El caimán llanero o cocodrilo del Orinoco (Crocodylus intermedius), una especie endémica de la frontera colombo-venezolana, enfrenta una nueva amenaza. Después de que por décadas la caza por su piel se disparó ante la demanda de la industria peletera, ahora vive un riesgo diferente. El Programa Nacional para su Conservación está paralizado desde hace meses por un conflicto administrativo entre la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), corporaciones ambientales y el Ministerio de Ambiente, quienes históricamente trabajaron por evitar la extinción de esta especie y recuperar las poblaciones en su ambiente natural.

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De los cerca de 500 cocodrilos en cautiverio a cargo del programa, actualmente hay cerca de 200 ejemplares —con alta diversidad genética y probabilidades de reproducirse en vida silvestre— que se encuentran en hacinamiento, sin alimento en meses ni atención médica por parte de las instituciones involucradas (Ministerio de Ambiente, corporaciones ambientales y la Universidad Nacional). Además, han ocurrido al menos dos muertes de ejemplares adultos (uno de ellos debido a agresión entre ellos, de acuerdo con una necropsia) y se han dejado de recolectar cerca de 1200 huevos producidos desde 2025, denuncia de investigadores interpuesta ante la Universidad.

La falta de claridad entre las instituciones responsables y el vencimiento de convenios con parques y universidades que han recibido a los cocodrilos fueron el argumento para detener este esfuerzo de conservación.

Sin embargo, para biólogos, investigadores y veterinarios que se han involucrado durante años en este proyecto el riesgo es claro y alarmante: advierten que está por perderse la última esperanza de recuperar a una de las 14 especies de cocodrilos que hay en el planeta.

Mongabay Latam consultó a los especialistas involucrados en este proyecto así como a las instituciones y autoridades responsables del único programa que existe en Colombia para salvar al cocodrilo del Orinoco y no existen hasta ahora señales para retomarlo.

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La crisis en una población clave y estudiada de cocodrilos

Los casi 200 cocodrilos que se encuentran en riesgo crítico pertenecen a dos grupos. De acuerdo con investigadores que participaron en este programa y con los que dialogó este medio, un grupo posee alta carga genética que permitiría la reproducción y sobrevivencia en su hábitat natural, mientras que otro grupo de cocodrilos debe ser puesto en liberación, pues se trata de ejemplares nacidos en vida silvestre y que fueron incorporados al programa para fortalecer la estrategia de conservación.

Son 180 de estos ejemplares los que se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure. Otros 12 están en la Universidad de los Llanos (Unillanos), ambos ubicados en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, como parte de convenios con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), donde se comprometieron a recibir a los cocodrilos sin cobro y de forma “provisional”, ante el hacinamiento en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, que forma parte de la UNAL.

Pese a que los acuerdos establecen que la UNAL se haría responsable de la alimentación, el manejo, cuidado veterinario y recolección de huevos de los cocodrilos, diferentes documentos elaborados por la Unillanos y el Parque Merecure, y que fueron revisados por Mongabay Latam, denuncian que entre noviembre de 2025 y abril de 2026 la Universidad ha incumplido con estas funciones. Cabe precisar, que esto se debe a que vencieron los convenios, como argumenta la UNAL.

Esto ya se ha traducido en muertes de ejemplares. Una de ellas ocurrió en 2026 dentro del Parque Merecure, que solicitó la intervención de la Universidad Nacional y el retiro de los animales. Hasta ahora tampoco se tiene una necropsia que certifique la causa del deceso del cocodrilo.

Otro caso ocurrió en septiembre de 2025 dentro de la Estación Roberto Franco, donde uno de los cocodrilos fue agredido por otros ejemplares, de acuerdo con la necropsia consultada por este medio y que halló “mutilación de miembros anteriores y posteriores, además de la parte ventral del cuello” del animal.

Germán Preciado, veterinario y profesional universitario de la Estación Roberto Franco, confirma no solo las muertes, sino también las indicaciones de la Universidad de no atender la salud de los ejemplares que se encuentran fuera de la estación.

“En diciembre [de 2025] fue la última vez que nos autorizaron, desde la dirección de la estación, a ir hasta Unillanos y Merecure a hacer la revisión de los animales y la alimentación. En 2026 no hemos ido porque no hemos sido autorizados”, dice Preciado a Mongabay Latam y agrega que él mismo ha solicitado permiso para acudir a ayudar a los cocodrilos y a recolectar huevos de nidos, sin obtener autorización.

A principios de abril, comenta, se hizo un contrato de alimentación pero que aplica únicamente para los cocodrilos de la Estación Roberto Franco.

Al respecto, la UNAL niega tener responsabilidad en el programa de conservación al afirmar que su rol es de apoyo técnico y científico. Lucy Gabriela Delgado, decana de la Facultad de Ciencias, sostiene que son el Ministerio y las corporaciones ambientales los que deben definir el futuro de los cocodrilos.

“Nosotros somos un actor de buena fe, los tenemos cuidados esperando la indicación para entregarlos, porque en este momento no hay ninguna investigación científica desarrollándose con estos animales. Nuestra función no es alimentar caimanes, pero ahí los tenemos y éticamente tenemos que esperar hasta que la autoridad ambiental decida cuál es su destino final”, dijo la decana a Mongabay Latam.

Delgado negó las muertes de ejemplares adultos, pese a la documentación referida, y aseguró que sólo se ha registrado la muerte de un cocodrilo neonato por “una deficiencia en tiamina”.

Investigadores de la Universidad agregan que la falta de alimentación es solo un factor de la crisis, pues se han dejado de recolectar los huevos de alta diversidad genética para continuar con el programa de conservación.

“Tuve una reunión con el director y la oficina de gestión ambiental y dejé constancia de lo que está pasando en la estación, de la negligencia por la pérdida de 1260 huevos y manifesté mi preocupación por los animales sin alimento. Es un atentado contra esa especie que está en peligro crítico de extinción”, dice Willington Martínez, investigador de la Universidad Nacional a Mongabay Latam.

Este medio consultó también al Ministerio de Ambiente de Colombia, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) para saber qué medidas se realizarán para atender a los cocodrilos y el futuro del programa de conservación, sin que hasta la publicación de esta nota exista una respuesta.

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Un programa que comenzaba a dar resultados tras décadas de estudios

Desde 1998, el Ministerio de Ambiente de Colombia y la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, de la Universidad Nacional de Colombia, establecieron el Programa Nacional del Caimán Llanero (ProCaimán), un documento donde se reconoce que la especie es clave para la biodiversidad de la región y que se encuentra en Peligro Crítico, de acuerdo con la Lista Roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En este programa se establecen objetivos y responsabilidades no solo de la Universidad y de la Estación, sino también de especialistas, del Instituto Alexander von Humboldt, corporaciones y ministerios para proteger a la especie.

También se establece que la primera fase durará 10 años como mínimo, estando sujeta “al éxito de los eventos reproductivos y la tendencia de las poblaciones en procesos de reintroducción”.

Para detener su participación en el proyecto, la Universidad argumenta que los primeros 10 años del programa finalizaron en 2012 y que nunca se hizo una evaluación para continuar con el programa. Incluso, la decana Delgado acusa que algunos de los investigadores de ProCaimán solo se dedicaron a «reproducir caimanes cada año” y los responsabilizó del hacinamiento actual.

Sin embargo, existen elementos que muestran que el programa de conservación progresaba y que permitió liberar a más de 40 cocodrilos en áreas de la Orinoquía colombiana entre 2016 y 2024.

Mario Vargas Ramírez, director de la Estación Roberto Franco entre 2019 y 2023, explica que durante su gestión se intentó responder con investigación molecular cómo los cocodrilos que ya estaban cautivos podían ayudar a la recuperación de la especie.

Antes de liberar a los cocodrilos, explica, había que saber quiénes tenían características genéticas que les permitieran sobrevivir.

“Uno tiene que realmente soltar cocodrilos que tienen un potencial evolutivo que les permita mantenerse en tiempo y suficiente diversidad genética para formar una población saludable en el tiempo. Eso se hizo y se publicó en revistas científicas”, explica el investigador.

Una de las autoras clave en este proceso fue Ana María Saldarriaga, bióloga e investigadora asociada al Museo de Historia Natural de Nueva York, quien se encargó de estudiar los perfiles genéticos de los ejemplares, para proponer combinaciones reproductivas y reestructurar los grupos que podrían ayudar al programa de conservación.

Los hallazgos de estos estudios se publicaron en revistas especializadas, como Nature Conservation, PLOS One y Oxford Academic con el objetivo de delinear las acciones de manejo de los cocodrilos.

“A raíz de esto se seleccionaron 25 cocodrilos para ser liberados en medio silvestre en sitios donde las características genéticas sí corresponden a los perfiles de estos individuos. Se hizo una liberación de 14 individuos en 2023 y luego una de 11 individuos en 2024, en el río Tomo, cerca de la frontera con Venezuela en Colombia”, cuenta la especialista a Mongabay Latam.

Saldarriaga explica que en 2025 tuvo que detener el seguimiento a esta investigación ante los conflictos internos en la Universidad Nacional de Colombia, pues cuenta que ya no tuvo acceso a información o a la estación. Sin embargo, sostiene que las liberaciones, coordinadas con autoridades ambientales, son un elemento importante de que el programa de conservación funcionaba.

“Por fin se estaban viendo resultados tangibles. De 25 liberaciones 16 tenían un transmisor satelital, entonces, además de liberar individuos estábamos produciendo ciencia detrás, desde el área genética, pero también de la ecología espacial. Estábamos cubriendo un área muy grande de lo que debería ser un proyecto de conservación”, sostiene.

Aunque no existe una evaluación formal del programa, para Hernando García Martínez, director del Instituto Humboldt, había bases científicas sólidas en el trabajo de reproducción que se realizaba en la estación.

“Es un trabajo ejemplar como programa de conservación y ya se ha logrado la liberación de varios individuos en la cuenca del Guaviare, en la cuenca del Orinoco, del Tomo. Sé que hay una situación de crisis, pero que esta situación no desdibuje el gran trabajo que se ha hecho desde el Plan de Conservación del Caimán Llanero y el gran liderazgo que ha tenido la Universidad Nacional también en todo este trabajo en más de 20 años”, dice el directivo a Mongabay Latam.

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Un desorden administrativo que está condenando a una especie

Actualmente, la Universidad Nacional tiene procesos de investigación en la Veeduría Disciplinaria, un organismo interno, contra algunos de los profesores que participaron en este programa por supuestas irregularidades en el manejo de los cocodrilos.

La decana Delgado aseguró a Mongabay Latam que estas irregularidades son por inconsistencias en el inventario de los animales, así como la falta de salvoconductos para trasladar a los animales durante las investigaciones.

“Tengo seis inventarios distintos de animales, no cuadran las fechas en que se han muerto versus las actas de defunción y las cremaciones. Se han trasladado animales sin salvoconductos a unos sitios donde la universidad hoy no tiene ningún convenio”, dijo la decana a este medio.

Los investigadores señalados sostienen que una de sus acciones fue precisamente llevar un registro y una base de datos de todos los ejemplares de cocodrilo del Orinoco que están en el programa de conservación.

Martínez y Preciado explican que todos los ejemplares que están en la Estación Roberto Franco, en el Parque Merecure y la Unillanos tienen un microchip implantado en la cola con un registro que funciona igual que una cédula, la cual puede consultar internamente la propia universidad.

“En 15 días de trabajo se podrían capturar todos los cocodrilos. Eso no es justificación para dejar aguantando hambre durante meses a los cocodrilos”, dice Carlos Moreno Torres, veterinario y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en réplica a los señalamientos.

El especialista advierte que si bien los ejemplares pueden aguantar largos periodos sin comer, el hacinamiento, el estrés y las condiciones del clima pueden incidir en mayores ataques entre las poblaciones.

“Han muerto animales por agresión. Eso nunca se veía. Pero también los hemos sometido a estrés y el año pasado no permitieron la reorganización por tamaños. Estos animales cuando se acerca la época de celo se vuelven muy agresivos”, detalla.

En julio de 2024, Moreno fue el responsable de firmar un contrato con una empresa para “desarrollar y mejorar una plataforma de software” en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS), un centro de atención de la misma UNAL, que permitiera a los investigadores, biólogos y médicos veterinarios de la Estación Roberto Franco manejar bases de datos relacionadas con la fauna cautiva en las instalaciones. Un informe firmado por una consultora de la Universidad, al cual tuvo acceso Mongabay Latam, concluye que este proceso se desarrolló con éxito.

Pese a que existen resoluciones de la propia Facultad de Ciencias que permitieron el traslado de cocodrilos al Parque Merecure y a la Universidad de los Llanos, hasta ahora no hay una intención de retomar planes de liberación o estrategia de manejo por parte de la UNAL.

“Tenemos una emergencia en esta Estación donde la Universidad está sacando plata para darle de comer a unos animales, cuyo destino todavía el Ministerio no nos dice cuál es. En el momento en que se desaloje un poco, en que se entreguen los animales, se volverá a reactivar la investigación”, sostiene la decana Delgado.

En tanto, investigadores llaman a no dejar morir a los cocodrilos de Merecure y Unillanos y a trabajar en conjunto para reactivar el programa de conservación en una especie que es considerada estructural para la Orinoquía.

“Esto requiere financiación de fondo que nos facilite poder respaldar ese trabajo científico que ha tenido la Universidad Nacional y otras organizaciones. Yo invito a que hagamos un trabajo de juntarnos y buscar cómo conseguir los recursos para que este programa pueda seguir en marcha y que la Estación Roberto Franco pueda mantener esa vocación por la cual fue creada, de trabajar de una forma rigurosa que promueva la conservación del caimán Llanero en Colombia”, señala el director del Instituto Humboldt.

Vargas, con más de 30 años de investigación en este programa, considera que los cocodrilos no deben estar pagando el precio de conflictos administrativos, por lo que hace un llamado a protegerlos y a mantener esfuerzos por su conservación.

“En el futuro a nadie le va a importar el problema que está pasando ahorita. Lo que van a decir es ‘¿cómo fue posible que nadie hiciera nada para salvar esos cocodrilos?’. Será una de esas situaciones en que los humanos nos lamentamos cuando ya es demasiado tarde y hubiésemos podido hacer algo”, lamenta.

Nota del editor: (22 de mayo de 2026): Tras la publicación de este artículo y de la entrevista a la decana de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Mongabay Latam recibió un comunicado que solicita la rectificación de cinco puntos específicos del artículo. Hemos añadido los tres cambios específicos sugeridos por el medio en los párrafos 1, 2 y 8. Leer la aclaración publicada por el medio en el artículo original. Puedes revisarlo aquí.

*Imagen principal: algunos cocodrilos por su baja diversidad genética fueron enviados a centros de educación ambiental, como Nápoles. Foto: cortesía Unimedios.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam.

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Para nadie es un secreto que la Revista Semana pasó de ser un referente de investigación periodística a convertirse en una plataforma de amplificación política donde la espectacularización de las encuestas parece importar más que el rigor metodológico.

El reciente informe de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del Consejo Nacional Electoral (CNE) es demoledor: AtlasIntel habría presentado como encuestas probabilísticas lo que en realidad serían sondeos telefónicos imposibles de auditar plenamente y, peor aún, incompatibles con los estándares legales vigentes.

No se trata de un simple tecnicismo estadístico. En democracia, las encuestas electorales son instrumentos de enorme poder. Moldean percepciones, construyen narrativas de victoria, afectan mercados políticos y pueden influir directamente en el comportamiento del electorado. Cuando una firma difunde datos sin cumplir los parámetros exigidos por la ley, el daño no es solamente académico: es institucional.

Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿qué papel juega el medio que decide publicar y promover esas cifras?

Semana no puede escudarse en la supuesta neutralidad de “solo informar”. Un medio de comunicación con alcance nacional tiene la obligación ética de verificar la solidez de aquello que publica, especialmente cuando se trata de mediciones electorales. Más aún en un contexto colombiano donde las encuestas han sido utilizadas históricamente como herramientas de presión política y manipulación de opinión pública.

Resulta alarmante que mientras se cuestiona la metodología de AtlasIntel, Semana haya preferido convertir cada medición en un titular estridente, casi siempre acompañado de interpretaciones políticas convenientes y narrativas de impacto inmediato.

El pasado 29 de abril, la Revista Semana tituló: “Abelardo de la Espriella le toma ventaja a Paloma Valencia y enfrentaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según encuesta de AtlasIntel”. Un titular y un tratamiento en donde lo único que parece importante para Semana es el abogado y candidato y no los resultados de la supuesta intención de voto.

El problema no es únicamente publicar encuestas; el problema es hacerlo sin el debido contraste técnico y sin advertir al lector sobre las dudas metodológicas existentes.

La situación se agrava cuando el propio informe del CNE señala que el margen de error del 2 % divulgado por AtlasIntel no sería matemáticamente sostenible bajo las condiciones descritas. Esto significa que millones de ciudadanos pudieron haber consumido información electoral presentada con una precisión estadística presuntamente inexistente. Y Semana ayudó a legitimar esa percepción.

La revista, lejos de ejercer un rol crítico frente a la encuestadora, terminó funcionando como caja de resonancia de resultados cuya credibilidad ahora está bajo seria sospecha. Esa conducta refleja una lógica mediática profundamente irresponsable: primero el impacto, después las preguntas.

El periodismo serio no consiste en reproducir cifras porque generan clics o controversia política. Consiste en someterlas al escrutinio más riguroso posible, especialmente cuando pueden alterar el debate democrático. Si una encuesta incumple la ley o utiliza metodologías opacas, el deber de un medio no es amplificarla acríticamente, sino investigarla.

La petición de la Red de Veedurías para suspender el registro de AtlasIntel no es menor. Revela la gravedad de un escenario donde la confianza pública en las mediciones electorales podría quedar severamente erosionada. Y esa erosión también alcanza a los medios que decidieron convertir esas encuestas en noticia sin suficiente prudencia editorial.

El caso AtlasIntel debería abrir una discusión nacional sobre la responsabilidad de los medios en tiempos de polarización. Porque cuando el periodismo abandona el rigor y se convierte en operador de narrativas políticas disfrazadas de información técnica, la democracia entera termina pagando el precio.

Nota recomendada: ¿Juan Carlos Abadía opera políticamente desde la prisión?

Las graves advertencias hechas por el abogado Pablo Bustos no solo comprometen al exmandatario, quien presuntamente estaría ejerciendo influencias, realizando llamadas y manteniendo contactos políticos desde su lugar de reclusión. El verdadero escándalo nacional es otro: ¿cómo es posible que una persona privada de la libertad conserve capacidad de maniobra política y administrativa desde un centro de reclusión bajo vigilancia del Estado?

Si estas denuncias llegan a confirmarse, el principal responsable institucional sería el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), una entidad que desde hace años arrastra cuestionamientos por corrupción, falta de controles y debilidad operativa. Lo preocupante no es únicamente el eventual uso irregular de teléfonos celulares o las visitas no autorizadas; lo verdaderamente alarmante es la sensación de permisividad estructural dentro del sistema penitenciario colombiano.

Porque en Colombia pareciera existir una justicia para el ciudadano común y otra para quienes tienen conexiones políticas. Mientras miles de internos viven hacinados, sometidos a requisas permanentes y estrictos controles, algunos condenados por corrupción continúan moviendo influencias, operando redes de poder e interfiriendo en asuntos públicos como si la cárcel fuera simplemente una oficina alterna.

El INPEC no puede seguir escudándose en investigaciones internas o en comunicados tibios cada vez que estalla un escándalo. La repetición constante de estos episodios demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de una crisis profunda de autoridad y vigilancia. Cada teléfono que ingresa ilegalmente a una prisión, cada visita irregular y cada privilegio indebido son evidencia de un sistema permeado por la negligencia o, peor aún, por la complicidad.

Se supone que Abadía cumple su condena en un centro de reclusión especial, y no importa cual sea este, es decir, sí es de la Policía o de otra institución, la responsabilidad es la misma.

Resulta inadmisible que en establecimientos bajo custodia estatal puedan desarrollarse presuntas presiones a funcionarios, movimientos burocráticos o gestiones contractuales. Si alguien condenado conserva capacidad de operar políticamente desde prisión, entonces el sistema penitenciario ha fracasado en su función esencial: garantizar que la sanción judicial implique una verdadera limitación del poder y no una simple reubicación física.

Lo más grave es el daño que esto produce sobre la credibilidad del Estado. Cuando la ciudadanía percibe que los condenados por corrupción continúan ejerciendo influencia tras las rejas, el mensaje es devastador: delinquir desde el poder sigue siendo rentable incluso después de una condena.

El país necesita una reforma penitenciaria seria, con controles tecnológicos reales, vigilancia independiente y sanciones ejemplares contra funcionarios que faciliten privilegios ilegales. De lo contrario, las cárceles seguirán siendo espacios donde algunos pagan condenas y otros simplemente administran sus negocios desde una celda con teléfono incluido.

Porque una democracia no solo se mide por la capacidad de condenar a los corruptos, sino también por la firmeza para impedir que continúen actuando desde prisión.

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Contexto

Senador y candidato Iván Cepeda: le escribo desde mi lugar como ciudadana y educomunicadora que se niega a aceptar la decadencia del diálogo público y la ilusión de la autocrítica que hoy parece inexistente en su sector. Usted invita al centro a votar por su propuesta; sin embargo, resulta difícil confiar en una alternativa política que se niega a reconocer sus propias fallas. Recientemente, usted utilizó sus redes para tildar de “hipócritas” a quienes se escandalizan por las fiestas en las cárceles, recordándonos las tierras compradas y las masacres ordenadas por otros en el pasado. Ese mensaje es la confirmación de una metodología que el país ya no tolera: la evasión sistemática mediante el señalamiento de las atrocidades ajenas para justificar las indignidades del presente.

¿Acaso esto es una competencia para ver quién cometió los crímenes más atroces? Como sostiene la politóloga Chantal Mouffe en su obra La paradoja democrática: “La política se desnaturaliza cuando el conflicto de ideas se desplaza hacia un registro moralista de ‘buenos contra malos'”. Reducir la política a un show moral donde solo se exponen las culpas históricas del otro es destruir el tejido democrático y anular la figura del adversario legítimo.

La investidura no es un refugio: El secuestro de la izquierda colombiana

Usted debería, por ética, responder como el candidato que es a las preguntas que se le hacen. Existe una obligación moral y política de dar su opinión sobre la fiestecita en la cárcel, idéntica en su simbología de burla institucional a la época de Pablo Escobar. Me genera profunda tristeza que usted le haya entregado su marca personal al petrismo, imitando la metodología de Gustavo Petro de mencionar los crímenes y delitos ajenos cada vez que se le cuestiona a él. Ya no vemos al candidato de rigor con pensamiento propio; ahora muestra una absoluta tibieza que hoy es evidente en su propia candidatura.

A mi juicio, Gustavo Petro logró secuestrar la izquierda colombiana de la mano de aliados que históricamente trabajaron a la derecha. Gustavo Bolívar afirmó en su momento que para ganar había que hacer pactos con “Dios y con el diablo”, confirmando que Petro tuvo que ceder mínimos no negociables para llegar al poder. La historia reciente reafirma que ni la derecha ni la izquierda están libres de esos pactos. Como argumenta la politóloga Nadia Urbinati en Democracia discursiva, la representación exige una rendición de cuentas constante. Resulta inadmisible que ante cada pregunta se siga la táctica de Gustavo Petro de hablar de los delitos de los otros para omitir las responsabilidades propias.

Inclusión frente a No exclusión: El compromiso con la formación

Dentro de este escenario, es imperativo hablar de su propuesta de fórmula vicepresidencial. Reconozco la grandeza de la senadora Aída Quilcué, su liderazgo histórico y su admirable recorrido. Inclusión es que una indígena tenga la posibilidad de entrar al poder. La No exclusión significa garantizar que esa persona reciba las herramientas para alcanzar el nivel profesional, intelectual y cognitivo que exige ese cargo.

Desde la interculturalidad crítica, le hablo a usted y le hablo a ella; lo hago justamente por respeto a su trasegar, a la mujer que es y a lo que representa. Nadie debería ejercer el poder partidista sin haberse esforzado por salir del empirismo y fortalecerse desde lo estructural. Durante todos estos años en el legislativo, ella ha recibido la paga de su honorable trabajo con dinero de los contribuyentes; ese recurso público le dio la posibilidad de estudiar y trabajar simultáneamente, tal como lo hacen cientos de mujeres y miles de obreros en Colombia para sacar adelante sus propios proyectos de vida y los de sus familias. Cosa que no ha hecho.

Me angustia una vicepresidenta que no esté a la altura de las necesidades de la nación en caso de tener que ejercer como presidenta. La función de esa figura es quedar a cargo cuando quien preside se ausenta; cosa que no ha sucedido en este gobierno, donde Francia Márquez nunca fue delegada para esa función. Deseo dejar claro que no estoy en contra de que alguien sin estudios previos acceda a su derecho de ser elegido; tampoco pretendo que no se validen sus activismos, sus trabajos endógenos o su trascendencia en la ciudadanía. Lo que sostengo es que, una vez se ha llegado al poder, el deber ético es capacitarse e instruirse.

No hay una ley que obligue a ningún político a estudiar una vez llega al cargo. Qué tristeza que tenga que ser por ley; ojalá existiera un artículo que obligue a quienes llegan al poder a formarse para responder a la confianza del pueblo. No pusimos líderes para que nos gobiernen desde la ignorancia. Queremos que nuestros líderes, hombres y mujeres que conocen las realidades de las bases, lleguen a transformar el poder con herramientas y procesos idóneos. Esto se lo diría a cualquier persona de cualquier etnia, color o raza; hablo desde la interculturalidad crítica como activista y como mujer que proviene de las desventajas sociales. La formación es fundamental. El mensaje que se da cuando los líderes no se educan es que la mejora en la educación no importa. ¿Para qué fortalecer la educación en un país si no se necesita para gobernar?

El centro: huérfano de representación y cansado del espectáculo

Resulta profundamente hipócrita de su parte dedicarse a señalar los crímenes de otros en plena campaña mientras continúa en el ejercicio del poder partidista dentro del senado. Allí usted no solo debe estar ejerciendo su trabajo, sino abriendo diálogos de fondo más allá de las atrocidades históricas; el poder también debe ser la capacidad de accionar coherentemente. Es contradictorio que critique a los políticos de oficio por no ofrecer mucho, mientras usted imita esa misma conducta: se niega a dar debates, se dedica a pontificar sobre lo humano y lo divino, y no nos permite entender qué quiere hacer como presidente de manera diferenciada.

Usted debería darnos la altura que lo caracterizaba antes de ser petrista y alejarse de esa superioridad moral desde la cual parece negarse a dialogar con quienes considera inferiores intelectuales. Al evadir el debate, nos niega la oportunidad de elegir a conciencia y de saber si usted defenderá todos los procesos ejecutivos de este gobierno. El centro siempre ha tomado decisiones responsables; algunos han votado hacia la izquierda, otros a la derecha, y siempre nos han mantenido huérfanos de representación partidista. Quieren nuestros votos, mas no quieren nuestra veeduría y control político. Colombia no necesita un show de superioridad ni un espejo retrovisor eterno; necesita propuestas nuevas para un futuro en democracia.

A todas las personas: la derecha y la izquierda quieren que la gran mayoría no salga a votar o que lo hagamos movidos por el enojo. Sin información veraz y contrastada, no podemos darles ese gusto. Salgan a votar a conciencia; revisen trayectorias en esta era de sobreinformación donde no podemos dar nada por sentado.

¿Estamos dispuestos a permitir que el silencio entregue el poder a quienes solo saben responder mirando hacia atrás?

Colofón: Cartas a las candidaturas: Un ejercicio de veeduría ciudadana. Esta es mi primera entrega de un especial de cartas que haré a diferentes candidaturas presidenciales, aunque será imposible escribirle a cada una de ellas. Aclaro que esta serie de textos nace de mi lugar de enunciación como mujer demócrata, a título personal, desde la interculturalidad crítica y la educomunicación. Durante la semana estaré confrontando las posturas éticas de quienes aspiran al poder desde la razón y la responsabilidad civil.

Colombia y su futuro.

Toda la derecha colombiana contra un solo partido. Así están las cosas.

La izquierda dejó de ser la Cenicienta de la política colombiana. Después de sufrir persecución y ver morir a los suyos por pensar distinto, el progresismo encontró por fin la zapatilla. A través del Pacto Histórico hoy es la primera fuerza política del país con 25 senadores y 40 representantes a la Cámara. Pueden ser más cuando termine el reconteo de votos. Pintada en la pared ya no está.

Nos han vendido el cuento de un país polarizado entre dos extremos: el uribismo y el petrismo, una mirada sesgada de la realidad, que la propia derecha usa de manera hábil, sin otro fin distinto que el de satanizar a la izquierda. En cada elección recurren al argumento de la polarización para darle vuelo a un centro que no cuaja, porque ahí caen los mismos y las mismas que siempre han cabalgado a la derecha o en gobiernos de derecha.

Juan Daniel Oviedo, que se vendió como político de centro -según él cansado de los extremos-, cayó en brazos de Uribe y ahora es el candidato a vicepresidente por el Centro Democrático. De no haber sacado los votos que sacó, estaría repartiendo hojas de vida como los demás. Se le apareció la Virgen y, si la jugada le resulta en las elecciones de mayo, ya no quedará para vestir santos como Vicky Dávila.

El centro no es centro porque yo diga que soy de centro. Se construye a partir de un movimiento político con representación y un papel decoroso en el Congreso de la República, con leyes que se vuelvan hechos reales y no con simples discursos bienintencionados. En ese sentido, la Alianza Verde ha sido lo más cercano a un proyecto serio de centro (pese a tener entre sus filas gente de derecha como el influencer Jota Pe Hernández, que sigue sacando votaciones altas a pesar de su mediocre papel como senador), pero debe seguir trabajando por consolidarse. En esta elección ese partido obtuvo 11 curules en el Senado y 9 en Cámara.

Por eso, cuando en una elección presidencial solo quedan dos contrincantes, uno de derecha y otro izquierda, ese supuesto centro muestra el cobre y termina respaldando al candidato de derecha, por cuestiones de afinidad ideológica, incluso si ese candidato pertenece al extremo uribista, como pasó en 2018 en la final Duque-Petro que ganó Duque y en la final de 2022 entre Petro-Hernández (apoyado por el Uribismo, después de que se desinfló Fico Gutiérrez, inflado a punta de encuestas y titulares de prensa), que ganó Petro.  

En las elecciones del 8 de marzo de 2026 pasó algo interesante que nadie está viendo y que analizaré a la luz de las votaciones para Senado: El Pacto Histórico, como partido único, se convirtió en la primera fuerza política de Colombia al pasar de 20 curules en 2022 a 25 en 2026. A excepción de la Alianza Verde (11 curules) e Indígenas (2 curules), las demás curules (66 en total), corresponden a siete partidos tradicionales y esencialmente de derecha, así por orden de escaños: Centro Democrático (17), Partido Liberal (13), Partido Conservador (11), Partido de la U (9), Cambio Radical (6), Salvación Nacional (5), Nuevo Liberalismo con Mira y Dignidad (5).

Entonces, el país no se polarizó porque polarizado siempre estuvo en favor de la derecha, no de otra manera se explica la violencia bipartidista del siglo anterior (conservadores matando liberales y liberales defendiéndose). Lo que está pasando de novedoso desde la irrupción de Gustavo Petro, es que la izquierda comenzó a crecer en representación política hasta constituir hoy una fuerza con el poder suficiente para pelear la presidencia de la República, lo que no ocurrió en doscientos años de vida republicana. No se puede seguir hablando de polarización con un único partido de izquierda que se enfrenta como David a siete de derecha, que siguen siendo el Goliat que manda en el Legislativo, y de ahí su oposición tenaz a las reformas sociales que planteó Gustavo Petro.

Visto así, está naciendo un nuevo bipartidismo en Colombia donde el poder ya no se lo reparten cada cuatro años los conservadores y liberales (vestidos con otros nombres, claro), sino que ahora la izquierda tiene el mismo derecho legítimo que el resto.

La construcción de este nuevo bipartidismo derecha-izquierda (o izquierda-derecha), como si habláramos de Republicanos y Demócratas en Estados Unidos, es la mejor de las noticias, incluso porque eso despeja la posibilidad de que se pueda construir un centro capaz de ser distinto a la derecha y distinto a la izquierda, como esa tercera vía con la que tantos sueñan pero que se volvió imposible desde cuando aparecieron las ballenas en el horizonte. Eso es sano para la democracia y para evitar, por ejemplo, que el país caiga en manos de una peligrosa ultraderecha, como viene ocurriendo en países de Europa.

La izquierda democrática, la que representan el Pacto Histórico y un social-demócrata como Iván Cepeda, en cuestión de 20 años creció a paso lento pero seguro. De 8 curules que obtuvo con el Polo Democrático en el gobierno de Uribe (2006), pasó a 25 en 2026; se concluye al analizar este cuadro del analista León Valencia.

Para decirlo con sus vocales y consonantes, Colombia está asistiendo a una transición capaz de romper por fin la hegemonía centenaria de la derecha, que es la hegemonía de las élites y los apellidos ilustres. Cinco curules de más en 2026 respecto a 2022, hacen la diferencia. Y si el Pacto Histórico se proyecta como un partido de largo aliento, empezando desde hoy a forjar liderazgos y hacer pedagogía en torno a la idea de una sociedad progresistas —es decir menos desigual— a la vuelta de otros 20 años podría perfectamente disputar la mitad de las curules en Senado y dejar a la derecha con otra mitad, y no con las 66 que hoy tiene en esa Corporación. La izquierda debe saber leer este momento sin caer en falsos triunfalismos, y hacerlo de la mano de la ciudadanía.  

Sin embargo, las buenas intenciones son insuficientes. Se necesitan crear las condiciones para que el país hable sobre la necesidad de una reforma política que modernice los partidos, privilegie la participación ciudadana y permitan restaurar la decencia en el ejercicio de la política, arrebatada por caciques,  mañas, escándalos y personajes nefastos que llegan al Congreso para nunca más salir de allí, con salarios astronómicos que ubican al Capitolio Nacional como el mejor escampadero para hacerse rico, pues muchos “honorables”, sin comportarse como tal, llegan únicamente a calentar butaca a cambio de $50 millones mensuales, más los negocios que muchos hacen por debajo de la mesa. Una reforma que valga la pena debe permitir la veeduría sobre la labor de los mal llamado padres de la Patria. Son meros empleados de la cosa pública y deben estar bajo estricta y permanente vigilancia.

Esa reforma política debe poner fin a tanto partido de garaje (como los de Fico Gutiérrez, Juan Daniel Oviedo, Ingrid Betancur o Carlos Caicedo), que en esta elección al no alcanzar el umbral perdieron su personería jurídica. Pero sobre todo, para evitar que la política se vuelva un negocio redondo, donde mucha gente sale derrotada pero con los bolsillos llenos por la vía de la reposición de votos.

El presidente Petro prometió una reforma política y no cumplió. El Pacto Histórico, gane o no la presidencia Iván Cepeda, debería presentarla el próximo 20 de julio. Esa debe ser la cuota inicial de un nuevo país, uno modelo siglo XXI, donde personajes como César Gaviria, Germán Vargas Lleras o Álvaro Uribe entiendan que nadie es eterno en la política, y donde personajes como Jorge Enrique Robledo o Lucho Garzón, que se quemaron esta vez, entiendan que el Congreso tampoco es el geriátrico de la clase política. Qué penoso es hablar con la verdad, pero el relevo generacional debería ser un hecho natural. ¿Cuántos periodos debería estar un congresista?, es una buena pregunta para abrir el debate.

Con un nuevo bipartidismo, la izquierda queda avisada de que si lo hace mal, la derecha vuelve al poder, y del mismo modo en el sentido contrario. Esa es la verdadera democracia, la alternancia de poder entre distintos, y no el poder en manos de los mismos con las mismas. Los ciudadanos estamos vigilando con el fuete del voto consciente para castigar a quien toque en las urnas.

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El exsenador Juan Diego Gómez aún no ha aclarado ante la opinión pública si son ciertos o no sus presuntos vínculos con “Papá Pitufo” y, mientras eso sucede, por transparencia con la ciudadanía debería dedicarse a demostrar que nada de eso es verdad. Ese es el llamado que elección tras elección se les hace a quienes están en la política y enfrentan algún tipo de cuestionamiento que afecta su nombre.

No se trata de condenar al excongresista, ni de hacer las veces de juez, pero pedirle que congele sus aspiraciones y le demuestre al país que lo que se ha dicho es falso no constituye ningún delito.

No es la primera vez que se hace este tipo de advertencias. Desde que estalló el escándalo de la infiltración paramilitar en la democracia colombiana, se ha insistido en que los partidos deben limpiar sus listas de personajes cuestionados y de sus herederos. Sin embargo, elección tras elección reaparecen nombres en el centro de controversias por la entrega de avales a candidatos que generan preocupación.

El ejemplo más claro y recordado es el del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, y de su heredera, Oneida Pinto. En múltiples ocasiones se advirtió a Germán Vargas Lleras para que Cambio Radical negara ese aval, pero el dirigente político hizo oídos sordos, porque parecía más importante ganar la gobernación que considerar quién sería el titular.

Lo verdaderamente indignante es la persistencia en esta conducta, como si la confianza ciudadana fuera un recurso inagotable que puede explotarse sin consecuencias. La advertencia de la Veeduría es clara: mantener avales cuestionados erosiona la credibilidad de los partidos. Pero el mensaje no parece afectar a colectividades como el Partido Conservador, que desde hace años opera bajo una lógica de supervivencia burocrática más que de coherencia política.

Para empezar, en ese partido su presidenta saliente, la senadora Nadia Blel, aunque no tenga señalamiento alguno, debió declararse impedida moralmente para otorgar avales al ser hija de Vicente Blel, quien estuvo condenado por vínculos con el paramilitarismo.

Lo que se observa, más bien, es una dirigencia conservadora que se escuda en formalismos internos para justificar avales que, a todas luces, deberían revisarse. Se parapetan tras comités y documentos, ignorando la pregunta fundamental: ¿qué tipo de proyecto político representan cuando insisten en sostener candidaturas que despiertan preocupación entre organismos ciudadanos? Esta falta de autocrítica no solo revela negligencia, sino una desconexión profunda con las demandas de transparencia que hoy exige la sociedad.

El Partido Conservador y los demás movimientos políticos en Colombia parecen haber olvidado que los avales no son simples trámites administrativos, sino actos de responsabilidad política. Avalar es respaldar, y respaldar es asumir las consecuencias de ese apoyo. Cuando un partido entrega su sello a candidatos cuya idoneidad es cuestionada públicamente, envía un mensaje devastador: lo que importa no es la ética, sino la utilidad electoral. Ese pragmatismo descompuesto ha deteriorado el sistema de partidos en Colombia, y el conservatismo ha sido uno de sus principales contribuyentes.

Cuando un partido no es capaz de ordenar su propia casa, corresponde a la sociedad civil recordarle los límites. Y en este caso, se le recuerda algo muy simple: la democracia se quiebra cuando quienes están llamados a representarla olvidan que la confianza es su único capital legítimo.

Pero lo más inquietante es que los partidos políticos en Colombia continúan funcionando como si la reputación no importara. Esta indiferencia es, en sí misma, un síntoma de decadencia.

Si el conservatismo aspira a sobrevivir como fuerza política relevante, debe romper con la costumbre de blindar candidaturas por conveniencia. No basta con discursos sobre tradición y principios si en la práctica se actúa en sentido contrario.

El llamado de la Veeduría no es solo una advertencia: es una oportunidad para rectificar el camino.

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Las nuevas denuncias radicadas ante la Fiscalía y la Procuraduría responden justamente a esta preocupación. Lo que allí se expone no son simples observaciones administrativas, sino posibles violaciones a principios esenciales de la contratación pública: omisiones en la publicidad obligatoria en el SECOP II, actuaciones por fuera del manual interno, cambios a indicadores financieros sin sustento técnico y deficiencias notorias en la etapa de “claridades”. Cada uno de estos elementos, por sí solo, sería grave; en conjunto, configuran un escenario que debe ser investigado con la mayor seriedad.

Las inquietudes se profundizaron después de las visitas de la Procuraduría los días 13 y 18 de noviembre, que evidenciaron falencias críticas en la planeación del proyecto, como la ausencia de una actualización del Plan Maestro de Alumbrado Público y la carencia de insumos técnicos indispensables. A ello se agrega un contrato de $2.800 millones con la firma Moreno Servicios Legales S.A.S., cuyo resultado, según reconoció la misma empresa ante el ente de control, no fue recibido a satisfacción por EMCALI. ¿Cómo avanzar en un proceso de esta magnitud sin resolver antes semejantes deficiencias?

Las denuncias piden que se investiguen las actuaciones de todos los funcionarios que participaron en la estructuración y dirección del proceso, incluidos el gerente general Roger Mina y la secretaria general Guadalupe Guerrero. No se trata de prejuzgar, sino de garantizar que quienes ocupan cargos de alta responsabilidad actúen dentro del marco legal y administrativo que les corresponde.

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El análisis técnico y jurídico que respaldó estas denuncias fue realizado por un equipo independiente de abogados, peritos y expertos en contratación pública, entre ellos el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera. Según explicó Luis Miguel Marimón Reyes, presidente de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, el material revisado —documentos oficiales, visitas de organismos de control y hechos verificables— permitió sustentar denuncias sólidas orientadas a proteger el patrimonio público. Esa es, en últimas, la esencia de una veeduría ciudadana responsable.

A finales de noviembre, EMCALI anunció la suspensión temporal del proceso. Sin embargo, la posibilidad de reactivarlo sin atender a fondo los hallazgos conocidos genera una inquietud legítima. Suspender no es corregir, y lo que está en juego exige más que simples ajustes superficiales.

Hoy más que nunca, la Veeduría reclama —y la ciudadanía también debería hacerlo— la entrega completa e inmediata de toda la información requerida. EMCALI tiene la obligación de garantizar un proceso diáfano, ajustado a la ley y libre de cualquier interferencia indebida. La confianza pública no se preserva con comunicados, sino con decisiones claras, firmes y transparentes.

El alumbrado público no puede convertirse en una sombra sobre la administración.

La Red de Veedurías alertó al órgano de control disciplinario por una posible injerencia del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien podría tener dos personas participando por el cargo.

De acuerdo con Pablo Bustos, el mandatario departamental podría estar jugando a favor de los candaditos Juan Carlos Herrera Toro y Laura Emilse Marulanda Tobón.

“Un contralor de bolsillo es sinónimo de impunidad y corrupción. Por eso hemos llevado estos hechos ante la Procuraduría y la Fiscalía, solicitando medidas cautelares inmediatas e incluso la suspensión del concurso hasta que se garantice su total transparencia”, dijo Pablo Bustos.

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Bustos dijo además que Colombia necesita contralores independientes, “no de bolsillo, que respondan al interés público y no a pactos políticos locales”.

La Procuraduría General de la Nación anunció el fortalecimiento de las acciones de vigilancia en el proceso de elección del contralor departamental de Antioquia, particularmente en la aplicación de las pruebas de conocimiento que se adelantan en dicho territorio.

El órgano de control disciplinario hará un despliegue de funcionarios de la entidad que vigilarán el normal desarrollo de los exámenes, y además que la operación cuente con la logística indicada.

En Antioquia, los procuradores asignados deberán verificar con rigor:

– La cadena de custodia de los cuadernillos y hojas de respuesta, desde su embalaje hasta su entrega en las universidades encargadas de la calificación.

– El registro de asistencia, horarios de inicio y finalización de la prueba.

– La correcta rotulación y sellado de las bolsas de seguridad, así como el manejo del material sobrante.

– La elaboración de actas detalladas que permitan identificar cualquier novedad o inconsistencia.

La Procuraduría insistió en que los informes que resulten de la observación en Antioquia servirán como insumo para adoptar las decisiones preventivas y de ser necesario, disciplinarias. 

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El agua que no se ve, pero sostiene la vida 

En Colombia, las aguas subterráneas son una reserva silenciosa y vital. Alimentan acueductos rurales, cultivos y ecosistemas enteros. Sin embargo, siguen desprotegidas. La Mesa de Los Santos es un ejemplo claro. Este territorio ubicado al norte del Cañón del Chicamocha, en Santander, abarca la totalidad del municipio de Los Santos, una franja de Piedecuesta y parte de la vereda Chocoa en Girón. En los últimos años se ha convertido en destino de casas campestres para quienes buscan un lugar cercano a Bucaramanga, transformando el territorio sin considerar a las comunidades campesinas de laderas y zonas bajas. Este cambio ha sido impulsado, en gran medida, por la concentración y rápido crecimiento industrial y urbanístico  en la planicie. Así, mientras los habitantes tradicionales padecen la disminución de nacimientos y quebradas, proliferan pozos para urbanizaciones, industrias avícolas y proyectos turísticos sin diagnóstico integral del acuífero. Es la crónica de un despojo invisible, donde los derechos colectivos quedan relegados ante intereses privados e individuales. 

Cuando la norma existe, pero no se cumple 

Aunque la Ley 373 de 1997 ordenó a las autoridades ambientales realizar estudios hidrogeológicos, con respaldo técnico del IDEAM y del Servicio Geológico Colombiano, antes de otorgar permisos para el uso de agua subterránea, casi tres décadas después este mandato sigue sin cumplirse. En sus respuestas a solicitudes de información, las autoridades ambientales de Santander —la CDMB y la CAS— reconocieron no haber realizado estos estudios con dicho respaldo ni haber solicitado formalmente ese apoyo. De forma paralela, el Decreto 1640 de 2012 ordenó formular Planes de Manejo de Acuíferos, pero en la Mesa de Los Santos ninguno ha sido adoptado formalmente. A pesar de ello, los permisos para perforar agua subterránea se siguen otorgando, muchas veces basados en informes de empresas privadas interesadas en los mismos proyectos que hacen las perforaciones. 

Las consecuencias para las comunidades campesinas 

Esta omisión tiene rostro humano. Las comunidades rurales asentadas en las laderas de la Mesa de Los Santos enfrentan desabastecimiento progresivo. Investigaciones de la Universidad Industrial de Santander (2016–2023) han documentado la sobreexplotación de acuíferos y el deterioro de las zonas bajas. 

En 2022, un estudio de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Santander evaluó 11 aljibes y 2 pozos perforados en la región: 9 de los 13 puntos presentaban disminución del nivel freático. En 2023, una investigación de la Maestría en Historia de la misma universidad evidenció que la perforación de pozos profundos, principalmente para urbanizadores y agroindustrias, ha concentrado el agua en las zonas planas, agravando la escasez en las laderas campesinas. Esta dinámica produce paisajes desiguales: comunidades precarizadas en las laderas y nuevos enclaves suburbanos con agua asegurada en la planicie. Es un despojo silencioso y difuso, difícil de rastrear y controlar, que amenaza la soberanía hídrica campesina, fragmenta los vínculos culturales con el territorio y debilita los sistemas tradicionales de manejo del agua. 

El costo de profundizar para acceder al agua 

El costo económico de la perforación de pozos aumenta de acuerdo a su profundidad. Esto excluye a los campesinos, que no pueden pagar estudios ni trámites exigidos para obtener permisos, limitando su posibilidad de garantizar el mínimo vital de agua. Las denuncias también alertan sobre la desaparición de humedales y la disminución del caudal o sequía total de quebradas como Los Cacaos, Los Naranjos, Las Tablas, San Miguel, Cuevana, La Mojarra, La Cañada y La Honda. La privatización y captación de agua en las partes planas amenaza el arraigo de muchas familias campesinas y  aumenta  el riesgo de desplazamiento forzado por razones económicas y ambientales  y la vulneración de derechos bioculturales. 

A esto se suman las polémicas por el riesgo de privatización de acueductos comunitarios y el frustrado proyecto millonario del Acueducto Regional del Chicamocha, una promesa incumplida desde 2015 por la administración del entonces gobernador Richard Aguilar. 

Un ahorro que nunca fue 

La Ley 373 de 1997 también ordenó crear programas de uso eficiente y ahorro del agua. Sin embargo, en Los Santos ese programa nunca se implementó. Tras años de omisión, en 2018 la CAS sancionó al municipio con 9 millones de pesos por incumplir la ley. Pero en 2024 la misma corporación revocó la multa porque el plan, aunque existía, no había sido formalizado mediante acto administrativo. Así, entre trámites y vacíos legales, ni multa ni programa de ahorro. Y la pregunta persiste: ¿qué pasó con el uso eficiente y el ahorro del agua para la población de Los Santos? 

Una problemática global con rostro local 

La situación de la Mesa de Los Santos no es un caso aislado. Según el Estudio Nacional del Agua del IDEAM, el municipio de Los Santos está entre las zonas con alta susceptibilidad al desabastecimiento hídrico durante temporadas secas. El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de la UNESCO (2022) advierte que las aguas subterráneas constituyen el 99% del agua dulce líquida del planeta, pero su explotación insostenible genera consecuencias irreversibles. El Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua ha señalado que la sobreexplotación de acuíferos amenaza la seguridad hídrica global, especialmente en zonas rurales. Sus recomendaciones son claras: gestión equitativa, monitoreo riguroso y gobernanza sostenible, advirtiendo que la negligencia en este ámbito profundiza las desigualdades y pone en riesgo el derecho humano al agua. 

La Mesa de Los Santos cumple varios criterios de riesgo: agotamiento de las fuentes, dependencia exclusiva para consumo humano, conflictos por uso del agua y desabastecimiento superficial. Todo esto exige una acción prioritaria y coordinada de las autoridades locales y nacionales. 

Lo que hemos hecho desde la Clínica Carlos Gaviria Díaz 

Frente a este panorama, desde la Clínica Jurídica Carlos Gaviria Díaz de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS hemos impulsado acciones para visibilizar y enfrentar esta problemática. Con el apoyo de veedurías, organizaciones sociales como la Fundación la Cabuya, el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Corporación Compromiso, procesos sociales de Piedecuesta y Los Santos, estamos exigiendo la convocatoria a una audiencia pública ambiental conjunta para debatir de manera integral la gestión del agua subterránea en la región, trascendiendo del análisis fragmentado de permisos individuales y proponiendo una inmediata intervención para evitar la destrucción de las fuentes hídricas en el territorio. 

Además, interpusimos una acción de cumplimiento para hacer efectivo el artículo 10 de la Ley 373 de 1997 y que las CAR realicen los estudios hidrogeológicos exigidos antes de otorgar nuevas concesiones. Estas iniciativas buscan abrir canales de participación y diálogo comunitario con las autoridades ambientales, haciendo valer el derecho de las comunidades a ser informadas y participar en decisiones que afectan su agua y su territorio, conforme al Acuerdo de Escazú. 

Hacia una justicia hídrica, territorial y ambiental 

La situación actual demanda medidas urgentes de regulación, control y recuperación por parte de las autoridades competentes. No se trata solo de cumplir la ley, sino de garantizar la preservación, sostenibilidad y cuidado del agua, el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades locales y la aplicación de principios de equidad ambiental y justicia hídrica. 

El Procurador 24 Judicial II Ambiental y Agrario de Santander ya hizo un llamado en agosto de 2024 a la CDMB y la CAS para que aborden esta situación de forma articulada y establezcan planes de acción que protejan tanto la estabilidad ecológica del territorio como los derechos colectivos del campesinado. A la fecha, no se conoce respuesta. 

Persistir en esta omisión significa propiciar un desplazamiento ambiental silencioso, una forma de despojo que compromete el derecho al agua, al territorio, a la permanencia digna en el campo y los derechos bioculturales de las comunidades campesinas. La progresiva escasez de agua amenaza su permanencia al impedir actividades básicas de subsistencia como el cultivo, el cuidado de animales y el abastecimiento doméstico, acelerando procesos de descampesinización y poniendo en riesgo la pérdida de las prácticas y saberes propios de estas comunidades. 

El caso de la Mesa de Los Santos es una advertencia sobre cómo la omisión institucional abre la puerta a intereses privados en la gestión del agua subterránea. También es ejemplo de cómo las clínicas jurídicas pueden enfocar la enseñanza en justicia ambiental a partir de problemáticas territoriales. Garantizar la justicia hídrica requiere planificación adecuada, gestión sostenible y participación comunitaria para asegurar que el agua, aunque invisible, siga siendo un bien común y un derecho para todos. 

El diálogo entre los liderazgos ambientales raizales y quienes se forman como abogados se convierte en una herramienta clave para enfrentar la emergencia climática en Providencia y Santa Catalina, tras la devastación que dejó el huracán Iota.. 

La idea de que el cambio climático es un fenómeno ajeno y lejano, que aún no ha traído consecuencias negativas para las personas y para la naturaleza y frente al cual solo debemos “prepararnos” para el futuro, es una falacia. En muchas ocasiones se percibe como un asunto temporal, que solo adquiere relevancia cuando un desastre altera de golpe la vida humana y la tranquilidad de las comunidades, lo que conduce a reaccionar tarde y desde la improvisación. Sin embargo, la evidencia muestra que no se trata de un fenómeno de la ciencia ficción: ya estamos inmersas en sus efectos y, peor aún, nos enfrentamos un escenario de falta de preparación para afrontarlo.

Uno de los impactos más graves del cambio climático es el aumento de la temperatura de los océanos, lo que provoca cada año la formación ciclones que dan origen a huracanes de enorme magnitud.  En noviembre de 2020, las islas de Providencia y Santa Catalina vivieron la furia del huracán Iota, que arrasó con viviendas, infraestructura de servicios públicos, escuelas, el hospital y con la tranquilidad del pueblo raizal. El huracán destruyó el 98% de la infraestructura de las islas y las vidas de la comunidad cambiaron para siempre. 

Han pasado casi cinco años desde aquella tragedia, y desde entonces en la clínica jurídica GAP hemos tenido el privilegio y el desafío de acompañar al pueblo raizal en el desarrollo de una estrategia jurídica que exige una participación real en las decisiones sobre la reconstrucción de estas islas, que son su territorio ancestral. En este proceso, hemos acompañado al Movimiento de Veeduría Cívica Old Providence como asesores jurídicos en la estrategia judicial, en el proceso de consulta previa y actualmente en el seguimiento a los acuerdos con las autoridades. Durante este tiempo, hemos reaprendido que el derecho y el litigio estratégico son herramientas multiescala que exige integrar lo normativo e institucional con los saberes de la comunidad, su identidad y sus costumbres. 

Como parte de la estrategia de acompañamiento jurídico a la comunidad raizal, incluimos dos perspectivas fundamentales para la defensa del ambiente en los territorios de Colombia: por un lado, la gestión y adaptación frente al cambio climático, y por otro, la promoción del Acuerdo de Escazú como pilar clave para asumir el reto de garantizar los derechos y un ambiente sano, a partir de sus principios de acceso a la información, participación y justicia ambiental y climática.

En agosto de 2025, visitamos la isla Providencia, lo que significó mucho más que una actividad académica: reconocer nuestra vulnerabilidad como humanos y la resiliencia de la naturaleza, reconectar con nuestro propósito como profesoras e inspirarnos como colombianas, en la fuerza de un pueblo que había sido devastado y resurgió entre las cenizas. 

En esta visita, reconfirmamos que, si bien el derecho ofrece caminos poderosos para exigir la garantía de derechos como el Acuerdo de Escazú, la verdadera fuerza está en la comunidad, en las personas que defienden el ambiente, en su empeño de reconstruir, proteger y proyectar el territorio como parte de su identidad y de su vida en común. Esa combinación —la comunidad organizada y el derecho como herramienta viva— se convierte en la base de una construcción conjunta frente a los retos del cambio climático. Y es allí donde radica la relevancia de las clínicas jurídicas, pues el uso de herramientas como las acciones judiciales, resulta clave para el acompañamiento a las comunidades. 

Por esto, en el modelo de educación legal clínica buscamos que, a través de un contacto con la realidad, las nuevas generaciones de abogados y abogadas establezcan una conexión desde la empatía y la justicia social y ambiental con los contextos territoriales. De esta manera, queremos formar estudiantes con una genuina preocupación y consecuente sensibilización sobre el derecho como herramienta de transformación social. 

De ahí surge la necesidad de que tanto las nuevas generaciones de juristas como las comunidades cuenten con espacios de encuentro, discusión y análisis en los que sea posible conocer de cerca, en el propio territorio, todas las implicaciones reales que trae la emergencia climática. En el acompañamiento jurídico a la comunidad raizal tras el  Huracán Iota, y en la visita que realizamos como parte de esta estrategia, encontramos que la implementación de instrumentos jurídicos en escenarios de cambio climático tiene una ganancia en doble sentido: por un lado, permite acompañar de manera efectiva a la comunidad en la defensa de sus derechos culturales y ambientales; y por el otro, enseña a los estudiantes, antes incluso de ser abogadas y abogados, a aplicar el derecho como una herramienta viva y con un alto poder de cambio social. 

Este tipo de iniciativas, en las que se comprende la dimensión de los problemas desde el territorio, materializan la enseñanza de la ética legal y evidencian el impacto del derecho en un mundo fuertemente marcado por el cambio climático y sus innegables efectos adversos. Caminar por los espacios devastados por Iota y reconstruidos tras años de lucha, escuchar las historias de la comunidad sobre cómo enfrentaron el desastre natural en sus casas y evidenciar su capacidad de resiliencia en ellos, reitera el debate sobre la necesidad de incluir en los currículos de las facultades de derecho materias relacionadas con el derecho ambiental y las clínicas jurídicas para la defensa del interés público, como asuntos indispensables para un proceso de formación integral.

Como clínica jurídica GAP nos hemos dedicado por más de 25 años a la protección de los derechos humanos y del interés público. Nuestra labor nos recompensa con ganancias que caracterizan la experiencia clínica: i) aprendemos de las comunidades en la defensa de sus derechos; ii) compartimos con ellas nuestros conocimientos y iii) brindamos a los estudiantes un espacio práctico para su formación, sensibilización y compromiso con la realidad social y ambiental del país.

De esta experiencia emerge la necesidad de enseñar a las nuevas generaciones que más allá de preguntarse cuándo cambiará el mundo, lo verdaderamente transformador es cuestionarse qué puedo hacer yo para cambiarlo, y empezar por ello, con pequeños y conscientes pasos.