Don Guillermo Cano, mártir del periodismo colombiano, nació el 12 de agosto de 1925 y murió asesinado el 17 de diciembre de 1986. Fue director de El Espectador, el diario más antiguo de Colombia, durante 34 años (1952-1986). Cuando es nombrado director con apenas 27 años de edad, llevaba ocho trajinando en los talleres y la sala de redacción del diario, donde empezó como cronista taurino.

“El Espectador de la familia Cano,

el séptimo cielo de la tolerancia,

el respeto a las ideas ajenas

y la gallardía personal”: Silvia Galvis.

UNO: DON GUILLERMO CANO Y EL AGUACERO DEL SIGLO EN BOGOTÁ (1954)

Asomado por el ventanal del edificio Monserrate, don Guillermo —que huele las noticias a la distancia— observa aterrado la torrencial lluvia que castiga a Bogotá. Le hace señas a uno de sus reporteros, el más flacucho de todos, un hombre corto de estatura, con prendas de colores chillones que contrastan con la vestimenta de los otros reporteros, ellos de traje oscuro y sombrero:  

—Este aguacero es noticia, Gabo.

Gabo se llama Gabriel García Márquez, tan flaquito y pálido que sus compañeros temen que un día de estos se les muera en la redacción.

Todos corren a presenciar el diluvio universal desde los ventanales. Durante tres horas las aguas embravecidas le devuelven la vida al río San Francisco, que ya había sido canalizado y convertido en la Avenida Jiménez. La ciudad está paralizada, los edificios inundados, la gente inmóvil y los periodistas boquiabiertos, igual que el resto de los mortales.   

—Este periódico no se va a escribir solo —grita don José “el mono” Salgar, el jefe de redacción, y la plantilla regresa a sus escritorios para, bajo sus órdenes, escribir cada uno un pedazo de la historia sobre “el aguacero del siglo”.

Los fotógrafos, empapados hasta el alma, regresan al periódico con las imágenes de espanto: barrios evacuados por la ruptura de una represa, embotellamientos y cañerías bloqueadas y hasta un campeonato de botes de motor sobre la avenida Caracas. Don Guillermo sintetiza aquellas horas catastróficas en su máquina de escribir Remington. La gente devora con fascinación las dieciséis páginas en las calles y los cafés del centro histórico. “Es el mejor periódico del mundo”. Se lo dice Eduardo Zalamea Borda a la BBC de Londres, el mismo Zalamea que bautizó Gabo a Gabo.

Al tiempo que su hermano Alfonso, jefe de circulación, lleva el diario a los cuatro puntos cardinales del país, don Guillermo se empecina en conseguir voces representativas de cada región, así que el periódico se vuelve promotor de muchos reconocidos periodistas de las regiones.

DOS: INCENDIAN LA SEDE DE EL ESPECTADOR (1952)

6 de septiembre. Guerrilleros liberales matan a cinco policías en el centro del Tolima. Una turba, enfurecida por la violencia bipartidista, ataca, saquea e incendia las sedes de El Espectador y El Tiempo, los dos periódicos más importantes de Colombia, separados apenas por unas cuadras, sobre la avenida Jiménez, entre las carreras cuarta y séptima. Los asaltantes utilizan dinamita, barras para forzar las puertas y gasolina. Tras la destrucción de muebles y archivos, los asaltantes se dirigen al noveno piso del edificio Monserrate. Una puerta de acero les impide el paso.  Casi toda la colección del periódico arde en el incendio y en el cuarto oscuro de fotografía las autoridades encuentran el cadáver de uno de los asaltantes. A esa hora el joven Guillermo departe con amigos y su prometida, una joven catalana diez años menor que él, que llegó con su familia a Colombia, huyendo de la Guerra Civil Española.

La familia Cano Isaza vivió durante un tiempo en los pisos noveno y décimo del edificio Monserrate, donde funcionaba el periódico, a partir del 20 de julio de 1923 cuando cerró su sede en Medellín y se trasladó a Bogotá.

En la casa de los Cano suenan campanas de boda. El tímido Guillermo se anima a pedir la mano de su amada. Ella tiene 16 años.  

—Les doy mi bendición con una condición —responde don Juan Busquets. Se casarán cuando Ana María termine el bachillerato —agrega el padre de la novia.

Guillermo Cano, con 28 años, y Ana María Busquets, de 18, contraen nupcias el 6 de abril de 1953. Por ella él se vuelve poeta y un domingo publica sus versos de amor en el periódico: “Esta niña catalana que llegó a Colombia recién nacida, rescatada del odio, y por eso sin odio, sin huir huyendo, escapando de la crueldad y de la fuerza bestial de la injusticia, se quedó aquí, con sus irrepetibles ojos de color mediterráneo”. Cinco hijos son la prueba de ese amor.

Esta imagen de don Guillermo con su familia es una de las muchas que apareen en el libro “Tinta indeleble: vida y obra de Guillermo Cano”, del sello Aguilar. 

TRES: A VECES LLEGAN CARTAS

Todos los días llegan montones de cartas para el director. A don Guillermo se le ilumina la mirada al leer en el sobre el nombre del remitente.

“Mi querido Guillermo: Ahí te va el mejor trabajo periodístico que he hecho hasta ahora: 14 crónicas sobre mi viaje a la cortina de hierro. Se me ha ido más de un mes en hacerlo, por varias razones: en primer término, lo he escrito en los espacios que me quedan libres de mis compromisos con Venezuela, que me dan para comer; en segundo término, es una obra hecha como una obra literaria, pensando cada palabra, vigilando el estilo, y con una cierta vanidad de que sean realmente muy buenas crónicas. Desde hace un mes, estoy trabajando casi diez horas diarias y sin tregua. Hoy es martes. Probablemente el sábado me vaya para Casablanca –por 15 días- invitado por un médico árabe, que es uno de los grandes amigos que voy dejando regados por el mundo”.

(…)

“Mi abrazo de siempre a mi padrino Ulises, al clan Cano y a todos los compañeros. También esta vez, como siempre, ´nos morimos de la pena´”.

Firma Gabriel García Márquez desde París.

(…)

“Hazme el favor de hacer que me manden a esta dirección –en paquetes semanales- los periódicos con las crónicas. Al menos así tendré la oportunidad –después de 2 años- de leer EL INDEPENDIENTE”.

Las cartas de Gabo a don Guillermo Cano. Imagen tomada en la exposición “Todo se sabe: el cuento de la creación de Gabo”, de la Biblioteca Nacional.

Por estos días de 1957, una doble tristeza embarga al director. Su amigo entrañable está lejos y El Espectador ha sido clausurado por la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla y reemplazado por El Independiente. Las crónicas, alusivas a la vida en los países de la Unión Soviética, solo se publicarían dos años después en la revista Cromos.

Los censores llevan años como intrusos en la sala de redacción. Nada se publica sin que ellos lean, analicen y autoricen. Todo lo revisan: el editorial, lo mismo que una crónica roja.

—¿Qué es esto? ¡Otra difamación contra mi general!, vocifera el censor, que pisotea con furia una de las cuartillas.

Al menos entre 1943, año en que entró a El Espectador, y 1958, el año en que comenzó el Frente Nacional, la cotidianidad colombiana estuvo marcada por la censura de prensa y el Estado de Sitio.

Durante la larga censura y distintos gobiernos, cada día se redactan dos periódicos: el verdadero que no pasa la censura y el aprobado por los censores.  “El periódico bueno, completo, informativo, orientador, se quedó en una mesa, escrito y sin imprimir”, se lamenta don Guillermo en un texto titulado “El periodismo sitiado”, que evoca aquellos tiempos difíciles.

CUATRO: LAS LECCIONES DEL MAESTRO

Corren los años 70. El Espectador estrena su nueva sede en la Avenida 68 con calle 23, de Bogotá. En su oficina, don Guillermo le echa una ojeada a su periódico. Está orgulloso de sus reporteros, pues han descubierto las triquiñuelas del Grupo Grancolombiano, un emporio económico, para apropiarse de los recursos de más de 82 mil ahorradores –por valor de $1.400 millones- mediante fondos de inversión y autopréstamos.

La noticia está en primera plana. En el país no se habla de otra cosa. Mientras los redactores y el director celebran la primicia, el jefe de publicidad llega con su cara larga:  

—Don Guillermo, las empresas del Grupo suspendieron los avisos en represalia por las denuncias.

Silencio y más caras largas. Aurorita, la señora de los tintos, tiene más trabajo que de costumbre por la ansiedad que reina en la sala de redacción. Las doce libras de café diarias no dan abasto.

El director, abstraído, se rasca los cabellos blancos, herencia de sus antepasados.  Los redactores saben que la vida de un periódico y sus sueldos depende de la publicidad y de las suscripciones de los lectores.

Hay ansiedad por saber qué responderá el director. Él se aleja silencioso y molesto a la vez, como buscando respuestas en el piso. Se encierra en su oficina y pide que no lo molesten. Empieza a teclear en su máquina: “…No vendemos, no hipotecamos, no cedemos nuestra conciencia ni nuestra dignidad a cambio de un puñado de billetes. Eso no está dentro de nuestros presupuestos”.

El editorial aparece al día siguiente, 4 de abril de 1982. La redacción estalla en un solo aplauso para honrar la valentía y el talante del jefe que no se amilana ante los chantajes.

El periódico se queda sin avisos, sí, pero los malos de la historia, en cabeza del ratero mayor, el banquero Jaime Michelsen Uribe, pierden su libertad y son obligados a devolver el botín.

Don Guillermo, con su prematura joroba, -la misma del abuelo Fidel, el fundador de El Espectador, a quien conoció a través de sus escritos- se pasea por la redacción saludando uno a uno a los periodistas, como ese papá pendiente de en qué andan sus hijos, para regañarlos sin regañarlos o para elevarles el ego cuando le ganan una chiva a sus rivales de El Tiempo, “un periódico rico, poderoso y prepotente”, según Gabo.

Nada lo emociona tanto como detenerse en la sección de Deportes para conversar animadamente con el editor Mike Forero. De esas charlas surge la idea de crear, desde1960, El Deportista del Año, una gala icónica en Colombia.

Observando por encima de sus gafas de miope, se acerca a uno de sus reporteros, moviendo sus abundantes cejas.

—El periodismo es meterse en la boca del lobo —le dice a Fabio Castillo, quien ese mismo día toma el siguiente vuelo a Cali y regresa varios días después con una primicia: La historia secreta del capo Gilberto Rodríguez Orejuela sale a lo ancho de la primera página, titulada por don Guillermo, con fama de hábil titulador: “La jugada del ajedrecista”, que es, además, el alias del mafioso del Cartel de Cali.

La secretaria interrumpe mientras él corrige unas cuartillas, para avisarle que ya está al teléfono una joven reportera que se encuentra de vacaciones en San Andrés. Acaba de naufragar una embarcación en sus aguas. La novel reportera no ha cumplido los 17 años, y de inmediato se pone manos al reportaje. Ella cuenta lo que ve y escucha. Los isleños están furiosos por el abandono del gobierno y claman a gritos la separación de Colombia. El artículo no le hace ninguna gracia al presidente Alfonso López, quien se despacha en insultos contra la reportera. Su nombre es María Jimena Duzán, una muchacha menuda y de piel morena que continúa su formación al abrigo de su maestro, don Guillermo Cano.

Él, tímido y alérgico a los homenajes, por su tesón y su columna dominical recibe un premio de periodismo, que celebra modestamente con sus empleados. Se lo ve feliz bailando con su esposa en la redacción.

CINCO: NAVIDADES NEGRAS: ¡MATARON A DON GUILLERMO!

En la capital vallecaucana hay clásico: Deportivo Cali contra el  América, así que don Guillermo –hincha del Santafecito lindo y visitante asiduo de la tribuna occidental de El Campín- hace la polla futbolera con uno de los redactores judiciales.

Luego, desde sus cubículos, los periodistas lo observan atravesar el gran pasillo, del segundo piso, que conduce al archivo fotográfico. Tiene por costumbre buscar él mismo la imagen precisa para la edición del día siguiente, cuando no es que está en la biblioteca hojeando periódicos viejos.

Por fin encontró lo que buscaba: La foto de un joven delincuente, con un escapulario sobre el pecho, reseñado por el DAS siete años atrás. El tipo estuvo preso en 1976 junto con su primo Gustavo Gaviria y tres individuos más. Esa vez hallaron en su poder 18 bolsas de polietileno que contenían 39 kilos de cocaína de alta pureza.

Don Guillermo publica esa imagen en la primera página y el mundo conoce por primera vez el rostro del narco más rico del planeta: Pablo Escobar, un congresista que al mismo tiempo es un próspero narcotraficante, iniciado en el mundo del hampa como gatillero y jalador de carros.

El 25 de agosto de 1983, a partir de esta primicia periodística, el destino queda sellado para el capo más temido del mundo y para el periodista más valiente del mundo. El Espectador inicia una lucha solitaria y sin tregua para contar la verdad sobre la mafia colombiana.

Son las 7:00 de la noche. Don Guillermo sale hacia su casa: solo, como siempre; conduce su camioneta. Esposa, hijos y nietos lo esperan con natilla y buñuelos para rezar la novena de aguinaldos.

Nunca ha tenido conductor, tampoco escoltas. No tiene enemigos… o eso piensa él. Sus únicas armas son una máquina de escribir y su integridad. Dos días atrás —después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el tratado de extradición con los Estados Unidos—, escribió en ella un editorial: “Ya deben estar envalentonados los grandes capos del narcotráfico y los sicarios ejecutores de sus órdenes de muerte por los supuestos resultados obtenidos con el desencadenamiento de la violencia y el terror”.

Esas palabras pueden leerse como su propio epitafio, porque los matones de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez ya están en Bogotá. A través de la ventanilla izquierda de su camioneta Subaru, le descargan una ráfaga de ametralladora, a pocos metros de su periódico amado. Pierde el control del vehículo y se estrella contra un poste del alumbrado público.

Lo trasladan a la Caja Nacional de Previsión. Los médicos informan que llegó “en condición clínica de paro cardiorrespiratorio secundario”; le practican una traqueotomía y un masaje directo sobre el corazón.

Afuera los periodistas esperan noticias, mientras sus verdugos prosiguen la huida en motocicleta hacia el norte de la ciudad.  

Las malas noticias vuelan como siempre y los villancicos se apagan. A sus 61 años, con ocho proyectiles de arma de fuego han asesinado al director de El Espectador. Son las 7:57 p.m., del miércoles 17 de diciembre de 1986. El país está consternado.

Suena el teléfono. María Jimena Duzán contesta. Del otro lado de la línea un Premio Nobel de Literatura está devastado. No puede contener la rabia.

—Mataron a Guillermo. Acaba de pasar —grita un descompuesto Gabriel García Márquez. Por eso no quiero volver a Colombia. Están matando a mis amigos.

El Espectador y la familia deben seguir adelante, ahora sin él.

“Tras la muerte, el lastre más penoso es la impunidad. No solo su muerte quedó sin castigo, sino que fue una sucesión de crímenes y errores judiciales que lo permitieron”, se lamenta en este siglo XXI el periodista Jorge Cardona.

Don Guillermo pertenece ahora al Olimpo de los hombres valerosos: ¡el gran mártir del periodismo colombiano seguirá vivo en nuestra memoria! Cualquier tributo será poco para su grandeza. Con los actos de su vida honró la impronta del abuelo Fidel: “El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico”.

Guillermo Cano y Gabriel García Márquez. Imagen tomada en la exposición “Todo se sabe: el cuento de la creación de Gabo”, de la Biblioteca Nacional.

Libros y documentos consultados para armar este relato:

“Tinta indeleble: vida y obra de Guillermo Cano”, del sello Aguilar. 

“Vivir para contarla”, autobiografía de Gabriel García Márquez.

“Una vida”, la biografía sobre Gabo, escrita por Gerald Martin.

 “Guillermo Cano, el periodista y su libreta”, de Alberto Donadio, de Hombre Nuevo Editores.

“Los jinetes de la cocaína”, de Fabio Castillo, de la editorial Documentos Periodísticos. 

“Anécdotas y lecciones de periodismo, de Edgar Artunduaga Sánchez.  

“Entrevista imaginada con Guillermo Cano Isaza”, de Lucas Ospina.

Expediente Final, del Canal Caracol

En el universo que sigo llamando Twitter, en un caso de resistencia pasiva a la decisión caprichosa del nuevo dueño de la red social de cambiarle el nombre y dejarlo como un tachón escolar, o la señal de reprobado o la cuota inicial de una publicación pornográfica (X), retransmití el mensaje de una cuenta argentina (Buenos Aires en el recuerdo, @BsAs_recuerdo), con un documento histórico, una grabación de la despedida de Carlos Gardel en Bogotá, mientras partía para Medellín, en escala hacia Cali y de donde viajaría a la eternidad. 

Esto con motivo del aniversario de la desaparición del zorzal criollo en el accidente aéreo, ocurrido en la segunda ciudad colombiana el 24 de junio de 1935. Entre las caras sonrientes del gigante argentino y los privilegiados colombianos que acudieron a despedirlo en el aeródromo bogotano, se mostraba un avión de SACO (Sociedad Aérea Colombiana) que posteriormente se fusionaría con SCADTA (Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo), para crear Avianca, la segunda aerolínea más antigua del mundo.

Luego, en esa misma red social, el gran guionista de cine y televisión español, Javier Olivares, recomendaba buscar la obra de teatro, inspirada en la canción de Gardel, “El día que me quieras” del dramaturgo venezolano José Ignacio Cabrujas. Agradeciendo la amable sugerencia, a su vez le mencioné la película colombiana del mismo título, dirigida por Sergio Dow en 1986 y que considero una de las mejores de aquella década prodigiosa del cine nacional, cuando no había tantas facilidades ni ayudas del Estado, como sucede actualmente, pero surgieron títulos imprescindibles como Tiempo de Morir, Cóndores no entierran todos los días, La mansión de Araucaima, Técnicas de Duelo, La Virgen y el Fotógrafo o El Embajador de la India, para mencionar algunos. 

Lo interesante es que la película colombiana está basada en la obra de teatro recomendada por Javier. De hecho, Sergio Dow comparte el crédito del guion con Cabrujas y Olinto Taverna. La cinta fue filmada en la ciudad colonial de Popayán, en el suroccidente de Colombia, y fue estrenada siete años después de su debut en teatro, con un elenco latinoamericano, Fausto Verdial, Claudio Bergé, Graciela Dufau, Ulises Dumont y la mítica María Eugenia Dávila, magnífica actriz colombiana, todo un símbolo en la televisión y cine nacionales de los setenta y ochenta, con inolvidables interpretaciones como Manuela Sáenz en “Manuelita Sáenz” o el de aquella pionera feminista colombiana “María Cano” en un filme de Camila Loboguerrero. 

El argumento de la película narra la llegada de Carlos Gardel en 1935, ídolo latinoamericano y de proyección mundial a Caracas, durante un momento crítico de la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela y el relacionamiento con una familia compuesta por tres hermanas, una de ellas (María Luisa) ennoviada desde hace años con un profesor (Pío Miranda), simpatizante del sistema comunista que ha vencido en la Unión Soviética y quien de manera clandestina, edita panfletos en contra del gobierno que suele lanzar a los cuatro vientos desde las terrazas de casas y edificios. El problema es que el revolucionario profesor, tan decidido en lo político no define su relación con su eterna novia.

En un libro que acabo de publicar con mi esposa Patricia, titulado “Una semana en el país de Samarcanda”, una crónica del viaje emprendido a Uzbekistán hace 10 años, en un apartado destaco, un diálogo de esa bella película, cuando Gardel llega a la casa de las hermanas y solicita que lo dejen preparar el café, mientras relata que él aprendió una receta especial en Samarcanda, en donde lo preparan con una nieve azul, igual que las cúpulas de las mezquitas y pregunta a las hermanas, si ellas han visitado Samarcanda. Como dato curioso, Claudio Bergé, quien interpreta a Gardel, es un periodista y cantante de tangos, pero cuando suenan canciones de su personaje, es con la voz auténtica de Gardel.

Sea el momento de destacar esta grata película colombiana, ganadora como, mejor película en el Festival Internacional de Cine de Chicago (1988), Premio Casa de las Américas (Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano) y mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Cinta que merece ser descubierta por la inmensa mayoría que ignora su existencia, lo que nos permite hacer un reconocimiento a su director, Sergio Dow, un trabajador incansable del cine, que nunca ha buscado su gloria personal, sino la satisfacción de hacer bien su trabajo y que el público disfrute con sus realizaciones. 

Les dejo el tráiler de este grato filme que fue rescatado hace un tiempo por Señal Colombia, el canal público televisivo del país:

La película puede verse en el siguiente enlace de Señal Colombia:

https://rtvcplay.co/peliculas-ficcion/el-dia-que-me-quieras

Dixon Acosta Medellín

En lo que antes se llamaba Twitter a ratos trina como @dixonmedellin 

La comunidad campesina de Quelccaya, en los Andes peruanos, lleva el nombre del glaciar tropical más extenso del mundo, un nevado que está perdiendo su capa blanca de hielo por efecto del cambio climático. Es el pueblo más cercano a los picos del glaciar —entre todas las comunidades del distrito de Corani, en Puno— y está situado por encima de los 3900 metros sobre el nivel del mar. La majestuosidad y riqueza del paisaje que rodea a la pequeña comunidad, sin embargo, contrasta con los niveles de pobreza de esa localidad. Y esa es solo una de las tantas contradicciones que existen.

A pesar de que el nevado es uno de los principales proveedores de agua para las poblaciones alrededor, el Estado ha otorgado concesiones mineras que se superponen con el glaciar y que ponen en riesgo las fuentes de agua. La comunicación telefónica en la comunidad Quelccaya es escasa, apenas si se puede captar una señal de telefonía móvil, pero en su territorio se almacena uno de los minerales clave para fabricar baterías de teléfonos y otros equipos tecnológicos de última generación: el litio.

Precisamente, esas cinco letras tienen hoy en alerta a las comunidades. Sus habitantes y autoridades se preguntan cuál podría ser el impacto futuro de esa extracción.

“Hasta el momento solo ha habido exploración. Obviamente es una amenaza si se da una situación de explotación. Habrá que estudiar bien porque directamente puede ser afectado el nevado”, dice el alcalde de Corani, Patricio Dávila. La autoridad se refiere al proyecto minero Falchani para la exploración y explotación de litio que llegó a los territorios de las comunidades en el 2018, de la mano de la empresa minera Macusani Yellowcake, filial en Perú de la canadiense Plateau Energy Metals, que en el 2021 se convirtió en subsidiaria de la también canadiense American Lithium.

El litio forma parte de la larga lista de los minerales críticos —también denominados estratégicos— para la transición energética. Se denominan críticos por su importancia en la industria pero en riesgo de escasez. Su uso más frecuente y de mayor demanda está en la fabricación de baterías para celulares, para computadoras portátiles y otros equipos tecnológicos incluidos los vehículos eléctricos. El litio, por lo tanto, se ha posicionado como un mineral codiciado para los países industrializados y empresas transnacionales en un mundo que se está planteando dejar de quemar combustibles fósiles y apostar por energías renovables.

Pero no es el único mineral relevante en este proceso de transición energética. La lista incluye metales largamente explotados como el cobre, la plata, el hierro y otros menos conocidos como el níquel, cobalto, cromo, grafito, manganeso, molibdeno y zinc. A esta relación se suman también las llamadas tierras raras, elementos que son determinantes, por ejemplo, para que podamos ver los colores en la pantalla de un celular.

“Las cifras indican que se necesita 400 % más de explotación minera de la que se tiene al día de hoy entre todos los minerales necesarios para la transición energética. No solo hablamos de cobre y de litio sino de todos los demás”, dice el politólogo Antonio Zambrano, especialista en cambio climático, miembro del comité directivo de Climate Action Network Latinoamérica e integrante de la lista de expertos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

En el caso de Perú, Zambrano se pregunta: “¿para qué queremos esos minerales?”. El experto señala que debe quedar claro que si el país no los necesita para su uso interno, básicamente se convierten en recursos exportables. “Ese litio, por ejemplo, no es para nuestra transición energética, eso debe quedar clarísimo”, apelando a las falsas expectativas que podrían generarse entre la población.

¿Cuáles deberían ser las reglas de juego para la explotación de los nuevos minerales de la transición?

La carrera por la explotación minera

“La transición energética ha generado también una mayor demanda de los minerales críticos, porque todas las fuentes renovables los requieren para su fabricación. Entonces se prevé que la demanda va a subir en forma acentuada”, le dijo en enero de 2024 a Mongabay Latam el entonces viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Jaime Luyo, a Mongabay Latam.

En marzo de este año, Luyo fue reemplazado por Víctor Carlos Estrella, luego de que Rómulo Mucho asumiera como ministro de Energía y Minas. Mucho es un empresario del sector minero, fundador de la compañía Pevoex Contratistas S.A.C. que, según informó el Semanario Hildebrandt en sus Trece, brinda servicios a varias mineras, entre ellas el controvertido proyecto Tía María, de la Southern Perú, paralizado por reclamos de la población, pero que según el ministro podría iniciar sus operaciones este año.

Mucho ha dicho públicamente que “el destrabe de proyectos” es su prioridad “para eso me han traído”, en una conferencia celebrada en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), institución de la que fue director antes de asumir como ministro.

Desde el Ministerio de Energía y Minas han anunciado, además, que el Gobierno espera autorizar proyectos mineros valorizados en al menos 3000 millones de dólares solo en los primeros meses de este año. Según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), de los 70 proyectos de exploración que existen actualmente en Perú, 37 son de cobre, un mineral clave para la transición energética.

De hecho el Perú tiene por lo menos ocho de los denominados minerales de la transición. Cobre, hierro, plomo, molibdeno, plata, zinc, indio y grafito son parte de esta lista de materias primas que existen en el país y cuya demanda está en aumento con miras a cambiar la matriz energética en todo el planeta.

“En el Perú tenemos varias características vinculadas al último boom minero que empezó a finales de los 90 y terminó el 2015. Este último ciclo de expansión minera se caracterizó por una combinación de subida de precios internacionales y una liberalización de depósitos para la explotación. Un modelo que le daba el peso más fuerte a las reglas del sector privado”, señala Gerardo Damonte, docente e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Damonte explica que este modelo “privatizador” generó, por un lado, un incremento enorme de las exploraciones y de la producción, pero también trajo consecuencias, una de ellas es la enorme conflictividad alrededor del sector minero en el Perú. “En lugar de que el gobierno plantee una regulación social y ambiental lo que aplicó fue el liberalismo, por tanto, cada empresa veía cómo lidiaba con las comunidades para el acceso a los recursos”, agrega.

Los minerales considerados para la transición energética se utilizan en la producción de paneles solares o turbinas para generar energía renovable. También en los insumos que se requieren para transmitir la electricidad, como son los cables, así como en el almacenamiento de esta energía a través de las baterías.

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la demanda de cobre en el 2020 a nivel mundial en tecnologías de energía renovable fue de 640 mil toneladas, pero se proyecta que para el 2030 esta cifra suba a 1.35 millones de toneladas.

“Se van a requerir millones de toneladas para la implementación de la energía eólica, solar y geotérmica, incluso para el almacenamiento de energía. Y lo que se está tratando de imponer en países productores de estos minerales, como es el caso peruano, es una ola de extractivismo muy agresivo con zonas de sacrificio”, precisa José de Echave, investigador de la organización Cooperacción y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Si se considera, además, que los países industrializados no tienen tanto litio como se esperaba, y que Latinoamérica es un territorio clave para la explotación, queda claro entonces que territorios podrían ser los más afectados.

El litio y el cobre son dos minerales claves en el Perú que pueden servir de ejemplo para lo que está sucediendo a nivel global. El primero, aún en proceso de exploración, ya está generando controversia por las amenazas que su explotación podría significar para el medio ambiente y para las comunidades que viven en la zona de influencia de este mineral. El hallazgo de 4.7 millones de toneladas de reservas en Puno ha despertado intereses internacionales, disputas judiciales, riesgos ambientales en medio de comunidades que apenas tienen acceso a servicios básicos.

Por otro lado está el cobre, un metal que se extrae de las entrañas del Perú desde hace más de 30 años y que, según sus cifras de producción, ha puesto al país en el segundo lugar, después de Chile, como mayor productor de cobre en el mundo. Es más, este mineral es el principal recurso de exportación del país.

Eso nos puede llevar a un escenario con mayor disposición a aprobar proyectos mineros muy rápido, señala Juan Luis Dammert, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute (NRGI). Lo que podría traer, según el experto, es la exigencia de bajos estándares adecuados, el poco respeto a los derechos humanos y mayores componentes de represión. “Como es muy necesario para el mundo y para el clima y en nombre de la reducción de emisiones, se puede mantener o profundizar impactos ambientales negativos y conflictos sociales”, añade.

Perú en el panorama mundial

Un vehículo eléctrico requiere seis veces más cantidad de minerales que un auto convencional. Una planta eólica terrestre requiere nueve veces más recursos minerales que una planta alimentada por gas, se indica en el informe El papel de los minerales críticos en las transiciones a energías limpias de la Agencia Internacional de Energía. Las cifras reflejadas en este informe ofrecen un panorama de esta carrera para acceder a los minerales necesarios para la transición energética. Se calcula que para el 2040 aumentará en más del 40 % el consumo del cobre y las tierras raras; entre el 60% y el 70% de níquel y cobalto; y casi el 90% para el litio. “El cambio hacia un sistema de energía limpia impulsará un enorme aumento en las necesidades de estos minerales”, dice el informe.

Héctor Córdova, experto en minería de la Fundación Jubileo de Bolivia, lamenta que en este proceso de transición energética los países latinoamericanos sean vistos “solamente como proveedores de materia prima” y considera que también deberían ser “merecedores de los beneficios que generan estos recursos, tanto en la parte tecnológica como en la parte estratégica”.

Córdova menciona el rol que tienen los países industrializados en la explotación de los minerales. “Las industrias han dependido de nosotros [Latinoamérica] y nos han impuesto condiciones para salir siempre ganando”. Cordova menciona a Estados Unidos, China y ahora también Rusia como los grandes actores detrás de esta carrera por la explotación de los minerales. La Unión Europea ha quedado rezagada mientras que el poder económico de la India va en aumento, explica el experto.

Para este año 2024, la cartera de inversiones mineras del Ministerio de Energía y Minas (Minem) presenta 51 proyectos en 18 departamentos con una inversión de 54 556 000 de dólares. Estas inversiones están lideradas por empresas de China, Canadá, México y Estados Unidos.

La lista incluye a las empresas que explotan cobre, plata, plomo, hierro, zinc y grafito, entre otros minerales. El cobre ocupa el primer lugar entre los productos que se exportan de Perú con un 30 % del total de las ventas al exterior.

Si miramos la cartera de los proyectos de exploración minera para el 2024, la cifra se multiplica hasta alcanzar la suma de 644 millones de dólares que comprende 75 proyectos en 17 departamentos del país. En esta cartera de proyectos se incluye la exploración de ocho minerales: cobre, oro, zinc, plata, litio, hierro, níquel y plomo. Los proyectos de cobre encabezan la lista con 40 y una inversión total de 254 millones de dólares.

“Perú es un gran proveedor de materias primas para transición energética, pero nosotros no vamos a transitar mucho”, dice Gerardo Damonte, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. “Perú es un jugador muy grande de cobre, es un país que exporta muchos minerales. Ahora, si hablamos de minerales críticos, claramente nuestro gran depósito es cobre al igual que Chile”.

Damonte explica que lo que se busca con la transición energética “es que el mundo no viva de petróleo sino de electricidad”. Por lo tanto, dice Damonte, se necesitan más cables que transmitan electricidad, que son los cables de cobre, y se necesitan más baterías y para eso está el litio. “Entonces necesito más baterías y necesito más cobre para tener más conexión eléctrica, porque ahora mi economía va a estar más vinculada a una energía que viene de la electricidad. Igual la crítica a la transición es fuertísima porque a pesar de que los países desarrollados han aumentado su producción de energías renovables de manera importante, todavía sigue creciendo su consumo de carbón y de combustible fósil”.

La explotación de minerales para satisfacer la demanda de energía también va en aumento. En el boletín estadístico minero del Minem, correspondiente a diciembre de 2023, se indica que “el cobre, con un impresionante crecimiento acumulado del 12.7%, no solo refleja la demanda global de este recurso valioso, sino que también destaca la eficiencia y competitividad de la industria minera peruana”. Además se señala que en diciembre de 2023 la producción minera de 7 de los 8 principales metales presentó incrementos significativos respecto al mismo mes del 2022. En la lista de minerales con mayor producción en Perú después del cobre están el oro, zinc, plata, plomo, estaño y molibdeno.

China es el principal destino de cobre del Perú con el 72.9% del total de las exportaciones, en segundo lugar se ubica Japón con 5.6%, seguido por Corea del Sur con el 4.0%. El oro, en cambio, tiene como principales destinos Canadá, India, Suiza y Estados Unidos, mientras que el zinc, otro mineral clave en la transición energética, se exporta principalmente a China que recibe un 31.5% del mineral peruano, seguido de Corea del Sur, España, Brasil y Japón.

Un panorama de conflictos

“Lo que tenemos ahora en 2024 es un conjunto de escenarios que ya tienen un lastre o una historia conflictiva y que cada uno de ellos tiene una causalidad distinta y ha tenido historias de resolución o de reactivación también diversa”, explica Damonte, refiriéndose a los problemas sociales y ambientales que se generan alrededor de la explotación minera.

En el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, publicado en diciembre de 2023, la minería ocupa el primer lugar de la lista con 90 casos de los 134 registrados para ese mes. Una muestra de la conflictividad alrededor de las mineras en Perú es que de las 18 minas que actualmente producen cobre en el país, ocho figuran en esta lista de conflictos sociales.

Muchos de estos casos llevan años sin resolverse e incluso se inician procesos judiciales contra quienes reclaman por los problemas ambientales provocados. Katherine Paúcar, abogada de EarthRights International, organización que trabaja en la Defensa de Derechos Humanos y del medio ambiente, menciona el caso de la comunidad originaria quechua Urinzaya, en la provincia de Espinar, en el Cusco, que tras los reclamos contra la minera Las Bambas por contaminación en su territorio varios pobladores fueron denunciados. En total 10 personas han sido demandadas por la empresa luego de que participaran en una protesta contra la contaminación ambiental que causó la volcadura de las compactadoras que transportan los minerales.

“Este tipo de casos de empresas que están generando impactos ambientales en los territorios de las comunidades originarias es recurrente, principalmente en las regiones del corredor minero”, señala Paúcar.

El denominado corredor minero abarca las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, en el sur del Perú, y lleva este nombre porque a lo largo de este territorio se ubican varias empresas dedicadas a la actividad minera. “Es una cadena de empresas que están explotando recursos minerales, pero que al mismo tiempo generan contaminación ambiental y han sido denunciadas públicamente por las comunidades originarias ubicadas en esos territorios”, agrega Paúcar.

José de Echave, investigador de la organización Cooperacción y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, cuestiona también el desarrollo de la actividad minera en Perú. “Hay presión del lado de la minería metálica para decir, bueno, tenemos una cartera de productos de inversión y hay que ponerla en marcha sin tomar en cuenta los temas sociales y ambientales, básicamente con las mismas reglas de juego de los últimos 30 años que ha producido mucha conflictividad social”, comenta.

Creo que el gran error que cometen las empresas mineras, agrega De Echave, es que pretenden seguir haciendo minería como lo han hecho los últimos 30 años y no tienen la capacidad de leer lo que ha pasado en el país en todo este tiempo. “Una discusión que debemos tener en Perú es cómo nos imaginamos la minería para los próximos 20 o 30 años, es decir, qué retos en términos de gobernanza tenemos como país y cómo se la imaginan las autoridades y los empresarios mineros”.

Minerales para la transición

Entre los años 2010 y 2023, la Defensoría del Pueblo ha registrado, cada año, alrededor de cien conflictos socioambientales debido a actividades mineras.

A Oracio Pacori, director ejecutivo de la Asociación Derechos Humanos sin Fronteras del Cusco —organización que trabaja en la defensa de derechos humanos y ambientales de comunidades campesinas y organizaciones sociales en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Paruro— le preocupa que el cobre sea uno de los minerales clave de la transición energética, considerando que podría contribuir a agudizar los problemas sociales y ambientales alrededor de los proyectos mineros.

“A la fecha, las empresas que extraen los minerales no quieren reconocer, prácticamente están evadiendo su responsabilidad de todos los impactos que causan, principalmente ambientales”, comenta Pacori.

Pacori recuerda lo que sucedió en Espinar en el año 2012 cuando durante las protestas de las comunidades campesinas de Espinar (Cusco) contra la minera XSTrata Tintaya murieron cuatro personas. “Lo que venían denunciando era que el recurso principal del cual se abastece la provincia Espinar, que es el agua, estaba siendo contaminada”.

Esta mina pertenecía en ese momento a la multinacional anglo suiza Xstrata que más tarde se fusionó con la suiza Glencore. Esta última compañía tiene actualmente en Perú seis minas, tres de cobre y tres de zinc. Una de ellas es Antapaccay, también ubicada en Espinar

Los conflictos socioambientales en Espinar no han cesado desde el año 2012. Empezaron con Tintaya y continuaron con Antapaccay.  El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó varios estudios en la zona cuyos resultados finales vinculan las operaciones de la minera Antapaccay con la contaminación del aire, agua y la flora en las comunidades de Espinar. En el 2023, OEFA impuso medidas administrativas a la minera Antapaccay —de Glencore— debido a que sus operaciones estarían afectando la salud de los pobladores de Espinar y los ecosistemas de la zona.

La minera Antapaccay señala que “no está de acuerdo con los informes preparados por OEFA y que los está discutiendo ante dicha entidad”. Agregó que la empresa mantiene un diálogo abierto y constante con las comunidades y que genera iniciativas destinadas a cerrar brechas y propiciar el desarrollo sostenible.

Suyana Huamaní, oficial de justicia ambiental y climática de Oxfam en Perú, señala que la transición energética y los minerales fue uno de los temas que se trató con más frecuencia durante la última convención minera Perumin, realizada en setiembre de 2023. “En la medida que se pide que se acelere el proceso de transición energética, también se da la aceleración de la extracción de minerales”, menciona con preocupación.

Las empresas mineras de cobre en Perú no solo tienen ingresos millonarios cada año, sino que también acumulan multas millonarias con el estado peruano por infracciones ambientales. De acuerdo con la base de datos de OEFA sobre las sanciones a las empresas en Perú, la minería ocupa el segundo lugar en cantidad de multas impuestas por infracciones ambientales, solo por detrás de los hidrocarburos. Las empresas mineras han acumulado multas por 190 416 (UIT), es decir, 980 642 400 soles (alrededor de 261 millones 500 mil dólares).

De este total, las mineras dedicadas a la extracción de cobre acumulan 609 multas por un total de 9582.63 UIT, que equivale a 49 350 544 soles (unos 13 millones 350 mil dólares).

“Tenemos que hablar de una transición energética justa”, dice Huamaní, de Oxfam. “Sabemos que tenemos una urgencia climática y que debemos abandonar los fósiles para asegurar la batalla contra la crisis climática, pero, al mismo tiempo, no queremos que se repitan los mismos patrones extractivos de los minerales como ha sucedido con el petróleo”.

Litio: la carrera por un mineral cotizado

“Perú es un país que todo lo ve en el corto plazo, en el que el rol del Estado está muy reducido. En esa lógica, se ha perdido la planificación y pensar en el largo plazo”, dice Jose Carlos Orihuela, investigador y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuando le mencionamos la palabra litio.

Mientras Chile tiene una Estrategia Nacional de Litio, menciona Orihuela, la ausencia de políticas nacionales a largo plazo se hace evidente en Perú. “Lo que sabemos del litio, por ejemplo, es la información que hay en Youtube de una empresa interesada en que esto sea un boom porque luego, imagino, querrán vender el negocio”, dice Orihuela con respecto a la empresa Macusani Yellowcake.

En 2021 se aprobó en Perú la Ley que declara de necesidad pública, interés nacional y recursos estratégicos la exploración, explotación en industrialización del litio y sus derivados, una norma que para Orihuela no ha tenido un impacto real en las políticas minero energéticas. Una ley de ese tipo, dice el experto,  debería ir acompañada de un proyecto nacional para desarrollar nuevas capacidades productivas junto a capacidades del sector público.

Orihuela cuestiona la falta de información de expertos o de un aparato estatal que pueda decir cuáles son las características del depósito, qué posibilidades y riesgos hay para su explotación.

La empresa Macusani Yellowcake, a la que se refiere Orihuela, tiene en Perú un total de 179 concesiones mineras, según el portal de Geocatmin del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), la institución peruana responsable de aprobar los pedidos de los lugares dónde se extraerán minerales. De este total, 138 están en Puno y se extienden sobre seis distritos —Corani, Macusani, Nuñoa, Ollachea, Putina y Crucero— en las provincias de Carabaya y Melgar. Según ha informado la empresa, contienen reservas de litio y uranio.

Las imágenes satelitales del portal de Geocatmin muestran un conglomerado de líneas rojas que se superponen a comunidades, ríos y nevados de la cordillera Vilcanota, entre ellos el Quelccaya.

El alcalde del distrito de Corani en Puno, Patricio Dávila, señala que hace un año solicitó una reunión con la empresa minera antes de que ingrese a realizar sus actividades de exploración en Quelccaya. “Nos han informado en términos generales. En ese momento recién teníamos conocimiento de que en Quelccaya había concesiones y tenía que hacer perforaciones en varias plataformas”.

Dávila señala que la población de Quelccaya conoce muy poco de las actividades mineras, pues hasta ahora solo se dedica a la crianza de alpacas, incluso se considera que la fibra de sus camélidos está entre las más finas del mundo. Sin embargo, gran parte del territorio está cubierto con concesiones mineras, al igual que en el resto del distrito de Corani que, según su alcalde Dávila, tiene por lo menos el 90% del territorio con denuncios mineros. No solo hay litio en estas tierras, sino también plata, plomo y zinc, minerales que también forman parte de la larga lista de los insumos necesarios para la descarbonización del planeta.

“La industria minera se ha manejado mucho en la lógica de zonas de sacrificio y no debería ser así, hay que pensarlo de otra forma”, cuestiona Orihuela. “No hay un pronunciamiento de la comunidad científica sobre el tema ni un documento que nos diga qué se debe hacer. Y no hay porque no le interesa a la industria y tampoco le interesa al Estado. Como vivimos en el corto plazo, lo que se quiere es que se extraiga más mineral para que haya más impuestos y quien esté en el gobierno pueda gastar más rápido”, cuestiona Orihuela.

Los conflictos alrededor del litio se han reportado en Perú desde antes de su explotación. En el año 2017 llegó a Puno la empresa Plateau Energy Metals, a través de su subsidiaria Macusani Yellowcake, en busca de uranio. Pero las exploraciones dieron otra sorpresa, la presencia de litio en roca, según ha contado en más de una oportunidad Ulises Solís, gerente general de la empresa. En el año 2021 la empresa Macusani Yellowcake pasó a manos de la canadiense American Lithium.

Las exploraciones realizadas en ese momento, sin permiso de las autoridades peruanas, generó el primer conflicto alrededor de este mineral. En el 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) les impuso una multa de 535.34 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) por cuatro infracciones cometidas en su proyecto de litio Falchani, que se desarrolla en la comunidad de Chacaconiza, también en la provincia de Carabaya. La multa equivale a 2 248 428 soles (alrededor de 600 mil dólares actuales).

De acuerdo con las resoluciones emitidas por OEFA, la empresa implementó cinco plataformas de perforación, cinco pozas de almacenamiento de agua, cinco pozas de almacenamiento de lodos y aproximadamente más de 6 km de vías de acceso hacia las plataformas de perforación, sin contar con certificación ambiental aprobada por la autoridad competente. A ello se suma que no paralizó sus actividades de forma inmediata, no ejecutó el cierre final de la plataforma de perforación ni de las vías de acceso y tampoco retiró los equipos y otros materiales.

La empresa American Lithium y su filial Macusani Yellowcake también estuvieron enfrascadas en un litigio judicial contra el Ministerio de Energía y Minas (Minem) por 32 de las concesiones que se le habían otorgado. La disputa iniciada en el 2019 se extendió hasta noviembre del 2023 cuando la Corte Superior del Perú falló a favor de la empresa.

Las cifras del Banco Mundial indican que para el 2050 se necesitará por lo menos cinco veces más litio del que se extrae actualmente. “No sabemos cuánto va a crecer y por cuánto tiempo se va a sostener, pero actualmente hay una carrera por los depósitos de litio en el mundo”, dice José Carlos Orihuela.

Una carrera que en Perú nos traslada a lugares como Quelccaya y Espinar ubicados cerca de las minas de las que se extraen los minerales críticos para la transición energética. Quienes viven en estos lugares ven salir de su territorio minerales como cobre, plata, zinc o molibdeno, entre otros, que abastecerán a la industria dedicada a transformar las fuentes de energía en el planeta mientras en esos territorios se quedan los conflictos.

Imagen principal: Mina de cobre en Perú. Crédito: Miguel Gutierrez / Cooperacción.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Todo comenzó con la columna de Yolanda Reyes, publicada en El Tiempo (29 de abril de 2024), bajo el título “El buenismo y la lectura”, a la que se sumó Carolina Sanín desde su monólogo vía Youtube en la revista Cambio.  

Dijo Yolanda:

“…el entusiasmo suscitado por ‘El infinito en un junco’ contrasta hoy con la carencia de espacios para la divulgación cultural (por no decir para la crítica literaria) en Colombia. Entre el discurso “buenista” que confiere a la lectura la responsabilidad salvadora de solucionar inequidades con la visita esporádica de alguna autora (“una palabra tuya bastará para sanarme”) y la precariedad de la pedagogía de la lectura y de las acciones culturales hay un abismo tan grande como las brechas de inequidad de este país, que se reflejan también (pero no solamente) en el ámbito simbólico”.

Intuyo que Reyes y Sanín quisieron decir, sin decirlo, que en Colombia hemos endiosado a Irene Vallejo, (¿acaso sobrevalorado El infinito en un junco?), pero no lo dijeron así quizás para no alborotar avisperos. El hecho concreto es que las escritoras bogotanas levantaron tremenda polvareda, lo cual aplaudo, porque a manera de grito han puesto sal en la herida sobre un tema urgente: los programas de fomento a la lectura en Colombia. 

Las redes sociales le cayeron con todo su veneno a Yolanda Reyes. “No te conozco pero pasaste del anonimato al desprestigio”, dijo un tuitero, en tanto que otro preguntó “¿por qué tanta mala leche con Vallejo?”, y una persona más trinó con sarcasmo: “¿y quién es usted, además de una envidiosa?

No es ninguna aparecida. Yolanda Reyes es una escritora y educadora con varias décadas en el trasegar libresco, dueña de una gran sensibilidad social y literaria, (tan licita como la sensibilidad social-literaria de Irene Vallejo), promotora de lectura y autora de varias obras leídas dentro y fuera de Colombia. Decir, como muchos dicen, que Irene Vallejo ha hecho más por la lectura que Yolanda Reyes es tremendamente injusto con la segunda, pues por más de 30 años ha liderado Espantapájaros (una apuesta alrededor del arte y la literatura en la primera infancia) y contribuido a la formulación de políticas públicas sobre estos temas.

A mi manera entiendo e interpreto la molestia de Yolanda Reyes. En primer lugar, porque no hay una apropiación de lo nuestro y fácilmente nos descresta lo foráneo; de eso culpemos a esa identidad-no identidad que nos atraviesa. ¡En qué mal concepto nos tenemos como nación! Valdría la pena reflexionar algún día sobre nuestra baja autoestima nacional. Para empezar, en la FilBogotá (¿por qué no llamarla así, con el nombre completo de la ciudad?), los niños deberían encontrarse con los personajes de Rafael Pombo, por decir algo, y no con Chucky o Mario Bross, los paseantes de Corferias, que nada tienen que ver con el universo literario.

En el caso específico de la literatura, hay un desconocimiento (¿acaso desprecio?) por autores colombianos que no son “superventas”, si es que el término aplica para Colombia, un país con tristísimos índices de lectura, (aunque vamos mejorando), donde poquísimos escritores se dan el lujo de decir que venden libros como vender pan caliente. Y me refiero casi que exclusivamente a Mario Mendoza, único colombiano al que su editorial, Planeta, le tiene stand propio en la feria, para la venta de su obra, incluidas las novelas gráficas y cómics, lo que no ocurre ni siquiera con Gabriel García Márquez, nuestro único Premio Nobel de Literatura, cuya obra es la memoria misma de este país.

Me parece válido unirse al reclamo de Yolanda Reyes para que  abunden los escenarios donde se pueda, como dice ella, “conversar sobre los libros (con o sin sus autores presentes), y tocarlos desde la primera infancia, y escribirlos y leerlos durante las ferias, pero, sobre todo antes y después, durante todo el año, en la escuela, en la biblioteca, en la casa y, ojalá en una librería…”.

Que nadie se moleste porque se diga que somos un país donde poco se lee, ni siquiera escribimos bien; la mala ortografía delata las falencias del sistema educativo, y esto no es de ahora. ¡Qué paradójico! Fuimos a la escuela a aprender a leer y escribir y después se nos olvidó que sabíamos leer y escribir. Estamos en deuda con tantos colombianos que hacen un trabajo silencioso para recordarnos que los libros no muerden. Nos falta entender que el desarrollo de competencias lectoras y literarias en los ciudadanos podría abrirnos la senda hacia un país posible.

En su monólogo vía YouTube, Carolina Sanín habló sobre la devoción que suscita la escritora española y se refirió a la cuestión de la envidia:

“Es muy curioso que en un momento en que no hay espacio para la crítica literaria, y (…) no hay crítica literaria, tan pronto como surge una objeción o algún escepticismo sobre una obra se trate a la autora de la crítica de envidiosa. Y digo la autora porque muy curiosamente es una acusación que aflora cuando se trata de mujeres. Las mujeres si se critican unas a otras, son envidiosas; en cambio, un hombre podría criticar a otro y sería un crítico”.

Cada vez que Carolina Sanín habla le escupen una ola de insultos en las redes sociales. Le suelen decir hasta de qué se va a morir (de celos, le dijeron, en este caso), y aunque no voy a amplificar aquí semejante patanería, si quiero llamar la atención sobre el hecho de que muchas de esas críticas provengan de otras mujeres.

La escritora María Cecilia Sánchez escribió en su muro de Facebook: “Carolina Sanín agarró el libro El infinito en un junco, la visita de Irene Vallejo al Chocó y el discurso de inauguración de la FilBo y los despedazó, con tijeras y cortes chiquiticos, sí, con saña, fue destituyendo el valor de cada uno de los actos, palabras y creaciones de Irene Vallejo y cuando ya no le quedaba nada más, le dio un consejo a sus posibles espectadores: aprendan a leer”.

En contraste, @dianasierra9775 aplaudió la valiente posición de Sanín. “A mí me gustó mucho el libro de Irene, pero me gustaron todavía más tus observaciones. Hace poco leí el ensayo de Virginia Woolf ´¿Cómo se debe leer un libro?´ y creo que ese texto, acompañado de tu crítica, merecen seguir vigentes, y ojalá, mucho más difundidos en el público”.

Pocas veces estoy de acuerdo con Carolina Sanín, esta vez sí. Creo que ella reconoció las bondades de la obra de Irene Vallejo, y desde su experticia criticó lo que había para criticar, sin veneno, ni resentimiento.  

Ni Irene Vallejo ni su obra están sobrevaloradas. En estos tiempos de desasosiego, “El infinito en un junco” es un bálsamo, escrito por una filóloga clásica que en lenguaje sencillo, y producto de una exquisita documentación, desenterró para nosotros en este ensayo el mundo antiguo de los libros, cual arqueóloga de las palabras.  He alimentado algunas de mis columnas con frases suyas, y leo además sus columnas en El Espectador y El País de España, con la misma avidez con que leo a Yolanda Reyes y Carolina Sanín, incluso si disiento.

El problema no es venerar a Irene Vallejo. El problema es que los escritores colombianos, mereciéndolo, no reciban la misma admiración. En algo hemos fallado. Es justo señalar que aquí tenemos autores que nos han enseñado el valor de los libros y la literatura.

Envidia no es el término correcto para calificar las bien sustentadas opiniones tanto de Carolina Sanín como de Yolanda Reyes. Lo de ellas es una rabia contenida, además plenamente justificada, ante la ligereza con que se hacen juicios de valor en nuestro país, tan dado a idolatrar lo foráneo, como si careciéramos de referentes.

Les recuerdo que tenemos a nuestra propia Irene, de apellido Vasco, muy español por cierto, quien ha hecho mucho, muchísimo por la formación de lectores, llegando a sitios donde ni el mismo Estado llega, y tal vez muy poquitos sepan que la escritora bogotana ganó este 2024 el prestigioso premio internacional IBBY Outstanding Reading Promoter.

“Irene Vasco es conocida por ser una heroína con influencia que se enfrenta a los desafíos de leer a niños en zonas peligrosas y que carga sus libros como un talismán”, dijo la IBBY.

Conozco a Irene Vasco desde hace más de 30 años, cuando fue colaboradora de Los Monos, la primera revista de prensa para niños que hubo en Colombia; circulaba los domingos con El Espectador. Una hechicera de las palabras como también se le ha llamado. (Les recomiendo la entrevista que le hizo Claudia Morales para El Espectador).

De vuelta al principio, este duelo entre escritoras enriquece a un mundo adormilado y cada vez más conforme en la superficie de las cosas, a veces tan plana, a veces tan frívola, donde pocas personas se atreven a arañar la obviedad.  

Me llena de esperanza que el Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes. Juan David Correa, haya respondido en X a la segunda columna de Yolanda Reyes, Escribir sobre lectura, invitando a un debate público. Debate en el que deberían estar MinEducacion, los escritores, los periodistas y por supuesto, los lectores, además de los editores y libreros. ¡Que la idea no quede en letra muerta, señor ministro!

Para empezar a debatir, lo primero será preguntar por qué los libros están fuera del alcance de quienes no tienen con que comprarlos; no puede ser que la única respuesta sea, como siempre, mandar a la gente a las bibliotecas, porque hasta para eso toca tener plata, como lo advertí en una Cura de reposo anterior. La Cámara Colombiana del Libro tiene grandes retos por delante, “trabajar desde lo colectivo”, con más apoyo a las editoriales independientes, que fue el compromiso de su directora, Adriana Ángel, en el podcast de María Jimena Duzán.

Las editoriales y las librerías deben entender que una cosa es formar lectores y otra muy distinta atraer consumidores de libros.

Maravilloso sería que los libros nos unan antes de que se extinga la civilización. De eso hablaba Stefan Zweig. Fabuloso sería que con la misma devoción con que leemos a Irene Vallejo, nos dejemos conquistar por los autores colombianos y, claro, leer los clásicos también. Más allá del insulto, las redes sociales podrían ayudar a elevar la calidad del debate, si los propios escritores hacen su parte sin vanidades. El placer de la lectura se transfiere cuando recomendamos un buen libro.

Es hora de que el país descabalgue de sus egos. Tal vez nos puede ayudar esta frase de “El infinito en un junco”, página 93, referida a la grandeza de Ulises, el héroe de la Odisea:

“Esa sabiduría nos susurra que la humilde, imperfecta y efímera vida humana merece la pena, a pesar de sus limitaciones y desgracias, aunque la juventud de esfume, la carne se vuelva flácida y acabemos arrastrando los pies”.

Hace poco, Irene Vallejo le dijo al Diario de Sevilla: “No hay que idealizar a los clásicos”. Tampoco idealicemos a los escritores de nuestro tiempo. Leámoslos.

“Flecha sin blanco

Volando voy sin tino,

Volar será mi blanco,

Mi destino.

Eterno en el instante del camino

Saeta de Zenón,

Quieta en el aire.

Sin herir ni caer

Sin dar en otra parte”

Miguel Pizarro (1939)

El exilio ensancha el alma de sus víctimas. Como en el poema del ruso Ossip Mandelstam sobre Ulises, el exiliado está pleno de tiempo y de espacio, en él florece en poco tiempo la civilización de su desesperanza y un nuevo lenguaje se forma para comunicar su vida en la tierra en la que concluye su paso por el mundo. Para el exiliado nunca cesa la vibración que siente por su patria, pero su forma de sentirla cambia.

Lo anterior se traduce perfectamente en la vida de los escritores. Existe una estrecha relación entre exilio y creatividad. Los ejemplos sobran, pero el lector advertido sabrá de su efecto en la vida de Ovidio, de Dante o de los numerosos españoles que huyeron de los desastres de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

De España, precisamente, hay una historia menos conocida, que fue preludio a los exilios masivos de los años treinta. Se trata del poeta, periodista y diplomático español Miguel Pizarro Zambrano, miembro olvidado de lo que se conoce como generación del 27 y participante del grupo del Rinconcillo (en el que estaban Dalí y Buñuel). Pizarro se distanció por once años en Osaka, Japón, hace ya unos cien años. Allí trabajó como el primer profesor español en enseñar su lengua en ese país. Lo hizo en la Universidad de Estudios extranjeros de Osaka, en la cual se guarda memoria de él especialmente por una edición conmemorativa de la revista Más y menos (マス・イ・メノス), publicación seriada que funcionó desde 1929 hasta 1941, y por la veneración de ciertos profesores japoneses que se consideran sus herederos.

Pizarro fue también un difusor de la cultura hispánica. Se le atribuye la introducción del flamenco en la sociedad japonesa y el montaje de obras de García Lorca, de quien era amigo personal. Al respecto, existe una intensa y conmovedora correspondencia entre los dos, además de un sentido poema que inicia con las palabras “Miguel Pizarro / flecha sin blanco”, el cual se encuentra en la compilación poética Canciones (1927), y le dio el epíteto que marcó para siempre su vida.

Pero la actividad de Pizarro no solo se cerró en lo artístico. Se abrió también a la diplomacia, la cual ejerció, según los testimonios, excelentemente en Japón como agregado cultural, cuando llegó la Segunda República en su País, y la continuó en Rumania y luego en Estados Unidos. La llegada transformadora de este episodio en su país fue un despertar para Pizarro, fue como si su distanciamiento con su patria hubiese terminado; es como si advirtiera que su España también estaba en tierras remotas, pues el sentimiento que emanaba de ello le hablaba en un lenguaje que entendía y compartía.

Con los méritos ganados en su tiempo en tierra nipona, terminó en Estados Unidos cuando la República estaba en sus años críticos. Desde su actividad diplomática dejó un legado cultural inadvertido, y gracias a su intercesión El Guernica, la obra de Pablo Picasso, tuvo resguardo en Estados Unidos. Se le debe en gran parte el hecho de que se conserve todavía una de las obras gráficas más importantes de la pintura moderna, y una denuncia directa a la brutalidad de la guerra.

Para el público colombiano puede haber algo más llamativo sobre esta historia de lo que podría ser un tritagonista de la cultura y diplomacia hispánica del siglo XX. Se trata de lo siguiente: el último recuerdo vivo de Pizarro se encuentra en un municipio del país, en Roldanillo, Valle del Cauca. Se trata de la señora Águeda Pizarro, hija de Miguel y viuda del artista Omar Rayo. Lamentablemente, a las mujeres atrapadas en vorágines culturales, como a la señora Águeda o la escritora mexicana Elena Garro, se les recuerda más por la constelación masculina en la que terminaron inmersas, pero a veces se olvida su luz propia. Este artículo no puede hacer toda la justicia que merece la señora Águeda Pizarro, y lamentablemente la subsume en gran medida a la figura de su padre, pero es digno de destacar su vocación de poetisa, investigadora y de promotora cultural en el Valle del Cauca y en el país. Precisamente, si se sabe algo sobre Miguel Pizarro es gracias a ella, quien es su vocera principal, especialmente por su estudio titulado Miguel Pizarro, flecha sin blanco (2004).

En el poema ya referenciado, García Lorca le decía a Pizarro que “El Japón es un barco/ de marinos antipáticos”. Entre esa espesa atmósfera de antipatía, Pizarro fue ágil y capaz de despertar interés en su país y su vida, contar desde el exilio lo que era su patria. Desde el Japón, usó los recursos espirituales y artísticos para hablar de su exilio, en una obra de teatro noh, que también es considerada como auto sacramental, llamada Auto de los despatriados. Desde ese país se hizo diplomático en el recorrido y aprendió tenazmente la labor, sin dejar de pensar en sus conciudadanos y en el espíritu de su nación. La flecha sin blanco, que decía García Lorca, había hecho de su exilio su diana, finalmente había impactado, así fuese en el vacío.

*Fernando Suárez Sánchez, es Tercer secretario de la Carrera Diplomática e historiador de la Universidad Nacional de Medellín.

La agenda ambiental en México enfrenta una paradoja: el poco presupuesto que se le destina al tema muestra que no es una prioridad en las políticas públicas, pese a que se trata de un asunto vital si se desea seguir siendo una nación megadiversa, con acceso a los servicios ecosistémicos y con herramientas que permitan mitigar los efectos de fenómenos climáticos cada vez más extremos.

Y esto último lo saben bien aquellas personas y comunidades que persisten en la defensa del ambiente y el territorio, incluso con los riesgos que esto implica en un país con una creciente militarización y en donde la presencia de los grupos del narcotráfico es apabullante.

El sector ambiental se ha debilitado en los últimos años. Desde 2016 y hasta 2021, el presupuesto destinado a este sector se redujo año tras año, de acuerdo con un reciente análisis de la coalición de organizaciones civiles Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa). Aunque a partir de 2022 el presupuesto ha tenido un repunte, no ha retomado los montos registrados entre 2012 y 2016. Además, la mayor parte del presupuesto de ese año y del 2023 se destinó a la construcción de grandes obras hidráulicas a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para 2024 se prevé que el sector ambiental reciba 11.4 % menos recursos que este 2023 (70,245.5 millones de pesos, unos 4098 millones de dólares).

Especialistas en diversas áreas de la agenda ambiental coinciden en que la falta de presupuesto del sector ambiental explica su deterioro institucional, que se refleja en deficiencias para la protección y conservación del ambiente y los recursos naturales.

De cara al último año de la administración del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Mongabay Latam presenta un balance en cinco aspectos de la agenda ambiental durante 2023.

Lo grave: deforestación, problema crítico en la selva

La deforestación persiste y se ha acentuado en las selvas del sur y sureste del país. Tan sólo en 2021 —el año más reciente del que se tiene información oficial—, el territorio nacional perdió 118 490 hectáreas de selvas húmedas y secas; esa cifra representa el 70.6 % de la superficie total deforestada durante ese año.

La región que abarca casi la totalidad de Campeche, el norte de Chiapas, Yucatán y el sureste de Quintana Roo es una de las “zonas críticas” de deforestación que identifica la Comisión Nacional Forestal (Conafor). En ese territorio se encuentran importantes ecosistemas como la selva maya, una de las reservas de bosque tropical más importantes en América Latina.

En esa zona se construye el llamado Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha sido señalado por científicos, ciudadanos, comunidades y organizaciones no gubernamentales por sus riesgos e impactos ambientales y sociales, pero también porque no ha respetado el marco legal.

Un análisis de la organización CartoCrítica, dado a conocer en agosto de 2023, calculó que al menos 6 659 hectáreas de selva han sido deforestadas como consecuencia de la construcción del Tren Maya. Además, encontró que el 87 % de esa superficie no contaba con autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales al momento del desmonte. También mostró que, en junio de 2023, poco más 67 hectáreas fueron deforestadas a pesar de estar dentro de un área con una suspensión judicial que impedía cualquier actividad de tala o desmonte, lo que implicaría una “presunta ilegalidad y desacato”, según CartoCrítica.

La cobertura forestal del sureste del país no se ha perdido sólo por la construcción del Tren Maya. La agroindustria —con monocultivos como la soya, caña de azúcar y palma de aceite—, la ganadería industrial, los proyectos turísticos e inmobiliarios también han impulsado la deforestación.

Perder cobertura forestal implica quedarse sin servicios ambientales invaluables, como la formación y retención de suelo, la recarga de los mantos freáticos y la infiltración del agua al subsuelo. Otro problema es la degradación de los bosques, que ocurre cuando se pierde la densidad forestal y disminuyen los servicios que brindan estos ecosistemas. La degradación de la cobertura forestal no se ha dimensionado, pero podría alcanzar el mismo volumen que el de la deforestación, resalta José Iván Zúñiga, gerente de Paisajes Forestales del World Resources Institute (WRI).

Desde 2017, el presupuesto anual de la Conafor se ha reducido significativamente en comparación con los años previos. De 2010 a 2016, cada año recibió, en promedio, 6 mil 757 millones de pesos, mientras que en los siguientes seis años, ese presupuesto se redujó prácticamente a la mitad, 3 mil 296 millones de pesos anuales (191.5 millones de dólares al tipo de cambio vigente a fines de 2023), de acuerdo con datos de la misma dependencia. Para 2023, los ingresos de Conafor se redujeron nuevamente y recibió un presupuesto de 2 mil 933 millones de pesos (170.5 millones de dólares, al tipo de cambio actual), el monto más bajo de los últimos 12 años. Para 2024, se prevé que reciba 3 mil 72 millones de pesos (176 millones de dólares, al tipo de cambio vigente).

La falta de recursos, con las consecuentes carencias institucionales, ha mermado la atención y vigilancia en otros temas que también se relacionan con la pérdida de cobertura forestal como los incendios, las plagas y las enfermedades del arbolado, señala Zúñiga.

Datos de Conafor muestran que de enero al 23 de noviembre de 2023 ocurrieron 7,477 incendios forestales, más que en cualquier otro año del último lustro. Además, también ha sido el año con la mayor superficie afectada por estos incidentes desde 1998: 1 millón 13 mil 244 hectáreas.

La superficie forestal afectada por las plagas también ha aumentado respecto a los dos años previos, al alcanzar 24 453 hectáreas entre enero y junio de 2023. En el año 2021, fueron 18 767 y en 2022, 19 421 hectáreas, de acuerdo con datos de la propia Conafor.

“Son dos factores que no hay que dejar de lado, que son importantes porque además están creciendo y es totalmente previsible que van a seguir creciendo conforme el clima siga cambiando”, dice Zúñiga.

Lo preocupante: violencia en contra de personas defensoras

A pocos días de iniciar el 2023, la desaparición del líder comunitario y defensor ambiental Antonio Díaz Valencia y del abogado Ricardo Lagunes Gasca fue la confirmación de que la violencia contra las personas defensoras del ambiente y el territorio no se detiene en México. Todo lo contrario.

Desde el 15 de enero de 2023, día en que el vehículo en el que Díaz y Lagunes viajaban fue atacado con arma de fuego en los límites de Michoacán y Colima, se desconoce su paradero. Ellos son parte de las 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta agosto de este año, de acuerdo con una investigación de Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

El informe más reciente de Global Witness, publicado en septiembre de 2023, ubica a México como el tercer país más letal para las personas defensoras del ambiente y el territorio. La desaparición y asesinato del defensor indígena de la Sierra de Manantlán, en Jalisco, Higinio Trinidad de la Cruz, el 25 de noviembre de 2023, confirma esta tendencia.

Gabriela Carreón, coordinadora de la organización Territorios Diversos para la Vida (Terravida), advierte de un recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras del ambiente, así como nuevas situaciones que también son de alarma. Una de ellas es la creciente presencia militar en las regiones donde se llevan a cabo proyectos de infraestructura, especialmente en la Península de Yucatán, que ha tenido un efecto de inhibición de actividades como la protesta social.

“Hay un temor muy fuerte de generar actos de protesta social y la sola presencia [de los militares] ya ha generado impactos que merman la defensa misma de las personas defensoras”, dice Carreón.

Otra situación que se ha acentuado es la criminalización de las personas defensoras, en donde el poder judicial juega un papel clave, aunque no se le suele identificar entre los perpetradores de agresiones contra personas defensoras.

Otra tendencia que Carreón señala como de alarma es la estigmatización de las personas defensoras y organizaciones que les acompañan, que también tiene efectos inhibidores en la defensa.

México es parte del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional que busca, entre otras cosas, que los Estados protejan a las personas defensoras del ambiente y les garanticen un entorno seguro. Sin embargo, en el país su implementación sigue pendiente.

Carreón considera que una adecuada implementación del Acuerdo debería implicar no sólo modificaciones de las leyes, sino también acciones de política pública que involucren a las autoridades ambientales y no únicamente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el organismo gubernamental creado para proteger a quienes sufren agresiones por razón de su labor.

También considera que “las autoridades tendrían que hacer un diagnóstico amplio de cuáles son las necesidades de las personas defensoras, para que haya una real escucha”.

Sandra Patargo, coordinadora de Protección para las Américas de la organización Frontline Defenders, advierte que los megaproyectos han agudizado la violencia contra personas defensoras en ciertas zonas del país.

Un foco rojo es el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que consiste en un proyecto ferroviario que conecta el océano Pacífico con el Golfo de México y que, además, incluye infraestructura como carreteras, puertos, abasto de energía eléctrica y una decena de “polos de desarrollo”, cuya función es atraer inversiones.

En julio de este año, una Misión Civil de Observación —integrada por 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales— documentó las agresiones contra personas y comunidades defensoras del territorio que se oponen al Corredor Interoceánico. Los incidentes que registraron abarcan tres homicidios, ocurridos entre octubre de 2022 y julio de 2023, y 43 casos de denuncias penales contra autoridades locales y personas defensoras, además de casos de intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia física y psicológica, desalojos forzosos y difamación.

Patargo destaca la criminalización de varios integrantes de dos organizaciones de Oaxaca con mucha fuerza e historia en la resistencia, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT). “Es un mensaje muy poderoso, un mensaje que busca inhibir que otras personas sigan resistiendo de una manera tan fuerte”, considera.

Dichas organizaciones también han sido estigmatizadas por autoridades de distintos niveles de gobierno, dice Patargo. “Esto obviamente tiene un impacto en cómo se va legitimando la violencia dentro de los mismos territorios y se va criminalizando, o es más fácil la criminalización posterior”, considera.

Otro indicador del nivel de violencia, dice la defensora, es que los actos de intimidación han alcanzado a organizaciones nacionales e internacionales, y que han ocurrido agresiones incluso en contextos de la presencia de observadores, como ocurrió durante la Misión.

Lo crítico: sin acciones reales de mitigación y adaptación al cambio climático

El 24 de octubre de este año, la veloz transformación de Otis de tormenta tropical a huracán categoría 5, la más alta en la escala de Saffir-Simpson, en menos de 12 horas, mostró la vulnerabilidad de México ante los fenómenos meteorológicos extremos. Organizaciones ambientales señalaron la relación de ese desastre con la crisis climática por la alteración de la temperatura del océano.

México es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático. Un reciente informe de la UNAM, que compila diversos estudios, advierte que la continuidad de las altas emisiones aumentará considerablemente la frecuencia y magnitud de eventos extremos y sus daños asociados.

Otros efectos de la crisis climática en el país ya son una realidad. Las precipitaciones han crecido y se ha modificado su distribución en las estaciones del año, los periodos de sequía se han prolongado y los eventos extremos de lluvia aumentaron, refiere el informe. También el nivel medio del mar ha subido, sobre todo en el sur y noroeste del Golfo de México.

El gobierno actual ha relegado el tema y no está destinando recursos para la adaptación al cambio climático, considera Margarita Campuzano, portavoz del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

En 2023, el presupuesto asignado para acciones de adaptación y mitigación del cambio climático fue de 187 mil 968 millones de pesos (10 mil 924 millones de dólares), 52 % de esos recursos se invirtieron en el Tren Maya, de acuerdo con un análisis de Fundar. Un problema que señala la organización es que las dependencias gubernamentales no están obligadas a justificar si su presupuesto realmente se vincula con el combate al cambio climático.

Además de la falta de presupuesto para acciones reales de mitigación y adaptación al cambio climático, los recursos para atender los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos se redujeron este año. De acuerdo con Fundar, al programa Fondo de Desastres Naturales se le habían asignado 17 mil 156 millones de pesos (997 millones de dólares), pero posteriormente ese presupuesto se redujo a 13 mil 224 millones de pesos (768.5 millones de dólares).

Por otro lado, aunque México ocupa el lugar 13 de entre los mayores emisores de dióxido de carbono del mundo, de acuerdo con el Global Carbon Atlas, el gobierno federal sigue priorizando el uso de combustibles fósiles, como lo demuestra la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y el impulso al gas fósil, dice Campuzano, del Cemda.

A comienzos de julio de este año, un derrame de petróleo en el Golfo de México evidenció los riesgos de seguir apostando por combustibles fósiles. El derrame, que comenzó el 4 de julio en la plataforma Ek Balam Tapo Alpha, propiedad de Petróleos Mexicanos, se extendió sin control por varios días.

Los cálculos que entonces hicieron los científicos y organizaciones que alertaron del derrame indicaban que la mancha del hidrocarburo alcanzaba hasta 400 kilómetros. “Son situaciones que se han anunciado, se han alertado que van a ocurrir si le seguimos apostando a la exploración y la extracción de combustibles en el mar”, dice Campuzano.

Lo malo: protección y conservación sólo en el papel

Este año se decretaron 13 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), con lo que se alcanzaron 203 espacios de protección en una superficie total de 91 millones 608 mil 327 hectáreas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Los decretos no han estado acompañados de mayores asignaciones presupuestales, indispensable para asegurar la operatividad de la protección, señala Carlos Castillo Sánchez, codirector del programa Noroeste de México en Wildlands Network, miembro de la coalición Nossa. De hecho, el presupuesto de la Conanp se ha reducido significativamente desde el año 2017, de acuerdo con el análisis de Nossa.

Los dos últimos años, la Conanp ha recibido los menores presupuestos desde hace más de una década, según el análisis de Nossa. El próximo año no será distinto, a pesar de que tendrá un aumento marginal en su presupuesto de apenas 0.9 %.

Para dimensionar la importancia del presupuesto, Nossa calcula que con el monto presupuestado apenas se destinarían 10.7 pesos (0.62 dólares) por hectárea protegida. En 2016, el año con el mayor presupuesto de Conanp, se podían gastar 26.5 pesos (1.54 dólares, al tipo de cambio actual) por hectárea protegida. Esta falta de recursos hará que muchas de las nuevas ANP queden como decretos “de papel”, considera Castillo.

La investigadora María del Carmen García Rivas, directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, coincide en que más allá de los decretos, para hacer funcionales a las ANP es indispensable brindarles recursos presupuestales y humanos.

“¿Qué pasa cuando no tienes personal operativo en el área? No hay un cumplimiento de la ley, no hay información, no hay supervisión de las actividades”, ejemplifica. “Por otro lado, Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] está muy adelgazada y no hay seguimiento a los procesos legales. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente no se cumple la ley y en los ecosistemas se ve reflejado en un impacto importante”, dice García.

Castillo advierte que la falta de operatividad de las áreas bajo protección incluso podría representar responsabilidades para servidores públicos, ya que al decretarse una ANP se debe cumplir con un plan de trabajo en un plazo determinado, lo que requiere contar con un equipo de trabajo o encargado de área. Todo eso sólo es posible con los recursos suficientes.

El gobierno federal tiene previsto decretar al menos otras 22 ANP antes de que termine el sexenio y el presidente ha expresado su intención de romper el récord de decretos de ANP. Pero si la protección de esas áreas naturales no se ve reflejada en el presupuesto y en programas de manejo, “van a ser solamente un mero trámite, no van a estar cumpliendo con los objetivos de conservación”, opina Castillo.

En materia de protección de especies, el año termina con varios pendientes, entre ellos la actualización de la Norma Oficial Mexicana 059 para especies en riesgo y de la Carta Nacional Pesquera, que indica las estrategias y acciones para regular la pesca, señala Alejandro Olivera, representante de México del Centro para la Diversidad Biológica. También indica que no se aplica la ley ni se monitorea para evitar acciones ilegales que ponen en riesgo a especies que ya están en alguna categoría de riesgo, como las tortugas marinas y tres especies de pepino de mar: café (Isostichopus badionotus) y lápiz (Holothuria floridiana), en la Península de Yucatán, y el pepino café (Isostichopus fuscus) en el Golfo de California.

Si hay una especie que demuestra esa falta de acciones efectivas por la conservación es la vaquita marina (Phocoena sinus), de la que quedan apenas entre 10 y 13 ejemplares. Olivera recuerda que en esta administración se quitaron todos los apoyos y programas para su protección, además de que el establecimiento de nuevas reglas de pesca demoró dos años, y hasta la fecha no se han podido cumplir.

Una de las medidas implementadas por el gobierno federal fue la colocación, por parte de la Marina, de 193 bloques de concreto en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, a fin de contener las redes de pesca ilegal en donde las vaquitas quedan atoradas. La medida ha funcionado, pero no es una solución duradera.

El investigador critica que las acciones que se reportan como logros para la protección de este mamífero son cifras de tareas tan fútiles como la cantidad de recorridos de inspección, de los talleres impartidos o hasta de los panfletos que distribuyen. “Eso no representa ningún resultado”, considera.

Lo bueno: prohibición de la minería submarina​

El 8 de mayo de este año se publicaron las reformas a la Ley Minera, que modificaron la legislación vigente desde 1992 y que diversas organizaciones, comunidades y colectivos consideraban “lesiva para las comunidades y el ambiente”.

“Es importante reconocer que México cierra este año con una nueva ley en vigor […] que es mucho mejor que la que teníamos vigente antes”, dice Cecilia Navarro, integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, que reúne a pueblos y comunidades afectadas por la minería, organizaciones civiles y academia que buscan reformas a la ley minera.

La reformada ley, llamada ahora Ley de Minería, incluye el retirar el carácter preferente de la minería sobre otras actividades en los territorios y establece la consulta previa, libre e informada de pueblos y comunidades indígenas para obtener su consentimiento antes de otorgar una concesión.

También prohíbe la minería submarina y que esta actividad se realice en áreas naturales protegidas, zonas sin agua y en áreas donde se ponga en riesgo a la población. Además, obliga a tener un programa de manejo de residuos y un programa de restauración, cierre y post-cierre de las minas.

Pero su operatividad aún enfrenta desafíos. El 7 de junio de este año, diputados de los tres principales partidos de oposición al partido gobernante presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la ley, argumentando que no se había cumplido el proceso legislativo para su aprobación. Hasta noviembre de 2023 el asunto seguía en proceso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La industria minera también ha intentado evitar los efectos de la reforma. Para principios de octubre, las empresas mineras que operan en el país, tanto nacionales como extranjeras, habían interpuesto más de 500 amparos a la nueva ley, según informó el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

Otro frente que preocupa a la Colectiva Cambiémosla Ya es el reglamento de la nueva ley, en el cual se establecen las directrices para su implementación. Su elaboración está en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Economía, pero no escapa al riesgo de intromisiones de la industria minera, dice Navarro.

Uno de los aspectos que quedaron fuera de la nueva Ley de Minería fue establecer causas de nulidad de las concesiones, agrega Navarro, por lo que las empresas mineras pueden seguir manteniendo sus concesiones aún si, por ejemplo, causan desastres ambientales. Tal y como sucedió en el Río Sonora, afluente que el 6 de agosto de 2014 fue afectado por un derrame de 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. Se trata del mayor desastre minero registrado en el país. Y aunque la Semarnat estableció la responsabilidad de la empresa, la minera no perdió su concesión.

Otro tema en el que hay expectativa es el referente a la sustitución gradual del glifosato y la prohibición de la importación de maíz transgénico. El 13 de febrero de este año, el presidente López Obrador publicó un nuevo decreto que abrogó el publicado en diciembre de 2020, que planteaba la sustitución gradual del plaguicida para enero de 2024. En el nuevo decreto se estipuló como fecha límite el mes de marzo del próximo año. Respecto al maíz transgénico, el nuevo decreto establece que ya no se permitirá su importación para consumo humano, pero se mantiene para forraje y uso industrial.

Una situación que podría poner en riesgo el cumplimiento del decreto es que las instancias judiciales avalen los amparos que la agroindustria ha interpuesto para evitar su aplicación, señala Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM). Desde la publicación del decreto de 2020 se han interpuesto 37 amparos, de los cuales 20 continúan en disputa.

Otro riesgo es el panel de solución de controversias que Estados Unidos solicitó por las restricciones a la importación de maíz transgénico, agrega Bejarano, pues si México pierde podría alentar las expectativas de la industria de que es posible considerar una revisión también en el tema del glifosato.

Aunque Bejarano ve con optimismo que el próximo año se cumpla el plazo para la sustitución gradual del glifosato, subraya que no es suficiente porque no es el único plaguicida altamente peligroso que se usa en México. Hay por lo menos 183 ingredientes activos que entran dentro de esa categoría, señala.

Prohibir el glifosato es apenas “la punta del iceberg”.

* Imagen principal: Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, defensores de ambiente y territorio desaparecidos a principios del 2023. Fotografía: Ulises Martínez/ObturadorMX

El artículo original fue publicado por Mayela Sánchez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Antes de entrar al tema, es bueno saber que su autor, el historiador y filósofo holandés Johan Huizinga, que nació en Holanda el día de las velitas de 1872, es conocido sobre todo por su obra monumental El otoño de la Edad Media, publicada en 1919.

En el contexto actual, el título Homo ludens (1938) hace pensar que la perspectiva de este libro es biológico-evolutiva, pero no es así. Esta falsa impresión puede causar rechazo por el libro, básicamente porque el año en que fue escrito las ideas de la sociobiología todavía no hacían parte de la discusión académica.

Homo ludens es un libro rico en información y en investigación. Al estudiar la historia de numerosas culturas, Huizinga se dio cuenta de que el juego había estado presente en todas las culturas y en todas las épocas como una actividad esencial. Entre las características principales del juego, se destaca que aunque existen innumerables tipos de juegos, siempre implican una competencia, ya sea contra otros o contra uno mismo. Lo especial del juego es que la competición no tiene una finalidad alguna en la realidad. En los juegos se gana o se pierde. Los alemanes lo expresan diciendo que “no importan las canicas, lo que importa es el juego”. En otras palabras, que la meta de la acción se halla en el juego, por el juego mismo.

Lo bello del juego es que, a pesar de que las emociones son intensas, como si la vida y la muerte estuvieran realmente en juego, el resultado es inocuo. Hay excepciones. Claro. Hay que señalar que algunas personas enloquecen por el juego y que incluso hubo una guerra entre dos países por causa de un partido del fútbol.[i] Otra característica del juego es que, cuando no participamos en él, nos parece infantil el despliegue de emociones y la intensidad con la que los participantes se lo toman. Acerca de esto, nos cuenta Huizinga que el sha de Persia, en una visita que hizo a Inglaterra, rechazó cortésmente asistir a las carreras de caballos por la sencilla razón de que “ya sabía que un caballo corre más que otro”. La historia nos da risa, pero así son los juegos cuando uno no se ha involucrado emocionalmente.

En general, en las competencias subyace el deseo de aumentar el valor personal. La función del juego es demostrar quién es mejor. A veces la mejor forma de demostrar quién es mejor es mostrando quién es peor: quién es el más fuerte, porque puede acabar con el otro, quién tiene el poder de oprimir, quién es el más rico, que puede humillar al otro, y así. Animales y humanos utilizan las dos formas de mostrar superioridad, la buena y la mala, con el fin de ocupar los puestos más altos de la jerarquía.

Potlach, Wikipedia.

Había oído sobre el Potlach, pero era incrédula. Nunca estuve segura de que semejante locura fuera algo posible. Huizinga le dedica muchas páginas. Dice que en el potlash no se demuestra la superioridad tan solo gastando, como hacen las personas hoy en las bodas y festejos sociales (digo yo), sino también con la destrucción del patrimonio propio, para demostrar que se puede prescindir de este.

La palabra potlatch proviene de la lengua chinook, y significa regalar o regalo. En estas fiestas hechas por las familias poderosas de los pueblos indígenas de la costa del Pacífico noroeste de Norteamérica, tanto en los Estados Unidos como en la provincia de la Columbia Británica de Canadá, se regalaba, ostentaba y desperdiciaban bienes y alimentos, en exceso, para demostrar la superioridad económica sobre las otras familias. Pero esta forma de derroche no ha sido excepcional, nos muestra Huizinga, y da otros ejemplos como el de Tito Livio cuando habla del lujo excesivo con que se practicaban en Roma los ludi publici, lujo que degeneraba en una loca porfía, o cuando Felipe de Borgoña coronaba la serie de banquetes de sus nobles con la fiesta del Voeux du faisan. Y, digo yo, las hecatombes, entendidas como el sacrificio de cien bueyes, de las que habla Ulises en La odisea, era una manera de agradecer a los dioses, basada en el mismo principio. Tal vez la manera más absurda de gasto ha sido con los sacrificios en los que se mataban mujeres y niños para agradar a los dioses. ¿Qué hay detrás de esto? La necesidad de demostrar que se va a dar todo, a cambio de algo que se desea.

Del libro de Peter Watson, Ideas: “Los chinos practicaban una originalísima política de ‘generosidad conspicua con sus vecinos., lo que no sorprende por sus costes, elevados en extremo, y carácter sistemático’. Es probable que ningún país haya realizado esfuerzos semejantes por proporcionar regalos a sus vecinos. Con lo que el obsequio se elevó al a la categoría de arma política. En el año uno antes de C. los Han regalaron unos treinta mil rollos de seda. El cuarenta por ciento de los ingresos del país se destinaba para regalos”.[ii]

No hay duda de que el ego humano busca ser loado y honrado. El ingenio humano es grande cuando se trata de encontrar mecanismos para crecer el ego. Las personas nos hacemos alabar por nuestras virtudes, y por eso, más que desear “hacerlo bien” lo que deseamos es “hacerlo mucho mejor que los demás”. Para ser el primero, hay que demostrarlo con pruebas efectivas, ya sean de fuerza, destreza, valor, agudeza, sabiduría o habilidad artística, o también mediante la riqueza y la generosidad. Ese es el lado bueno; pero por el lado malo, difamando, denigrando a los otros, bajándolos, humillándolos también se logra. La regla dice que lo que ellos bajan es lo que yo subo.

Otros aspectos fascinantes del libro se tocarán en la segunda entrega de este artículo, que publicaré la próxima semana en este blog.

[i]Tomado de Wikipedia. Guerra del Fútbol, también conocida como guerra de las Cien Horas entre Honduras y El Salvador, donde también se la conoce como guerra de Legítima Defensa, fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras.

[ii] Watson, Peter. Ideas. Historia intelectual de la humanidad, Barcelona, editorial Crítica segunda ed. julio del 2009. P 313.

Casi veinte minutos después de las siete de la noche del domingo 15 de enero de 2023, una llamada telefónica al 911 lanzó la alerta. Una camioneta blanca con las llantas ponchadas por los balazos que recibió se encontraba a la orilla de una carretera, en la zona limítrofe de los estados de Michoacán y Colima. Horas después, se supo que en ese vehículo viajaban el defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia. Desde entonces, no se sabe nada de ellos.

Durante la mañana de ese domingo, horas antes de que los desaparecieran, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz habían encabezado una asamblea en San Miguel de Aquila, comunidad indígena nahua localizada en la región Sierra Costa de Michoacán.

En esa asamblea, el abogado y el líder comunitario informaron sobre los avances en la lucha legal que, desde hace casi cuatro años, tenían en tribunales. Por fin, en marzo de 2023 iban a poder realizar la ansiada elección de su comisariado, órgano de representación que por ley deben tener las comunidades agrarias.

El profesor Antonio Díaz se perfilaba como la persona que sería elegida como el presidente del nuevo comisariado. Él era el líder que en los últimos cuatro años había animado a la gente para organizarse; fue él quien buscó al abogado Ricardo Lagunes, un defensor de derechos humanos especializado en temas agrarios, para que fuera su asesor jurídico.

El abogado Lagunes aceptó e hizo mancuerna con el profesor Antonio Díaz para que la comunidad agraria de San Miguel Aquila lograra tener un órgano de representación elegido por la mayoría de los comuneros. Ese era uno de sus primeros objetivos.

Al tener a un comisariado electo como marca la ley agraria, el grupo mayoritario de comuneros —como ellos mismos lo llaman— podría defenderse mejor ante las denuncias presentadas por un grupo minoritario que, desde 2019, había tomado en forma fraudulenta la representación de la comunidad agraria.

Además, la mayoría de los comuneros tendría herramientas para reclamar a la empresa minera Ternium un pago justo por la explotación de hierro que, desde la década de los noventa, realiza en el territorio de San Miguel Aquila. También evitarían que la actividad minera se extendiera a otros terrenos de la zona.

Pero todo eso se detuvo el 15 de enero de 2023, cuando en la carretera que va de Colima a Morelia, un grupo de hombres disparó en dirección a las llantas del vehículo donde viajaban Ricardo Lagunes, de 41 años, y Antonio Díaz, de 71.

En el lugar sólo quedó la camioneta blanca con las llantas ponchadas.

Ricardo Lagunes y Antonio Díaz forman parte de la lista de, al menos, 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta el 1 de agosto de 2023; 39 de ellas continúan sin ser localizadas.

Estas cifras se desprenden de una documentación elaborada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos como parte del proyecto periodístico “Defensores desaparecidos”.

Cuando desaparecieron al abogado Lagunes y al profesor Díaz, México ya era ubicado como uno de los cinco países más peligrosos para los defensores del ambiente y el territorio, de acuerdo con la organización no gubernamental Global Witness. Sin embargo, su caso mostró que la desaparición es una más de las violencias que se ejercen en contra de quienes defienden ríos, bosques, cerros y todo aquello que da vida a un territorio.

De profesor a defensor del territorio

Antonio Díaz creció en una ranchería del municipio de Aquila. Gracias a una beca, cursó la secundaria. Por un tiempo dejó las tierras michoacanas para estudiar en la Escuela Normal de Durango. “No se suponía que él terminara una carrera, porque venía de una familia (de diez hermanos) donde a veces no había ni para comer”, dice un familiar que vive en San Miguel Aquila y pidió no ser identificado.

Desde que desaparecieron a Lagunes y Díaz, el miedo se instaló en la comunidad.

Díaz se convirtió en uno de los primeros profesionistas de San Miguel Aquila. Cuando comenzó a ejercer como maestro, becó a otras personas de la región para que también salieran a estudiar. “Tiene muchos ahijados y ahijadas de profesión y se ha ganado el cariño y el respeto de la comunidad en general”, comenta la historiadora María de Jesús Ramírez, originaria de Aquila.

El profesor Díaz fue supervisor de escuelas y desde ahí impulsó mejoras en las comunidades que estaban a su cargo. En el poblado de Guagua, en la costa de Michoacán, por ejemplo, logró que los niños tuvieran desayunos escolares y uniformes, cuenta su hija Brenda Díaz. Ella, con orgullo, da un dato más que habla del tesón de su padre: “Cuando llegó a la zona había nueve escuelas, cuando él se retiró había más de 20”.

Desde muy joven, Antonio Díaz afianzó su liderazgo en la región. Fue presidente municipal de San Miguel Aquila a los 21 años; a los 71, ya lo conocían como “Tata Toñito”. En tierras michoacanas la palabra Tata se usa para referirse a los hombres sabios, explica Estela Meneses, activista de Colima y amiga del profesor.

Por eso, no extraña que Díaz se haya colocado como uno de los líderes del grupo mayoritario de comuneros de San Miguel Aquila.

Una comunidad tocada por la minería

Para entender el contexto que está alrededor de la desaparición de Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz es necesario mirar al territorio.

La comunidad indígena nahua de San Miguel Aquila está enclavada en la sierra de Michoacán que mira hacia el océano Pacífico, entre los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima.

Además de su cercanía a dos de los principales puertos del país, estas tierras serranas se distinguen por tener uno de los principales yacimientos de hierro en México, de acuerdo con lo documentado por investigadores del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es un territorio con “cerros de metal”, así lo describe la historiadora María de Jesús Ramírez, quien nació en Aquila y es esposa de Ricardo Lagunes.

Esos cerros de metal atrajeron a la Compañía Minera Los Encinos, una filial de Hylsa. En 1980, la empresa llegó a la zona para abrir una mina. “Las primeras actividades estuvieron encaminadas a evaluar el potencial minero. En 1983, por problemas sociales en la región, se suspendieron los trabajos”, escribe el doctor en sociología Eleocadio Martínez Silva, en el artículo científico “‘No te acabes tierra roja’. Consensos y resistencias en el enclave minero de Aquila, Michoacán”, publicado en 2015.

Los problemas sociales a los que se refiere el investigador es la resistencia de los habitantes de la zona a que en sus tierras se realizaran actividades mineras. Eso no impidió que en 1990 la empresa consiguiera un contrato de ocupación temporal con los comuneros. Sin embargo, Martínez Silva señala que es hasta 1998 que se inician los trabajos de explotación de hierro.

En 2005, la mina El Encino, ubicada en la comunidad agraria de San Miguel Aquila, es adquirida por el Grupo Techint, un conglomerado de empresas ítaloargentino, al cual pertenece Ternium, una de las principales productoras de acero en Latinoamérica.

Defensa de territorio que llevan a Aquila

La historiadora María de Jesús Ramírez recuerda que siempre han existido diferencias entre los comuneros y la empresa que opera el complejo minero Los Encinos.

En diciembre de 2011, esas diferencias escalaron y llevaron a que los comuneros bloquearan las instalaciones de la mina para exigir que la empresa pagara una cantidad justa por la explotación del metal.

Tres meses después, en marzo de 2012, los comuneros firmaron un acuerdo con la empresa minera y ésta se comprometió a pagar 3.8 dólares por cada tonelada de hierro extraída. 

En una asamblea general, además, se decidió que 465 comuneros, que en ese entonces integraban el padrón de la comunidad agraria, recibirían el pago mensual de la mina. Poco tiempo después, la empresa Ternium publicó en los periódicos locales que le iba a pagar poco más de 18 000 pesos mensuales a cada comunero (alrededor de 1300 dólares, de acuerdo con el tipo de cambio del año 2012). “Nos puso el dedo para que el crimen organizado viniera a secuestrar y extorsionar”, le dijo uno de los comuneros al periodista Ernesto Martínez, en agosto de 2013.

En ese entonces, los comuneros de Aquila denunciaron que las extorsiones las realizaban integrantes de los Caballeros Templarios, cártel que entonces tenía una fuerte presencia en buena parte del estado de Michoacán.

Para protegerse de esta amenaza, varias comunidades del estado, entre ellas San Miguel Aquila, crearon una Guardia Comunitaria. Esta estrategia no prosperó, pues a mediados de 2013 al menos 40 policías comunitarios fueron arrestados, después de que el gobierno estatal los acusara de portación de armas exclusivas del ejército.

María de Jesús Ramírez buscó a un abogado que pudiera representar a los guardias comunitarios encarcelados. Así conoció a Ricardo Lagunes. En 2018, se casaron y un año después tuvieron una hija.

Ser defensor de derechos humanos

Ricardo Lagunes creció en Orizaba, Veracruz. Él y su hermana estudiaron en una institución Marista; desde jóvenes participaron en misiones religiosas. En Orizaba “no había mucho que hacer, o eras scout o ibas a la iglesia”, dice Antoine Lagunes, quien recuerda que cuando eran niños, si alguien repartía dulces, su hermano se preocupaba porque a todos les tocara igual.

Como Antoine, Ricardo Lagunes se mudó a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Después de graduarse en leyes, Lagunes trabajó en un juzgado, pero no duró mucho. Salió del país para estudiar la Maestría en Protección de Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá, en España.

El abogado comenzó a forjar su trabajo como defensor de derechos humanos en la década de los noventa. Fue en ese tiempo cuando la familia Laparra lo conoció.

Rocío Laparra aún recuerda el desconcierto que sintió cuando dos agentes del Ministerio Público la citaron a declarar por el asesinato de su exnovio. Ella tenía 16 años y vendía pasteles en Tapachula, ciudad fronteriza de Chiapas, al sur de México.

En las oficinas del Ministerio Público, cuatro policías judiciales la torturaron a ella, a su mamá y a su hermano de 14 años. Días después, Ananías Laparra, un albañil que no sabía leer ni escribir, fue acusado y sentenciado a 28 años de cárcel por el asesinato del exnovio de su hija.

Desesperados, los Laparra buscaron a un abogado. Tomó tiempo, pero finalmente lo encontraron. Ricardo Lagunes llevó el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Gracias a eso, en 2016, el gobierno mexicano reconoció la inocencia de Ananías Laparra y se disculpó por los 15 años que pasó en prisión injustamente.

Ricardo Lagunes llevaba casos como el de la familia Laparra, pero también acompañaba a varias comunidades indígenas en su defensa del territorio. En Chiapas, representó a comunidades tzeltales que se opusieron al desarrollo de un proyecto turístico en las cascadas de Agua Azul.

Después de trabajar en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas, y como abogado independiente, Ricardo Lagunes fundó la organización Acceso y Defensa en Derechos Humanos. Desde ahí acompañó legalmente al grupo comunitario de San Miguel Aquila, representó a las comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y asesoró a la comunidad maya de Ixil que ha denunciado el intento de despojo de sus tierras comunales por parte de desarrollos inmobiliarios.

Tribunal Agrario ignoró a defensores

En el año 2019, la división que desde hace años ya existía entre los comuneros de San Miguel Aquila se profundizó. Fue entonces cuando Ricardo Lagunes tomó el caso.

A partir de entonces, al abogado y al profesor se les miraba juntos en tribunales, presentando amparos, yendo a oficinas gubernamentales o participando en alguna de las manifestaciones que los comuneros realizaban frente al Tribunal Unitario Agrario 38, en la ciudad de Colima.

Una de esas manifestaciones se realizó el 17 de enero de 2022, un año antes de que los desaparecieran. Ese día, Lagunes, Díaz y cerca de cien comuneros se manifestaron afuera de las instalaciones del tribunal. Es ahí, en una entrevista, que el abogado explicó lo que sucede en San Miguel Aquila.

“Un grupo de personas se han ostentado de manera ilegal como el comisariado de San Miguel Aquila desde agosto de 2019”, señaló Lagunes. Sus palabras se pueden escuchar en un video que aún está disponible en la página de Facebook de Tlanesi.

El 30 de julio de 2019, detalló el abogado, un grupo minoritario de comuneros — unas 40 personas— reeligió en forma fraudulenta a los integrantes del comisariado, el órgano que representa a la comunidad. Ellos, aseguró, ocupaban esos cargos desde 2016, pese a que la ley agraria prohíbe la reelección de esos puestos.

Además, a partir de ese año, un grupo de personas presentó decenas de demandas en contra de la comunidad agraria, para que se les reconociera como comuneros y, por lo tanto, se les integrara en la lista de quienes reciben el pago de la mina. “El comisariado de San Miguel Aquila, que está desde 2016, dejó que se perdieran los juicios, porque está coludido con esos demandantes”, acusó Lagunes.

A partir de 2019, el abogado Lagunes y el grupo mayoritario de comuneros recurrieron a la vía legal para demostrar que no era válida el acta de asamblea en donde supuestamente se había elegido a los representantes comunales. En enero de 2021, las autoridades agrarias les dieron la razón y determinaron que se debía realizar una nueva elección de comisariado.

Ya había pasado un año de esa resolución y el Tribunal Unitario Agrario seguía reconociendo al comisariado que no había sido elegido de acuerdo a lo que marca la ley. “Hemos agotado todas las instancias, pero el tribunal se ha aferrado a que va a seguir con los trámites y los juicios en contra de la comunidad”, dijo indignado Lagunes.

Durante la manifestación afuera del tribunal, los comuneros denunciaron que los integrantes del grupo minoritario eran afines a la empresa minera. Un comunero lanzó una acusación más: “(Los del tribunal) le están haciendo caso a un grupo de comuneros que han falsificado firmas, que están coordinados con el crimen organizado”.

No era la primera vez que los comuneros denunciaron la infiltración del crimen organizado. Esas denuncias las habían realizado desde el año 2019.

Sus reclamos se quedaron en el aire.

Un río sin langostinos

Para el grupo mayoritario de comuneros de San Miguel Aquila era prioritario y urgente tener la asamblea para elegir a un nuevo comisariado. Eso les permitiría continuar con las acciones legales para exigir a la mina pagos justos por cada tonelada de hierro extraída y por la ocupación temporal de las tierras comunitarias.

Los comuneros han señalado que, desde 2019, la empresa minera planteó sus intenciones de extender la explotación minera. Esos planes están detenidos. Es necesario que San Miguel Aquila tenga una representación elegida por la mayoría de los comuneros y reconocida por las autoridades agrarias para que se pueda plantear en asamblea si se autoriza la expansión de la minería.

Durante la manifestación realizada en enero de 2022, afuera del Tribunal Unitario Agrario 38, un periodista de Tlanesi entrevista> al profesor Antonio Díaz, quien advirtió: “El ambiente social en Aquila es demasiado tenso”.

Díaz también habló de lo que ha llevado la minería al territorio michoacano. Mencionó la deforestación, el daño a los mantos acuíferos y la erosión: “Justifican que se debe quitar cierta tierra, ciertos arroyos para seguir explotando… Antes el arroyo que pasa a un lado de ellos, donde está la mina, iba usted y en media hora sacaba sus langostinos para comer toda una familia de diez gentes. Ahorita, ya no hay ni agua”.

El profesor Díaz aseguró que la minera hacía perforaciones de hasta 300 metros de profundidad que, “al dinamitarse, mueven las capas de la tierra y desvían las corrientes”.

Casi al final de la entrevista, Díaz comentó: “En todos los convenios que se han firmado (con la mina) se ha pedido respeto a la unidad comunal para que no haya esa labor de división… Se ha firmado y no se ha cumplido”.

El profesor Díaz, dice su familiar que vive en San Miguel Aquila, “defendía completamente el medio ambiente y los recursos de la comunidad indígena. El grupo minoritario siempre fue servidor de la mina”.

En mayo de 2022, el grupo mayoritario de comuneros realizó una nueva manifestación en el Tribunal Unitario Agrario 38.

Para abogados y amigos de Ricardo Lagunes, como Julián Vázquez, los magistrados y secretarios del Tribunal Unitario Agrario 38 también tienen responsabilidad en la desaparición de los defensores.

Antes de la desaparición, las amenazas

Los familiares y amigos de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz han tocado todas las puertas posibles y se han reunido con funcionarios de todos los niveles. “Solamente no nos hemos reunido con el presidente, porque no nos ha recibido”, dice Antoine Lagunes.

La desaparición de Lagunes y Díaz provocó una movilización casi inmediata de organismos internacionales. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y la CIDH adoptaron medidas para llamar a las autoridades mexicanas a realizar la búsqueda y localización con vida de los defensores.

El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU requirió a México para que exija a la empresa Ternium debida diligencia en relación al impacto de sus actividades en los derechos humanos.

Una semana después de la desaparición de Lagunes y Díaz, comuneros y habitantes de San Miguel Aquila tomaron las instalaciones de la mina; exigían que la empresa participara en la búsqueda con vida de los defensores. El 5 de julio, la mina retomó su actividad.

Seis meses después de la desaparición de Lagunes y Díaz, sus familiares, amigos y organizaciones no gubernamentales publicaron un comunicado en el que enfatizaron que el abogado y el líder comunitario fueron víctimas de desaparición “por su trabajo de defensa del medio ambiente y el territorio frente al desarrollo minero”.

También demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar “la presunta participación de funcionarios vinculados con la empresa minera Ternium que realiza trabajos de explotación de mineral en el municipio de Aquila”.

Gente cercana a los defensores señala que en mayo de 2022, un empleado de la empresa minera solicitó hablar con Antonio Díaz. Le pidió que autorizara a la mina una ampliación del polígono en el que están asentados. El profesor se rehusó diciendo que él no era el comisariado. 

A mediados del 2022, Díaz acudió a una reunión con representantes de Ternium y presidentes municipales de la región. “No sabemos qué pasó, ni que se dijo ahí, pero el profesor se incomunicó con los comuneros por más de dos meses”, comentan.

Díaz volvió a tener contacto con las personas de San Miguel Aquila hasta finales de noviembre de 2022. En una asamblea realizada en diciembre de ese año, el profesor denunció que había sido amenazado.

“Hemos rechazado y negado públicamente cualquier especulación de que Ternium y/o Las Encinas tuvieran algún involucramiento o conexión con la desaparición de los señores Díaz Valencia y Lagunes Gasca”, estableció la empresa en un comunicado del 20 de febrero de 2023. Ese documento lo compartieron con esta alianza periodística en mayo de 2023, cuando se les solicitó su versión sobre los hechos.

A finales de septiembre de 2023, esta alianza periodística volvió a solicitar a Ternium su postura sobre la demanda vigente de los familiares y organizaciones no gubernamentales, de que se investigue a funcionarios de la empresa. “Ternium rechaza categóricamente toda especulación sobre cualquier involucramiento o conexión con su desaparición, así como cualquier tipo de comportamiento en contra de la ley”, respondió el equipo de comunicación.

Desde abril, la FGR informó de la detención de dos personas, a las que se les acusa del delito de desaparición cometida por particulares. Entre ellos está José Cortés Ramos, uno de los líderes del grupo minoritario de comuneros y quien fue presidente municipal de Aquila entre 2008 y 2011.

Hasta ahora, esas detenciones no han permitido saber en dónde están Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.

Una región bajo acecho

Días antes de la desaparición de Lagunes y Díaz, se registraron varios homicidios en el municipio de Aquila. Tres guardias comunitarios de Santa María Ostula fueron asesinados. La comunidad señaló como responsable al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que tiene una fuerte presencia en el estado vecino de Colima y que desde hace tiempo busca tener el control territorial de la sierra y costa de Michoacán.

Santa María Ostula, como su vecina San Miguel Aquila, también ha presentado denuncias ante el Tribunal Unitario Agrario 38 para el reconocimiento de su territorio. En la actualidad, hay cuatro defensores del territorio de Ostula que continúan desaparecidos.

Después de la desaparición de Lagunes y Díaz, la violencia en contra de las comunidades vecinas a San Miguel Aquila continuó. El 1 de abril de 2023, el líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, Eustacio Alcalá fue desaparecido. Tres días después encontraron su cadáver.

Desde 2017, San Juan Huitzontla declaró su territorio libre de minería y, con la asesoría de abogados del Centro Prodh, comenzó una lucha jurídica para el reconocimiento de su territorio indígena y la cancelación de las concesiones mineras que están a nombre de las empresas Las Encinas, filial de Ternium, y de Servicios Minero Metalúrgicos de Occidente. En enero de 2023, el juez emitió una sentencia a favor de la comunidad, la cual ha sido apelada por las empresas.

Eustacio Alcalá fue una de las personas que firmaron el amparo en contra de las concesiones y uno de los líderes comunitarios que se oponían a la minería.

Meses después del asesinato de Alcalá, la región volvió a perder a un defensor de territorio. El 1 de agosto de 2023 se reportó la desaparición del indígena nahua Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, integrante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula. Nueve días después, su cuerpo fue localizado con huellas de tortura. Tenía 20 años.

Un mecanismo que no funcionó

Quienes los conocen coinciden en comentar que Antonio Díaz y Ricardo Lagunes tienen algo en común: los dos siempre respetaron los procedimientos legales.

“Todo lo hizo conforme a la ley, con apego a las decisiones comunales”, dice un familiar del profesor Díaz.

Lagunes siempre confió en las instituciones, dice su amiga y abogada Rita Robles. “Como abogado siempre usó todos los mecanismos y herramientas jurídicas para poder destrabar las cosas. Confió en un aparato de justicia que no funcionó”.

Los dos defensores también tenían diferencias notables.

“Toñitoes todo lo sociable y desinhibido que Ricardo de pronto no puede ser. Ricardo es muy técnico en muchos sentidos”, dice su esposa María de Jesús Ramírez, quien apunta que con esas coincidencias y diferencias, integraron una amalgama perfecta para la defensa del territorio en Aquila.

La abogada Rita Robles recuerda que Lagunes ya había recibido varias amenazas a lo largo de su trayectoria como defensor de derechos humanos. Una de ellas se desató por el caso de las cascadas de Agua Azul, en Chiapas. Fue por eso que estaba dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ese mecanismo no logró evitar la desaparición de los dos defensores.

Además de representar a la comunidad agraria de San Miguel Aquila, Lagunes llevaba alrededor de otros 20 casos en todo el país. “No es fácil que esas comunidades y personas simplemente encuentren otro abogado pro bono, sin el interés económico, interesado en llevarles sus asuntos”, dice Alejandra Gonza, amiga de Lagunes y directora ejecutiva de Global Rights Advocacy, centro de derechos humanos con sede en Seattle, Estados Unidos.

La desaparición de Lagunes y Díaz representó un fuerte golpe para todos los defensores de derechos humanos en México. “Seguimos en shock —confiesa Rita Robles—, no alcanzamos todavía a dimensionar lo que implica la desaparición de un defensor de derechos humanos”.

Ocho meses después de la desaparición de Lagunes y Díaz, su trabajo como defensores sigue presente.

La asamblea para elegir al comisariado de San Miguel Aquila, por la que tanto lucharon, se realizó por fin el 20 de septiembre de 2023; sólo participó el 40 % del total de comuneros reconocidos en el padrón, de acuerdo con una nota publicada en A dónde van los desaparecidos>. Uriel Gutiérrez de la Cruz fue elegido como el nuevo presidente del comisariado.

Además, el 30 de agosto de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso del defensor ambiental Juan Vázquez Guzmán, asesinado en abril de 2013. Vázquez se opuso a la destrucción de las tierras ejidales y al desarrollo de proyectos turísticos en la zona donde se encuentran las cascadas de Agua Azul, en Chiapas.

Ricardo Lagunes es el abogado que, como representante de la familia de Juan Vázquez, llevó el caso hasta la CIDH y solicitó que se investigue, entre otras cosas, la responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones al derecho a la vida.

* Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos. 

* Ilustración: Tobías Arboleda

El artículo original fue publicado por Gina Jiménez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Sergio Rivera Hernández se transformó en defensor del ambiente y el territorio cuando se enteró de que una empresa pretendía modificar la vida de los ríos que serpentean por la Sierra Negra de Puebla, en México.

Celedonio Monroy Prudencio creció en la Sierra de Manantlán, en Jalisco, en un territorio en donde la minería de hierro ha cercenado los cerros.

En la plaza de Cherán, comunidad purépecha del estado de Michoacán conocida por la defensa de sus bosques, una placa recuerda los nombres de Armando Gerónimo, Rafael García, Jesús Hernández y Tirso Madrigal.

Durante varios años, los esposos Eva Alarcón y Marcial Bautista dirigieron el rumbo de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, dedicada a la defensa de los bosques en aquella región de Guerrero.

En la sierra que mira hacia la costa del Pacífico, en Michoacán, el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz hicieron mancuerna para lograr que la comunidad indígena de San Miguel Aquila tuviera una legítima representación ante los tribunales agrarios y en sus negociaciones con la mina de hierro que se encuentra en su territorio.

En la región mixteca de Oaxaca, Irma Galindo denunció la tala de árboles.

A todas estas personas las desaparecieron.

Sus nombres son parte de una lista de, al menos, 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México; 39 de ellas continúan sin ser localizadas, 36 se encontraron muertas y sólo 18 fueron halladas con vida.

De las 93 personas defensoras, 83 son hombres y 10 son mujeres.

Estas cifras se desprenden de una base de datos elaborada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos como parte de un proyecto periodístico que aborda la creciente problemática de la desaparición de defensores del ambiente y el territorio en México.

Este país figura entre los cinco más peligrosos para quienes defienden al ambiente y el territorio: al menos 185 personas defensoras fueron asesinadas en México entre 2012 y 2022, de acuerdo con el informe más reciente de la organización Global Witness. Ahora, por primera vez, existe una aproximación sobre cómo la desaparición también es utilizada como una violencia en contra de las personas defensoras; 40 % de quienes desaparecieron siguen sin ser encontradas, y la mayoría de las que aparecieron fueron halladas sin vida.

Para construir la base de datos, esta alianza periodística revisó informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y de Global Witness, también consultó a varias organizaciones no gubernamentales que trabajan este tema, o bien, tienen presencia en las comunidades afectadas. Otras fuentes de información fueron las noticias publicadas en medios de comunicación locales, así como entrevistas con familiares y personas cercanas a los defensores desaparecidos.

El lapso elegido para realizar esta documentación fue desde el 1 de diciembre de 2006, cuando comenzó lo que el gobierno de Felipe Calderón llamó la “guerra contra el narcotráfico”, hasta el 1 de agosto de 2023.

Los casos que se encontraron van desde el año 2008. El último registro que incluye esta documentación es del 1 de agosto de 2023, día en que se reportó la desaparición del indígena nahua Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos. Nueve días después fue localizado sin vida. El integrante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, tenía 20 años de edad.

Los datos recopilados en este trabajo periodístico ofrecen una dimensión de la creciente violencia que enfrentan quienes defienden ríos, bosques, cerros y todo aquello que da vida a un territorio. Y, en especial, las comunidades indígenas. De las 93 personas defensoras que han sido víctimas de desaparición en México, 62 (el 67 %) pertenecen a un pueblo originario.

Seis de cada diez casos que figuran en la base de datos sucedieron durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 1 de agosto de 2023, se documentaron 58 personas defensoras del ambiente y el territorio víctimas de desaparición; 28 fueron localizadas muertas, diez han sido halladas con vida y de 20 aún no se sabe nada. Entre ellos están el abogado defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes y el líder comunitario nahua Antonio Díaz.

Territorios marcados por la desaparición

El domingo 15 de enero de 2023, las vidas del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz fueron cubiertas por la bruma de la incertidumbre. Ese día fueron desaparecidos mientras viajaban por carretera con destino a Colima. La mañana previa a su desaparición participaron en una asamblea en San Miguel Aquila, comunidad indígena que se localiza en la región Sierra Costa de Michoacán y en donde funciona una de las minas de hierro más grandes del país.

El caso de Lagunes y Díaz recuerda una vez más que México es uno de los países más peligrosos para quienes defienden el ambiente y el territorio.

Así lo confirma el último reporte de Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 documenta los asesinatos que sufren los defensores ambientales en todo el mundo. De acuerdo con las cifras más recientes, al menos, 31 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en México durante 2022. Ese año, el país se colocó —junto con Colombia, Brasil, Honduras y Filipinas— entre los cinco con la mayor cantidad de agresiones letales en contra de estos defensores.

En el caso de México hay un nivel más de violencia: el país es un territorio marcado por la desaparición. Datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) muestran que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de agosto de 2023, el país sumó 94 948 personas que se encontraban desaparecidas y no localizadas.

En ese contexto, la violencia de la desaparición en contra de las personas defensoras de bosques, ríos, desiertos, mares y todo lo que implica el territorio es una amenaza cada vez más visible en México.

Si se hace una revisión de lo sucedido desde el 1 de diciembre de 2006 se encuentra que durante el gobierno de Felipe Calderón, el año 2011 sobresale con más casos: de las diez víctimas de desaparición contabilizadas ese año en la base de datos, nueve siguen sin ser localizadas. Entre ellos están tres habitantes de la comunidad purépecha de Cherán, en Michoacán.

Esas desapariciones fueron, entre otras cosas, las que detonaron que los habitantes de Cherán expulsaran a los taladores ilegales que estaban terminando con su bosque y pusieran en marcha una estrategia comunitaria para defender su autodeterminación, rescatar sus formas tradicionales de gobierno y de defensa del territorio.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 2013 sumó más casos. Ese año, al menos cuatro personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición, una de ellas sigue sin ser hallada.

Tres meses antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, en agosto de 2018, fue desaparecido Sergio Rivera Hernández, indígena nahua y activo opositor al proyecto hidroeléctrico impulsado en la Sierra Negra de Puebla por una empresa filial al Grupo Ferrominero.

“Van a secar esa agua (la del río), porque lo van a encerrar. Todo ese río que corre, va a quedar un volumen del 10 %, en partes puede que hasta se seque… El café que está floreando en esta temporada, puede que ya no se dé el café. La milpa ya no se dé”, explicaba Sergio Rivera, durante una de las conferencias de prensa que a lo largo de 2018 dieron los habitantes de las comunidades para informar de su resistencia.

La base de datos construida permite ubicar al 2021 como el año que concentró el mayor número de casos de todo el periodo analizado: 23 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición, 13 fueron localizadas sin vida y 10 siguen sin aparecer.

Desde 2016, el entonces Relator de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en su informe temático sobre personas ambientales señaló que “una de las causas sistemáticas de los conflictos en torno a los derechos ambientales es el desequilibrio del poder entre los Estados, las empresas y los defensores de los derechos humanos ambientales”.

La defensa cotidiana del territorio

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documenta las agresiones contra las personas y comunidades defensoras del ambiente y el territorio en México desde 2014. Para realizar el informe que cada año presenta, uno de los mayores retos que ha enfrentado la organización es que las personas “no siempre se asumen como defensoras”, destaca la abogada Luz Coral Hernández.

A partir de los casos que han documentado, los integrantes del Cemda han encontrado que en muchas comunidades “la defensa del territorio es algo que se hace de manera natural, como algo cotidiano y muy personal”.

El 14 de julio de 2021, siete integrantes de la Tribu Yaqui y tres hombres yoris —los yaquis usan esa palabra para denominar a todos aquellos que no pertenecen a la Nación Yoeme— fueron desaparecidos; se los llevaron en el trayecto de Loma de Bácum al rancho comunitario Agua Caliente, en Sonora, mientras transportaban las reses para las fiestas tradicionales de la Virgen del Carmen. Dos meses después, siete fueron encontrados sin vida. Tres continúan desaparecidos.

“Nosotros consideramos a estos hombres defensores del territorio”, explica la abogada Anabela Carlón Flores, integrante de la Tribu Yaqui y originaria de Loma de Bácum. “Ellos resguardaban un rancho comunitario que permite tener el sustento para la comunidad cuando hay una fiesta o una emergencia”.

Carlón considera que en el ámbito de los derechos humanos muchos conceptos a veces pueden ser “muy limitados” para la compleja realidad que se vive. Esta complejidad se presenta, dice, cuando se trata de explicar lo que en las comunidades indígenas significa hacer una defensa del ambiente y el territorio.

Para los yaquis, por ejemplo, hay un concepto que engloba todo aquello que es el territorio: “Para nosotros el Juya ania es el mundo natural, es ahí en donde está la verdad antigua. Y la verdad antigua no se puede cambiar, porque no puedes vivir sin agua, sin monte, sin aire, sin el clima. Eso es parte de la verdad antigua”.

Es por ello, explica la abogada, que para cada miembro de la Tribu Yaqui resguardar el territorio es una práctica cotidiana y natural, “ahí es donde hemos aprendido a vivir, a leer el clima, a comunicarnos con nuestros ancestros, a entender nuestro mundo”.

Comunidades indígenas, las más afectadas

La base de datos muestra que de los 93 casos de personas defensoras del ambiente y el territorio víctimas de desaparición, al menos 62 pertenecen a un pueblo indígena. La mayoría son nahuas, aunque también hay yaquis, mixtecos, wixárikas, purépechas, zapotecas y rarámuris.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha documentado casos de defensores que han sufrido violencias como asesinato y desaparición en las que no puede descartarse un posible vínculo con sus labores de defensa. Sus datos muestran que desde 2019, al menos, 46 personas defensoras indígenas han sido asesinadas o desaparecidas en el país; de ellas, 32 realizaban actividades vinculadas al medio ambiente.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH, detalla que de las 32 personas defensoras ambientales, siete fueron víctimas de desaparición y posteriormente encontradas muertas. Cinco continúan siendo buscadas.

“Las personas líderes de los pueblos indígenas están más expuestas a represalias o acciones violentas, debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida”, resalta Peña Palacios.

En 2016, el entonces Relator de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, resaltó que “el origen del creciente número de conflictos sobre el medio ambiente reside en la explotación de recursos que no atiende las preocupaciones y demandas legítimas de las comunidades locales”.

La abogada Anabela Carlón recuerda que en Sonora los yaquis históricamente han sufrido diferentes tipos de violencia, una de ellas es que se les ha negado su derecho al agua. En las últimas décadas, apunta, esa violencia se ha incrementado por lo que ella califica como “la imposición de megaproyectos”, entre ellos el Acueducto Independencia —para llevar agua del río Yaqui a Hermosillo— y el gasoducto Guaymas-El Oro; este último sin concretarse, justo por la fuerte oposición de los yaquis. “Ahí comenzaron a darse desapariciones de jóvenes de la comunidad. Empezamos a ver una violencia que no habíamos visto”.

Con la llegada de estos megaproyectos, dice Carlón, también comenzó a ser más evidente la presencia del crimen organizado en la región en donde se encuentran los ocho pueblos de la Tribu Yaqui.

Una presencia cada vez más visible

México vive una “violencia generalizada y sistemática, además de una crisis en materia de derechos humanos. Y en muchos de los territorios en donde se están dando las agresiones contra defensores hay un cóctel de conflictos y presencia del crimen organizado”, afirma la abogada del Cemda, Luz Coral Hernández.

Para conocer mejor este problema, la base de datos construida por esta alianza de medios registró si en la zona en donde ocurrió la desaparición hay presencia del crimen organizado, de acuerdo con lo reportado por las fuentes periodísticas. Además, se documentó si existe algún conflicto agrario ya sea porque las comunidades buscan que se reconozca parte de su territorio, por diferencias con otras comunidades o porque al interior del ejido o comunidad agraria hay divisiones provocadas, entre otras cosas, porque no se ha respetado la correcta elección de sus representantes.

A partir de su trabajo como responsable del programa de personas defensoras en la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Sofía Parra identifica que las regiones en donde se da el mayor número de violencias confluyen tres actores: los militares, las empresas extractivistas y las redes ilegales. “Cuando confluyen esas tres cosas es que existe una disputa por el territorio y ahí es donde se dan la mayor cantidad de agresiones en contra de personas defensoras”.

Meyatzin Velasco Santiago, coordinadora del área de educación en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), observa que en el contexto actual hay dos nuevos retos que enfrentan quienes defienden el ambiente y el territorio. El primero es la dificultad de distinguir las diversas redes de poder que existen en las regiones que habitan, sobre todo ante la extendida presencia del crimen organizado. El segundo es “la invisibilidad de su labor y el menosprecio que se ha generado, desde el poder político, para la defensa de los derechos comunitarios. Eso ha puesto en un grado más de vulnerabilidad a los defensores”.

Cartografía de las desapariciones

En el mapa nacional hay lugares que destacan por integrar aquello que la fotógrafa mexicana Mónica González denominó la Geografía del dolor. Sitios en donde los asesinatos, las masacres, los desplazamientos forzados, las desapariciones dejan una huella en el territorio y en quienes lo habitan.

En ese mapa aparecen varias regiones en donde hoy se desarrolla una lucha por la defensa del ambiente y el territorio; en donde, además, personas defensoras han sido víctimas de desaparición.

En esa cartografía hay, al menos, 42 municipios ubicados en 15 estados del país. Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Jalisco son las entidades que concentran el mayor número de casos de personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición, de acuerdo con la documentación realizada para este trabajo. Con once casos, Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero, es el municipio que concentra el mayor número.

Chilapa de Álvarez es un municipio en donde 29.5 % de su población es indígena, sobre todo nahua. En ese territorio, el 31.4 % de la población vive en condición de pobreza extrema y 64.9 % no tiene acceso a los servicios básicos en la vivienda, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023 publicado por la Secretaría de Bienestar.

Este municipio, como muchos de los localizados en esa región de la montaña baja de Guerrero, tiene una alta presencia de grupos del crimen organizado. Ahí, además, se han dado diferentes procesos de organización para la defensa del territorio, entre ellos la creación de las primeras policías comunitarias que surgieron en el país.

Chilapa de Álvarez también es un sitio en donde la violencia de la desaparición ha tocado a familias completas, incluidos menores de edad.

La abogada Luz Coral Hernández destaca que, al realizar la documentación para el informe anual sobre defensores del Cemda, han observado que en los últimos años las agresiones también se extienden a las familias de los defensores del ambiente y el territorio.

El 19 de diciembre de 2018, por ejemplo, personas armadas entraron a Paraíso de Tepila con la intención de instalarse en el lugar, pero la comunidad no lo permitió. Antes de abandonar el sitio, el grupo armado se llevó a Alberto Espiridión Ignacio, a su madre, a sus dos hermanos, a su esposa y a sus hijos. En total fueron 12 personas, entre ellos nueve menores de edad que, en el momento en que los desaparecieron, tenían entre 17 y 3 años. Eso provocó desplazamiento forzado y que el poblado quedara abandonado.

“En México, adicionalmente a los desafíos estructurales que han afectado a los pueblos indígenas generando importantes brechas de desigualdad, marginación y acceso a sus derechos, dichos pueblos también enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos grupos del crimen organizado, quienes disputan el control de su territorio”, comenta Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH.

Chilapa de Álvarez —municipio de donde se llevaron a la familia— se encuentra en un corredor estratégico para el cultivo de amapola y trasiego de droga. Además, es una zona en donde hay importantes recursos forestales y minerales.

De hecho para este proyecto periodístico, el GeoComunes —colectivo que acompaña a pueblos, comunidades, barrios, colonias u organizaciones de base que requieran de la producción de mapas para la defensa del territorio— realizó un mapa de las concesiones mineras en Guerrero. Y encontró que en todo el territorio de Chilapa de Álvarez y los municipios aledaños hay trámites para concesiones mineras.

En Chilapa de Álvarez hay trámites para dos enormes concesiones que cubren aproximadamente el 94 % de la superficie total del municipio.

La base de datos creada para este trabajo periodístico también permite conocer que en 19 casos se había denunciado tala ilegal en la zona. Esta amenaza se encuentra presente y en mayor escala en Michoacán y Oaxaca.

En el municipio de San Esteban Atatlahuca, en Oaxaca, la indígena mixteca Irma Galindo Barrios empezó a denunciar desde 2019 la tala de árboles en un área comunal, desde entonces sufrió agresiones y amenazas. De ella no se sabe nada desde octubre de 2021.

Empresas mineras dominan el paisaje

Al menos 20 personas defensoras que fueron víctimas de desaparición residían en municipios en donde había un conflicto relacionado con la actividad minera; seis de ellas están aún desaparecidas y a cinco las encontraron sin vida. Entre ellos está Eustacio Alcalá, líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, a quien desaparecieron el 1 de abril de 2023. Tres días después, encontraron su cadáver.

Desde hace nueve años, Meyatzin Velasco y otros integrantes del Centro Prodh asesoran a los habitantes de San Juan Huitzontla que buscan que el Estado cancele las concesiones mineras que hay en todo su territorio. Eustacio Alcalá era uno de los líderes más activos en contra de la minería.

San Juan Huitzontla se encuentra en el municipio de Chinicuila, en el estado de Michoacán. En Aquila, el municipio vecino, está una de las minas de hierro más grandes del país.

En ese municipio, al menos nueve personas defensoras del ambiente y el territorio que vivían o trabajaban en Aquila han sido víctimas de desaparición; de ellas seis siguen sin ser localizadas.

Los habitantes de San Juan Huitzontla detectaron que había trabajos de exploración minera en sus terrenos al encontrar vacas muertas a las orillas de uno de los ríos. Poco tiempo después se enteran que hay varias concesiones mineras en su territorio; algunas entregadas a las empresas Las Encinas, filial de Ternium —la mayor productora de acero en Latinoamérica— y a Servicios Minero Metalúrgicos de Occidente.

En una asamblea realizada en 2017, la comunidad declaró su territorio libre de minería. A partir de ahí, junto con los abogados del Centro Prodh, comenzaron una lucha jurídica reclamando el reconocimiento del territorio indígena y la cancelación de las concesiones. En enero de 2023, el juez emitió una sentencia a favor de la comunidad, la cual ha sido apelada por las empresas.

Eustacio Alcalá fue una de las personas que firmaron el amparo en contra de las concesiones y uno de los líderes comunitarios que se oponían a la minería.

“No desligarse de su responsabilidad”

Desde hace 20 años, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos documenta abusos cometidos por las empresas en contra de defensores de derechos humanos en todo el mundo. A partir de 2015, la organización no gubernamental comenzó a realizar una base de datos sobre ataques en contra de personas defensoras y que estén relacionados con un sector empresarial, algún proyecto económico o una empresa específica.

Desde 2015 y hasta julio de 2023, el centro había documentado 4,815 ataques a personas defensoras en todo el mundo, 3,488 habían sido en contra de personas defensoras del ambiente y el territorio.

El centro también ha documentado que, al menos, 33 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en el mundo han sido víctimas de desaparición. La mayoría de esos casos (26) ocurrieron en América Latina. En México, el centro tiene el registro de seis personas defensoras del ambiente y el territorio que están desaparecidas.

“Estas cifras son la punta del iceberg, ya que sólo muestran aquellos casos que se pudieron documentar a través de fuentes públicas”, explica Hannah Matthews, investigadora del equipo de libertades cívicas y personas defensoras de derechos humanos del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Matthews resalta que, en su documentación, “la minería ha sido consistentemente el sector más peligroso para las personas defensoras desde que comenzamos el monitoreo en 2015”. Tan sólo en 2022, casi el 30 % del total de casos que documentaron estuvieron relacionados con la minería.

“Si bien no podemos asegurar una relación directa de las empresas con esas desapariciones, muchas veces sí existe un beneficio directo para la empresa al silenciar a las personas defensoras que se oponen a sus proyectos”, apunta la investigadora del centro.

Matthews menciona que las empresas “no pueden desligarse de su responsabilidad en lugares con conflictividad social… Las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, pero también de hacer procesos rigurosos de debida diligencia antes, durante y después de sus actividades”.

Un mecanismo de protección sin eficacia

Desde junio de 2012, México cuenta con un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación.

El abogado Ricardo Lagunes Díaz, desaparecido en enero de 2023, contaba con medidas de protección del mecanismo, debido a las amenazas que ya había recibido por su trabajo como defensor de derechos humanos, acompañando legalmente desde personas que han sido encarceladas injustamente hasta comunidades que luchan para evitar el despojo de sus tierra común o en contra de las empresas eólicas.

“El mecanismo no está logrando garantizar un entorno seguro para las personas defensoras”, resalta la abogada Luz Coral Hernández, de Cemda.

Para Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH, el Mecanismo no puede ser entendido como la única respuesta a la violencia contra quienes defienden derechos humanos. “Es necesario que otras autoridades se involucren”, dice, sobre todo porque fortalecer el Mecanismo sería una acción insuficiente si no se acompaña de otras medidas “tendientes a la creación de una política pública integral” y, en especial si no se investigan, juzgan y sancionan las agresiones que sufren los defensores.

Esto último es otra de las deudas que tiene el país. Omar Esparza, director del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), recuerda que “hay una lista enorme de defensores de tierra y territorio que han sido asesinados o desaparecidos y que sus crímenes siguen en total impunidad”.

Además del mecanismo, México es uno de los países que ratificaron el Acuerdo de Escazú, tratado de América Latina y el Caribe que entró en vigor el 22 de abril de 2022 y que, por primera vez, reconoce a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los Estados a protegerlos.

“El Acuerdo de Escazú puede ser una herramienta muy útil para cambiar este panorama que estamos observando”, dice Hernández. Y pone un ejemplo: el Poder Judicial podría utilizar Escazú para suspender proyectos que están afectando a comunidades y en donde los datos muestran que han existido agresiones en contra de personas defensoras del ambiente y el territorio.

“Si dejamos la lucha, estamos perdiendo dos veces”

En el idioma Yaqui existen palabras para referirse a quienes “se perdieron” o a quienes “se acabaron” o fallecieron, pero no hay una palabra para nombrar a quienes desaparecieron.

Anabela Carlón recuerda que cuando desaparecieron los hombres yaquis de Loma de Bácum, en la comunidad hubo mucha empatía y solidaridad con las familias de los desaparecidos. “La misma comunidad comenzó a cuidarse más y se afianzó aún más el proceso de defensa del territorio”.

Eso no sucede en todos los casos. Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH, dice: “La desaparición de una persona defensora tiene un efecto amedrentador sobre todo el pueblo comunidad del cual era parte, que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos”.

Anabela Carlón considera que la defensa del ambiente y del territorio no se debe detener cuando una persona defensora fue asesinada o desaparecida: “Si dejamos la lucha, estamos perdiendo dos veces”.

Meyatzin Velasco, del Centro Prodh, resalta que los defensores de ambiente y territorio “son fundamentales para ayudarnos a imaginar alternativas no sólo de gestión gubernamental, sino también de soluciones de cuidado de la tierra, porque lo poco que nos queda, ellos lo han resguardado”.

Ellos, enfatiza Velasco, “siguen generando una articulación comunitaria que nos muestra que solos no podemos. Los necesitamos para poder cuidar lo poco que nos queda si queremos seguir viviendo en el planeta Tierra”.

Por ello, cada vez que asesinan o desaparecen a una persona que defiende su ambiente y territorio, esta pérdida es colectiva. Meyatzin Velasco, del Centro Prodh, lo plantea de esta forma: “Perdemos todos: quienes los acompañamos, la sociedad, los bienes naturales, las comunidades. Perdemos una oportunidad para encontrar soluciones para vivir mejor”.

Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

* Ilustración: Tobías Arboleda. Diseño de visualizaciones: Rocío Puga. Programación de visualizaciones: Daniel Gómez Hernández. Análisis de base de datos: Andrés de la Peña y Efraín Tzuc. Mapas: GeoComunes

El artículo original fue publicado por Thelma Gómez Durán y Aranzazú Ayala en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Uno es, en definitiva, lo que ha leído. Uno es la suma de los autores con quienes ha conversado de manera atemporal, con quienes ha construido una amistad verdadera a pesar de que cada uno está muerto para el otro. Y, asimismo, uno es lo que ha caminado, uno es todos los caminos por los que ha derivado sobre la tierra. La historia de los caminos es la nuestra; así como se divaga por un libro que no fue escrito para uno, sino para todos y para nadie, como sentenciara Nietzsche como epígrafe de su Zaratustra, también se va por caminos que otrora se trazaron para gentes que ya no están; caminamos por páginas y caminos reescribiendo con nuestras huellas, vamos haciendo un palimpsesto para otros, que aún no son.

En mi caso, apenas me fui de mi tierra, empecé a construir, sin saberlo, una poética del regreso. Para paliar el dolor de estar lejos de lo que amo, y de quienes amo, me fui acercando a autores que intentaron regresar por la vía de la escritura. El primer autor en conmoverme, en ese sentido, fue Robert Walser, como todo lector de este blog sabrá, como toda amiga mía bien sabe. El autor de El Paseo celebraba el hecho de caminar con tanta claridad, amor y luz, que me contagiaba en cierto grado de esperanza, me hacía creer que una literatura feliz era posible, a pesar del dolor que era germen de la obra de este autor entrañable.

Luego llegó a mis manos Amapola y memoria. Paul Celan de entrada se convirtió para mí en un poeta esencial. Su dolor, con creces mayor, se me figuró hermano del mío. Él lo había perdido todo por culpa del nazismo; yo empezaba a perderlo por el asedio de los paramilitares. Su dictamen la poesía es una forma de regreso a casa se convirtió para mí en la premisa de mi vida. Creí por esa época que la poesía era la salvación, el regreso verdadero, la fe, pero cayó sobre mí al fin la aclaración de Adorno: No se puede escribir poesía después de Auschwitz.

Caminando más por la vida, me embarqué, atónito, en el redescubrimiento de La Odisea. De joven, no había sido amigo de la literatura griega -me repele hasta la náusea el helenismo-, pero esta vez me dejé llevar por las olas que hacían a Ulises prisionero. En su tenacidad y artilugios, en su voluntad inquebrantable, en su amor por los suyos, creí yo encontrar las claves del regreso, la luz del regreso, a la que tan bellamente Homero se refiere en los primeros cantos. La luz, a la que queremos regresar, y la misma que nos guía mientras volvemos.

Sin embargo, hoy que vuelvo a casa después de once años, me doy cuenta de que regresar siempre había sido imposible para mí. Me había sido negado desde el principio. Ítaca ya no es lo que era pues, aunque Penélope viajó y volvió conmigo, mi madre ya no está. Mi madre, por quien me sentía vivo, el ser más bello sobre la tierra, la persona que me lo dio todo, incluso la escritura… Ha vuelto a ser ángel. En aquel abril de 2012 me había ido para siempre. Nunca se vuelve, porque como tan bien lamentó Lorca, otro autor adorado de mi poética truncada: yo ya no soy yo, / ni mi casa es ya mi casa.

¿No ves la herida que tengo
desde el pecho a la garganta?