“La diferencia entre el fútbol y la política criollos, admitiendo que los dos se juegan con los pies, es que los futbolistas son jóvenes y los políticos casi siempre viejos”: Lucas Caballero Calderón, escritor y columnista (1913-1981).

“La política es un vicio más en Colombia: los enviciados son pocos y los afectados somos los demás”: Lulú, una señora de tantas en este país.

Dos amigas conversan en la fila del supermercado. Escucho que hablan de Miguel Uribe Londoño —papá de Miguel Uribe Turbay, abuelo del niño Alejandro, hijo del difunto—, quien estuvo casado con Diana Turbay, la hija del expresidente Julio César Turbay Ayala.

Me acerco un poco, con disimulo. La una dice que el señor cayó parado durante los funerales del hijo tras entregarle, sin hacer el duelo ni las nueve noches, las banderas de aquel a Álvaro Uribe.

—“Se las entregó a Uribe, que en ese momento tenía casa por cárcel, y hoy está en libertad transitoria, pendiente de que ratifiquen su condena –en segunda instancia- a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal”, contesta la otra.

Pero Uribe le devolvió las banderas y lo hizo precandidato, con lo que ya son cinco los uribistas que van tras el trono.

Noté, eso sí, que las señoras, perfumadas y emperifolladas, pelo recogido en moño, antiparras bifocales y tacón bajito, son personas bien informadas, además de encopetadas. Entonces, me puse a grabar la conversación usando el micrófono del celular, mientras hacía el que leía el libro “Memorias de un amnésico”, escrito por Lucas Caballero Calderón. Aquí se los muestro para que no digan que invento.

Me faltan poquitas páginas para terminarlo. Voy justo en el capítulo dedicado a Julio César Turbay Ayala. Dice el brillante Klim: “Julio César Turbay Ayala no tenía dinero ni apellidos ilustres en este país”.

De las señoras, diré que una se llama Lola y la otra Lulú para proteger sus identidades. La charla fue más larga pero la reduje a sus justas proporciones.

Lulú: —Mija, por ahí vi que al salir Uribe en libertad lo recibieron con bombas y platillos; perdón, perdón, con bombos y platillos, quiero decir.

Lola: —A propósito de bombas, agarra bien tu cartera porque Bogotá está muy insegura, además de sucia. Lo dijo el mismísimo alcalde Galán, como si estuviéramos tan ciegos como él. Y aquí, entre nos, hablando del otro rey de Roma, yo creo que Álvaro Uribe es un misógino, sin ninguna simpatía genuina por las mujeres para ocupar el cargo más importante de la Nación.

Lulú: —Esas son palabras mayores.

Lola: —¡Hay que ver cómo ellas corren a defenderlo, a capa y espada! Hablo de la Paloma y de la Cabal.

Lulú: —Pues, mijita, los políticos todos se tapan con la misma colcha. Eso nada tiene que ver con la confianza, el aprecio o la admiración. Puro cálculo político, póngale la firma. Pero no entiendo lo de su misoginia…

Lola: —No repitas que las paredes tienen oídos. Su favorito era Miguel Uribe y ahora que él no pertenece al reino de los vivos, su favorito es el papá del difunto y viudo de Diana, y de ñapa tiene el apellido Uribe por delante, que eso ayudará en las vallas, vaya que sí. Además, para qué ilusionarse una con la primera mujer en la presidencia, si este país es pura testosterona y machismo. Si acaso, los del Centro Democrático ponen de vice a una mujer como premio de consolación.

Lulú: Este mundo más que de los vivos es de los vivarachos. En cuanto a la ventaja de tener el apellido Uribe sí y no, mija, porque si el Tribunal Superior de Bogotá ratifica la condena al expresidente, el apellido Uribe será devaluado y vergonzante. ¡Serían muy bruticos para querer estar en la foto de campaña con un preso!

Lola: —¿Estás sugiriendo que sería el fin del uribismo?

Lulú: —No tengo los poderes de Moni Vidente, pero ponerle fin a esa era sería lo mejor, a ver si por fin acabamos con tanta polarización, siempre y cuando le quiten las redes sociales al reo.

Lola: —¡Tenga fe y no vaya a misa, mija!

Lulú: —Una que es optimista. Pero dime algo: ¿Te gusta o no te gusta el precandidato Miguel Uribe Londoño?

Lola: —¡Ni cinco! ¡Ese señor es un octogenario!

Lulú: —¡Cómo te atreves, apenas tiene 79 añitos!

Lola: —Por ahí leí que en noviembre cumple los 80. Así que para las elecciones de 2026 el abuelo de Alejandrito ya estará en el octavo piso.

Lulú: —No te voy a negar, mija, que lo vi achacadito en una de las fotos, pero lo pueden rejuvenecer a punta de Fotoshop.

Lola: —Date cuenta: En Colombia los políticos de la tercera edad, en vez de estar en geriátricos, está casi siempre metidos de cabeza en política. Debe ser que las jugosas pensiones no les alcanzan para vivir cómodamente.

Lulú: Ay, mija, la política es un vicio más en Colombia: los enviciados son pocos y los afectados somos los demás. Ni siquiera los muertos están en paz, porque hacen política con ellos desde el sepulcro.

Lola: —Ahí mostraron a Álvaro Uribe, en vivo y en directo por redes sociales, en una visita relámpago al Cementerio Central de Bogotá, arrodillado frente a la tumba de Miguel Uribe. Todo lo han vuelto espectáculo en estos tiempos. A Miguelito le tocará esperar hasta después de elecciones para que lo dejen descansar en paz.

Lulú: —¡Hasta dónde hemos llegado, Virgen Santísima! Ojalá y aproveche la libertad para visitar la tumba de su amigo, don Pedro Juan Moreno,

Lola: —Él es muy devoto. De niño tenía carita de monaguillo y ahora tiene rostro de rezandero. Pa´mí que en algún momento Álvaro Uribe quiso ser cura.

Lulú: —¡Shhh! Habla más pasito que yo en asuntos de la iglesia no me meto. Sólo sé lo que dice la Constitución del 91: que para ser presidente se requiere tener una edad mínima de 30 años cumplida al momento de la elección. No entiendo por qué no se impuso una edad máxima.

Lola: —¡Sabrá Mandrake! Para eso toca que los honorables hagan una reforma política y ni bobos que fueran para legislar contra sus propios intereses. ¡Y encima viven cien años! ¡Qué comerá esa gente para ser tan longeva!

Lulú: —La verdad es que a mí el señor Uribe Londoño ni me va, ni me viene, aunque su tragedia familiar es terrible. Claro, yo prefería votar por alguien con más bríos y menos arrugas. Además, eso de negociar luto por votos es una indecencia, una absoluta falta de respeto con el muerto, carajo.   

Lola: —Cálmate, mujer, que te va a dar un soponcio. Yo creo que la política no se hizo para sentimentales ni para sementales. Todo es estrategia pura y dura. Acuérdate: ¡A rey muerto, rey puesto! Y don Miguel, muy dispuesto.

Lulú: —Amigo cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía, decía Jorgito Villamil.

Lola: —Ay, mija, ¿así de vieja eres tú?

Lulú: —No tanto como Amparito, pero sí. Una a esta edad no puede negarla. 

Lola: —¡Porque el botox la delata!  

Lulú: —El cuento es que el señor Uribe Londoño está sacando pecho con el legado del difunto.  

Lola: —¿Cuál legado?

Lulú: —Eso mismo pregunto yo: ¿Cuál legado?

Lola: —Ni siquiera dejó una ley de su autoría, siendo legislador. Con eso te digo todo.

Lulú: —¡Brutas! ¿En serio?

Lola: —¿Acaso me estoy riendo?

Lulú: —Yo siempre he dicho que los honorables deberían hacer más y hablar menos. O hablar menos y hacer más, del mismo modo en el sentido contrario. Mejor dicho, no les deberían pagar por calentar la butaca y trinar en X.  

Lola: —Además, el Congreso y la Presidencia de la República son las únicas empresas en Colombia donde reciben gente a cualquier edad. Mi hijo Pachito tiene 42, especialización y doctorado, y no lo reciben en ningún lado dizque por viejo. ¡Le diré que busque chamba en el Capitolio Nacional!

Lulú: —O dile que se meta en el tarjetón presidencial que ahí también están recibiendo. De pronto le suena la flauta como el papá del finadito.

Lola: —Calla esos ojos, Lulú. ¿Será que los del CD le harán a don Miguel Uribe Londoño el feo como al hijo?

Lulú: —¡Niansesabe, pelaita! En El Espectador del fin de semana dijeron que los cinco precandidatos se someterán a una encuesta para definir cuál es el ungido.

Lola: —¡Ja! ¡No seas tan ingenua! La única encuesta será el que diga Uribe al final, esté o no preso, porque sigue siendo el capataz de esa colectividad. ¡Como el hacendado que es!

Lulú: Bueno, si me vas a pegar, no me regañes. A todas estas, ¿sigo sin saber cuál fue el legado que dejó Miguelito?

Lola: —Pues habrá que buscarlo con lupa, mija ¿Qué puede hacer un pobre cristiano antes de los 40, si no es aprender a vivir y a prepararse para la vida?

Lulú: —Se habla mucho de su legado y de sus banderas. ¿No son luego la misma vaina?

Lola: —Nuncamente. El legado es aquello por lo cual la van a recordar a una cuando muera. Las grandes obras para bien de la humanidad, algo así. Las banderas son todo aquello que una quiere realizar y defender en vida, algo así. 

Lulú: —Ah, sí, las promesas politiqueras de siempre. ¿Y cuáles eran las banderas de Miguelito hijo entonces?

Lola: —Dicen que la Seguridad

Lulú: —¡¡¡¿Democrática?!!!

Lola: —Ay, no mija, a mí no me vaya a meter en camisa de once varas. Habla más pasito, ya te dije, porque a Uribe viejo le han sacado cuentos con eso de la Seguridad Democrática. 

Lulú: —Lo único que recuerdo es que al momento del atentado, mientras una de las balas impactaba en el cuerpo del finado, Uribe el joven respaldaba el porte legal de armas. ¡Y vea!

Lola: —Eso sí no te lo creo.

Lulú: —Mujer de poca fe, en yutú está la prueba reina que llaman. Mira te muestro el video, yo primero muerta que mentirosa!!!

“Yo sí creo que el colombiano de bien que considere la necesidad de tener su arma, lo pueda hacer. Es decir, el porte de armas debe volver”: Miguel Uribe Turbay (1986-2025).

Lola: —¡Lo veo y no lo creo!

Lulú:  —Date cuenta que las palabras tienen poder. Él mismo llamó al peligro.

Lola: —Estás igualita que Gertrudis, mi vecina. Cada vez que hay un muerto, dice lo mismo: “Eso era que le tocaba”.

Lulú: —De todas maneras, pobre don Miguel papá: en el 91 le matan a la esposa y en el 2025 le matan al hijo. ¡Cristo crucificado, protégenos con tu sangre!

Lola: —A los Turbay los persigue el sino trágico, digo yo.

Lulú: —¿Tú crees en eso del karma familiar, Lola?

Lola: —A ratos. Hice un curso de Constelaciones Familiares donde hablaban de las deudas por linaje.

Lulú: —Tú sales con cada cosa, déjame decirte.

Lola: —Te lo resumo: todos pertenecemos a un sistema familiar y, por lo tanto, inconscientemente podemos estar cargando emociones, destinos o conflictos, que no nos pertenecen directamente.

Lulú: —¡Ni Dios lo quiera! Eso lo explicaría todo, incluyendo los dramononones de telenovela en mi familia. ¿O sea que unos pagan por otros? ¿Justos por pecadores?

Lola: —No sé si los Turbay son justos o pecadores. En todo caso, el niño Miguel no debió morir tan en la flor de la vida.

Lola: —Nadie debería morir por causas que no sean naturales. Pero estamos en Colombia. Si el karma familiar existe, ojalá al hijo de Miguel, el que tiene cuatro añitos, no lo obliguen a entrar en los caminos pantanosos de la política. Quizás le corresponda a él cortar con ese sino trágico. ¡Seguro que sí!

Lola: —Desde el bisabuelo Turbay, la palabra Seguridad ha estado en boca de esa familia ¿O no te acuerdas del Estatuto de Seguridad?

Lulú: —Cómo no voy a acordarme si Turbay Ayala hizo y deshizo del 78 al 82. Yo me acuerdo, por ejemplo, que durante ese gobierno nefasto el agrupamiento de cinco o más personas era considerado subversivo. Los únicos que reían eran los caricaturistas a costa de Turbay. La gente de izquierda llevó del bulto esos cuatro años.

Lola: ¿De dónde sacas eso?

Lulú: Del libro de Lucas Caballero Calderón, otro finadito que escribía como los dioses. Mira lo que dijo en esa época: “Ese Estatuto, que por lo demás es una pieza represiva, indigna de espíritus liberales, opera menos contra los alzados en armas, contra los secuestradores y contra los hampones, que contra las gentes inofensivas pero sospechosas de simpatizar con las ideas de izquierda. (…) El Estatuto de Seguridad solo ha servido en el país para crear mayor inseguridad”. ¡Lee para que te instruyas, Lola!

Lola:  —Mejor callémonos, Lulú: no invoquemos más a los muertos porque nos jalan de las patas esta noche.

Lulú: —Tienes razón, mija, porque lo único seguro en esta vida, y en este país, es la muerte.

Lola: Yo, por si las moscas, no votaré por el que diga Uribe a ver si conjuramos de una vez por todas ese karma.

En ese punto de la conversación, la señorita de la caja se fue a su hora de almuerzo. “Vuelvan después de las tres”, nos dijo en un solo bostezo. ¡A mí se me olvidó pagar ese bendito recibo y me cortaron el gas! Pero, bueno, ¡salvé mi columna gracias al par de señoras deslenguadas! Unas por otras. Como en la política.

El pasado no perdona. Eso dicen.

El legado nada honroso del expresidente Julio César Turbay Ayala se llama Estatuto de Seguridad, un decreto que operó durante los cuatro años de su presidencia (1978-1982), expedido apenas un mes después de vestir la banda presidencial. Bajo esa norma se cometieron toda clase de violaciones contra los derechos humanos, según lo constató para la historia la Comisión de la Verdad.

Sobre la denuncia contra el presidente Petro por presunto hostigamiento, el abogado Víctor Mosquera argumentó que “son más de 43 trinos en una red social donde ambientó un ambiente hostil, discriminatorio y de odio contra Miguel Uribe”, según este artículo de El Espectador.

Se refirió, entre otros, a un trino del 8 de junio pasado donde el presidente preguntaba: “¡Dios mío!, ¿el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional?”.

No era la primera vez que el primer mandatario se refería al asunto. En un trino del 14 de mayo de 2024 puso lo siguiente: “García Márquez tuvo que exiliarse porque Turbay lo quería apresar y torturar. Turbay creía que la intelectualidad colombiana apoyaba toda al M19 y por eso 10.000 capturados pasaron por los centros de tortura. Dicen que contar esto es resentimiento pero lo que quieren es ocultar la historia con la ignorancia”.

Entre las páginas 505 y 508 del Informe Final de la Comisión de la Verdad., leo que el Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978) consistió en facultades especiales otorgadas a la fuerza pública en el marco del Estado de Sitio, “pero derivó en abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual. Fue la respuesta del Estado a las movilizaciones del paro cívico de 1977, el fortalecimiento de la protesta social y la creciente acción de las guerrillas, como el M-19”.

Añade la Comisión de la Verdad que mediante actas del Consejo de Ministros “se ordenó la detención de 3.752 personas, en aplicación del artículo 28 de la Constitución de 1886, que permitía la detención de las personas en unidades militares hasta por diez días, previa a la presentación ante un juez penal militar. De ellas, 264 fueron registradas en la base de datos de la Comisión como detenidas y torturadas, cuatro de ellas detenidas y torturadas en más de una oportunidad”.

El inventario de aquel cuatrienio es escalofriante y nos recuerda el accionar de las dictaduras que operaron en aquel tiempo en otros países del continente, como Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.

“La Comisión de la Verdad sistematizó en una base de datos 1.340 hechos de tortura, correspondientes a 1.322 víctimas. En las actas del Consejo de Ministros en las que se ordenan más de 3.000 detenciones en ese periodo, aparecen nombres de personas que fueron torturadas y se cuenta con sentencias que condenan al Estado por dichas acciones”.

Uno de esos casos fue el de Olga López de Roldán, torturada en la Brigada de Institutos Militares. También se mencionan los casos de Eduardo Umaña Mendoza y Alberto Alava, abogados defensores de derechos humanos, “que en años posteriores fueron asesinados”.

Aunque no existen indicios de que miembros del Partido Comunista hubieran sido detenidos durante la vigencia del Estatuto de Seguridad, “en años posteriores, siendo miembros de la UP, fueron víctimas de atentados y asesinatos. En el Acta 154 del 15 de octubre de 1981 aparecen Aída Avella, José Antequera y Jaime Pardo Leal”.

Según pudo constatar la Comisión de la Verdad, el Estatuto de Seguridad acudió a “diferentes mecanismos represivos” que ya se habían utilizado en períodos presidenciales anteriores. “Para 1980, la Justicia Penal Militar llevaba 334 consejos de guerra verbales por diferentes delitos relacionados con rebelión y otros como extorsión, secuestro, chantaje, homicidios en funcionarios públicos, atracos y asaltos, delitos que figuraban en el Estatuto de Seguridad. Esto fue parte de la primera visita de Amnistía Internacional a Colombia y del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que daba cuenta de estas violaciones masivas de derechos humanos”.

Así, el gobierno de Julio César Turbay Ayala fue una «Dictadura disfrazada de democracia», epíteto otorgado por la propia Comisión de la Verdad, acusándolo de permitir la violación de los derechos humanos con métodos similares a los de las dictaduras suramericanas, durante la despiadada persecución contra la izquierda. “Muestra de ello fue la represión a los capturados tras el asalto del M-19 al Cantón Norte de Bogotá en enero de 1979”, dice el Informe Final.

Abro paréntesis. Hablando de dictaduras, se acaba de estrenar por HBO este 2025 una película titulada “1978”, basada en hechos reales ocurridos durante la dictadura argentina (1976-1983).  En la final de la Copa Mundo 78, Argentina contra Holanda, los militares secuestran a un grupo de jóvenes y los llevan a un centro clandestino de torturas. Aunque la cinta se pierde en su propósito de contar una buena historia, dando paso a una sobre muertos vivientes, se pueden ver los métodos despiadadas que usó la dictadura de Jorge Rafael Videla para someter sus víctimas, tratadas como “lacra comunista” y “zurdos de mierda”, no muy distinto de las ofensas que hoy en día usan personajes como el presidente Javier Milei para estigmatizar a personas de la izquierda. Cierro paréntesis.

Cuando se habla de democracias imperfectas, perfectamente se habla de gobiernos que usan la fuerza más allá de lo que la ley permite

Este artículo de El Espectador, fechado el 21 de abril de 2024, relata la historia de 13 estudiantes que fueron desaparecidos en 1982 “a manos de agentes del F2”. Sus familias lograron que la Universidad Nacional les otorgara el año pasado el grado simbólico y honorífico.

Dice el periódico: “El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad indica que 588 universitarios fueron asesinados entre 1962 y 2011 a consecuencia del conflicto armado y la lógica del “enemigo interno”. De estas personas, 133 fueron también desaparecidas y 1982 fue el año con la mayoría de los casos”.

En 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que el Estado es responsable por el secuestro y la desaparición de los 13 jóvenes y aunque en 2022 se les declaró como crimen de lesa humanidad, la investigación no avanza, “a pesar de que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo logró evidenciar que en el caso participaron por lo menos 20 agentes de inteligencia de la Policía, quienes siguen en la impunidad”.

En declaraciones a El Espectador, Rafael Barrios Mendivil, el abogado al frente del caso desde hace cuatro décadas, afirmó que el Estatuto de Seguridad “criminalizaba a los sectores sociales: estudiantes, periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y sindicalistas. Es decir que nos equiparaban con la subversión y el terrorismo”.

En el año 2020, hubo un careo virtual entre personas que aportaron información a la Comisión de la Verdad, entre ellos Jesús Aníbal Suárez, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, creado en 1979, un año después de expedido el Estatuto de Seguridad, a la par con un Foro de Derechos Humanos, del que hicieron parte importantes personalidades (intelectuales, artistas y catedráticos); entre ellas Alfredo Vásquez Carrizosa, Gilberto Vieira, Alfonso Reyes Echandía, Alejandro Obregón, Luis Caballero, Lucas Caballeros, Javier Darío Restrepo, Pedro Alcántara, Omar Rayo  y Gabriel García Márquez.

La historia sobre Gabo es bien interesante, pues su exilio se dio bajo el gobierno de Turbay Ayala.

Como lo reseño en este blog, según la biografía oficial de Gabo, escrita por Gerald Martin, “… empezaba a llegar a oídos de García Márquez que el gobierno trataba de vincularlo al movimiento guerrillero M-19, que a su vez se relacionaba con Cuba, e incluso había rumores de que podían intentar asesinarlo”. En una columna de prensa –cuenta el biógrafo- Gabo reveló que “estaba en la lista negra del MAS, un escuadrón de la muerte de ideología reaccionaria”.

Vean que casualidad. En la exposición sobre Gabo, que permanecerá abierta en la Biblioteca Nacional hasta el 2 de agosto de 2025, hallé exhibidas la portada y las páginas interiores de la revista Alternativa (edición 219 de junio 28 de 1979), en donde el escritor se va pluma en ristre contra el expresidente: “A usted no le creo nada, señor Turbay”, le dice.

Y esto se lee páginas adentro:

“Ahora sé, en primer término, que una persona que no contesta las cartas no sólo no merece el tono que yo adopté en la mía, sino que no merece ni siquiera que se le escriba. Ahora sé, en término segundo (…) que las denuncias de atropellos y torturas que se hacían contra el gobierno no eran calumnias de la oposición. Por último, ahora hay más razones para creer (…) que no hay en Colombia ningún poder por encima del señor Turbay Ayala, sino que él mismo es el responsable más alto de un grupo reducido de militares frenéticos que están arrastrando por el suelo el buen nombre de las Fuerzas Armadas”.

Y continúa Gabo:

“En París, ya en el delirio de la negación, el señor Turbay Ayala llegó a decir que él era el único preso político de Colombia, y lo dijo sin saber que el derecho de mamar gallo con asuntos tan graves es un privilegio reservado a quienes tenemos la conciencia limpia”.

En ese mismo artículo, Gabo se refiere a los “miles de hombres y mujeres –culpables o inocentes- que han sido sacados de sus casas y maltratados como perros en las cárceles militares”, entre ellos el poeta Luis Vidales.

En marzo de 1981, doña Nydia Quintero, siendo todavía la esposa de Turbay Ayala, previno al futuro Nobel del plan que había para detenerlo, como lo contó Cambio. Él tenía 32 años y ella 16 cuando se casaron en 1948. El tío y la sobrina pusieron fin al matrimonio cuando Turbay Ayala aún seguía en el poder. 

Valga decir que la revista Alternativa se cerró el 27 de marzo de 1980 por dificultades financieras cada vez mayores, “sobre todo desde que la presión gubernamental empezó a disuadir a los anunciantes tras la llegada de Turbay al poder”, como se lee en la biografía oficial de Gabo, Una vida, página 451.

Páginas de la revista Alternativa en la exposición sobre Gabo, que permanecerá abierta en la Biblioteca Nacional hasta el 2 de agosto de 2025.

En el libro “El hombre detrás de la revista Semana” (editorial Planeta, 2012), el periodista Juan Carlos Iragorri le pregunta a Felipe López, ex dueño de esa revista, hijo y nieto de expresidentes, qué opina sobre Julio César Turbay Quintero, hijo de Turbay Ayala. Y López responde: “Me cae bien. Ha sido víctima de prejuicios en su contra como le pasó al papá. En este país hay prejuicios favorables y desfavorables. Todo lo que tiene el apellido Galán es bien recibido. Con el apellido Turbay tiende a pasar lo contrario. Ambas cosas tienen algo de injusticia. (Página 132)

En su columna de El Tiempo, el ex fiscal Néstor Humberto Martínez publicó lo siguiente: “Por esa devoción por el Estado de derecho la familia Turbay terminó ofrendado la vida de Diana Turbay (…) el narcotráfico intimidada a la sociedad colombiana para que se prohibiera la extradición (…) En medio de estas tensiones el expresidente tuvo que vivir con estoicismo el asesinato de su hija, pena que lo acompañó hasta el final de sus días, sin cultivar odios, pero entendiendo la necesidad de fortalecer el orden jurídico, lo que lo llevó a mirar con simpatía la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe”. Yo solo pregunto, con falsa ingenuidad, si hay parecidos entre el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala y la Seguridad Democrática de Uribe Vélez.

A propósito de narcos, creo que viene al caso este titular de W Radio del 17 de abril de 2024: “Según informe de la DEA, Julio César Turbay tenía nexos con el narcotráfico”, siendo candidato a la presidencia en 1978. Y no solo el expresidente, pues en total se relacionan a 36 altos funcionarios colombianos. Dice la emisora: “Según tres fuentes de la DEA mencionadas en el documento, Turbay “está relacionado con tráfico de cocaína”. El asunto fue ampliado por Yohir Akerman en su columna para revista Cambio.

El expresidente Turbay Ayala se fue de este mundo hace veinte años -13 de septiembre de 2005-, debiendo muchas explicaciones.

Lo dicho: El pasado no perdona.

Colombia es un país que delira. Y delira con delirios de pequeñez, no de grandeza, creando sus propias narrativas y creyéndoselas. La pequeñez de una clase política que antepone los privilegios de unos pocos —eso que llaman establecimiento, aunque en inglés suena más bonito: establishment—sobre las grandes reformas sociales que mueren ahogadas entre palabras vanas y ociosas.

Hay una frase para los anaqueles de nuestra historia vergonzosa: “No se puede acudir al pueblo sin el permiso del Senado, y el Senado no lo dio”. Que lo haya dicho el propio presidente de esa Corporación, el político conservador Efraín Cepeda, sólo significa una cosa: que en Colombia sí hay una dictadura y esa dictadura se ejerce hoy desde el Congreso de la República: allá se ordena lo que los ciudadanos pueden o no pueden hacer. ¡Publíquese y cúmplase!

Eso es Colombia: un país sin remedio, atascado adrede en discusiones y en frases grandilocuentes que rellenan espacios en los periódicos y los noticieros para justificar su existencia, una nación que nunca va para ningún lado porque el ideal de progreso está borrado de la psique colectiva, que se conforma con el presente inmediato: hoy, esta hora, este minuto, antes del reality o del partido de la Selección. Mañana Dios verá. O proveerá. Y como dejamos todo en manos de la Divina providencia, hasta las reformas sociales van muriendo sin haber nacido, o nacen defectuosas, porque Dios tampoco tiene afán, menos desde que lo sacaron a empellones de la Constitución cuando se declaró a Colombia como un Estado laico.  

“Una nación no planeada ni deseada”, que así la describió el historiador Enrique Serrano. Una sociedad que, tras dos siglos de vida republicana, sigue en “obra negra”, porque nada hemos aprendido tan bien como a embolatar las transformaciones que la casa necesita.

De una amena conversación con un amigo escritor concluí que los ricos se repelen entre sí, pero, al final del día, se toleran y se buscan cuando se trata de defender intereses comunes. Lo mismo puede decirse de las élites políticas de Colombia, que entienden perfectamente que defender la democracia es defender primeramente a los ricos y su nivel de ingreso y, lo que queda, si queda, que nunca queda, es para los demás.

Para que quede alguito en bolsillos distintos a los mismos se necesitan las reformas sociales. Pero en Colombia defender la democracia significa otra cosa. Significa diseñar una reforma laboral que no afecte a los que más tienen. En su libro ¿Por qué fracasa Colombia?, Serrano lo define así: “…hagamos lo que es necesario, pero no mucho más, planeemos lo que nos resuelva nuestras necesidades a corto plazo, pero todavía no lo del largo plazo. Respetemos a los que están en el curubito. (…) sufrir por anticipado enormes privaciones como resultado de lo que podrá ser dentro de 30 o 50 años no vale la pena”.

Y como todo queda en ahí vemos, estos políticos se mueren dejándonos como única herencia a sus hijos, nietos o sobrinos para asegurar sus legados y privilegios. Por tal razón, la palabra cambio no les interesa, no figura en sus conversaciones de alto turmequé. Los une el mismo cordón umbilical: el delirio compartido de creer que siempre hay alguien queriendo quitarles lo que les pertenece desde siempre (en muchísimos casos por herencia, sin mayor esfuerzo, no siempre producto de una vida de sacrificios).  

“… las hijas de la oligarquía, como usted, tienden a ser más bonitas porque trabajan menos y se alimentan mejor”: Antonio Caballero en su novela Sin remedio.

No más repasemos qué apellidos figuran en el sonajero presidencial o se mantienen vigentes en la escena política: Uribe Turbay (Miguel), nieto de Julio César; Valencia (Paloma), nieta de Guillermo León; Vargas Lleras (Germán), nieto de Carlos Lleras y primo segundo de Alberto Lleras; Gómez Martínez (Enrique), sobrino de Álvaro Gómez, que era hijo de Laureano Gómez; Santos Juan Manuel, sobrino del doctor Eduardo; Pastrana (Andrés), hijo de Misael, y así sucesivamente, para no aburrirlos con las genealogías criollas.

“Para ser parte de las élites es preciso contar con capital relacional. (…) Si los colegios y universidades donde van los hijos de las élites no reciben a quienes carecen de conexiones, entonces el poder se mantendrá en las mismas familias. Esto ha pasado en Colombia durante siglos”, señala Eduardo Lora en Los colombianos somos así. Es decir, el capital relacional es apenas la disculpa para salvaguardar los pesos del capital real, y las élites garantizan a perpetuidad la solvencia de sus apellidos casándose entre ellos, ya sin necesidad de la odiosa dote, porque para eso están hoy las capitulaciones o acuerdos prenupciales. Un rico es rico porque no deja nada al azar. Los asuntos de linaje no son una preocupación para los pobres. Un pobre se conforma con llenar el buche, no la alcancía.

No sé si eso explique el hecho de que el expresidente Juan Manuel Santos, agazapado, le venda el alma al diablo (léase, Álvaro Uribe, su más íntimo enemigo, aquel al que desobedeció luego de darle la bendición presidencial), al proponerle esta semana unirse para “defender la democracia”, como si fueran los Superamigos.

En este pulso político pierden los ciudadanos porque las reformas sociales pasaron a un segundo plano.

Se está poniendo en evidencia el expresidente Nobel, pues defender la democracia significa, ni más ni menos, que apostar por un candidato propio. Creo que más temprano que tarde sabremos si Santos se la jugará por una ficha de la centro-derecha, que podría ser la señora Claudia López, o una de la derecha propiamente dicha, que podría ser su ex pupilo Germán Vargas Lleras, lo que suena más lógico por aquello de la solidaridad de casta: honrar los apellidos con pedigrí, devolverles el poder a los cachacos con alcurnia y, en últimas, quitarle la posibilidad a Petro de inclinar la balanza hacia la izquierda o hacia la centro-izquierda. Ocho partidos no necesitaron de plenarias, comisiones ni proposiciones para salir en bandada a “defender la democracia” de un posible golpe de Estado, el nuevo argumento delirante de quienes ansían despiertos el poder. En este pulso político pierden los ciudadanos porque las reformas sociales pasaron a un segundo plano.

Y ¿Dónde estaba el doctor Santos cuando su en ese entonces jefe encontró a quienes hicieran el favor de voltear por él la Constitución de Colombia para poderse reelegir en el cargo? Pusieron patas arriba la democracia y él andaba calladito —como aplicado funcionario en el Ministerio de Defensa, donde aquel lo puso—, frotándose las manos como su seguro sucesor para, finalmente, aplicarle a Uribe la de Judas a Cristo. El propio Uribe lo llamó traidor y mentiroso, y ahora el traidor y mentiroso busca la redención, pescando en río vuelto para asegurarse su buena pesca electoral.

Con su aura de zorro político, el llamado de Santos a defender la democracia no es gratuito. Mucho me temo que jugará con candidato propio, con nombre de mujer, que, si es la que el oráculo me sopló al oído, entonces podría haber, por primera vez en la historia de Colombia, no una sino dos mujeres gobernando en palacio, siempre y cuando el Nobel de Paz juegue bien sus cartas, sin santurronerías.  Falta ver si este país machista, a ratos más chistoso, tolera una sobredosis de estrógenos en la Casa de Nariño.

¿En qué momento la enmohecida clase política convirtió hábilmente la necesidad imperiosa de una reforma laboral en un llamado a salvar la democracia?

Pero perdón, ¿de qué democracia estamos hablando?

Si al pueblo no se le puede consultar sobre los problemas que lo aquejan, siguiendo instrucciones del doctor Cepeda, entonces, ¿Cómo es eso de que el pueblo es soberano? ¿Soberano para qué? En Colombia sólo hay una soberana verdad: el papel lo aguanta todo y, por lo visto, la Constitución también.

Hay que defender la democracia, aunque sea imperfecta, dicen.

Yo creo que no existan las democracias imperfectas, del mismo modo que no existen las dictaduras imperfectas. Esa es una disculpa típicamente colombiana para justificar los desmadres de una clase política vetusta, —“momificados notables” fue uno de los apelativos que usó Antonio Caballero alguna vez—, incapaz de reformarse a sí misma (no se bajaron el sueldo y nadie chistó), pero sagaz a la hora de sabotear las reformas sociales en los términos en que las presentó el gobierno para cumplir sus promesas de campaña. Señores: La democracia no es (solamente) abrir las urnas cada cuatro años. Ese es el espectáculo colorido de la democracia, cosa bien distinta.

“La democracia representativa es un sistema de gobierno en el cual el poder político reside en el pueblo. (…) En una verdadera democracia se protegen los derechos individuales y se promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas”, dice Eduardo Lora, autor del libro Los colombianos somos así.

En la Colombia de este primer cuarto de siglo existe un gobierno legitimado en las urnas, no una dictadura impuesta a las malas. Lo que hay son unas élites políticas anquilosadas que, desde el Frente Nacional, aprendieron a alinearse para quitarse la caspa de encima, la propia y la ajena.

En Historia de Colombia y sus oligarquías, Antonio Caballero relató lo que le hicieron al valiente Alfonso López Pumarejo cuando quiso dárselas de progre con su Revolución en Marcha: entre otras, propuso una reforma laboral, una reforma agraria y una reforma tributaria que en su segundo gobierno (1944), “por primera vez puso a los ricos a pagar impuesto de renta y patrimonio, como suma a los que ya pagaban los pobres”, según cuenta Caballero en su libro.    

Y sigue: “… su Partido Liberal (…) no estaba preparado para eso: seguía siendo mayoritariamente un partido caciquil de gamonales, abogados y terratenientes, como en los tiempos de Murillo Toro o el general Santander. Por eso López mismo, mediada su administración, tuvo que anunciar una pausa en las reformas. Pues pese a tener un Congreso hegemónicamente liberal —el jefe conservador Laureano Gómez había ordenado la abstención electoral de su partido— este estaba hecho de liberales de muy distintos matices… (…) Así que las reformas anunciadas no pasaron del papel a la realidad de los hechos”.

Había dicho el expresidente López Pumarejo, a quien su hijo, Alfonso López Michelsen, llamó “un burgués progresista”: “El deber del hombre de Estado es efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución por medios violentos”.

Estamos hablando de hace 90 años. No hay ninguna diferencia con lo que pasa hoy. Es como si Gustavo Petro fuera la reencarnación del mismísimo López Pumarejo. Dentro de cien años la historia será la misma y los apellidos que la escriban también.

“Los colombianos pasaron de matarse por razones políticas a ignorar la política”: Eduardo Lora, economista bogotano, en Los colombianos somos así.

Un país que observa apático su presente, menos le va a interesar verse en el espejo de su pasado. Si la historia de Colombia parece la misma es porque la escriben los mismos, cuidándose de que nada cambie, porque cualquier reforma profunda significa incomodarlos a ellos, asaltar de mala fe sus privilegios y sus bolsillos, amenazar su statu quo. Bajo esa óptica, la igualdad, el valor supremo de las naciones genuinamente democráticas, no pasa de ser la figura decorativa de nuestra Carta Magna, a la que invocan de tanto en tanto, como el creyente que abre la Biblia para pedirle favores a Dios.

Les molesta que Petro haya anunciado su intención de materializar la consulta popular por decreto, pero muy rápido se nos olvidó que si llegamos al clímax del cuento fue gracias a un Congreso de la República ineficiente que se cerró a la banda para negar las reformas, no discutiéndolas. ¿Por qué nadie cuestiona la dictadura velada que oficia desde el Capitolio Nacional?

Tildar a Petro de dictador, como lo hacen congresistas y opinadores de la talla de Daniel Samper Ospina, además de demencial, es desconocer lo que significa una dictadura o incluso una semi-dictadura, que la hubo en tiempos de Julio César Turbay Ayala, el señor liberal que, usando la arenga anticomunista, inventó enemigos de la nación para imponer su Estatuto de Seguridad, con lo cual los allanamientos sin orden judicial, las detenciones arbitrarias,  la tortura y la desaparición forzada fueron el pan de cada día; o mucho antes los gobiernos tiránicos de Laureano Gómez y Mariano Ospina, los señores conservadores que abonaron con sangre el terreno de lo que luego llamarían Frente Nacional, aquella cobija bipartidista que se repartió el país democráticamente. O en este siglo, las ejecuciones extrajudiciales (los falsos positivos durante los ochos años de la era Uribe, a expensas del Estado, antes y después de estos crímenes), la canalla normalización de la muerte como moneda de recompensa, premio perverso a los “resultados efectivos” en la lucha contra la guerrilla, usando inocentes para acomodar las cifras de las (falsas) bajas en combate.

Llamar dictador a Petro es saltarse muchas páginas de nuestro pasado atroz, y las redes sociales quedarán para la posteridad como ese testigo fiel de nuestra ignorancia atrevida. Un baño de literatura, la lectura siquiera de las sinopsis sobre la novela de la dictadura, y las múltiples obras que componen este subgénero, empezando por El otoño del patriarca, de García Márquez, les permitiría entender que el mundo no comienza ni termina en sus trinos. ¡Dejen a Petro terminar su periodo o se les complicará la úlcera!

La misma noche en que Petro anunció  la consulta popular por decreto, consciente de que la oposición se le vendría encima, también anunció tres millones de bonos pensionales para los adultos mayores de Colombia. Más allá de los medios públicos, la noticia no figuró en los medios nacionales. Es decir, antes había censura de prensa, como ocurrió durante el gobierno del general Rojas Pinilla; ahora la prensa clasifica o descalifica las noticias, escogiendo del discurso del presidente lo que pueda servir a otros propósitos. 

¿Hay en Colombia un peligroso afán de anular mediáticamente a la izquierda colombiana en la figura de Gustavo Petro?

Como los escándalos venden, nos llega una tercera carta del doctor Álvaro Leyva porque las dos anteriores, al parecer, no surtieron los efectos deseados. Genera suspicacia leer la parte donde el ex canciller, de 82 años, le dice al presidente, de 65 años, que es hora de irse. Lo ataca de nuevo sin pruebas, invade su privacidad de manera ruin y olvida que se irá el 7 de agosto de 2026.

¿Para dónde debe irse si cuando desaparece un par de horas ya les hace falta? La carta más bien parece las memorias resumidas que nadie ha escrito sobre el doctor Leyva, a quien, a su turno, le sacarán su propio memorial de agravios, con la fortuna, para él, de que ya no tendrá que pedir disculpas, rendir cuentas o hacer aclaraciones, lo que sea que corresponda a su larguísima carrera de hombre público, otro apellido ilustre en el firmamento político. Viajó tanto por el mundo el exministro y excandidato presidencial (a juzgar por el recuento minucioso de su infumable carta de 15 páginas, escrita desde Varsovia), que no entiende uno a qué horas sacó tiempo para ganarse la vida. “Nadé en el Golfo de Hammamet”, dijo.

Al país lo tienen embobados con las formas (consulta popular si o consulta popular no), cuando el tema de fondo es la reforma laboral que salió de la Comisión IV del Senado. Su ponente, la senadora Angélica Lozano, quien ya debe estar ensayando su papel de posible Primera Dama de la Nación, salió feliz a dar la noticia, sin decir ni mú sobre el artículo que privilegia el pago por horas, el famoso trabajo a destajo que destaja sin compasión la dignidad de los trabajadores. ¿Por qué editorialistas y columnistas no se han pronunciado sobre este mico contra la clase trabajadora?

Lo que ha existido en Colombia, más que una democracia robusta, de la que podamos sentirnos orgullosos, son gobiernos sucesivos de las élites políticas y económicas que cada cuatro años cambiaban sí pero de rostro únicamente, hasta que la elección de Gustavo Petro corrigió esa deformación, haciendo ver, por primera vez en dos siglos, que la democracia real se sustenta en la alternancia del poder entre contrarios, no con los mismos. 

La izquierda colombiana no es Petro, pero las élites políticas, de manera hábil, apelan a su vida privada para ponerlo en el centro de sus discursos como el monstruo a derrotar. Llevan tres años alimentado la Petrofobia.

La animosidad contra el presidente encubre el afán de anular a las fuerzas progresistas, otra vez, y por ahora mediáticamente, lo que sea que eso signifique en estos tiempos confusos y de tanto ruido, y teniendo como triste referente el genocidio que la antecede.

Lastimosamente, los intelectuales de izquierda brillan por su ausencia. No hay una réplica a la senadora María Fernanda Cabal, hoy precandidata presidencial, por llamarlos izquierdópatas, un término que solo existe en su imaginación para tratar como enfermos a quienes piensan distinto a ella. No es la única que hace declaraciones ofensivas.  Durante la convención de banqueros en Cartagena, Enrique Peñalosa llamó a Gustavo Petro guerrillero primero y ex guerrillero después, anulando su condición de Jefe de Estado.

¿Conclusión? Lo que venga de aquí en adelante es algo que nadie está en condiciones de anticipar, más es evidente que las élites políticas, hoy exiliadas del poder Ejecutivo, no descansarán hasta que uno de los suyos, obediente y sin ánimo reformista, recupere el solio de Bolívar (Simón).

“NO HAY NADA MÁS PARECIDO A UN FASCISTA QUE UN BURGUÉS ASUSTADO”: BERTOLD BRETCH, POETA Y DRAMATURGO. 

Hemos visto pasar el horror ante nuestros ojos sin escandalizarnos. Padecemos de esa ceguera blanca de la cual habló el premio Nobel José Saramago en su famoso Ensayo sobre la ceguera: estamos ciegos aun teniendo los ojos buenos y bien abiertos.

¿Ha habido fascismo en Colombia o tan siquiera prácticas aisladas propias de los regímenes autoritarios? ¿Podemos catalogar como tales la Masacre de las bananeras (1928); la muerte despiadada de liberales a manos de los conservadores durante La Violencia bipartidista, los campos de concentración de Villa Rica, Tolima, en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, el Estatuto de Seguridad (1978) de Julio César Turbay Ayala (que usó la represión amparándose en la figura del Estado de sitio con la excusa de mantener el orden), el genocidio político contra la Unión Patriótica (1985-1993), reconocido como un crimen de lesa humanidad, o las 6.402 ejecuciones extrajudiciales (son asesinatos, no falsos positivos) a manos del ejército, cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Se parecen en algo los hornos crematorios que usaron en Colombia los paramilitares para borrar cualquier rastro de sus víctimas y las cámaras de gas que usaron los nazis para exterminar judíos?

 “…el exterminio y desaparición de la Unión Patriótica jamás debió haber ocurrido; y reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en un acto público de perdón en 2016, al reconocer la responsabilidad del Estado en la persecución, muerte y desaparición de cientos de sus miembros y simpatizantes.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo lo propio en el 2023, al declarar al Estado colombiano responsable de este genocidio contra la Izquierda colombiana.

Sepelio de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP, asesinado el 11 de octubre de 1987. Fotos: cortesía Semanario Voz.

Como parte de una estrategia global anticomunista, en el gobierno de Turbay Ayala se decretó el polémico Estatuto de Seguridad, bajo el cual se cometieron excesos propios de las dictaduras: detenciones arbitrarias, torturas, consejos de guerra y desaparición forzada, hechos que están detallados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Turbay, y antes de él otros presidentes, usaron a su acomodo la figura del Estado de Sitio (artículo 121 de la antigua Constitución de 1886) con el fin de suspender ciertas libertades y garantías individuales.

En Colombia se aplicó la censura de prensa a los periódicos y a la radio entre 1949 y 1957. En la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, cuando los periodista se rebelaron, la respuesta del gobierno “fue un decreto del Estado de Sitio a través del cual se anunció que la aplicación de la censura de prensa vigente, en adelante pasaba al Comando General de las Fuerzas Armadas, y que hasta los correctores de pruebas quedaban sujetos a la medida”, como lo reseñó El Espectador. La Oficina de Censura del gobierno –que operaba a través de una red de censores desde las gobernaciones y brigadas del ejército- ordenaba lo que se podía y lo que no se podía publicar, evitando cualquier información que afectara al gobierno.

Desde la Constitución de 1991, ya no se habla de Estado de sitio, si no de Estado de excepción en el que podrá declararse la Conmoción interior para mantener el orden público, pero ningún gobierno está facultado para suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales.

Dice el Artículo 213 de la Constitución Política de Colombia: “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, por término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República”.

Este 2024, la multinacional Chiquita Brands fue condenada a pagar millonarias indemnizaciones por financiar grupos paramilitares, responsables de matanzas ocurridas en el Urabá antioqueño entre 1997 y 2004, como lo denunció el periodista Ignacio Gómez, siendo entonces reportero de El Espectador.

¿Cómo se llegó a esta barbarie en un país que, repito, se precia de democrático? Una explicación ilustrada la ofrece el podcast El Hilo.

Chiquita Brands es la misma United Fruit Company asociada a la Masacre de las bananeras en 1928: Una huelga que fue resuelta a bala por el ejército y terminó en la matanza de trabajadores de esa empresa estadounidense, durante el gobierno  del conservador Miguel Abadía Méndez, hecho al que se refirieron escritores como García Márquez o Álvaro Cepeda Samudio. Este último cuenta en su novela “La casa grande” que, con el fin de “restablecer el imperio del orden”, el Jefe Civil y Militar de la Provincia de Santa Marta, Carlos Cortés Vargas, declaró por decreto “cuadrilla de malhechores a los revoltosos, incendiarios y asesinos que pululan en la actualidad en la zona bananera”, llamando a los huelguistas “comunistas y anarquistas” y facultado a la fuerza pública para “castigar por lar armas a aquellos que se sorprenda en infraganti delito de incendio, saqueo y ataque a mano armada”.

Desde la ficción y desde la no ficción, los libros pintan una Colombia escabrosa. En “Me hablarás del fuego: Los hornos de la infamia”, Javier Osuna nos habla de los hornos crematorios que usaron en Norte de Santander las Autodefensas Unidas de Colombia AUC (un grupo paramilitar de Derecha) para incinerar los cuerpos de sus víctimas. Convirtieron trapiches y ladrilleras en cementerios. Un testimonio humano o inhumano según quien lo mire.

El prologuista Raúl Zurita dice: “Quien escribió este libro ha sido amenazado, acosado, perseguido, incendiaron el departamento en que vivía y su vida corre peligro”.

Le pregunté a Javier Osuna si existe relación entre los hornos crematorios del paramilitarismo y las cámaras de gas nazis. Su respuesta: “Son crímenes comparables a pesar de las obvias diferencias históricas y políticas. Ambos pretendían borrar todo rastro de sus víctimas, suprimir del paisaje de la vida a seres humanos únicos e imprescindibles. Cada caso representa un insulto a la humanidad que no debe repetirse jamás. Además, en ambos casos, se trata de crímenes condenados al fracaso porque a los seres humanos no se les puede borrar como una cosa. Por eso no hablo de desaparecidos sino de ausentes”.

¿Por qué los colombianos no hemos sido capaces de construir una memoria sólida sobre ese pasado funesto que nos persigue, repitiéndose? Conjurar ese pasado implica reconstruir con paciencia un libro al que algunos le quieren arrancar páginas a las malas. El pasado debería avergonzarnos como sociedad a ver si un día deja de lacerarnos.

En una nación políticamente amnésica, a jóvenes y a viejos hay que recordarles que la mano firme (léase dura) tiene formas diversas y peligrosas de interpretarse y empuñarse, así que facho y democrático no son lo mismo, del mismo modo que tiranía y ternura pertenecen a reinos diferentes. Democracia no es salir a votar cada cuatro años o que te dejen decir lo que quieras. Democracia es el conjunto de una Constitución y su cabal cumplimiento; por ejemplo, que te garanticen el derecho a la vida (artículo 12) y el derecho a vivir en paz (artículo 22).

Mientras el mundo gire, nadie puede garantizar que todo lo malo que ha ocurrido en Colombia (favor releer al segundo párrafo) no ocurrirá otra vez. Una sociedad profundamente desigual está lejos de ser democrática en su más amplia acepción. Una sociedad mezquina condena a unos a arrastrarse -hasta hacerlos invisibles a nuestra mirada y empatía- mientras otros se mecen en sus privilegios. Esa mezquindad política es nuestra ceguera blanca.

Última entrega: Carta a mi nieta sobre el fascismo.