En ese sentido, hice referencia a lo que se dice en los pasillos, lo cual, por supuesto, genera sensibilidad, pero en ningún momento constituye delito alguno por una supuesta afectación a la honra de quienes se mencionan en el texto. Insisto: estos rumores van y vienen, y estas personas, al integrar la junta directiva de una empresa donde hay recursos públicos —así no sea enteramente pública—, están en la obligación de darle claridad al país.

Pedir que se aclare este asunto, así como se le exige a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, que le explique al país todos los señalamientos que enfrenta, tanto en lo judicial como en la opinión pública, no es delito. De la misma manera, solicitarle a la junta directiva de Ecopetrol claridad sobre rumores que circulan tampoco lo es.

De este modo, señores de la junta directiva de Ecopetrol, como colombiano que quiere y respeta a la empresa por todo lo que significa para el país, y que además cotiza en bolsas en los Estados Unidos hecho que le imprime protocolos de transparencia bajo la normatividad internacional, les pido dejar la sensibilidad y actuar con altura frente al momento que vive la compañía, en medio de los escándalos que rodean a su presidente. Su gestión es fundamental para cuidar y proteger la empresa, dejando de lado cualquier tipo de interés particular, porque —no nos digamos mentiras— en todos estos espacios hay intereses, y ustedes no son la excepción.

Recibí dos cartas firmadas por los señores Ricardo Rodríguez Yee y el exministro Luis Felipe Henao, en las que explican sus actuaciones al interior de la junta directiva y niegan la existencia de cualquier conducta indebida en su gestión. A esto, por supuesto, doy toda la credibilidad y agradezco la respuesta. Sin embargo, no había necesidad de enviar cartas a El Espectador advirtiendo sobre posibles demandas por supuestas calumnias e injurias; bastaba con una llamada a mi celular, porque —insisto— no es delito manifestar públicamente una preocupación frente a rumores que van y vienen y que deben aclararse por el bien de una empresa que se llama Ecopetrol.

Les recuerdo, mis queridos y apreciados Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao, que esto no es ni Cuba ni Venezuela, donde opinar y expresar una opinión es prácticamente un delito.

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Crece el rumor que habla de cuatro miembros de juntas directivas vinculados a dos de las empresas más emblemáticas del país que estarían moviendo fichas para posicionarse en la eventual dirección de Ecopetrol, en medio del ruido político y judicial que rodea a la actual administración.

Según distintas fuentes, la estrategia tendría antecedentes recientes en lo ocurrido en ISA, donde terminó encargado de la presidencia Gabriel Jaime Melguizo Posada.

Durante su paso por la compañía, y de acuerdo con versiones internas, se habrían producido movimientos en cargos clave y ajustes administrativos que algunos sectores interpretan como una reorganización de poder dentro de la empresa.

Entre esos cambios también se mencionan decisiones relacionadas con la supervisión de contratos en Perú y Chile, donde aparece la empresa Ventus, señalada por algunos analistas de tener presuntos vínculos con Juan Emilio Posada.

En ese contexto, diversas versiones apuntan a que la estrategia política y corporativa podría estar siendo articulada por Carlos Raúl Yepes, junto con nombres como Ricardo Rodríguez Yee, Luis Felipe Henao y el propio Posada.

La hipótesis que circula en algunos círculos empresariales es que el actual escenario de controversia alrededor de Ricardo Roa podría ser utilizado para presionar cambios en la dirección de Ecopetrol, lo que eventualmente abriría espacio para un reacomodo de fuerzas dentro del sector energético, con sectores políticos cercanos al uribismo y al duquismo buscando recuperar influencia en la compañía.

Por ahora, se trata de versiones que circulan en el entorno político y empresarial y que deberán ser contrastadas con hechos y decisiones oficiales en los próximos meses. Sin embargo, no sería extraño que algo de cierto exista en todo este tipo de comentarios que van y vienen y que una vez más deja ver el interés de algunos sectores por controlar a Ecopetrol aprovechando el momento de tempestad que vive su actual presidente.

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En un comunicado oficial, la Red expresó su preocupación por el contenido y el momento en que se emitieron las afirmaciones de Rojas Cuéllar. Según la organización, las denuncias presentadas carecen de respaldo documental y no fueron tramitadas por las vías institucionales adecuadas.

“Las denuncias deben presentarse con oportunidad y sustento probatorio. No basta con comunicados tardíos y sin respaldo de pruebas”, enfatizó Pablo Bustos.

La Red de Veedurías cuestionó especialmente que Rojas Cuéllar, quien afirma haber sido testigo directo de los hechos, no haya acudido en su momento ante organismos competentes como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o la Contraloría para formalizar sus denuncias. En su lugar, optó por divulgar sus señalamientos a través de un documento carente de valor legal.

Para la organización veedora, resulta llamativo que dichas afirmaciones se hagan públicas únicamente después de la salida del exdirectivo de su cargo en Hocol, lo cual, a su juicio, pone en duda tanto la motivación como la veracidad del testimonio.

La Red insistió en que este tipo de declaraciones deben hacerse con responsabilidad, pruebas y ante las instancias pertinentes, evitando así causar daño injustificado a la imagen de instituciones como Ecopetrol.

Bustos recordó además que Ecopetrol y su filial Hocol en un comunicado dejaron claro que lo dicho por el exfuncionario no es cierto:

«El Sr. Rojas efectivamente gestionó por su cuenta la visita de dos analistas de seguridad a su oficina en las instalaciones de Hocol para realizar verificaciones. Dicha visita no arrojó resultados ni evidencias de la presencia de dispositivos de vigilancia. Posteriormente, una vez el Sr. Rojas dejó su posición como presidente, Hocol llevó a cabo una evaluación adicional de seguridad, la cual tampoco encontró evidencia alguna de micrófonos, cámaras o interceptaciones», dice el texto de la empresa.

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El pronunciamiento de Funprodeco surge luego de conocerse una denuncia anónima que, según información preliminar, fue enviada recientemente a la junta directiva de Ecopetrol y a la Fiscalía General de la Nación. En la misma se hace referencia a una presunta reunión en Europa, vinculada a ofrecimientos irregulares relacionados con un megaproyecto gasífero en el campo Chuchupa, una de las zonas clave para la producción de gas natural en el país.

Lo que ha despertado las alarmas en Funprodeco no es únicamente el contenido de la denuncia —cuyos detalles aún no han sido confirmados oficialmente—, sino el hecho de que, casi de manera simultánea, fragmentos de esa información han comenzado a circular masivamente a través de cadenas de WhatsApp dirigidas a empleados de Ecopetrol y periodistas. Este fenómeno, según la fundación, sugiere una posible intención de presionar mediáticamente sin contar con pruebas verificables.

“Nos preocupa que, sin haberse adelantado una verificación exhaustiva o una investigación formal, el contenido de la denuncia se esté utilizando para generar una percepción pública negativa sobre Ecopetrol. Este tipo de acciones podrían formar parte de un intento deliberado por desestabilizar la credibilidad de la empresa en un momento estratégico para el sector energético colombiano”, señaló el ingeniero Garrido Prada.

El campo gasífero de Chuchupa, ubicado en el departamento de La Guajira, representa una fuente fundamental para el abastecimiento de gas en Colombia. Cualquier especulación sobre proyectos en esa región no solo tiene implicaciones económicas, sino también geopolíticas y sociales. Por ello, Funprodeco advierte que las denuncias anónimas, si bien deben ser consideradas, no pueden ser tratadas como verdades absolutas sin el debido proceso de investigación y contraste de información.

En su comunicado, la fundación hace un llamado “respetuoso pero firme” a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y los órganos de control del Estado para que actúen con independencia, transparencia y rigor. Funprodeco insiste en la necesidad de evitar que la justicia colombiana se convierta en un instrumento de presión política o de intereses económicos particulares.

“La institucionalidad no puede prestarse para convertirse en un escenario de litigio mediático. La justicia debe ser ciega frente a presiones externas y debe priorizar la verdad y la legalidad por encima de especulaciones o rumores difundidos en canales informales”, añade el documento.

Asimismo, la fundación hizo énfasis en la importancia de proteger el patrimonio colectivo representado por Ecopetrol, una de las empresas más estratégicas del país y pilar fundamental del desarrollo energético. “Debilitar su imagen con información no verificada, basada en denuncias anónimas, no solo representa un riesgo para su operación, sino también para la confianza de los ciudadanos y del mercado”, advirtió Garrido Prada.

Por último, Funprodeco invitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a asumir una postura crítica y prudente frente a este tipo de situaciones. La desinformación, cuando es replicada sin contrastes ni análisis riguroso, puede convertirse en un arma peligrosa que afecta la estabilidad institucional y económica del país.

“La transparencia es un valor fundamental en toda democracia, pero no puede confundirse con el juicio mediático ni con el uso interesado de las redes sociales para crear estados de opinión sin sustento. Pedimos a los organismos competentes que investiguen con seriedad y que la ciudadanía no se preste para replicar rumores que aún no han sido corroborados”, concluyó el comunicado.

Con este llamado, Funprodeco se suma a otras voces que piden cautela frente al manejo de información sensible sobre empresas del Estado, insistiendo en que la defensa del interés colectivo exige procesos justos, objetivos y libres de interferencias externas.

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HELICOL, una empresa con amplia trayectoria en el sector, ha denunciado públicamente que Ecopetrol, la compañía petrolera más grande del país, ha venido favoreciendo a su competidor Helistar desde el año 2011. Según HELICOL, Ecopetrol ha establecido condiciones contractuales que exigen a las empresas ofertantes un irrazonable esfuerzo económico y logístico al tener que preparar las aeronaves para inspección con mucha anticipación, sin la certeza de ser adjudicatarios del contrato.

HELICOL argumenta que estas condiciones han beneficiado a HELISTAR, quien, al ser el operador actual del contrato, tiene una ventaja injusta. Sin embargo, un análisis riguroso de los hechos revela una paradoja en la posición de HELICOL.

En los últimos procesos de contratación Ecopetrol ha venido flexibilizando las condiciones para favorecer la participación de HELICOL. Ahora bien, respecto al último proceso de contratación, Ecopetrol terminó otorgándole a HELICOL un plazo mayor para la presentación de las aeronaves. Mientras HELISTAR debió iniciar operaciones el 1 de noviembre de 2024, HELICOL tiene como fecha límite el 3 de febrero de 2025 para la presentación de aeronaves. A pesar de esta concesión, HELICOL ya avisó que no puede cumplir con el plazo establecido, solicitando una prórroga que muy seguramente le será otorgada por Ecopetrol, sin que dicha prórroga estuviera contemplada en los términos contractuales.

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Esta situación plantea serias dudas sobre la legitimidad de las denuncias de HELICOL. ¿Es realmente víctima de un trato discriminatorio por parte de Ecopetrol o se trata de una estrategia para justificar su incumplimiento contractual?

Podría indagarse si esta es la única vez que HELICOL incumplen contratos.

La actuación de Ecopetrol también es cuestionable. Al otorgar un plazo adicional a HELICOL, sin que este estuviera previsto en el contrato y en la licitación, la empresa petrolera ha vulnerado principios básicos de la contratación estatal como la transparencia y la igualdad.

Es necesario que las autoridades competentes investiguen a fondo esta situación para determinar las responsabilidades de cada una de las partes involucradas. La transparencia y el cumplimiento de los acuerdos son pilares fundamentales para el correcto funcionamiento del sector empresarial y la confianza de la ciudadanía.

Este caso nos deja una reflexión importante: la paradoja de HELICOL nos muestra cómo una empresa puede presentarse como víctima mientras se beneficia de irregularidades. Es fundamental mantener una mirada crítica y analizar los hechos con rigor para no dejarse engañar por las apariencias.