Lo ocurrido hace algunos días en el Museo Nacional de Colombia obliga a volver sobre esa relación. Por instrucción del Ministerio de Cultura fueron retiradas decenas de piezas relacionadas con los movimientos feministas, la diversidad sexual, la violencia política, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. Entre ellas se encontraban una bandera del movimiento LGBTIQ+, afiches de candidatos presidenciales asesinados, documentos sobre las luchas por los derechos de las mujeres y objetos que daban cuenta de algunos de los momentos más significativos de nuestra historia reciente. En varias salas quedaron paredes vacías, mientras el Gobierno anunciaba el comienzo de una denominada contrarrevolución cultural.

La ministra Paola Holguín ha defendido estas decisiones bajo el argumento de que el Museo Nacional no puede convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político, ni en un espacio de apología al delito o de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia. Su planteamiento contiene una preocupación que no debería descartarse de antemano. Las instituciones culturales financiadas con recursos públicos no están llamadas a reproducir las preferencias ideológicas de quienes las administran, y mucho menos a presentar como verdades indiscutibles interpretaciones que pertenecen al terreno de la controversia política.

Sin embargo, reconocer esa preocupación no resuelve el problema. Más bien obliga a examinar con mayor detenimiento la naturaleza de las decisiones adoptadas. Porque si algo deberíamos tener claro es que ninguna exposición museográfica constituye una representación completa, definitiva y absolutamente neutral de la realidad. Toda curaduría implica seleccionar. Al escoger una pieza y no otra, al relacionar determinados acontecimientos y construir un recorrido, los museos producen interpretaciones. Esa condición no representa necesariamente una deformación de su misión. Es parte de ella.

La cuestión verdaderamente importante aparece cuando intentamos comprender quién ejerce esa facultad de selección, bajo qué criterios y con qué límites. Una cosa es que un equipo de historiadores, conservadores y curadores decida modificar una exposición a partir de nuevas investigaciones, discusiones académicas o transformaciones en la comprensión de un acontecimiento. Otra, sustancialmente distinta, es que una autoridad política determine qué expresiones deben desaparecer de las salas porque resultan incompatibles con su interpretación de la historia.

En ese punto, el debate deja de ser exclusivamente cultural y adquiere una dimensión institucional. El Museo Nacional no es una dependencia destinada a ilustrar el programa político de cada administración. Su responsabilidad consiste en conservar, investigar e interpretar un patrimonio que pertenece a la sociedad y cuya complejidad difícilmente puede reducirse a las convicciones de un gobierno. Esa responsabilidad exige independencia profesional, sin que ello signifique inmunidad frente al escrutinio público ni resistencia automática a cualquier transformación.

Hay, además, una dimensión del problema que suele pasar inadvertida. La relación entre arte y política no comienza cuando una obra transmite un mensaje partidista. También se expresa en las decisiones que organizan aquello que una sociedad puede ver, reconocer y considerar parte de su experiencia colectiva. El espacio de un museo tiene, en ese sentido, una capacidad particular para otorgar visibilidad. Cuando un objeto ingresa a una exposición pública adquiere la posibilidad de participar en una conversación social más amplia. Cuando desaparece, esa posibilidad se reduce, aunque el objeto permanezca perfectamente conservado en un depósito.

Por eso resulta insuficiente afirmar que no existe censura porque las piezas no han sido destruidas ni se ha prohibido su circulación. La censura puede adoptar expresiones menos evidentes que una prohibición formal. También puede manifestarse cuando una institución utiliza su autoridad para sustraer de la mirada pública determinadas experiencias por razones ideológicas. No toda retirada constituye censura, naturalmente. Pero tampoco basta con denominarla “revisión curatorial” para eliminar las preguntas sobre su propósito.

El caso colombiano resulta especialmente inquietante por la naturaleza de algunos de los objetos retirados. Exhibir un afiche de Carlos Pizarro no significa reivindicar la lucha armada del M-19. Mostrar la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa tampoco obliga a compartir las posiciones de la Unión Patriótica. Del mismo modo, incorporar testimonios de las luchas feministas o de la diversidad sexual no equivale a exigir que todos los visitantes adopten una determinada concepción moral de la sociedad. Estos materiales permiten conocer acontecimientos, reconocer trayectorias históricas y comprender conflictos que efectivamente formaron parte de nuestra construcción nacional.

Confundir la exposición de un acontecimiento con su aprobación política introduce una dificultad enorme para cualquier institución dedicada a preservar la historia. Bajo ese razonamiento, buena parte de los episodios más dolorosos de Colombia terminaría siendo imposible de representar. La memoria de la violencia, las guerrillas, el narcotráfico, las dictaduras o los enfrentamientos ideológicos tendría que someterse permanentemente a un juicio sobre la conveniencia de mostrar aquello que incomoda a quienes gobiernan. Y un país que solo puede exhibir los acontecimientos moralmente aceptables para sus autoridades termina construyendo una versión extraordinariamente limitada de sí mismo.

Esto tampoco significa que las exposiciones existentes sean intocables. Es legítimo revisar los relatos sobre el conflicto armado, discutir si determinadas piezas reciben una contextualización suficiente o incorporar perspectivas que hayan quedado marginadas. Incluso sería saludable preguntarnos si nuestros museos han sabido representar adecuadamente otras tradiciones políticas, religiosas y culturales cuya importancia histórica merece reconocimiento. El pluralismo exige precisamente esa disposición a ampliar las narraciones disponibles, sin reemplazar una interpretación dominante por otra igualmente excluyente.

Aquí el problema está en el método. Las salas intervenidas fueron el resultado de procesos de investigación y renovación que se extendieron durante diferentes administraciones, no únicamente durante el pasado periodo presidencial. Alterar esos contenidos sin presentar previamente un nuevo planteamiento curatorial, sin explicar las razones particulares de cada retiro y sin permitir una deliberación profesional suficientemente transparente difícilmente contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones culturales. Por el contrario, instala la sospecha de que el criterio decisivo no fue el conocimiento histórico, sino la afinidad política.

Y sería un error pensar que esta exigencia de independencia debe aplicarse únicamente al gobierno actual. En administraciones anteriores también hemos visto cómo los símbolos patrimoniales adquirieron protagonismo dentro de las disputas políticas, como ocurrió con la espada de Bolívar y su utilización en la escenificación del poder presidencial. Aunque se trate de situaciones diferentes, ambas recuerdan la facilidad con que los bienes culturales pueden terminar convertidos en instrumentos de legitimación política. La defensa de la autonomía institucional pierde buena parte de su sentido cuando depende de nuestras simpatías por quien ocupa transitoriamente la Presidencia.

La Constitución de 1991 reconoció a Colombia como una nación pluralista y diversa. Esa definición no puede quedar reducida a una declaración jurídica sin consecuencias para la manera en que nuestras instituciones representan la sociedad. Precisamente porque existen interpretaciones contradictorias de la historia necesitamos lugares capaces de hacerlas visibles, contrastarlas y someterlas a discusión. La función de un museo público no consiste en resolver definitivamente esas contradicciones, sino en ofrecer las condiciones para comprenderlas.

El Estado tiene, por supuesto, la responsabilidad de orientar la política cultural, asignar recursos y garantizar que las instituciones cumplan su misión. Pero esa facultad no debería confundirse con el derecho a determinar qué versiones del pasado merecen permanecer ante los ojos de los ciudadanos. Gobernar implica tomar decisiones políticas; ejercer responsablemente el poder también exige reconocer los ámbitos en los que la autoridad debe encontrar límites.

De ahí que la discusión sobre el Museo Nacional no pueda agotarse en la pregunta de si fueron retiradas treinta o cincuenta piezas, ni siquiera en determinar si estamos ante un episodio de censura. Lo que está en juego es la capacidad de nuestras instituciones culturales para preservar una relación crítica con el poder que las financia. Una democracia necesita museos que puedan revisar sus propios relatos, reconocer sus omisiones y confrontar nuestras certezas, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para el gobierno de turno.

Quizá esa sea la responsabilidad más difícil del Estado frente a la cultura: comprender que proteger el patrimonio también significa aceptar que su interpretación nunca estará completamente bajo su control. Porque la memoria de una nación no pertenece a quienes administran temporalmente sus instituciones. Pertenece a una sociedad cuya historia, afortunadamente, siempre será más extensa, contradictoria y compleja que cualquier proyecto político.

«Desde 2010 tenemos más de 40 crímenes de personas indígenas pertenecientes a los pueblos pemón, warao, jivi, yanomami, piaroa y wayúu que han sido asesinados por las fuerzas públicas o actores no estatales», afirma Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Lo dice luego del asesinato de Julio Rodríguez, capitán –máxima autoridad de comunidad o pueblo– del pueblo indígena jivi ekunay, quien fue secuestrado el 2 de agosto y hallado muerto días después.

El hecho ocurrió en Bolívar, un estado con intensa actividad minera, en su mayoría ilegal, que forma parte del Arco del Orinoco -una extensa área minera creada por el presidente Nicolás Maduro- y tiene fuerte presencia de grupos armados. “Es un territorio donde se explota el oro, pero también el estaño y el coltán. Y está cerca a la comunidad donde Julio Rodríguez ejercía como capitán», señala el antropólogo Aimé Tillett, integrante de Wayamoutheri, un programa de promoción de los derechos indígenas en Venezuela.

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Este caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de amenaza para los líderes indígenas en los territorios venezolanos ocupados por actividades mineras ilegales. Según un informe de SOS Orinoco, publicado en julio de 2026, “el estado Bolívar constituye el principal núcleo de actividad criminal, concentrando la mayor cantidad de grupos armados”. El reporte señala que por lo menos 26 grupos armados operan en cuatro estados del sur venezolano: Amazonas, Bolivar, Delta Amacuro y Esequibo (zona en disputa con Guyana). Según el informe, estos grupos están presentes en 20 de los 21 municipios que existen en esta zona.

La investigación también sostiene que estos grupos armados actúan “como estructuras de gobernanza de facto que regulan la vida económica y social de amplias zonas del territorio”. En los lugares donde actúan, “predominan los mecanismos de control territorial, administración informal de justicia, extorsión sistemática, control de corredores fluviales y fronterizos, regulación de la actividad minera y provisión de servicios básicos a comunidades donde la presencia estatal es débil o inexistente”.

También se menciona que la expansión criminal no se explica solo por la fortaleza de los grupos armados ante la ausencia del Estado, sino que apunta a “la existencia de un sistema de gobernanza criminal híbrida caracterizado por distintos niveles de tolerancia, coexistencia, facilitación y presunta colaboración entre actores estatales y organizaciones armadas”.

“Estos grupos armados operan cobrando ‘vacunas’ –extorsión–, regulando la vida cotidiana, ‘administrando justicia’ en las minas y realizando otras tareas que corresponden a las instituciones del Estado, como el pago de salarios a maestros y médicos, e incluso repartiendo alimentos y medicinas”, precisa el documento.

“Hay muy poca presencia del Estado venezolano. No hay contacto permanente. Son comunidades que además padecen falta de medicamentos y alimento, se ha trastocado absolutamente sus modos de subsistencia. El caso de Julio es el espejo de una crisis más profunda que se ha venido acelerando y que no habíamos calculado”, agrega Murillo.

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Pueblos indígenas dentro del Arco Minero

“Como indígenas que vivimos dentro del Arco Minero podemos decir que nada ha cambiado desde el 3 de enero, específicamente en las zonas mineras del sur del estado de Bolívar, municipio de Sifontes, mientras aumenta la contaminación por mercurio en los principales ríos como Cuyuni, Yuruari, Chicanán, afectando la salud materna de las mujeres y de los niños”, dice la lideresa indígena del pueblo pemón y defensora ambiental Lisa Henrito al iniciar su participación durante el 196 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado en agosto. Allí representantes de Venezuela expusieron los impactos de la minería y otras actividades extractivas.

Henrito habló sobre lo que ocurre con las comunidades indígenas en Bolívar por la presencia minera y la criminalidad organizada. Dijo que “la contaminación de los ríos por mercurio está afectando la salud materna de las mujeres y niños”. Además, alertó sobre “el consumo de estupefacientes por parte de menores de edad en las comunidades”.

“Desde diciembre de 2025 hasta esta fecha se han registrado varios y diversos tipos de crímenes de los cuales resaltan tres por la crueldad con la que fueron ejecutados”, agrega para luego describir asesinatos cometidos por jóvenes indígenas bajo los efectos de las drogas.

El panorama que describe incorpora casos de tráfico de menores y divisiones dentro de los pueblos indígenas. “Hay conflictos entre los propios pueblos indígenas, entre quienes defienden los valores ancestrales frente a quienes apuestan por la minería como único mecanismo de subsistencia, situación que conviene al sistema de gobernanza criminal que reina en nuestra zona y al gobierno de turno”, cuestiona.

“El despojo territorial es una de las mayores amenazas vigentes y graves que podemos vivir como comunidades indígenas”, dice Henrito y continúa su discurso para adentrarnos en la inseguridad y violencia impuesta por los remanentes de los grupos armados de Colombia y los sobrevivientes de las bandas criminales que “siguen generando brotes de violencia intermitente” en medio de disputas y ofrecimientos económicos a las comunidades indígenas para tomar el control de las zonas mineras.

Tampoco deja de lado al Gobierno, por entregar “zonas ricas en oro y otros minerales a grandes empresas y grupos con poder económico y político sin implementar medios de vida para la población local”.

En la audiencia, Javier Palummo Lantes, relator especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, informó que pese a haber sido convocado, el Estado venezolano no respondió ni participó en la audiencia. No obstante, Palummo señaló que continuará monitoreando la situación en ese país.

Mongabay Latam solicitó al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas información sobre las acciones realizadas para la protección de los pueblos indígenas en las zonas mineras con presencia del crimen organizado, pero hasta el cierre de esta nota no había recibido respuesta.

“Han habido ejecuciones, desapariciones, reclutamientos forzados, desplazamiento masivo de comunidades indígenas y todo esto operando con la anuencia de las autoridades civiles y militares de Venezuela”, dice Cristina Burelli, directora ejecutiva de SOS Orinoco, sobre lo que se vive en los pueblos indígenas ubicados en los estados mineros.

Burelli señala que es muy difícil documentar las amenazas y asesinatos en la Amazonía venezolana por el temor que tienen las personas de contar lo que sucede, por tanto, “se quedan callados”, y solamente se conocen los crímenes “muy visibles” como el caso de Virgilio Trujillo, del pueblo indígena uwottuja, asesinado en 2022.

Trujillo se oponía a la minería ilegal y a la presencia de grupos armados que entraban a su territorio comunal en el estado de Amazonas. “Sabemos que los yanomami, los pemón, los piaroa, los yekwana están siendo amenazados”, agrega Burelli.

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Vivir en medio de disputas violentas

El estudio de SOS Orinoco identifica a los 26 grupos armados que operan en los cuatro estados del sur de Venezuela, que incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos derivados de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La lista también suma al Primeiro Comando da Capital (PCC), al Tren de Aragua y a Tren de Guayana, entre otros.

Según esta investigación, los grupos armados con mayor presencia fueron el ELN y las disidencias de las FARC, los mismos que están presentes en 16 de los 21 municipios que hay en toda esta zona. Otras organizaciones locales como la Organización 3R, el Tren de Guayana y varios de los ‘sindicatos mineros’ tienen un dominio focalizado sobre enclaves estratégicos de extracción aurífera.

“Las amenazas que rodean a las comunidades indígenas venezolanas están en manos de grupos armados ilegales, tanto extranjeros como nacionales”, comenta Murillo, de Provea. “Hay una combinación letal en el país donde grupos armados de criminalidad urbana migraron a los yacimientos mineros y ahora coexisten con grupos armados internacionales como las disidencias de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y la guerrilla colombiana del ELN [Ejército de Liberación nacional]”, dice Murillo sobre el panorama de violencia en las zonas mineras del sur de Venezuela.

El asesinato de Julio Rodríguez no ha sido esclarecido. “No se saben los detalles”, dice Murillo, pero explica que el año pasado hubo una ruptura de lo que era una especie de alianza de entendimiento entre las disidencias de las FARC y el ELN. “Entraron en una disputa más violenta de esos territorios y en medio están las comunidades indígenas, absolutamente vulnerables y abandonadas”.

“Allí hay muy poca presencia del Estado venezolano. El último contacto con representantes del Estado, nos dicen ellos, fue hace más de un año.”, comenta Murillo.

El antropólogo Tillett comenta también sobre otros asesinatos ocurridos en las zonas mineras. Menciona el caso de un indígena warao, en el estado de Bolívar, así como el caso de dos indígenas piaroas, en la misma zona.

Los crímenes de la población indígena en Venezuela no son esclarecidos. El informe de Provea sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 2025 incluye tres casos de asesinatos que permanecen impunes. El caso de Virgilio Trujillo es uno de ellos, también está el de Joaquín Hernández, indígena ye’kwana de la comunidad de Tencua, en el estado de Amazonas, considerado un guardián de su territorio, asesinado en septiembre de 2024 por individuos que no han sido identificados. Un tercer caso es el de Franklin Fernández, indígena yukpa, a quien mataron en la plaza central de Machiques, estado de Zulia.

*Imagen principal: un trabajador usa agua para comprobar cuánto oro absorbe una placa de cobre cubierta de mercurio en El Callao, estado de Bolívar. Foto: AP/Matías Delacroix.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Paz Total” y “Patria Milagro”, tan lejanas y cercanas.

Ese principio de realidad hobbesiano no lo tuvo en cuenta desde el comienzo de su gobierno el expresidente Gustavo Petro y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde y la “Paz Total” terminó siendo un horror fatal que dejó al menos 65 menores de edad muertos en bombardeos contra campamentos guerrilleros, según reporte de Medicina Legal[i]. Paradójicamente, esa “Paz Total” tan bien intencionada, que partía de un supuesto falso, la buena voluntad de numerosos grupos armados interesados en hacer tránsito a la vida civil y dejar la guerra, terminó engendrando su antítesis, la “Patria Milagro” y una especie de presidente teratológico-converso, que se cree un Tigre enviado por Cristo Rey para salvar a Colombia del narcoterrorismo. Por eso la “Paz total” está tan cercana de la “Patria Milagro”, pero también tan lejana. Así lo ha anunciado el Tigre desde el día de su posesión, en medio de una ceremonia que fusionó la fe con la fuerza, recordándonos esa alianza sangrienta entre la Cruz y la Espada, que se rompió transitoriamente con el nacimiento de la República, pero que luego se prolongó durante todo el siglo XIX y hasta nuestros días. Solo que ahora lo hace bajo formas más discretas y complejas, pero no menos sangrientas, mezclando los intereses legales e ilegales con los valores más excelsos, como la codicia con la fe y la violencia con la seguridad.

Una santidad felina y belicosa

De la Espriella lo reafirmó con fe y fuerza ante las tropas en el campo de maniobras del Cantón Pichincha en Cali: “Quien está de rodillas ante Dios, nunca será vencido”. Pero la verdad, es que el Tigre bien sabe que con la fe no solo se gana la guerra, aunque la utilice para ello, si antes no se postra de rodillas ante Trump, como Señor supremo de la Guerra, con toda la parafernalia de su complejo industrial militar y modernas tecnologías para derrotar el narcoterrorismo. Por eso, como un César triunfante y pleno de buena conciencia, ahora recorre como un Tigre depredador los cuerpos exhibidos de bandidos dados de baja, entre los cuales ya figuran por lo menos 4 menores de edad. A ese ritmo, en pocos meses superará el número de bajas de la “paz Total”. Ese exhibicionismo tanático lo complementa con la figura paternal de un presidente que auxilia a niños enfermos y prodiga ayudas generosas a familias damnificadas del terremoto, proyectando así una síntesis perfecta de vengador y salvador. Para asegurarse esa aureola de converso y hombre piadoso, realiza actos de consagración de su gobierno a la virgen de Fátima en la plaza de Bolívar y entrega “la Nación a Cristo” [ii]. Todas estas puestas en escena, cotidiana e intensamente difundidas por los noticieros y la gran prensa, difuminan por completo su pasado de pagano y de sibarita hedonista, exhibido en forma orgullosa y ostentosa en su entrevista con María Elvira Arango en su programa “Los Informantes”, realizado hace siete años, que puede verse en el enlace[iii] que aparece al final.

Una conversión milagrosa

Para completar esa conversión milagrosa, el penalista que ayer defendía delincuentes de cuello blanco y criminales de guerra en tránsito a la vida civil a través de la Fundación Iniciativas para la Paz (FIP)[iv], cuyo bufete en Miami además está siendo investigado por presunto lavado de fortunas ilegales[v], ahora se convierte en un perseguidor implacable del crimen con la ayuda de los dos Estados más belicosos y sus respectivos gobernantes, incursos en procesos por corrupción, crímenes de guerra y genocidio, como lo son Trump y Netanyahu. Estamos, pues, a punto de un milagro extraordinario, más que fantástico, ahora los gobergánsteres que presiden Estados genocidas se embarcan en guerras hibridas contra narcoterroristas en nombre de la seguridad, la libertad, la defensa de la democracia y hasta los más sagrados valores y creencias cristianas. Desdicen de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consideran la matriz de una decadente cultura Woke que debe ser erradicada, mediante una batalla cultural implacable contra quienes reivindican fantasmagorías como el Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos, junto a la igual dignidad de todos los seres humanos.

El Armagedón de la “Patria Milagro”

Y en el vórtice de este Armagedón en que miden sus fuerzas Estados y gobernantes cacocráticos contra maléficos izquierdistas y terroristas, se encuentra la “Patria Milagro”, convertida en un laboratorio de guerra híbrida y de batalla cultural mediática campal, atrapada en una estrategia que combina el fanatismo religioso con el extremismo antidemocrático de una manada de fanáticos, convencidos de encarnar la batalla final donde el bien derrotará para siempre el mal. Poco importa que entonces sobrevivan solo los asesinos victoriosos y sus numerosos cómplices. Esa manada es continuamente animada por piadosos pastores y rabinos, que celebran una conversión monstruosa, la fusión de un Tigre con un profeta armado, que invoca a Cristo-Rey para ganar la “guerra contra las drogas” y el crimen. Esa guerra tras la cual está la adicción incontenible de Trump con su doctrina Donroe y su cohorte de asociados y cómplices para expoliar todas las riquezas y recursos que necesita para su amada MAGA y America First, como ya empezó a hacerlo con el petróleo de Venezuela. Por todo ello, Colombia debería situarse mucho más allá de la “Paz Total”, que ya sabemos es inalcanzable mientras persistan las economías ilegales en simbiosis con las legales, en un complejo entramado de Cambalache nacional e internacional donde “resulta que es lo mismo ser derecho que traidor¡¡ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador! ¡Todo es igual!”. Basta verlo en la ejemplar sociedad de Trump con Alejandro Betancourt[vi] en Venezuela.

Más allá de la “Patria Milagro”

Pero, con mayor razón, Colombia debería estar mucho más allá de la “Patria Milagro”, que puede terminar siendo una especie de “Patria Maga”, totalmente malograda y abusada por quien solo aspira a “perforar, perforar y perforar” sus intimidades, además de fumigar, fumigar y fumigar sus bosques tropicales y sumarla a sus conquistas como depredador insaciable de sus riquezas, bellezas, población y soberanía. Así lo está haciendo con éxito en Venezuela, contando con la valiosa e incondicional colaboración de Delcy Rodríguez, su hermano y demás cómplices. Y espera continuar su saga extractivista en la “PATRIA MILAGRO”, pues cuenta con la ambición y fiereza del Tigre, otra más de sus mascotas del Sur, respaldado por un establecimiento impaciente para volver a realizar “Business as usual” con el concurso entusiasta de un contingente de “Defensores de la Patria”, cuya idea de soberanía se agota en la seguridad para sus negocios y el aumento sostenido de sus ganancias, que evoca los tres huevitos empollados por Uribe. Huevitos que podrían terminar siendo los empollados por la víbora de la guerra, como lo advierte Isaías 59.5: “Incuban huevos de víbora y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y si uno los aplasta sale una víbora”.

[i] https://caracol.com.co/2026/07/01/medlegal-revelo-que-65-menores-murieron-durante-gobierno-petro-en-bombardeos-contra-grupos-armados/

[ii] https://elpais.com/america-colombia/2026-08-29/de-la-espriella-preside-un-evento-religioso-por-las-victimas-del-terremoto-el-presidente-entrego-la-nacion-a-cristo.html

[iii] https://co.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrFYCaUeJ1qNgIAakarcgx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=los+informantes+caracol&fr=mcafee#id=24&vid=ea7000da913b1c70eb4835805f59c9e2&action=view

[iv] https://cambiocolombia.com/poder/articulo/2026/7/abelardo-gestor-de-paz-archivos-ineditos-su-papel-ralito

[v] https://eldiariony.com/2026/07/27/el-pasado-de-abelardo-de-la-espriella-de-defender-a-acusados-de-narcotrafico-en-miami-a-ser-el-presidente-electo-de-colombia/

[vi] https://www.elespectador.com/mundo/quien-es-alejandro-betancourt-el-poderoso-empresario-que-conecto-a-trump-con-delcy/

Quien quiera estar más cerca de Dios, sepa que Bogotá está más cerca del cielo y de las estrellas.

El artículo 322 de la Constitución de 1991 es claro: Bogotá es la Capital de la República y del departamento de Cundinamarca. La ciudad, que se llamó Santa Fe a secas durante casi todo el periodo colonial, acaba de cumplir 488 años y, aunque espero con ansias el 6 de agosto de 2038 para celebrar su quinto centenario —a doce años y tres periodos presidenciales de distancia—, ya le salió competencia.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella —criado en Montería, pero barranquillero por adopción y negocios—, anunció que presentará una reforma constitucional para elevar a Barranquilla a la categoría de capital alterna de Colombia.

La propuesta plantea tres epicentros: el Palacio de la Aduana, el Batallón Paraíso (sede de la Segunda Brigada del Ejército que, según la prensa, “apunta a concentrar la actividad de Gobierno”) y las propias oficinas de su firma de abogados. Leí que dicho batallón cuenta con un búnker subterráneo para la protección presidencial en caso de conflictos internacionales.

En su alocución dominical, casi una prédica, dijo: “Se acabó el olvido. Se acabó la desidia. Se acabó el abandono centralista. En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el soleo de Bolívar y cumplirá una promesa que hizo durante la campaña: gobernar desde las regiones y para las regiones”. 

Por si acaso, se les recuerda que el doctor Abelardo nació en Bogotá. Obviamente, él se reconoce como un costeño de pura cepa. Uno sus detractores, el exministro Manuel Rodríguez Becerra, fue más allá: lo llamó “corroncho millonario” en una extensa diatriba que publicó en la red social X.  

Pero, ¿qué tan delicado es que las decisiones políticas, y no solo las de seguridad, se tomen en una guarnición militar? Que yo sepa, nadie puso el grito en el cielo, por haber dado su primer discurso en presencia de los militares y no de los congresistas y la sociedad civil, quienes asistieron el 7 de agosto a la imposición de la banda presidencial y de pronto lo vieron desaparecer.

Mientras esto escribo, al margen o no de lo anterior, trascendió que el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele está listo para asesorar la construcción de megacárceles en Colombia. Amnistía Internacional denunció que las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano podrían constituir delitos de lesa humanidad. Se habla, por ejemplo, de torturas y muertes bajo custodia en los megapenales.

Volviendo al cuento, no tengo nada contra Barranquilla ni contra los barranquilleros; envidio a cualquiera que viva cerca del mar. Barranquilla me sabe a Gabo, Esthercita Forero, Shakira y Sofía Vergara (no necesariamente en ese orden). Se entiende, además, el justo reclamo costeño contra la visión cachaca e hipercentralista, desconectada de las realidades territoriales.

Gabriel García Márquez lo resumió muy bien en El olor de la guayaba: “La síntesis humana y los contrastes que hay en el Caribe no se ven en otro lugar del mundo (…) El Caribe es la única región donde yo no me siento extranjero”.

Siempre he pensado que el Caribe, al ser una región tan distinta al centro andino, bien pudo haberse anexionado a Panamá para constituir un país propio, más afín a Cuba y el resto de la región antillana, y más cerca de los United States. Nadie lo habría echado de menos, así como nadie echa de menos a Panamá, cuya venta (1903), más de un siglo después constituye una pérdida irreparable, una vergüenza y un mal negocio; ya es muy tarde para ponernos sentimentales.

Buena parte de los problemas irresueltos de Colombia obedecen a la inmensidad de un territorio atomizado en 32 departamentos; tal vez lo que necesitamos es volver a los estados soberanos de la época de los Estados Unidos de Colombia (aunque nos doliere perder el orgullo de compartir patria con Gabo o Shakira).

Pero Bogotá es Bogotá y debe seguir siendo la única capital. Hay que defenderla como sede real y emblemática del poder central. Permitir este antecedente abre la puerta para que futuros presidentes caigan en embelecos similares solo para congraciarse con sus regiones y élites locales. Además, si es por mérito, en ese caso le correspondería a Medellín o Cali ser capitales alternas, pues son en ese orden las que más aportan al PIB después de Bogotá.

Pero nadie se haga ilusiones. Ya el exmagistrado Alfredo Beltrán, constitucionalista él, se pronunció en contra de la idea: “Cambiar la capital de Colombia no se puede por voluntad del presidente”.

¿Un gerente para Bogotá?

La gente lee las noticias, pero no nota lo que está ocurriendo: poco a poco, el nuevo gobierno desmantela la posición privilegiada que la Atenas Suramericana ha ostentado durante casi medio milenio. De la Espriella ya anunció que convertirá la Casa de Nariño en un museo y mandó a construir su propia residencia presidencial en la Puerta de Oro. ¿Puede o podía tomar semejantes decisiones de manera unilateral?

Mientras tanto, la sede formal de gobierno pasaría a la Cancillería, en el tradicional Palacio de San Carlos —lugar donde el general Simón Bolívar escapó de la muerte en la Noche Septembrina—. No puedo evitar pensar que el nuevo presidente, más empresario que político, no está viendo en estos edificios gubernamentales sino posibles franquicias.

Convertir la Casa de Nariño en museo y abrirla al público es una idea fabulosa para reconocerle al precursor Antonio Nariño su peso real en la historia, como si eso importara en un país desentendido de su pasado. Sin embargo, este gesto no puede usarse para eclipsar un edificio emblemático ni despojarlo de su importancia para otorgársela a una nueva residencia presidencial en el Caribe (a la que ya apodan “Casa Blanca” en redes sociales, a modo de burla). Como dato curioso, cabe recordar que un caprichoso Donald Trump remodeló la Casa Blanca original: hizo demoler el Ala Este, pavimentar la Rosaleda y añadir decoración dorada.

No veo a muchos bogotanos defendiendo la dignidad de su ciudad; veo, en cambio, a bastantes aplaudiendo un supuesto espíritu “descentralizador”. Se equivocan: trastear no es descentralizar. Exijamos que concejales y representantes a la Cámara por Bogotá se pronuncien con prontitud.

Cambiar la ubicación geográfica del gobernante no es descentralizar. Es un retoque cosmético, un simple trasteo y, por qué no, la prueba de que De la Espriella no gusta de Bogotá, a pesar de haberse formado aquí como abogado. La bronca rayó en tal extremo que no invitó a la ceremonia de posesión a dos expresidentes de la República: Juan Manuel Santos (además Nobel de Paz) y Ernesto Samper. Pero si quería fastidiar al establishment cachaco, resultó poco inteligente al tomar juramento en una universidad caleña.

Poco a poco obligará a los funcionarios a desplazarse hacia donde él esté. No quiero pensar que estos sean los indicios para refundar la patria —expresión harto problemática en nuestra historia reciente—, pero por ahora lo cierto es que se apresta a instaurar lo que denomina la “Patria Milagro”, cuyo arranque, recordemos, incluyó un retiro espiritual en Curramba entre alabanzas, lecturas bíblicas y golpecitos de pecho. Con razón, un amigo me preguntó: ¿Sera que el presidente vino a gobernar o a evangelizar?

A esto se suma su anuncio de nombrar un “gerente especial para Bogotá”. ¿Estará esta figura por encima del alcalde de turno o es una estrategia calculada de cara a las elecciones de 2028; es decir, una declaración de guerra anticipada contra el petrismo y el uribismo, ahora que cuenta con partido propio (Defensores de la Patria)? Complacido, el alcalde Carlos Fernando Galán ni chistó. ¿Le gusta acaso la idea de que le nombren “virrey” al segundo cargo más importante de la nación? Recuerden que antes de la Constitución del 91 los alcaldes los escogía a gusto el presidente de turno. ¿Será que es momento de evaluar y reformar una elección popular que le corresponde al pueblo, sí, pero sobre la cual no se ejerce ningún control político real ni incidente?

Ha llegado la hora de que los bogotanos y los bogotanólogos dejen la indiferencia y se pronuncien. ¡Pintados en el mapa no estamos!

Bat: Petro probablemente va a ser más recordado por haber alterado la estructura simbólica de la política colombiana y por haber incidido de una manera estratégica y profunda en la discusión de los temas mundiales, que por haber administrado mejor o peor determinados sectores del Estado.

Man:¡Ja! Todos lo recordaremos por la multitud de escándalos que hubo en el gobierno.

Bat: No lo creo. Fíjese: hay dos preguntas. Una es coyuntural: ¿qué logró efectiva y probadamente el gobierno de Petro? La otra es más profunda y real: ¿qué cambió en Colombia con el paso de Gustavo Petro por la presidencia?

Creo que en Colombia la prensa se ha empeñado en hacer énfasis en los escándalos de corrupción que hubo en su gobierno. Está bien denunciarlos, pero no convertirlos en el centro del análisis, ni reducir la eficacia de su mandato a este factor. Para efectos de comprender nuestra realidad política es mucho más valioso ir tras la pista de las transformaciones que tendrán mayor eco en el tiempo. ¿Hacemos el balance?

Man: ¡Hagámoslo! ¡Ni más faltaba!

La destrucción de mitos absurdos

Petro modificó los límites de lo que Colombia consideraba políticamente posible. Llegó al poder, lo cual es por sí solo una hazaña. La izquierda no era vista simplemente como un adversario electoral, sino como una fuerza cuya llegada al poder constituía potencialmente una amenaza al sistema.

El presidente Petro gobernó cuatro años y entregó el poder constitucionalmente a un presidente de derecha elegido en las urnas. Pese a que no reconoce la legitimidad del nuevo presidente, el poder ha sido entregado a él, cumpliendo con el mandato constitucional.

Es difícil imaginar una refutación más concreta del temor de 2022 según el cual la llegada de la izquierda significaría automáticamente que Colombia se convertiría en Venezuela, que desaparecerían las elecciones o que Petro intentaría perpetuarse en la Presidencia.

A su vez, la izquierda probó que pudo organizarse, gobernar territorios, controlar espacios institucionales, derrotar proyectos de los gobiernos anteriores y ganar la Presidencia. Se gobernó con una feroz resistencia del Congreso, las Cortes, la prensa e instituciones como el Banco de la República. Es histórico que se haya logrado llegar a la presidencia y mantener al primer mandatario en el poder.

Una democracia sólida

Petro abanderó, mantuvo y profundizó la esencia de la democracia. Logró involucrar al país en la política, como nunca antes había ocurrido.

El presidente Petro convirtió en debates cotidianos varios asuntos que durante décadas habían sido discusiones de especialistas. Personas que nunca habían discutido sobre el sistema pensional empezaron a hacerlo. Lo mismo ocurrió con las EPS, los recargos laborales, la propiedad de la tierra, la transición energética, Palestina o el Banco de la República.

Eso produjo polarización, sin duda, pero también incubó una amplia participación, identificación política y discusión pública.

Las elecciones de 2026 ofrecen un dato muy importante. En la segunda vuelta votaron aproximadamente 26,3 millones de colombianos, cerca del 63,5 % del censo electoral; es la participación más alta en alrededor de siete décadas en las elecciones presidenciales.

La propia Defensoría del Pueblo interpretó esa cifra como reflejo de un “creciente nivel de involucramiento de la ciudadanía en la definición del rumbo político del país”.

Quizá la mayor transformación de Petro no fue conseguir que determinados colombianos votaran por la izquierda, sino conseguir que millones de colombianos (de izquierda y de derecha) sintieran que valía la pena disputar el país en el terreno de la política legal y democrática.

La nueva agenda del debate

Durante buena parte de la historia republicana, las grandes discusiones nacionales se organizaron alrededor de asuntos como la seguridad, el orden público, el crecimiento económico, las relaciones con Estados Unidos o la estabilidad macroeconómica.

Petro no eliminó esos temas, pero hizo que el centro del debate fuese también: ¿Cuánto debe ganar un trabajador? ¿Quién puede ir a la universidad? ¿Quién tiene la tierra? ¿Qué sucede con un anciano que nunca pudo pensionarse? ¿Debe la salud funcionar como negocio? ¿Quién paga impuestos? ¿Qué territorios reciben inversión? ¿Qué significa desarrollar el país sin destruir su biodiversidad?

Incluso cuando sus propuestas fueron derrotadas, modificó el terreno de la discusión.

Eso puede ser un legado más profundo que una ley determinada, porque los gobiernos siguientes pueden derogar una norma, modificar un impuesto o cancelar un programa, pero resulta mucho más difícil volver a una situación en la que esas preguntas simplemente no formen parte de la conversación nacional.

Una nueva cultura democrática

Y más sobre la profundización de la democracia. Durante el gobierno de Petro los sindicalistas, dirigentes sociales, ambientalistas, personas provenientes de comunidades afro e indígenas y representantes de sectores de diversidad sexual ocuparon posiciones relevantes. Estos sectores históricamente habían tenido una presencia mucho menor en las estructuras centrales del Estado.

En pocas palabras: cambió la idea cultural de quién podía sentarse en las mesas donde se toman las decisiones nacionales.

Un enfoque renovador frente a la protesta social

El gobierno Petro modificó profundamente la relación del Estado con la protesta social. La oposición pudo organizar algunas grandes movilizaciones contra un gobierno, sin que se reprodujera un patrón de represión letal como el vivido durante el estallido social de 2021.

Ejerció su gobierno en el marco de un escenario que para cualquier presidente resulta incómodo: gobernar siendo sometido permanentemente a contradicción pública e institucional.

Puede haber cuestionamientos sobre su retórica frente a esas instituciones, pero además de cuestionar toda esta situación a través de trinos, jamás intentó eliminar o bloquear los contrapesos que podían derrotarlo.

Contribución definitiva a la verdad histórica

La desclasificación de los archivos del DAS puede terminar siendo uno de los legados menos visibles, pero más duraderos de Petro. No produce un resultado inmediato como una reforma laboral o una carretera, pero puede transformar durante décadas lo que Colombia sabe de sí misma.

El Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025 levantó la reserva sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Sin embargo, el propio Archivo General de la Nación lo califica como un hito porque es la primera vez que Colombia pone en marcha un proceso de desclasificación de archivos clasificados del Estado.

Y la magnitud documental es enorme. El diagnóstico realizado para la JEP encontró 57.544 unidades de conservación, equivalentes a 14.364 metros lineales de documentos, además de 47.829 medios magnéticos y digitales: servidores, discos, disquetes, casetes, computadores y cintas, entre otros. No estamos hablando de unas cuantas carpetas, sino de uno de los grandes fondos documentales secretos del Estado colombiano.

El DAS no fue simplemente una oficina administrativa. Durante décadas fue también organismo de inteligencia, policía migratoria y aparato de seguridad del Estado. Sus archivos atraviesan buena parte de la historia reciente del conflicto colombiano y contienen información sobre hechos trascendentales.

La JEP ha dicho expresamente que estos documentos pueden contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y que su apertura es relevante para combatir la impunidad.

Esto conecta directamente con lo que veníamos hablando sobre el legado democrático de Petro.

Una democracia no consiste únicamente en poder elegir al presidente. También implica que el Estado pueda ser investigado por sus propios ciudadanos. La desclasificación introduce un principio diferente: el secreto de Estado no puede ser uno de los ejes del olvido histórico.

Petro lo expresó de una manera muy clara cuando anunció la medida. Dijo que su Gobierno no terminaría “sin que haya una política de desclasificación de archivos, que tiene que ver con la verdad”.

Probablemente pasarán años antes de que pueda conocerse la verdadera importancia histórica del decreto. Y precisamente por eso puede ser un legado que hoy aparezca muy abajo en cualquier balance del gobierno Petro y dentro de veinte años sea considerado fundamental.

Una agenda internacional memorable

Petro convirtió la diplomacia presidencial en una herramienta activa de búsqueda de inversión, cooperación y nuevos mercados, y obtuvo resultados concretos en financiación climática, reforma agraria, infraestructura social y negocios internacionales.

Más importante aún, utilizó esa diplomacia económica para intentar reposicionar a Colombia ante el mundo no solamente como país petrolero y minero, sino como potencia potencial en biodiversidad, turismo, agricultura, energías limpias y producción. También cambió el enfoque del debate mundial en torno a algunos temas. Veamos.

Cambio climático: más que hablar del clima, cuestionó el modelo fósil

El cambio climático ya estaba en el centro de la agenda internacional mucho antes de Petro. Lo distintivo de su postura fue que ayudó a desplazar la discusión desde “cómo reducir emisiones” hacia “qué estructura económica está produciendo la crisis y quién debe pagar la transición”. Eso introdujo un matiz único.

De este modo, Colombia consiguió una voz internacional desproporcionadamente grande para su peso económico. Petro hablaba además desde una posición interesante: la de un país productor de petróleo y carbón que voluntariamente planteaba reducir su dependencia de ellos. Eso le daba una legitimidad distinta a la de los países industrializados que exigen conservación ambiental a los países tropicales mientras continúan consumiendo enormes cantidades de combustibles fósiles.

Una voz contra el genocidio

Petro jugó un papel internacional muy fuerte en la discusión sobre el genocidio en Gaza.  Fue una de las voces presidenciales tempranas y persistentes que ayudaron a trasladar el debate internacional desde la formulación “Israel tiene derecho a defenderse” hacia las preguntas sobre proporcionalidad, ocupación, responsabilidad internacional y matanza indiscriminada.

Petro fue mucho más lejos que la mayoría de los gobernantes occidentales y latinoamericanos de aquel momento. Utilizó tempranamente la palabra “genocidio”, rompió relaciones diplomáticas con Israel y convirtió esa posición en una actuación jurídica del Estado colombiano.

Colombia intervino formalmente en abril de 2024 ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso iniciado por Sudáfrica bajo la Convención sobre Genocidio. Es importante precisar jurídicamente que la Corte todavía debía resolver el fondo del caso; por tanto, hablamos de la acusación o denuncia de genocidio, no de una sentencia definitiva que ya lo hubiera declarado.

Después, otros países adoptaron posiciones semejantes. Chile también intervino ante la Corte; México, Libia y Palestina participaron igualmente en el proceso, mientras España, Irlanda y Noruega reconocieron al Estado palestino.

Colombia incluso se convirtió posteriormente en sede de una conferencia internacional del Grupo de La Haya, que reunió en Bogotá a decenas de países para discutir medidas concretas respecto de Israel y Palestina.

Reenfoque en la lucha contra las drogas

Petro introdujo una diferencia importante en la discusión sobre la lucha contra las drogas.

Desde la tribuna de Naciones Unidas afirmó sin rodeos: “La guerra contra las drogas ha fracasado”. No era una declaración de un académico, de un expresidente retirado o de una ONG. Era el presidente en ejercicio del principal país productor de cocaína hablando ante la Asamblea General.

Además, planteó una crítica conceptualmente distinta: preguntó por qué la comunidad internacional perseguía violentamente al campesino que cultivaba coca mientras protegía actividades económicas (como petróleo y carbón) capaces de producir un daño planetario incomparablemente mayor. Así mismo dejó claramente establecido que los líderes del tráfico mundial viven en los grandes centros de poder y no en los países productores.

En 2023, incluso la reunión entre Petro y el secretario general de Naciones Unidas incluyó explícitamente la necesidad de explorar “nuevos enfoques” frente a las drogas ilícitas.

Y aquí está uno de los aspectos más interesantes de su gobierno: Petro cuestionó frontalmente la guerra contra las drogas, pero su administración alcanzó simultáneamente verdaderos récords de incautación y extradición. Eso le permitía argumentar que rechazar la guerra contra las drogas no equivalía a dejar de perseguir al narcotráfico, sino a cambiar el objeto de la persecución: menos campesino y más cargamento, organización criminal, lavado, capital y gran traficante. Ese enfoque será decisivo con el paso de los años.

Como conclusión del tema diplomático, podríamos decir que Petro consiguió que Colombia dejara de hablar ante el mundo casi exclusivamente de sus problemas internos y comenzara a formular respuestas colombianas a problemas universales. Esa es una ruptura considerable con la tradición diplomática del país.

Hay muchos otros aspectos como el cambio del enfoque de seguridad en las Fuerzas Armadas, su modernización y apertura de oportunidades. O el cumplimiento constitucional de facilitar las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría en los casos de corrupción que tocaban con el gobierno. O los incipientes, pero profundos avances en la reindustrialización de Colombia. Pero creo que está suficientemente evidenciada la forma como el gobierno del Pacto Histórico marcó un hito definitivo en la historia de Colombia. Y por qué, yo como muchos, hablamos de “Petro el Grande”.

Pero para los que solo creen en logros materiales e inmediatos, vale la pena dejarles esta infografía.

Sin embargo, la historia de la construcción nacional es mucho más compleja que el relato sencillo de un libertador que fundó, por sí solo, una República. Una cosa fue obtener la victoria militar frente a España y otra, muy distinta, construir un Estado capaz de gobernarse, definir una identidad común y garantizar su permanencia en el tiempo.

A diferencia de Estados Unidos, cuya independencia estuvo acompañada por documentos que expresaban una idea de nación y unos principios políticos relativamente definidos, la Nueva Granada llegó a la emancipación sin un proyecto nacional consolidado.

La ruptura con España no produjo inmediatamente una transformación profunda de las instituciones, del sistema tributario, de la administración territorial ni de las formas en las que se tomaban las decisiones públicas. En términos simples, un día los habitantes de estas tierras eran súbditos de la Corona y, al siguiente, debían reconocerse como ciudadanos de una República cuya forma, límites y propósito todavía estaban por definirse.

Las costumbres políticas del nuevo país continuaron siendo, en buena medida, las mismas del régimen colonial. Se sustituyó una monarquía que gobernaba desde ultramar por una élite criolla que buscaba controlar el poder en medio de un profundo desorden institucional.

La independencia cambió a los gobernantes, pero no resolvió de inmediato la pregunta fundamental: ¿Qué quería ser Colombia?

La ausencia de una respuesta clara le costó al país buena parte del siglo XIX. Durante casi ocho décadas, Colombia atravesó guerras civiles, levantamientos regionales y discusiones profundas sobre asuntos que hoy parecen elementales, pero que entonces dividían violentamente a la sociedad.

Se discutía si el Estado debía ser centralista o federal; si la Iglesia debía conservar el control de la educación y de la vida pública; si la esclavitud debía continuar; cuánto tiempo debía permanecer un presidente en el poder; qué facultades correspondían al Congreso; y si las Fuerzas Armadas debían responder a los gobiernos regionales o a una autoridad nacional.

La República había conseguido independizarse, pero todavía no había logrado organizarse.

Esa inestabilidad comenzó a encontrar un punto de contención con la llegada de Rafael Núñez a la Presidencia. Núñez gobernó en cuatro periodos: entre 1880 y 1882; entre 1884 y 1886; entre 1887 y 1888; y, finalmente, entre 1892 y 1894.

Su proyecto político, conocido como la Regeneración, buscó reemplazar el debilitado modelo federal por un Estado centralizado, con instituciones nacionales capaces de ejercer autoridad sobre todo el territorio.

La Constitución de 1886 fue el principal resultado de ese proceso. Con ella se reorganizó el país como una República unitaria, se fortaleció la Presidencia, se redefinió el papel del Congreso, se estableció una estructura judicial nacional y se consolidó el mando central sobre las Fuerzas Armadas.

También se fortaleció la relación entre el Estado y la Iglesia católica, se protegió la propiedad privada y se crearon condiciones para promover la actividad empresarial y la organización administrativa del país.

Núñez, además, participó en la consolidación de los símbolos nacionales. La letra del himno nacional fue escrita por él y musicalizada por Oreste Síndici. Aquellos símbolos ayudaron a construir una identidad común en una nación que todavía intentaba reconocerse a sí misma.

Solo varias décadas después de la batalla de Boyacá, Colombia comenzó a establecer con mayor claridad las bases institucionales de lo que quería ser.

Esto obliga a revisar críticamente la idea de que Bolívar dejó una nación consolidada. Su proyecto estuvo concentrado en la liberación del territorio, en la conservación del poder político y en la construcción de una gran unidad regional. Pero esa ambición no logró traducirse en un Estado sostenible.

La Gran Colombia se disolvió poco después de su muerte. Las divisiones entre centralistas y federalistas continuaron, las rivalidades regionales se profundizaron y las instituciones demostraron una fragilidad que acompañaría al país durante casi todo el siglo XIX. No basta con ganar una guerra para construir una nación.

Sin embargo, la Constitución de 1886 tampoco resolvió todos los problemas. Poco después de los gobiernos de Núñez, Colombia enfrentó la guerra de los Mil Días y la posterior separación de Panamá. Ambos acontecimientos demostraron que el Estado seguía siendo débil y que necesitaba fortalecer sus instituciones, su economía y sus Fuerzas Armadas.

En ese contexto apareció el segundo Rafael: Rafael Reyes Prieto.

Reyes ocupó la Presidencia entre 1904 y 1909. Durante su Gobierno impulsó una reorganización administrativa, promovió la infraestructura, fortaleció la presencia estatal y destinó mayores recursos al Ejército y a la Policía Nacional.

También promovió la profesionalización militar y la creación de instituciones de formación para los integrantes de la Fuerza Pública. Entre ellas se encontraba la Escuela Naval de Cartagena, antecedente fundamental de la formación naval colombiana contemporánea.

Rafael Reyes comprendió que una República no podía sostenerse sin unas Fuerzas Armadas profesionales, subordinadas al poder civil y comprometidas con la defensa del territorio nacional.

Sin embargo, aquellas instituciones también necesitaban una tradición, una identidad y un relato que orientara su misión. Fue entonces cuando la figura de Bolívar y la imagen del Ejército Libertador comenzaron a ser apropiadas con mayor fuerza como referentes simbólicos de la Fuerza Pública.

Como he sostenido en otras columnas, Bolívar no fue un estratega infalible. Sus campañas estuvieron marcadas por decisiones cuestionables, improvisaciones y graves errores de planificación. La Campaña Libertadora alcanzó sus objetivos gracias al sacrificio de miles de soldados, a la valentía de los llaneros y a las decisiones tomadas en el campo de batalla por hombres como Juan José Rondón y José Prudencio Padilla. También influyeron los errores cometidos por las fuerzas españolas y la incapacidad de sus comandantes para responder adecuadamente al avance independentista. La historia oficial concentró la gloria en Bolívar y dejó en segundo plano a quienes hicieron verdaderamente posible sus victorias.

Los tiempos han cambiado y muchas de las ideas defendidas durante la Regeneración o el Gobierno de Reyes ya no corresponden plenamente a la Colombia contemporánea. Sin embargo, su experiencia deja dos reflexiones vigentes.

La primera es el peligro de convertir a Bolívar en un símbolo absoluto, inmune a la crítica y situado por encima de los demás protagonistas de nuestra historia. Ninguna democracia madura debería construir su identidad alrededor del culto a un solo hombre.

La segunda es la necesidad de que Colombia vuelva a definir su norte estratégico. Un país no puede avanzar únicamente reaccionando a las crisis. Necesita saber qué instituciones quiere fortalecer, qué valores desea defender y qué clase de sociedad espera construir.

Más de dos siglos después de la Independencia, seguimos colocando el nombre de Bolívar sobre edificios, plazas y proyectos políticos. Quizá ha llegado el momento de preguntarnos no solo quién liberó el territorio, sino quiénes construyeron realmente la nación. Porque una República no se sostiene por el nombre de sus héroes, sino por la solidez de sus instituciones.

Para nadie es un secreto que numerosos políticos, empresarios e incluso algunos colegas periodistas miran con desconfianza al presidente electo, Abelardo De La Espriella. Pero, como durante los próximos cuatro años buena parte de las decisiones del país pasarán por sus manos, muchos parecen considerar que conservar sus privilegios vale más que preservar su independencia. Prefieren sacrificar la dignidad antes que arriesgar el acceso al poder, porque en ciertos círculos la cercanía con el gobernante de turno siempre ha sido una inversión más rentable que la coherencia.

Desde mi punto de vista, esa es la principal razón por la que las críticas al nuevo presidente han sido tan escasas y tibias. Lo prioritario, por ahora, parece ser congraciarse con De La Espriella, repetir los temas que le resultan agradables y alimentar una narrativa complaciente, aunque esta carezca de relevancia para los problemas reales del país. Resulta difícil encontrar una mejor muestra de esa actitud que dedicar una mañana entera de un programa radial a exaltar un vallenato de Rafael Escalona compuesto en honor al presidente electo, como si el país no enfrentara asuntos infinitamente más urgentes que discutir.

Me pregunto si Abelardo De La Espriella siente algún grado de gratitud frente a semejante nivel de complacencia. No me sorprendería que, en realidad, le resultara indiferente. Conoce demasiado bien a quienes hoy lo ovacionan. Sabe que buena parte de las élites económicas, políticas y sociales —especialmente las bogotanas— no actúan por convicción, sino por conveniencia. Son las mismas élites que, según soplaran los vientos del poder, fueron capaces de aplaudir tanto a Simón Bolívar por liberar a la Nueva Granada como a Pablo Morillo cuando la Corona española recuperó el control. La lealtad, para muchos de ellos, nunca ha sido un principio; ha sido un negocio.

Tampoco me sorprende que De La Espriella anuncie que no vivirá en el Palacio de Nariño y que prefiera establecerse en Barranquilla. Más que una decisión administrativa, parece un gesto político cuidadosamente calculado. Obligar a los grandes poderes económicos y políticos de Bogotá, Cali y Medellín a desplazarse hasta donde él se encuentre constituye una manera de reafirmar su liderazgo y de enviar el mensaje de que será el centro alrededor del cual deberá girar el establecimiento. Es, en esencia, un desafío deliberado a las élites tradicionales y una demostración de fuerza frente a quienes históricamente han monopolizado la influencia en el país.

Sin embargo, esa decisión también refleja la extravagancia que ha caracterizado su estilo público. Da la impresión de que concibe la Presidencia como una extensión de su personalidad y no como una institución sometida a límites constitucionales. Pareciera creer que, una vez asuma el cargo, él será el Estado y que donde él esté también estará el Estado. Es una visión profundamente personalista del poder, más cercana a la lógica absolutista de un Luis XIV que a la de un jefe de Estado en una democracia constitucional.

De La Espriella parece olvidar que el Estado colombiano no se reduce al presidente de la República. Está integrado por tres ramas del poder público, cada una con autonomía y competencias propias. El Ejecutivo es apenas una de ellas. Que el presidente decida residir en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Tumaco o cualquier otra ciudad no significa que el Estado cambie de sede ni que la institucionalidad se traslade con él. La descentralización consiste en fortalecer las capacidades de las regiones, no en convertir el lugar de residencia del mandatario en el nuevo epicentro del país. Confundir ambas cosas revela una comprensión equivocada del funcionamiento del Estado o, peor aún, una peligrosa tendencia a identificar la institucionalidad con la figura presidencial.

Ojalá quienes hoy hacen fila para quitarse el sombrero, hacer venias y rendirle honores al nuevo mandatario recuperen pronto la independencia que exige una democracia saludable. El papel de los dirigentes políticos, de los empresarios y, sobre todo, de los periodistas no consiste en halagar al poder, sino en vigilarlo, cuestionarlo y señalar sus errores, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para quien gobierna. La crítica responsable no debilita la democracia; por el contrario, la fortalece.

Porque, si algo ha demostrado la historia política colombiana, es que el exceso de adulación suele preceder a las mayores decepciones. Quienes hoy aplauden sin reservas podrían ser los primeros en tomar distancia cuando aparezcan los errores inevitables del ejercicio del poder. En Colombia, escupir al cielo siempre ha sido un mal negocio: tarde o temprano, la realidad termina imponiéndose sobre la propaganda. Y si el gobierno pretende convertir la llamada “Patria Milagro” en algo más que un eslogan, necesitará mucho más que aplausos, canciones y reverencias. Necesitará instituciones fuertes, resultados concretos y ciudadanos dispuestos a exigir cuentas, no a rendir pleitesía.

Se atribuye a Confucio una definición breve, sencilla, profunda y semántica del poder: “es la capacidad humana para denotar la realidad”, semejante a la del evangelio de Juan: “en el principio era el verbo” (Juan 1:1-14). Esa capacidad políticamente toma cuerpo cuando la realidad es aceptada y reconocida por todos bajo una forma de gobierno o régimen político específico. Lo cual significa que el poder político es, en principio, comunicación. Una comunicación que se transmite no solo en discursos, más o menos convincentes y persuasivos, sino sobre todo en símbolos y rituales que le confieren un contenido preciso. Por eso el poder es también una puesta en escena que se representa periódicamente y cobra un sentido institucional y social. De allí la importancia de ceremonias públicas como la posesión presidencial y su investidura. Por eso, en las democracias dicha posesión se realiza ante el Congreso o en los recintos del Parlamento, pero también a cielo abierto y ante la ciudadanía para simbolizar la máxima transparencia del poder público y su legítima procedencia, como suele suceder en los Estado Unidos de Norteamérica, bajo temperaturas gélidas y en la explanada del Capitolio. Resulta entonces curioso que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, furibundo admirador del poder de Maga y generoso aportante a la campaña de Trump, además de ciudadano leal a los designios de la doctrina Donroe, no siga dicho ejemplo republicano y opte por hacerlo en una guarnición militar. Parodiando esa obsesión personal, se podría decir que ese es el lugar adecuado para que un Tigre, animal salvaje y temible, sea investido como presidente, pues así los asistentes estarán seguros de no ser atacados y devorados. Pero el asunto es serio y trascendental, no para hacer malos chistes.

Del Capitolio al Campo de Marte

Se trata nada menos que de trasladar, como ya lo aprobó el Congreso, la civilidad y el principio de la soberanía popular encarnada por los Representantes y Senadores electos, artículo 3 de nuestra Constitución, al campo de Marte, propio de las operaciones militares y la guerra. En otras palabras, el poder civil convertido en rehén del poder militar, lo que es la esencia de un régimen castrense y no de uno democrático. Por eso también se hará en el Departamento del Cauca, para declarar la guerra y desafiar en su terreno a las disidencias de Mordisco y otras cruentas organizaciones armadas ilegales que han anegado en sangre y terror el suroccidente colombiano. Seguramente escucharemos del Tigre en su discurso muchos rugidos, amenazas y una retórica heroica en agradecimiento a los numerosos miembros de la Fuerza Pública sacrificados, con alusiones semejantes a la de Churchill de “sangre, sudor y lágrimas”, que auguran una sangría todavía mayor para todos ellos y un sufrimiento incesante para sus familias. Entonces los Congresistas e invitados especiales aplaudirán furiosamente, porque definitivamente es muy fácil enviar al matadero a miles de héroes, mientras ellos se dedican a hacer buenos negocios en nombre de la “seguridad inversionista y la prosperidad de la Patria”, esos tres huevitos tan queridos, que estarán bajo la protección y promoción del Tigre y su competente gabinete ministerial. Sin embargo, ese apoteósico y militar escenario está en vilo, pues el presidente Gustavo Petro se opone, como “comandante supremo de las Fuerzas Armadas” (artículo 189, numeral 3 de la CP), a facilitar una guarnición militar en el Departamento del Cauca para la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y su conversión milagrosa de un Tigre en presidente de todos los colombianos.

Un pulso paradójico y revelador

Lo anterior es un pulso paradójico, ni siquiera imaginado por García Márquez, pues un exguerrillero, el presidente Gustavo Petro, está defendiendo la civilidad de la posesión presidencial ante el Congreso y la ciudadanía en la plaza de Bolívar, como ha sucedido desde Belisario Betancur hasta el presente, y un civil, Abelardo de la Espriella, un destacado abogado penalista de penumbrosas causas criminales, quiere ser investido en una guarnición militar para rendir tributo de honor a los “héroes de la Patria”. Muchos de esos héroes han muerto combatiendo a criminales que, directa o indirectamente, han estado relacionados con las disputas por rentas ilegales entre Paramilitares y guerrillas, en cuyo contexto jugó un importante rol el joven abogado Abelardo, promoviendo la Fundación Iniciativas por la Paz (FIP)[i], para el tránsito de los comandantes y miembros de la AUC a la civilidad. Estamos, pues, presenciando una curiosa inversión de identidades, se diría que milagrosa. La de un rebelde convertido en defensor a ultranza de la civilidad y una imposible “Paz Total”, que deja la Presidencia el 7 de agosto sin alcanzarla y, de su contraparte, un civil que llega a la Presidencia obsesionado con el culto al militarismo y la “Guerra Total” en aras de la seguridad y la paz. Pero la realidad es más compleja y reveladora, si recordamos que Gustavo Petro en desarrollo de su posesión presidencial, apeló nada menos que a un símbolo histórico de la guerra, la espada del libertador Simón Bolívar, instalándola en el centro de la ceremonia y luego la esgrimió y anunció: “Hasta que no haya justicia social en Colombia no se envainará la espada, sino que continuará desenvainada como hoy está en los salones de esta Casa de Nariño”, acompañada de la bandera rojinegra de Bolívar de “guerra a muerte” contra el general español Pablo Murillo y sus colaboradores.

Profunda crisis de Civilidad, Democracia y Soberanía

Simbolismos que nos revelan una profunda crisis de civilidad, convicción y coherencia con el ejercicio de la democracia por parte de ambos líderes políticos, pues en desarrollo de sus proyectos y objetivos, diametralmente opuestos, coinciden en el recurso y apoyo de los militares como la fuerza decisoria. En el caso de Petro, la Paz Total con justicia social, que lo llevó a confiar demasiado en la supuesta voluntad de paz de organizaciones supuestamente rebeldes, ya carcomidas por el narcotráfico, que afianzaron su control territorial a punto de terror y crímenes abominables. Por el contrario, el Tigre está convencido que solo con guerra total y un Plan Patriota podrá haber seguridad para la prosperidad y la paz. Pero olvida un sabio consejo atribuido a Bonaparte, que algo sabia de armas: “Con las bayonetas pueden hacerse muchas cosas, menos sentarse sobre ellas”. De allí su “Firmes por la Patria” y su predilección por una guarnición en lugar del Congreso y la plaza de Bolívar para su posesión. Abelardo y su Tigre creen ilusamente, igual que su padrino Trump, que para gobernar basta rugir, amenazar y ordenar bombardeos. Por eso también su lealtad a la llamada “Doctrina Donroe” y su entusiasmo por el “Escudo de las Américas”, además de su reveladora y orgullosa afirmación de ser el primer presidente de Colombia del partido republicano de Trump. Declaraciones que no son propias de un “Defensor de la Patria”, mucho menos de un presidente democrático que jura defender la soberanía de Colombia, sino más bien de un lacayo de Maga, que se suma a la compañía de una figura tan vergonzosa, humillada y desprestigiada como Delcy Rodríguez en la sufrida, esquilmada y depredada “Venezuela Bolivariana”. ¿Será ese el significado y el destino de la “Patria Milagro”?

[i]https://www.infobae.com/colombia/2025/09/17/el-rol-de-abelardo-de-la-espriella-en-el-proceso-de-paz-entre-colombia-y-las-auc-lo-volveria-a-hacer/

Por la forma incierta y polémica en que discurre el empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los comisionados del presidente electo, Abelardo de la Espriella, todo parece indicar que se trata de un dramático “desempalme democrático”. Como es usual en un país donde la ley y sus formalidades suelen utilizarse para evadir lo esencial, cuando no para burlar la justicia, dicho empalme va a naufragar en medio de artículos, incisos y reuniones paralelas de ambas partes, sin posibilidades de un encuentro e intercambio responsable y riguroso de información sobre la gestión pública, que afecta la calidad de vida de todos los colombianos.

Sectarismo antidemocrático

Es una expresión más de sectarismo político que subordina el interés general de la Nación al personal y partidista de dos líderes. Dos líderes cuyas personalidades veleidosas y vanidosas les impide reconocerse como interlocutores políticos legítimos, responsables de la convivencia política, pues cada uno reclama encarnar la voluntad del pueblo colombiano. Por eso, lo que está tras escena es mucho más significativo y grave, así como de largo aliento. Se trata, nada más ni nada menos, que de la imposibilidad de un empalme de la democracia con el pueblo colombiano. Es mucho más que un simple empalme entre esas dos figuras políticas que dividen casi milimétricamente la nación, como quedó demostrado en la pírrica diferencia de 250.000 votos entre el “Tigre” y Cepeda, hoy todavía objeto de controversia. Una controversia seguramente imposible de resolver en la actualidad, como fue la existente entre Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la ANAPO y Misael Pastrana Borrero del partido conservador, que solo la historia aclaró como el mayor fraude electoral del siglo pasado, ya demasiado tarde. ¿Sucederá lo mismo con la presente controversia? ¿Será un delirio del presidente Petro o habrá un asidero tecnológico en su denuncia sobre la manipulación del software en la IP ubicada en Los Ángeles?  Por eso mismo, es un desempalme de la democracia con el pueblo colombiano, más allá de la controversia electoral. Un desempalme que viene de tiempos inmemoriales y no es de ahora. Un desempalme que recibe diversos nombres y tiene muchos protagonistas. Solo para recordar el más conocido, acuñado por Jorge Eliécer Gaitán, es el desempalme todavía existente e irresoluble entre el “País Político” y el “País Nacional”. Para las jóvenes generaciones, vale la pena recordar la forma meridiana como lo describió Gaitán en su discurso del 20 de abril de 1946, ya hace más de 80 años, en el Teatro Municipal de Bogotá: “En Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. Tremendo drama en la historia de un pueblo”.

Un desempalme histórico y violento

Un drama que en realidad se convirtió en una sangría inagotable hasta nuestros días. En parte, porque en medio del cambalache electoral de mentiras y promesas, pero también de prejuicios, pasiones, emociones y odios, que cada cuatro años representan supuestos líderes salvíficos del pueblo, todo se encuentra revuelto como en el tango y se funde el país político con el nacional. Así sucedió durante el “Gobierno del Cambio”, que termina su mandato con figuras prominentes del país político como Armando Benedetti a cargo del ministerio del interior y con escándalos de corrupción que se disputan la cuantía de defraudaciones a la Nación con los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez y el número de sus altos funcionarios condenados por corrupción. Y ahora, estamos ad portas de ver como asume la presidencia de la República un “TIGRE”, como si la Casa de Nariño fuera un zoológico y la Nación una selva, en la que deberá predominar la ley del más fuerte, como simbólicamente lo quiere anunciar con su posesión desde una guarnición militar.

Los que siempre han gobernado

Un Tigre que anunció de viva voz, con rugidos ensordecedores por todos los medios y plazas, que en su presidencia llegaría el momento para los que NUNCA han gobernado. Pero ha conformado un gabinete con los que SIEMPRE han gobernado, es decir, lo más granado del país político imbricado con el entramado gremial, en nombre de una PATRIA MILAGRO, que coincide plenamente con el País Político. Una Patria cuyos contornos e intereses nacionales parecen diluirse en su alianza con MAGA, pues ya el Tigre declaró en una entrevista, durante su campaña presidencial, que sería “el primer presidente colombiano del partido republicano” de Trump. Partido republicano al que destinó una generosa contribución para la campaña de Trump. En reciprocidad recibió de TRUMP su respaldo incondicional y determinante para la segunda vuelta, a semejanza de un padrino mafioso, pues todos conocemos su desinterés patriótico y democrático en los apoyos que brinda. Lo vemos con su respaldo a la presidenta interina y antidemocrática de Venezuela Delcy Rodríguez.

¿Un canciller para Maga?

A propósito, el nuevo canciller, Omar Bula Escobar, tan coherente y enérgico en su anuncio de no tener relaciones con estados antidemocráticos y menos embajadas ¿romperá relaciones con la república bolivariana de Venezuela, o hará una excepción en aras del intercambio económico o quizá por solidaridad con las víctimas del terremoto? ¿Cuál será la extrema coherencia en política internacional al normalizar y profundizar la relación con el Estado de Israel, presidido por Benjamin Netanyahu, encauzado por corrupción en su país e incurso en crimen de genocidio por la Corte Internacional de la Haya? Ni hablar del respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas que promoverá en su alianza con MAGA y Trump que la ha convertido en una hoja de papel, pues el nuevo canciller coincide plenamente con MAGA en que las Naciones Unidas perdieron su rumbo por promover y defender la “globalización” y el multilateralismo en política internacional. ¿Asistiremos, también, a un desempalme del Estado colombiano con las Naciones Unidas?

El “desempalme democrático”

Todo parece indicar que durante estos cuatro años no solo se profundizará el desempalme violento entre el País Político y el País Nacional, sino que asistiremos al ascenso de una nueva elite a la Casa de Nariño. Una elite cacocrática, militarista y tecnocrática, que ya tuvo su cuarto de hora por cerca de 12 años. Primero de 2002-2010 con el presidente Álvaro Uribe Vélez y luego del 2018 al 2022 con Iván Duque. Dichas administraciones, en nombre de la “Seguridad democrática” y el “Centro Democrático”, dejaron un legado en escándalos de corrupción, funcionarios condenados y crímenes de lesa humanidad, que todavía la Fiscalía General de la Nación y la JEP están por esclarecer plenamente. Por eso, el nuevo ministro de justicia, Iván Cancino, ya expresó que el gobierno evaluará sus peticiones de financiación, pues constitucionalmente su funcionamiento está fijado hasta el 2037. ¿Se promoverá una reforma constitucional en aras de la austeridad fiscal y la motosierra del Estado?

¿Un gobierno cacocrático-tecnocrático y militarista?

¿Será esa la verdadera identidad de la “Patria Milagro? La pregunta es pertinente, pues quizá nadie conoce mejor las entrañas de la elite cacocrática en nuestro país que el Tigre, ya que como abogado penalista se destacó por sus asesorías y la promoción de sus intereses, como lo hizo desde la Fundación Iniciativas de Paz [i], durante la desmovilización de las AUC. Pero, sobre todo, porque contará con los sabios consejos de Carlos Alonso Lucio, quien sostuvo una estrecha relación con Miguel Rodríguez, del cual recibió aportes para su actividad política, según lo revelado por el contador del Cartel de Cali, Guillermo Alejandro Pallomari González, en su indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación realizada el 16 de noviembre de 1995. También, tecnocrática, pues su vicepresidente, José Manuel Restrepo, como exministro de economía del presidente Iván Duque, conoce y se mueve como pez en el agua en las profundidades y los meandros del sector empresarial y gremial. Por último, militarista, ya que anuncia el Tigre que se posesionará como presidente en una guarnición militar. Un gesto de extrema coherencia con sus consignas de “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”. Pero olvida que el único patriotismo legítimo es el constitucional y la Carta del 91 establece en su artículo 192 que “el presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso de la República” o, en su defecto, “ante la Corte Suprema de Justicia” y, en caso extremo, “ante dos testigos”. De hacerlo en una guarnición militar, semejante simbolismo augura una gobernabilidad castrense y no civil, contraria al espíritu de la Constitución y la democracia. Quizá todo ello se deba a que el signo de los tiempos que corren es muy parecido al de la década del 20 del siglo pasado en los Estados Unidos, que resumió el escritor alemán Hans Magnus Enzerberger en esta conocida sentencia: “el capitalismo es una mafia legal y la mafia un capitalismo ilegal”, cuyo espíritu domina Donald Trump a punta de aranceles y amenazas, acompañadas de bombardeos, cuando lo considere necesario, con el apoyo de incondicionales “gobergánsteres” que forman parte del “Escudo de las Américas”  y son entusiastas seguidores de la “Doctrina Donroe”, pero ignoran el probable colapso de su gestor en la próximas elecciones de noviembre frente al partido demócrata en el Congreso.

[i] https://www.infobae.com/colombia/2025/09/17/el-rol-de-abelardo-de-la-espriella-en-el-proceso-de-paz-entre-colombia-y-las-auc-lo-volveria-a-hacer/

Hoy hay dos verdades en Colombia: Abelardo De la Espriella ganó por un chiripazo, y media Colombia votó contra un político que le cae gordo; la otra mitad también.

Algo bueno hay que reconocerle a la tal polarización: más gente salió a votar esta vez; no en vano, la votación fue histórica: más de 26 millones de personas: 12.960.166 votaron por Abelardo y 12.708.312 por Cepeda. Demasiada gente para destripar, si nos atenemos a la amenaza que sonó en campaña contra los “zurdos”. Según mis cuentas: a razón de 8 por día durante los cuatros años.

Hubo una época en que Colombia era la suma de muchos estados (después de una guerra civil), y por eso se llamaba Estados Unidos de Colombia, así establecido por la Constitución de 1863. Varios países dentro de un mismo país. Hoy no tenemos tantos, pero sí dos Colombias que en nada se parecen entre sí. En realidad vendrían a ser tres, si contamos la Colombia abstencionista, cuya apatía no ha sido estudiada con juicio.  

• Un informe de Dejusticia de 2025 dice lo siguiente: “En una democracia la abstención electoral puede interpretarse de varias maneras: desencanto de la política, protesta silenciosa o castigo a dinámicas de corrupción. En Colombia, ha sido relativamente alta, fluctuando entre el 40 y el 60%. Aunque este comportamiento es palpable en todo el país, es más notable en territorios históricamente apartados del centro político y económico, donde las precarias condiciones socioeconómicas, la desconfianza institucional o el limitado acceso a puestos de votación acentúan la inasistencia a las urnas”.

Tras los resultados electorales del 21 de junio, podría pensarse que se necesitan dos presidentes en Colombia: uno que gobierne para el centro andino (donde ganó mayoritariamente Abelardo de la Espriella) y otro presidente que gobierne para la periferia (donde ganó mayoritariamente Iván Cepeda). La diferencia fue de 250 mil sufragios, más o menos la cantidad de habitantes que tiene la localidad de Puente Aranda en Bogotá.  

Yo si quiero ver al presidente electo llegando a Chocó, Cauca y Nariño. Lo quiero ver abrazando a sus hermanos chocoanos, caucanos y nariñenses, que así los llamó en campaña.  ¿Será capaz de reconciliar esas Colombias tan desiguales? Triste sería que por complacer a una, la otra siga pagando los platos rotos, debatiéndose entre la miseria y el azote de disidencias y bandas criminales.

Cambiemos la narrativa. Si bien la polarización existe en términos políticos, nada tiene que ver con el trato injusto que recibe la   periferia. Bien lo dijo en X el exministro Luis Gilberto Murillo, en respuesta a una Vicky Dávila insensata que llamó “vacas arriaras” a sus habitantes: “Ni el Chocó, ni el Pacífico, ni ningún otro territorio históricamente olvidado del país merecen el desprecio de quienes nos consideran ciudadanos de segunda o tercera categoría, y que además solo respetan la democracia cuando les favorece. Llamar “vacas” a un pueblo porque votó distinto, de manera legítima y auténtica, es negar su dignidad, su conciencia y su derecho a decidir en libertad. Los votos de los territorios olvidados no valen menos que los del resto del país”.

Hay dos Colombias y la vemos con claridad en el mapa. Cepeda ganó en 19 departamentos y Abelardo en 14, pero el mandatario electo recibió una paliza en su propia casa, la región Caribe: así que Colombia tiene un nuevo presidente costeño sin el afecto de los costeños. Cepeda arrasó en los siete departamentos (Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, La Guajira, Sucre y Cesar) y sus capitales.

La sabiduría caribeña explicó en X este fenómeno con desparpajo: “Creyeron que los costeños nos tragaríamos el verso de costeño vota costeño, como si no supiéramos reconocer a un hablador de mondá”.

Para desconsuelo del Pacto Histórico, ganó donde hay menos habitantes. Con el triunfo de Abelardo, los colombianos castigaron a la izquierda por ocuparse de los más pobres. No culpen de la derrota a Petro, porque si bien hay algo de verdad en el voto castigo a su gestión en asuntos como la seguridad o la Paz Total, también es cierto que termina su gobierno con un 50% de aprobación; las cifras en las urnas así lo demostraron. Dejará el cargo con su partido fortalecido. El Pacto Histórico obtuvo 11.281.000 votos en 2002 y 12.700.000 votos en 2026.

Iván Cepeda regresará al Senado tras perder la banda presidencial por las razones que cada quien esgrima. Agréguese a ello que fue el David enfrentado a dos Goliat: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Javier Milei, presidente de Argentina, que sin ningún rubor metieron sus narices en las elecciones colombianas a favor de Abelardo, violando la soberanía nacional, sin contar el respaldo de algunos medios masivos de comunicación, que hicieron oposición a Cepeda.

Incluso, jugaron en contra suyo aquellos columnistas que se burlaron de sus dientes y su incipiente joroba; Mauricio Vargas y Luis Guillermo Vélez lo llamaron comunista sin serlo. En cambio, jamás le reconocieron tres décadas de trabajo ininterrumpido como el defensor de derechos humanos que carga con el dolor de las víctimas de la violencia colombiana, a partir del asesinato de su propio padre en 1994. 

De mala leche lo que hizo el podcast Deja Vu, de La Silla Vacía, al presentar una mirada sesgada sobre la familia Cepeda Castro y minimizar el genocidio contra la Unión Patriótica, hasta casi ponerlo en duda, en tanto que, en otro episodio, pintaron a un Abelardo De la Espriella tranquilo, pasando de agache ante los cuestionamientos que pesan sobre su fortuna y relaciones non sanctas. 

Lecciones de una derrota

Mientras el país no reconozca que existen dos Colombia, a la derecha le quedará más fácil ganar elecciones que a la izquierda y demás fuerzas progresistas. El centro del país bulle en lo económico. La periferia sobrevive a punta de chichiguas presupuestales.

No pregunten neciamente porqué los territorios ninguneados expulsan a su gente. El político que quiera defender esa otra Colombia, de entrada tiene una doble desventaja geográfica y numérica. Es como nacer condenado, y con el agua lejos. En territorios inhóspitos, cientos de ciudadanos realizan desplazamientos extenuantes hasta los puestos de votación, mientras los demás vamos en coche, como se dice.

• Afirma Dejusticia: “Algunas investigaciones sostienen que en departamentos donde predomina la pobreza, la baja educación y la falta de información política, las tasas de abstención son más altas. Entonces, la abstención no solo refleja decisiones individuales, sino también la débil legitimidad democrática del Estado en territorios en los que no logra garantizar condiciones básicas para el ejercicio de derechos”.

En medio de los errores que cometió Gustavo Petro, la historia debe reconocerle un mérito: el enrostrarle al país esa Colombia que está llevada del hi, recordando el hablar de mi abuelo materno, distinta a la Colombia del centro con una vida relativamente cómoda, pero ajena a esa otra nación a la que llaman la Colombia profunda, como si nombrarla así produjera algún milagro instantáneo. Los libros de historia dirán que Gustavo Petro fue, en el siglo que corre, el primer mandatario en poner en el mapa a los desahuciados por el Estado.

Luego del pírrico triunfo de Abelardo, la izquierda y el centro deben unirse para crear una gran fuerza de centroizquierda que adelante pueda contener a la derecha y a la ultraderecha, que vienen siendo harina del mismo costal ahora que el uribismo se declaró partido de gobierno, y ya María Fernanda Cabal se autoproclamó próxima presidenta.

¿Les suena Iván Cepeda como próximo alcalde de Bogotá?

Infografías tomadas de EL ESPECTADOR. El color morado corresponde a los votos del Pacto Histórico. El rojo, a los votos de Firmes por la Patria.

Aunque el progresismo ganó en Bogotá por margen estrecho, hoy cuenta con los votos para hacerse con la Alcaldía de Bogotá en 2028 y, en consecuencia, desyerbar el camino para gobernar a Colombia en 2030, siempre y cuando haga bien la tarea gerenciando ese país pequeño que es la capital de la República.

No me parece descabellada la idea de que Iván Cepeda asuma su curul de senador y renuncie después para ser el siguiente alcalde de Bogotá, no como premio de consolación, ni revancha. Los casi trece millones de colombianos que votaron por un modelo de país más igualitario sentirán que tienen en la pequeña Colombia bogotana a un hombre decente que podría hacer en la capital lo que no pudo hacer en el resto del país.  

Por otro lado, si el centro insiste en ir solo, lo más seguro es que seguirá coleccionando derrotas. En todo caso, que nadie cuente con Sergio Fajardo. Demostró pequeñez de espíritu cuando se le pidió sacar la casta para impedir la llegada de la extrema derecha a la Casa de Nariño. La suerte ya está echada en todo caso. La exalcaldesa Claudia López, por el contrario, al respaldar a Cepeda mostró gallardía y coherencia con su discurso antiAbelardista, pero también, hay que decirlo, ese apoyo llegó demasiado tarde; pudo haber hecho más que meras declaraciones.

Me atrevo a decir que el voto en blanco (426.848) le dio el triunfo a De La Espriella; en total fueron 675.000 sufragios perdidos contando los votos nulos y los no marcados. Nadie ha dicho en qué estratos ocurrió esto, otro tema digno de análisis. Preguntas inocentes: ¿Cómo saber que a un tarjetón no le marcaron un segundo voto para anularlo o cómo determinar que a un tarjetón sin marcar no se le marca el voto a favor de x o y?

La izquierda y sus aliados perdieron la elección sí, pero ganaron en experiencia; a partir de ahora esa izquierda debe aprender a tragarse su soberbia. Pensaron que con la popularidad de Petro la tarea estaba resuelta y no pararon bolas cuando desde este blog se les dijo que estaban confiados y alejados de la clase media (12 de abril).

Tienen cuatro años para preparar a los tecnócratas progresistas. Tienen cuatro años para hacerse sentir en el Congreso de la República presentando reformas sociales vía legislativa y con trabajo decoroso en Senado y Cámara. Tienen cuatro años para conquistar a los estratos 3 y 4, porque no hacerlo es abonar una siguiente derrota.

Ganó Abelardo de la Espriella sí, pero no por eso vamos a olvidar los señalamientos que pesan sobre el pasado del nuevo presidente, ampliamente documentado por la prensa. Así que, henchido de orgullo, puedo decir que somos casi 13 millones los colombianos que reconocimos en las urnas el valor de la decencia. No hay un señalamientos de mala conducta sobre Iván Cepeda. En adelante, el país debe repensarse en función de las cualidades humanas y morales de sus gobernantes.

También la prensa perdió esta elección: al tomar partido de manera descarada, ahuyentó la posibilidad del debate público entre candidatos. El periodismo quedó en deuda con el país. Los intelectuales aparecieron en el último segundo. Si el país se reacomoda con un gobierno con tintes de derecha extrema, la prensa debe preguntarse si está a la altura para lo que se avecina, o jugará un rol complaciente con el nuevo mandamás de Palacio.

Sí, el nuevo presidente ganó por un chiripazo y sin siquiera alcanzar la mitad más uno de los votos; para bien de Colombia, ojalá sea mejor gobernante de lo que fue como candidato.