La invitación a UCompensar y a su programa de Ingeniería Biomédica respondió al interés de la convención por conocer modelos educativos donde la teoría se pone en práctica de manera directa con el sector empresarial y de salud, un enfoque que coincide con el modelo Universidad-Empresa que caracteriza a la institución.

Aprendizajes para Ingeniería Biomédica y la educación superior

Paola Andrea Mejía Ladino, líder del programa de Ingeniería Biomédica de UCompensar, destacó que los principales aprendizajes de la convención estuvieron relacionados con el uso de inteligencia artificial aplicada a la salud, los campus académicos inteligentes, la gestión de datos, los laboratorios como escenarios de investigación aplicada, la robótica y la automatización, así como modelos de formación basados en retos reales que la industria china plantea como parte del desarrollo académico.

Según explicó, estos hallazgos no solo son relevantes para el programa de Ingeniería Biomédica, sino que tienen un alcance transversal para el resto de la institución.

Oportunidades de cooperación y alianzas

De la participación en el evento se desprenden posibles oportunidades de cooperación con Huawei Colombia, que irían más allá del ámbito de las telecomunicaciones. Entre ellas se mencionan el fortalecimiento de procesos de formación, certificaciones, actualización docente, retos de innovación, laboratorios demostrativos y proyectos aplicados a la salud digital.

También se abre la posibilidad de que la institución avance hacia un modelo de campus inteligente y fortalezca el uso de la inteligencia artificial tanto en el ámbito académico como en el de la salud.

Acciones concretas que se evalúan a partir de la experiencia

Como resultado de esta participación, UCompensar contempla explorar acciones como:

• La integración de inteligencia artificial y salud digital en las asignaturas del programa.
• El desarrollo de un modelo de campus inteligente.
• Un proyecto integrador con Huawei orientado a aplicaciones en el sector clínico.
• El desarrollo de indicadores de calidad educativa apoyados en las tecnologías existentes.
• La creación de rutas de laboratorios vivos que conecten la docencia, la investigación, la empresa y la transferencia de conocimiento.

Diferencias frente al modelo colombiano

Uno de los elementos que más se destacó de la experiencia en China fue la velocidad, integración y escalonamiento con que allí se conectan la tecnología, la cultura organizacional, la empresa, la universidad y el gobierno. Los laboratorios, en ese modelo, dejan de ser únicamente espacios de formación para convertirse en vitrinas de innovación y transferencia, con una conexión directa entre la universidad y la empresa.

“Esta experiencia me permitió reconfirmar cómo la educación, la salud y la tecnología pueden integrarse en ecosistemas de innovación con impacto real. Lo observado en China me reta a que debemos formar estudiantes con visión global, capacidad técnica y compromiso con soluciones pertinentes para el sector salud. Debemos fortalecer los laboratorios como espacios vivos de aprendizaje, investigación aplicada y conexión con el sector productivo”, afirmó Paola Andrea Mejía Ladino, líder del programa de Ingeniería Biomédica.

Se atribuye a Confucio una definición breve, sencilla, profunda y semántica del poder: “es la capacidad humana para denotar la realidad”, semejante a la del evangelio de Juan: “en el principio era el verbo” (Juan 1:1-14). Esa capacidad políticamente toma cuerpo cuando la realidad es aceptada y reconocida por todos bajo una forma de gobierno o régimen político específico. Lo cual significa que el poder político es, en principio, comunicación. Una comunicación que se transmite no solo en discursos, más o menos convincentes y persuasivos, sino sobre todo en símbolos y rituales que le confieren un contenido preciso. Por eso el poder es también una puesta en escena que se representa periódicamente y cobra un sentido institucional y social. De allí la importancia de ceremonias públicas como la posesión presidencial y su investidura. Por eso, en las democracias dicha posesión se realiza ante el Congreso o en los recintos del Parlamento, pero también a cielo abierto y ante la ciudadanía para simbolizar la máxima transparencia del poder público y su legítima procedencia, como suele suceder en los Estado Unidos de Norteamérica, bajo temperaturas gélidas y en la explanada del Capitolio. Resulta entonces curioso que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, furibundo admirador del poder de Maga y generoso aportante a la campaña de Trump, además de ciudadano leal a los designios de la doctrina Donroe, no siga dicho ejemplo republicano y opte por hacerlo en una guarnición militar. Parodiando esa obsesión personal, se podría decir que ese es el lugar adecuado para que un Tigre, animal salvaje y temible, sea investido como presidente, pues así los asistentes estarán seguros de no ser atacados y devorados. Pero el asunto es serio y trascendental, no para hacer malos chistes.

Del Capitolio al Campo de Marte

Se trata nada menos que de trasladar, como ya lo aprobó el Congreso, la civilidad y el principio de la soberanía popular encarnada por los Representantes y Senadores electos, artículo 3 de nuestra Constitución, al campo de Marte, propio de las operaciones militares y la guerra. En otras palabras, el poder civil convertido en rehén del poder militar, lo que es la esencia de un régimen castrense y no de uno democrático. Por eso también se hará en el Departamento del Cauca, para declarar la guerra y desafiar en su terreno a las disidencias de Mordisco y otras cruentas organizaciones armadas ilegales que han anegado en sangre y terror el suroccidente colombiano. Seguramente escucharemos del Tigre en su discurso muchos rugidos, amenazas y una retórica heroica en agradecimiento a los numerosos miembros de la Fuerza Pública sacrificados, con alusiones semejantes a la de Churchill de “sangre, sudor y lágrimas”, que auguran una sangría todavía mayor para todos ellos y un sufrimiento incesante para sus familias. Entonces los Congresistas e invitados especiales aplaudirán furiosamente, porque definitivamente es muy fácil enviar al matadero a miles de héroes, mientras ellos se dedican a hacer buenos negocios en nombre de la “seguridad inversionista y la prosperidad de la Patria”, esos tres huevitos tan queridos, que estarán bajo la protección y promoción del Tigre y su competente gabinete ministerial. Sin embargo, ese apoteósico y militar escenario está en vilo, pues el presidente Gustavo Petro se opone, como “comandante supremo de las Fuerzas Armadas” (artículo 189, numeral 3 de la CP), a facilitar una guarnición militar en el Departamento del Cauca para la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y su conversión milagrosa de un Tigre en presidente de todos los colombianos.

Un pulso paradójico y revelador

Lo anterior es un pulso paradójico, ni siquiera imaginado por García Márquez, pues un exguerrillero, el presidente Gustavo Petro, está defendiendo la civilidad de la posesión presidencial ante el Congreso y la ciudadanía en la plaza de Bolívar, como ha sucedido desde Belisario Betancur hasta el presente, y un civil, Abelardo de la Espriella, un destacado abogado penalista de penumbrosas causas criminales, quiere ser investido en una guarnición militar para rendir tributo de honor a los “héroes de la Patria”. Muchos de esos héroes han muerto combatiendo a criminales que, directa o indirectamente, han estado relacionados con las disputas por rentas ilegales entre Paramilitares y guerrillas, en cuyo contexto jugó un importante rol el joven abogado Abelardo, promoviendo la Fundación Iniciativas por la Paz (FIP)[i], para el tránsito de los comandantes y miembros de la AUC a la civilidad. Estamos, pues, presenciando una curiosa inversión de identidades, se diría que milagrosa. La de un rebelde convertido en defensor a ultranza de la civilidad y una imposible “Paz Total”, que deja la Presidencia el 7 de agosto sin alcanzarla y, de su contraparte, un civil que llega a la Presidencia obsesionado con el culto al militarismo y la “Guerra Total” en aras de la seguridad y la paz. Pero la realidad es más compleja y reveladora, si recordamos que Gustavo Petro en desarrollo de su posesión presidencial, apeló nada menos que a un símbolo histórico de la guerra, la espada del libertador Simón Bolívar, instalándola en el centro de la ceremonia y luego la esgrimió y anunció: “Hasta que no haya justicia social en Colombia no se envainará la espada, sino que continuará desenvainada como hoy está en los salones de esta Casa de Nariño”, acompañada de la bandera rojinegra de Bolívar de “guerra a muerte” contra el general español Pablo Murillo y sus colaboradores.

Profunda crisis de Civilidad, Democracia y Soberanía

Simbolismos que nos revelan una profunda crisis de civilidad, convicción y coherencia con el ejercicio de la democracia por parte de ambos líderes políticos, pues en desarrollo de sus proyectos y objetivos, diametralmente opuestos, coinciden en el recurso y apoyo de los militares como la fuerza decisoria. En el caso de Petro, la Paz Total con justicia social, que lo llevó a confiar demasiado en la supuesta voluntad de paz de organizaciones supuestamente rebeldes, ya carcomidas por el narcotráfico, que afianzaron su control territorial a punto de terror y crímenes abominables. Por el contrario, el Tigre está convencido que solo con guerra total y un Plan Patriota podrá haber seguridad para la prosperidad y la paz. Pero olvida un sabio consejo atribuido a Bonaparte, que algo sabia de armas: “Con las bayonetas pueden hacerse muchas cosas, menos sentarse sobre ellas”. De allí su “Firmes por la Patria” y su predilección por una guarnición en lugar del Congreso y la plaza de Bolívar para su posesión. Abelardo y su Tigre creen ilusamente, igual que su padrino Trump, que para gobernar basta rugir, amenazar y ordenar bombardeos. Por eso también su lealtad a la llamada “Doctrina Donroe” y su entusiasmo por el “Escudo de las Américas”, además de su reveladora y orgullosa afirmación de ser el primer presidente de Colombia del partido republicano de Trump. Declaraciones que no son propias de un “Defensor de la Patria”, mucho menos de un presidente democrático que jura defender la soberanía de Colombia, sino más bien de un lacayo de Maga, que se suma a la compañía de una figura tan vergonzosa, humillada y desprestigiada como Delcy Rodríguez en la sufrida, esquilmada y depredada “Venezuela Bolivariana”. ¿Será ese el significado y el destino de la “Patria Milagro”?

[i]https://www.infobae.com/colombia/2025/09/17/el-rol-de-abelardo-de-la-espriella-en-el-proceso-de-paz-entre-colombia-y-las-auc-lo-volveria-a-hacer/

En febrero de 2026, en plena campaña electoral, las inundaciones que golpearon a ocho departamentos le costaron al Estado $8,68 billones de pesos. Para todo el año, el país tenía destinados apenas $668.000 millones para atender emergencias, es decir, menos de una décima parte de lo que costó un solo evento.

El Gobierno saliente financió el gasto por vía extraordinaria. Un decreto de excepción creó un nuevo impuesto de emergencia sobre el patrimonio de las grandes empresas, con tasas más altas para el sector financiero y el extractivo.

La nueva realidad climática de Colombia significa que habrá inundaciones, incendios y otros eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Esto se traduce en mayor carga fiscal para el Estado, que debe financiarse con emisión de deuda o nuevos impuestos.

Para proteger las finanzas del país y a las empresas, el Gobierno entrante debe cambiar la forma en la que se financian las emergencias en el país. El modelo actual está desfinanciado, es reactivo y fragmentario, y no integra al sector privado.

A través de la reconstrucción de lo ocurrido en Córdoba, evidenciamos la manera en la que opera el sistema de financiamiento de desastres del país y las principales falencias que el nuevo Gobierno deberá solucionar, si quiere cumplir sus promesas de campaña.

La tragedia de febrero

En febrero de 2026, Córdoba vivió una tragedia sin precedentes. En plena temporada seca, un frente frío descargó sobre el departamento más de 145 milímetros de lluvia en menos de un día, el volumen típico de un mes entero. Esto multiplicó el caudal del río Sinú entre 15 y 20 veces respecto a su promedio histórico. La magnitud del daño fue enorme: 113.641 hectáreas inundadas en Córdoba y más de 236.000 en la región Caribe, equivalente a más del doble del área de Bogotá; más de 170.000 damnificados, casi el 9% de la población del departamento; 450.564 bovinos afectados, uno de cada cinco animales; y 30.225 hectáreas de cultivos perdidos, más de la mitad del área sembrada del departamento.

Imagen 1. Huella de inundaciones en Córdoba en febrero del 2026

Los impactos económicos reportados para la región fueron severos. Según datos de la Cámara de Comercio de Montería, las inundaciones comprometieron cerca del 12,6% del PIB departamental, con pérdidas en activos por 3,85 billones de pesos. Solo la restauración de pasturas para el sector ganadero costará al menos 900.000 millones de pesos, cerca del 3% del PIB departamental. Aun cuando los datos se centran en los negocios del sector real, es razonable pensar que el sistema financiero también se vio afectado: productores y empresas que perdieron cultivos, ganado o infraestructura difícilmente pudieron cumplir con sus obligaciones crediticias, lo que presiona los balances de bancos con portafolios agropecuarios en la región. Las aseguradoras, por su parte, enfrentaron reclamaciones que podrían llevarlas a recalibrar primas o a retirarse de territorios cada vez más expuestos a inundaciones y otros eventos extremos.

La respuesta fiscal

Al momento del evento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tenía $668.421 millones de pesos disponibles en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), la principal bolsa de recursos del país para atender emergencias.

El costo estimado de atender la emergencia por lluvias extremas de febrero de este año, que además de Córdoba afectó a siete departamentos más, ascendió a un total de $8,68 billones de pesos, trece veces el tamaño del fondo. En otras palabras, la provisión anual del país entero para todas las contingencias y desastres equivalía a apenas el 7,7% de lo que costaría atender una sola emergencia.

Sin presupuesto listo para responder, los recursos tuvieron que movilizarse por una vía extraordinaria. El 11 de febrero, una semana después de las inundaciones, el Presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 0150, que habilitó al Estado para legislar transitoriamente en materia tributaria y presupuestal, una facultad que la Constitución reserva para circunstancias en que los mecanismos ordinarios resultan insuficientes.

 Trece días después, el Decreto 0173 creó un impuesto de emergencia sobre el patrimonio de grandes empresas, mediante el cual las sociedades con activos netos superiores a $10.474 millones de pesos pagarían entre el 0,5% y el 1,6% de ese patrimonio, con tasas más altas para el sector financiero y el extractivo. El 12 de marzo, el Decreto 0240 amplió el paquete en tres frentes: fijó un impuesto al consumo del 16% sobre apuestas en línea, incluyó en el impuesto al patrimonio a sucursales extranjeras que operan en el país, y ofreció a las empresas con activos no declarados la posibilidad de declararlos voluntariamente con una tarifa del 19%. Ese mismo día, el Decreto 0241 formalizó la adición de $8,68 billones al Presupuesto General de la Nación para 2026, con lo que cerró la brecha de recursos identificada para atender la emergencia.

Imagen 2. Cronología de la respuesta fiscal a la emergencia de febrero de 2026

Los recursos captados por el Estado se destinaron en su totalidad al manejo del desastre, bajo un enfoque sectorial: cerca de tres cuartas partes se canalizaron a través de la UNGRD hacia los frentes más afectados (agricultura, vivienda, educación y transporte), mientras que el monto restante se dirigió a agua y saneamiento, salud y prosperidad social, entre otros sectores. Así, por ejemplo, los recursos de agricultura financiaron el alivio de las deudas de los productores que perdieron cultivos y ganado; los de vivienda, la reparación de las viviendas y el reasentamiento de las familias afectadas; y los de agua y saneamiento, el restablecimiento del acceso a agua potable en los municipios cuyos acueductos resultaron dañados por las inundaciones. La Imagen 3 muestra el flujo completo, desde el origen tributario hasta los destinos sectoriales priorizados.

Imagen 3. Flujo de recursos de la emergencia climática 2026, desde las fuentes tributarias hasta los destinos sectoriales.

Fuente: Elaboración propia con base en Decretos 0173, 0240 y 0241 de 2026

Las fallas del modelo de financiamiento de gestión de riesgos 

La magnitud del evento dejó al descubierto las fallas estructurales del modelo con que Colombia financia su gestión del riesgo de desastres. La primera, y la más evidente, es la falta de recursos: los costos para atender un solo evento excedieron el presupuesto anual del país para emergencias. Sin embargo, hay tres fallas adicionales que el nuevo Gobierno deberá solucionar: una arquitectura financiera reactiva, un sistema de fondos sumamente centralizado y con poca coordinación, y un sector privado que permanece al margen de la gestión del riesgo.

Aun cuando la gestión integral del riesgo de desastres tiene tres etapas (conocer el riesgo, reducirlo y manejar el desastre), Colombia destina la mayor parte de sus recursos a la tercera. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país destina en promedio 3,3 billones de pesos al año a la gestión del riesgo, y cerca del 70% se destina al manejo de desastres. Apenas un tercio se destina a conocer y reducir el riesgo, es decir, a las dos etapas anticipatorias, las únicas que pueden evitar o atenuar el próximo evento. Esto se explica, en parte, porque el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la mayor bolsa de recursos del país, puede financiar las tres etapas, pero en la práctica se usa casi exclusivamente para responder al desastre. Que la respuesta sea prioritaria es indiscutible, pero priorizar lo urgente sin atender lo importante tiene un costo medible. Estudios del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) han demostrado que cada peso invertido en prevención evita entre cuatro y siete de pérdidas posteriores. Colombia sigue operando con un modelo de financiamiento reactivo: trapea la casa en lugar de cerrar el grifo.

La segunda falla proviene de un sistema de fondos desarticulado y con una dependencia alta del Gobierno Nacional. Además del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), Colombia cuenta con una multiplicidad de fondos que pueden ser utilizados para gestionar el riesgo de desastres en el país: el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, el Fondo Nacional Ambiental (FONAM), el Fondo Mixto Intersectorial para la Innovación y el Desarrollo Territorial (FOMINTEDER) y varias asignaciones del Sistema General de Regalías: Paz, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ambiental, y 20% del Mayor Recaudo. A pesar de esa disponibilidad de recursos, estos fondos operan en paralelo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, sin criterios compartidos de asignación presupuestal y sin priorizar los proyectos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), el principal instrumento de política del país en la materia.

A esto se suma que los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, creados para que los municipios y departamentos financien sus propias acciones de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, todavía no operan. Entre un sistema de fondos complejo de navegar y fondos territoriales que no operan, los municipios y departamentos quedan sin capacidad de invertir y dependen del Gobierno Nacional.

La tercera falla que reveló el desastre es la escasa participación del sector privado en la gestión del riesgo. La mayoría de las empresas no sabe cómo el cambio climático puede golpear sus finanzas ni lo incluye en su matriz de riesgos corporativos. Tampoco invierte en reducir su vulnerabilidad, en hacer más resilientes sus cadenas de suministro, ni en protegerse con instrumentos financieros como los seguros paramétricos. Las juntas directivas siguen viendo la sostenibilidad como un tema de responsabilidad social corporativa y no como algo estratégico para asegurar su estabilidad financiera. Aun cuando las empresas asumieron buena parte de las pérdidas en Córdoba, persiste la percepción de que gestionar el riesgo de desastres es obligación exclusiva del Estado. Esta creencia limita el rol que pueden llegar a tener las empresas en la resiliencia de los territorios en los que operan.  

Las oportunidades para el nuevo Gobierno

El Presidente electo Abelardo de la Espriella ha prometido proteger las finanzas públicas y reducir los impuestos al sector privado. La nueva realidad climática hará que cumplir ambas promesas sea difícil. Las inundaciones en Córdoba ilustran las falencias del modelo actual de financiamiento de la gestión del riesgo de desastres del país y cómo estas se traducen en pérdidas para las empresas, nuevos impuestos y gasto adicional del Estado. Para cumplir con sus promesas de campaña, el nuevo Gobierno deberá reformar el modelo de financiamiento: dotarlo de recursos, hacer que anticipe en lugar de reaccionar, descentralizarlo, coordinar sus fondos y darle al sector privado un rol más activo. Todo eso empieza por reconocer el cambio climático por lo que es: una prioridad fiscal.

Autores:

Artículo producido por el equipo de Strata Advisors, consultora colombiana especializada en la gestión fiscal y corporativa de riesgos financieros derivados del cambio climático (www.strata-advisors.com).

María Camila Jaramillo. Consultora Sr; Mateo Prada Quintero, Director; Juan José Guzmán Ayala, Director; y Juan Sebastián Moreno, Consultor Sr.

Narciso Quiroga llegó hace más de 30 años al corregimiento El Capricho, en el departamento de Guaviare, atraído por la bonanza cocalera. Cuando arribó, recuerda, el paisaje era una inmensa selva continua. Hoy, a sus 71 años, observa desde su finca un horizonte dominado por potreros.

Como miles de colonos de la región, Quiroga se vinculó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con la esperanza de abandonar la coca y construir una economía legal.

El PNIS, creado tras el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, ofrecía a las familias campesinas apoyos económicos, asistencia técnica y proyectos productivos a cambio de erradicar voluntariamente los cultivos de coca. Su diseño también incluía inversiones en infraestructura, acceso a tierras, crédito y servicios públicos para garantizar una sustitución sostenible.

Buena parte de esos compromisos se retrasó o nunca llegó a cumplirse y el abandono de la coca nunca se completó. “Después de que nos metimos a ese proyecto fue como si hubiera muerto. No se volvió a saber nada del proyecto. Entonces, eso es lo que a uno le da putería”, dice frustrado Quiroga. Sin los pagos completos que le prometieron y sin proyectos productivos sostenibles, terminó invirtiendo sus escasos recursos en ocho vacas.

Para llegar a Caño Tigre, la vereda donde vive Quiroga, muy cerca del río Guayabero, hay que recorrer por más de dos horas una trocha sinuosa que parte de San José del Guaviare y que ha sido construida a mano por las comunidades de esta región. Sin carreteras formales, los colonos deben arreglar sus caminos cada año. Sin embargo, la geografía es hostil: el agua que brota de las montañas y la lluvia constante convierten cualquier mejora en una trampa de lodo que impide sacar los cultivos.

Tras la desmovilización de las FARC, el vacío de poder convirtió a la región en un escenario de disputa entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá Córdoba, y el Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, enfrentados por el control territorial y las rentas del narcotráfico.

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A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, el balance en esta zona amazónica es desolador. A pesar de haber sido uno de los escenarios más golpeados por la guerra, el prometido punto cuatro del acuerdo, destinado a resolver de raíz la problemática de los cultivos de uso ilícito, no ha logrado consolidarse. Para los habitantes de esta región, el Estado sigue en deuda con la sustitución integral que se prometió en las negociaciones en La Habana.

«Nos dijeron que arrancáramos la coca porque iban a venir proyectos. Arrancamos la coca y después no volvió nadie«, recuerda Quiroga mientras señala los potreros que hoy rodean su finca. La decisión de comprar ganado no fue el resultado de un plan empresarial, fue una estrategia de supervivencia. «Con las vacas por lo menos uno puede vender una cuando necesita remesa [mercado o compra de alimentos para el hogar]», explica.

Su caso refleja una historia que se repite en buena parte del Guaviare y el sur del Meta: el reemplazo progresivo de la coca por la ganadería extensiva en territorios estratégicos para la conservación de la Amazonía.

La región Macarena-Guaviare sigue siendo uno de los ejemplos más evidentes de la distancia entre las promesas de sustitución de cultivos y la realidad rural. Tras la desmovilización de las FARC, las zonas dominadas por esa guerrilla se convirtieron en escenario de nuevas disputas armadas que coincidieron con la incapacidad estatal para consolidar alternativas económicas viables. El resultado fue una transición inconclusa en una de las zonas más sensibles del país: la antesala de los parques nacionales Chiribiquete, La Macarena y Tinigua, así como de la Reserva Nacional Natural Nukak.

De la coca a las vacas

Entre 2016 y 2023 los cultivos de coca disminuyeron de manera importante en la región Macarena-Guaviare donde operaban Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se trataba de instrumentos de planificación y gestión a 10 o 15 años diseñados por el Gobierno para transformar integralmente las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y el abandono institucional. El área sembrada pasó de cerca de 12 000 hectáreas a alrededor de 4000, producto de la combinación entre erradicación forzada y sustitución voluntaria, según datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia.

En ese proceso, 6669 cultivadores ingresaron al PNIS y cada uno recibió, en promedio, 14.6 millones de pesos (unos 4000 dólares). Sin embargo, los resultados fueron parciales.

Un informe de evaluación realizado por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID) encontró que el programa cumplió principalmente con los apoyos alimentarios iniciales y las huertas de autoconsumo, pero fracasó en el componente más importante: los proyectos productivos de largo plazo. Apenas 270 beneficiarios en la región accedieron a recursos para desarrollar actividades económicas sostenibles.

El cambio de gobierno entre Juan Manuel Santos e Iván Duque profundizó la crisis. La ejecución se ralentizó, numerosos compromisos quedaron pendientes y miles de familias que habían erradicado voluntariamente sus cultivos quedaron sin una fuente estable de ingresos.

Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, el PNIS volvió a ser objeto de revisión. Tras varios años de rezagos en la implementación, la nueva administración renegoció el programa, lo incorporó al Plan Nacional de Desarrollo (PND) e introdujo cambios en su ejecución.

Uno de los principales fue reemplazar a los operadores nacionales por bancos de proveedores locales en los territorios donde se desarrolla el programa. En lugar de adquirir insumos a través de grandes contratistas, la estrategia pasó a privilegiar las compras locales y la entrega mediante ferias, con el propósito de que la implementación también dinamizara las economías campesinas.

De acuerdo con un vocero de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que actualmente tiene a su cargo el PNIS, estos ajustes buscaron corregir los retrasos acumulados y hacer que los recursos del programa tuvieran un mayor impacto en las comunidades donde se ejecutan.

Pedro Velandia todavía recuerda el día en que arrancó la coca de su parcela en la vereda Marabilis de San José del Guaviare. “Acá nos pintaron pajaritos en el aire y todo el mundo se ilusionó”, relata.

Según él, el hambre terminó convirtiéndose en un motor silencioso de la deforestación. «Como el Gobierno no está cumpliendo y se sabe que la ganadería está produciendo, algunos optaron por tumbar [la] selva». Velandia recuerda que muchos campesinos tuvieron que endeudarse para sobrevivir. «Muchos pidieron préstamos para comprar ganado. Otros recibieron animales o insumos sin capacitación. La mayoría perdió plata».

Incluso los recursos del PNIS que alcanzaron a llegar generaron efectos inesperados. «Cuando llegó la plata del programa, el ganado y los insumos se dispararon de precio. Los que ganaron fueron los intermediarios», asegura, en referencia a quienes vendían las vacas a los campesinos.

La sustitución logró reducir parte de la coca, pero nunca consiguió consolidar una economía alternativa capaz de sostener a las familias rurales luego de que terminaron los apoyos iniciales.

Sin embargo, la transición hacia la ganadería no comenzó con el PNIS. Según Franf Garzón, presidente de la Cámara de Comercio del Guaviare y oriundo de El Capricho, zona rural de San José del Guaviare, el cambio de la coca hacia otras actividades venía gestándose desde comienzos de los años 2000, cuando los habitantes empezaron a percibir que la guerra y las economías ilegales no podían sostenerse indefinidamente.

«La gente se cansó de la violencia y empezó a pensar en otras alternativas», explica Garzón. En ese proceso aparecieron los cultivos de cacao, plátano, yuca y maíz, pero también el ganado, que comenzó a consolidarse como una forma de ahorro y de ocupación de la tierra.

Garzón recuerda que El Capricho pasó de ser una pequeña zona rural cocalera a convertirse en un centro poblado con hoteles, restaurantes, comercio y servicios que conectan San José del Guaviare con los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán.

Para él, la reducción de la coca fue uno de los cambios sociales más importantes que ha vivido la región, pero también cree que el incumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria erosionó la confianza de las comunidades.

«La gente sintió que fue traicionada porque algunos programas no funcionaron como fueron planteados desde el inicio», afirma. Por eso insiste en que el fracaso de la sustitución no puede entenderse únicamente como un problema productivo, sino que fue una ruptura de confianza entre el Estado y las comunidades que habían decidido abandonar voluntariamente los cultivos ilícitos de coca.

Los argumentos económicos fueron, sin duda, los que más pesaron para dar el paso de la coca a la ganadería, según explicaron las fuentes consultadas en campo para esta investigación.

Fidel Daza, líder de Asojuntas [asociación de Juntas de Acción Comunal] en Calamar y uno de los participantes en la construcción del PNIS en el municipio de Calamar, sostiene que la ganadería terminó imponiéndose porque resolvía un problema que ningún otro proyecto logró solucionar: el acceso al mercado.

«Una vaca es como tener la plata guardada en el potrero», explica. «Si una familia necesita efectivo puede venderla o incluso sacarla caminando. Con el plátano o la yuca ocurre lo contrario: hay que transportarlos, se pueden perder y muchas veces el costo del viaje termina consumiendo la ganancia».

Además, Daza plantea que la erradicación total de la coca no se dio porque, mientras un kilogramo de base de coca puede transportarse fácilmente en una motocicleta y alcanzar un alto valor comercial, producir la misma cantidad de ingresos con cultivos legales exige mover toneladas de productos por carreteras precarias o inexistentes.

«Ahí está el problema de fondo de la sustitución», afirma. «Si no hay comercialización garantizada, la gente termina apostándole a lo único que le ofrece seguridad». Según Daza, muchos pequeños productores que recibieron los primeros pagos del PNIS abandonaron definitivamente la coca pero, al no llegar los proyectos productivos, terminaron invirtiendo en ganado. Otros, que dependían exclusivamente de los cultivos ilícitos, migraron hacia zonas más alejadas y reanudaron la siembra. «La sustitución sí era una alternativa viable», insiste. «Lo que no funcionó fue la implementación».

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Cuando el bosque se convirtió en potrero

El fracaso de la transición de los cultivos de uso ilícito a economías legales y sostenibles tuvo consecuencias visibles sobre la zona Macarena-Guaviare.

Entre 2016 y 2024, las coberturas boscosas en las 286 veredas (zonas rurales) del departamento del Guaviare analizadas en esta investigación pasaron de 552 102 a 426 308 hectáreas. Se deforestaron 125 794 hectáreas de bosque y los pastizales crecieron en 184 061 hectáreas.

Al hacer la comparación entre veredas donde operaba el PNIS y aquellas donde no tenía presencia, se observa una diferencia clara. En las zonas vinculadas al programa, según datos del Observatorio para las Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, la conversión de bosque a pastizales fue mayor: al menos la mitad de las 286 veredas del Guaviare registró más de 114 hectáreas transformadas, frente a 32 hectáreas en las veredas donde no operó el programa. La misma tendencia se observa en el crecimiento de los pastizales, que alcanzó más de 420 hectáreas en el 50 % de las veredas donde funcionó el PNIS y 122 hectáreas en las zonas donde no operó.

Los datos no permiten afirmar que el PNIS creó por sí mismo la expansión ganadera, pero sí sugieren que la inversión pública llegó a zonas donde ya existía presión sobre la frontera agropecuaria y donde, posteriormente, se consolidaron pastizales.

Cuando la sustitución quedó incompleta, la ganadería terminó consolidándose como la principal alternativa económica, como lo menciona el informe Consecuencias no intencionadas de la política de drogas: Evidencia del PNIS sobre la deforestación en Colombia, publicado en 2023 por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes.

El reporte menciona que el PNIS estuvo asociado con un aumento del 4 % en la capacidad de carga bovina en los 56 municipios donde operó el programa y concluyó que la ausencia de metas ambientales, sumada a las demoras en los pagos, incentivó la adopción de actividades extensivas en el uso del suelo, como la ganadería, que terminaron ejerciendo una presión mayor sobre los bosques que los propios cultivos de coca.

Para Fidel Daza, líder social de El Retorno, las cifras tienen una explicación simple. «Aquí usted puede sembrar cacao, plátano o yuca. El problema es sacarlos. Una vaca aguanta meses en la finca y camina sola hasta donde llega el camión», dice.

Sobre la relación entre la sustitución de cultivos de uso ilícito y la deforestación, desde el PNIS afirmaron que «no existe evidencia que permita establecer una relación causal entre la implementación del PNIS y el aumento de la deforestación». En su respuesta argumentaron que la pérdida de bosque en la Amazonía obedece a un fenómeno multicausal, asociado al acaparamiento de tierras, la expansión ilegal de la frontera agropecuaria, la presencia y control territorial de grupos armados, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Por ello, sostienen que atribuir ese fenómeno al programa de sustitución constituye una interpretación que desconoce la complejidad de las dinámicas territoriales.

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La llegada de los nuevos dueños de la tierra

La crisis económica derivada del incumplimiento del PNIS produjo además un cambio profundo en la estructura de la propiedad rural.

Muchos campesinos que habían erradicado coca terminaron vendiendo o abandonando sus predios ante la imposibilidad de sostenerse económicamente.

Dumar Sánchez, quien llegó en 1997 a la vereda La Panguana, que colinda con la Reserva Nacional Natural Nukak, asegura que la situación cambió radicalmente después del colapso de la sustitución. «Antes las fincas se negociaban entre vecinos. Cuando la gente empezó a quebrarse aparecieron compradores de afuera con plata en efectivo«.

Según él, muchas familias terminaron vendiendo por necesidad. «La gente había cumplido con arrancar la coca y se quedó esperando unos proyectos que nunca llegaron. Cuando se acabó la plata, no quedó otra opción que vender».

Los compradores fueron, en numerosos casos, inversionistas externos interesados en consolidar grandes extensiones de tierra destinadas a la ganadería extensiva. Esto se venía dando desde antes de que se implementara el programa pero se intensificó con la desmovilización y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, dicen las personas entrevistadas en la zona.

Jhon Castañeda, a quien conocen en la región como ‘Mono Jhon’, ex presidente de la Junta de Acción Comunal de El Capricho, describe este proceso como una transformación silenciosa del territorio. «Llegó gente que nunca había vivido aquí. Compraban una finca, después la del vecino y luego otra más. Lo primero que hacían era tumbar monte«.

Para él, la praderización dejó de ser una decisión exclusiva de pequeños productores y pasó a convertirse en un modelo de acumulación de tierras. «La zona se llenó de terratenientes. Ahí fue cuando la deforestación se salió de control».

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La coca no desapareció… se desplazó

La expansión ganadera no sólo trajo consigo más deforestación sino que tampoco resolvió completamente el problema de los cultivos ilícitos.

En varias veredas de la región, entre ellas Guanapalo, Barranquillita, La Tortuga, Chuapal, Caño Maku y Puerto Ospina, la coca mantuvo una presencia constante entre 2016 y 2023. En otras, como Nueva Primavera, reapareció con fuerza después de varios años de reducción.

Juan Pérez*, un campesino curtido que vive solo en una parcela de la Panguana desde hace más de 40 años, explica este fenómeno y reconoce que nunca logró abandonar completamente la economía cocalera. «He tratado de vivir del cacao y de las vacas, pero hay momentos en que no alcanza». Por eso mantiene pequeñas parcelas escondidas. «Uno necesita la remesa [mercado]. El cacao demora, el ganado demora. La coca es la que resuelve cuando no hay plata».

Pérez* insiste en que ya no se trata de grandes sembradíos. «Son cultivos pequeños, los cultivos de la necesidad».

Gabriel Polo, coordinador de la Mesa Forestal del Guaviare —un espacio que articula a instituciones, comunidades, organizaciones y cooperación internacional para promover la conservación de los bosques y el desarrollo de economías sostenibles—, asegura que la expansión de los potreros cerca de los centros poblados ha empujado a muchos cultivadores de coca hacia zonas cada vez más profundas de la Amazonía. «La resiembra se está moviendo cada vez más adentro del bosque. Ya no ocurre únicamente en los bordes», afirma.

Esto significa que nuevos cultivos ilícitos están avanzando sobre zonas de amortiguación de áreas protegidas como la Reserva Nukak y el Parque Nacional Chiribiquete.

Los datos de monitoreo de cultivos de coca muestran que el problema no desapareció en los últimos años, sino que se desplazó y se concentró en territorios cada vez más sensibles desde el punto de vista ambiental. De acuerdo con cifras del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia, los cultivos dentro de parques nacionales naturales pasaron de 6304 hectáreas en 2015 a 10 816 hectáreas en 2023, la cifra más alta registrada en el período analizado. La Amazonía y sus zonas de transición concentran buena parte de esta presión.

Los números del Observatorio indican que, en 2023, los parques ubicados en los núcleos Meta-Guaviare, Putumayo-Caquetá y Amazonas sumaron 4828 hectáreas sembradas con coca, equivalentes al 44.6 % de toda la coca detectada dentro de áreas protegidas del país.

La mayor concentración se encuentra en tres parques estratégicos. Según los registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), La Paya acumuló 1667 hectáreas de coca, seguido por Nukak con 1610 hectáreas y Sierra de La Macarena con 1464. Más atrás aparecen Tinigua, Chiribiquete, Alto Fragua-Indi Wasi y Churumbelos-Auka Wasi, con extensiones menores, pero localizadas en corredores fundamentales para la conectividad ecológica amazónica.

El peso de los tres primeros parques resulta especialmente significativo. La Paya, Nukak y Sierra de La Macarena reúnen, en conjunto, 4741 hectáreas, lo que representa el 98.2 % de toda la coca registrada en parques amazónicos y el 43.8 % del total nacional dentro de parques nacionales naturales.

Las cifras sugieren que la reducción de cultivos en algunas zonas no necesariamente implica el debilitamiento de la economía cocalera. En muchos casos, la coca parece abandonar los sectores más visibles para desplazarse hacia áreas más remotas del bosque, incrementando la presión sobre zonas de amortiguación, reservas naturales y parques estratégicos de la Amazonia.

Según Mauricio Cabrera, exviceministro de Ambiente, la expansión de los cultivos hacia los parques respondió a una combinación de factores: la presencia y control territorial de los grupos armados, las limitaciones del Estado para ejercer gobernanza en esas zonas y las falencias en la implementación del Acuerdo de Paz.

Cabrera sostiene que, aunque se fortalecieron algunos mecanismos de control de la deforestación, estos fueron insuficientes frente a una dinámica marcada por actores ilegales que desplazaron los cultivos hacia áreas más remotas y protegidas, en especial hacia el interior de los parques, donde la capacidad institucional para intervenir sigue siendo muy limitada.

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El costo ambiental de una transición fallida

En respuesta oficial, desde el PNIS mencionan que ejecutaron 222 proyectos productivos en áreas con condicionantes ambientales, incluidos los parques nacionales naturales Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos, así como zonas de reserva forestal. «En ningún caso el PNIS financió proyectos de ganadería». Como sustento, explicaron que los apoyos productivos estuvieron dirigidos exclusivamente a actividades agrícolas y de conservación, bajo un enfoque de sistemas agroforestales y que nunca se destinaron recursos a la compra de ganado o al establecimiento de pasturas.

Si bien no se puede asegurar que el Estado financió directamente la expansión ganadera con los recursos del PNIS, de una u otra forma hizo parte de la fórmula para que esto ocurriera. La falta de continuidad, planeación y alternativas productivas viables creó las condiciones para que el ganado ocupara el espacio dejado por la coca.

La combinación de incumplimientos institucionales, dificultades de acceso a mercados, especulación sobre la tierra, apertura de nuevas vías y expansión de la frontera agropecuaria aceleró un proceso de praderización que hoy amenaza algunos de los ecosistemas más importantes de Colombia.

Desde La Panguana, en el borde de la Reserva Nukak, Nubia Caballero observa cada año cómo avanzan las quemas. «Uno ve cómo el fuego va abriendo espacio para más pasto. Cada verano pasa lo mismo». Para ella, la ganadería se convirtió en la única economía que ofrece liquidez inmediata en una región aislada. «Una vaca se vende rápido. Un cultivo puede perderse antes de llegar al mercado».

Gabriel Polo, de la Mesa Forestal, cree que la región todavía tiene oportunidades para evitar un deterioro mayor, pero advierte que el tiempo se agota. «Si el bosque no genera ingresos para la gente, las vacas van a seguir ganando».

Las fuentes consultadas para este reportaje aseguran que el Estado no compró las vacas con los recursos de la paz, lo que hizo fue dejar un vacío que terminó llenándose con ellas.

Para el exviceministro Cabrera, la sustitución terminó inclinándose hacia la ganadería porque el Estado no logró desarrollar a tiempo instrumentos para impulsar la bioeconomía y otras actividades compatibles con la conservación. De cara al futuro, Cabrera considera que regresar a estrategias basadas exclusivamente en la erradicación forzada o las operaciones militares sería un error y plantea que el camino pasa por fortalecer los programas de sustitución con financiación oportuna, mayor coordinación institucional e inversiones que permitan construir economías forestales rentables para las comunidades.

Los propios líderes comunitarios advierten que atribuir la expansión ganadera únicamente al fracaso del PNIS sería una simplificación. Tanto Franf Garzón como Fidel Daza coinciden en que la transición de coca a ganado venía desarrollándose desde mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz. La diferencia es que el programa tenía la posibilidad de acelerar una transición hacia economías forestales, agroforestales y agrícolas más sostenibles. Esa oportunidad, para ellos, se perdió.

Mientras actividades como el cacao, los frutos amazónicos, el turismo de naturaleza o los llamados negocios verdes permanecieron limitadas por problemas de infraestructura, financiación y comercialización, la ganadería siguió ofreciendo una ventaja decisiva: liquidez inmediata y un mercado asegurado.

Las cifras ilustran la magnitud de esa transformación. Según Garzón, durante los años posteriores al Acuerdo de Paz el inventario ganadero del Guaviare pasó de aproximadamente 320 000 a cerca de 600 000 cabezas de ganado. Aunque ese crecimiento responde a múltiples factores, evidencia la velocidad con la que los potreros avanzaron sobre un territorio donde las alternativas económicas sostenibles todavía no logran consolidarse.

Y mientras los árboles retroceden sobre los límites de Chiribiquete, La Macarena y la Reserva Nukak, el ganado sigue ganando terreno y dejando una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué alternativa real ofrecerá el país a quienes viven en la frontera amazónica antes de que el pasto termine devorando el bosque?

*Mongabay Latam cambió el nombre del entrevistado por motivos de seguridad.

**Este reportaje fue realizado gracias al Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) que surge de la alianza entre la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

***Imagen principal: entre 2016 y 2024 se deforestaron más de 125 000 hectáreas de bosque en el Guaviare, donde se le ha dado paso a la ganadería. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por César Molinares en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Por Walter Alberto Tenorio Castillo, director del Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura.

Perdimos la industria pesquera y así se quedó. Perdimos la industria primaria de la madera y así se quedó. Perdimos instituciones como Profamilia. Vimos cerrar concesionarios de vehículos. Algunas IPS abandonaron sus sedes dejando edificios vacíos.

Muchas familias decidieron irse. En nuestros barrios aparecen cada vez más casas abandonadas y nuestros colegios ya no ejercen el liderazgo social que durante décadas ayudó a formar generaciones de bonaverenses.

Podríamos seguir enumerando pérdidas, pero ese no es el verdadero problema. Todas ellas son apenas el síntoma de una realidad mucho más profunda.

Lo que realmente estamos perdiendo es la capacidad de Buenaventura para sostener su propio desarrollo. Estamos perdiendo liderazgo colectivo, capacidad de articular esfuerzos y, sobre todo, una visión compartida que nos permita construir futuro.

No significa que en Buenaventura no existan personas comprometidas. Las hay, y muchas. Existen líderes empresariales, comunitarios, académicos, religiosos y sociales que todos los días trabajan por el territorio.

Sin embargo, sus esfuerzos permanecen dispersos.

Nos falta un propósito común que convierta esas voluntades en una fuerza capaz de transformar la ciudad.

Cada pérdida genera nuevas pérdidas. Cuando desaparece una empresa no solo se destruyen empleos; también disminuye el comercio, migran las familias, se debilitan los colegios, se deterioran los barrios, se reduce la inversión y se rompe parte del tejido social. Poco a poco la ciudad pierde confianza en sí misma.

La pregunta es inevitable: ¿somos plenamente conscientes de que estamos perdiendo a Buenaventura? Si lo somos, ¿qué nos impide actuar? ¿La indiferencia? ¿La resignación? ¿La falta de una visión que nos convoque alrededor de un mismo horizonte?

La recuperación de Buenaventura no dependerá únicamente de las decisiones del Gobierno Nacional o de la administración local. Comenzará cuando cada sector asuma su responsabilidad y entienda que el desarrollo también se construye desde el ámbito cotidiano:

• desde las familias que forman ciudadanos
• desde los barrios que fortalecen la convivencia
• desde las empresas que generan oportunidades
• desde las universidades y colegios que forman liderazgo
• desde las iglesias que promueven valores
• desde los consejos comunitarios que preservan el territorio
• y desde las organizaciones sociales que movilizan a la comunidad.

Buenaventura no necesita solamente nuevas inversiones o grandes proyectos. Necesita recuperar la convicción de que su destino puede ser construido por quienes la habitan.

Las ciudades comienzan a recuperarse cuando sus ciudadanos dejan de preguntarse quién resolverá los problemas y empiezan a preguntarse cuál será su contribución para resolverlos.

Todavía estamos a tiempo. Pero el mayor riesgo no es seguir perdiendo empresas o instituciones; el mayor riesgo es acostumbrarnos a perderlas y convertir la resignación en nuestra forma de vivir.

Ese día no solo habremos perdido actividades económicas. Habremos perdido la capacidad de imaginar y construir el futuro de Buenaventura.

Pero quizá el valor de esa palabra no reside únicamente en su dimensión espiritual. Tal vez su origen más interesante no sea la teología, sino la historia económica. El siglo XX conoció varios “milagros” nacionales, y ninguno fue producto de un acto sobrenatural.

El milagro alemán, el milagro japonés, el milagro coreano describen procesos de transformación que parecían imposibles. Países devastados por la guerra, atrapados en la pobreza o relegados de la economía mundial lograron convertirse, en apenas una generación, en sociedades prósperas, innovadoras y competitivas. Lo extraordinario de esos casos no fue la buena fortuna. Lo extraordinario fue la capacidad de sostener durante décadas una estrategia nacional de crecimiento.

Alemania Occidental emergió de la Segunda Guerra Mundial con sus ciudades destruidas, millones de desplazados y una economía prácticamente colapsada. Corea del Sur, tras la guerra de Corea, era uno de los países más pobres del planeta. A comienzos de los años sesenta su ingreso por habitante era comparable al de muchas economías africanas y buena parte de su infraestructura había desaparecido.

Sin embargo, pocas décadas después Alemania se consolidó como la principal economía europea y Corea del Sur pasó a liderar industrias como la construcción naval, la electrónica, la producción de semiconductores y la innovación tecnológica.

La explicación nunca fue un milagro entendido como un hecho sobrenatural. Detrás de ambos procesos existieron decisiones muy concretas: estabilidad macroeconómica, inversión masiva en educación, fortalecimiento institucional, desarrollo industrial, apertura a las exportaciones, disciplina fiscal y, sobre todo, una continuidad estratégica capaz de sobrevivir a los cambios de gobierno.

Ninguno de esos países encontró una fórmula mágica. Encontraron algo mucho más difícil: perseverancia.

Quizá ahí aparece una de las mayores diferencias entre los países que protagonizaron los llamados milagros económicos y Colombia. Alemania, Corea del Sur, Japón o Irlanda entendieron que existen objetivos nacionales que deben sobrevivir a los gobiernos. Las elecciones cambian los liderazgos, pero no alteran el rumbo estratégico del país. La alternancia política no significa empezar de cero cada cuatro años, sino corregir, perfeccionar y profundizar un proyecto compartido.

Precisamente por eso, la oposición casi trágica en la que está cayendo la política colombiana constituye uno de nuestros mayores fracasos y uno de nuestros mayores riesgos. Hemos convertido la democracia en una disputa permanente donde cada proyecto busca deshacer lo construido por el anterior y donde el éxito de un gobierno parece depender del fracaso del otro. Una nación no puede prosperar si cada elección implica volver a discutir sus fundamentos.

Lo que Colombia necesita por encima de todo no es unanimidad política —propia de los regímenes autoritarios—, sino acuerdos nacionales suficientemente sólidos para trascender las diferencias ideológicas. Necesitamos construir proyectos de país capaces de sobrevivir a los presidentes, a los partidos y a las coyunturas electorales. Porque los milagros económicos no son el resultado de un líder excepcional, sino de sociedades capaces de sostener un mismo horizonte durante décadas.

Nuestra propia historia demuestra que esos consensos son posibles. La Constitución de 1991 constituye, probablemente, el mayor acuerdo político alcanzado por Colombia en el último siglo. En medio de una crisis institucional profunda y de una violencia que parecía no tener salida, el país fue capaz de construir un nuevo pacto constitucional que amplió derechos, fortaleció las instituciones democráticas y redefinió las reglas de convivencia. Con todas sus limitaciones y debates posteriores, sigue siendo uno de los pocos relatos compartidos capaces de reunir a una sociedad profundamente diversa alrededor de unos principios comunes. Ese tipo de logros colectivos son los que construyen nación.

Tal vez el próximo gran acuerdo colombiano deba ser económico. Un consenso que reconozca que el crecimiento sostenido no pertenece a la derecha ni a la izquierda; pertenece a los ciudadanos que necesitan empleo, oportunidades y movilidad social. Un pacto que entienda que invertir en educación, fortalecer la productividad, promover la innovación, aumentar las exportaciones, cerrar las brechas regionales y consolidar instituciones confiables no debería depender del color político del gobierno de turno. Esas son decisiones de Estado, no de campaña.

Porque, al final, un país no se mantiene unido únicamente por una bandera o un territorio. También necesita un relato compartido sobre el futuro. Una idea de progreso que permita que quienes piensan distinto sigan sintiendo que caminan hacia un mismo destino. Sin ese relato común, la democracia corre el riesgo de convertirse en una sucesión de victorias parciales y derrotas colectivas. Ningún milagro económico ha nacido jamás de una sociedad incapaz de ponerse de acuerdo sobre lo esencial.

Esa reflexión resulta especialmente pertinente cuando observamos el comportamiento de la economía colombiana durante las últimas décadas. Nuestro problema no ha sido el colapso. Nuestro problema ha sido la incapacidad para despegar.

Colombia lleva demasiado tiempo creciendo por debajo de su potencial. Más grave aún, ha normalizado ese bajo crecimiento como si fuera una condición inevitable de nuestra historia.

Las cifras muestran esa realidad con claridad. Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación y una de las voces más respetadas de la economía colombiana, hace una observación que trasciende cualquier gobierno específico. Al evaluar los resultados recientes del país señala que “el Gobierno del Cambio no alteró sustancialmente la trayectoria de esos indicadores sociales y económicos”, y concluye que, pese a las enormes expectativas, “fue un gobierno normal”.

Más allá del debate político, esa afirmación revela un problema estructural: Colombia parece incapaz de modificar su trayectoria histórica. Según recuerda González, en 2014 existían alrededor de 16,4 millones de personas en condición de pobreza y una década después la cifra apenas se había reducido hasta 16,3 millones. La desigualdad prácticamente permaneció intacta. Incluso una reforma tributaria progresiva apenas consiguió mover el coeficiente de Gini en unas pocas milésimas.

Estas cifras obligan a una reflexión más profunda. El verdadero drama colombiano no es una crisis permanente, sino la ausencia de grandes transformaciones. No somos un país que se derrumba, pero tampoco uno que despega. Vivimos instalados en una especie de estabilidad mediocre que evita el colapso, pero también impide el desarrollo acelerado.

Tal vez por eso la palabra milagro resulte tan sugerente. No porque implique esperar un acto providencial, sino porque expresa el anhelo de romper esa inercia.

Los milagros económicos tienen una característica común: cambian la velocidad de la historia.

Una economía que crece al dos por ciento anual mejora lentamente las condiciones de vida de su población. Una economía que logra crecer al seis o siete por ciento durante varias décadas transforma completamente el destino de una generación. La diferencia parece pequeña cuando se observa un solo año, pero el crecimiento compuesto multiplica sus efectos. Un país que sostiene tasas altas de crecimiento durante treinta años no solo produce más riqueza: cambia su infraestructura, fortalece sus instituciones, mejora la educación, reduce la pobreza y amplía las oportunidades para millones de personas.

Ese fue el verdadero milagro alemán.

Ese fue el verdadero milagro coreano.

Y esa quizá sea la conversación pendiente en Colombia.

Durante años el debate nacional ha oscilado entre dos visiones aparentemente opuestas. Unos creen que el desarrollo llegará principalmente mediante una mayor redistribución de la riqueza. Otros confían casi exclusivamente en las fuerzas del mercado. Sin embargo, los países que protagonizaron los grandes milagros económicos hicieron algo distinto. Comprendieron que primero debían crear riqueza para después distribuirla. Entendieron que sin productividad no existe Estado de bienestar sostenible; sin empresas competitivas no hay recaudo suficiente; sin inversión no hay empleo; sin crecimiento prolongado cualquier política social termina enfrentándose al límite de los recursos disponibles.

El verdadero milagro no consiste únicamente en aumentar el PIB. Consiste en construir capacidades nacionales. Significa educar mejor, innovar más, exportar productos de mayor valor agregado, fortalecer las instituciones, reducir los costos logísticos, recuperar la confianza inversionista, mejorar la infraestructura y convertir el conocimiento en motor del desarrollo. Significa pasar de discutir únicamente cómo repartir una economía pequeña a preguntarnos cómo construir una economía mucho más grande.

Quizá la mayor enseñanza de Alemania y Corea del Sur sea precisamente esa. Ninguna de las dos naciones esperó un líder providencial. Ambas construyeron proyectos nacionales capaces de sobrevivir a los gobiernos. Entendieron que las grandes transformaciones requieren décadas, no periodos presidenciales.

Y aquí aparece, quizá, el mayor desafío para quienes hoy proponen la idea de una Patria Milagro. Si Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo aspiran a que esa expresión sea algo más que un lema de campaña, tendrán una responsabilidad histórica que trasciende cualquier elección: ayudar a construir los acuerdos nacionales que Colombia ha sido incapaz de consolidar durante décadas.

La historia reciente ofrece una lección elocuente. Gustavo Petro llegó a la Presidencia con el mandato popular más importante que haya recibido la izquierda colombiana y con la promesa de un “Gobierno del Cambio”. Sin embargo, más allá de los debates sobre sus aciertos y errores, terminó enfrentando una realidad que ha acompañado a casi todos los gobiernos del país: la dificultad para convertir un proyecto político en un verdadero proyecto nacional. Incluso su propia coalición terminó fragmentándose, las alianzas se rompieron y muchas de las transformaciones prometidas quedaron atrapadas entre las tensiones del sistema político y las divisiones de quienes inicialmente lo acompañaban. Como escribió Jorge Iván González, quien dirigió el Departamento Nacional de Planeación durante ese gobierno, el resultado fue, en muchos aspectos, el de un “gobierno normal”, incapaz de alterar la trayectoria estructural del país.

Sería un error que quienes hoy hablan de una Patria Milagro repitieran esa misma lógica desde el extremo opuesto. Colombia no necesita reemplazar un proyecto excluyente por otro; necesita construir un proyecto suficientemente amplio para que quienes piensan distinto también puedan reconocer una parte de él como propia.

Los grandes milagros económicos nunca fueron patrimonio de una sola corriente ideológica. En Alemania, Corea del Sur, Irlanda o España hubo alternancia política, desacuerdos profundos y debates intensos. Lo que no cambió fue el compromiso con ciertos objetivos nacionales: crecer, educar, industrializar, exportar, fortalecer las instituciones y aumentar las oportunidades para las nuevas generaciones. Los gobiernos discutían el camino, pero compartían el destino.

Esa debería ser, quizá, la verdadera ambición de una Patria Milagro. No ganar una elección. No derrotar definitivamente a un adversario político. No imponer un relato sobre los demás. La verdadera ambición debería ser construir un relato nacional tan sólido que sobreviva a quienes hoy lo proponen.

Porque un milagro económico nunca comienza cuando un líder llega al poder. Comienza cuando una sociedad descubre que hay objetivos más importantes que la próxima elección. Cuando entiende que el crecimiento, la educación, la productividad, la ciencia, la seguridad jurídica, la infraestructura o la lucha contra la pobreza dejan de ser banderas de un partido para convertirse en causas de toda una nación.

Si la expresión Patria Milagro quiere tener un lugar en la historia, deberá significar precisamente eso: la voluntad de convocar, de escuchar, de integrar y de construir consensos. Los milagros no ocurren cuando una mitad del país derrota a la otra. Ocurren cuando un país consigue, por fin, ponerse de acuerdo sobre aquello que vale la pena construir juntos.

Porque la historia demuestra que los milagros existen. Pero también demuestra que nunca ocurren por casualidad. Son el nombre que damos, muchos años después, a la disciplina, la visión y la constancia de sociedades que decidieron cambiar su destino.

Quizá el verdadero milagro que necesita Colombia no sea extraordinario en el sentido religioso. Quizá sea, simplemente, el más difícil de todos: abandonar la improvisación, recuperar la confianza entre quienes piensan distinto y aprender, por fin, a crecer juntos.

Ese fue, quizá, uno de los mayores fracasos del gobierno saliente. Habló del país profundo con una intensidad inédita, convirtió el enfoque territorial en bandera discursiva y multiplicó escenarios de diálogo, asambleas y gestos de cercanía simbólica. Pero al examinar la ejecución pública, el resultado es menos épico: las obras estructurales avanzaron con dificultad, la seguridad confirmó una grave fractura institucional en amplias zonas del país y una parte sustancial de los recursos destinados a transformar las regiones terminó en baja ejecución y rezago presupuestal.

La verdadera deuda territorial de Colombia no consiste en haber hablado poco de las regiones. Consiste en haberles negado, de manera persistente, las tres condiciones mínimas del poder público moderno: decisión, presupuesto y capacidad técnica. Sin esas tres dimensiones, el territorio se convierte en una escenografía. Puede aparecer en discursos, planes de desarrollo y fotografías oficiales, pero no se convierte en un gobierno efectivo.

Los datos fiscales ayudan a descorrer el telón de esa narrativa. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la ejecución del Presupuesto General de la Nación en 2024 cerró en 83%, pero al excluir el servicio de la deuda, se redujo a 81,9%, el nivel más bajo en veinticinco años. La inversión pública fue el rubro más golpeado: de una apropiación vigente de $90,6 billones, solo se ejecutaron $51,6 billones, equivalentes al 57%. Sectores directamente vinculados con la transformación regional, como Agricultura y Desarrollo Rural y Transporte, registraron rezagos especialmente graves. Mientras el discurso oficial prometía rescatar a la Colombia olvidada, una parte considerable de los recursos destinados a financiar vías, proyectos productivos, conectividad e infraestructura social no se tradujo en bienes públicos concretos.

La seguridad confirma, desde otra orilla, la misma fractura. La Defensoría del Pueblo ha advertido que en 790 municipios del país hay presencia de grupos armados y que el 71% de los municipios colombianos se encuentra bajo alertas tempranas por la amenaza o expansión de estos actores. Esa realidad no puede leerse como un simple problema de orden público. Es, ante todo, una señal de desinstitucionalización territorial. Allí donde el Estado no llega con justicia, infraestructura, inteligencia, oportunidades y autoridad legítima, otros poderes ocupan el vacío.

La paradoja es profunda. El gobierno que más invocó el territorio terminó reproduciendo una de las patologías más antiguas del centralismo colombiano: creer que las regiones son destinatarias de decisiones, no productoras de inteligencia pública. Bajo esa mirada, el país regional aparece como un espacio administrable desde Bogotá. Rara vez se le reconoce como una trama viva de conocimiento, instituciones, actores económicos, universidades, comunidades, gobiernos locales y capacidades instaladas.

La reforma al Sistema General de Participaciones, aprobada mediante el Acto Legislativo 03 de 2024, confirma, más que resuelve, la ambigüedad del debate territorial colombiano. Fue presentada como un avance hacia la autonomía regional y, en efecto, puede abrir una necesaria discusión sobre la distribución del poder fiscal en Colombia. Sin embargo, dejó planteada una preocupación de fondo: si se aumentan las transferencias sin definir con precisión las competencias, los costos reales, las fuentes de financiación sostenibles y las capacidades institucionales, se corre el riesgo de una descentralización fiscalmente riesgosa y administrativamente frágil. El punto de la política pública debe quedar más claro: no basta con mover porcentajes del centro hacia la periferia. La verdadera descentralización no consiste simplemente en reasignar recursos, sino en fortalecer un poder público responsable, capaz y verificable en las regiones.

El próximo gobierno tendrá, por tanto, un desafío mayor: corregir esa fractura con una política territorial precisa, sin caer en la tentación de reemplazar la territorialidad retórica por un centralismo de escritorio, más sobrio en el tono, pero igualmente incapaz de comprender la complejidad regional.

Colombia necesita una autoridad estatal situada: firme en el propósito, rigurosa en la ejecución y descentralizada en la construcción de capacidades. La respuesta al desorden no puede ser únicamente recentralizar, recortar o imponer disciplina desde Bogotá. Tampoco puede ser repartir competencias y recursos sin método. La política territorial debe orientarse hacia una descentralización por capacidades: gradual, diferenciada, fiscalmente responsable y atada a resultados.

Saldar la deuda territorial implica asumir que las regiones no requieren más homenajes verbales, sino instrumentos concretos de poder público. El primer momento de dicha política, entonces, no debería ser inventar una nueva entidad ni sumar otra sigla al laberinto institucional, sino articular una verdadera plataforma nacional de preinversión y de estructuración territorial. Colombia ya cuenta con herramientas dispersas —metodologías de formulación, bancos de proyectos, proyectos tipo, banca de desarrollo, asistencia técnica, regalías, estructuradores públicos y capacidades universitarias—, pero todavía no ha logrado convertirlas en una respuesta ágil, coordinada y orientada a cerrar la principal brecha territorial: la dificultad de transformar necesidades en proyectos maduros, financiables y ejecutables.

Muchas de las apuestas locales no fracasan por carecer de necesidades o de visión, sino porque no cuentan con equipos suficientes para convertir esas necesidades en estudios, diseños, estructuración jurídica, análisis financiero y cierre técnico. Entonces, la preinversión continúa siendo una de las fronteras silenciosa del desarrollo territorial. Allí donde no hay proyectos bien formulados, la promesa territorial muere antes de convertirse en obra.

La segunda fase de la política debería ser avanzar hacia una bolsa complementaria de financiación territorial asociada a capacidades, a la mejora relativa y a un desempeño verificable. No se trata de premiar únicamente a los territorios que ya tienen mejores condiciones, ni de castigar a los municipios más débiles. Se trata de combinar una base de financiación orientada por criterios de equidad con incentivos adicionales para quienes mejoren respecto de su propio punto de partida y de los territorios comparables. La asignación de recursos públicos debe depender más de la calidad en la estructuración de proyectos, la ejecución oportuna, la transparencia contractual, el fortalecimiento catastral, la generación de ingresos propios, la rendición de cuentas y el cumplimiento de metas sectoriales.

La descentralización responsable no puede limitarse a girar más dinero. Debe crear incentivos para que las entidades territoriales fortalezcan su músculo institucional y respondan por los resultados que generan. De lo contrario, más recursos pueden terminar financiando las mismas debilidades que se pretendía superar.

El tercer momento de la política consiste en fortalecer los nodos institucionales que ya habitan el territorio. En este punto, las universidades públicas regionales deberían ocupar un lugar estratégico. Bajo estándares de mérito, transparencia y capacidad demostrada, pueden convertirse en aliadas técnicas del Estado territorial: para estructurar proyectos, producir datos, formular políticas públicas, evaluar el impacto, formar funcionarios locales, acompañar procesos de innovación productiva y atraer cooperación internacional.

Pero esa posibilidad exige cuidado. Las universidades no pueden utilizarse como simples intermediarias administrativas ni como atajos para eludir las reglas de contratación. Su papel debe estar asociado a capacidades verificables, equipos técnicos idóneos, datos abiertos, evaluación de resultados y rendición pública de cuentas. Solo así podrán contribuir a cerrar brechas sin convertirse en otra expresión de la intermediación burocrática.

A su vez, nada de esto funcionará si no se recupera una palabra que la política suele sacrificar en nombre de la conveniencia: el mérito. Descentralizar no puede significar entregar recursos a redes clientelares locales ni reemplazar las burocracias nacionales por burocracias territoriales igualmente ineficientes. Más autonomía debe implicar más responsabilidad. Más recursos deben ir acompañados de mejores capacidades. Más confianza en las regiones debe traducirse en indicadores claros, transparencia contractual, rendición de cuentas y evaluación de resultados.

La verdadera discusión territorial, por tanto, no es sentimental. Es institucional. No se trata de idealizar lo local ni de asumir que todo lo que allí ocurre es virtuoso por definición. Pero tampoco se trata de suplantar a las regiones desde el centro. Se trata de ayudarlas a construir músculo público propio. El Estado debe aprender a gobernar con los territorios, no apenas sobre ellos.

Gobernar a Colombia desde sus realidades profundas exigirá, entonces, desmontar el eufemismo. El territorio no es una palabra para adornar los programas de gobierno. Es el lugar donde la autoridad del Estado se vuelve real o se desvanece; donde una carretera cambia la economía de una vereda, un acueducto redefine la dignidad de una comunidad, una universidad abre una puerta al mundo y la seguridad deja de ser consigna para convertirse en presencia institucional cotidiana. Colombia no necesita más poemas políticos sobre el territorio. Necesita una administración pública situada, rigor presupuestal, mérito técnico y poder efectivo instalado en las regiones.

Por eso, la llegada del colombiano Andrés Rugeles al equipo gerencial de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para liderar el Foro Económico Internacional trasciende el nombramiento de un alto funcionario. Es una señal sobre el tipo de conversación que América Latina necesita impulsar para enfrentar un mundo cada vez más fragmentado.

CAF dejó hace tiempo de ser únicamente un banco de desarrollo. La entidad se ha convertido en uno de los principales articuladores de la integración regional, financiando infraestructura, transición energética, competitividad, innovación y resiliencia climática, mientras fortalece espacios de concertación entre gobiernos, empresarios, academia y organismos multilaterales.

Bajo esa lógica nació el Foro Económico Internacional de CAF, que en su más reciente edición reunió en Panamá a ocho jefes de Estado, cuatro premios Nobel y más de siete mil participantes. El objetivo es claro: crear un espacio permanente donde América Latina piense su futuro desde la cooperación y no desde la fragmentación.

Esa misión coincide plenamente con la visión que Rugeles ha defendido durante los últimos años desde el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) y en sus publicaciones sobre política exterior.

Su tesis parte de un diagnóstico que hoy comparten numerosos analistas: el antiguo orden internacional está cambiando aceleradamente. La competencia entre grandes potencias, la reorganización de las cadenas globales de suministro, la transición energética, la revolución tecnológica y las nuevas tensiones geopolíticas obligan a países como Colombia a abandonar una política exterior reactiva para construir una estrategia de Estado, basada en el pragmatismo, el consenso y la defensa permanente de los intereses nacionales.

Rugeles ha insistido en que Colombia debe dejar de mirar la política exterior como un asunto exclusivo de cancillerías. La inserción internacional pasa hoy por integrar al sector privado, la academia, los gobiernos locales y la sociedad civil en una diplomacia económica capaz de atraer inversión, generar conocimiento, fortalecer el comercio y ampliar las oportunidades para el país.

Esa visión resulta particularmente pertinente para el momento que vive América Latina. Mientras otras regiones fortalecen bloques económicos y construyen estrategias comunes frente a la competencia global, América Latina continúa enfrentando enormes dificultades para coordinar posiciones y aprovechar su potencial colectivo.

Precisamente ahí adquiere relevancia el Foro Económico Internacional de CAF. No se trata únicamente de un encuentro anual de alto nivel. Su propósito es convertirse en el principal espacio regional donde confluyan gobiernos, empresarios, inversionistas, centros de pensamiento y líderes sociales para construir soluciones compartidas frente a desafíos que ningún país puede resolver en solitario.

Para Colombia, además, el nombramiento tiene una dimensión estratégica.

El próximo gobierno encontrará un escenario internacional profundamente distinto al de hace apenas una década. La diversificación de mercados, la atracción de inversión, la transición energética, la seguridad regional, la transformación digital y la cooperación internacional exigirán una interlocución permanente con organismos multilaterales como CAF, cuya capacidad financiera y política será determinante para buena parte de los proyectos de desarrollo de la región.

Contar con un colombiano liderando el principal foro de diálogo económico impulsado por la institución no significa una representación nacional dentro del organismo. Significa algo quizás más importante: que una visión colombiana sobre la necesidad del consenso, el multilateralismo renovado y la integración regional tendrá un papel central en una conversación donde se discutirán las prioridades económicas de América Latina durante los próximos años.

Desde CORI hasta CAF, el recorrido de Andrés Rugeles refleja también la consolidación de una generación de internacionalistas colombianos que entiende que la política exterior ya no puede limitarse a administrar relaciones diplomáticas. Hoy se trata de conectar al país con los grandes debates globales, construir confianza, generar alianzas y convertir la diplomacia en un instrumento efectivo para el desarrollo.

En tiempos de polarización y fragmentación internacional, esa puede ser, precisamente, la conversación que más necesita América Latina.

La naturaleza ha sido su laboratorio, las abuelas sus maestras, las plantas medicinales sus instrumentos y la flora y fauna de su entorno su objeto de estudio. Cuando eran niñas no sabían lo que era vestir una bata blanca o manipular un microscopio, pero observar a las aves, bañarse en el río y escuchar los relatos de sus pueblos las preparó para llegar a la universidad y convertirse en las primeras científicas de su familia y, en muchos casos, de sus comunidades.

“Siempre tuve una pregunta para todo lo que mis abuelos me decían. ¿Por qué el río crece? ¿Por qué el pez respira dentro del agua? ¿Por qué las aves vuelan? Quería encontrar las respuestas y por eso quise ser bióloga”, cuenta Avita Taricuarima, científica del pueblo indígena kukama, de Perú.

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Esa niña que caminaba más de 10 kilómetros diarios a través de la selva amazónica para ir a la escuela jamás imaginó que a sus 32 años ya habría publicado un artículo científico, estaría por graduarse de la carrera de biología y sería parte de la lista de The Explorers Club, que reconoce a los 50 mejores investigadores del planeta.

Yarina Tapuy tampoco habría pensado que a esa misma edad ya habría descrito 14 especies nuevas de insectos ni Alejandra Nohora Quiguantar que llegaría a integrar el Panel Científico por la Amazonía. Si a la pequeña Marisel Mamani le hubiesen dicho que en su adultez viajaría a Suecia para realizar un doctorado, a Paola Moreno-Roman que estudiaría en la Universidad de Stanford o a Rosa Marina Flores Cruz que lograría utilizar la ciencia para luchar contra las amenazas a su pueblo, no lo habrían creído.

Todas ellas son científicas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú que, gracias a sus hallazgos, no solo han aportado a la biología, sino que han logrado demostrar que los conocimientos ancestrales pueden ser una parte esencial de la ciencia.

Pero uno de sus principales retos ha sido abrirse paso en un campo históricamente ocupado por los hombres. Según datos de la Unesco, solo una de cada tres científicos en el mundo es mujer. “Partamos de que ya existe una baja representación de mujeres en la investigación científica a nivel mundial, pero cuando uno va a buscar la participación de mujeres indígenas en ciencias, no existe un mapeo de esa situación, no hay cifras”, explica Janeth Bonilla, vicepresidenta de la fundación Kichwa Institute of Sciences, Technology and Humanities (Kisth), la cual apoya y visibiliza el trabajo de las científicas de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.

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Lo que explica Bonilla es otro de los desafíos que están enfrentando estas investigadoras: son invisibles en las estadísticas. A esto se suman la falta de recursos económicos, los prejuicios y la discriminación dentro de la academia y la necesidad de visibilizar no solo su trabajo, sino que la ciencia también se construye en los territorios.

En este informe especial, Mongabay Latam presenta las historias de estas seis científicas indígenas de Latinoamérica que buscan que sus investigaciones contribuyan a la conservación y defensa de sus comunidades.

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Ciencia desde y para las comunidades

Sus visitas diarias a la chagra en su infancia, sin saberlo, fueron los primeros pasos de Nohora Alejandra Quiguantar en la biología. En su comunidad Mellamués, ubicada en las montañas de Nariño, entre el Pacífico y la Amazonía colombiana, las plantas medicinales de la huerta tenían un rol fundamental. Con ellas, su abuela curaba enfermedades, asistía los partos y protegía su legado ancestral. Y, gracias a esas mismas plantas, Quiguantar obtuvo su título de bióloga.

Su tesis de grado se enfocó en la identificación de 90 especies y sus usos, pero, al inicio, sus resultados fueron invalidados por no apegarse de forma estricta al método científico. Ante eso, implementó una metodología comunitaria para contar la historia de su pueblo a través de las plantas y, a pesar de la resistencia a sus métodos, se graduó como bióloga.

“Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, explica a Mongabay Latam sobre este proceso en el que colaboraron las madres, lideresas, parteras, docentes y taitas de su comunidad.

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Romper esa brecha que existe entre los saberes ancestrales y la ciencia occidental es uno de los objetivos de Quiguantar y sus colegas. Un estudio publicado en Science Direct demuestra que el “enfoque estructurado y sistemático para comprender el mundo natural”, refiriéndose al método científico tradicional, “parece erosionar la sabiduría y legitimidad del conocimiento indígena”.

El artículo, por otro lado, resalta las oportunidades de articular las prácticas científicas con los saberes ancestrales, ya que esto conduce a estrategias de conservación más completas y eficaces, además de reconocer y valorar los aportes que han tenido estos pueblos durante siglos de observación y convivencia con la naturaleza.

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Para Yarina Tapuy, científica kichwa de la provincia de Napo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, los conocimientos que le heredaron sus antepasados y las experiencias que vivió en su comunidad, Capirona, han sido esenciales para estudiar insectos. Por ejemplo, desde que era niña, sabía que la picadura de la hormiga conga era una de las más fuertes o que hay abejas que pican y otras que no tienen aguijón.

“En el caso de los bichos, hay muchas cosas que ya sabía y después la ciencia me sirvió para entender qué hay detrás. Prácticamente es lo mismo, pero con diferente explicación”, dice a Mongabay Latam Tapuy, quien ha descrito 14 especies nuevas de escarabajos.

Pero, más allá de que sus aportes a la ciencia estén publicados en revistas indexadas, su sueño es que la comunidad los pueda usar para su protección. Uno de sus objetivos es crear una fundación en la Amazonía que se enfoque en promover el desarrollo comunitario para fomentar la participación activa de los pueblos indígenas en las investigaciones y que no sean tratados solo como objeto de estudio.

“La ciencia no solo debe recolectar datos, sino compartirlos”, dice Taricuarima, quien coincide con Tapuy en que la información que se extrae debe regresar a los territorios. Un artículo realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado muestra que el 87 % de los estudios enfocados en cambio climático han seguido un modelo extractivo. Esto quiere decir que investigadores ajenos a las comunidades han utilizado los conocimientos de los pueblos indígenas sin su participación en la toma de decisiones.

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Además, los resultados no han sido socializados ni utilizados para beneficiar a los lugares de donde se extrajeron los datos. Este es un aspecto que muchas veces se critica a la ciencia occidental y que estas mujeres buscan cambiar.

Taricuarima, por ejemplo, se ha enfocado en el estudio de los peces, ya que son la principal fuente de alimento de su pueblo, los kukama, conocidos como gente de río. La idea de su primer artículo como coautora, publicado en la revista Zoonotic Parasite, surgió mientras tomaba una sopa de pescado. En las escamas, recuerda, encontró unos gusanos de color blanco y, tras analizarlos en el laboratorio, descubrió que eran dañinos para la salud.

Con la intención de proteger a las comunidades amazónicas, continuó analizando otros parásitos con potencial zoonótico presentes en los peces. “No les digo que dejen de comer, sino que les recomiendo buenas prácticas para alimentarse sin perder riqueza cultural o nuestra identidad”, explica la bióloga.

Ahora, su tesis está enfocada en analizar bacterias de aguas calientes o termófilas para degradar diferentes tipos de microplásticos, lo cuál ayudaría a proteger sus ríos. “Cada logro, lo comparto con mi comunidad. Al ser la primera en todo esto, ellos aprenden de lo que yo aprendo”, dice Taricuarima.

Una herramienta contra las amenazas

Además del contacto con la naturaleza, las amenazas que afectan su territorio también han incentivado a estas mujeres a estudiar ciencias. “La preocupación que tengo por estos peces, porque hay minería ilegal [que contamina las aguas con mercurio] y pesca, es lo que me ha motivado. Quiero proteger mis recursos y rescatar lo que aún tenemos haciendo llegar mi voz a más lugares”, explica la bióloga kukama sobre sus esfuerzos para conservar lo que aún queda para su “gente del río”.

Rosa Marina Flores Cruz conoce de cerca lo que es enfrentar los impactos negativos de actividades que ponen en riesgo a la “gente de las nubes” o Binnizá, que es el nombre con el que el pueblo zapoteco se reconoce.

La historia de la experta afrozapoteca se relaciona con la expansión de la energía eólica en Oaxaca, sobre todo, en el Istmo de Tehuantepec, que entre 2007 y 2012 vivió el crecimiento más acelerado de la energía eólica en México. Allí se ubica su natal Juchitán que, poco a poco, se fue transformando por los aerogeneradores.

“Al final, mi decisión de estudiar Ciencias Ambientales tuvo que ver con todo eso”, dice Flores Cruz. En 2007, salió de su comunidad para cursar esta carrera en Michoacán, en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después una maestría enfocada en conflictos territoriales, capitalismo verde y resistencias comunitarias en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A través de sus investigaciones, Flores Cruz también ha analizado los impactos del terremoto de septiembre de 2017 en el Istmo de Tehuantepec. Su estudio se centra en un proyecto de reconstrucción de cocinas liderado por mujeres, el cual no solo buscó reparar daños físicos, sino reactivar la economía local.

En el caso de Marisel Mamani, su respuesta ha sido contra otra amenaza: el uso desmedido de pesticidas. Según datos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, la importación y el uso de plaguicidas en Bolivia se incrementó en un 400 % entre 2005 y 2016.

Durante su maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas, esta científica aymara logró demostrar que era posible destruir la pared celular de hongos dañinos para el mango y eliminar las larvas de la mosca de la fruta en el suelo sin uso de pesticidas. Siguiendo su línea de estudio, publicó un artículo sobre la diversidad de Trichoderma en la Amazonía boliviana y su potencial para el control de enfermedades del café sin utilizar químicos.

Para Mamani, más allá de los hallazgos, lo más importante de estas investigaciones ha sido la incorporación de los saberes locales en el proceso. “Ellos me hablan de los rituales y yo los respeto. La ciencia no puede estar separada de la parte ancestral”, dice la científica sobre su trabajo con los productores de café en las Yungas de La Paz, que son quienes aportaron con su conocimiento y, al mismo tiempo, se han beneficiado de sus hallazgos.

Rompiendo estereotipos

“Yo quería ser una Jane Goodall de Perú en la selva amazónica. Era el único ejemplo de científica que tuve por muchísimos años”, dice Paola Moreno-Roman. Esta bióloga quechua se refiere a un problema que también experimentaron sus colegas: la falta de referentes mujeres indígenas en ciencias ambientales que demostraran que este camino era posible.

Con el fin de cambiar esta realidad, Moreno-Roman es parte del proyecto Foldscope, ideado por investigadores de la Universidad de Stanford, que consiste en llevar un microscopio de papel sintético a las comunidades para fomentar el uso de estas herramientas a las cuales ni ella ni otras tantas científicas indígenas tuvieron acceso durante su infancia.

“La educación me ha abierto las puertas y es mi rol contribuir de diferentes formas, no solo con el microscopio, sino también para apoyar a las personas a que puedan usarlo y perseguir los sueños que ellos tengan”, dice la científica que estudió en Yale y en Stanford. Moreno-Roman también usa sus redes sociales, a través del perfil Yachaq Warmi (Mujeres en STEM), para difundir la ciencia y mostrar el trabajo de otras científicas de toda la región.

Por otro lado, Taricuarima espera que su incorporación a la lista The Explorers Club 50, en la que se reconoce a las personas que están aportando a la ciencia, la conservación y la exploración, motive a otras niñas a seguir su ejemplo. “Este no solo es un paso para mí, sino para las que vienen detrás. Para hacerlas sentir que son escuchadas y valoradas y que podemos hacer muchas cosas”, dice.

Quiguantar, Tapuy y Mamani no solo han sido las primeras de sus familias en obtener una licenciatura, sino también de sus comunidades, donde han demostrado que hay otras opciones para las mujeres. “A nosotras justamente nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta Quiguantar.

Ahora, es parte del Panel Científico por la Amazonía y ha llevado su mensaje de inclusión y conservación a eventos internacionales como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP). También publicó junto a otros investigadores un artículo sobre la necesidad de reconocer el rol de los sabedores tradicionales y proteger sus conocimientos.

Flores Cruz ha roto otro estereotipo: el de la científica de bata blanca. Tras culminar su maestría, decidió tomarse un respiro de la producción de artículos y enfocarse más en el trabajo comunitario y territorial para encontrar otras formas de investigar fuera del espacio académico.

Ahora está estudiando una licenciatura en Comunicación y forma parte del colectivo Red Futuros Indígenas, que agrupa a mujeres indígenas con formación en ciencia, humanidades, psicología y ciencias biológicas para reflexionar sobre metodologías que se impulsen desde los territorios.

El camino recorrido por estas investigadoras demuestra que la ciencia no se limita a las paredes de un laboratorio ni se valida únicamente con una publicación indexada. Al proteger los ríos, conservar la selva y defender sus recursos, están inspirando a las próximas generaciones de niñas indígenas a entender que sus entornos y las enseñanzas de sus abuelas también son parte de la ciencia.

Sus historias están transformando el panorama de la investigación en América Latina, dejando claro que el rigor académico y la identidad cultural no son caminos excluyentes. Como dice Mamani: “Hacer ciencia no es olvidar tus raíces”.

Ilustración de portada: Juan Pablo Dellacha.

El artículo original fue publicado por Isabel Alarcón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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