En Colombia está en marcha una intensa polémica sobre las explotaciones mineras y petroleras. En esas discusiones, hay voces que provienen de la academia, como la de Manuel Rodríguez Becerra, que rechazan cualquier restricción y demandan exportar hasta la última gota de hidrocarburos. Al hacerlo apelan a distintos argumentos, y uno de ellos radica en subrayar la importancia económica que tienen esas exportaciones.
Ese tipo de dichos, expresados como lo hace Rodríguez Becerra y otros académicos, los políticos de la oposición o los empresarios, descansan en asumir que el resultado final de las exportaciones de hidrocarburos es positivo para el país. Tiene que haber un saldo neto positivo porque, tal como continúa ese argumento, se generarían excedentes que supuestamente se usarían en combatir la pobreza, promover otros sectores productivos, etc. Como contracara, cualquier limitación a esas exportaciones tendría un efecto económico negativo, que algunos califican como catastrófico. Esa secuencia de ideas en varias ocasiones se la reduce a slogan simplista: más petróleo -> menos pobreza.
Mi advertencia es que esa argumentación pro-petrolera es insostenible. Adelanté esta postura en unos intercambios en twitter, pero aquí puedo explicarla un poco mejor. Es que no pueden hacerse afirmaciones como esas, y en especial desde la academia, porque se carece de la información básica indispensable para sostenerlas.
El aporte de las exportaciones, regalías, tributos y otros ingresos petroleros es importante, y eso no está aquí en discusión. Por ejemplo, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el balance fiscal de 2022 a mediano plazo, estimaba un ingreso total del gobierno central de 227 535 miles de millones de pesos, de los cuales las que llama “rentas petroleras” fueron casi el 10% (22 617 miles millones de pesos) (1). Dejo de lado que algunos inflan las cifras o emplean otros indicadores para publicitar un aporte aún más voluminoso, para reconocer su relevancia y de ese modo poder dar otro paso en esta reflexión.
Para determinar si ese sector es beneficioso para el país, se debe comparar esos ingresos petroleros contra los costos y pérdidas económicas que se producen en ese mismo sector. Dicho de otro modo: es necesario hacer un análisis de costos y beneficios. Pero una evaluación que sea seria y rigurosa.
Para ello, se deben determinar los costos y pérdidas, en dinero, que están involucrados en el sector petrolero. Esto incluye los más conocidos, tales como subsidios explícitos o implícitos que se otorgan a esos emprendimientos, como pueden ser apoyos en infraestructura, suministro de insumos, energía, etc. También se deben considerar las exoneraciones tributarias de cualquier tipo; éstas son renuncias fiscales lo que las convierte en costos.
Finalmente, se deben contabilizar los daños. Estos incluyen:
- Daños sociales, por ejemplo en la salud pública de las personas afectadas en los enclaves petroleros, o los ingresos perdidos por quienes debieron abandonar prácticas agrícolas.
- Daños ambientales, desde la contaminación de suelos y aguas por derrames a la pérdida de biodiversidad allí donde operan las plataformas de explotación o las líneas de transporte y bombeo.
- Daños territoriales, por desplazamientos de personas donde avanza la frontera de hidrocarburos (2).
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A diferencia de lo que ocurre con tributos y subsidios, para este tipo de dimensiones casi no se han realizado evaluaciones contables que traduzcan en dinero esos impactos. Por ejemplo, las personas que pierden el agua potable por contaminación de crudo deberán pagarla por conseguirla desde otra fuente, y esto es un costo económico que pasa desapercibido pero que por ello no deja de existir. Otro tanto sucede con aquellos que deben perder el salario del día para ir a un médico, pagar por la consulta o por medicamentos. Lo alarmante en muchos de estos componentes es que ese costo económico es asumido por las personas, sus familias, las comunidades locales, el gobierno, y finalmente la sociedad.
Entonces, una evaluación seria del sector debe hacerse poniendo, de un lado, los ingresos económicos, y del otro, las pérdidas de todo tipo que acarrea. Eso requiere incorporar procedimientos de mensura contable que traduzcan en una escala monetaria los daños y perjuicios sociales, ambientales y territoriales.
Esta es una comparación básica e indispensable para considerar políticas públicas sensatas. Si se hace de este modo puede decirse, en forma esquemática, que habría tres posibles resultados. Los beneficios económicos de exportar hidrocarburos superan a los perjuicios económicos, y entonces los que priorizan la racionalidad económica pueden argumentar que es un “buen negocio” para el país. Otra opción es que sean similares los ingresos como los egresos; sería un “empate”. Finalmente, la tercera opción ocurriría cuando el resultado de estas cuentas muestra que los costos y perdidas económicas por los extractivismos petroleros son más altos que los beneficios por ingresos; estaríamos ante un “mal negocio”.
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Hasta aquí una explicación, muy esquemática, pero que ilustra el punto en mis intervenciones en las redes. Mis respuestas a defensores extractivistas que insisten en decir que es un buen negocio, señalo que carecen de la información para sostener esas afirmaciones. Simplemente no pueden saberlo. No saben si es un buen negocio, un mal negocio o un empate. No lo saben porque hasta donde puede verse, no se han hecho las cuentas adecuadas para dejar en claro, por ejemplo, los costos de los daños desencadenados por las petroleras, y ni siquiera se les resta lo que se les otorga como beneficios y subsidios.
Si la explotación petrolera es en realidad un “mal negocio”, eso se disimula porque por un lado hay enormes subsidios a ese sector, la mayor parte ocultos, y profusas externalidades sobre la sociedad. Ese sector es siempre un “buen negocio” pero para sus empresas, para sus accionistas, para el salario de sus ejecutivos, para las justificaciones de algunos ministros. Pero desde allí, a sostener que es provechoso para todo un país, hay un largo trecho. Ese extremo necesita ser confirmado después de contrastarlo contra las perdidas en dinero que toda esa actividad también genera.
Agrego aquí, tal como analicé en otro sitio, que los extractivismos se presentan como “buenos negocios” porque activamente bloquean o entorpecen los análisis de costo – beneficio que incorporen esas dimensiones sociales y ambientales (3). Dicho de otro modo, su justificación necesita de contabilidades distorsionadas.
Dejo para otro momento discutir si la toma de decisiones en las políticas públicas deben estar restringidas a estos balances que son económicos, o si el daño social y ambiental se puede traducir efectivamente en pesos. Pero a los fines de esta reflexión, basta considerar que aún desde la perspectiva económica que usan los pro-petroleros, ni siquiera son rigurosos en aplicar el instrumental económico.
Todos sabemos que desde empresas y desde la vieja política se repiten los slogans que carecen de fundamento, tales como afirmar que las exportaciones son un “buen negocio” para el país. Esos dichos son esencialmente recitados de una mitología petrolera. Ante esto, lo grave, al menos desde mi modo de ver, es que desde organizaciones ciudadanas y en especial desde la academia, se escuchan voces que lo repiten. No solo se lo repite, a pesar de carecer de fundamento empírico, sino que se lo emplea en la retórica pública para defender esos sectores.
Al contrario de esa actitud, desde los espacios universitarios, lo prioridad debería estar en promover estudios y evaluaciones para hacer explícitos los costos económicos de esos perjuicios, y para confeccionar análisis de costo – beneficio que sean serios y enfocados en un país como un todo. Del mismo modo, la intención del gobierno Petro de avanzar en la despetrolización, requiere realizar este tipo de contabilidad cuanto antes para así terminar con discusiones espurias. Sea desde un ámbito u otro, esas evaluaciones tienen que ser independientes y rigurosas.
Notas
1. Informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal al Congreso de la República, Septiembre de 2022, CARF, Bogotá.
2. Un análisis sobre narrativas que minimizan, ignoran o excluyen muchos de esos impactos y daños a partir de los dichos de Brigitte Baptiste sobre petróleo y minería en Colombia se analiza en Hasta la última gota. Las narrativas que sostienen a los extractivismos, RevIISE (Universidad de San Juan), 2019, http://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasUltimaGotaNarrativasExtractivistas19.pdf
3. Ver Excedente en el desarrollo: revisión y nueva conceptualización desde los extractivismos. Estudios Críticos del Desarrollo, Universidad de Zacatecas (México), 2020, http://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasExcedenteDesarrolloECDMx201920.pdf
Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Redes: @EGudynas Análisis y reflexiones en la serie Cartas en Ecología Política; subscripciones en https://ecologiapolitica.substack.com/