No creo que la doctora Morales desconozca que el mundo cambió y que ya no es posible pretender que un joven —sea menor o mayor de edad— piense y actúe de acuerdo con visiones propias del Antiguo Testamento, desconociendo los principios de una sociedad que lucha por la igualdad, la libertad, la inclusión y el respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas.

Me atemoriza pensar que, valiéndose de un cargo de poder, la ministra de Educación promueva limitaciones o prohibiciones para que, a través de los manuales de convivencia de los colegios, dos adolescentes del mismo sexo no puedan expresar sus sentimientos dentro de las aulas o, peor aún, se les obligue a adoptar comportamientos que están lejos de querer asumir. Una cosa es orientar y educar, y otra muy distinta imponer desde el Estado una determinada concepción moral o religiosa.

En Colombia ya tenemos antecedentes de profundas depresiones que han terminado en suicidios por la incomprensión de directivas escolares que no han entendido que los jóvenes de hoy no quieren vivir escondiendo su manera de pensar, sus sentimientos ni sus proyectos de vida. Casos como el de Sergio Urrego no pueden ni deben repetirse, y la ministra debería tenerlo muy claro antes de pretender imponer su manera de pensar en la educación de niños y adolescentes.

Viviane Morales debe entender que la educación de los menores de edad no puede ni debe diseñarse de acuerdo con lo que piensa o quiere una ministra en particular. La educación pública pertenece a la sociedad y debe estar dirigida al respeto por el otro, a la convivencia, a la libertad de pensamiento y a la no discriminación por ningún motivo. El Ministerio de Educación no puede convertirse en una extensión de las convicciones religiosas de quien temporalmente ocupa el cargo.

Estoy de acuerdo con la ministra cuando afirma que a un niño menor de 10 años no se le pueden presentar términos o asuntos sin considerar su edad y su nivel de desarrollo. Pero hay algo que la doctora Morales parece ignorar o, al menos, no querer reconocer: un adolescente no espera a cumplir 18 años para comenzar a preguntarse por su identidad, sus afectos y sus preferencias sexuales. Estos procesos forman parte del desarrollo y del crecimiento humano, y no desaparecerán porque una autoridad administrativa intente ignorarlos o regularlos desde una determinada visión moral.

Pretender que desde el Ministerio de Educación se pueda controlar la manera en que los adolescentes sienten, piensan o construyen su identidad es, además de ingenuo, profundamente peligroso. La escuela debe ser un espacio seguro para aprender y convivir, no un escenario en el que los estudiantes tengan que esconder quiénes son por miedo a ser señalados, sancionados o discriminados. Cuando una institución educativa convierte la diferencia en motivo de castigo, deja de educar y comienza a excluir.

También resulta preocupante que, mientras el país enfrenta enormes desafíos en materia educativa, el debate ministerial termine concentrándose en cruzadas morales y disputas ideológicas. La prioridad debería estar en ampliar los cupos, mejorar la calidad de la educación pública, dignificar las condiciones de los docentes, reconstruir los colegios afectados por desastres, reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales y garantizar acceso real a tecnología y herramientas educativas. Esas son las urgencias que requieren liderazgo, presupuesto y decisiones de Estado.

Aquí no hay tiempo ni espacio para adoctrinamientos ni para visiones religiosas impuestas desde el Ministerio de Educación. Colombia es un Estado plural en el que las creencias religiosas de una funcionaria, por respetables que sean en el ámbito personal, no pueden convertirse en política pública ni utilizarse para limitar los derechos de quienes piensan, sienten o viven de manera diferente.

La ministra debería recordar, además, que ocupar un cargo público no significa tener licencia para imponer convicciones personales sobre toda la sociedad. Su responsabilidad no es educar al país según sus creencias, sino garantizar que el sistema educativo respete la Constitución, la diversidad y los derechos de todos los estudiantes. Si no está dispuesta a asumir esa responsabilidad, entonces el problema no está en los jóvenes ni en la sociedad que ha cambiado: está en una concepción del poder que todavía pretende que el país se adapte a ella.

Y si, como consecuencia de políticas excluyentes, vuelven a presentarse casos de jóvenes perseguidos, discriminados, humillados o llevados al límite de la desesperación por su orientación sexual o su identidad, la responsabilidad política no podrá esconderse detrás de los manuales de convivencia ni de las decisiones de cada colegio. Quienes ocupan posiciones de poder deben responder por las consecuencias de las políticas que promueven. Doctora Viviane Morales, la educación no puede convertirse en el instrumento para imponer una moral particular: debe ser, ante todo, una herramienta para formar ciudadanos libres, críticos, respetuosos y capaces de convivir con quienes son diferentes.

Nota recomendada: ¿Exceso emocional? Pregunta para la magistrada Cristina Lombana

Hernando Llano Ángel.

Debo admitir que al principio no lo creí. Era demasiado espectacular. Supuse que había sido un acto más de su campaña, en pleno mundial de fútbol, al verlo eufórico desde una camioneta lanzando balones a niños y jóvenes en Buenaventura, marcados con el logo de su campaña presidencial. Que era otra de sus espectaculares jugaditas antes de comenzar un partido de la Selección Colombia. En fin, otro golazo de su ingenio y sus publicistas, como el haberse apropiado la camiseta de la Selección, que llevó a sus seguidores al borde del paroxismo triunfalista, fascinados con esa fusión carnavalesca de la política con el fútbol. De hecho, ya en vallas aparecía que en la segunda vuelta ganaría el Tigre por goleada, aunque el picado terminó con un pírrico resultado a su favor. También llegué a pensar que era una jugada sucia de los mamertos, amargados y resentidos por haber perdido en primera vuelta. Pero pronto salí de mi error cuando vi en Instagram que integrantes de su manada reivindicaban esa patraña futbolística, realizada en medio de los escombros y de necesidades mucho más apremiantes de los jóvenes bonaverenses, como un motivo de alegría por atenuar su tristeza y motivarlos a divertirse, en una actualizada fórmula de circo sin pan. Que convertían semejante autogol presidencial en una proeza mayor que el gol que anotó Maradona con la “mano de Dios” contra Inglaterra. Entonces comprendí por qué el Tigre se definía como outsider no solo en la política sino también en el fútbol, que poco le gusta, pues no se puede recurrir a ese tipo de “milagros lúdicos” para atender a una población damnificada por el terremoto. Semejante autogol del Tigre más bien parece anotado con la mano del diablo y no por su inovocado Cristo Rey.

Máxima (In) Coherencia en la emergencia

Pero los fanáticos de su manada lo celebran como una brillante intuición de optimismo del Tigre, un uso hedonista de la pirámide de Maslow[i] sobre las necesidades humanas y hasta de la psicología positiva para alentar a los niños y jóvenes de Buenaventura en medio de la tragedia. Un gesto magnánimo, incomprendido por los amargados mamertos que todo lo politizan y generan odio. Para reforzar más tan loable acción, el mensaje se acompaña con la canción “los niños no se tocan, la infancia no tiene partido, ni bandera, ni condición”[ii]. De manera que quien se atreviera a discrepar de tan sublime acto a favor de la felicidad de los niños, inmediatamente quedaba fustigado como un resentido social y condenado al infierno por “progre mamerto”. Antes ya habían utilizado un argumento similar contra quienes informaron sobre la exclusión de los Topos de México, ayuda ofrecida oportunamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero descartada por razones burocráticas aún por aclarar, prefiriendo el Tigre a las brigadas de rescatistas estadounidenses e israelíes, que llegaron al filo de las 72 horas de ocurrido el terremoto, cuando las posibilidades de salvar vidas ya eran ínfimas y casi milagrosas. ¿Será acaso una premonición de la suerte de la “Patria Milagro”? Semejantes decisiones y actuaciones del Tigre están más allá de su brillante consigna de “Máxima Coherencia”, como sello distintivo de su gobernabilidad. Una gobernabilidad casi totalmente ausente en desarrollo de la actual emergencia telúrica, atendida oportunamente por la eclosión de solidaridad ciudadana, social, popular y hasta empresarial. Esas decisiones y actuaciones del Tigre son la más clara expresión de las manidas argucias de la ultraderecha en su llamada “Guerra Cultural”. Argucias que se pueden resumir en su obsesión por inventar una realidad paralela y a la vez negar la existente, proyectando en la mente del mayor número de personas la misión de salvar el mundo y la humanidad de la monstruosa y perversa influencia de los “comunistas y la ideología Woke”.

La “Guerra Cultural” salvífica

Para ello llaman comunismo e ideología Woke a todo aquello que afirma identidades personales y colectivas, que está más allá de sus valores, creencias religiosas, prejuicios insuperables y cosmovisiones mediáticas. Por eso se lanzan en una cruzada salvífica contra quienes promueven y defienden los derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas, el multilateralismo y la ONU. También la emprenden contra quienes cuestionan sus creencias y prejuicios que les sirven para legitimar como naturales e insuperables la existencia de las desigualdades sociales; la discriminación racial fundada en la superioridad y supremacía de los blancos; la dominación, el tutelaje y el ultraje de los hombres sobre las mujeres y ni hablar del exorcismo que demandan contra todas aquellas mentes que consideran enfermizas y delirantes porque hablan de diversidad de géneros y orientaciones sexuales. Todo lo anterior lo consideran diabólico, “progre y mamerto”, izquierdista, decadente, deplorable y vergonzoso, que debe ser destripado y extinguido lo más pronto posible de la faz del planeta para salvar la humanidad y su “genes naturales”: la familia, la tradición, la fe, la Patria y la propiedad. En esa cruzada también la emprenden contra el “ecologismo Woke”, pues a quién se le ocurre defender los derechos de un río, como si él fuera una persona. Mucho menos tener que consultar a comunidades indígenas y afros para explorar y explotar las riquezas de nuestro subsuelo, que son de la Nación y nos pertenecen a todos y no solo a esas minorías. Comunidades inmersas en una ignorancia atávica insuperable, pues todavía creen que existe una supuesta “Pachamama” que debemos respetar y cuidar como si fuera una deidad o nuestra propia Madre, en lugar de perforar, perforar y perforar para beneficio de toda la humanidad. No es posible hablar con semejante gente, mucho menos alcanzar acuerdos, simplemente hay que someterlos y si se resisten, descargar sobre ellos “todo el peso de la ley”, desalojarlos y desplazarlos de esos territorios donde cultivan la “mata que mata”, fumigándola y exterminándola para salvar la humanidad. Ese es el nuevo credo de los exterminadores y depredadores, perdón, salvadores de la libertad, la fe y la civilización occidental, liderados por dos iluminados que rigen dos pueblos supuestamente elegidos por Dios: Trump y Netanyahu.

Contra el sacrilegio de las guerras religiosas

Ambos han convertido la fe y creencias de sus ciudadanos en estandartes para ordenar y perpetrar crímenes de lesa humanidad. Por eso le asiste toda la razón al padre Francisco de Roux S.J en su entrevista con Marta Ruiz en la revista Cambio[iii], cuando casi en tono de súplica le pide: “presidente no use a Cristo para justificar la guerra”, pues el núcleo del mensaje de Jesús de Nazareth a la humanidad fue todo lo contrario: la paz, la reconciliación y el perdón. Por algo su prédica inequívoca de “mi reino no es de este mundo”, pues quienes hoy reinan son depredadores del planeta, genocidas impunes y xenofobos implacables, salvo contadas y honrosas excepciones. Para colmo, el Tigre les dio prioridad en sus tareas de rescatistas a brigadas de militares de Estados Unidos e Israel por encima de la experticia de los Topos mexicanos, en una clara decisión política e ideológica, contrariando así el principio de la urgencia humanitaria. Han llegado a nuestras ciudades y campos, militares cuyos Ejércitos son expertos en sembrar el planeta de escombros y víctimas, como lo siguen haciendo impunemente en Palestina, Líbano e Irán, supuestamente en defensa de sus pueblos, su seguridad, sus creencias religiosas y hasta la civilización occidental. ¿Quiénes, entonces, están politizando y demeritando la solidaridad de millones de colombianos, el surgimiento de esa inconmensurable “Patria Solidaria” en nombre de una fantasmagórica “Patria Milagro”?  ¿Por qué llamar “Fondo Milagro” a lo que es producto de la solidaridad y el esfuerzo de millones de colombianos? A su generosidad y trabajo cotidiano, más allá de sus creencias religiosas o afiliaciones partidistas. Ese fondo debería llamarse Fondo de Solidaridad Ciudadana para ser justos con su origen y no instrumentalizar políticamente los aportes desinteresados de la ciudadanía, de miles de Oenegés y cientos de pequeñas y medianas empresas. Porque hay que empezar por restituir el valor de las palabras y no encubrir con ellas proyectos partidistas, confesionales y militaristas con esa fraseología religiosa que nos impide reconocernos como ciudadanía en toda nuestra diversidad de creencias y de intereses. Además, porque la política es una actividad eminentemente secular y terrenal, que no puede diluirse en metarrelatos religiosos en donde los milagros solo ocurren por obra y gracia de seres superiores y no por las obras transformadoras, si se quiere redentoras de nuestra condición humana, producto de nuestras acciones y del esfuerzo mancomunado de nuestro poder civil, como efectivamente está sucediendo en todo el país. Porque de continuar tolerando esa fraseología encubridora pronto llegarán a nuestros cielos los drones y las aeronaves teledirigidas, como ángeles metálicos, a lanzar y sembrar nuestros campos con bombas de las que brotarán “milagrosamente la vida y la paz”. Claro está, si lo permiten el concepto del Consejo de Estado y lo autoriza el Senado, de conformidad con nuestra Constitución en sus artículos 173 y 237, que en su función de controlar y regular el poder del Ejecutivo puede frustrar y retrasar la llegada de esos ángeles liberadores en nombre de los “Defensores de la Patria”. No tiene ninguna importancia que ellos lleguen del norte, tengan la otra nacionalidad del Tigre y actúen en representación de Maga, de las ambiciones e intereses inconfesables de America First, portando su “Escudo de las Américas” y en cumplimiento de la “Doctrina Donroe”. Incluso que lo hagan en nombre de Cristo Rey y la gloria eterna de Trump con la ayuda invaluable y la complicidad necesaria del Tigre. Porque como bien lo escribió Giuliano Da Empoli en su magnifica novela “El Mago del Kremlin”: “La primera regla del poder es perseverar en los errores, no mostrar la menor fisura en el muro de la autoridad”. Solo que en nuestro caso habría que agregar que es también perseverar en más horrores que terminaremos pagando como población civil y con la claudicación de nuestra autonomía como Nación, ese anacronismo llamado soberanía nacional, que reside exclusivamente en el pueblo, otra invención de la ideología Woke que hay eliminar.

[i] https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=F5Wi8H4_PWY

[iii] https://www.youtube.com/watch?v=QkoXk44R-es

Una parte de los pilos de Semilleros de Becarios U de la Fundación Color de Colombia que se conectarán al Meet conocieron el campus de la UniNorte en grado 10, en 2025.

Los profesionales de Promoción Luis Felipe Navas Cohen y Edgar Jesús Chávez Salas serán los encargados de presentar la oferta de pregrados, los puntajes de referencia de Saber 11 por programa, la convocatoria de becas, los apoyos socio-económicos y el paso a paso de inscripción.

UniNorte, con alrededor de 10 mil estudiantes, ofrece 29 pregrados.

De ellos, 23 programas acreditados y 11 con acreditación internacional.

58% de sus estudiantes están en estratos 1, 2 y 3.

Tiene 2.985 becados de pregrado

Es una universidad con Acreditación Institucional en Alta Calidad.

El sello de una universidad que enseña a triunfar

El sello de UniNorte se expresa a través de cuatro atributos culturales que reflejan el comportamiento de quienes integran la universidad: la excelencia, la innovación, el liderazgo y la colaboración.

En su forma de ser y de actuar buscan:

• Ser excelentes con sostenibilidad
• Vivir la innovación como práctica
• Ser líderes transformadores que empoderan e inspiran
• Trabajar colaborativamente con alegría

Un campus con identidad caribe. El compromiso de UniNorte con la preservación y promoción de los valores de la cultura y la identidad caribe, es parte de su sello.

En el campus universitario vive la presencia de algunas de las figuras más representativas de lo que es la identidad caribe colombiana.

Por ello varios salones, edificios y espacios del campus han recibido el nombre de personalidades que, con su talento y trabajo, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva del ser Caribe.

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad mejor preparados para aprovecharla, sea ganando beca privada o cupo en universidad estatal acreditada.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, conocimiento del mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

La participación ciudadana llegaba entonces hasta la elección de concejales, que debían buscar acuerdos, muchas veces viciados, con alcaldes nombrados por los gobernadores, a su vez escogidos por el presidente de la república. Cada alcalde, de libre nombramiento y remoción, se dedicaba en medio de la incertidumbre de la duración de su mandato a improvisar acciones, y en batalla política desordenada trataba de hacer las cosas lo mejor que pudiera. Los ciudadanos observaban y, cuando más, se dedicaban a la intriga, directamente o a través de agentes políticos, para tramitar sus aspiraciones. 

La elección popular de alcaldes abrió las compuertas de la democracia en ese escenario de la vida cotidiana que es donde cada habitante del territorio se ubica respecto del Estado. Allí donde su voluntad se puede ver reflejada en decisiones concretas que tienen consecuencias inmediatas en materia de obras y servicios. Allí donde se ha de ejercer control directo sobre gobernantes que deben proponer y cumplir proyectos específicos de manejo de los asuntos locales en busca del bienestar de la comunidad. 

Cinco años más tarde, la Constitución de 1991 mantuvo esa conquista democrática y consagró además al municipio como la unidad fundamental de la organización política y territorial del Estado. Como tenemos un territorio enorme y además alojamos una geografía variada como ninguna, portadora de diversidad cultural incomparable, el asunto del manejo territorial ha sido preocupación constante en todas las épocas de nuestra trayectoria, desde antes de la disolución de la Gran Colombia. 

Las variaciones del reparto territorial, que se advierten en los mapas desde la primera fundación del Estado colombiano, reflejan el interés permanente por conciliar la extensión y variedad del territorio con las necesidades de su gobierno. De manera que allí se puede advertir una larga secuencia de altibajos, aciertos y equivocaciones, que demuestra a la vez la importancia de la materia y su condición de tarea inconclusa.  

Los Constituyentes de 1991, al ocuparse de la división institucional del territorio, establecieron cuatro tipos de entidades territoriales que son: los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Conocedores de la conveniencia de agrupar algunas de esas entidades para mejorar la planeación, el ordenamiento territorial, la protección del ambiente, el uso de los recursos y la prestación de servicios, abrieron la posibilidad de que, sin necesidad de reforma constitucional, pudiesen existir regiones y provincias. 

La región, como entidad territorial, comprendería los espacios de varios departamentos. La provincia comprendería varios municipios o territorios indígenas al interior de un departamento. En ambos casos, las reglas para la creación y funcionamiento de las nuevas entidades territoriales serían establecidas por la ley. 

Para desatar ese proceso se dedicó un artículo, el 306, a propiciar un paso inicial con la constitución de “regiones administrativas y de planeación” (RAP) con personería, para el desarrollo económico y social del respectivo territorio. No serían todavía entidades territoriales, pero constituirían una instancia previa para llegar a serlo, cuando se expidiese la ley orgánica correspondiente, y luego, en cada caso, la ley de creación de la respectiva región. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial definió las competencias de las RAP, y una ley de 2019, la 1962, vino a establecer las pautas administrativas y financieras que faciliten su transición hacia entidades territoriales. Todo estaría listo para dar ese paso.

En cuanto a las provincias, la Constitución no estableció un precepto equivalente al del Artículo 306, sino que dejó todo el tema a lo que prescribiere la ley. De manera que no se ha expedido una “Ley de Provincias”, equivalente a la de regiones de 2019.

Los avances en esta materia son menores y han tomado un camino diferente. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 1454 de 2011, que tardó veinte años en ser expedida, abordó el tema de las provincias, pero lo incluyó dentro de un concepto amplio, denominado Esquemas de Asociación Territorial, con la idea de promover procesos asociativos entre entidades territoriales mediante alianzas estratégicas en favor de un desarrollo autónomo y sostenible. Dichos esquemas incluirían regiones administrativas y de planificación, regiones de planeación y gestión, asociaciones de departamentos, áreas metropolitanas, asociaciones de distritos especiales, “provincias administrativas y de planificación”, y asociaciones de municipios.

Fue esta la primera mención legal a las provincias, tema al que dedicó un artículo en el que repite la definición constitucional sobre las provincias y señala como objeto de ellas, todavía no entidades territoriales, el de coordinar la prestación de servicios, la ejecución de obras, y proyectos de desarrollo y gestión ambiental. Con la advertencia de que su financiamiento no genera cargos al presupuesto general de la nación, al sistema general de participaciones, ni al Sistema General de Regalías. 

Son numerosos los municipios del país que, al interior de uno u otro departamento, han decidido aprovechar los Esquemas de Asociación Territorial, en algunos casos bajo la denominación de “provincias administrativas y de planeación”. A pesar de todos esos avances, queda pendiente una discusión que aborde la manera en la que se ha de desarrollar la previsión constitucional de que haya provincias que sean de verdad entidades territoriales, objeto de descentralización, esto es de transferencia efectiva de poder político y autonomía fiscal y administrativa. 

Si se quiere fortalecer institucionalmente a la provincia, para que no dependa de la voluntad paternalista o del desprecio de uno u otro gobierno, es necesario producir una “ley de provincias”, que no es otra que ese estatuto básico que ordena el Artículo 321 de la Constitución Política.

El tema, por supuesto, es difícil y dispendioso de abordar. Pero no por ello se debe rehuir el diseño de un modelo adecuado de provincia como entidad territorial integrada por diferentes municipios, con sus complejidades y su riqueza urbano – rural, o territorios indígenas. El modelo ha de servir para dotar de recursos y adecuada dosis de autonomía administrativa y fiscal a pequeñas zonas del territorio que tengan características y necesidades comunes, como las de catastro y ordenamiento territorial.  

Será indispensable que esas nuevas entidades territoriales se integren adecuadamente al conjunto de nuestra organización territorial y que funcionen de manera armónica con municipios y departamentos. Su organización deberá ser sencilla y las exigencias de profesionalismo de sus contados funcionarios tendrán que ser elevadas. Podría haber un consejo provincial integrado por alcaldes ya elegidos y un gerente encargado de coordinar la ejecución de las decisiones que se tomen. El control de sus actividades ha de ser refinado para que no se conviertan en nuevos nidos de burocracia, corrupción y politiquería, sino en gestoras de un desarrollo sostenible, con participación ciudadana. 

En las campañas en busca del poder legislativo o ejecutivo no figuran temas como este, de vital importancia para el desarrollo democrático del país y la profundización de una descentralización del poder que nos libere del modelo clientelista de la vida política. Por lo cual sigue pendiente la deuda de introducir esos temas en la discusión política, y evitar que quede como letra muerta una más de tantas prescripciones constitucionales que, si se desarrollaran adecuadamente, darían como resultado la configuración de un país con una democracia cada vez más consolidada y profunda. 

El avance en el ordenamiento territorial, la coordinación de los procesos de desarrollo y protección ambiental, e inclusive la atención de necesidades como las derivadas de la reconstrucción de regiones enteras del territorio cuando se presentan catástrofes, encontrarían en la provincia, como entidad territorial, el complemento de la fuerza que proviene de la identidad colectiva de municipios vecinos, que ya en otras épocas de la vida nacional fortalecieron sentimientos de pertenencia y comunidad de propósitos de muchas generaciones. 

Una serie de cuestionamientos han surgido luego de que empezara a circular el borrador del proyecto de ley que prepara el Ejecutivo del nuevo gobierno peruano para solicitar al Parlamento la delegación de facultades legislativas por un periodo de 120 días.

A fines de julio se hizo público este borrador con temas diversos como seguridad ciudadana, flexibilización laboral, desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, reforma estructural y modernización del Estado, entre otros.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que fue un borrador sobre la delegación de facultades legislativas el que se filtró a la prensa y dijo que ese documento tendrá que ser afinado para ser presentado próximamente ante el Congreso de la República, informó el diario El Comercio. “Es un borrador que se presentó en el primer Consejo de Ministros y ahora todos los ministros con sus técnicos especialistas están en este momento revisando», dijo el ministro.

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La presidenta Keiko Fujimori junto con su gabinete de ministros. Foto: Agencia AndinaEl documento que se hizo público no incluye una sección específica sobre temas ambientales, pero algunas propuestas que alcanzan a las áreas naturales protegidas y recursos naturales como los hidrocarburos forman parte de la lista de modificaciones legislativas que pretende hacer el Gobierno mediante el uso de estas facultades. En el pedido de facultades también incluye cuestiones sobre minería.

Hasta el momento, la presidenta Keiko Fujimori no se ha pronunciado sobre los detalles del pedido de facultades legislativas, pero sí anunció que esta solicitud podría presentarse durante esta semana. “Ha habido retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros. Todavía ha habido unas trabas burocráticas que estoy segura se irán resolviendo en las próximas horas o días. Superado esto, teniendo a los nuevos viceministros, se sustentará todo este proyecto de ley», respondió el 3 de agosto a varios medios de comunicación al ser consultada sobre el tema.

«Las facultades tienen varios objetivos. Primero, lo urgente que es recuperar el orden y también preparar a nuestro país de cara al fenómeno de El Niño. Como hemos dicho, tenemos que prepararnos porque estamos tarde para la prevención y preparar al país para la emergencia», agregó.

Mongabay Latam consultó con varios especialistas en temas ambientales sobre los alcances de las medidas que han sido incluidas en el documento inicial del pedido de facultades legislativas y los riesgos que puede significar para este sector.

Áreas protegidas en la mira

El tema que más llamó la atención y despertó reacciones inmediatas ha sido la intención de modificar la normativa en materia ambiental, de recursos naturales y áreas naturales protegidas. La propuesta implica acortar los procesos de aprobación de los instrumentos ambientales, establecer mecanismos de presunción de veracidad y de silencio administrativo positivo y garantizar que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

“Es un borrador [del proyecto de ley] que es ilustrativo de las intenciones que, por lo menos, hay en un sector del Gobierno”, dice Juan Luis Dammert, coordinador territorial de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). “Hay intereses en las áreas protegidas que venían desde antes”, agrega el experto.

Dammert menciona los intereses pesqueros detrás de la Reserva Nacional de Paracas. “Acceder a zonas protegidas en el mar peruano es una agenda que viene hace bastante tiempo”, comenta. Del mismo modo menciona los proyectos de ley que se han presentado en anteriores oportunidades con la intención de extraer hidrocarburos, específicamente gas, en áreas protegidas.

“El caso emblemático es el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su yacimiento Candamo. Pero hay una cosa más grande que es lo que se denomina el cinturón gasífero que es esta idea de que habría depósitos de gas también en el Parque Nacional del Manu, en la Reserva Comunal Amarakaeri y en otras áreas protegidas entre Madre de Dios y Cusco, yacimientos de gas cercanos a Camisea”, afirma.

“Es la vieja agenda de abrir las puertas a la extracción petrolera en áreas naturales protegidas en casos en los que no está permitido, como las áreas de uso indirecto, como los parques nacionales”, agrega Dammert sobre el interés empresarial que lleva años intentando acceder a las áreas protegidas.

Sobre lo que menciona Dammert, en el proyecto de ley se propone “la creación de mecanismos de aprobación expedita para proyectos energético y de exploración y explotación de hidrocarburos y la modificación de los regímenes legales y contractuales de exploración y explotación y el régimen de regalías y retribuciones aplicables, así como perfeccionar el marco normativo de la industria del gas”.

Al respecto, Dammert recuerda que el “sector hidrocarburos en el Perú y sobre todo en la Amazonía, está en declive”, por varias razones. Una de ellas es “porque no hay descubrimientos de yacimientos importantes hace mucho tiempo”. Por tanto, dice Dammert, lo que se busca es que la exploración y la extracción de hidrocarburos sea más fácil y con menos requisitos para darle una mano a una industria que ya está en declive, cuando el país debería estar pensando en qué hacer con el tema energético en este contexto de transición energética.

Otro tema que aborda Dammert sobre el interés de abrir las puertas a las áreas protegidas es la mención a que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

En ese sentido, Dammert menciona que la creación de las áreas protegidas tienen un proceso de categorización con un sustento científico. “En todo caso tendría que ser al contrario, en el sentido de que cuando haya una actividad extractiva que sea compatible con el área el interesado debe tener un sustento científico y técnico para desarrollar la actividad como puede ocurrir en cuestiones de hidrocarburos dentro de áreas protegidas”.

El abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, también aborda este tema. “Las áreas protegidas parten de un proceso de larga investigación”, dice y recuerda que la última área protegida que ha sido creada –el Bosque de Protección Tiraje-Río Nieva– demandó más de 15 años para ser categorizada. ”Se estableció como zona reservada en 2011 y recién ha sido categorizada en julio de este año. Obviamente se hacen estudios de evaluación biológica, social, ambiental, económica, además muchas veces se tienen que hacer procesos de consulta previa con todos los recursos que eso demanda”.

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El debilitamiento del sector

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, considera que existe una “carencia de una priorización política sobre el valor y contribución que tienen las áreas naturales protegidas para el desarrollo nacional”. En ese sentido, Castro afirma que “lo ambiental, lo climático, las áreas protegidas están siendo vistas en este proyecto de ley como una traba para el desarrollo, cuando en realidad son lo contrario”.

Castro cuestiona la pretensión de “tener una de implantar un silencio administrativo positivo», es decir, cuando el Estado habilita que ante un pedido de un privado para, por ejemplo, ejecutar un proyecto, en caso de que el Ejecutivo no responda dentro del tiempo fijo, la solicitud se toma como aceptada.  El exfuncionario recuerda que no es primera vez que se pretende implantar una medida como esta.

«El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta materia señalando que de implantarse se estaría incumpliendo una obligación que tiene el Estado de garantizar de forma clara y precisa las cuestiones que deben ser cumplidas por parte del titular del proyecto de inversión respecto a los impactos y las condiciones que debe realizar». Para Castro, se estaría desprotegiendo al ciudadano y al ambiente frente a la demora de la Administración pública.

La intención de reducir los tiempos para los procesos administrativos forma parte de este proyecto de ley e incluso se menciona la intención de “dictar normas para eliminar y racionalizar requisitos legales y regulatorios para las distintas actividades económicas, así como incrementar la vigencia y establecer la renovación automática de las autorizaciones, permisos y certificaciones”.

Castro pone como ejemplo la aprobación de una certificación ambiental y explica que la relación del titular del proyecto no solamente es con el Estado peruano, sino que precisamente la evaluación ambiental sirve para mejorar el proyecto, evitar daños significativos ambientales y garantizar los derechos de terceros. “Derechos del ambiente, derechos de los pueblos indígenas, agricultores, poblaciones vecinas. Es inconstitucional, es ilegal pretender que una demora del Estado se traslade a las personas, a las comunidades, al ambiente. Es inaceptable”, dice Castro.

“Lo que debe hacerse es fortalecer las capacidades estatales y una mejor eficiencia para que pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar un ambiente sano, limpio, saludable”, comenta Castro.

El ex viceministro también considera que esta medida “dificultaría significativamente las acciones de fiscalización y control ambiental a cargo, por ejemplo, de OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental]”.

Castro también menciona que las estadísticas oficiales publicadas en la página web del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) indican que se ha mejorado significativamente el manejo de los plazos . “No hay que confundir el tiempo que toma el diseño de un proyecto de inversión dentro de los cuales están las cuestiones técnicas, financieras, económicas y también ambientales, con el tiempo que se toma el Estado desde la presentación del estudio».

El exfuncionario afirma que hay que tener en cuenta, además, que cuando hay demoras esto no solamente es atribuible al Estado, sino que también es atribuible a la mala calidad de los estudios ambientales que deben ser objeto de observación.

César Ipenza señala que este tipo de iniciativas muestra “una ignorancia tremenda de lo que implica la agenda ambiental y el respeto a espacios que como sociedad hemos decidido conservar o proteger”.

Ipenza critica que se piense, de manera errada, que la evaluación del impacto ambiental o la normativa ambiental están para impedir el crecimiento o la inversión del país. “En esa lógica pretenden sacrificar el marco normativo que ya de por sí tiene serias deficiencias y más bien seguir pensando que esto impide la inversión o que el crecimiento o la productividad en nuestro país». Más aún, dice, en un contexto en el que cada vez es más evidente que el poco control del Estado o la poca evaluación del impacto de las actividades «tiene efectos tremendos sobre la vida y la sociedad”.

*Imagen principal: la presidenta Keiko Fujimori confirmó que su gobierno buscará obtener facultades legislativas para modificar reglamentos del Estado. Foto: AP/Martín Mejía

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tolima es hoy una potencia cafetera y ostenta un título que otros departamentos envidiarían: “Corazón Cafetero de Colombia”.  

Desde que asumió la Gobernación, Adriana Magali Matiz concibió un sueño: aumentar la producción de café y arrebatarle a Antioquia el segundo lugar. En ese camino avanza a paso firme, de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros, gremio que representa a más de medio millón de familias caficultoras (en 23 departamentos y 601 municipios), y próximo a celebrar su centenario.  

“En 2007, en el Tolima producíamos un promedio de 10 sacos por hectárea; hoy estamos en 19, prácticamente en la misma área de cultivo”, señala Gildardo Monroy, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros.  

La inversión es generosa: más de $45.000 millones destinados a proyectos de renovación, nuevas siembras y mejoramiento de la infraestructura de beneficio, explica la gobernadora.  

Otra apuesta conjunta es la Escuela Regional del Café —única en su género—, con una inversión superior a los $8.000 millones. “Desde 2024 hemos formado y capacitado a 2.600 jóvenes. Es la única escuela a la que asisten sin pagar absolutamente nada; les garantizamos alimentación, alojamiento y todo el proceso formativo”, destaca Matiz.

Además, cuentan con dos proyectos para extender esta formación a los 38 municipios cafeteros del departamento: La Maleta Viajera y la Escuela Satélite, ubicada en el corregimiento de Bilbao, en Planadas.  

La estrategia es integral: productividad, fortalecimiento de la asociatividad, agroindustria y comercialización. Así, la IV Feria Internacional del Café —que se realizará en Chaparral del 14 al 16 de agosto— servirá de vitrina internacional para el mejor café tolimense. En esta edición se reunirán 150 expositores y más de 45 compradores provenientes de 10 países.

Chaparral es la puerta de entrada al sur del departamento, región de donde proviene la mitad del café tolimense y que destaca, además, por la producción de cafés de alta especialidad.  

Foto: Comité Departamental de Cafeteros.

En el podio cafetero

Con más de 66.000 familias cafeteras, el Tolima produce actualmente 1.870.000 sacos de café en 105.000 hectáreas, generando más de 76.000 empleos directos y 165.000 indirectos.  

“El esfuerzo articulado con la Gobernación busca aumentar la productividad gracias a las buenas prácticas, al servicio de extensión y a la investigación de Cenicafé”, afirma Monroy.  

Doctor Gildardo Monroy, ¿ustedes siempre ocuparon el tercer lugar?

No, de hecho fuimos cuartos. El cultivo del café ha ido migrando hacia el sur del país, principalmente por los costos de la tierra y la disponibilidad de mano de obra. Llevamos consolidados en el tercer lugar más de 15 años, pero lo que hoy nos diferencia a los tolimenses es la producción de café de alta especialidad. Hemos ganado varios concursos, vendido lotes a muy buenos precios en subastas internacionales y creado la Escuela Regional del Café, una apuesta por la integración generacional donde niños y jóvenes se nutren de la experiencia de sus mayores. Creemos que esto garantizará la sostenibilidad de la actividad en el tiempo para seguir ofreciendo el café más suave del mundo.  

¿Qué tan cerca están de Antioquia, que ocupa el segundo lugar, y qué tan lejos del Huila, que lidera el ranking?

Del Huila estamos bastante distantes. Hoy el Huila cuenta con unas 130.000 hectáreas y nosotros estamos en 105.000. A Antioquia la tenemos a poco más de 3.000 hectáreas, pero lo importante no es solo la cifra, sino la calidad y la productividad. Cada región cafetera es distinta; Colombia cuenta con 23 departamentos y más de 600 municipios productores, y en cada uno hay un factor diferencial. El más importante son los caficultores: campesinos que labran la tierra de sol a sol, de domingo a domingo, porque en una finca cafetera hay labor diaria para producir un grano de superior calidad.  

¿Qué hace extraordinario al café del Tolima?

El Tolima ofrece café fresco durante todo el año. A diferencia de zonas en los extremos sur o norte del país que solo tienen una cosecha anual (como Cauca o Nariño), nuestra ubicación privilegiada sobre la Cordillera de los Andes, con un clima idóneo, nos permite tener dos cosechas al año. Esto nos otorga una oferta constante para compradores nacionales e internacionales.

Astrid Medina y Duberney Cifuentes, ambos oriundos de Planadas, han sido ganadores de la Taza de la Excelencia. El café de él se subastó a 72 dólares la libra en la III Feria Internacional del Café, en El Líbano (2025). Foto: Comité Departamental de Cafeteros.

¿A qué se refieren cuando hablan de café de alta especialidad?

No es un café estándar. Posee atributos diferenciadores: se cultiva en suelos de origen volcánico ricos en minerales que favorecen el desarrollo del grano, y cuenta con un clima que aporta una taza limpia, notas muy balanceadas y un sabor residual dulce con matices afrutados. No obstante, la verdadera especialidad se la imprimen los productores a través de sus procesos de beneficio y poscosecha.  

Por último, ¿cómo o quién determina la calidad de un café?

Un café estándar obtiene menos de 84 puntos en la escala de la SCA (Specialty Coffee Association), que es nuestro referente técnico. De 84 puntos en adelante se considera café de alta especialidad, y a partir de los 90 puntos entramos en la categoría de cafés presidenciales. En el Tolima hemos subastado lotes de más de 91 puntos, evaluados por catadores expertos bajo criterios rigurosos como la suavidad, el cuerpo y la acidez. Todos estos factores juntos determinan que un café alcance la excelencia.  

El municipio de Planadas, ubicado al sur, es el mayor productor de café del Tolima. Allí, donde nacieron las extintas FARC, hoy se cultiva uno de los mejores cafés del mundo. Foto: Comité Departamental de Cafeteros.

La especialista colombiana Daniela Parra, con más de 11 años de experiencia en Mallplaza, Pactia, desarrolladora de la marca Gran Plaza, y Cencosud, afirma que el futuro de las ciudades dependerá de la capacidad de transformar los espacios comerciales en escenarios que impulsen inversión, innovación y crecimiento territorial.

El crecimiento del comercio electrónico, la digitalización y los nuevos hábitos de consumo están cambiando la manera en que las personas se relacionan con las ciudades. En este escenario, los espacios comerciales enfrentan un nuevo reto: evolucionar para responder a una ciudadanía que busca mucho más que una oferta de productos, con propuestas que integren bienestar, gastronomía, cultura y entretenimiento.

Para Daniela Parra, especialista en Gestión Empresarial y experta en desarrollo comercial, este cambio exige comprender las nuevas dinámicas del consumidor y diseñar proyectos que respondan a las necesidades de cada territorio, generando oportunidades para empresarios, inversionistas y comunidades.

Durante más de once años ha participado en proyectos para Pactia, a través de la marca Gran Plaza, Mallplaza y Cencosud, liderando procesos de expansión, negociación estratégica, atracción de marcas y desarrollo de nuevos conceptos comerciales. Su experiencia le ha permitido identificar oportunidades de crecimiento y consolidar iniciativas acordes con la evolución del sector.

“Cuando un espacio comercial se gestiona con una visión estratégica, deja de ser únicamente un lugar de encuentro para convertirse en un catalizador del desarrollo de su entorno, capaz de abrir oportunidades para empresas, emprendedores y comunidades”, afirma Parra.

Esa visión se refleja en proyectos como la llegada de Adidas a Gran Plaza Soacha, una negociación que puso en evidencia el potencial económico del municipio, y en la apertura de Mallplaza Cali, donde lideró el desarrollo de El Mercado, una propuesta gastronómica concebida para diversificar la oferta y fortalecer la experiencia de los visitantes.

A partir de estas experiencias, Parra sostiene que el éxito de un espacio comercial no depende únicamente de las marcas que reúne, sino de su capacidad para adaptarse a las nuevas dinámicas sociales, construir alianzas de largo plazo y ofrecer propuestas con identidad para cada comunidad.

Aunque reconoce que la inteligencia artificial, el análisis de datos y las plataformas digitales seguirán transformando el sector, considera que el principal diferencial continuará siendo la creación de lugares donde las personas quieran encontrarse, compartir y construir comunidad.

En un momento en el que las ciudades buscan nuevas estrategias para fortalecer su competitividad, Daniela Parra considera que revitalizar los espacios comerciales representa una oportunidad para atraer inversión, estimular el crecimiento empresarial y contribuir al desarrollo sostenible de los territorios.

Perfil de la especialista

Daniela Parra es especialista en Gestión Empresarial y profesional en Lenguas Modernas. Cuenta con más de once años de experiencia en desarrollo comercial y negociación estratégica en Mallplaza, Pactia, desarrolladora de la marca Gran Plaza, y Cencosud, donde ha liderado proyectos de expansión, atracción de marcas y desarrollo de iniciativas orientadas a fortalecer el crecimiento de los territorios.

Algunos de los lugares más impresionantes del mundo son custodiados por guardaparques. Con su labor protegen selvas, manglares, páramos, pampas, humedales y paisajes antárticos. Del buen funcionamiento de esos ecosistemas y del mantenimiento de la biodiversidad dependen los servicios ambientales como el aire puro, el agua fresca o la polinización de alimentos. Por eso, desde 1992, el 31 de julio se celebra el Día Internacional de las y los Guardaparques.

Latinoamérica representa solo el 16 % de la superficie global, pero alberga cerca del 40 % de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con datos del Grupo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en varios países se reportan recortes presupuestarios para las áreas protegidas y los guardaparques. También es una región amenazada por el narcotráfico, la extracción legal e ilegal de recursos y la inequidad de género.

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En este contexto trabajan hombres y mujeres que se enamoraron de la naturaleza y se comprometieron con cuidarla a pesar de que el oficio de guardaparques no sea siempre reconocido.

Mongabay Latam habló con tres guardaparques de la región que enfrentan diferentes retos. En el Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia, Hernán Chilito insiste en lo fundamental de trabajar con las comunidades locales para fortalecer los objetivos de conservación.

En el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, Tanya Villalba demuestra que una mujer puede liderar el área protegida más grande del territorio continental, la cual también atrae gran atención internacional por su gran diversidad biológica y cultural.

Desde el Parque Nacional El Palmar, en Argentina, Facundo Alcalde apunta a la sostenibilidad financiera del área protegida a través del incremento de las visitas y el turismo sostenible, siempre con base en datos científicos y la precaución.

Colombia: Hernán Chilito busca reconstruir las relaciones con las comunidades

Cuando el guardaparque Hernán Chilito llegó al Parque Nacional Natural La Paya en 2016, la relación entre la institución de Parques Nacionales y las comunidades campesinas “era muy débil”, asegura. En décadas pasadas, se había realizado una negociación para que 68 familias que habitaban dentro del parque salieran a cambio de acuerdos con diferentes instituciones donde se pagaron los cultivos, predios y mejoras. Pero el Estado quedó en deuda con otros acuerdos, como el de vivienda y el de tierras por diferentes complejidades en los procesos.

“Con Parques Nacionales se buscó encontrar alternativas y soluciones”, dice el experto en el uso, ocupación y tenencia con comunidades campesinas en parques naturales. Después de varios procesos infructuosos, consiguieron implementar proyectos productivos sostenibles para la seguridad alimentaria. También les entregaron árboles frutales de la Amazonía colombiana, incluyendo cacao maraco y chontaduro.

Luego, la Asociación Astracam planteó la necesidad de conocer los límites del parque. Se creía que 27 veredas estaban dentro, pero después de hacer reconocimientos, descubrieron que solo 80 familias estaban al interior y otras estaban sobre los bordes.

La Paya es un parque azotado por el narcotráfico. Sin embargo, mientras avanzaban los diálogos de paz, los guardaparques continuaban con sus acciones. Hasta que en 2019 llegó la cuestionada Operación Artemisa. Esta avanzada militar buscaba controlar la deforestación, pero en la zona dejó viviendas quemadas, 27 familias afectadas y siete familias judicializadas. Los grupos armados que operan en la región asociaron el despliegue a Parques Nacionales, convirtiendo a sus guardaparques en objetivo militar.

Los funcionarios no pudieron trabajar con las comunidades hasta 2023, cuando la comunidad El Triunfo quiso retomar el trabajo de precisión de límites. También hubo un acercamiento con comunidades de Mecaya y Sencella, pero los grupos armados no lo permitieron. Con El Triunfo se plantearon acuerdos de trabajo para resarcir las relaciones entre la comunidad y Parques Nacionales, incluyendo acompañamiento psicológico para las familias y acuerdos de convivencia.

El guardaparques destaca los avances en restauración ecológica participativa, construcción de la casa comunal, implementación de seis viveros transitorios e inicio del proceso para la compra de cinco fincas que están dentro del parque. “El otro logro que se obtuvo es el establecimiento de la confianza de la comunidad y la institución y el trabajo articulado entre las dos partes, es muy difícil de lograr, pero lo logramos”, resalta.

“Yo soy parqueano de corazón”, dice y añade que le gusta mucho el trabajo para el que se ha especializado, uno que combina lo social con lo ambiental.

Ecuador: Tanya Villalba alza la voz contra los micromachismos

Para las mujeres guardaparques en Ecuador, no es poco común que sus compañeros las subestimen. Aunque no lo hacen de manera frontal, frases como “mejor quédate cocinando”, dejan claros sus pensamientos. “Esto recae en sentir que como mujer estás solo para cocinar y barrer”, dice Tanya Villalba, guardaparque encargada de la administración del Parque Nacional Yasuní. “Eso repercute porque al final sientes que no tienes las mismas oportunidades”, agrega.

En la campaña “Eso que dices sí importa”, la organización Wildlife Conservation Society recoge 10 frases para identificar y evitar micromachismos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los testimonios de las guardaparques revelan que sus compañeros sugieren a través de palabras sutiles que las mujeres no pueden ser brigadistas contra el fuego, que solo son buenas para realizar actividades de oficina o que consiguieron el puesto a través de favores sexuales.

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Funcionarias como Villalba demuestran lo equivocados que están. Antes trabajó en atención al usuario en las ventanillas provinciales del Ministerio de Ambiente y cuando tuvo la oportunidad de convertirse en guardaparque, el cambio fue radical. Su turno de 20 días empezó a finales de año. Mientras en gran parte del planeta las familias se reunían por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ella y sus colegas estaban incomunicados en medio de la selva.

Extrañaba a su familia, pero decidió quedarse cuando atestiguó escenas que normalmente se ven solo en portadas de libros. Aún recuerda una de las especies que vio por primera vez. En un sendero despejado y bajo los rayos del sol, un árbol caía en diagonal. Al acercarse descubrió que una boa grande y pesada que dormía en el tronco había provocado la inclinación. “Esto es lo que enamora a los turistas”, afirma sobre lo maravilloso de la escena.

Aprendió a planificar sus actividades y equipaje para los 20 días en el campo, vivir en campamentos, hacer control y vigilancia, registrar y muestrear fauna, entre otros. “Ha sido un aprendizaje constante”, admite y cree que ser proactiva le permitió llegar a la administración hace año y medio.

Con más de un millón de hectáreas de superficie, actividad petrolera, al menos dos pueblos indígenas y pueblos en aislamiento voluntario en el interior del parque, su administración es un reto. A eso se suma la falta de recursos y personal. A pesar de eso, y de amenazas relacionadas a la extracción ilegal de recursos madereros y auríferos, Villalba ha liderado proyectos de gobernanza participativa y gestión pesquera para fortalecer la protección del área protegida.

Villalba cree que así como ella, otras directoras de áreas protegidas y las guardaparques demuestran que son capaces de hacer trabajo duro y técnico. Cree que esto tiene el efecto de cambiar las actitudes de los hombres. “Es buscar la equidad de hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades”, afirma.

Argentina: Facundo Alcalde apuesta al turismo para la conservación

De Iguazú a la Antártida, el guardaparque Facundo Alcalde se ha dejado impresionar por la naturaleza argentina durante los últimos 20 años. Ha caminado en medio de la calurosa selva de Misiones por hasta dos días sin encontrar agua, cóndores han volado a pocos metros de su cabeza en la Patagonia y ha visto hasta la humedad del ambiente convertirse en cristales de hielo al sur del continente. “No lo cuento como algo traumático, sino como experiencia de vida, como algo que me sirvió, como algo enriquecedor”, dice.

Aunque en Argentina los guardaparques se forman en una escuela de dos años y después se van especializando a lo largo de su carrera, asegura que todos deben tener una característica en común: “Estar preparados para adaptarse a los cambios y a las diferentes funciones”.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi trabajó en proyectos de reconversión productiva con comunidades mapuches y criollas. Después, pasó por el Parque Nacional Iguazú, el más visitado de Argentina, con hasta 13 000 personas por día en los picos de Semana Santa. En 2022 sumó 14 meses en la base Orcadas, en la Antártida, a cargo de un laboratorio interdisciplinario con 13 proyectos de investigación.

Luego de trabajar un año en la Dirección de Coordinación Operativa en Buenos Aires, asumió la intendencia del Parque Nacional El Palmar. Esta área protegida, donde se protegen 8200 hectáreas de las ecorregiones Espinal y Pampa con humedales de importancia internacional, es la sexta más visitada del país.

Como especialista en turismo sostenible, está impulsando un plan para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios con el objetivo de aumentar la recaudación propia sin afectar el ambiente. Según Alcalde, el parque cubría el 20 % de su presupuesto operativo al inicio de su gestión, en agosto de 2024. El porcentaje subió a 30 % en 2025 y para fines de 2026 se plantea superar el 40 %.

Para el guardaparque, la conservación y el turismo no son incompatibles. Reconoció que los extremos, tanto el turismo desregulado como el conservacionismo estricto, pueden generar impactos negativos, ya sea ambientales o económicos. Por ahora, trabaja con base en la ciencia, ajustando los procesos a medida que aumentan las visitas y buscando que haya cada vez más eficiencia para que el trabajo de sus colegas se concentre en la protección de la naturaleza.

*Imagen principal: la selva misionera es uno de los ecosistemas más biodiversos de Argentina. Foto: cortesía Facundo Alcalde.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hoy, cuando la inteligencia artificial, el trabajo remoto, la economía digital y la educación híbrida se han convertido en parte del lenguaje cotidiano, vale la pena detenerse a mirar un caso colombiano que quizá no ha recibido toda la atención que merece.

La revolución digital no comenzó con las IA ni con las videollamadas durante la pandemia. Comenzó cuando alguien comprendió que la tecnología podía democratizar el acceso al conocimiento. En Colombia esa intuición tuvo un nombre: educación abierta y a distancia.

La pandemia terminó por darle la razón a quienes durante años fueron observados con cierto escepticismo. De un momento a otro, universidades de enorme prestigio descubrieron que debían aprender, en cuestión de semanas, aquello que la UNAD llevaba perfeccionando durante décadas. Lo que para muchos fue una solución de emergencia, para esta universidad era ya una cultura institucional.

No deja de ser llamativo que uno de los proyectos educativos más ambiciosos del país haya crecido lejos de los grandes reflectores. Hoy la UNAD atiende a cientos de miles de estudiantes distribuidos por todo el territorio nacional y en distintos lugares del mundo. Su presencia alcanza municipios donde durante muchos años la educación superior simplemente no existía. Allí donde construir un campus era inviable, la universidad encontró otra respuesta: llevar el campus a través de la conectividad, de centros regionales y de un modelo pedagógico diseñado para quienes trabajan, tienen familia, viven lejos de las ciudades o simplemente nunca habían tenido una oportunidad.

En un país donde la geografía ha sido tantas veces una condena, convertir la distancia en una oportunidad constituye una innovación mucho más profunda de lo que parece.

Las cifras son impresionantes, pero quizá lo más importante no son los números sino lo que representan. Cada estudiante que logra graduarse desde una zona rural, desde una población apartada o desde un municipio históricamente olvidado es también una victoria contra una de las desigualdades más persistentes de Colombia: la desigualdad en el acceso al conocimiento.

En buena medida, la historia del desarrollo económico puede leerse como la historia de la expansión educativa. Ningún país ha logrado dar el salto hacia una economía basada en la innovación sin ampliar radicalmente el acceso a la formación superior. Sin embargo, el siglo XXI plantea un desafío adicional: ya no basta con estudiar una carrera durante cinco años y ejercerla durante cuarenta. La velocidad del cambio tecnológico ha roto ese paradigma.

Los economistas hablan cada vez con mayor frecuencia del aprendizaje permanente, del lifelong learning. La formación continua dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad estructural. Las profesiones cambian, aparecen nuevas habilidades, otras desaparecen y millones de trabajadores deberán actualizarse varias veces a lo largo de su vida laboral.

En ese contexto, universidades flexibles, digitales y capaces de acompañar procesos de formación permanente adquieren una importancia estratégica para cualquier país.

A esto se suma otro fenómeno silencioso: la transformación demográfica. Colombia envejece. La población joven comienza a reducirse mientras aumenta el número de adultos que necesitarán reconvertirse profesionalmente varias veces durante su vida. La universidad del futuro ya no estará dedicada exclusivamente a jóvenes de dieciocho años. También deberá formar a personas de treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta años que necesitan aprender nuevas competencias para seguir siendo competitivas en un mercado laboral profundamente dinámico.

Pocas instituciones parecen estar mejor preparadas para ese escenario que una universidad cuyo ADN siempre fue precisamente la flexibilidad.

Sería injusto analizar este proceso sin mencionar el liderazgo que lo ha acompañado durante los últimos años. Las universidades no solo producen conocimiento; también son organizaciones complejas que requieren visión estratégica, estabilidad administrativa y una enorme capacidad de gestión. Bajo el rectorado de Jaime Alberto Leal Afanador, la UNAD ha consolidado un modelo institucional que ha sabido combinar expansión, innovación tecnológica, acreditación de calidad e internacionalización, sin perder de vista su propósito original: llevar educación allí donde parecía imposible hacerlo.

Gestionar una universidad de semejante tamaño es administrar simultáneamente talento humano, infraestructura tecnológica, investigación, relaciones internacionales, presencia territorial y cientos de miles de trayectorias académicas individuales. No es simplemente dirigir una institución educativa; es coordinar una organización nacional cuya materia prima es el conocimiento.

Quizá por eso la historia de la UNAD merece ser observada con mayor atención. En ocasiones Colombia busca respuestas en Finlandia, Corea del Sur o Estonia, sin detenerse a examinar experiencias propias que llevan años produciendo resultados. No toda innovación necesita venir del extranjero. Algunas nacen aquí, discretamente, mientras el país mira hacia otro lado.

Vivimos un momento histórico en el que la inteligencia artificial transformará la educación tanto como internet lo hizo hace treinta años. El profesor dejará de ser únicamente un transmisor de información para convertirse cada vez más en un orientador del aprendizaje. Los contenidos serán personalizados, los ritmos flexibles y la formación estará presente durante toda la vida. La pregunta ya no es si la universidad cambiará, sino qué universidades estaban preparadas para ese cambio antes de que ocurriera.

Tal vez esa sea la gran lección de la UNAD. Mientras Colombia discutía el futuro de la educación, ella llevaba décadas construyéndolo. Mientras el país pensaba en kilómetros, edificios y aulas físicas, la universidad pensaba en redes, conocimiento y personas.

Las grandes revoluciones suelen reconocerse cuando ya han ocurrido. Quizá haya llegado el momento de reconocer que una de las transformaciones educativas más importantes de Colombia no fue una promesa, sino un experimento que terminó convirtiéndose en una realidad. Y en tiempos en que el conocimiento será el principal motor de las naciones, conviene mirar con atención a quienes entendieron el siglo XXI antes de que el siglo XXI comenzara.

La invitación a UCompensar y a su programa de Ingeniería Biomédica respondió al interés de la convención por conocer modelos educativos donde la teoría se pone en práctica de manera directa con el sector empresarial y de salud, un enfoque que coincide con el modelo Universidad-Empresa que caracteriza a la institución.

Aprendizajes para Ingeniería Biomédica y la educación superior

Paola Andrea Mejía Ladino, líder del programa de Ingeniería Biomédica de UCompensar, destacó que los principales aprendizajes de la convención estuvieron relacionados con el uso de inteligencia artificial aplicada a la salud, los campus académicos inteligentes, la gestión de datos, los laboratorios como escenarios de investigación aplicada, la robótica y la automatización, así como modelos de formación basados en retos reales que la industria china plantea como parte del desarrollo académico.

Según explicó, estos hallazgos no solo son relevantes para el programa de Ingeniería Biomédica, sino que tienen un alcance transversal para el resto de la institución.

Oportunidades de cooperación y alianzas

De la participación en el evento se desprenden posibles oportunidades de cooperación con Huawei Colombia, que irían más allá del ámbito de las telecomunicaciones. Entre ellas se mencionan el fortalecimiento de procesos de formación, certificaciones, actualización docente, retos de innovación, laboratorios demostrativos y proyectos aplicados a la salud digital.

También se abre la posibilidad de que la institución avance hacia un modelo de campus inteligente y fortalezca el uso de la inteligencia artificial tanto en el ámbito académico como en el de la salud.

Acciones concretas que se evalúan a partir de la experiencia

Como resultado de esta participación, UCompensar contempla explorar acciones como:

• La integración de inteligencia artificial y salud digital en las asignaturas del programa.
• El desarrollo de un modelo de campus inteligente.
• Un proyecto integrador con Huawei orientado a aplicaciones en el sector clínico.
• El desarrollo de indicadores de calidad educativa apoyados en las tecnologías existentes.
• La creación de rutas de laboratorios vivos que conecten la docencia, la investigación, la empresa y la transferencia de conocimiento.

Diferencias frente al modelo colombiano

Uno de los elementos que más se destacó de la experiencia en China fue la velocidad, integración y escalonamiento con que allí se conectan la tecnología, la cultura organizacional, la empresa, la universidad y el gobierno. Los laboratorios, en ese modelo, dejan de ser únicamente espacios de formación para convertirse en vitrinas de innovación y transferencia, con una conexión directa entre la universidad y la empresa.

“Esta experiencia me permitió reconfirmar cómo la educación, la salud y la tecnología pueden integrarse en ecosistemas de innovación con impacto real. Lo observado en China me reta a que debemos formar estudiantes con visión global, capacidad técnica y compromiso con soluciones pertinentes para el sector salud. Debemos fortalecer los laboratorios como espacios vivos de aprendizaje, investigación aplicada y conexión con el sector productivo”, afirmó Paola Andrea Mejía Ladino, líder del programa de Ingeniería Biomédica.