Hay una paradoja en las sociedades contemporáneas: mientras la población envejece, la cultura del consumo insiste en vendernos la juventud como una condición permanente. Envejecer se convierte en algo que debemos aplazar, ocultar o combatir, como si el paso del tiempo fuera una derrota personal y no una de las pocas certezas que compartimos. En ese paisaje aparece La edad de la niebla, el nuevo libro del escritor colombiano Guido Tamayo, una colección de relatos que se adentra en la vida de quienes han llegado a una edad en la que el pasado pesa, los recuerdos se vuelven inciertos y la muerte deja de ser una abstracción.

La niebla de Tamayo no es solamente la pérdida de claridad. También puede ser una forma distinta de mirar, una lucidez que aparece cuando la vida ya no se mide exclusivamente por lo que falta por hacer, por los proyectos pendientes o por la promesa de un futuro interminable. Sus personajes habitan residencias para adultos mayores, habitaciones apartadas, recuerdos que no terminan de encajar y deseos que persisten incluso cuando el mundo parece haberlos declarado fuera de lugar.

Tamayo habla de la vejez como una experiencia que nos obliga a examinar lo vivido, de una sociedad que margina a quienes dejan de producir y de la posibilidad de encontrar en el fracaso una forma de dignidad. Porque, en sus relatos, perder no significa necesariamente quedar derrotado ante la vida. A veces, significa empezar a verla de otra manera.

«La neblina también puede ser una forma de lucidez»

Diego Aretz: Guido, quisiera empezar por el título, La edad de la niebla. La niebla evoca lugares que no se ven del todo, la pérdida de la memoria, la incertidumbre. Sabemos que hay algo delante de nosotros, aunque no podamos distinguirlo con claridad. ¿Cómo nació el título y qué relación tiene con tu propia experiencia del envejecimiento?

Guido Tamayo: Este libro nació después de un largo proceso de frustración con una novela que llevo más de diez años intentando escribir. La he ensayado tres veces y voy a intentarlo una cuarta. En ese proceso he terminado por aceptar una idea que considero fundamental: la escritura es, en buena medida, un fracaso. Una novela exige muchísimo trabajo y, a pesar de todo, puede no llegar a cuajar. Pero quizá eso también sea escribir.

Hay una frase que me interesa: uno no escribe bien cuando escribe bien, sino cuando escribe mal. En medio de esa frustración recordé que, años atrás, había escrito un par de cuentos que probablemente surgieron de la imagen de la muerte de mis dos abuelas. Eran relatos que tenía olvidados y que estaban relacionados con la vejez.

Entonces apareció el título, La edad de la niebla. Cuando esa frase empezó a resonar en mi cabeza, pensé que allí había un libro. El título merecía un libro, y yo tenía un material escrito que podía comenzar a organizarse alrededor de esa idea.

Además, mis contemporáneos están envejeciendo y nuestras conversaciones empiezan a girar cada vez más alrededor de esa experiencia. La niebla es un lugar extraño en el que las cosas se van oscureciendo, pero no desaparecen por completo. Hay una especie de lucidez final.

Durante toda la vida queremos estar bajo una luz intensa, tener las cosas claras, sentir que podemos verlo todo. Por eso nos cuesta aceptar la vejez, porque creemos que significa el final de esa claridad. Sin embargo, cuando empezamos a ser conscientes de que el tiempo que nos queda es limitado, miramos nuestra vida bajo otra luz. Ya no es una iluminación rotunda, sino algo que se difumina.

Y, precisamente en esa difuminación, puede aparecer cierta sabiduría. La vejez y la muerte no son opciones que podamos evitar indefinidamente. La conciencia de la mortalidad cambia nuestra manera de mirar el mundo.

Diego Aretz: Hay algo cultural en esa dificultad para aceptar la vejez. No hemos hecho del todo las paces con envejecer ni con morir. Y quizá tampoco con vivir, porque aceptar la vida implica reconocer que tiene un recorrido, que no podemos detenerla en el momento que nos resulta más cómodo. ¿Cómo entiendes esa relación entre la experiencia personal y la manera en que una sociedad se enfrenta al paso del tiempo?

Guido Tamayo: Durante buena parte de la vida eludimos la necesidad de interpretar lo que estamos viviendo. La inmediatez de la experiencia nos lleva a actuar, a resolver problemas, a hacer cosas. No siempre nos detenemos a preguntarnos qué significa nuestra vida.

La vejez nos confronta de una manera particular con el pasado, con la memoria y con lo que hemos hecho. Las memorias siempre son parciales, pero en la vejez aparece una especie de exigencia de recordar, de pensar, de examinar lo vivido. Es un momento en el que nos preguntamos qué significan nuestras decisiones y qué hemos llegado a ser.

La juventud está más asociada con la acción. Hay que moverse, hacer cosas, construir, producir. Y esta sociedad nos ha convencido de que debemos permanecer jóvenes indefinidamente. Queremos ser jóvenes para siempre, como si reconocer la vejez fuera aceptar una derrota.

El problema es que no nos damos la oportunidad de pensar qué significa envejecer. La sociedad nos mantiene ocupados en la acción y nos aleja de esa reflexión, hasta que la vejez aparece y nos obliga a detenernos.

«El fracaso es un lugar dolorosamente lúcido»

Diego Aretz: En tu obra hay una presencia recurrente de personajes que fracasan, que no terminan de encajar en el mundo o que se enfrentan a alguna forma de derrota. Pienso en El inquilino, en Juego de niños y ahora en La edad de la niebla. ¿Cómo dialoga este libro con tus trabajos anteriores?

Guido Tamayo: Nunca he obedecido a un plan para construir una obra con una perspectiva determinada. Sin embargo, con el tiempo he descubierto que existen vínculos muy estrechos entre mis libros. Quizá el vínculo sea precisamente la derrota.

En El inquilino aparece el escritor derrotado, alguien que fracasa. En Juego de niños está el niño diferente, el que tiene una dificultad para relacionarse con los demás y que, por esa diferencia, queda al margen de lo que se considera normal.

En La edad de la niebla aparece la derrota definitiva: la mortalidad, la conciencia de que no podemos ser inmortales. En ese sentido, podría imaginar una trilogía que se llamara La trilogía de la derrota, con el niño, el adulto y el viejo como figuras centrales.

Diego Aretz: Hay algo en esa idea que recuerda a Pasolini y a su manera de cuestionar una sociedad que celebra el triunfo, incluso cuando ese triunfo se consigue mediante la trampa, la usurpación o la falta de escrúpulos. En un mundo tan obsesionado con ganar, ¿qué dignidad puede haber en ser derrotado?

Guido Tamayo: Pasolini, Borges y Beckett tienen reflexiones extraordinarias sobre el fracaso. Bastarían esos tres nombres para entender que el fracaso es un lugar muy especial, un lugar dolorosamente lúcido.

La gente no suele preguntarse por el fracaso. Se duele de él, se angustia, se siente víctima. Pero lo interesante es que esos escritores encuentran en el fracaso una forma distinta de triunfo, algo mucho más digno, más brillante y más esforzado.

El fracaso es profundamente humano. El triunfo, en cambio, puede resultar plano, insulso, poco revelador. No necesariamente nos enseña algo sobre nosotros mismos. Incluso puede conducir a comportamientos agresivos o violentos.

La conciencia del fracaso nos otorga una capacidad de humanidad que no nos concede ninguna otra experiencia. Nos obliga a reconocernos vulnerables, a entender nuestros límites y a mirar de frente aquello que no hemos podido resolver. En ese sentido, la derrota puede enseñarnos mucho más que el triunfo.

«La sociedad ha convertido a los viejos en seres marginales»

Diego Aretz: Hay algo inquietante en los personajes del libro porque resultan familiares, pero al mismo tiempo pertenecen a un universo del que preferimos no hablar. Vivimos en ciudades donde la población envejece, mientras la cultura sigue celebrando la juventud. ¿Qué lugar ocupa hoy la vejez en nuestra sociedad?

Guido Tamayo: Existe una contradicción en el mundo contemporáneo. Por un lado, tenemos una cultura del consumo que celebra la juventud y nos invita permanentemente a comprar, a cambiar, a renovarnos, a no aceptar el envejecimiento. Por otro, la población está envejeciendo y la natalidad ha disminuido considerablemente.

Vivimos bajo la presión de una sociedad que nos dice que debemos ser jóvenes, que debemos seguir consumiendo y que no podemos admitir que vamos a envejecer. Sin embargo, la realidad demográfica nos muestra otra cosa.

Lo que hemos perdido es el respeto por la vejez como lugar de aprendizaje. Antes existía la idea de que los viejos conservaban una sabiduría que podían transmitir. Esa consideración se ha debilitado profundamente. Hoy muchas personas mayores son vistas como seres marginales, como si dejaran de tener un lugar cuando ya no participan de la vida productiva.

Pienso en los geriátricos como espacios en los que depositamos a los viejos para que no interfieran en nuestra cotidianidad. Hay instituciones lujosas y otras precarias, pero detrás de esa diferencia puede existir una misma lógica: apartar a quienes nos recuerdan algo que preferimos no mirar.

Esa exclusión también se reproduce en las casas. A veces, el adulto mayor termina en una habitación apartada, lejos de los espacios centrales de la vida familiar. No quiero generalizar, porque hay muchas excepciones, pero sí creo que existe un desplazamiento de la vejez.

El problema es que esta sociedad mide a las personas por su capacidad de producir. Cuando alguien deja de ser productivo, parece que deja también de tener un lugar. Y hay otra cuestión: el viejo es memoria. Eliminar o marginar a quien recuerda es también una manera de perder la complejidad del pasado.

Diego Aretz: Esa pérdida de la memoria tiene consecuencias que van más allá de la familia. Si una sociedad no escucha a sus mayores, también renuncia a una parte de su experiencia histórica. Sin embargo, propones algo que parece contradictorio: conservar a las personas mayores durante más tiempo en el mundo laboral, en lugar de pensionarlas. ¿Cómo entiendes esa tensión?

Guido Tamayo: Si la población sigue envejeciendo, tendremos que pensar cómo queremos relacionarnos con las personas mayores y qué lugar les damos en la sociedad. Desde el punto de vista económico y productivo, habrá que examinar también cómo se organiza el trabajo y qué papel pueden seguir desempeñando.

Pero creo que hay una diferencia entre obligar a alguien a trabajar porque lo necesita y permitirle continuar haciendo aquello que le interesa. La vejez no debería significar que una persona tiene que desaparecer de la vida pública, ni que debe renunciar a sus deseos.

«La verdadera conquista de la vejez es la libertad»

Diego Aretz: Quisiera llevar esa discusión a un terreno más personal. Existe una idea muy extendida de la jubilación como el momento en que uno deja de trabajar, recibe una pensión y finalmente puede descansar. Pero si alguien ha construido una vida alrededor de una actividad que le produce placer, dejarla puede significar renunciar a una parte fundamental de sí mismo. ¿No tendríamos que cambiar también nuestra manera de entender el retiro?

Guido Tamayo: A pesar de todo lo que hemos dicho sobre las dificultades de la vejez, creo que una de sus grandes conquistas puede ser la impunidad.

La sociedad empieza a concederle al viejo una especie de licencia. Le permite decir cosas o hacer cosas que quizá no le habría permitido en otras etapas de su vida. Hay algo de compasión en esa actitud, pero también puede convertirse en una oportunidad para ejercer la libertad.

Durante años hemos vivido respondiendo a las exigencias de la familia, del trabajo, de la sociedad y de la religión. Hemos asumido compromisos, obligaciones y deudas simbólicas. Constantemente tenemos que justificar lo que hacemos y ajustarnos a lo que los demás esperan de nosotros.

En la vejez puede aparecer la posibilidad de abandonar esas obligaciones y preguntarnos qué queremos hacer con el tiempo que nos queda. Cuáles son nuestros placeres, qué deseamos experimentar, qué cosas ya no estamos dispuestos a hacer para complacer a los demás.

El viejo puede decir: esta es mi vida y voy a vivirla como quiero. No tengo que disculparme por mis deseos ni justificar cada decisión. Esa libertad, ese ejercicio de la libertad, puede ser maravilloso.

«Los personajes todavía tienen deseos, heridas y secretos»

Diego Aretz: Me gusta pedirles a los escritores que hablen de sus personajes con sus propias palabras, porque a veces esa explicación es distinta de lo que encontramos en el relato. ¿Cómo presentarías a los hombres y las mujeres que habitan La edad de la niebla a alguien que todavía no ha leído el libro?

Guido Tamayo: Muchos de estos personajes nacen de experiencias cercanas, de mis abuelas, de mi madre, de mi padre, de amigos y de otras personas mayores. Empecé a preguntarme cuál podía ser la dignidad de alguien a quien la sociedad ha relegado.

Pienso, por ejemplo, en una anciana a la que han apartado en una habitación remota de la casa. Su último gesto de dignidad podría consistir en que, cuando la encuentren muerta, esté impecable. Que todo esté perfectamente ordenado y que ella esté arreglada, como si esa fuera su manera de responderle a un mundo que la ha despreciado.

También aparecen personajes atormentados por dudas sobre su pasado, por heridas que nunca terminaron de aclararse. Una mujer le escribe a su hermana para preguntarle si realmente pertenece a esa familia, si es posible confirmar una sospecha que la ha perseguido durante años.

Hay un escritor enfermo, cada vez más convencido de que no tiene razones para seguir viviendo. Acaba de publicar un libro, pero la promesa de recibirlo nunca se cumple. Esa espera se convierte en otra frustración, en una decepción que se suma a las demás.

También hay una mujer que vive en un geriátrico elegante, que parece haber olvidado sus placeres y que, de pronto, encuentra a un hombre con el que surge una relación erótica. Me interesaba explorar ese tabú de la sexualidad en la vejez, como si los besos, el deseo y el sexo dejaran de existir cuando una persona alcanza cierta edad.

Otra mujer, después de la muerte de su marido, descubre que puede volver a ser ella misma. Pone a todo volumen la música de jazz que le gusta y celebra la posibilidad de recuperar una libertad que había perdido. También están los personajes que viven entre el sueño y la vigilia, hasta que los recuerdos y la realidad empiezan a mezclarse y ya no es posible distinguirlos con claridad.

Hay escritores derrotados, personajes que se enfrentan a sus propios límites y personas que intentan encontrar una salida a la angustia. No quisiera contar todos los desenlaces, porque parte de la experiencia está en descubrirlos durante la lectura.

Al final, todas esas historias y esas voces nos conducen a una imagen más amplia: un mundo que está envejeciendo. Un mundo en el que todo parece viejo, incluso aquello que asociamos con el comienzo de la vida.

Diego Aretz: Quizá esa sea una de las preguntas que quedan después de leer el libro: qué hacemos con la vejez cuando deja de ser una experiencia ajena y empezamos a reconocerla en nosotros mismos. Y qué hacemos con el tiempo que nos queda, con nuestros deseos, con las derrotas y con esa memoria que nunca es del todo completa.

Porque tal vez la niebla no sea únicamente aquello que nos impide ver el camino, sino también una invitación a mirar de otra manera lo que hemos vivido.

Guido Tamayo: Creo que la vejez nos pone frente a esa necesidad de pensar, de recordar y de preguntarnos qué significa lo que hemos hecho. Y quizá, en esa conciencia de nuestros límites, podamos encontrar una forma distinta de libertad.

Por Justo Alí García Blandón y Carlos García Blandón

“Don Waltercito“, como le decíamos sus hermanos, dejó una honda huella familiar y profesional. Había nacido el 11 de julio de 1967 y murió, prematuramente, el 11 de septiembre de 2026, por un cáncer gástrico.

Desde muy temprana edad, Walter sabía lo que quería para su vida y la de sus hermanos. Creció en un hogar muy pobre en cuanto a lo material, pero inmensamente rico en amor y felicidad.

Una madre cabeza de hogar sin escolaridad y con necesidades económicas, doña Hilda Blandón, y tres hijos, Walter, Justo Alí y Carlos Hernán. Doña Hilda tuvo en su hijo mayor, Walter Enrique, un apoyo fundamental desde temprana edad. Nuestro primer hermano, William Fernando Hernández Blandón, estaba con los abuelos maternos.

Con solo dos años más que su hermano del medio y tres del menor, se convirtió en una figura paterna, protectora y un gran ejemplo a seguir.

Todavía recordamos que a los 4 años de Carlos y a los cinco de Justo, cuando Walter con 7 años ingresó primero a la escuela, nos transmitía lo que aprendía, letras, números y hasta rondas didácticas, con lo cual aprendimos a leer casi a la par con él.

Walter manifestó su frustración con la pobreza en los libros y el aprendizaje. Fue muy inteligente y comprometido a transmitir sus conocimientos y objetivos de la vida con sus hermanos.

El respeto que tuvo por su madre se lo infundió a sus hermanos menores. Llevaba una máscara de hombre serio y gruñón, pero la expresión más clara de ternura para todos los que se tomaban un minuto para conocerle.

Fue siempre un símbolo de admiración, orgullo y autoridad, un verdadero líder natural para sus hermanos, que seguimos sus directrices sin vacilación.

Walter Enrique García Blandón se graduó en 1985 del Instituto Técnico Nacional de Tumaco, como bachiller técnico y logró sobresalir como el mejor Icfes de su colegio con 308 puntos, siendo declarado el mejor bachiller.

Un orgullo de nuestra madre que veía reflejado con justicia el fruto de su sacrificio en la realización de su hijo.

Walter ganó un cupo en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, donde se graduó como ingeniero agrícola en 1991 y luego cursó una maestría en recursos hidráulicos.

Siguiendo su camino, Justo Alí se graduó de biólogo marino y Carlos Hernán de ingeniero mecánico.

Walter hizo una meritoria carrera profesional dedicándose fundamentalmente a la consultoría en el área marítimo fluvial, con su empresa WEG Ingeniería, con la que hizo parte de proyectos de consultoría en los puertos importantes en Colombia mediante estudios, diseños e interventorías.

Últimamente realizó la prefactibilidad del puerto de aguas profundas de Tumaco, Nariño, y en consorcio los estudios y diseños de la profundización en dos fases de 17 y 18 mts del puerto de Buenaventura, uno de los proyectos más necesarios hoy para nuestro país.

También estuvo al frente de una de las consultorías técnicas y batimétricas más complejas destinadas a formular soluciones definitivas para los problemas de sedimentación y navegabilidad en el canal de acceso sobre el río Magdalena.

E igualmente fue representante legal del Consorcio Navegabilidad para el desarrollo de los “Estudios y Diseños para la Infraestructura Fluvial en el departamento de Guainía”.

Walter Enrique deja una enorme huella en cada persona que se llamaba familia, amigo o protegido. Su alegría, compasión, respeto, integridad, amabilidad y dedicación fueron características reconocidas por todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo.

Por el resto de nuestras vidas te vamos a extrañar, hermano del alma.

Por eso, tampoco me resultó extraño que diseñara una ceremonia de posesión con alfombra roja y backing fotográfico, como si se tratara de los Premios Óscar, los Billboard, los Grammy o cualquier otro espectáculo de celebridades. Mucho menos me sorprendió verlo, durante una rueda de prensa en la que anunciaba medidas de urgencia frente a la tragedia que afecta a miles de familias por el terremoto, lanzando besos al aire.

Puede que algunos consideren ese comportamiento una estrategia de comunicación. Otros, una manera de mantenerse vigente en redes sociales. Lo cierto es que, mientras el país enfrenta una tragedia de enormes proporciones, el presidente parece empeñado en recordarnos que también sabe posar, provocar conversación y coleccionar «likes».

Pero, más allá del espectáculo, lo que sí esperaba era algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante: resultados.

Esperaba medidas rápidas para las familias que hoy viven en carpas improvisadas, que perdieron sus viviendas y que, en muchos casos, dependen de la solidaridad espontánea de otros colombianos para conseguir siquiera un plato de comida al día. Esa solidaridad ciudadana, admirable y conmovedora, no puede convertirse en sustituto de la responsabilidad del Estado.

A estas alturas, De La Espriella ya debería tener una hoja de ruta clara, concreta y verificable para que el país empiece a superar la tragedia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Su gabinete debería estar trabajando a toda máquina. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora son contradicciones, improvisaciones y anuncios que dejan la preocupante impresión de que buena parte del Gobierno Nacional todavía no entiende las dimensiones reales del país que le corresponde administrar.

El presidente anunció durante su discurso de posesión que congelaría el gasto público. Perfecto. Pero entonces vale la pena preguntar: ¿cómo se congela el gasto público cuando precisamente se necesita realizar inversiones extraordinarias para reconstruir ciudades y municipios devastados por un terremoto?

Después aseguró que no tenía capacidad de endeudamiento debido, según él, al excesivo derroche del Gobierno de Gustavo Petro. Y ahora aparece el anuncio de un préstamo de 200 millones de dólares del Banco Mundial.

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No había capacidad de endeudamiento o sí la había? ¿El gasto se congela o se descongela cuando las circunstancias políticas lo exigen? ¿Se trata de austeridad fiscal o de austeridad selectiva?

Porque gobernar no consiste en lanzar una consigna económica durante un discurso y descubrir, unas semanas después, que la realidad tiene la desagradable costumbre de contradecir los eslóganes.

Y si de contradicciones hablamos, merece capítulo aparte la ministra de Educación, Viviane Morales, quien anunció el incremento de las clases virtuales en las ciudades y municipios afectados donde varios colegios resultaron averiados, con el propósito de evitar que niños, niñas y adolescentes interrumpan sus jornadas académicas.

La intención puede sonar muy bien desde una oficina con internet de alta velocidad, computador, energía eléctrica y aire acondicionado. El problema es que Colombia no se gobierna desde una presentación de PowerPoint.

¿Se puede hablar seriamente de educación virtual para niños y adolescentes de familias que lo perdieron todo y que hoy duermen en carpas improvisadas? ¿De dónde van a sacar los dispositivos electrónicos para conectarse a una clase? Y, suponiendo que el Ministerio de Educación tenga la generosidad de entregarlos, ¿van a proporcionar uno por cada menor de edad? ¿O una familia con tres, cuatro o cinco hijos deberá organizar una especie de campeonato olímpico para decidir quién se conecta a la clase de las ocho de la mañana?

Pero hay algo todavía más preocupante: ¿cómo se implementará esta estrategia en regiones como el Chocó, donde la conectividad sigue siendo una enorme dificultad? ¿Está garantizada la señal de internet en todos los municipios afectados? ¿Se verificó el estado de las redes de telecomunicaciones después del terremoto? ¿Qué ocurrirá en las zonas donde además de las viviendas colapsaron las redes eléctricas y de comunicaciones?

Porque después de un desastre natural, la primera tarea del Gobierno debería ser conocer el territorio. No imaginarlo.

Y mientras el país intenta entender esta colección de anuncios, aparece otro episodio difícil de explicar: el descanso del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en Santa Marta, en medio de una emergencia nacional que demanda presencia, coordinación y liderazgo. Si la imagen que se transmite es que mientras miles de colombianos duermen en carpas algunos funcionarios están disfrutando del paisaje, resulta perfectamente comprensible que la ciudadanía se pregunte dónde están las prioridades del Gobierno.

A eso se suma la desafortunada propuesta del ministro del Interior, Rodrigo Lara, a las personas de Buenaventura que perdieron sus viviendas: entregarles cemento para que ellas mismas se encarguen de reconstruirlas.

Francamente, resulta difícil decidir qué es más preocupante: la propuesta o la tranquilidad con la que parece haberse formulado.

Quizá, siguiendo esa lógica, el próximo paso sea entregarles ladrillos a las víctimas, una pala, un casco y un manual de construcción para que el Estado pueda declarar inaugurada la reconstrucción sin tener que involucrarse demasiado.

Mientras tanto, Abelardo De La Espriella intenta desviar parte de la conversación nacional con su famoso «Libro Blanco», mediante el cual busca impulsar una persecución judicial contra altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y contra el propio exmandatario.

Puede que ese asunto tenga importancia y que las investigaciones que correspondan deban adelantarse. Nadie está diciendo lo contrario. Pero hay un pequeño detalle que el presidente parece olvidar: hoy gobierna él.

Ya no está en campaña. Ya no es el candidato que podía recorrer escenarios, lanzar acusaciones, señalar culpables y convertir cada declaración en un espectáculo político. Ahora es el presidente de la República. Y eso significa que las excusas, los discursos incendiarios y las estrategias de distracción tienen una fecha de vencimiento: el día en que comienzan las responsabilidades.

El país no necesita que el presidente grite más fuerte en un micrófono ni que señale a más personas como corruptas. Necesita que sus funcionarios lleguen a los territorios, coordinen ayudas, reconstruyan viviendas, restablezcan servicios públicos, garanticen la educación, atiendan a las víctimas y presenten resultados.

Porque, señor presidente, gobernar no es una campaña electoral permanente.

Gobernar es tomar decisiones incómodas cuando nadie tiene ganas de tomarlas. Es reconocer los errores antes de que se conviertan en tragedias mayores. Es corregir a los ministros cuando se equivocan. Es estar donde están los ciudadanos cuando las circunstancias más lo exigen. Y, sobre todo, es responder por los resultados.

Hasta ahora, lamentablemente, los resultados que deberían llenar titulares brillan por su ausencia.

Lo que sí hemos visto es la extraordinaria solidaridad de millones de colombianos que se han puesto la camiseta para ayudar a quienes más lo necesitan. Han llevado comida, agua, ropa, medicamentos y toda clase de ayudas. Lo han hecho espontáneamente, sin que nadie se los ordene y, mucho menos, porque la primera dama, Ana Lucía, haya descubierto de repente una fórmula mágica de solidaridad nacional.

Puede que ella también esté trabajando y que su labor merezca reconocimiento. Pero la solidaridad de los ciudadanos pertenece a los ciudadanos. No puede ser presentada como un logro personal de la Casa de Nariño ni como una extensión de la imagen presidencial.

Señor presidente Abelardo De La Espriella: usted quiso ser presidente de Colombia. Lo consiguió.

Ahora le corresponde la parte menos glamorosa del cargo: gobernar.

Y gobernar implica mucho más que una alfombra roja, una fotografía perfectamente iluminada, un beso lanzado al aire, una denuncia contra el gobierno anterior o una publicación viral en redes sociales.

Mientras usted administra la imagen, miles de colombianos administran la tragedia.

Mientras usted intenta dominar la conversación pública, ellos intentan reconstruir sus vidas.

Mientras usted anuncia, ellos esperan.

Y mientras ellos esperan, el tiempo pasa.

Por eso, señor presidente, con todo respeto: menos espectáculo y más Estado; menos pose y más gestión; menos discurso y más resultados.

Porque la Presidencia de la República no es un escenario.

Y Colombia, definitivamente, no está para aplaudir una función.

Está esperando que alguien gobierne.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero

Antes de que un recién nacido respire por primera vez, una partera indígena ya ha leído el territorio. Ha observado la luna y reconocido las plantas medicinales que aliviarán a su madre del dolor, ha preparado infusiones, encendido el fuego y convocado un conocimiento transmitido durante generaciones. En muchas comunidades indígenas, traer una vida al mundo nunca ha sido un acto exclusivamente médico: es también una forma de cuidar el bosque, el agua, las semillas, la lengua y la memoria colectiva.

Ese vínculo entre nacimiento y conocimiento ancestral es el eje del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en 2026, dedicado a reconocer la partería indígena como una práctica que salvaguarda la vida y el bienestar. La fecha busca visibilizar el aporte de quienes acompañan los nacimientos, pero también los desafíos que amenazan su continuidad: la falta de reconocimiento institucional, la interrupción de su transmisión entre generaciones y los cambios que atraviesan los territorios.

Frente a estas presiones, la partería indígena continúa sosteniendo la salud de miles de familias, especialmente en lugares donde los servicios médicos son insuficientes.

“Es imprescindible que defendamos los derechos de las mujeres indígenas a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y cuidados. La sabiduría tradicional puede proteger las nuevas vidas”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, en el mensaje oficial de la conmemoración.

En Mongabay Latam conversamos con tres mujeres de Panamá, Ecuador y México que trabajan por mantener viva la partería indígena desde sus territorios y muestran los retos que enfrentan quienes buscan transmitir estos saberes, ejercerlos y defender el derecho de las comunidades a decidir cómo nacer.

Panamá: la medicina del territorio

Antes del amanecer, un Inaduled —médico tradicional guna— entra al bosque. No habla en voz alta. Antes de cortar una planta medicinal, pide permiso en un susurro a Nabbguana, la Madre Tierra. En la tradición guna, el bosque no es un lugar inerte del que se extraen recursos: los animales, los peces y el agua también forman parte de esa relación y perciben las palabras con las que se acercan a ellos.

Solo entonces comienza a recoger las plantas que, después de un cuidadoso proceso de preparación, se convertirán en Muu Ina, el conjunto de medicinas que las parteras conocidas como Siggwi Gaed ofrecen a las mujeres para acompañarlas durante el embarazo, el parto y el posparto en las comunidades de Gunayala, Panamá.

El propio nombre contiene una forma de entender la vida. Muu Ina une Muu, que significa abuela, pero a la vez útero, e Ina, que hace referencia a la medicina. Para la antropóloga e investigadora guna Yadixa Del Valle-Guardia, quien documentó esta práctica en su investigación de maestría en The University of Western Ontario, traducirlo únicamente como “medicina de plantas” deja afuera parte de su significado.

“Representa un conjunto de plantas medicinales y una diversidad de momentos en que las mujeres se tratan”, explica. El Muu Ina acompaña distintas etapas del embarazo: puede aliviar malestares, preparar el cuerpo para el nacimiento o ayudar en la recuperación después del parto.

En las comunidades guna, la preparación de estas medicinas requiere conocimiento y cuidado. Las plantas se limpian y son molidas sobre una piedra conocida como Aggwa Muu, la “piedra de la abuela”, donde hojas, flores y ramas se transforman en preparados para distintos momentos.

La investigación de Del Valle-Guardia, basada en trabajo etnográfico en ocho comunidades y entrevistas con médicos tradicionales —los Inadulegan, en plural—, las parteras Siggwi Gaed y las mujeres muestra que el Muu Ina forma parte de un sistema de cuidado más amplio. Los médicos botánicos preparan las medicinas y las parteras acompañan a las mujeres durante el embarazo, reciben a los bebés y continúan el cuidado después del nacimiento.

“Además del Muu Ina, la partera utiliza también su mano y otros elementos”, explica Del Valle-Guardia. “Cuando ella necesita la medicina para la limpieza después del parto, para que limpie todos los residuos que puedan quedar, se la pide al médico botánico”.

Ese acompañamiento también puede cambiar la relación con el sistema de salud convencional. Del Valle-Guardia recuerda el caso de una mujer a quien los médicos habían advertido que su bebé estaba en una posición que podía requerir una cesárea. Ella acudió primero con una partera porque no quería una intervención quirúrgica.

“Te fuiste a ver a la abuela Claudina, ¿verdad? Mira, el bebé está bien, tiene buena posición. Ya no te vamos a practicar la cesárea”, recuerda la investigadora sobre el momento en que el médico confirmó que la operación ya no era necesaria.

Una de las escenas que más marcó a la investigadora fue precisamente con la Siggwi Gaed Claudina, quien recuperaba las placentas de mujeres que habían dado a luz en hospitales. Después de limpiarlas y bañarlas ritualmente con cacao, las enterraba bajo su casa.

“Las enterraba para que la inteligencia del bebé no se destruya”, explica la investigadora. “Me llamó la atención que a ella no le interesa si es su familiar, una comunera o una mujer de otra comunidad la que ha parido. Ella en lo que piensa es en mantener el espíritu de la madre y del bebé bien resguardados para que tengan una buena salud más adelante”.

Pero este conocimiento enfrenta un desafío: la falta de relevo generacional. Aunque existe formación para médicos botánicos, no hay una escuela de partería desde la propia visión guna. “Hay una urgente necesidad de crear una escuela de formación de parteras”, afirma Del Valle-Guardia. “Si no lo hacemos ahora, sí estamos en riesgo de que la partería guna desaparezca”.

Para la investigadora, preservar este conocimiento no significa incorporarlo como un complemento subordinado a otro sistema de salud. “No hay que capacitar a las parteras. Las parteras ya saben”, concluye. “Es al revés: vamos a capacitarnos con los conocimientos de las parteras. Uno no puede estar por encima del otro”.

Ecuador: nacer en la selva

En la Amazonía ecuatoriana, las mujeres achuar y shuar suelen decir que el bosque lo tiene todo: árboles que alimentan, plantas que curan y saberes que acompañan la llegada de una nueva vida. Allí, la partería no es solo una práctica de salud; también es una forma de cuidar el territorio, preservar la memoria de las abuelas y mantener vivo un conocimiento comunitario.

Ese vínculo dio origen hace casi dos décadas a Ikiama Nukuri, que en lengua achuar significa “mujeres protectoras de la selva”. La iniciativa nació en 2006, cuando Narcisa Mashienta, mujer shuar y fundadora del programa, conoció de cerca las dificultades que enfrentaban las mujeres achuar para acceder a atención materna.

“Había muerte materna no registrada; era súper alta. También había niños que padecían muchas enfermedades”, dice Mashienta. “Desde ahí parte esta iniciativa, del sueño de crear este programa para poder salvar vidas de niños y mujeres, pero también de empoderar a las mujeres”, recuerda.

En ese momento, muchas mujeres parían solas, lejos de los centros de salud y sin posibilidad de traslado en una emergencia. Los hospitales podían estar a horas —o días— de distancia y una avioneta era una alternativa costosa que pocas familias podían asumir.

Mashienta cuenta que la idea de fortalecer la partería tradicional tomó forma durante una ceremonia de ayahuasca junto a Margaret Love, una partera jubilada que visitaba la Amazonía. Allí recibió el llamado. Con el acompañamiento de la Fundación Pachamama, organización con la que se aliaron, Ikiama Nukuri comenzó a trabajar para fortalecer los saberes de las parteras sin reemplazarlos, articulándolos con la medicina occidental cuando fuera necesario.

Durante dos décadas, la iniciativa ha formado una red de mujeres parteras en comunidades achuar y shuar. Actualmente reúne a más de 60 parteras y ha acompañado alrededor de 3900 partos, promoviendo una atención materna más cercana a las prácticas y decisiones de cada comunidad.

Para Mashienta, la salud de las mujeres y la protección de la Amazonía son inseparables. “Las mujeres somos las que vivimos en realidad en la naturaleza; la mujer es la que sabe del territorio, sabe de la tierra, sabe de la contaminación. Mientras más salud tengamos, más vida vamos a tener para seguir cuidando el bosque”, afirma la lideresa.

Ese vínculo también está en las plantas medicinales que acompañan el embarazo, el parto y el posparto. “La selva es nuestra farmacia, siempre lo decimos. Si el bosque se contamina, se acaban nuestras plantas medicinales”, sostiene. “Las mujeres parteras usan la medicina tradicional tal como nos han enseñado nuestras abuelas, por eso hay peligro de que estos conocimientos se pierdan porque nuestras abuelas ya no se quedan muchos años. Por eso queremos que este conocimiento sea pasado a las más jóvenes”.

Mashienta explica que los saberes tradicionales conviven con la medicina occidental cuando existen complicaciones en los partos, pero insiste en que esa relación debe construirse desde el respeto y no desde la imposición.

Ese reconocimiento, sin embargo, todavía enfrenta obstáculos. Cristina Melo, abogada y coordinadora del programa de derechos de la Fundación Pachamama, explica que aunque Ecuador reconoce constitucionalmente la salud intercultural y la medicina ancestral, las parteras indígenas siguen enfrentando barreras para ejercer y articularse con el sistema público de salud.

“No hay la capacidad estatal para cubrir la salud, pero aún así se le monopoliza y se criminaliza a quienes desean organizarse autónomamente para poder acceder a ella”, advierte Melo. “Los pueblos indígenas tienen la capacidad y los conocimientos, pero se pone en segundo plano sus sistemas de salud propios”.

Mashienta señala que esa falta de reconocimiento genera temor entre las propias parteras. “En la Constitución está escrita la interculturalidad plurinacional; quiere decir que debe existir respeto y escucha, pero no los hay”, asevera. “Nosotras como parteras tenemos miedo de asistir un parto: si algún incidente nos pasa o una mujer muere, somos condenadas a estar en la cárcel”.

Para la lideresa shuar, la defensa de la partería también es una defensa del bosque. La contaminación de los ríos, la expansión de actividades extractivas y la pérdida de la selva amenazan las plantas medicinales y los conocimientos que sostienen la vida comunitaria.

“Si cambia nuestra vida, llega el extractivismo, viene la minería, nos matan nuestras plantas y nos matan a nuestros abuelos, estos conocimientos van a ir desapareciendo”, agrega Mashienta. “Ese es nuestro miedo”.

Aun así, Mashienta mira hacia el futuro con esperanza. El mayor logro de Ikiama Nukuri, dice, no es solo haber acompañado miles de nacimientos, sino haber impulsado a mujeres que hoy son parteras, lideresas y defensoras de sus comunidades.

“Queremos que la partería tradicional no se pierda, que el liderazgo femenino sea valorado y que nuestra población indígena sea escuchada y respetada”, concluye. “La naturaleza y la farmacia que nos da vida nos van a seguir sosteniendo. Cuidamos al pulmón del mundo para toda la gente que respira”.

México: la memoria de un nacimiento

Después del parto, la madre y su bebé entran al temazcal, un espacio de calor, plantas y acompañamiento familiar donde continúa el cuidado. Para Lilia Heber Pérez Díaz, originaria del pueblo ayuujk, esta práctica expresa una manera distinta de entender la vida: “La primera casa de nosotras es el vientre de la madre, luego es el temazcal, luego la casa y luego el pueblo”, sostiene.

En Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Norte de Oaxaca, el nacimiento no termina cuando llega un bebé al mundo. Para las mujeres ayuujk, nacer es entrar en relación con un territorio, una comunidad y una memoria que comienza antes del primer aliento.

Pérez Díaz es coordinadora de la Organización de Mujeres Poj Kääj —“Jaguar del viento” en lengua mixe—, que nació en 2009 como un proceso organizativo de mujeres de Santa María Tlahuitoltepec que regresaron a su comunidad después de estudiar fuera, con la intención de poner sus conocimientos al servicio del pueblo.

En 2011 realizaron un diagnóstico sobre las violencias que enfrentaban las mujeres y encontraron una preocupación común: la pérdida de autonomía para decidir cómo, dónde y con quién parir.

A partir de esas conversaciones, la organización comenzó a recuperar los testimonios de mujeres y parteras ayuujk, que más tarde se convertirían en un podcast y círculos de escucha. La iniciativa no solo documentó experiencias de parto, sino que abrió preguntas sobre lo que ocurre cuando una comunidad pierde los rituales, los saberes y los vínculos que acompañan la llegada de una nueva vida.

Uno de esos vínculos está relacionado con la placenta. En la tradición ayuujk, explica Pérez Díaz, “es un elemento fundamental para la identidad de la persona que nació y que le vincula con su espacio territorial”. Cuando el nacimiento ocurre en un hospital, muchas veces esa relación ritual se interrumpe y con ella se pierden prácticas familiares y comunitarias.

Los testimonios recogidos por Poj Kääj también revelaron experiencias de violencia obstétrica y barreras para las mujeres indígenas, especialmente cuando no pueden comunicarse plenamente en español. Pérez Díaz insiste en que la defensa de la partería no significa rechazar los servicios médicos, sino garantizar que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y sus partos.

“No debería ser una limitante para tomar decisiones como mujeres que nos embarazamos y que queremos parir, no únicamente en una institución u hospital porque no se tiene otra opción”, afirma.

En 2021, Poj Kääj abrió la Casa Temazcal, una construcción de adobe con un temazcal, espacios para masajes y una cocina donde se prepara medicina y alimentos. Allí trabaja Virginia Pérez, cofundadora de la organización y una de las pocas parteras que mantiene vivo este acompañamiento en la comunidad, junto con otras mujeres que comparten sus saberes.

El desafío más urgente es la continuidad. Pérez Díaz explica que muchas parteras ayuujk que conservan estos conocimientos son mujeres mayores, de 60 o 70 años, mientras que son pocas las jóvenes que están aprendiendo. Las abuelas parteras cuentan que recibieron su llamado a través de sueños, pero las nuevas generaciones enfrentan otros ritmos y otras formas de relacionarse con estos saberes.

Para Pérez Díaz, documentar estos conocimientos es importante, pero no suficiente. “No es lo mismo que esté documentado a que la gente lo siga practicando”, explica. La partería vive en las manos de quienes acompañan los nacimientos, en las plantas medicinales nombradas en ayuujk, en los rituales y en la lengua que transmite una forma propia de comprender el cuerpo y el territorio.

“Si nombramos la partería desde nuestra lengua, que es el contenedor de todos estos conocimientos que nuestras abuelas y abuelos han desarrollado, ahí radica el reconocimiento mismo del existir de los pueblos y comunidades indígenas”, dice.

En Santa María Tlahuitoltepec, Poj Kääj busca que las nuevas generaciones puedan imaginar otras formas de nacer y cuidar. Porque cada nacimiento, para las mujeres ayuujk, no solo recibe a una persona: mantiene viva una relación entre la comunidad, la tierra y la memoria.

“Es por lo que hemos apostado y ahora hay mucha gente de la comunidad que ha empezado a interesarse por el temazcal, que ha empezado a volver a su uso para sanarse y atenderse”, concluye. “Creo y siento que lo estamos logrando, pero también falta mucho por hacer”.

*Imagen principal: una partera realiza una visita de seguimiento a una mujer embarazada en la Amazonía ecuatoriana. Foto: cortesía Fundación Pachamama

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En este momento conviene recordar que la grandeza de una democracia se mide tanto por la conducta de quienes asumen el triunfo como por la manera en que los demás asimilan la derrota. El escrutinio y los recursos electorales forman parte, por supuesto, de las garantías del sistema y deben ejercerse plenamente. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre acudir a las instituciones con evidencias concretas y sembrar, como estrategia política, una sospecha generalizada sobre la legitimidad de todo el proceso. Las autoridades electorales, los testigos de las campañas y las misiones nacionales e internacionales de observación acompañaron la elección y ofrecieron un parte general de tranquilidad. Sería, por tanto, gravísimo sentar el precedente de que un resultado solo se reconoce cuando favorece a un determinado sector.

Reconocer un resultado adverso no significa abandonar las convicciones ni renunciar al control político, sino aceptar que las diferencias se tramitan mediante el derecho, la oposición y el debate público. Quienes no obtuvieron el respaldo mayoritario tienen ahora el deber de ocupar un espacio esencial: el del contrapeso democrático. Este será un paso necesario para avanzar hacia la estabilidad democrática del país.

Sin embargo, la responsabilidad principal ante el país recaerá en quien gobernará durante los próximos cuatro años. El estrecho resultado electoral demuestra que, junto al país que respaldó el nuevo rumbo, existe otro, prácticamente equivalente en número de votos, que expresó una visión distinta sobre el futuro de Colombia. Reconocer su existencia, sus preocupaciones y sus expectativas será fundamental.

El nuevo presidente electo tendrá que gobernar para quienes celebran su victoria, para quienes la observan con expectativa y también para quienes votaron en su contra. Así como los derrotados deben reconocer la voluntad expresada en las urnas, el vencedor tendrá la obligación de no interpretar el resultado como un cheque en blanco, menos aún en las profundas tensiones políticas que atraviesa actualmente el país.

Esa responsabilidad se hará especialmente visible en el Congreso. La composición del Senado y la Cámara de Representantes no le otorgará automáticamente una mayoría al nuevo Gobierno. Cada reforma relevante exigirá diálogo y la construcción de acuerdos. La gobernabilidad será uno de los mayores desafíos del próximo cuatrienio y no podrá sostenerse exclusivamente en negociaciones burocráticas ni en coaliciones improvisadas en torno a cada votación.

El país necesitará, entonces, consensos programáticos y amplios sobre asuntos esenciales como la seguridad, el crecimiento económico, la estabilidad fiscal, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional, la educación, la ciencia y el desarrollo territorial. Construir esos acuerdos no significará renunciar al programa elegido por la ciudadanía, sino comprender que las transformaciones duraderas, en una sociedad pluralista y profundamente dividida, rara vez pueden imponerse desde una sola orilla.

Esa voluntad de concertación deberá estar acompañada por una administración capaz de convertir las decisiones políticas en resultados concretos. El nuevo Gobierno llega con un mensaje contundente y una oportunidad invaluable para recuperar la confianza ciudadana, restablecer el orden y devolverle a la administración pública su capacidad de ejecución. Para que esa visión trascienda el discurso y se convierta en realidad, la arquitectura gubernamental deberá sustentarse en un equipo excepcional.

La conformación del gabinete será una de sus primeras y más reveladoras decisiones. Colombia necesitará ministros y altos funcionarios con las más altas calidades académicas, técnicas, profesionales y éticas. No bastará con premiar la lealtad. El momento histórico exigirá conocimiento sectorial, experiencia administrativa, independencia de criterio, integridad comprobada y capacidad para generar resultados.

En esa arquitectura, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, podrá desempeñar un papel fundamental. Su trayectoria académica, su conocimiento de la economía y su experiencia en la administración pública pueden contribuir a traducir las prioridades políticas en decisiones técnicamente responsables. Una Presidencia impulsada por el liderazgo y la autoridad, acompañada por el rigor técnico y la capacidad gerencial, puede constituir una fórmula prometedora.

No obstante, el éxito del Gobierno no dependerá de una sola figura. Ese estándar de idoneidad deberá extenderse a todo el gabinete, a las entidades descentralizadas, a las superintendencias y a la representación diplomática. Colombia no necesita sustituir una improvisación por otra, sino construir un Estado que combine orientación política con evidencia, capacidad de ejecución con responsabilidad fiscal y autoridad con respeto por los procedimientos.

A esa exigencia de idoneidad deberá sumarse la coherencia. El presidente tendrá que ser fiel a su palabra, y la ciudadanía tendrá derecho a exigir correspondencia entre lo anunciado durante la campaña y lo ejecutado desde el Gobierno. Cuando alguna propuesta deba modificarse por razones fiscales, jurídicas o institucionales, será indispensable explicarlo con transparencia.

Sobre esa base, uno de los frentes prioritarios será la recuperación de la seguridad. El país espera resultados frente al fortalecimiento de los grupos armados, la expansión de las economías ilegales, la extorsión y la pérdida de control territorial. Recuperar la autoridad estatal requerirá inteligencia, coordinación institucional, presencia efectiva en los territorios y una estrategia que articule seguridad, justicia y oportunidades económicas.

De manera paralela, será urgente recuperar la confianza en la economía. El nuevo Gobierno deberá generar condiciones para la inversión, proteger la estabilidad fiscal, impulsar la productividad y reconstruir una relación de confianza entre el Estado, el sector privado y los territorios. El crecimiento no podrá concebirse como una simple abstracción estadística: deberá traducirse en empleo formal, movilidad social y oportunidades reales para las regiones históricamente más rezagadas.

Tanto en materia de seguridad como en la conducción económica, el ejercicio del poder requerirá una profunda sabiduría republicana. Recuperar la autoridad no implica desconocer la crítica, debilitar el pluralismo ni ignorar que, en la orilla contraria, existen preocupaciones legítimas sobre el futuro de la nación. Gobernar con sentido de Estado supone ejercer el poder con firmeza, pero también con límites claros, respeto institucional y conciencia de la diversidad del país.

Esa misma madurez deberá reflejarse tempranamente en la política exterior. La intención manifestada por el presidente electo de sanar y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos constituye un punto de partida pragmático y necesario, dada la importancia de ese país para el comercio, la seguridad, la inversión y buena parte de la cooperación internacional de Colombia.

Al mismo tiempo, el país necesitará una política exterior profesional, diversificada y estable, capaz de defender el interés nacional, reconstruir alianzas y ampliar su presencia en otras regiones. Las relaciones internacionales no pueden seguir dependiendo de afinidades ideológicas, impulsos personales ni de controversias dirimidas en redes sociales. Para avanzar en esa dirección será indispensable reconstruir las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia no puede seguir desmantelando su servicio exterior en nombre de las ideologías de turno y crear condiciones para que los mejores talentos de las regiones puedan formarse, ingresar a la carrera diplomática y representar al país con excelencia, nivelando por lo alto y no por lo bajo el servicio exterior.

Pero la proyección internacional de Colombia no dependerá únicamente del cuidado de sus relaciones exteriores. También estará determinada por su capacidad para educar, producir conocimiento, innovar y formar el talento que las transformaciones productivas y científicas contemporáneas demandan. Por ello, la recuperación del país deberá sustentarse en una gran apuesta nacional por la educación, la ciencia y el conocimiento.

Colombia no podrá resolver sus problemas de productividad, desigualdad, violencia y debilidad institucional mientras la educación continúe tratándose como un sector aislado y no como el fundamento de su desarrollo. El nuevo Gobierno tendrá que reducir las profundas brechas entre territorios, mejorar la calidad en todos los niveles y garantizar que el origen social o el lugar de nacimiento no sigan determinando las posibilidades de cada ciudadano.

Esta apuesta exigirá dignificar la profesión docente, fortalecer las instituciones educativas y construir una formación que responda a los grandes desafíos sociales, culturales, científicos y productivos del país. Colombia necesita una educación que no solo prepare para el trabajo, sino que forme ciudadanos capaces de comprender su realidad, participar en la vida democrática, convivir con la diferencia y contribuir a la transformación de sus comunidades.

En ese horizonte, la ciencia, la tecnología y la innovación deberán dejar de ocupar un lugar periférico en las decisiones del Estado. Un país que no produce conocimiento queda condenado a depender de las soluciones, tecnologías y prioridades definidas por otros. Fortalecer la investigación, respaldar el talento nacional y articular las capacidades de las universidades, las empresas, el Estado y los territorios será indispensable para diversificar la economía, enfrentar los cambios tecnológicos y construir una verdadera sociedad del conocimiento.

Todas las universidades, en el marco de un sistema mixto de educación superior revitalizado, deberán desempeñar un papel central en este propósito. Estas no son únicamente espacios de formación profesional, sino instituciones capaces de generar conocimiento, impulsar la innovación, fortalecer la cultura democrática y conectar los territorios con oportunidades nacionales e internacionales. Convertirlas en aliadas estratégicas permitirá que la transformación del país no se concentre en unas pocas ciudades, sino que nazca también de las capacidades, los saberes y las aspiraciones de sus regiones.

El Gobierno electo tiene, en suma, una oportunidad excepcional para corregir el rumbo, recuperar la confianza y fortalecer el Estado. Pero recibe también un país dividido, con enormes desafíos en materia de seguridad, productividad, desigualdad, conocimiento y presencia territorial. Su éxito no dependerá únicamente de la firmeza de sus decisiones, sino de su capacidad para construir consensos, conformar un equipo de las más altas capacidades y gobernar más allá de quienes depositaron su voto en él.

En este orden de ideas, el nuevo rumbo de Colombia deberá sostenerse en la autoridad, pero también en la sensatez; en la técnica, pero también en la sensibilidad social; en la convicción, pero también en el respeto por la diferencia. Solo así será posible consolidar instituciones sólidas y resguardar ese delicado y complejo sistema que sostiene nuestra democracia.

Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

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Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

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Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

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Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

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Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

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Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Gabriel García Márquez.

Este domingo tendremos la oportunidad de resolver en las urnas esa encrucijada de destinos. Estamos frente a una elección histórica. Podemos optar por avanzar hacia la transición democrática o, por el contrario, cerrar una consolidación cacocrática. La transición democrática tuvo su punto de partida hace ya casi 35 años con la Constitución del 91 y su propósito fundamental fue detener, así fuera transitoriamente, el ascenso de la criminalidad del narcotráfico, que catalizó dicho proceso constituyente perpetrando tres magnicidios de candidatos presidenciales en línea: Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. De haber tenido la oportunidad alguno de ellos de llegar a la presidencia, hoy viviríamos en una auténtica democracia, pues todos estaban empeñados en romper ese vínculo mortal entre la política, el crimen del narcotráfico y la violencia de unas guerrillas que ya estaban extraviadas en el laberinto de las economías ilícitas. Por eso, la Constitución logró desactivar el narcoterrorismo de Pablo Escobar, es verdad, renunciando a la extradición en su artículo 35, ya derogado, pero sobre todo incorporando a la Asamblea Constituyente a representantes de grupos insurgentes desmovilizados, como el M-19, el EPL, el PRT y la guerrilla indígena Quintín Lame, que aportaron en el debate y la gestación de la Constitución actual. Una Constitución cuyo mayor mérito fue proyectar y condensar en su articulado el horizonte democrático más claro que haya tenido Colombia en toda su historia política. Ese horizonte tiene su principal sustento institucional en el Estado Social de derecho (artículo 1) que consagra sus valores y principios éticos: “la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general”. En su artículo 13, cuando establece que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” y en su artículo 22 que nos interpela a todos, diciéndonos que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Esta trilogía de artículos es la quintaesencia de la democracia, pues concibe la política como una actividad que presupone la paz como condición imprescindible para garantizar el reconocimiento de la dignidad e igualdad de todas las personas, al tiempo que valora la pluralidad de intereses, valores e identidades como la mayor riqueza en una sociedad.

Democracia Vs Cacocracia

Por eso la política democrática no es compatible con mentalidades imbuidas de prejuicios que son propios de una sociedad decadente y descompuesta donde los cacos, es decir, quienes viven de robar, desconocer y violar los derechos  de los demás, ya sea mediante la fuerza, la trampa o la astucia, imponen su ley e intereses, por lo general en forma violenta e ilegal, instaurando así la Cacocracia: “el ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’)[i]. Los rasgos predominantes en esas sociedades cacocráticas son taras culturales y políticas como el clasismo, el racismo, el machismo, la misoginia, la homofobia, la xenofobia y la aporofobia, que inevitablemente reducen la política a un ejercicio de fuerza y violencia para regular la vida social a partir de la discriminación, la represión y la persecución. Incluso mediante el uso brutal y arbitrario del poder estatal para “destripar” a los opositores. El clasismo es una tara cultural de todos aquellos que tratan a las personas según sea su estrato social, con adulación y finos modales frente a la “gente de bien” y con desdén y desprecio hacia los “nadie”. El racismo, que discrimina a partir del color de piel, los acentos y valores culturales de quienes son considerados inferiores. El machismo. con su desprecio a las mujeres para subordinarlas a los intereses y deseos masculinos, desconociendo su autonomía e igualdad y que tiene en la misoginia su máxima degradación. Son típicas expresiones del machismo el acoso sexual y su procacidad genital, como símbolo de virilidad, tal como lo hizo en forma injuriosa y despreciable el candidato Abelardo de la Espriella con la periodista Laura Rodríguez[ii], quien calificó su presión para que viera en su celular una supuesta fotografía que insinuaba el tamaño de su pene no como “un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”. La homofobia, con su burla y desprecio por las personas con diversas orientaciones sexuales, a quienes consideran moralmente degeneradas y hasta enfermas, como un peligro inminente para sus familias y propias identidades.Por último, la xenofobia, exaltando un falso patrioterismo que conduce al rechazo del extranjero en proporción directa a su pobreza, que es lo característico de la aporofobia[iii]: “odio, miedo y rechazo” hacia los más pobres, a quienes llaman vagos y zarrapastrosos, salvo en época electoral cuando van tras sus votos prometiéndoles una “Patria Milagro” y su redención si votan por ellos el próximo domingo.

Álvaro Uribe Vélez, pionero de la Cacocracia

En Colombia la cacocracia tuvo su primera aparición durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, a tal punto que, en un congreso de la Federación de Cafeteros, llamó a los congresistas que lo apoyaban y estaban siendo investigados por la parapolítica[iv], dada su asociación criminal con los paramilitares de las AUC, a que votarán rápidamente sus proyectos de ley antes de ir a la cárcel[v]. Sin duda, un aporte significativo de Uribe a las formas de gobierno, al promover un híbrido entre el régimen parlamentario y el penitenciario. Híbrido que llevaría a la perfección, pero también a la cárcel, a sus ministros de Justicia, Sabas Pretelt y de Seguridad Social, Diego Palacio, pues mediante el delito de cohecho a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, más conocido como la “Yidispolítica”[vi], logró la reforma de un articulito de la Constitución para ser reelecto presidente del 2006 al 2010. Con la comisión de este delito de lesa constitucionalidad se inaugura propiamente una presidencia cacocrática, pues a pesar de la ilegalidad que hizo posible la reforma de la Constitución, su triunfo fue legitimado en las urnas por 7.39.835 colombianos en primera vuelta, frente a Carlos Gaviria Díaz, que obtuvo 2.613.157 votos como candidato del Polo Democrático.

¿Coronara Abelardo su carrera en la Casa de Nariño?

De allí que Abelardo de Espriella sea hoy  el candidato de la cacocracia, pues agita las mismas bandera de Álvaro Uribe Vélez de hace 20 años: la seguridad, la supuesta lucha contra la corrupción, la defensa de la Patria (“Primero Colombia”, en Uribe), la protección y promoción de la inversión extranjera, la explotación a ultranza de las energías fósiles, la “motosierra” del Estado al estilo Milei, la rebaja de impuestos a las grandes fortunas y, sobre todo, la apelación a la fuerza y la violencia, “firmes por la Patria”, con nuevas versiones del “Plan Colombia”, apoyo y asesoría militar de Israel, anunciando que en 90 días acabará con los grupos armados ilegales y el narcotráfico, haciendo de Colombia una “Patria Milagro”. El trasfondo de semejante programa, no es otro que la utilización irresponsable del miedo y la exaltación de un falso patrioterismo, de quien en el pasado fuera asesor de los grupos narcoparamilitares, responsables de más de 200.000 asesinatos y del control de una vasta red de estructuras criminales, como la oficina de Envigado, al mando de “Don Berna”, otrora fundador con los Castaño y Mancuso de los PEPES y luego de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)[vii]. Su patrioterismo es tan acendrado que tiene dos nacionalidades más, la italiana y la estadounidense, cuyo juramento exige una lealtad absoluta, por encima de los intereses de cualquier otra nación, lo que significa que estará incondicionalmente al servicio de MAGA. Por todo lo anterior, si llegaré a ganar las elecciones el próximo domingo, coronaría la cacocracia en la Casa de Nariño y el proceso de transición democrático iniciado hace 35 años con la Constitución del 91, encabezado hoy por Iván Cepeda, quedaría hecho trizas. Tal es la encrucijada histórica en que nos encontramos y por eso, según Gabo, “lo inverosímil es la única medida de nuestra realidad”, pues llegaría a la presidencia de la República un abogado que debe gran parte de su fortuna, pintoresca y fulgurante figura, a sus asesorías y defensas de los mayores criminales de lesa humanidad, cuyas atrocidades superan en número y crueldad las cometidas por las Farc-Ep, además de los generosos honorarios de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán y Alex Saab.

[i] https://www.fundeu.es/consulta/cacocracia/

[ii] https://co.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210CO1490G0&p=Abelardo+y+la+exhibici%C3%B3n+de+su+pene+a+la+una+periodista

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Aporofobia

[iv] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[v] https://www.semana.com/enfoque/frase-de-la-semana/articulo/les-voy-pedir-todos-congresistas-mientras-no-esten-carcel-voten/82445-3/

[vi] https://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica

[vii] https://www.comisiondelaverdad.co/autodefensas-campesinas-de-cordoba-y-uraba-surgimiento-transformacion-consolidacion-y-financiacion

VERO nos deja un INSTANCIA en la que desde su TÍTULO esta la CURIOSIDAD para algunos y el MODO de VIVIRLA de OTROS… aquí va SU..:

“Sexualidad a lo largo de la vida: transformaciones, no despedidas…

Hablar de sexualidad en la adultez mayor sigue siendo, para muchas personas, un tema incómodo. Persisten ideas que asocian el deseo, la intimidad y el afecto exclusivamente con la juventud, como si existiera una edad en la que la sexualidad se apagara definitivamente. Sin embargo, la realidad humana es mucho más compleja.

La sexualidad no desaparece con los años. Se transforma.

A lo largo de la vida, el cuerpo cambia, las experiencias se acumulan y las prioridades evolucionan. Lo que a los veinte años podía estar centrado en la exploración o la intensidad física, en etapas posteriores puede adquirir otros significados: compañía, ternura, complicidad, comunicación o simplemente la necesidad de sentirse visto y valorado por otro ser humano.

La adultez mayor trae desafíos. Algunas personas enfrentan enfermedades, cambios hormonales, pérdidas funcionales o la ausencia de una pareja. También deben convivir con prejuicios sociales que invisibilizan sus necesidades afectivas y sexuales. Sin embargo, ninguna de estas situaciones elimina la capacidad de desear, vincularse o construir intimidad.

Uno de los mayores errores es pensar la sexualidad únicamente desde el acto sexual. La sexualidad incluye el contacto, las emociones, la identidad, la expresión de afecto, el placer y la manera en que cada persona habita su propio cuerpo. Por eso, hablar de sexualidad en la vejez no es hablar solamente de relaciones sexuales; es hablar de humanidad.

También es importante recordar que las dudas son frecuentes y legítimas. Los cambios físicos, los tratamientos médicos o ciertas enfermedades pueden generar inquietudes sobre la vida sexual. Conversar con el médico de confianza es una herramienta valiosa para recibir información adecuada, despejar temores y encontrar alternativas cuando aparecen dificultades. Nadie debería atravesar estas preguntas en soledad ni sentir vergüenza por plantearlas.

Como sociedad, tenemos el desafío de abandonar miradas infantilizantes sobre las personas mayores. Necesitamos reconocer su derecho a la privacidad, al amor, a nuevas parejas, a expresar deseos y a tomar decisiones sobre su propia vida afectiva. Negar esa dimensión no protege; limita.

La pregunta no debería ser si existe sexualidad en la adultez mayor. La evidencia cotidiana demuestra que sí existe. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a reconocerla con respeto y sin prejuicios.

Porque la sexualidad no tiene una fecha de vencimiento. Cambia de forma, de ritmo y de expresión, pero continúa siendo una parte esencial de la experiencia humana. Comprenderlo es también una forma de promover una vejez más digna, más libre y más auténtica.”

Con este dejar su APORTE al PENSAMIENTO HORIZONTAL; VERO en todo sentido; le agrega su SALT & PEPPER profesional y literaria… Que nos permite la LICENCIA CREATIVA de traer este RECUERDO MUSICAL de la TIERNA juventud que dice ASÍ..:

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CONTINUARÁ…

CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente puedan establecer las autoridades competentes, el caso plantea una reflexión de fondo sobre uno de los principios esenciales del Estado de Derecho: la prohibición de utilizar la función pública para favorecer intereses políticos o electorales.

Los servidores públicos administran recursos que pertenecen a todos los ciudadanos, no a proyectos políticos particulares. Por esa razón, la Constitución y la ley imponen límites claros frente a la participación en política, especialmente cuando existe el riesgo de que se utilicen cargos, contratos, programas sociales o estructuras administrativas para influir en procesos electorales.

Las denuncias conocidas hacen referencia a presuntas presiones sobre funcionarios y contratistas para participar en actividades proselitistas, así como a la posible utilización de recursos institucionales para fines electorales. De comprobarse estos hechos, estaríamos frente a conductas que vulneran principios fundamentales de la administración pública y afectan la libertad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto sin presiones ni condicionamientos.

Particularmente preocupante resulta cualquier señalamiento relacionado con la supuesta vinculación entre la continuidad contractual o el pago de obligaciones y la participación en actividades políticas. La libertad del sufragio es un derecho esencial en cualquier democracia y no puede verse condicionada por relaciones laborales, contractuales o de dependencia frente al Estado.

Sin embargo, es igualmente importante recordar que las denuncias constituyen apenas el punto de partida de un proceso investigativo. Corresponde ahora a la Fiscalía verificar la autenticidad de las pruebas aportadas, establecer los hechos y determinar si existieron conductas sancionables. De la misma manera, la Procuraduría deberá evaluar la eventual existencia de faltas disciplinarias, siempre garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de todas las personas involucradas.

Lo verdaderamente valioso en este momento es el mensaje institucional que deja la actuación de quienes han solicitado la investigación: las denuncias sobre posibles irregularidades electorales no deben ser ignoradas ni minimizadas. Por el contrario, deben ser examinadas con rigor, transparencia e imparcialidad para preservar la confianza ciudadana en las instituciones.

En una época en la que la desconfianza hacia la política y hacia las instituciones públicas representa uno de los mayores desafíos para la democracia, resulta indispensable reafirmar una premisa básica: el Estado no puede estar al servicio de campañas políticas. Los funcionarios públicos están llamados a servir a los ciudadanos, no a estructuras electorales.

La transparencia no es una opción; es una obligación. La neutralidad de la función pública no es una recomendación; es un deber constitucional. Y la protección de la libertad del voto no es una formalidad jurídica; es una condición indispensable para que la democracia siga siendo legítima.

Las investigaciones determinarán si las denuncias tienen fundamento y quiénes deben responder por los hechos. Mientras tanto, el país debe insistir en un principio irrenunciable: ninguna institución pública puede convertirse en instrumento de presión política ni en plataforma electoral. La confianza ciudadana se construye con transparencia, legalidad y respeto absoluto por las reglas democráticas.

Nota recomendada: El Partido Liberal, un partido sin memoria ni coherencia

1. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1.¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

A. Principios que orientarán las relaciones internacionales de Colombia

1. Defensa del interés nacional con autonomía estratégica y relacionamiento plural
2. Respeto a la soberanía de los Estados y a la integridad territorial
3. Defensa del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos.
4. Vocación de diálogo, de concertación política y capacidad de construir consensos
5. Defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la equidad de género.
6. Responsabilidad compartida y cooperación frente a las principales amenazas globales.
7. Sostenibilidad y protección de la biodiversidad como eje transversal de la política exterior
8. Coherencia entre la agenda externa y la política interna para el desarrollo con inclusión, la seguridad y la democracia.
9. Adecuación y modernización de las capacidades institucionales, el talento humano  y la gestión diplomática.
10. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos

 B. Visión y prioridades de la política Exterior

• Desafíos internos

La política exterior no puede divorciarse del ámbito interno. Colombia se caracteriza por una coexistencia estructural entre estabilidad institucional, violencia armada y economías ilícitas La superposición de orden democrático y conflictividad  genera un escenario que condiciona la gobernabilidad  y la inserción internacional del país.

En este contexto se inscriben las carencias y dificultades de la política exterior durante el actual gobierno. Varias de ellas heredadas de otras administraciones, pero otras que se han convertido en nuevos obstáculos  para su implementación. El manejo de las relaciones internacionales ha sido improvisado, mediático y centrado en la figura presidencial con un alto costo institucional. La diplomacia de redes y de micrófono deben quedar en el pasado y privilegiarse el uso de los canales diplomáticos. La Cancillería se ha debilitado, el servicio exterior ha perdido profesionalismo y la confianza con socios y aliados se ha erosionado. La ambigüedad política y la  innecesaria confrontación con  los principales actores globales y regionales también han deteriorado las relaciones estratégicas en detrimento del interés nacional.

 La experiencia técnica acumulada, la continuidad en el ejercicio de la carrera diplomática y consular, así como la gestión de funcionarios competentes, han contribuido a mitigar los impactos negativos.  Uno de los principales retos de nuestro gobierno será establecer prioridades y  trazar una hoja de ruta con visión de largo plazo, coherencia, fortalecimiento de la institucionalidad.

• Desafíos externos. El nuevo entorno global

Asistimos a una  profunda transformación del orden global . El contexto internacional en que tendrá que implementarse la política exterior del próximo cuatrenio está marcado por un desplazamiento del poder de occidente a oriente,  la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por la supremacía y el afianzamiento de sus áreas de influencia, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales y la emergencia de un mundo multipolar con nuevos poderes y actores. Así mismo, por el aumento de las guerras interestatales y la persistencia de conflictos armados internos, el incremento de la carrera armamentista nuclear, el derrumbe de un sistema internacional fundado en reglas y el debilitamiento del multilateralismo. La  época que vivimos está atravesada, a su vez, por una triple transición: la verde o climática, la energética y la digital, como nuevos campos de tensiones y de redefinición de las fronteras tradicionales del poder.

 Ante estos desafíos, internos y externos, tenemos el reto de definir cuál es la inserción internacional que hoy requiere el país para ser un actor confiable y predecible y con capacidad de actuar con autonomía estratégica y múltiples interacciones. La inserción por la que se opte también incide en la  capacidad de preservar la democracia, dinamizar el desarrollo productivo, superar el rezago tecnológico y poder  aprovechar las fortalezas y las ventajas comparativas con las que se cuenta.  Como bien se señala  ASODIPLO, ¨la política exterior también define el país que Colombia es y el que aspira a ser¨.

• Una política exterior con visión global al servicio de los colombianos

La visión que orientará  la política exterior está dirigida a posicionar al país como un actor relevante a través de una inserción activa en las dinámicas globales, regionales y fronterizas.  Colombia debe aspirar a consolidarse como una potencia media regional –del sur global- que pueda ejercer un liderazgo responsable frente a los problemas mundiales. Y que pueda proyectar sus activos estratégicos, su compromiso democrático y su vocación de integración.

La política exterior contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad regional, La política exterior está concebida como una palanca fundamental del desarrollo nacional: articula  la inserción internacional del país con las prioridades económicas, sociales, de seguridad y de innovación y se convierte en  una herramienta formidable para acceder a la revolución tecnológica y digital en curso.

• Las prioridades estratégicas

La política exterior del país se implementará a partir de tres prioridades, o ejes estratégicos. Primero, consolidar un servicio exterior profesional y moderno basado en la meritocracia, la estabilidad institucional, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas y diplomáticas, que permitan interpretar el nuevo orden global y defender eficazmente los intereses del país.

Segundo, impulsar un relacionamiento internacional pragmático, sin alineamientos rígidos,  diversificado  y comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional, que fortalezca nuestros vínculos bilaterales y fomente la buena vecindad, el desarrollo y la seguridad fronteriza . Apostaremos por el  establecimiento de alianzas con los principales actores del  sistema internacional -gubernamentales y no gubernamentales- así como  con nuevos socios y mercados que amplíen la presencia de Colombia en Asia Pacífico, Medio Oriente, África y en regiones emergentes y otros países del sur global.

Y tercero, promover una diplomacia orientada al desarrollo humano, en consonancia con   los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Se aprovecharan la cooperación y la financiación internacional para  fortalecer la lucha contra la criminalidad trasnacional organizada, apoyar la recuperación de la seguridad nacional y hemisférica y procurar una movilidad internacional regular y asistida, que  estreche los vínculos con  la diáspora colombiana.

• ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Defender el multilateralismo en el tránsito hacia un orden internacional más plural, competitivo e incierto, es defender la estabilidad, la paz y los intereses de Colombia como parte del sistema internacional. Abogar por el respeto al derecho internacional es una prioridad ante el debilitamiento creciente de las reglas que han contenido los conflictos durante décadas, las acciones unilaterales y la tendencia a que prime  el uso de la fuerza sobre al diplomacia. Para un país como Colombia con economía abierta, amenazas al estado de derecho, una vecindad compleja, vulnerabilidad climática y su condición de potencia media, hacen del multilateralismo un soporte para la seguridad, la cooperación y el desarrollo interno.

A. Naciones Unidas es una institución decisiva en un momento crítico. Sin embargo, evidencian la  inoperancia  de la Organización  casos emblemáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones militares de Israel en Gaza, las intervenciones letales en Irán, Líbano y Siria; las hambrunas en África y la imposibilidad de contener la guerra interna y la barbarie en Sudán. La ONU no puede seguir paralizada por vetos, insuficiencia financiera y mandatos desactualizados. Se requieren reformas prácticas que mejoren la capacidad de prevención, agilicen la acción humanitaria y amplíen la representación de regiones sub-representadas.

 Estas reformas son necesarias para que Naciones Unidas pueda ser, efectivamente,  una plataforma para enfrentar conflictos geopolíticos, proteger derechos humanos, reducir desigualdades y buscar respuestas a la crisis climática. Por ello, ratificaremos los principios de la Carta de la ONU, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la iniciativa ONU 80, promoviendo un sistema multilateral más participativo, eficiente y representativo del nuevo orden internacional.

La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el período (2026-27) abre un espacio privilegiado para recuperar presencia internacional, recomponer relaciones bilaterales deterioradas, e impulsar una agenda externa vinculada a las prioridades nacionales Mi gobierno se enfocará en contribuir a la solución de controversias y conflictos, buscando que la ONU sea más efectiva y será propositiva. Así mismo, se  aprovechará su condición en el CS para articular una agenda coherente de seguridad, paz y derechos humanos que nos aliente a construir democracia desde adentro y no solo a nivel discursivo. Acompañaremos la permanencia y fortalecimiento del  mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia parala  implementación del Acuerdo de Paz. (2016). Es una tarea de la Cancillería  poner en marcha una estrategia diplomática para recuperar el apoyo unánime del CS a la Misión de Verificación  y su mandato.  

Desde el Consejo de Derechos Humanos, donde ejercemos actualmente la membresía (2025-2027), se promoverá  la defensa de los principios democráticos y del estado de derecho, así como la protección universal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin sesgos ideológicos y criterios selectivos.  Colombia procurará, como parte de su política de diversificación, la más amplia y activa  participación en foros, asociaciones y plataformas de integración regional. Por ello, será primordial la presencia en instancias globales especializadas y en mecanismos de articulación con organismos financieros, comerciales y ambientales, en especial en:

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: lograr el estatus de miembro pleno.

ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Reactivar las relaciones a través de la Alianza del Pacífico.

BRICS: desarrollar relaciones más estrechas con este bloque de países y mantener la membresía en el New Development Bank, o Nuevo Banco de Desarrollo, adhesión ratificada en julio de 2025

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: dinamizar el proceso de incorporación de estándares y de provisión de cooperación técnica.

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte: aprovechar la capacitación, cooperación y ventajas estratégicas que trae el estatus de  “socio global”, ratificado en 2018

RCEP, Asociación Económica Integral Regional: avanzar hacia el logro de preferencias arancelarias y representación comercial en sus 15 estados miembros.

B. Acuerdos comerciales y financieros equilibrados

Colombia apoyará, como un esfuerzo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, los mecanismos internacionales de financiamiento. Lo que incluye el respaldo a una nueva capitalización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propuestas sobre nuevos mecanismos de financiamiento de estas instituciones, y a cambios en su gobernabilidad, para darle una participación adecuada a los países en desarrollo. Promoveremos, así mismo, el avance de los bancos regionales y subregionales de los cuales somos miembros: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Fomentaremos la ejecución de los acuerdos de 2021 en la OCDE en materia de cooperación tributaria internacional. De otra parte, se evaluaran los acuerdos de inversión, cooperación financiera, estabilidad jurídica, los Tratados de Libre Comercio y el régimen de Zonas Francas, con el propósito de asegurar su conveniencia, equilibrio y beneficio real para los colombianos.

• ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Mantendremos un buen entendimiento, canales de comunicación y una diplomacia profesional con los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, cuidaremos las relaciones estratégicas y buscaremos ampliar el horizonte internacional de Colombia

A. Reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos

Reparar la relación con Estados Unidos implica recuperar la confianza, retomar el diálogo político de alto nivel, restablecer la cooperación y renovar una agenda para el beneficio mutuo.  Consolidarla exige una estrategia de control de daños que va a requerir conocimiento, experticia, método y diplomacia. Va a demandar, así mismo, el concurso de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil que han jugado un papel central en el mantenimiento de la relación binacional, así como en la continuidad de los vínculos bipartidistas.

Comercio, inversión, turismo, seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado, migración irregular y desarrollo productivo, estarán en el centro de una agenda de interés común, que incluya asegurar el bienestar de los colombianos en territorio estadounidense.

Con Estados Unidos compartimos un objetivo común en la lucha contra el narcotráfico que ha cobrado miles de víctimas y afectado severamente la salud pública. La lucha contra las drogas ilícitas debe ser integral, coordinada y bajo criterios de corresponsabilidad, con el objetivo de atacar todos los eslabones de su cadena. Restablecer la cooperación financiera, militar, judicial, de inteligencia y tecnológica es prioritario.

Nos unen, además, los más de 2 millones de colombianos en Estados Unidos y cerca de 50.000 estadounidense residentes en Colombia. Otro aspecto central son las remesas que recibe el país y que son nuestra principal fuente de divisas (se estiman en $US 13.000 millones anuales), por encima de flores y petróleo; más de la mitad provienen de Estados Unidos ($US 6.300 millones en 2024).

Las relaciones comerciales son sólidas, pero hay que dinamizarlas. El crecimiento reciente de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos debe mantenerse, al tiempo que se debe diversificar la canasta exportadora, gracias al despliegue de una agenda económica que aproveche el nearshoring y posicione a Colombia como socio confiable en energía, minerales críticos y servicios de alto valor agregado. EE. UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones de Colombia y el mayor inversionista en el país.

En el diálogo renovado  que se establezca con USA, a partir del 2026, tendrá un lugar relevante en la agenda la transición democrática y la reconstrucción económica de Venezuela. Su viabilidad y sostenibilidad comprometen  la seguridad, la estabilidad y la paz de Colombia. Propiciaremos un diálogo  encaminado a la cooperación trilateral, que debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes campos:

– inteligencia, seguridad y control fronterizo con uso de tecnología avanzada para el desmantelamiento de las redes criminales, las economías ilícitas y las cadenas logísticas de los grupos armados articulando cooperación judicial, capacidades técnicas y financieras.

-presencia integral del Estado con inversión social y productiva, fortalecimiento institucional local, conectividad e infraestructura estratégica que modernice pasos fronterizos, corredores logísticos, puertos fluviales.

-Zonas productivas binacionales, clústeres agroindustriales y de economía verde, con participación del sector privado, para generar empleo formal y comercio legal. Es necesario recuperar y actualizar los esquemas de complementación productiva que ya funcionan (automotor, siderúrgica, química) para reindustrializar el comercio binacional con valor agregado.

-La reactivación petrolera y química venezolana abre la puerta a un diálogo tripartito que posicione a Colombia como hub industrial proveedor, articulando cadenas regionales y acceso a mercados estadounidenses, especialmente donde la industria colombiana es competitiva.

-El aprovechamiento productivo del territorio abre la puerta para desarrollar un acuerdo binacional con USA en energía solar y eólica en la Guajira colombiana y venezolana, una de las mejores regiones del mundo en condiciones geo climáticas.

-Frontera y migración: manejo coordinado y conforme al derecho internacional de la migración irregular. Impulso de macroproyectos de formación y certificación de habilidades para migrantes retornados.

B. Reestructurar la relación con Venezuela

Venezuela es una de nuestras prioridades estratégicas; además , es nuestro principal vecino con el que compartimos 2.219 km de frontera, la más dinámica de Suramérica,  tenemos una interdependencia histórica  y en su territorio residen más de  dos millones de connacionales,. La seguridad nacional, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestra población se han puesto en riesgo por el accionar del  crimen transnacional  y de  los grupos armados organizados como El ELN, hoy una guerrilla binacional, que operan con la tolerancia, o  la incapacidad del régimen venezolano para combatirlos.

Nuestra política será de “cero complicidad con el régimen”. Mantendremos  abiertos los canales diplomáticos dándole prioridad a una política integral de seguridad fronteriza, a la protección consular activa , a la normalización y expansión del comercial formal y el tránsito entre los dos países. La  movilidad humana segura y la Integración productiva en las zonas binacionales pueden generar empleo y reducir incentivos a la economía ilícita.

Nuestro gobierno está decidido a acompañar una transición en Venezuela, conducida por los venezolanos, que restaure derechos y libertades y a desempeñar un rol activo en la reconstrucción económica del país, explorando oportunidades de comercio e inversión. Estará en la agenda, como se ha señalado, una  cooperación trilateral con USA, con el concurso de los países de la región.

C. Con la Unión Europea (UE) consolidaremos la  ¨Alianza Estratégica Vinculante” que tenemos desde 2023 y que eleva formalmente el nivel de la relación. Compartimos valores esenciales: un mundo sostenible, equitativo, seguro, democrático y comprometido con la paz. La Alianza con la Unión Europea adquiere un gran valor político en un momento en que la democracia liberal y sus instituciones atraviesan una crisis de legitimidad y eficacia global

Afianzar esta Alianza es fundamental porque combina acceso preferencial a mercados, cooperación político-técnica de alto nivel, financiamiento verde y social, y representa un estímulo para elevar estándares institucionales y productivos. Por ello, trabajaremos para que Colombia sea un socio relevante en la estrategia Global Gateway, la principal iniciativa europea de inversión internacional en áreas clave del desarrollo productivo y la sostenibilidad.

 Para el desarrollo de la Alianza y sus oportunidades en comercio e inversión, es necesario avanzar en la adaptación del aparato productivo exportador a los requerimientos y exigencias de la Unión Europea. Europa tiene altos estándares y exigencias en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares técnicos y requerimientos de sostenibilidad. Así mismo, es  necesario coordinar con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Ambiente el acompañamiento a las empresas exportadoras, desde la producción hasta la comercialización final, para asegurar cadenas de valor integralmente certificadas.

En materia migratoria, Europa-UE continúan siendo uno de los principales destinos para los colombianos que emigran, en particular España, por lo que se pondrá en marcha, liderado por Cancillería-Migración Colombia, el programa de Migración ordenada Segura y Asistida. Adicionalmente, a través de esta alianza se podrá potenciar el diálogo y la negociación de bloque a través de la CELAC- UE, como mecanismo de integración para aprovechar la relación birregional.

C. Colombia en el siglo asiático: del rezago a la acción estratégica

China es la mayor potencia comercial. Su economía representa alrededor del 18.6 % del PIB mundial (PPA), la participación más alta de cualquier país, superando a Estados Unidos en ese indicador. En materia militar, el presupuesto de defensa para 2025 asciende a aproximadamente US$ 245-249 mil millones, consolidándola como la segunda nación con mayor gasto militar del mundo.

China mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 185 países y  con 180  ha establecido cooperación o asociaciones diplomáticas formales. A través del Belt and Road Initiative (BRI) ha firmado acuerdos de cooperación con más de 140 países y unas 30 organizaciones internacionales. Ha promovido su “influencia blanda” mediante diplomacia cultural, educativa y cooperación internacional y firmado convenios con decenas de países, expandiendo su red de asociaciones globales.

La relación con China desde la apertura de relaciones diplomáticas en 1980 ha estado marcada por la cordialidad, pero ha sido poco profunda, con improvisación, asimetrías comerciales y una institucionalidad insuficiente. China es el principal origen de las importaciones de Colombia (27,4% en 2025), con un crecimiento del 14% interanual – aunque la  balanza comercial siempre ha sido deficitaria- y uno de los actores más relevantes en construcción de infraestructura vial. La adhesión de Colombia en mayo de 2025 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su membresía en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS abren oportunidades, pero exigen conocimiento, capacidad negociadora y transparencia para que se traduzcan en beneficios mutuos.

Colombia debe construir una política exterior que equilibre sus relaciones externas y se inserte en un sistema internacional multipolar. Una diversificación inteligente no implica el deterioro de los vínculos con un socio y aliado fundamental, como Estados Unidos, ni con otros socios regionales.

Por ello,  uno de los objetivos de la política exterior es transformar la relación con China como uno de los instrumentos clave para el  del desarrollo interno. Una relación de largo plazo exige capacidades estatales estables, profesionales y técnicas. En este marco, se desarrollará la institucionalidad necesaria para garantizar un manejo diplomático adecuado, la coordinación, gestión y seguimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales con este país.

Como un apoyo a la diversificación, la inserción en Asia y el fortalecimiento de la relación con China desarrollaremos la relación diplomática y comercial con miembros del bloque BRICS, tanto plenos como asociados, dando prioridad a Brasil, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Etiopía, Nigeria y Turquía. Así mismo, se debe Utilizar la Alianza del Pacífico, la CELAC y otros mecanismos regionales para promover sinergias de cooperación, promover integración productiva, cadenas de valor y coordinación política.

D. Ampliación del horizonte internacional del país: nuevos socios, aliados y mercados

Ampliar el horizonte internacional y diversificar las relaciones exteriores más allá de los países vecinos, Europa, Estados Unidos y China contribuye a interpretar mejor el nuevo orden global y las tensiones geopolíticas, sin alineamientos rígidos, así como  a ampliar la capacidad de negociación del país.

Esta proyección, particularmente hacia Asia, el Indo-Pacífico, potencias emergentes, Emiratos Árabes Unidos, otros países del Sur Global y África, robustecen al país como potencia regional media. La diversificación no es solo expansión internacional, es una política de protección, estabilidad e influencia.

Nuestro comercio exterior, flujo de inversiones extranjeras y de ingresos por cooperación, se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Un nuevo orden económico marcado por el desacoplamiento de los mercados y el neoproteccionismo limita el acceso de nuestros bienes en Europa y Estados Unidos, a lo que se suma nuestra baja diversificación de la oferta exportadora y de la producción. Por ello, debemos acelerar nuestra relación con la totalidad de Asia y sus países emergentes:  India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, principalmente:

-Acelerar la revisión de los acuerdos de protección de inversiones con Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.

-Establecer condiciones para asegurar que los flujos de inversión asiáticos permitan la transferencia de tecnología y conocimiento entre las empresas de producción nacional en asocio con el ecosistema académico.

-Las inversiones en Colombia desde Asia deben focalizarse en infraestructura; minerales, desarrollos farmacéuticos (vacunas) y agroindustriales, generando empleo y transferencia de conocimiento.

-Las exportaciones, teniendo en cuenta nuestro tejido productivo y capacidades, puede promoverse en insumos y excipientes para diversos sectores demandados por los países asiáticos.

Requerimos una política para la integración estratégica con Asia que trascienda los gobiernos, como el centro gravitacional de la nueva geografía económica global; por tanto, una política de Estado  que supere la fragmentación institucional y la toma de decisiones fragmentada -como ocurrió con el Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta- y que defina con claridad para qué, cómo y con quién integrarse.

La apertura de nuevos mercados será un objetivo central fruto de un esfuerzo conjunto entre los actores privados y el sector público. Es necesario que se complementen los esfuerzos diplomáticos con gestiones comerciales y compromisos sectoriales que permitan asegurar la calidad de los productos exportados, el cumplimiento de las condiciones pactadas y el acatamiento de las condiciones sanitarias, fitosanitarias, de etiquetado y sostenibilidad..

Para lograr una inserción inteligente en Asia, el país debe cumplir seis condiciones estratégicas: (1) construir una estrategia nacional consensuada; (2) asegurar convergencia institucional real; (3) formar capacidades para administrar ecosistemas de inversión y tecnologías asiáticas; (4) adoptar una política multidireccional con tratamientos diferenciados por país; (5) reforzar la estructura de promoción comercial y de inversiones, especialmente ProColombia y las agencias regionales; y (6) profesionalizar a funcionarios, empresarios y academia en temas asiáticos.

Es necesario crear un Grupo Articulador de Política para Asia, de alto nivel, que integre al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y sirva como órgano consultivo del Ejecutivo, que garantice coherencia estratégica y continuidad de la política de inserción.

E. Ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales con África: una apuesta

 Esta apuesta le ofrece a Colombia una oportunidad estratégica para diversificar mucho más su política exterior. África es hoy un escenario clave de competencia global, con economías dinámicas, transición demográfica acelerada y un creciente peso diplomático en foros multilaterales.

En el plano económico, África representa un mercado emergente con alto potencial para exportaciones colombianas en agroindustria, servicios, logística, energías renovables y economía digital, además de oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria y cadenas de valor resilientes.

A nivel multilateral, una alianza más profunda con África fortalecería la capacidad de Colombia para incidir en debates sobre reforma de la gobernanza global, financiamiento climático, equidad en el comercio internacional y desarrollo  humano. Colombia mantendrá el estatus de observador en la Unión Africana que tiene desde 2008, permanecerá su embajada en Etiopía y evaluará el desempeño de sus cinco representaciones diplomáticas en el continente.

F. Canadá en camino de convertirse en socio estratégico

Según la última publicación de la Cámara Canadiense para las Américas: “Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe,” la relación entre Canadá y la región ya no debe operar como una  transacción comercial, o únicamente extractiva. Colombia y Canadá mantienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en consultas políticas permanentes, cooperación para la paz y marcos institucionales sólidos. Ha apoyado a Colombia en justicia transicional, protección de comunidades, desminado, asistencia humanitaria y desarrollo rural, así como en cooperación ambiental bajo el Canadá-Colombia Agreement on the Environment, complementada por gobernanza climática, transición energética y producción sostenible.

Con aportes concretos en proyectos sociales, ambientales y de movilidad técnica, Canadá y Colombia pueden coordinar esfuerzos a lo largo de la región, generar transferencia de conocimiento y apoyar políticas estratégicas que promuevan seguridad-paz, desarrollo inclusivo y resiliencia frente a desafíos económicos, sociales y climáticos.

• ¿Cuál será́ su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

A.  La buena Vecindad. Mi gobierno asumirá como uno de los ejes centrales de la política exterior reconstruir las relaciones con los países vecinos mediante una diplomacia  pragmática, desideologizada y orientada a intereses comunes. Se reestablecerán canales políticos de alto nivel, mecanismos técnicos permanentes y una agenda centrada en seguridad, integración y desarrollo fronterizo . Con Ecuador se deben privilegiar los canales diplomáticos para superar la innecesaria confrontación ideológica entre presidentes y la tensión comercial y coordinar acciones contra grupos armados ilegales, economías ilícitas y narcotráfico en la frontera. Con Perú se  recuperarán las relaciones diplomáticas plenas y se tramitará el diferendo por la isla de Santa Rosa, mediante el diálogo y la normatividad vigente para ambos países, priorizando la navegabilidad, conectividad y  protección de la Amazonía. 

Con Brasil, nos proponemos transformar una relación distante en una alianza  estratégica en diversos campos clave para ambas naciones: cooperación militar, policial y judicial para combatir el crimen transnacional, impulso al comercio y diversificación de exportaciones, conectividad física y digital,  transferencia de tecnología,  intercambio educativo y cultural, así como acciones conjuntas para fortalecer el OCTA y la conservación del bioma amazónico.

 Con Panamá,  se avanzará para construir una política integral que enfrente  las redes criminales que operan en el Darién y que utilizan la migración irregular para el contrabando, el reclutamiento de menores, la trata de personas y explotación sexual. Estrechar los vínculos comerciales, financieros y de inversión estarán también en la agenda. Colombia tiene con todos sus vecinos un amplio potencial de entendimiento. Integración y cooperación regional. Es necesario para avanzar en esta dirección relanzar los gabinetes binacionales, las comisiones de vecindad, las visitas empresariales y académicas y todos los mecanismos bilaterales que se puedan implementar para fortalecer la institucionalidad fronteriza y sub regional.

Política integral de fronteras y presencia marítima. Garantizaremos nuestra soberanía e integridad territorial fortaleciendo la presencia del Estado en las fronteras terrestres y marítimas ,especialmente en el Caribe y el Pacífico, mediante el relanzamiento de gabinetes binacionales y comisiones de frontera que coordinen políticas de seguridad, comercio, migración y desarrollo territorial. Las fronteras dejarán de ser zonas de abandono para convertirse en espacios de integración económica y cooperación regional.

B. Integración regional y concertación política

Seremos promotores de una decidida  y efectiva integración con Latinoamérica y el Caribe. Colombia está avocada  a  impulsar una agenda regional pragmática y  a liderar propuestas de convergencia, ajenas a la afinidad ideológica, que ha obstaculizado por años los procesos de integración en el hemisferio. Infraestructura, conectividad, innovación, ciencia y tecnología, adaptación al cambio climático,  reducción de la deforestación, salud, educación y movilidad académica, son campos no contenciosos que facilitan coincidencias y  acuerdos viables de intercambio y cooperación. Una agenda regional pragmática implica, así mismo, convergencia regulatoria y cadenas de valor latinoamericanas, que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización productiva y fortalecer su competitividad.

La coordinación diplomática latinoamericana también eleva la incidencia de Colombia y de la región en debates globales sobre clima, comercio, financiamiento para el desarrollo y reforma del multilateralismo. América Latina tiene la oportunidad de construir un agenda propia y abanderar temas, que han abandonado, o ignorado las grandes potencias, para proteger la democracia y avanzar hacia una región más justa, inclusiva, participativa y paritaria.

En este contexto, la integración económica, la cooperación financiera y la concertación política son fundamentales. El país ha presidido a lo largo de este gobierno cinco grupos de integración y concertación: la Comunidad Andina, CAN; la Alianza del Pacifico, AP; la Asociación de Estados el Caribe; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consenso de Brasilia. Escenarios propicios para ejercer un liderazgo regional y para fomentar acciones coordinadas en temas más críticos y objeto de disensos, pero cruciales, como  lucha contra el crimen organizado  en todas sus modalidades y la  seguridad de la región. Por ello las agendas de largo plazo con los distintos mecanismos de integración regional tendrán en cuenta la capacidad  y potencial de casa uno de ellos, así como su incidencia en el escenario hemisférico y global. Se fortalecerán las relaciones bilaterales y de cooperación entre los países miembros de la AP como una forma de  revitalizar la principal plataforma de inserción hacia el Asia- Pacífico, eje del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI. La CAN, hoy debilitada, es un mecanismo subregional que hay que preservar pues favorece la integración económica, normativa y la libre circulación y movilidad entre los países.

Respaldaremos las reformas que contribuyan a un agestión más moderna  y eficiente. La participación en la  CELAC debe mantenerse y procurar un mayor dinamismo y eficacia ya que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y  por su rol como puente hacia otras regiones del mundo. El país ejercerá con compromiso y competencia las secretarias y presidencias pro tempore que le correspondan.

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica OCTA se pondrá en marcha una agenda ambiciosa, concertada con los países miembros, especialmente con Brasil, para definir mecanismos concretos de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual, contrabando, expansión ganadera y minería ilegal. También se promoverá la cooperación en seguridad alimentaria, desarrollo socio-económico de los espacios amazónicos y acuerdos sobre infraestructura de trasporte y navegación comercial en los ríos para propiciar la integración sostenible de estos territorios. La lucha contra la deforestación y la protección de la diversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables del planeta, reclaman una estrategia robusta para proteger este bien público global de la mano de la cooperación y la financiación climática internacional.

Colombia es una potencia hídrica con cerca de diez ríos internacionales que definen límites establecidos en tratados, e integran a las comunidades de frontera. Los ríos fronterizos son ejes de integración. La política fronteriza, además de proveer seguridad, se orientará a la formalización económica mediante incentivos tributarios, censos industriales y comerciales, así como al desarrollo de la infraestructura de intercambio.

C. La Organización de Estados Americanos, OEA,  es un compromiso con el multilateralismo interamericano. Aunque también tiene limitaciones e inoperancias acumuladas, sigue siendo el principal foro político del continente y un espacio  vital para el diálogo hemisférico..

Reformar y modernizar la OEA es una apuesta pragmática por preservar un mecanismo común que aún tiene la capacidad de propiciar la convivencia política  en una zona libre de guerras interestatales. Asegurar una presencia activa en la OEA en defensa de sus principios y mandatos, es otro lineamiento fundamental de nuestra política exterior:

Colombia respaldará los cuatro pilares fundamentales de la Organización: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo integral. Y reiterará su apoyo a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana; a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilares del orden jurídico regional; a las Misiones de Observación electoral y a la MAPP-OEA, que ha acompañado los procesos de paz  en Colombia.

Continuaremos  impulsando el fortalecimiento y operatividad del MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) de lucha contra las drogas del hemisferio, alineado con la agenda 2030 de la ONU. Y haremos parte del grupo de países comprometidos con el apoyo a la reconstrucción de Haití bajo un enfoque solidario coordinado  que permita materializar la cooperación

II. AGENDA INTERNACIONAL. TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será́ la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

A. Sobre las crisis migratorias se implementará una estrategia de movilidad internacional segura. Desarrollaremos una política integral de movilidad internacional que aborde sus distintas dimensiones y que promueva una migración regular, segura y ordenada; movilidad laboral y académica, protección social para migrantes y programas de retorno digno y productivo. Se agilizarán los procesos de repatriación.

Colombia puede y debe liderar una política migratoria, como política pública, que fomente la inclusión, regularización, integración laboral y social y protección de los derechos de la población migrante. Actuaremos de conformidad con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y Regular. Y, se fortalecerá la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, con especial enfoque en mujeres, niños y poblaciones vulnerables.

B. La política para combatir las drogas ilícitas

 La cadena del narcotráfico  ha distorsionado la economía colombiana (varios estudios estiman que puede llegar a representar el 4% del PIB), ha conducido a que el país sea el primer productor de cocaína a nivel mundial, es un poderoso pero perverso factor de movilidad social, ha penetrado las estructuras del  poder nacional,  regional y local y corrompido la política, e impactado la cultura y ha transformado el conflicto armado interno convirtiéndose en un factor que perpetua la violencia.

Por ello, la estrategia que se ponga en marcha para combatir las drogas ilícitas no es solo nacional y debe ser integral. Debe estar basada en la corresponsabilidad internacional que combine seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas, inteligencia financiera y reducción de la demanda. La cooperación hemisférica y global son fundamentales.

Trabajaremos, en esta dirección, para reestablecer una cooperación efectiva con los principales socios, especialmente con USA y países fronterizos, sobre la base de una agenda compartida y resultados verificables.

Conjuntamente, vamos a atacar las rentas criminales, impedir el lavado de activos, agilizar la extinción de dominio de bienes, congelar cuentas ligadas y desarticular las distintas estructuras criminales. Renovaremos nuestro compromiso con el multilateralismo y los organismos especializados de lucha contra las drogas, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  (JIFE) y todos los mecanismos bilaterales y regionales de cooperación para  enfrentar esta batalla global.

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

A. Alianza Global por un Planeta Sostenible

 Mi gobierno, reiterará nuestro compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de los cuales Colombia es creadora, al tratarse de un agenda universal e integral de desarrollo y sostenibilidad, de largo alcance. En este marco promoveremos la creación de una “Alianza Global por un Planeta Sostenible” que impulse amplios consensos para una acción climática asertiva, y facilite la construcción de liderazgo en asociación con América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante tener presente que Colombia, aunque abogue por su reducción, no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero sí una reconocida potencia ambiental.

En consonancia con las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que reafirman las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su estrecha interdependencia con la protección efectiva de los derechos humanos, se buscará consolidar la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y la reducción de la deforestación como pilares de la diplomacia ambiental.

En este marco, el país impulsará el reconocimiento de los bosques tropicales, la biodiversidad y las fuentes de agua como bienes públicos globales de carácter transfronterizo, cuya conservación exige esfuerzos compartidos y un financiamiento corresponsable por parte de la comunidad internacional  Promoveremos  la creación y el fortalecimiento de instrumentos  innovadores de coinversión ambiental, como el Fondo de Cali, el Fondo Chocó Biogeográfico y el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), así como un Fondo Amazónico con gobernanza conjunta y nuevos mecanismos regionales de cofinanciación climática.

Como segundo país más biodiverso del mundo  asumiremos el compromiso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas, impulsar una restauración ecológica a gran escala y proteger los servicios ambientales estratégicos que sostienen tanto al país como a la región andina y amazónica.

 La Amazonia representa más del 42 % del territorio nacional, alberga 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados, regula más del 40 % del agua superficial del país y cumple una función crítica en la seguridad climática regional y global. Ante la acelerada degradación de la Amazonia colombiana- marcada por la deforestación, la minería ilegal, la expansión ganadera, la construcción de infraestructura informal, la criminalidad transnacional y la pérdida de gobernabilidad territorial- Colombia impulsará un Plan de Emergencia Amazónico orientado a: contener la deforestación, combatir las economías ilegales, fortalecer la institucionalidad  y promover alternativas económicas sostenibles

 Este esfuerzo responderá al llamado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha señalado la necesidad de un mecanismo político y administrativo de alto nivel para coordinar de manera integral la recuperación del bioma amazónico, superando la fragmentación sectorial del Estado.

La Amazonía, adicionalmente, en un espacio privilegiado para aprovechar la biodiversidad y  las ventajas geopolíticas de Colombia, uno de los dos países bioceánicos en el mundo. En el mediano plazo podríamos convertirnos en un punto de confluencia entre América Latina, Norteamérica y los mercados de Asia- Pacifico. igualmente, podríamos transformarnos en hub regional de energías limpias, minerales estratégicos y cadenas de valor, y en articulador de corredores logísticos, digitales y energéticos entre el Caribe, la Amazonía y la cuenca del pacífico.

De otra parte, Colombia promoverá una transición energética gradual, ordenada y equitativa territorialmente, sustentada en condiciones habilitantes como cooperación internacional diversificada, fortalecimiento de capacidades, acceso a tecnología y mecanismos innovadores de financiamiento, además de una hoja de ruta clara y lineamientos establecidos.

En los foros multilaterales impulsaremos políticas y acciones vinculantes tanto en la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las instancias de la OEA y el Acuerdo de París, promoviendo coaliciones temáticas, diálogo político de alto nivel y mecanismos de cooperación técnica y financiera que aceleren la implementación de compromisos ambientales.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Frente a la guerra Rusia- Ucrania reafirmaré, como principio fundamental de la política exterior, la defensa de la soberanía de los estados y de su integridad territorial frente a cualquier forma de agresión. Colombia  aboga por el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.  Y respaldará las iniciativas para una salida política y negociada que conduzca a un cese al fuego inmediato y a una  paz pronta y sostenible. Ningún país ni organización debe convertirse en obstáculo para un acuerdo. Colombia alienta a los países que han desplegado esfuerzos para mediar entre los dos países a continuar haciéndolo hasta lograr un acuerdo que ponga fin al sufrimiento humano que ha generado esta guerra violatoria del orden internacional y de la convivencia pacífica.

Respecto al conflicto Israel- Palestina

Se debe poner fin al doloroso conflicto que padecen los pueblos de Israel y Palestina. Condenamos el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes y los que ha perpetrado Hezbolla.

La franja de Gaza vive una tragedia humana inadmisible. Nada justifica el ataque contra civiles, ni  las acciones de los colonos que arrebatan las tierras de palestinos en Cisjordania. Colombia ha sido partidario de la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo pacíficamente con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Las operaciones militares del gobierno de Netanyahu en Gaza han sido violatorias del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia respeta y defiende.

Es urgente e imperativo el alto el fuego inmediato en Gaza, no utilizar el hambre como arma de guerra y permitir el acceso de la población, especialmente de la infantil, a la asistencia humanitaria sin obstáculo alguno.  Una vez se lleven a cabo estas acciones se amplían los espacios para la diplomacia y en ese escenario se debe mantener el vínculo diplomático con ambos Estados, y contribuir a la solución de la crisis en curso tanto desde el ámbito bilateral como el multilateral.

⁠Colombia ha apoyado y debe continuar apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas en este sentido.

En cuanto a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se ha dado la respuesta más arriba al referirnos a los dos países. La disyuntiva no es Washington o Beijing. Es una falsa disyuntiva. Se trata de un relacionamiento equilibrado y diversificado en un mundo multipolar que amplie la presencia internacional del país. Y de una inserción inteligente, pragmática  y de largo aliento en Asia Pacífico, eje, como se ha dicho, del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI.

Colombia no puede permanecer a espaladas de las profundas transformaciones geopolíticas del orden global.  La política exterior y la diplomacia que desarrollemos deben interpretar esta nueva realidad y preparase en consecuencia para poder actuar con autonomía estratégica, tener incidencia y defender eficazmente los intereses nacionales.

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

1.¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Dignificar el servicio exterior será una de mis prioridades como Presidente. Esta estratégica función del Estado  ha perdido credibilidad y profesionalismo  erosionado la institucionalidad de la Cancillería y ha afectado su gestión externa. La alta rotación en cargos directivos (4 Cancilleres en tres años), cambios continuos en los viceministerios y direcciones especializadas han afectado la estabilidad y desvirtúan la experiencia, el rigor y el método que exige el ejercicio de la diplomacia.

La preponderancia de nombramientos políticos  sin observancia de los requisitos profesionales y aptitudinales se ha traducido en un déficit de representación en el escenario internacional y de  capacidades estratégicas, a lo que ha venido a sumarse la decisión presidencial de abolir el inglés y todos los requisitos básicos para nombramientos políticos en el exterior, en particular Embajadores y Cónsules. Estas mediadas hay que reversarlas.

Se propone una reconstrucción institucional del servicio exterior basada en los siguientes criterios rectores:

Si bien en términos numéricos la Carrera Diplomática y Consular (CD-C) ha seguido creciendo, su presencia en cargos de Dirección y de Jefaturas de Misión está muy por debajo de lo requerido para una Cancillería que pretende profesionalizarse y ampliar su presencia internacional. Un mejor servicio exterior, en particular una CD-C más fuerte, demanda crecimiento numérico, mejor capacitación y oportunidades de liderazgo para sus miembros, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia.

1. Propuestas específicas:

• Continuar el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, manteniendo los concursos anuales y proyectando que, en un plazo de 10 años, al menos el 80% de los cargos de naturaleza diplomática sean de carrera. Para el efecto, es importante garantizar que el tamaño del servicio exterior (cargos de naturaleza diplomática y consular) crezca de acuerdo con el crecimiento de la carrera.
• Aumentar progresivamente el número de Embajadores como Jefes de Misión, hasta llegar a un 60 % al término del gobierno. Al mismo tiempo, aumentar la participación de los funcionarios en los cargos superiores de la carrera (Ministro Plenipotenciario y Embajador, en los cargos de Dirección de la Cancillería, incluyendo al menos uno de los Viceministerios. Para seleccionar las personas a esos cargos de Dirección se convocarán concursos internos.
• Promover una discusión acerca de la actualización del régimen de CD-C, vigente desde el 2000. Para ello, es conveniente incorporar en la discusión, además  de los actores pertinentes (ejecutivo y legislativo), a la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones de funcionarios y otros actores vinculados al a gestión de la política exterior.
• Reformar y fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para que, además de cumplir con la función de organizar el concurso de ingreso y las pruebas de ascenso, se  restablezca el Centro de Pensamiento Estratégico para producir análisis prospectivos, estudios de política exterior actualizados y líneas estratégicas, que alimenten tanto la formación continua de los diplomáticos como la toma de decisiones de alto nivel.
• Orientar su actividad académica a la capacitación de los funcionarios de CD-C en áreas específicas que la Cancillería determine como relevantes (geopolítica, ciencia y tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, entre otros) y no solamente como preparación para la presentación de exámenes. Profesionalización permanente de todos los funcionarios y asesores externos. La diplomacia debe operar como un cuerpo técnico especializado, con formación continua y actualización sobre asuntos globales.
• El fortalecimiento de la Academia implica, síì mismo, reforzar la capacidad de los funcionarios en habilidades necesarias para el oficio diplomático, como las lenguas extranjeras y la negociación. En ese sentido, es necesario ampliar el número de lenguas que se requieren, más allá de las tradicionales, de manera que se pueda apoyar y fortalecer la capacidad de acción del servicio exterior colombiano en nuevas áreas geográficas donde  necesita expandirse em el marco de su política de diversificación.
• Fortalecer la acción internacional del país a través de la ubicación de funcionarios de CD-C en las dependencias a cargo de asuntos internacionales en las distintas entidades del estado, en particular en  los Ministerios y entidades territoriales.
• Equidad y representatividad: reducción de brechas de género y paridad en el servicio exterior, diversidad regional y fortalecimiento del acceso de jóvenes talentos.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

A. La institucionalidad de un servicio exterior moderno y eficiente

a arquitectura institucional que sostiene la política exterior de Colombia precisa una evaluación integral que permita modernizarla y fortalecer su capacidad de acción. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector natural del sistema, su eficacia depende de una articulación orgánica y funcional con entidades estratégicas:

Revisar si la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), hoy adscrita a la Presidencia, debe continuar operando por fuera de la institucionalidad de la Cancillería, ya que se pueden diluir prioridades, duplicar esfuerzos y limitar el impacto de la cooperación como instrumento diplomático.

ProColombia debe operar de manera más estrecha y articulada con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que la promoción de inversión, exportaciones y turismo responda a una visión país unificada y de largo plazo. La proyección internacional de Colombia exige una gobernanza interinstitucional funcional, con enlaces permanentes, flujos de información continuos y procesos de decisión coordinados. Las embajadas y consulados, en coordinación con ProColombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) serán responsables de identificar oportunidades de mercado, contactar potenciales inversionistas y exportadores, y apoyar los intereses comerciales de Colombia en el exterior, actuando a manera de “enlace en el terreno”, ejecutando y adaptando las estrategias a las realidades locales

La rendición de cuentas sobre la gestión diplomática y el manejo eficiente de recursos, con indicadores de desempeño en todas las instituciones del servicio exterior, será la guía para evaluar la pertinencia y permanencia de Embajadas y Consulados.

Digitalización de la Cancillería y los servicios consulares: nuevas tecnologías. El impulso a la modernización del servicio exterior implica la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Se le dará un impulso y nuevas herramientas al proceso ya iniciado en Cancillería, con resultados positivos, para fortalecer la virtualidad en el nuevo contexto de la conectividad y la cooperación a nivel global. Digitalizar los servicios trae muchas ventajas tales como aumentar la eficiencia y estandarización reduciendo tiempos, costos y uniformizando procesos; aumentar la accesibilidad y cobertura para atender una diáspora dispersa y creciente; mejorar la seguridad y transparencia reduciendo los riesgos de fraude; dar mayor continuidad y capacidad operativa para contextos diversos (crisis, emergencias o restricciones de movilidad); y, finalmente, mejorar la toma de decisiones a través de la generación de datos en tiempo real.

 Se apoyará la estrategia del MinTIC para contar una Embajada Cibernética que represente los intereses de Colombia en el ciberespacio, el desarrollo de la política comercial y de inversión en lo digital, y fomente la cooperación en materia de atención de incidentes de ciberseguridad transnacionales.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

2.¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Contexto

Las y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: son sujetos de derechos, aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país. Su atención y protección  será un objetivo de primer orden. Lo mismo que una política migratoria ordenada, segura y que garantice derechos.

Pese a que  se estima que hay más de 5,5 millones de colombianos en el exterior la política pública hacia la diáspora colombiana requiere una profunda transformación. Existe una Política Integral Migratoria, un Sistema Nacional de Migración, y una reestructuración de la Cancillería. En octubre de 2025 se creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, un avance institucional relevante, que apunta en la dirección correcta, pero que es necesario sustentar con recursos humanos, técnicos y financieros.

1. Principales preocupaciones:

• Riesgo sobre las remesas. Las remesas enviadas por los colombianos en el exterior constituyen uno de los flujos de ingreso más estables y continuos para la economía colombiana. Para millones de hogares representa el ingreso que sostiene consumo básico, educación, salud y vivienda. La ausencia de una política clara de protección de las remesas, así como el riesgo de nuevos gravámenes, mayores costos de envío o cargas administrativas, y débil vigilancia de lavado de activos pone en peligro un ingreso esencial para la economía real del país.
• Atención estatal insuficiente y desigual. La capacidad de respuesta del Estado colombiano en el exterior sigue siendo limitada Los consulados operan con sobrecarga, con profundas diferencias de capacidad entre países y brechas persistentes entre la demanda y la oferta de servicios.
• Protección débil de derechos. Persisten riesgos elevados en materia de explotación laboral, trata de personas, detenciones sin acompañamiento consular efectivo y barreras de acceso a salud, educación y seguridad social, especialmente para mujeres y poblaciones vulnerables. Es urgente la atención consular para aquellos connacionales en centros de detención de USA, España y los otros países del mundo donde permanecen recluidos. Se estima para que para 2025  se encontraban privadas de la libertad 21.000 colombianos/as.
• Representación política insuficiente. Los 5,5 millones de connacionales en exterior en registro consular y los 1.250.846 colombianos habilitados para votar cuentan con una sola curul en la Cámara de Representantes, lo que evidencia una desproporción profunda en términos de representación política y una inequidad estructural en el ejercicio efectivo de los derechos democráticos de la ciudadanía colombiana fuera del país.

• Propuestas

Relacionamiento activo con la diáspora que fortalezca  la identidad colombiana. Los colombianos en el exterior y las personas migrantes serán  una prioridad de  la política exterior:  

Creación del Consulado digital: un espacio 24/7 operado desde Colombia, para atender con profesionales de Carrera Diplomática la línea de asistencia y de emergencia a colombianos residentes en el exterior y turistas colombianos, al igual que gran parte de los trámites de manera remota y eficiente.

Protección consular efectiva y digna: embajadas y consulados como centros de derechos y oportunidades; atención jurídica, laboral y social, con servicios digitales.  Se ampliará la cobertura de atención a refugiados y asilados.

•  Se realizará el primer Censo de Colombianos en el Exterior para validar y reconocer con precisión sus condiciones de vida y principales necesidades en los cinco continentes.
• Transformación del programa Colombia Nos Une en una plataforma digital integral de empleo, educación, emprendimiento, inversión y retorno que lleve más servicios a la diáspora colombiana
• Más redes de colombianidad. Promoveremos las redes comunitarias en el exterior para que cada territorio y nodo sectorial fortalezca sus intercambios y potencialidades y se promueva la cooperación entre la comunidad de colombianos.
• Diáspora académica y científica conectada con Colombia. Promover el estudio de jóvenes en el exterior con créditos blandos y facilidades de homologación de títulos para su retorno. Fondos de investigación orientados a conectar investigadores colombianos en Colombia y en el extranjero y fortalecer las redes de colaboración académica.
• Educación y cultura colombiana como el primer programa para connacionales de 6 a 21 años, que permita el aprendizaje de lengua, literatura, geografía e historia colombiana.
• Migración legal, segura y asistida: acuerdos bilaterales de movilidad laboral, información preventiva para reducir la migración irregular y cooperación internacional contra la trata de personas y la explotación que aseguren un apoyo integral a la migración y la calidad de vida de las personas en sus rutas migratorias.
• Movilidad laboral y protección social internacional. Derechos laborales protegidos; ampliación de acuerdos de seguridad social y tributación para garantizar estos derechos, los  pensionales y evitar la doble tributación.
• Retorno digno y productivo: ventanilla única de retorno con acceso a empleo, homologación de títulos, emprendimiento e incentivos para el regreso del talento colombiano con proceso de reincorporación a la vida financiera, académica, laboral en Colombia.
• Lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y/o sexual. Línea de atención internacional para connacionales en exterior que permita atender y procesar denuncias. Mayor énfasis en prevención, cooperación internacional judicial, acuerdos bilaterales y atención integral a las víctimas.
• Enfoque de género y protección diferencial: atención especializada a mujeres migrantes y retornadas, niñez, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas.
• Remesas e inversión para el desarrollo: reducción de costos de envío, inclusión financiera y creación de instrumentos de inversión productiva para colombianos en el exterior. .

Los migrantes y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.