“Érase una vez un campesino llamado Pahom, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. “Ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra -pensaba a menudo- los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra” (…) El criado de Pahom se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. ¡Pahom estaba muerto! (…) Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pahom, y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba”: ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, cuento de León Tolstói, escritor ruso.

¿Alguien sabe cuánto costaron los balones de la marca “Patria Milagro” que el presidente llevó al Chocó tras el terremoto? ¿Sirvieron de algo para solucionar la crisis humanitaria? Son preguntas, el juicio vendrá después. Porque no puede ser que, gobierno tras gobierno, sigan repitiendo el disco rayado de que el país tiene una deuda histórica con el Chocó y nadie les diga que han llegado a pagarla en serio.

El formidable cuento ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, escrito por León Tolstói, nos recuerda que nada nos pertenece: Nada. Ni siquiera el pedazo de tierra donde antes enterraban a la gente, porque ahora vamos sin escalas del crematorio a la eternidad, hechos polvo.

Si Dios existe –de seguro sí para el crédulo presidente de la República-, a lo mejor andaba en otra parte, sin tiempo para escuchar las alabanzas del 7 de agosto, día de su posesión. De poco sirvió invocarlo en boca de un sacerdote católico, un rabino y un pastor evangélico, pues al tercer día sobrevivo lo indecible.

Pero no culpen a Dios por lo que pasó. El periódico El Colombiano abrió con un titular, más literario que periodístico, que en otro tiempo habría sido herejía, eh Ave María purísima: “El día que Dios se olvidó de Pereira!”. Esa costumbre tan criolla de culpar a Chuchito por la incompetencia y la desidia de los gobiernos de turno, en lo municipal, departamental y nacional.

Todavía tengo fresca en la memoria aquella portada desafortunada de la revista Semana con la foto del presidente Iván Duque y un gran titular: “Año de aprendizaje”. Eran los tiempos en que un todopoderoso Álvaro Uribe imponía a dedo al candidato de sus afectos. Desde la elección de Gustavo Petro eso cambió.

No es culpa de un presidente de la República que ocurran terremotos o pandemias. Es culpa sí su improvisación, las malas decisiones o la incompetencia de algún funcionario. El comienzo de este gobierno no ha sido el mejor. Y no lo dice un detractor más, sino un medio serio como The Economist.

Seamos justos: tampoco los ciudadanos estamos preparados para lo impensable, porque creemos que las cosas malas le pasan al vecino. Pero un gobierno no puede darse el lujo de pensar así. Más que los mandamientos de Dios, debe guiarse por el sentido común, la cordura, la ecuanimidad y, principalmente el rigor científico, que las más de las veces riñe con los designios divinos. En pocas palabras, a la jefatura de Estado no se llega aprender, se llega aprendido.

Las imágenes que saturan las redes sociales sobrecogen, nos recuerdan a cada momento que estamos de paso y que la vida se nos puede ir en un suspiro. Que no basta con nuestro espíritu solidario. El país debe tomarse en serio la tarea de pensarse desde la prevención y la previsión. Llorar sobre los muertos es igual que llorar sobre la leche derramada.

¿Por qué será que casi siempre la maldad, incluso la maldad inocente de la naturaleza, descarga su furia casi siempre sobre los más pobres, sobre los más jodidos de la Tierra? Tras el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto, había que ver el dolor del pueblo chocoano, reflejado en los gritos de aquella madre que encontró en la calle, muerto, a uno de sus hijos.  

Pero al gobierno hay que darle tiempo, los 100 días de gracia para que muestre de qué está hecho. Necesitamos un Ejecutivo sismoresistente. Colombia es un país vulnerable a los desastres naturales. Pero rara vez estamos preparados para prevenir las tragedias y solo nos queda actuar sobre la marcha. El Espectador hizo un justo reconocimiento, en medio de las quejas: “Tanto el gobierno nacional como los distintos gobiernos locales han respondido con rapidez, eficiencia y determinación incansables”.

El día de la posesión, en su discurso ante los militares, el presidente se mostró solidario con los ricos; en tono de celebración habló de eliminar el impuesto al patrimonio. Ni se le ocurra Mr. president. La realidad le ha mostrado que ahora es cuando los ricos y los superricos de este país (que son la inmensa minoría), deben ser conscientes de que viven en una nación tercermundista, ahogada en sus desigualdades. Hay pocos con tanto y demasiados con nada, que es necesario insistir en eso de la redistribución de la riqueza, en vez de ofrecer gabelas y seguir blindando privilegios.

Colombia no puede comportarse como aquel limosnero que pide “una ayudita, por favor”. De los ricos no se esperan obras de caridad. Se espera compensación con el país, que ha favorecido su fortuna.

Y, válgame Dios, lo están haciendo, para callarnos la boca a los incrédulos. Los empresarios exhiben hoy su generosidad. Entre todos, juntaron $201 mil millones, mal contados superan los 64 millones de dólares, mucho más que los 25 millones de dólares que de buena gana mandó Donald Trump. Aparte, el grupo Gilinski donó $150 mil millones, el grupo Santo Domingo $100 mil millones y 100 mil millones más el banquero David Vélez. La tragedia está mostrando quién es quién en Colombia. Solo falta saber de cuánto será el aporte del empresario Abelardo de la Espriella.

¿No es este un momento ideal para hablar sobre redistribución de la riqueza?

Abelardo informó que reconstruir valdrá $30 billones. ¿No es este el momento propicio para recordarle al gobierno que cada año la evasión en Colombia ronda los 130 billones de pesos, el equivalente a cinco reformas tributarias? En víspera de elecciones reproduje en este blog la siguiente cita, a propósito de un informe sobre los 18 mil ultrarricos de Colombia:  

“… los más ricos utilizan estrategias sofisticadas para no pagar o pagar menos impuestos: eluden, es decir, encuentran vacíos legales para minimizar su carga tributaria; evaden, ocultando activos de forma deliberada, y se benefician de leyes que les otorgan amplias exenciones y deducciones”: inforne de Oxfam sobre desigualdad, publicado en enero de 2025,

Esperemos, no obstante, que con la noche que ya pasó y la reforma tributaria que viene, las exenciones sean para los empresarios (fue la promesa de campaña, confirmada en el discurso de posesión) y la clavada impositiva para los demás. A eso súmele que, según La Silla Vacía, el Banco Mundial desembolsó 200 millones de dólares para atender el terremoto, deuda que pagaremos los contribuyentes.  Lo haremos con gusto por una causa noble, pero así mismo merecemos saber qué organismos harán la veeduría de los recursos para garantizar transparencia.

El día que nos movieron el piso a todos

Las imágenes de Buenaventura, Cali y zonas del eje cafetero ponen a prueba la cacareada idea del mandatario de gobernar desde las regiones. Debería tener su sede alterna allá, el territorio chocoano, abandonado él sí hasta por Dios, desde el principio de los tiempos. De ese departamento solo nos acordamos en tiempos de tragedia o cuando condenan por corrupción a algún político. Su solo nombre ya parece una cruz: Chocó. Olvidado y vilipendiado. Recuerden al impresentable diputado antioqueño Rodrigo Mesa Cadavid que salió con esta perla: “Invertir en el Chocó es como perfumar un bollo”. Cómo fue que no mandaron a ese señor a vivir un año allá, no como castigo, sino para resocializarlo, porque a las claras ese fue un gesto racista e insensible.

Chocó debería ser en las actuales circunstancias la verdadera capital alterna de Colombia, si es que Mr. president insiste en tal embeleco.  Porque hoy el Chocó le está dando una bofetada de dignidad al país, a juzgar por esta magnífica, pero al tiempo dolorosa, crónica de Alejandro Rodríguez en El Espectador. El reportero cuenta lo que vio en su recorrido por San José del Palmar, epicentro del movimiento telúrico. “Después del terremoto, mientras las grietas siguen abiertas y la ayuda no llega a todos los barrios, los chocoanos vuelven a hacer lo que han hecho siempre: sostenerse entre ellos”.

“Esta semana fue una comisión oficial, revisó las casas por encima y siguió de largo. Nadie en el barrio cree que algo vaya a cambiar después de esa visita. Lo saben, con amargura, que serán ellos mismos quienes reconstruyan”, crónica de El Espectador.

La embestida de un planeta vivo, siempre reacomodándose, le está enseñando al presidente ADLE  que gobernar es más que lanzar besos al aire cual reina de belleza, que le sirve más al país remangado que en sesión de limpieza fácil al lado de su esposa, la primera dama. Es que, señor presidente, hay un momento para todo, y este no es precisamente un momento para banalidades ni veleidades.

En las redes sociales han sido funados (en mis tiempos se decía boleteados), él, su esposa y el ministro Rodrigo Lara. Lara dijo que aquellos que hagan política con las ayudas (“repartija política”, la llamó) se van para el infierno, en tanto que han criticado a la pareja presidencial por creer que caridad y gestión de gobierno son la misma cosa. No hablemos ya del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, que andaba en plan familiar tomando el sol en Santa Marta, mientras sus compañeros tenían las botas puestas por los damnificados.

Un artículo del diario español El País sobre el papel de Ana Lucía Pineda resume el asunto, de manera incluso risible. “Contó que había conseguido un sinnúmero de donaciones, desde servicios funerarios para las víctimas hasta comida de McDonald’s para los rescatistas. El presidente se mostró complacido. “Queridos amigos, como ustedes pueden ver, se ha hecho todo lo que hay que hacer en materia técnica”.

El país requiere un presidente más estadista que showcero y un gabinete más diligente que fervoroso, porque no se pueden delegar en el cielo las cuestiones netamente terrenales.

Hoy por hoy el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debería ser el más importante de todos, por encima incluso del Ministerio de Defensa. Se le debería, por lo tanto, garantizar un presupuesto generoso y exigirle resultados concretos. Ah, pero oh sorpresa, con menos de $2 billones (y una tercera parte de estos dedicado a gastos de funcioamiento), figura en la cola de las asignaciones presupuestales al lado de los ministerios de Cultura, Ciencia, Deporte y Comercio).

El mundo enfrenta un apocalipsis climático, dicho y predicho por los expertos (las pruebas están en nuestras narices); así que los políticos, y en particular los legisladores, no deben minimizar el impacto del cambio climático y los desastres naturales. De hecho, un editorial de El Espectador lo advierte de manera tajante: “Nos parece evidente que la agenda del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella estará marcada por el terremoto y el Fenómeno del Niño”.  

¡La sacamos barata… esta vez!

Dicen los científicos que el choque entre placas tectónicas liberó tanta energía como 126 bombas de Hiroshima (1.9 megatones de TNT), y por fortuna fue muy profundo, a 110 kilómetros de la superficie (la distancia más o menos entre Bogotá y Girardot). Porque de haber ocurrido a 10 kilómetros, como pasó en Venezuela, otro cuento estaríamos contando. Una historia inenarrable.

Según La Silla Vacía, “el terremoto del 10 de agosto encontró a un país donde tres de cada cuatro edificios se levantaron antes de la última norma sismorresistente, donde más de un tercio no tiene ningún refuerzo sismorresistente en su estructura y donde esa cifra cambia de manera brutal según el departamento en que uno esté parado”.

Para colmo de males, apenas el 25% de las edificaciones en Bogotá estarían en condiciones de soportar un terremoto, según denuncia hecha por un concejal. Es decir, el país no puede esperar al próximo desastre sobre lo que parece ya un desastre.  

Pero algo bueno nos ha quedado en medio del sufrimiento ajeno. Al mandatario ya debió quedarle claro que se hizo elegir para gobernar en medio de circunstancias adversas, no parar dar órdenes desde la comodidad de Barranquilla, güsiquicito en mano.

El señor presidente prometió un Plan Marshall para reconstruir al Chocó; que el pueblo se lo demande si sus palabras terminan en cuento chino.   

Actualmente, no solo se habla de un supuesto hackeo a los sistemas de información de su Junta Directiva, hecho que, según informó Caracol Radio, habría permitido a los atacantes obtener cerca de un terabyte de información, equivalente a 327.095 archivos, de los cuales 11 fueron clasificados como críticos y tres como de alto riesgo.

En este asunto, Luis Felipe Henao, el mismo que hace unos meses me negó tener algún interés en llegar a un cargo de gran relevancia en la empresa y que, por cosas de la política, hoy ocupa nada menos que la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol, deberá implementar mayores y mejores controles en los sistemas para evitar cualquier fuga de información que pueda generar riesgos, bien sea por un ataque informático o porque alguno de sus miembros decida filtrar información.

Por supuesto, no se puede olvidar que se debe buscar la manera de reactivar o suscribir nuevos contratos de exploración, incluyendo la posibilidad de desarrollar proyectos de fracking bien hechos, que no generen problemas ambientales y que, al mismo tiempo, garanticen unas finanzas sanas y sostenibles en el tiempo. Esto resulta fundamental para evitar una eventual reducción en la calificación de las agencias internacionales, situación que podría generar riesgos para la empresa en la bolsa.

También se ha advertido en los últimos días, por parte de una organización conocida como Veeduría por la Verdad y la Justicia, sobre la gestión adelantada en los últimos meses por el presidente encargado, Juan Carlos Hurtado.

Esta organización asegura tener en su poder información que pondría en duda su paso por la presidencia y habla, además, de la existencia de un supuesto «cartel de los catalanes», razón por la cual solicita a la Fiscalía y a los organismos de control investigar y establecer si estas denuncias tienen fundamento.

En opiniones anteriores he hablado sobre la importancia que el país entero le otorga a una empresa como Ecopetrol, por lo que resulta prioritario cuidarla y protegerla. Por eso, se hace un llamado al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para que, en coordinación con la Junta Directiva, nombre a una presidenta o un presidente con las calidades y el conocimiento necesarios para asumir esta responsabilidad y trabajar decididamente en el fortalecimiento de sus diferentes áreas, de manera que la labor que desarrolla en la economía nacional contribuya a un mayor y mejor crecimiento del país.

Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

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Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

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Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

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Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

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Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

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Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En las entrevistas que ha concedido a diferentes colegas periodistas, he observado cómo no permite que se le contradiga, que se le contrapregunte o que se le sugiera siquiera la posibilidad de estar equivocado.

Hay un viejo adagio que dice que “en el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”. Si así actúa Abelardo De La Espriella como candidato a la Presidencia, no quiero imaginar cómo será si llega a ser elegido presidente, cargo desde el cual debe generar confianza, pues se gobierna para todo un país y no únicamente para el sector que lo eligió.

¿Serán estas sus actuaciones como presidente de la República? ¿Demandará a todos los periodistas que, ejerciendo su oficio, se atrevan a cuestionar su labor y la de sus colaboradores? ¿Actuará contra todo aquel que ejerza su derecho a la crítica y a la veeduría ciudadana?

Le recuerdo, señor De La Espriella, que ejercerá un cargo público si es elegido y que su labor, así como la de todos sus colaboradores, estará sometida a la crítica y al control ciudadano. Si sus pretensiones son llegar a la Presidencia para que se le rinda culto, es mejor que se quede donde está. Puede que allí continúe rodeado de un séquito de aduladores, pero, a partir del 8 de agosto, quienes voten por usted esperarán resultados, y los exigirán rápidamente.

Le recuerdo además, señor De La Espriella, que el periodismo existe para vigilar, preguntar, cuestionar e incluso incomodar. Todas las personas que pretendan ocupar un cargo público bajo su gobierno, si usted resulta elegido presidente, estarán sometidas a estos procesos, les guste o no.

Si su intención, señor De La Espriella, es instaurar un régimen como los de Cuba o Venezuela, donde discrepar se convierte en un delito, lo invito entonces a que lo diga de frente.

Oscar Sevillano

La organización habla de posibles irregularidades en contratos por más de dos mil millones de dólares en mantenimiento de plantas y refinerías. Todos estos hechos fueron puestos al conocimiento de los órganos de control para que investiguen y emitan los fallos correspondientes, en el caso de encontrar mérito, otorgando el derecho a la legítima defensa y la presunción de inocencia.

“No puede ser que en plena Ley de Garantías a menos de dos semanas de conocer quién será nuestro próximo presidente, se insista por parte de Ecopetrol en una contratación cercana a los 2.000 millones de dólares, eso no tiene presentación”, dijo Luis Miguel Marimon, presidente de la Veeduría por la Verdad y la Justicia.

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Por lo anterior, cualquier duda o inquietud que pueda generar crisis en la empresa será motivo de cuestionamientos a sus directivas por parte de la opinión pública.

Recientemente se conoció una denuncia de La Red de Veedurías de Colombia, a través de su presidente Pablo Bustos, quien acaba de prender las alarmas por supuestos malos manejos del vicepresidente downstream de Ecopetrol, Felipe Trujillo.

La organización recopila una serie de denuncias anónimas de trabajadores, documentos entregados a la línea de ética de la empresa y movimientos sospechosos que ya habrían llegado incluso a la UIAF en las que se afirma de supuestas presiones ejercidas para firmar, en plena ley de garantías y a las puertas de un nuevo gobierno corporativo, contratos por más de dos mil millones de dólares en mantenimiento de plantas y refinerías. Todo a velocidad récord, con posibles extensiones de cinco a ocho años. Y lo más grave: se habla abiertamente de coimas del 3 %.

No quiero entrar a juzgar al doctor Trujillo, entre otras porque no lo conozco, y tampoco me corresponde lanzar juicios desde la opinión pública porque no me corresponde y tampoco es de mi interés. Pero, si quiero preguntar si esto es cierto.

Una denuncia por temas de coimas en cualquier escenario es algo supremamente delicado.  No se trata de una irregularidad menor ni de un “error administrativo”. Es un señalamiento que no solo mancha el nombre de la persona en cuestión, sino que además daña la reputación de la empresa como tal, en donde prestan sus servicios miles de colombianos, y es una empresa que valga decirlo, ha beneficiado a todas las regiones a donde ha llegado con temas de responsabilidad social.

Es poner en entredicho miles de millones de pesos que salen del bolsillo de la Nación para terminar, presuntamente. Es afirmar que en plena transición política alguien intenta apurar jugosos contratos con el riesgo evidente de que el 3 % de coima termine siendo el verdadero motor de la decisión. Eso no es un detalle: es un escándalo de proporciones nacionales.

Ecopetrol no es una cualquier empresa; es el corazón energético de Colombia. Es por esto que cada vez que salen a la luz pública este tipo de señalamientos y pedidos para que se investigue, sin importar de quien se trata, la opinión pública cumple el papel de alertar, vigilar y cuestionar si es el caso porque más allá de que esto sea cierto o no, no se puede permitir que la empresa se convierta en botín de unos pocos.

Por todo lo anterior, me uno a quienes piden se investigue este asunto, brindando todas las garantías para la legítima defensa de las personas que resulten involucradas, para que ejerzan su derecho de demostrar su inocencia como nuestra Constitución y nuestras leyes lo establecen.

El caimán llanero o cocodrilo del Orinoco (Crocodylus intermedius), una especie endémica de la frontera colombo-venezolana, enfrenta una nueva amenaza. Después de que por décadas la caza por su piel se disparó ante la demanda de la industria peletera, ahora vive un riesgo diferente. El Programa Nacional para su Conservación está paralizado desde hace meses por un conflicto administrativo entre la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), corporaciones ambientales y el Ministerio de Ambiente, quienes históricamente trabajaron por evitar la extinción de esta especie y recuperar las poblaciones en su ambiente natural.

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De los cerca de 500 cocodrilos en cautiverio a cargo del programa, actualmente hay cerca de 200 ejemplares —con alta diversidad genética y probabilidades de reproducirse en vida silvestre— que se encuentran en hacinamiento, sin alimento en meses ni atención médica por parte de las instituciones involucradas (Ministerio de Ambiente, corporaciones ambientales y la Universidad Nacional). Además, han ocurrido al menos dos muertes de ejemplares adultos (uno de ellos debido a agresión entre ellos, de acuerdo con una necropsia) y se han dejado de recolectar cerca de 1200 huevos producidos desde 2025, denuncia de investigadores interpuesta ante la Universidad.

La falta de claridad entre las instituciones responsables y el vencimiento de convenios con parques y universidades que han recibido a los cocodrilos fueron el argumento para detener este esfuerzo de conservación.

Sin embargo, para biólogos, investigadores y veterinarios que se han involucrado durante años en este proyecto el riesgo es claro y alarmante: advierten que está por perderse la última esperanza de recuperar a una de las 14 especies de cocodrilos que hay en el planeta.

Mongabay Latam consultó a los especialistas involucrados en este proyecto así como a las instituciones y autoridades responsables del único programa que existe en Colombia para salvar al cocodrilo del Orinoco y no existen hasta ahora señales para retomarlo.

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La crisis en una población clave y estudiada de cocodrilos

Los casi 200 cocodrilos que se encuentran en riesgo crítico pertenecen a dos grupos. De acuerdo con investigadores que participaron en este programa y con los que dialogó este medio, un grupo posee alta carga genética que permitiría la reproducción y sobrevivencia en su hábitat natural, mientras que otro grupo de cocodrilos debe ser puesto en liberación, pues se trata de ejemplares nacidos en vida silvestre y que fueron incorporados al programa para fortalecer la estrategia de conservación.

Son 180 de estos ejemplares los que se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure. Otros 12 están en la Universidad de los Llanos (Unillanos), ambos ubicados en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, como parte de convenios con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), donde se comprometieron a recibir a los cocodrilos sin cobro y de forma “provisional”, ante el hacinamiento en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, que forma parte de la UNAL.

Pese a que los acuerdos establecen que la UNAL se haría responsable de la alimentación, el manejo, cuidado veterinario y recolección de huevos de los cocodrilos, diferentes documentos elaborados por la Unillanos y el Parque Merecure, y que fueron revisados por Mongabay Latam, denuncian que entre noviembre de 2025 y abril de 2026 la Universidad ha incumplido con estas funciones. Cabe precisar, que esto se debe a que vencieron los convenios, como argumenta la UNAL.

Esto ya se ha traducido en muertes de ejemplares. Una de ellas ocurrió en 2026 dentro del Parque Merecure, que solicitó la intervención de la Universidad Nacional y el retiro de los animales. Hasta ahora tampoco se tiene una necropsia que certifique la causa del deceso del cocodrilo.

Otro caso ocurrió en septiembre de 2025 dentro de la Estación Roberto Franco, donde uno de los cocodrilos fue agredido por otros ejemplares, de acuerdo con la necropsia consultada por este medio y que halló “mutilación de miembros anteriores y posteriores, además de la parte ventral del cuello” del animal.

Germán Preciado, veterinario y profesional universitario de la Estación Roberto Franco, confirma no solo las muertes, sino también las indicaciones de la Universidad de no atender la salud de los ejemplares que se encuentran fuera de la estación.

“En diciembre [de 2025] fue la última vez que nos autorizaron, desde la dirección de la estación, a ir hasta Unillanos y Merecure a hacer la revisión de los animales y la alimentación. En 2026 no hemos ido porque no hemos sido autorizados”, dice Preciado a Mongabay Latam y agrega que él mismo ha solicitado permiso para acudir a ayudar a los cocodrilos y a recolectar huevos de nidos, sin obtener autorización.

A principios de abril, comenta, se hizo un contrato de alimentación pero que aplica únicamente para los cocodrilos de la Estación Roberto Franco.

Al respecto, la UNAL niega tener responsabilidad en el programa de conservación al afirmar que su rol es de apoyo técnico y científico. Lucy Gabriela Delgado, decana de la Facultad de Ciencias, sostiene que son el Ministerio y las corporaciones ambientales los que deben definir el futuro de los cocodrilos.

“Nosotros somos un actor de buena fe, los tenemos cuidados esperando la indicación para entregarlos, porque en este momento no hay ninguna investigación científica desarrollándose con estos animales. Nuestra función no es alimentar caimanes, pero ahí los tenemos y éticamente tenemos que esperar hasta que la autoridad ambiental decida cuál es su destino final”, dijo la decana a Mongabay Latam.

Delgado negó las muertes de ejemplares adultos, pese a la documentación referida, y aseguró que sólo se ha registrado la muerte de un cocodrilo neonato por “una deficiencia en tiamina”.

Investigadores de la Universidad agregan que la falta de alimentación es solo un factor de la crisis, pues se han dejado de recolectar los huevos de alta diversidad genética para continuar con el programa de conservación.

“Tuve una reunión con el director y la oficina de gestión ambiental y dejé constancia de lo que está pasando en la estación, de la negligencia por la pérdida de 1260 huevos y manifesté mi preocupación por los animales sin alimento. Es un atentado contra esa especie que está en peligro crítico de extinción”, dice Willington Martínez, investigador de la Universidad Nacional a Mongabay Latam.

Este medio consultó también al Ministerio de Ambiente de Colombia, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) para saber qué medidas se realizarán para atender a los cocodrilos y el futuro del programa de conservación, sin que hasta la publicación de esta nota exista una respuesta.

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Un programa que comenzaba a dar resultados tras décadas de estudios

Desde 1998, el Ministerio de Ambiente de Colombia y la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, de la Universidad Nacional de Colombia, establecieron el Programa Nacional del Caimán Llanero (ProCaimán), un documento donde se reconoce que la especie es clave para la biodiversidad de la región y que se encuentra en Peligro Crítico, de acuerdo con la Lista Roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En este programa se establecen objetivos y responsabilidades no solo de la Universidad y de la Estación, sino también de especialistas, del Instituto Alexander von Humboldt, corporaciones y ministerios para proteger a la especie.

También se establece que la primera fase durará 10 años como mínimo, estando sujeta “al éxito de los eventos reproductivos y la tendencia de las poblaciones en procesos de reintroducción”.

Para detener su participación en el proyecto, la Universidad argumenta que los primeros 10 años del programa finalizaron en 2012 y que nunca se hizo una evaluación para continuar con el programa. Incluso, la decana Delgado acusa que algunos de los investigadores de ProCaimán solo se dedicaron a «reproducir caimanes cada año” y los responsabilizó del hacinamiento actual.

Sin embargo, existen elementos que muestran que el programa de conservación progresaba y que permitió liberar a más de 40 cocodrilos en áreas de la Orinoquía colombiana entre 2016 y 2024.

Mario Vargas Ramírez, director de la Estación Roberto Franco entre 2019 y 2023, explica que durante su gestión se intentó responder con investigación molecular cómo los cocodrilos que ya estaban cautivos podían ayudar a la recuperación de la especie.

Antes de liberar a los cocodrilos, explica, había que saber quiénes tenían características genéticas que les permitieran sobrevivir.

“Uno tiene que realmente soltar cocodrilos que tienen un potencial evolutivo que les permita mantenerse en tiempo y suficiente diversidad genética para formar una población saludable en el tiempo. Eso se hizo y se publicó en revistas científicas”, explica el investigador.

Una de las autoras clave en este proceso fue Ana María Saldarriaga, bióloga e investigadora asociada al Museo de Historia Natural de Nueva York, quien se encargó de estudiar los perfiles genéticos de los ejemplares, para proponer combinaciones reproductivas y reestructurar los grupos que podrían ayudar al programa de conservación.

Los hallazgos de estos estudios se publicaron en revistas especializadas, como Nature Conservation, PLOS One y Oxford Academic con el objetivo de delinear las acciones de manejo de los cocodrilos.

“A raíz de esto se seleccionaron 25 cocodrilos para ser liberados en medio silvestre en sitios donde las características genéticas sí corresponden a los perfiles de estos individuos. Se hizo una liberación de 14 individuos en 2023 y luego una de 11 individuos en 2024, en el río Tomo, cerca de la frontera con Venezuela en Colombia”, cuenta la especialista a Mongabay Latam.

Saldarriaga explica que en 2025 tuvo que detener el seguimiento a esta investigación ante los conflictos internos en la Universidad Nacional de Colombia, pues cuenta que ya no tuvo acceso a información o a la estación. Sin embargo, sostiene que las liberaciones, coordinadas con autoridades ambientales, son un elemento importante de que el programa de conservación funcionaba.

“Por fin se estaban viendo resultados tangibles. De 25 liberaciones 16 tenían un transmisor satelital, entonces, además de liberar individuos estábamos produciendo ciencia detrás, desde el área genética, pero también de la ecología espacial. Estábamos cubriendo un área muy grande de lo que debería ser un proyecto de conservación”, sostiene.

Aunque no existe una evaluación formal del programa, para Hernando García Martínez, director del Instituto Humboldt, había bases científicas sólidas en el trabajo de reproducción que se realizaba en la estación.

“Es un trabajo ejemplar como programa de conservación y ya se ha logrado la liberación de varios individuos en la cuenca del Guaviare, en la cuenca del Orinoco, del Tomo. Sé que hay una situación de crisis, pero que esta situación no desdibuje el gran trabajo que se ha hecho desde el Plan de Conservación del Caimán Llanero y el gran liderazgo que ha tenido la Universidad Nacional también en todo este trabajo en más de 20 años”, dice el directivo a Mongabay Latam.

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Un desorden administrativo que está condenando a una especie

Actualmente, la Universidad Nacional tiene procesos de investigación en la Veeduría Disciplinaria, un organismo interno, contra algunos de los profesores que participaron en este programa por supuestas irregularidades en el manejo de los cocodrilos.

La decana Delgado aseguró a Mongabay Latam que estas irregularidades son por inconsistencias en el inventario de los animales, así como la falta de salvoconductos para trasladar a los animales durante las investigaciones.

“Tengo seis inventarios distintos de animales, no cuadran las fechas en que se han muerto versus las actas de defunción y las cremaciones. Se han trasladado animales sin salvoconductos a unos sitios donde la universidad hoy no tiene ningún convenio”, dijo la decana a este medio.

Los investigadores señalados sostienen que una de sus acciones fue precisamente llevar un registro y una base de datos de todos los ejemplares de cocodrilo del Orinoco que están en el programa de conservación.

Martínez y Preciado explican que todos los ejemplares que están en la Estación Roberto Franco, en el Parque Merecure y la Unillanos tienen un microchip implantado en la cola con un registro que funciona igual que una cédula, la cual puede consultar internamente la propia universidad.

“En 15 días de trabajo se podrían capturar todos los cocodrilos. Eso no es justificación para dejar aguantando hambre durante meses a los cocodrilos”, dice Carlos Moreno Torres, veterinario y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en réplica a los señalamientos.

El especialista advierte que si bien los ejemplares pueden aguantar largos periodos sin comer, el hacinamiento, el estrés y las condiciones del clima pueden incidir en mayores ataques entre las poblaciones.

“Han muerto animales por agresión. Eso nunca se veía. Pero también los hemos sometido a estrés y el año pasado no permitieron la reorganización por tamaños. Estos animales cuando se acerca la época de celo se vuelven muy agresivos”, detalla.

En julio de 2024, Moreno fue el responsable de firmar un contrato con una empresa para “desarrollar y mejorar una plataforma de software” en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS), un centro de atención de la misma UNAL, que permitiera a los investigadores, biólogos y médicos veterinarios de la Estación Roberto Franco manejar bases de datos relacionadas con la fauna cautiva en las instalaciones. Un informe firmado por una consultora de la Universidad, al cual tuvo acceso Mongabay Latam, concluye que este proceso se desarrolló con éxito.

Pese a que existen resoluciones de la propia Facultad de Ciencias que permitieron el traslado de cocodrilos al Parque Merecure y a la Universidad de los Llanos, hasta ahora no hay una intención de retomar planes de liberación o estrategia de manejo por parte de la UNAL.

“Tenemos una emergencia en esta Estación donde la Universidad está sacando plata para darle de comer a unos animales, cuyo destino todavía el Ministerio no nos dice cuál es. En el momento en que se desaloje un poco, en que se entreguen los animales, se volverá a reactivar la investigación”, sostiene la decana Delgado.

En tanto, investigadores llaman a no dejar morir a los cocodrilos de Merecure y Unillanos y a trabajar en conjunto para reactivar el programa de conservación en una especie que es considerada estructural para la Orinoquía.

“Esto requiere financiación de fondo que nos facilite poder respaldar ese trabajo científico que ha tenido la Universidad Nacional y otras organizaciones. Yo invito a que hagamos un trabajo de juntarnos y buscar cómo conseguir los recursos para que este programa pueda seguir en marcha y que la Estación Roberto Franco pueda mantener esa vocación por la cual fue creada, de trabajar de una forma rigurosa que promueva la conservación del caimán Llanero en Colombia”, señala el director del Instituto Humboldt.

Vargas, con más de 30 años de investigación en este programa, considera que los cocodrilos no deben estar pagando el precio de conflictos administrativos, por lo que hace un llamado a protegerlos y a mantener esfuerzos por su conservación.

“En el futuro a nadie le va a importar el problema que está pasando ahorita. Lo que van a decir es ‘¿cómo fue posible que nadie hiciera nada para salvar esos cocodrilos?’. Será una de esas situaciones en que los humanos nos lamentamos cuando ya es demasiado tarde y hubiésemos podido hacer algo”, lamenta.

Nota del editor: (22 de mayo de 2026): Tras la publicación de este artículo y de la entrevista a la decana de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Mongabay Latam recibió un comunicado que solicita la rectificación de cinco puntos específicos del artículo. Hemos añadido los tres cambios específicos sugeridos por el medio en los párrafos 1, 2 y 8. Leer la aclaración publicada por el medio en el artículo original. Puedes revisarlo aquí.

*Imagen principal: algunos cocodrilos por su baja diversidad genética fueron enviados a centros de educación ambiental, como Nápoles. Foto: cortesía Unimedios.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam.

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Para nadie es un secreto que la Revista Semana pasó de ser un referente de investigación periodística a convertirse en una plataforma de amplificación política donde la espectacularización de las encuestas parece importar más que el rigor metodológico.

El reciente informe de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del Consejo Nacional Electoral (CNE) es demoledor: AtlasIntel habría presentado como encuestas probabilísticas lo que en realidad serían sondeos telefónicos imposibles de auditar plenamente y, peor aún, incompatibles con los estándares legales vigentes.

No se trata de un simple tecnicismo estadístico. En democracia, las encuestas electorales son instrumentos de enorme poder. Moldean percepciones, construyen narrativas de victoria, afectan mercados políticos y pueden influir directamente en el comportamiento del electorado. Cuando una firma difunde datos sin cumplir los parámetros exigidos por la ley, el daño no es solamente académico: es institucional.

Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿qué papel juega el medio que decide publicar y promover esas cifras?

Semana no puede escudarse en la supuesta neutralidad de “solo informar”. Un medio de comunicación con alcance nacional tiene la obligación ética de verificar la solidez de aquello que publica, especialmente cuando se trata de mediciones electorales. Más aún en un contexto colombiano donde las encuestas han sido utilizadas históricamente como herramientas de presión política y manipulación de opinión pública.

Resulta alarmante que mientras se cuestiona la metodología de AtlasIntel, Semana haya preferido convertir cada medición en un titular estridente, casi siempre acompañado de interpretaciones políticas convenientes y narrativas de impacto inmediato.

El pasado 29 de abril, la Revista Semana tituló: “Abelardo de la Espriella le toma ventaja a Paloma Valencia y enfrentaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según encuesta de AtlasIntel”. Un titular y un tratamiento en donde lo único que parece importante para Semana es el abogado y candidato y no los resultados de la supuesta intención de voto.

El problema no es únicamente publicar encuestas; el problema es hacerlo sin el debido contraste técnico y sin advertir al lector sobre las dudas metodológicas existentes.

La situación se agrava cuando el propio informe del CNE señala que el margen de error del 2 % divulgado por AtlasIntel no sería matemáticamente sostenible bajo las condiciones descritas. Esto significa que millones de ciudadanos pudieron haber consumido información electoral presentada con una precisión estadística presuntamente inexistente. Y Semana ayudó a legitimar esa percepción.

La revista, lejos de ejercer un rol crítico frente a la encuestadora, terminó funcionando como caja de resonancia de resultados cuya credibilidad ahora está bajo seria sospecha. Esa conducta refleja una lógica mediática profundamente irresponsable: primero el impacto, después las preguntas.

El periodismo serio no consiste en reproducir cifras porque generan clics o controversia política. Consiste en someterlas al escrutinio más riguroso posible, especialmente cuando pueden alterar el debate democrático. Si una encuesta incumple la ley o utiliza metodologías opacas, el deber de un medio no es amplificarla acríticamente, sino investigarla.

La petición de la Red de Veedurías para suspender el registro de AtlasIntel no es menor. Revela la gravedad de un escenario donde la confianza pública en las mediciones electorales podría quedar severamente erosionada. Y esa erosión también alcanza a los medios que decidieron convertir esas encuestas en noticia sin suficiente prudencia editorial.

El caso AtlasIntel debería abrir una discusión nacional sobre la responsabilidad de los medios en tiempos de polarización. Porque cuando el periodismo abandona el rigor y se convierte en operador de narrativas políticas disfrazadas de información técnica, la democracia entera termina pagando el precio.

Nota recomendada: ¿Juan Carlos Abadía opera políticamente desde la prisión?

Las graves advertencias hechas por el abogado Pablo Bustos no solo comprometen al exmandatario, quien presuntamente estaría ejerciendo influencias, realizando llamadas y manteniendo contactos políticos desde su lugar de reclusión. El verdadero escándalo nacional es otro: ¿cómo es posible que una persona privada de la libertad conserve capacidad de maniobra política y administrativa desde un centro de reclusión bajo vigilancia del Estado?

Si estas denuncias llegan a confirmarse, el principal responsable institucional sería el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), una entidad que desde hace años arrastra cuestionamientos por corrupción, falta de controles y debilidad operativa. Lo preocupante no es únicamente el eventual uso irregular de teléfonos celulares o las visitas no autorizadas; lo verdaderamente alarmante es la sensación de permisividad estructural dentro del sistema penitenciario colombiano.

Porque en Colombia pareciera existir una justicia para el ciudadano común y otra para quienes tienen conexiones políticas. Mientras miles de internos viven hacinados, sometidos a requisas permanentes y estrictos controles, algunos condenados por corrupción continúan moviendo influencias, operando redes de poder e interfiriendo en asuntos públicos como si la cárcel fuera simplemente una oficina alterna.

El INPEC no puede seguir escudándose en investigaciones internas o en comunicados tibios cada vez que estalla un escándalo. La repetición constante de estos episodios demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de una crisis profunda de autoridad y vigilancia. Cada teléfono que ingresa ilegalmente a una prisión, cada visita irregular y cada privilegio indebido son evidencia de un sistema permeado por la negligencia o, peor aún, por la complicidad.

Se supone que Abadía cumple su condena en un centro de reclusión especial, y no importa cual sea este, es decir, sí es de la Policía o de otra institución, la responsabilidad es la misma.

Resulta inadmisible que en establecimientos bajo custodia estatal puedan desarrollarse presuntas presiones a funcionarios, movimientos burocráticos o gestiones contractuales. Si alguien condenado conserva capacidad de operar políticamente desde prisión, entonces el sistema penitenciario ha fracasado en su función esencial: garantizar que la sanción judicial implique una verdadera limitación del poder y no una simple reubicación física.

Lo más grave es el daño que esto produce sobre la credibilidad del Estado. Cuando la ciudadanía percibe que los condenados por corrupción continúan ejerciendo influencia tras las rejas, el mensaje es devastador: delinquir desde el poder sigue siendo rentable incluso después de una condena.

El país necesita una reforma penitenciaria seria, con controles tecnológicos reales, vigilancia independiente y sanciones ejemplares contra funcionarios que faciliten privilegios ilegales. De lo contrario, las cárceles seguirán siendo espacios donde algunos pagan condenas y otros simplemente administran sus negocios desde una celda con teléfono incluido.

Porque una democracia no solo se mide por la capacidad de condenar a los corruptos, sino también por la firmeza para impedir que continúen actuando desde prisión.

Puede leer también: Senadora Paloma, su rival inmediato es Abelardo De La Espriella

Contexto

Senador y candidato Iván Cepeda: le escribo desde mi lugar como ciudadana y educomunicadora que se niega a aceptar la decadencia del diálogo público y la ilusión de la autocrítica que hoy parece inexistente en su sector. Usted invita al centro a votar por su propuesta; sin embargo, resulta difícil confiar en una alternativa política que se niega a reconocer sus propias fallas. Recientemente, usted utilizó sus redes para tildar de “hipócritas” a quienes se escandalizan por las fiestas en las cárceles, recordándonos las tierras compradas y las masacres ordenadas por otros en el pasado. Ese mensaje es la confirmación de una metodología que el país ya no tolera: la evasión sistemática mediante el señalamiento de las atrocidades ajenas para justificar las indignidades del presente.

¿Acaso esto es una competencia para ver quién cometió los crímenes más atroces? Como sostiene la politóloga Chantal Mouffe en su obra La paradoja democrática: “La política se desnaturaliza cuando el conflicto de ideas se desplaza hacia un registro moralista de ‘buenos contra malos'”. Reducir la política a un show moral donde solo se exponen las culpas históricas del otro es destruir el tejido democrático y anular la figura del adversario legítimo.

La investidura no es un refugio: El secuestro de la izquierda colombiana

Usted debería, por ética, responder como el candidato que es a las preguntas que se le hacen. Existe una obligación moral y política de dar su opinión sobre la fiestecita en la cárcel, idéntica en su simbología de burla institucional a la época de Pablo Escobar. Me genera profunda tristeza que usted le haya entregado su marca personal al petrismo, imitando la metodología de Gustavo Petro de mencionar los crímenes y delitos ajenos cada vez que se le cuestiona a él. Ya no vemos al candidato de rigor con pensamiento propio; ahora muestra una absoluta tibieza que hoy es evidente en su propia candidatura.

A mi juicio, Gustavo Petro logró secuestrar la izquierda colombiana de la mano de aliados que históricamente trabajaron a la derecha. Gustavo Bolívar afirmó en su momento que para ganar había que hacer pactos con “Dios y con el diablo”, confirmando que Petro tuvo que ceder mínimos no negociables para llegar al poder. La historia reciente reafirma que ni la derecha ni la izquierda están libres de esos pactos. Como argumenta la politóloga Nadia Urbinati en Democracia discursiva, la representación exige una rendición de cuentas constante. Resulta inadmisible que ante cada pregunta se siga la táctica de Gustavo Petro de hablar de los delitos de los otros para omitir las responsabilidades propias.

Inclusión frente a No exclusión: El compromiso con la formación

Dentro de este escenario, es imperativo hablar de su propuesta de fórmula vicepresidencial. Reconozco la grandeza de la senadora Aída Quilcué, su liderazgo histórico y su admirable recorrido. Inclusión es que una indígena tenga la posibilidad de entrar al poder. La No exclusión significa garantizar que esa persona reciba las herramientas para alcanzar el nivel profesional, intelectual y cognitivo que exige ese cargo.

Desde la interculturalidad crítica, le hablo a usted y le hablo a ella; lo hago justamente por respeto a su trasegar, a la mujer que es y a lo que representa. Nadie debería ejercer el poder partidista sin haberse esforzado por salir del empirismo y fortalecerse desde lo estructural. Durante todos estos años en el legislativo, ella ha recibido la paga de su honorable trabajo con dinero de los contribuyentes; ese recurso público le dio la posibilidad de estudiar y trabajar simultáneamente, tal como lo hacen cientos de mujeres y miles de obreros en Colombia para sacar adelante sus propios proyectos de vida y los de sus familias. Cosa que no ha hecho.

Me angustia una vicepresidenta que no esté a la altura de las necesidades de la nación en caso de tener que ejercer como presidenta. La función de esa figura es quedar a cargo cuando quien preside se ausenta; cosa que no ha sucedido en este gobierno, donde Francia Márquez nunca fue delegada para esa función. Deseo dejar claro que no estoy en contra de que alguien sin estudios previos acceda a su derecho de ser elegido; tampoco pretendo que no se validen sus activismos, sus trabajos endógenos o su trascendencia en la ciudadanía. Lo que sostengo es que, una vez se ha llegado al poder, el deber ético es capacitarse e instruirse.

No hay una ley que obligue a ningún político a estudiar una vez llega al cargo. Qué tristeza que tenga que ser por ley; ojalá existiera un artículo que obligue a quienes llegan al poder a formarse para responder a la confianza del pueblo. No pusimos líderes para que nos gobiernen desde la ignorancia. Queremos que nuestros líderes, hombres y mujeres que conocen las realidades de las bases, lleguen a transformar el poder con herramientas y procesos idóneos. Esto se lo diría a cualquier persona de cualquier etnia, color o raza; hablo desde la interculturalidad crítica como activista y como mujer que proviene de las desventajas sociales. La formación es fundamental. El mensaje que se da cuando los líderes no se educan es que la mejora en la educación no importa. ¿Para qué fortalecer la educación en un país si no se necesita para gobernar?

El centro: huérfano de representación y cansado del espectáculo

Resulta profundamente hipócrita de su parte dedicarse a señalar los crímenes de otros en plena campaña mientras continúa en el ejercicio del poder partidista dentro del senado. Allí usted no solo debe estar ejerciendo su trabajo, sino abriendo diálogos de fondo más allá de las atrocidades históricas; el poder también debe ser la capacidad de accionar coherentemente. Es contradictorio que critique a los políticos de oficio por no ofrecer mucho, mientras usted imita esa misma conducta: se niega a dar debates, se dedica a pontificar sobre lo humano y lo divino, y no nos permite entender qué quiere hacer como presidente de manera diferenciada.

Usted debería darnos la altura que lo caracterizaba antes de ser petrista y alejarse de esa superioridad moral desde la cual parece negarse a dialogar con quienes considera inferiores intelectuales. Al evadir el debate, nos niega la oportunidad de elegir a conciencia y de saber si usted defenderá todos los procesos ejecutivos de este gobierno. El centro siempre ha tomado decisiones responsables; algunos han votado hacia la izquierda, otros a la derecha, y siempre nos han mantenido huérfanos de representación partidista. Quieren nuestros votos, mas no quieren nuestra veeduría y control político. Colombia no necesita un show de superioridad ni un espejo retrovisor eterno; necesita propuestas nuevas para un futuro en democracia.

A todas las personas: la derecha y la izquierda quieren que la gran mayoría no salga a votar o que lo hagamos movidos por el enojo. Sin información veraz y contrastada, no podemos darles ese gusto. Salgan a votar a conciencia; revisen trayectorias en esta era de sobreinformación donde no podemos dar nada por sentado.

¿Estamos dispuestos a permitir que el silencio entregue el poder a quienes solo saben responder mirando hacia atrás?

Colofón: Cartas a las candidaturas: Un ejercicio de veeduría ciudadana. Esta es mi primera entrega de un especial de cartas que haré a diferentes candidaturas presidenciales, aunque será imposible escribirle a cada una de ellas. Aclaro que esta serie de textos nace de mi lugar de enunciación como mujer demócrata, a título personal, desde la interculturalidad crítica y la educomunicación. Durante la semana estaré confrontando las posturas éticas de quienes aspiran al poder desde la razón y la responsabilidad civil.

Colombia y su futuro.