostenible. Adelanté esta postura en unos intercambios en twitter, pero aquí puedo explicarla un poco mejor. Es que no pueden hacerse afirmaciones como esas, y en especial desde la academia, porque se carece de la información básica indispensable para sostenerlas.

El aporte de las exportaciones, regalías, tributos y otros ingresos petroleros es importante, y eso no está aquí en discusión. Por ejemplo, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el balance fiscal de 2022 a mediano plazo, estimaba un ingreso total del gobierno central de 227 535 miles de millones de pesos, de los cuales las que llama “rentas petroleras” fueron casi el 10% (22 617 miles millones de pesos) (1). Dejo de lado que algunos inflan las cifras o emplean otros indicadores para publicitar un aporte aún más voluminoso, para reconocer su relevancia y de ese modo poder dar otro paso en esta reflexión.

Para determinar si ese sector es beneficioso para el país, se debe comparar esos ingresos petroleros contra los costos y pérdidas económicas que se producen en ese mismo sector. Dicho de otro modo: es necesario hacer un análisis de costos y beneficios. Pero una evaluación que sea seria y rigurosa.

Para ello, se deben determinar los costos y pérdidas, en dinero, que están involucrados en el sector petrolero. Esto incluye los más conocidos, tales como subsidios explícitos o implícitos que se otorgan a esos emprendimientos, como pueden ser apoyos en infraestructura, suministro de insumos, energía, etc. También se deben considerar las exoneraciones tributarias de cualquier tipo; éstas son renuncias fiscales lo que las convierte en costos.

Finalmente, se deben contabilizar los daños. Estos incluyen:

• Daños sociales, por ejemplo en la salud pública de las personas afectadas en los enclaves petroleros, o los ingresos perdidos por quienes debieron abandonar prácticas agrícolas.
• Daños ambientales, desde la contaminación de suelos y aguas por derrames a la pérdida de biodiversidad allí donde operan las plataformas de explotación o las líneas de transporte y bombeo.
• Daños territoriales, por desplazamientos de personas donde avanza la frontera de hidrocarburos (2).

.

A diferencia de lo que ocurre con tributos y subsidios, para este tipo de dimensiones casi no se han realizado evaluaciones contables que traduzcan en dinero esos impactos. Por ejemplo, las personas que pierden el agua potable por contaminación de crudo deberán pagarla por conseguirla desde otra fuente, y esto es un costo económico que pasa desapercibido pero que por ello no deja de existir. Otro tanto sucede con aquellos que deben perder el salario del día para ir a un médico, pagar por la consulta o por medicamentos. Lo alarmante en muchos de estos componentes es que ese costo económico es asumido por las personas, sus familias, las comunidades locales, el gobierno, y finalmente la sociedad.

Entonces, una evaluación seria del sector debe hacerse poniendo, de un lado, los ingresos económicos, y del otro, las pérdidas de todo tipo que acarrea. Eso requiere incorporar procedimientos de mensura contable que traduzcan en una escala monetaria los daños y perjuicios sociales, ambientales y territoriales.

Esta es una comparación básica e indispensable para considerar políticas públicas sensatas. Si se hace de este modo puede decirse, en forma esquemática, que habría tres posibles resultados. Los beneficios económicos de exportar hidrocarburos superan a los perjuicios económicos, y entonces los que priorizan la racionalidad económica pueden argumentar que es un “buen negocio” para el país. Otra opción es que sean similares los ingresos como los egresos; sería un “empate”. Finalmente, la tercera opción ocurriría cuando el resultado de estas cuentas muestra que los costos y perdidas económicas por los extractivismos petroleros son más altos que los beneficios por ingresos; estaríamos ante un “mal negocio”.

.

Hasta aquí una explicación, muy esquemática, pero que ilustra el punto en mis intervenciones en las redes. Mis respuestas a defensores extractivistas que insisten en decir que es un buen negocio, señalo que carecen de la información para sostener esas afirmaciones. Simplemente no pueden saberlo. No saben si es un buen negocio, un mal negocio o un empate. No lo saben porque hasta donde puede verse, no se han hecho las cuentas adecuadas para dejar en claro, por ejemplo, los costos de los daños desencadenados por las petroleras, y ni siquiera se les resta lo que se les otorga como beneficios y subsidios.

Si la explotación petrolera es en realidad un “mal negocio”, eso se disimula porque por un lado hay enormes subsidios a ese sector, la mayor parte ocultos, y profusas externalidades sobre la sociedad. Ese sector es siempre un “buen negocio” pero para sus empresas, para sus accionistas, para el salario de sus ejecutivos, para las justificaciones de algunos ministros. Pero desde allí, a sostener que es provechoso para todo un país, hay un largo trecho. Ese extremo necesita ser confirmado después de contrastarlo contra las perdidas en dinero que toda esa actividad también genera.

Agrego aquí, tal como analicé en otro sitio, que los extractivismos se presentan como “buenos negocios” porque activamente bloquean o entorpecen los análisis de costo – beneficio que incorporen esas dimensiones sociales y ambientales (3). Dicho de otro modo, su justificación necesita de contabilidades distorsionadas.

Dejo para otro momento discutir si la toma de decisiones en las políticas públicas deben estar restringidas a estos balances que son económicos, o si el daño social y ambiental se puede traducir efectivamente en pesos. Pero a los fines de esta reflexión, basta considerar que aún desde la perspectiva económica que usan los pro-petroleros, ni siquiera son rigurosos en aplicar el instrumental económico.

Todos sabemos que desde empresas y desde la vieja política se repiten los slogans que carecen de fundamento, tales como afirmar que las exportaciones son un “buen negocio” para el país. Esos dichos son esencialmente recitados de una mitología petrolera. Ante esto, lo grave, al menos desde mi modo de ver, es que desde organizaciones ciudadanas y en especial desde la academia, se escuchan voces que lo repiten. No solo se lo repite, a pesar de carecer de fundamento empírico, sino que se lo emplea en la retórica pública para defender esos sectores.

Al contrario de esa actitud, desde los espacios universitarios, lo prioridad debería estar en promover estudios y evaluaciones para hacer explícitos los costos económicos de esos perjuicios, y para confeccionar análisis de costo – beneficio que sean serios y enfocados en un país como un todo. Del mismo modo, la intención del gobierno Petro de avanzar en la despetrolización, requiere realizar este tipo de contabilidad cuanto antes para así terminar con discusiones espurias. Sea desde un ámbito u otro, esas evaluaciones tienen que ser independientes y rigurosas.

Notas

1. Informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal al Congreso de la República, Septiembre de 2022, CARF, Bogotá.

2. Un análisis sobre narrativas que minimizan, ignoran o excluyen muchos de esos impactos y daños a partir de los dichos de Brigitte Baptiste sobre petróleo y minería en Colombia se analiza en Hasta la última gota. Las narrativas que sostienen a los extractivismos, RevIISE (Universidad de San Juan), 2019, http://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasUltimaGotaNarrativasExtractivistas19.pdf

3. Ver Excedente en el desarrollo: revisión y nueva conceptualización desde los extractivismos. Estudios Críticos del Desarrollo, Universidad de Zacatecas (México), 2020, http://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasExcedenteDesarrolloECDMx201920.pdf

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Redes: @EGudynas Análisis y reflexiones en la serie Cartas en Ecología Política; subscripciones en https://ecologiapolitica.substack.com/