En la elección de Contralor General siempre hay candidatos visibles y candidatos reales. Y Luis Enrique Abadía parece pertenecer a la segunda categoría.

Su relación con Carlos Hernán Rodríguez Becerra no nació ayer. Coincidieron en la Defensoría del Pueblo y, cuando Rodríguez llegó a la Contraloría General, llevó a Abadía consigo. No a cualquier cargo: terminó siendo uno de sus hombres de mayor confianza, llegó a ocupar la jefatura de despacho y era, además, el delegado que quedaba encargado del despacho del Contralor en cada ausencia de Carlos Hernán.

¿Casualidad? Puede ser. Pero en política las casualidades suelen tener hoja de vida.

Y esa hoja de vida tiene números que hablan solos. Entre el 17 de julio de 2024 y el 13 de abril de 2026 —el periodo de su gestión al frente del despacho—, la capacidad sancionatoria de la Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública se desplomó: los Procesos Administrativos Sancionatorios pasaron de 7 en el bienio anterior a apenas 1 en 2025 (y a cero en 2024). Las indagaciones previas cayeron de 7 a solo 2 por año. Y el beneficio de auditoría —la plata efectivamente recuperada para el Estado— colapsó de $93 millones en 2023 a poco más de $9 millones en 2024. Para completar el cuadro, de las 46 actuaciones programadas en 2026, 13 —casi tres de cada diez— siguen represadas, sin informe liberado.

Pero el dato más elocuente es otro: entre 2024 y 2026, la Delegada auditó recursos públicos por más de $1,148 billones de pesos —un universo que incluye entidades tan sensibles como la DIAN y el Ministerio de Hacienda—, y de ahí solo salieron hallazgos fiscales por $184.485 millones. Es decir, apenas el 0,016 % de todo lo vigilado terminó traducido en un detrimento detectado. Menos de un milésimo de cada peso auditado. Una auditoría pública que, en la práctica, se quedó en el papel: sin dientes frente al verdadero tamaño del erario que estaba llamada a proteger.

A ese recorrido se suma un capítulo político que resulta clave para entender su candidatura. Según se comenta, Abadía había sido contemplado como el candidato que podría contar con el visto bueno de Iván Cepeda y del Pacto Histórico para llegar a la Contraloría General en caso de que ese sector político ganara la Presidencia de la República. Es decir, su nombre no aparece ahora de manera improvisada en la carrera por el organismo de control: ya se movía como una carta para ocupar uno de los cargos más poderosos del Estado en un eventual gobierno del Pacto Histórico.

Abadía también tiene vasos comunicantes con el sector de Daniel Quintero: su esposa ocupó una subsecretaría durante la Alcaldía de Medellín, y él mismo figuró como contratista en esa administración. Dos vías, no una, que lo acercan al quinterismo.

Así que su candidatura reúne una combinación bastante particular: cercanía histórica con Carlos Hernán Rodríguez —al punto de ser su reemplazo de facto en cada ausencia—, conexiones —familiares y contractuales— con el quinterismo y, además, haber sido considerado como una carta del Pacto Histórico y de Iván Cepeda para la Contraloría en un eventual triunfo presidencial.

Hay, además, un asunto patrimonial que merece aclaración pública. En el barrio El Jardín de Quibdó existe un predio de 912 metros construidos, avaluado por la Alcaldía en más de $437 millones para 2026, registrado a nombre de Luis Enrique Abadía García. El documento oficial de cobro predial que reposa en la Secretaría de Hacienda de esa Alcaldía identifica al contribuyente con un número de cédula de once dígitos —un formato que no corresponde al estándar de la cédula de ciudadanía en Colombia—.

¿Es un simple error de digitación de la Alcaldía, o hay algo más detrás? Es necesario que Abadía responda: ¿este inmueble está declarado en su patrimonio ante los organismos de control correspondientes? ¿Y a qué se debe la irregularidad en el número de identificación asociado a una propiedad que lleva su nombre?

Por eso la verdadera pregunta no es si Luis Enrique Abadía cumple o no los requisitos para aspirar. La pregunta es otra: ¿es Abadía el verdadero candidato de Carlos Hernán Rodríguez para conservar influencia en la Contraloría?

Porque cuando el aspirante fue compañero, subordinado, jefe de despacho, encargado en sus ausencias y hombre de confianza de quien hoy dirige el organismo —con una gestión que dejó cifras a la baja, conexiones con distintos sectores políticos y un patrimonio con preguntas sin responder—, hablar de independencia requiere algo más que un discurso.

Carlos Hernán puede guardar silencio sobre su candidato.

La hoja de vida de Abadía habla por él.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero

Su estrategia resulta, cuando menos, paradójica. El candidato que pretende asumir la responsabilidad de conducir uno de los organismos más importantes del Estado en materia de vigilancia de los recursos públicos ha optado por presentar a la institución que aspira a dirigir como una estructura ineficiente, costosa, atrasada y atrapada en un laberinto normativo. Ha cuestionado su funcionamiento, ha puesto en duda la relación entre lo que cuesta y lo que recupera y ha advertido que ha perdido terreno frente a la inteligencia artificial.

La pregunta, entonces, no es solamente qué reformas propone Laverde. La pregunta es otra, mucho más incómoda: ¿por qué alguien que aspira a dirigir una institución considera necesario destruir su reputación antes de llegar a ella?

Porque una cosa es hacer una crítica rigurosa al funcionamiento de la Contraloría y otra muy diferente es convertir el desprestigio de la entidad en la plataforma de lanzamiento de una candidatura.

Si la Contraloría tiene problemas, deben señalarse. Si existen procesos que deben modernizarse, deben reformarse. Si la tecnología disponible no está siendo aprovechada suficientemente, debe corregirse. Si el sistema normativo requiere una actualización, el Congreso debe discutirla. Todo eso es perfectamente legítimo y, en muchos casos, necesario.

Lo que resulta difícil de aceptar es que se pretenda construir un proyecto de dirección institucional a partir de una narrativa que termina arrastrando en sus cuestionamientos a miles de funcionarios que no tienen responsabilidad alguna en las decisiones políticas de quienes han ocupado el despacho del Contralor.

La Contraloría no apareció ayer. No nació con el próximo Contralor ni desaparecerá cuando termine su periodo. Es una institución que ha sobrevivido a gobiernos de diferentes tendencias políticas, a múltiples administraciones y a distintas coyunturas nacionales. En ella trabajan servidores públicos que han dedicado años de su vida profesional a investigar el uso de los recursos estatales, adelantar auditorías y procesos de responsabilidad fiscal y vigilar el patrimonio público.

Por eso, cuando un candidato afirma que la institución no ha funcionado realmente, no está cuestionando únicamente a sus antiguos directivos. Está poniendo bajo sospecha el trabajo de miles de personas que han cumplido sus funciones dentro del marco constitucional y legal existente.

Y aquí aparece el punto que Laverde parece olvidar: quien quiere ser Contralor no puede comportarse como si estuviera haciendo campaña para ser el liquidador de la Contraloría.

El país necesita un Contralor que llegue a fortalecer la institución, no uno que necesite debilitarla discursivamente para justificar su propia llegada.

Una candidatura seria debería ser capaz de explicar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y qué debe cambiar. Debería presentar cifras, resultados comparables, evaluaciones técnicas y propuestas concretas. Debería reconocer que una institución pública puede tener deficiencias sin que eso signifique que todo lo construido durante décadas carezca de valor.

Pero decir que el control fiscal colombiano es una «colcha de retazos», cuestionar el desempeño de la entidad y presentar sus herramientas como insuficientes puede resultar políticamente rentable, pero institucionalmente es una apuesta peligrosa. Porque una vez que se destruye la confianza en una entidad de control, se debilita precisamente aquello que se pretende defender: la capacidad del Estado para vigilar el uso de los recursos públicos.

La paradoja es todavía mayor cuando se habla de modernización. Nadie discute que la Contraloría debe avanzar en inteligencia artificial, analítica de datos y herramientas tecnológicas. Pero modernizar una institución no significa declarar obsoleto todo lo que existe. La tecnología debe ponerse al servicio de la experiencia acumulada, no utilizarse como argumento para desconocerla.

Y si la DIARI requiere mayor inversión, mejores resultados o un uso más eficiente, la discusión debe hacerse con evidencia. No basta con mencionar cuánto cuesta una herramienta tecnológica para insinuar que no funciona. La verdadera discusión debería ser qué resultados produce, qué capacidades ha desarrollado y cómo puede mejorarse.

Lo mismo ocurre con el marco jurídico. Es posible que el control fiscal necesite una mayor integración normativa. Es posible que existan disposiciones dispersas que requieran armonización. Pero presentar décadas de evolución legislativa como una simple «colcha de retazos» desconoce que las normas también son el resultado de las respuestas que el Estado ha tenido que construir frente a nuevas formas de corrupción, nuevas modalidades de daño patrimonial y nuevas exigencias constitucionales.

La reforma que necesita Colombia no es la que nace del desprecio por lo existente. Es la que nace del conocimiento profundo de aquello que se quiere transformar.

Y es precisamente allí donde los cuestionamientos sindicales adquieren una dimensión que Laverde debería tomar en serio. Que las organizaciones de trabajadores de la Contraloría hayan decidido salir públicamente a controvertir sus afirmaciones no puede despacharse como una simple reacción gremial. Es, también, una señal de que existe una institución que se siente injustamente representada por el discurso de quien aspira a dirigirla.

Laverde debería preguntarse si realmente está construyendo autoridad o si, en su intento por obtener el respaldo necesario para llegar al cargo, está erosionando la legitimidad de la institución que mañana podría estar bajo su responsabilidad.

Porque hay una diferencia entre ser elegido para cambiar una entidad y ser elegido después de haber contribuido a convencer al país de que esa entidad es prácticamente un fracaso.

El próximo Contralor tendrá que enfrentar enormes desafíos. Tendrá que mejorar la recuperación de recursos públicos, fortalecer el control preventivo, combatir la corrupción, modernizar los sistemas de información, coordinar el trabajo con las contralorías territoriales y aprovechar las nuevas tecnologías. Para hacerlo necesitará algo que no se obtiene con discursos de campaña: la confianza de la institución que va a dirigir.

Y esa confianza comienza por respetar a quienes la integran.

No se trata de blindar a la Contraloría de la crítica. Se trata de exigir que la crítica tenga altura, rigor y responsabilidad. Un candidato puede y debe señalar los errores de una institución, pero no puede desconocer que detrás de ella hay funcionarios que han dedicado años a cumplir una función esencial para la democracia.

Es muy fácil llegar desde afuera y decir que todo está mal. Lo verdaderamente difícil es asumir la responsabilidad de demostrar, desde adentro, que se puede hacer mejor.

Por eso, si Jorge Eliécer Laverde quiere ser el próximo Contralor General, debería entender que su primera tarea no será destruir la imagen de la entidad para después presentarse como su salvador. Su desafío será demostrar que conoce la institución, que respeta a sus funcionarios y que tiene la capacidad de transformarla sin convertirlos en los primeros damnificados de su discurso.

Colombia no necesita un Contralor que llegue a pasar factura. Necesita uno que llegue a construir.

No necesita un candidato que pretenda demostrar que todo estaba mal antes de su llegada. Necesita un servidor público capaz de reconocer los avances, corregir las fallas y asumir la responsabilidad de producir resultados.

Y, sobre todo, no necesita que quien aspire a dirigir una institución tenga que pasar por encima de ella para llegar al cargo.

Porque si para conquistar la Contraloría hay que destruir la confianza en la Contraloría, entonces cabe preguntarse qué es lo que realmente se está buscando: ¿fortalecer una institución fundamental para la democracia o utilizarla como el escenario de una ambición personal?

La respuesta debería importarles, y mucho, a quienes tienen en sus manos la elección del próximo Contralor General.

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Hace poco se dio un fuerte debate por un supuesto plagio cometido por el excontralor, Carlos Felipe Córdoba, en su tesis doctoral. Esta noticia se dio por cuenta de una divulgación del periodista, Juan Pablo Barrientos, un colega por el que siento un profundo respeto, quien informó sobre el supuesto fraude en la tesis para obtener el grado como doctor en Derecho de la Universidad de Jaén.

Asegura Barrientos que “La tesis doctoral del excontralor, que tiene 364 páginas, fue revisada por dos periodistas en 2022” Aquí viene mi pregunta: ¿Desde cuándo los periodistas somos validadores de tesis de grado? Hasta donde sé, a quién corresponde esta labor es a una universidad.

Por supuesto, este hecho puso a Córdoba a defender su nombre y su honra como corresponde y hoy la Universidad de Cartagena le dio la razón, y certifico lo siguiente:

“En atención a su solicitud formal, me permito informarle que, tras realizar la revisión del trabajo de grado mencionado a través de las plataformas Turnitin y Ithenticate se puede concluir que el trabajo es original y no presenta rastros de plagio”.

Hechos como estos hacen que uno se pregunte por el verdadero motivo que hay detrás de este tipo de denuncias que aparte de destruir el nombre ajeno, también hacen que cualquier ciudadano pierda las ganas de soñar con ocupar un alto cargo en el Estado, sí al final del camino se va a convertir en objeto de vigilancia extrema por parte de otros que sabe Dios con que motivación se ocuparán de buscarle el talón de Aquiles para hacerlo caer.

No estoy diciendo que no se pueda ni se deba supervisar a los altos funcionarios. Por supuesto que es necesario hacerlo porque estos son remunerados con recursos públicos. El asunto es que esta vigilancia no puede se debe hacer con el rigor suficiente para no desdibujar el oficio que como veedores ciudadanos nos corresponde.

No sé qué esté pensando hacer Carlos Felipe Córdoba ahora que pudo demostrar que en ningún momento cometió fraude en su tesis doctoral, pero lo que si se, es que cualquier actuación que ejerza para que se restablezca su buen nombre, lo hará ejerciendo sus derechos que como ser humano tiene.