Un grupo de investigadores analizó más de 142 000 documentos oficiales y llegó a una conclusión: la provincia de Chaco, en el noreste de Argentina, auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido durante 15 años, entre 2009 y 2024. No fue necesario modificar la Ley Nacional de Bosques para alentar la deforestación, ya que se utilizaron decretos y trámites administrativos para perforar la normativa nacional y dar vía libre al desmonte, según detalla el estudio realizado por los científicos.

Este trabajo de investigación fue liderado por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Tiene un contexto internacional: los bosques secos están desapareciendo debido a la expansión agrícola y la extracción de madera, impulsadas por el consumo en el extranjero, determina el estudio.

«El reglamento de deforestación de la Unión Europea (UE), que entrará en vigor a fines de 2026, aborda este problema al exigir que las importaciones a la UE se produzcan cumpliendo con las leyes de protección forestal de sus países de origen». Sin embargo, en la provincia de Chaco y otras provincias que forman parte de la región chaqueña, como Santiago del Estero, Formosa y Salta, la deforestación avanza para la producción sojera -principalmente para la alimentación de ganado-, ganadería y para extraer productos madereros (madera, carbón y extractos de tanino).

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La investigación identificó seis mecanismos para sortear la Ley Nacional de Bosques y lograr el desmonte en la provincia: recategorización de predios, permisos desvirtuados, sobreexplotación de madera, “blanqueo” de origen irregular, multas mínimas y actualización del mapa provincial para correr los límites.

Esta deforestación tuvo lugar en la zona del bosque conocido como el Impenetrable chaqueño, ubicado en la región del Chaco Sudamericano, la segunda región boscosa más grande de Sudamérica y donde los pueblos indígenas, como los qichí, gom y moqoit, denuncian la destrucción de sus territorios.

Estos seis mecanismos fueron implementados, según el estudio, por actores públicos y privados que «relajaron la ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques para eludir los estándares mínimos de la ley nacional argentina de protección de bosques». Así, ampliaron las áreas donde se podría producir madera o productos agrícolas en cumplimiento de las políticas transnacionales contra la deforestación.

Los autores afirman que «para evitar que estas respuestas desadaptativas se propaguen a otras regiones productoras, los países importadores deberían exigir productos que generen cero deforestación bruta».

Matías Mastrangelo, especializado en ambiente, conservación y sustentabilidad y unos de los autores del estudio, explicó a Mongabay Latam que esta investigación revela que solo la región de bosque llamada el Impenetrable, en la provincia de Chaco, perdió alrededor de 500 000 hectáreas de bosque nativo, el 90 % de toda la deforestación registrada en la provincia durante el periodo analizado, entre 2009 y 2025.

Entre las normas analizadas, Mastrángelo tomó una como ejemplo: el decreto provincial 2157/22 transformó zonas catalogadas en la Ley de Bosques como zonas amarillas (donde está prohibida la deforestación total del área) en zonas verdes, habilitando el desmonte total de esas zonas de bosque nativo.

“Nosotros calculamos que alrededor de 370 000 hectáreas de bosque protegido se perdieron en estos 15 años mediante estos mecanismos. De esa cifra, 270 000 fueron desmontadas de forma ilegal, sin ningún tipo de permiso. A esas 370 000 que ya se perdieron es posible que haya que sumarles las más de 200 000 hectáreas por la actualización del mapa de la provincia y ahí hablamos de más de medio millón de hectáreas que se perderían por estos seis mecanismos”, detalló Mastrángelo.

La actualización del mapa de la provincia de Chaco es el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), sancionado bajo la Ley Provincial número 4005-R. Este mapa redefine las zonas de conservación ambiental (rojo, amarillo y verde) que regulan el uso del suelo y los permisos forestales en el territorio.

El experto añadió que auditaron 15 042 permisos de uso del bosque, 127 632 guías de transporte forestal y múltiples expedientes tramitados entre 2009 y 2024. Además, detalló que una “porción significativa” de la superficie afectada correspondía a categorías de alto (zona roja) y mediano valor de conservación (zona amarilla), donde el cambio de uso del suelo está prohibido o regulado por la ley nacional, respectivamente.

Las maniobras que abrieron el desmonte

La investigación detalla los seis dispositivos administrativos que se utilizaron para avalar el desmonte en supuesta complicidad con la autoridad forestal chaqueña. La primera es la recategorización de predios, que consta en la modificación del mapa de zonificación para pasar de áreas protegidas a categorías que autorizan el desmonte.

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El segundo dispositivo son los permisos silvopastoriles desvirtuados, que son autorizaciones para manejo integrado que terminaron ejecutándose como tala rasa y sustitución total de la cubierta vegetal.

Luego viene la sobreexplotación maderera, que involucra permisos de extracción otorgados por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.

El cuarto mecanismo es el blanqueo de madera, que son los esquemas de regularización e incorporación al circuito comercial de productos forestales extraídos de desmontes ilegales.

Además, detectaron las multas no disuasorias: la aplicación de sanciones económicas cuyos montos resultaron insignificantes frente al beneficio financiero del cambio de uso del suelo.

Por último, están las actualizaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que redujeron de manera sustancial la superficie bajo protección estricta. Esto fue llevado adelante por las autoridades de la provincia de Chaco.

“La intención con la que los propietarios desmontan estos bosques protegidos apelando a este tipo de maniobras es sembrar la soja o maíz, o para sembrar pasturas y criar ganado. Sin embargo, esta zona es muy seca y frágil, ya que tiene suelos que rápidamente pierden su fertilidad cuando se les quita el bosque. No es una zona agrícola o ganadera”, afirmó Mastrángelo.

Mongabay Latam contactó a ex autoridades de la provincia de Chaco que tuvieron a su cargo el área ambiental y de bosques durante los años en que los investigadores señalan la aplicación de estas maniobras, pero no logró respuestas. También se contactó al equipo de comunicación del actual gobierno provincial, pero tampoco emitieron un pronunciamiento sobre este tema.

Mastrángelo afirmó que él también intentó contactarse con la actual gestión del gobierno de Chaco para mostrar los resultados del estudio y emitir algunas recomendaciones. “A pesar de mostrar esta evidencia, ellos siguen con la insistencia de ampliar la frontera agropecuaria y de seguir yendo en contra de sus bosques y de las familias que habitan en estos bosques”, dijo el experto.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y quien no participó del estudio, afirmó a Mongabay Latam que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) es una herramienta fundamental para proteger los ecosistemas forestales de Argentina. Sin embargo, advirtió que las actualizaciones en la provincia de Chaco hacen evidentes inconsistencias legales, técnicas y procedimentales en estos procesos.

Además, el experto detalló que los ajustes en los trámites administrativos violan principios ambientales clave, como los de no regresión -la imposibilidad de dar marcha atrás con una norma de protección ambiental- y progresividad -que implica la modernización y digitalización de trámites-, además de afectar directamente a las comunidades locales, especialmente indígenas, que habitan en estos territorios.

“Estas medidas representan un retroceso ambiental preocupante, ya que buscan habilitar el desmonte indiscriminado en un área clave para la biodiversidad. Con estos mecanismos se institucionaliza un incentivo perverso, promoviendo el negocio de la madera proveniente de desmontes ilegales. Todo esto implica un retroceso enorme para la protección de los bosques nativos chaqueños y consolida un modelo de explotación insostenible”, remarcó Nápoli.

El bosque chaqueño en riesgo

Chaco es una de las provincias argentinas más afectadas por la deforestación. En 2024 se perdieron casi 40 000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, de acuerdo con el monitoreo de la organización Greenpeace Argentina. Luego vino una baja considerable en las cifras que se debió a que la Justicia Federal de Chaco ordenó suspender los desmontes a mediados de 2024. Aún así, en 2025 se perdieron otras 17 000 hectáreas de bosque nativo en la provincia.

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En el estudio se destaca que las tácticas administrativas observadas en la provincia de Chaco guardan marcadas similitudes con procesos de erosión institucional documentados en la Amazonía brasileña y peruana, así como en el Cerrado, otro ecosistema boscoso clave de Sudamérica. Por ello, el caso chaqueño se posiciona como un modelo de estudio clave para comprender cómo se debilitan las políticas de conservación ambiental aun con marcos regulatorios vigentes, según detalló Mastrángelo.

El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.

“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.

Según la investigación, entre el 16 % y el 28 % de los permisos habilitaron la extracción de entre dos y tres veces la cantidad de madera que es posible extraer sosteniblemente. Ese excedente, dijo Mastrángelo, permite incorporar al circuito legal madera proveniente de zonas rojas o de desmontes sin permiso.

También aparecen las “autorizaciones especiales”, que permiten a empresas de carbón y tanino comprar madera de áreas desmontadas ilegalmente. En 2024, el 55 % de la madera extraída en la provincia del Chaco proviene de desmontes ilegales con este tipo de autorizaciones.

Según el estudio, las multas tampoco funcionaron como freno. En 2024, solo con la venta del quebracho colorado, un propietario pudo pagar la sanción y conservar una ganancia inmediata de 126.5 dólares por hectárea.

Ese mismo año, la provincia de Chaco modificó su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): excluyó de estrictos controles 270 000 hectáreas desmontadas ilegalmente y redujo la protección de otras 220 000. Así, casi medio millón de hectáreas quedaron habilitadas para el desmonte.

*Imagen principal: el estudio sostiene que se burló la Ley Nacional de Bosques para flexibilizar la protección de bosque nativo en la provincia de Chaco, Argentina. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace Argentina

REFERENCIAS

Mastrángelo, M.E., Aguiar, S. & Krause, V. Subnational mechanisms undermine transnational anti-deforestation policies. Nat Sustain (2026). https://doi.org/10.1038/s41893-026-01917-5

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El pasado 19 de febrero una noticia sorprendió a los indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, los cuatro pueblos ancestrales que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo montañoso único en Colombia, aislado de los Andes y el más alto del mundo junto a la costa, con picos que superan los 5700 metros. El Consejo de Estado, uno de los altos tribunales del país, declaró la nulidad del decreto 1500 de 2018, más conocido como el decreto de la Línea Negra.

Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas, trazando un límite simbólico y sagrado llamado “Línea Negra” (o Sheshiza, en su cosmovisión), basado en 348 espacios sagrados. Su principal objetivo era proteger el valor espiritual, cultural y ambiental del territorio, regulando el uso de recursos, la consulta previa en decisiones que los afecten y su autonomía en la conservación.

“Para los pueblos indígenas esta decisión significa desconocer un proceso histórico de reivindicación de nuestras culturas y del conocimiento que tienen los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta”, dice José Mario Bolívar, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Wiwa. Por su parte, Jaime Luis Arias, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Kankuamo, asegura que rechazan la decisión y les preocupa porque “la interpretación que hace este tribunal es completamente regresiva en derechos”.

La sentencia del Consejo de Estado, que no puede apelarse, también generó rechazo en sectores sociales y ambientales. Juana Hofman, directora de integración territorial técnica en Amazon Conservation Team (ACT), comenta que la decisión de anular el decreto por razones de forma y no de fondo pone en jaque más que un acto administrativo. “Lo que está en riesgo son los avances en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la garantía efectiva de la diversidad étnica y cultural y, en un plano más estructural, la coherencia del Estado colombiano como Estado social de derecho que se reconoce pluriétnico y multicultural”.

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Un decreto que incomodó desde el momento de su firma

Los principales argumentos del Consejo de Estado para anular el decreto de la Línea Negra están en que, al momento de ser expedido, no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y no se agotó la consulta previa con otros grupos étnicos que quedaron incluidos dentro del territorio ancestral, entre ellos los pueblos indígenas ette enaka y wayúu, así como varios consejos comunitarios afro.

El alto tribunal también expresó que en 2018 hubo un exceso en la potestad reglamentaria del Presidente, quien interfirió en la autonomía territorial de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y en la de sus municipios.

Se generó tanta polémica que pocos días después de conocerse la sentencia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a favor de los pueblos indígenas y propuso la elaboración de una nueva norma. “He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo. Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la Línea Negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua”, dijo el mandatario.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el decreto de 2018 un día antes de dejar su cargo, también defendió la norma. “Los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo están en riesgo. Preservar la Línea Negra no es un capricho. Es proteger la Sierra Nevada, su riqueza incomparable y su dimensión espiritual. Y es honrar una orden de la Corte Constitucional”, dijo en un video que publicó en la red social X. Dicha orden le pedía al Gobierno Nacional adoptar medidas efectivas para delimitar y proteger el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas.

Jenny Ortiz es coordinadora del Programa Movilización, Derechos Humanos e Interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fundación colombiana dedicada a la investigación, formación y defensa de los derechos humanos y la paz. Según dice, detrás de la demanda que llevó a la nulidad del decreto hay intereses económicos, ya que la norma funcionaba como una barrera que impedía la entrada de agricultura a gran escala y proyectos extractivos como la minería.

Datos recogidos y procesados por el CINEP, y que fueron obtenidos de la plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), muestran que para febrero de 2024 existían 151 títulos mineros vigentes dentro de la Línea Negra, los cuales ocupaban un área de 77 805 hectáreas, aunque la mayoría se encuentran inactivos o en fase de exploración. También había registro de 95 solicitudes mineras en espera de aprobación y que abarcan 74 644 hectáreas.

Precisamente, una de las preocupaciones con la nulidad del decreto es que las presiones mineras, agroindustriales y petroleras aumenten.

Hofman afirma que desde 2018 sectores gremiales y económicos alertaron que la aplicación del decreto “paralizaría el desarrollo” de tres departamentos y que cualquier actividad requeriría consulta previa. Sin embargo, para ella, no se prohibía el desarrollo sino que se establecían reglas de protección y coordinación en un territorio ancestral reconocido. “Lo que incomodaba era el reconocimiento efectivo de límites al extractivismo y a una expansión sin diálogo”, dice.

Jaime Luis Arias comenta que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta son conscientes de que históricamente ha habido intereses por explotar toda la riqueza cultural y ambiental de la zona. “Esta decisión desde luego afecta y crea una incertidumbre jurídica [que favorece] a esos intereses porque este decreto obedecía, precisamente, a una decisión de la Corte Constitucional que orientaba a establecer mecanismos y garantías para la protección del territorio”. Arias agrega que no solo se trata de intereses legales sino que en la Sierra hay minería ilegal y grupos armados que generan afectación a los derechos de los pueblos indígenas.

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Un nuevo decreto viene en camino

Aun en medio del escenario de preocupación, los expertos consideran que la Sierra Nevada de Santa Marta no queda del todo desprotegida. “Cualquier actividad que genere afectación sobre los cuatro pueblos indígenas tiene que pasar por consulta previa”, comenta Hofman.

Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), considera que el territorio ancestral que está fuera de los resguardos, y es parte del polígono conocido como Línea Negra, no queda desprotegido porque el decreto se cayó, pues hay otras figuras legales que lo protegen, como el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia o tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran en constantes reuniones para pensar en un nuevo decreto, aunque José Mario Bolívar dice que tienen claro que una norma no los hace indígenas ni cambia su cosmovisión: para ellos el decreto era “un formalismo para podernos entender en el diálogo y en la convivencia con un pensamiento [occidental] diferente”.

Además, después del apoyo del presidente Petro, los indígenas iniciaron acercamientos con el Gobierno Nacional. El 28 de febrero Gabriel Rondón, viceministro del diálogo social y los derechos humanos del Ministerio del Interior, instaló un espacio de diálogo intercultural para construir colectivamente la ruta hacia un nuevo decreto de protección de la Línea Negra. “El propósito es empezar desde el principio, aclarar dudas y generar una ruta amplia que nos lleve a concertar un nuevo acto administrativo sin las fallas del anterior”, dijo Rondón.

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 4 de marzo el inicio de la consulta previa sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Oficialmente declaro iniciado el proceso de consulta a las comunidades étnicas de la Sierra en pos de la Línea Negra”, dijo al cierre de una asamblea donde participó cada uno de los delegados de los pueblos indígenas y afro.

Los gobernadores indígenas le dijeron a Mongabay Latam que esperan que el decreto quede listo en abril. Sin embargo, Bolívar es insistente al afirmar que la nulidad de la norma no cambia para nada la manera en que los indígenas se relacionan con el territorio y sus sitios sagrados. “Siempre hemos sido claros: con o sin decreto nosotros seguiremos defendiendo el territorio de la Línea Negra”, concluye.

*Imagen principal: el decreto de la Línea Negra buscaba proteger más de 300 lugares sagrados de cuatro pueblos indígenas. Foto: cortesía AIDA/Yeny Rodríguez.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La Junta Directiva de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia -ASODIPLO- ha reservado la edición 29 de la revista Orbis, al análisis sobre los “Desafíos del multilateralismo frente a la gobernanza global”. La revista esta indexada en Google Scholar.

Para el numero 29 de la revista, se convoca e invita a todos los expertos en política exterior, relaciones internacionales y afines, a los académicos, a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a altos funcionarios de las demás instituciones del Estado, al cuerpo Diplomático acreditado en Colombia y en otros países, y a las agencias, oficinas y programas de las Naciones Unidas, a presentar artículos en los que se haga análisis o evaluación sobre el tema, estado actual y desafíos.

Quienes tengan interés en presentar artículos, deben informar al Comité Editorial de la Asociación a través de la página web de la revista, previa inscripción del autor: https://revistaorbisasodiplo.org/index.php/orbis/index y al correo orbis@diplomaticos-colombia.org a más tardar el 13 de marzo del 2026.

Los textos deben ser artículos originales, de análisis o naturaleza académica, en lenguaje claro y que cite las fuentes de forma precisa según el formato de las Normas APA, 7ª edición, 2019: https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7maedicion.pdf

Presentamos una lista de temas sugeridos, como orientación para los autores:

• Multilateralismo en un mundo fragmentado:   geopolítica, polarización y rivalidades estratégicas.
• Gobernanza global frente a desafíos transnacionales.
• El papel de los Estados del Sur Global en la redefinición del multilateralismo.
• Rol de la sociedad civil, el sector privado, las ciudades, los pueblos indígenas y la academia en los procesos multilaterales.
• Derecho internacional y multilateralismo bajo presión.
• Multilateralismo, derechos humanos y enfoques diferenciales.
• Innovación diplomática y nuevas formas de cooperación multilateral.

Características técnicas:1. Extensión: 2.500 a 5.000 palabras.
2. Formato: Word.
3. Tipo de letra: Arial.
4. Tamaño de la letra: 12 puntos.
5. Interlineado: 1.
6. Tamaño de la página: 21.5 x 28 cm (tamaño carta).
7. Márgenes: Laterales de 3 cm y superior e inferior de 2.5 cm.
8. Idioma: español o inglés.

Estructura:
1. Título: Precisa el tema del texto.
2. Autor(es): Nombre completo, cargo, dependencia/entidad y correo electrónico.
3. Resumen y palabras clave: Incluye una síntesis del contenido de las secciones del texto de no más de 200 palabras. Asimismo, el autor identificará entre 4 y 6 palabras clave que describan el contenido del texto y aclaren la temática. Las palabras deben seguir el Tesauro de la UNESCO: https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
4. Introducción: Presenta el tema a abordar, el problema y la hipótesis o reflexión que va a sustentar.
5. Desarrollo: Presenta los argumentos y las razones que apoyan la tesis planteada. También, puede incorporar diagramas, ilustraciones y/o fotografías que complementen el texto presentado. Se sugiere limitar al mínimo necesario las notas y referencias bibliográficas.
6. Conclusión: Sintetiza las ideas principales del texto.

Los invitamos a consultar los numero publicados de la revista ORBIS en nuestra pagina diplomaticos-colombia.org | Diplomáticos de Colombia

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*COMITÉ EDITORIAL
Asociación Diplomática y Consular de Colombia
orbis@diplomaticos-colombia.org

La creación de un mecanismo de transición justa ha sido considerada por especialistas como la mayor victoria de la conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas (COP30) realizada en Belém, Brasil, durante noviembre. Se trata de un instrumento que busca descarbonizar la economía, pero que todas las personas reciban los beneficios de la transición de industrias a modelos más limpios, especialmente en la energética.

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Tuvieron que darse años de diálogos entre los países para acordar este mecanismo. El proceso que seguirá en 2026 será más complejo porque los Estados deberán decidir cómo se va a implementar, quiénes lo van a financiar y bajo qué condiciones.

Especialistas consultados por Mongabay Latam detallan los retos para sacar adelante el acuerdo, pues nació sin una gobernanza clara y sin un financiamiento establecido, cuya discusión podría generar tensiones entre los países.

Además, el mecanismo surgió en medio de dos disonancias importantes: la presión de naciones petroleras que obligó a borrar toda referencia explícita a combustibles fósiles, así como a los minerales de transición, aquellos que tienen gran capacidad de almacenar y distribuir energía. Sin embargo, explican los especialistas, el acuerdo cuenta con instrumentos para traducirse en políticas que avancen a esquemas menos contaminantes, pero cuiden al mismo tiempo a comunidades que dependen, por ejemplo, del carbón y del petróleo, así como a pueblos indígenas y campesinos expuestos a los impactos de la industria minera.

Estos son los matices de una victoria histórica que busca llegar a los más vulnerables frente a la crisis climática.

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Avanzar pese a las contradicciones

Aunque los países aprobaron en el llamado Paquete Belém acuerdos que no incluyen menciones al abandono de los combustibles fósiles o a los impactos de los minerales críticos, especialistas ven en el mecanismo una victoria para impulsar la justicia climática al haber un reconocimiento explícito a los derechos humanos, laborales, de las mujeres, personas migrantes, jóvenes y pueblos indígenas.

Para Laura Montaño, abogada y coordinadora de la Red por la Justicia de los Recursos para América Latina y el Caribe, este acuerdo es como una versión de la película Don’t Look Up, una sátira donde astrónomos advierten a la sociedad de un cometa mortal que está por estrellarse en la Tierra, pero se encuentran con indiferencia política y una negación de la catástrofe. La especialista considera grave que los países evadan los conflictos más sensibles por ignorar la realidad de que los combustibles fósiles son los principales responsables del calentamiento del planeta.

Sin embargo, al mismo tiempo destaca herramientas legales y diplomáticas que dejan la puerta abierta para incluir la relación entre clima, recursos naturales y derechos humanos

“Es un tema de creatividad. El hecho de que a mí no me digan explícitamente una cosa, no significa que yo no pueda generar ciertos vínculos”, destaca Montaño y pone de ejemplo la omisión a los minerales críticos.

Si bien no hay un reconocimiento en el texto a estos minerales de transición —como el cobalto, el cobre, el grafito, el litio o el níquel—, sí se puede hablar de diversificación económica para atender a las comunidades en los procesos de cierre de minas de carbón o de bloques petroleros.

“Hablar de transición justa es quitar este purismo climático a la agenda y ver que viene con muchas otras cosas de por medio. Si entro a hablar de pueblos indígenas, tengo que hablar del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre consulta previa en los proyectos de infraestructura, mineros o petroleros”, explica a Mongabay Latam.

Jorge Martínez, coordinador de Estrategia Climática de Oxfam México, sostiene que el acuerdo también fue un logro, en gran parte, de la sociedad civil, que por años ha impulsado una visión de derechos humanos para atender la crisis climática.

“Lo consideramos un logro importante porque fue lo que la sociedad civil más empujó y se vio reflejado al final. Realmente se puede influir en las decisiones de los documentos”, sostiene.

Agrega que aunque hay una debilidad en no mencionar a los combustibles fósiles y a los minerales de transición, sí hay elementos que permitirán defender derechos humanos en la transición de las industrias y evitar que esta conversión genere zonas de sacrificio.

“Se habla del consentimiento libre e informado de las comunidades [indígenas] que van a ser afectadas. Hay por lo menos una salvaguarda potencial para evitar daños e impactos socioambientales de la transición”, dice a Mongabay Latam.

En el mismo sentido, Camila Mercure, coordinadora de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca el trabajo de la sociedad civil para impulsar el Belém Action Mechanism (BAM) como la iniciativa para pasar de los diálogos a la acción e implementación de políticas. El objetivo, explica, es identificar caminos para la cooperación internacional, transferir tecnología entre países y guiarlos en la implementación de la acción climática.

“Lo que propone es que haya una entidad de coordinación que esté bajo la UNFCCC [Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático] que pueda guiar, pero que también haya otros componentes en la generación de conocimiento y de acción, desde apoyos técnicos y financieros”, explica.

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Financiamiento, el tema incómodo en la mesa global

El dinero siempre ha sido un tema que ha trabado las negociaciones climáticas a nivel global, incluso para el nacimiento de este mecanismo que se había ideado desde hace tres años en la COP27, realizada en Egipto, donde esta iniciativa no pasaba de ser solo diálogo entre los países, sin ningún tipo de obligación.

Ahora, con la creación del mecanismo, los países deberán financiar esta iniciativa, pero quién pagará y cuánto es algo que no se ha definido.

Mercure destaca que este será un gran reto para las naciones en 2026, pues considera que el financiamiento no debe ser en forma de deuda para los países en desarrollo, que les genere mayores presiones, algo que nunca es bien visto por los países del norte global, quienes han sido los responsables de aportar el dinero para medidas de adaptación al cambio climático.

“Acá va a surgir el primero de los conflictos, cuando llegue el momento de hablar de cómo se financia este mecanismo va a haber una primera disputa entre los países porque los países del norte global no quieren abrir nuevas ventanas”, dice la experta a Mongabay Latam.

La especialista también destaca que en comparación con el financiamiento que los países desarrollados están destinando a frentes como la militarización o la defensa, el gasto del mecanismo es “ínfimo”.

Martínez destaca la adaptación y mitigación como ejes donde el financiamiento es crucial, por lo que señala la transferencia de tecnología que permita a los países desarrollar sus capacidades locales con apoyo internacional.

Además, explica que más allá de los acuerdos que adoptaron los países en la COP, hay opiniones consultivas hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que señalan las responsabilidades de Estados y empresas en los impactos de la crisis climática, así como sus obligaciones para reparar los daños.

“Cada Estado debe velar para que esa transición sea justa, que llegue a las comunidades, con el principio de prosperidad compartida”, advierte. “No es nada más no crear daños, sino cómo se van a distribuir de manera más equitativa los beneficios”, sostiene el especialista.

Añade que el dinero que aporten los países desarrollados tiene que ser visto como una inversión en una crisis y no como un gasto o una donación, uno de los principios clave para la transición.

“Debe haber un principio de que quienes son culpables por los daños sean responsables por la cuenta, que es una inversión. Son las empresas, los ricos, quienes más han contaminado y quienes deben pagar para tener el financiamiento y llevar esto a las personas y a las comunidades”, señala Martínez.

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En tanto, Montaño advierte que ante la salida de Estados Unidos de los acuerdos y la poca iniciativa de los países de la Unión Europea en el financiamiento climático, China puede ser el país que lidere inversiones en este mecanismo mediante la transferencia de tecnología.

“¿Cuál es una ventana de oportunidad? El sector banca multilateral y el sector privado en términos de transición. China puede tener un rol protagónico porque tienen la tecnología para la transición justa”, explica.

Sin embargo, Montaño también comenta que existen barreras en el acceso a la tecnología, un tema que hasta ahora no ha sido abordado en el mecanismo de transición y que sería clave para incorporar proyectos comunitarios.

“Esa es nuestra pelea como sociedad civil, hablar de una transición que ponga las comunidades en el centro, que busque una democratización de la energía y los derechos laborales”, sostiene.

Montaño y Mercure agregan que estos principios de justicia deben aplicarse no solo en la transición energética sino en industrias como la agricultura, la ganadería o las relacionadas al cambio de uso de suelo.

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Las fechas clave para el seguimiento a la transición justa

La política climática global no se terminó en Brasil, sino que tiene que avanzar en etapas para llegar a finales de 2026, en Antalya, Turquía, donde deberán plasmarse avances del mecanismo.

El siguiente paso será el próximo 15 de marzo, cuando los países, pero también otros actores puedan aportar iniciativas de cómo debería ser este mecanismo. Posteriormente, en junio de 2026 se realizará la Conferencia de Bonn, Alemania, sobre el Cambio Climático, una reunión intersesional que sirve como preámbulo para la cumbre climática que se realizará entre noviembre y diciembre del próximo año.

“Nos dará un termómetro de cuáles son los principales puntos calientes o controversias entre los países de disonancia en términos del mecanismo. Ahí vamos a poder ver cuáles son esas dificultades y esos desafíos para llegar a Turquía con una decisión robusta y sólida del mecanismo”, dice Mercure a Mongabay Latam.

Montaño agrega el reto de que durante 2026 el mecanismo se implemente lo más fuerte posible y sea vinculante para los países, al considerar que el eje de transición justa se ha estancado durante años en las negociaciones climáticas.

“La transición justa es algo que se viene mencionando hace 20 años y lo máximo que se ha hecho es que China sea casi eléctrica, pero no está resolviendo problemas de fondo de países que igual se van a ver una situación muy complicada en poco tiempo”, explica la especialista sobre las sociedades dependientes de combustibles fósiles, principalmente en Latinoamérica, como Colombia, Ecuador o México.

Las especialistas advierten que si se quiere avanzar en transición energética dentro de un año, los países deberán definir la gobernanza del mecanismo, cuáles serían sus funciones, sus elementos y cómo se coordinarán las partes involucradas para su implementación.

Por ahora queda en el aire si los principios logrados en Belém se traducirán en obligaciones mínimas y en financiamiento real para el próximo año. Sin estos componentes, la transición justa quedará solo en texto.

Imagen principal: el acuerdo reconoce explícitamente derechos humanos, derechos laborales, de género, de juventud y el consentimiento previo, libre e informado para pueblos indígenas, señalados por la sociedad civil como avances sin precedentes. Foto: cortesía UN Climate Change.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La revista Orbis de carácter informativo, académico y analítico sobre temas de política exterior de Colombia es una publicación de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), dirigida al cuerpo diplomático, los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades estatales, académicos y público interesado en las relaciones internacionales.

La presente edición No. 28 del mes de agosto de 2025, se ha dedicado a los nuevos enfoques de la política exterior colombiana. Incluye artículos de reflexión indexados, escritos literarios y temas relacionados con la COP16 de Biodiversidad, celebrada en Cali, y su impacto en la diplomacia ambiental y la cooperación internacional.

Entre los escritos que encontrarán los lectores, se encuentran artículos sobre medio ambiente, diplomacia para la paz, acciones de reparación a víctimas, protección de la Amazonia, recuperación del patrimonio precolombino en el exterior, figuras históricas del abolicionismo y el litigio ante la Corte Internacional de Justicia.

Adicionalmente, se incluyen referencias a dos instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes concertados en tiempos recientes y de gran importancia: El Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales, en el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar, acordado en el año 2023 y abierto a firma de los países hasta septiembre de 2025; y el Acuerdo sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias en el marco de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, el cual fue adoptado por consenso de los países en mayo de 2025.

Nos complace también que entre los autores y colaboradores de este número 28 de Orbis, se cuenten altos funcionarios del Estado, exfuncionarios, académicos y diplomáticos, a quienes agradecemos su tiempo y disposición. Así mismo, manifestamos nuestro especial reconocimiento a los pares académicos que evaluaron de forma independiente los artículos de la revista, en el marco de su indexación.

Para ilustrar la edición No. 28, ASODIPLO convocó a un concurso de fotografía entre los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron empleados para la portada y para un artículo. Solo dos fotografías de las presentadas cumplieron los estándares requeridos y, por lo tanto, otros miembros de la Asociación, fuera del concurso, aportaron las demás fotografías. En la portada aparece la fotografía ganadora del primer premio del concurso, del asociado, tercer secretario Federico Rocha, titulada Pequeña voz del Amazonas, que presenta una diminuta rana venenosa del Amazonas de la especie Ranitomeya amazonica. Se estima que en el Amazonas habitan más de mil especies de ranas, cada una con características únicas. En palabras del autor “Esta pequeña criatura es un poderoso recordatorio de la extraordinaria diversidad biológica que alberga Colombia”, tema central de la edición.

La tradicional separata artística incluye material fotográfico elaborado en el contexto de la COP16 del Convenio de Diversidad Biológica, que se llevó a cabo en Cali, Colombia, en octubre de 2024, testimonio del gran logro que representó la Conferencia para el medio ambiente del planeta y para posicionar la política exterior de nuestro país en los escenarios multilaterales. Agradecemos al Ministerio de Relaciones Exteriores por autorizar su reproducción.

Finalmente, la revista presenta al final, el recuento de las actividades desarrolladas por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia en el periodo marzo 2024 a junio 2025.

Siguiendo el formato que inauguramos con el número 24 de Orbis, para los ejemplares impresos de la revista se utiliza papel ecológico, reafirmando nuestro compromiso con la sostenibilidad.

Los invitamos a explorar los contenidos de la revista Orbis No. 28, edición en formato digital, en https://diplomaticos-colombia.org/revista-orbis/ 

*Comité Editorial

ASODIPLO

Una broma… una presunta broma realizada por sus compañeros de trabajo le costó la vida a Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años “Papayita” en el estado de Coahuila, México, el 30 de agosto de 2025, luego de que ingirió un químico desengrasante que fuera puesto en su bebida.

Según los familiares de” Papayita” como le decían de manera cariñosa, Carlos Gurrola había sido víctima reiteradamente de acoso laboral por parte de sus compañeros, hoy una investigación abierta busca aclarar qué fue lo sucedido, sus allegados, la comunidad y las redes sociales exigen justicia y una pronta toma de acciones al respecto.

Lo sucedido a” Papayita” dentro de su entorno laboral, en la empresa en la que trabajaba y con sus compañeros, no deja de hacer ruido en mi cabeza; como consultor organizacional en temas de desarrollo, competencias, habilidades y estrategias de capacitación organizacional, me surgen preguntas como;

¿Es esto un caso aislado? ¿este caso de “mobbing” o acoso laboral, llegó a un punto extremo? ¿estamos dándole la importancia necesaria al tema? ¿cuándo somos adultos cambiamos el bullying por el mobbing?

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su primera encuesta mundial sobre el tema (2022), reveló que más de uno de cada cinco trabajadores (alrededor del 23%) ha experimentado alguna forma de violencia y acoso en el trabajo, ya sea físico, psicológico o sexual.

Actualmente enfermedades como la depresión y la ansiedad se han convertido en una realidad existente y de impacto en las organizaciones y, aunque se pueden presentar sin que haya “mobbing”, cuando éste efectivamente sucede se aceleran e incrementan los riesgos estando directamente relacionados.

Desde mi rol profesional y sobre todo desde mi rol de padre (Luciana y Adrián) surge la inquietud de: ¿vamos a estar expuestos en todas las etapas de nuestras vidas a esta realidad?

Sin tener que pensarlo mucho me doy cuenta de que sí, va a suceder siempre, y por esto considero que existen tres frentes estratégicos en los que se debe seguir tomando acción y creando cultura.

1. La familia

Es necesario tener conversaciones que pueden ser incomodas con nuestros hijos sobre el bullying y aunque tengo claro que como padres queremos prepararlos para que sepan cómo actuar.

Si son víctimas es nuestra responsabilidad ver la otra orilla, debemos explicarles y darles herramientas que les permitan identificar cuando pueden ser ellos los que están tomando el rol de acosador o agresor, la línea puede llegar a ser muy delgada como en el caso de ”Papayita” donde lo que se calificó como una simple broma le costó la vida.

A le vez que se refuerzan valores y se da ejemplo desde casa, tenemos la obligación de acompañar y desarrollar en nuestros hijos habilidades y estrategias reales que puedan implementar para el cuidado de sus emociones y las emociones de los otros, donde capacidades como la tan nombrada comunicación asertiva se trabaje desde entornos más estratégicos y menos poéticos que permitan claridad y balance real entre el contenido y la relación (lo que digo o hago, lo que el otro siente).

2. La academia

El colegio y la universidad son los escenarios en los que por varios años tratamos de encajar y definirnos, lo que nos hace competitivos, impulsivos y en ocasiones vulnerables a decir y a tomar acciones que muchas veces sin el acompañamiento adecuado nos convertirán en agresores inconscientes.

Nos preparamos para una vida donde el conocimiento de las ciencias, las matemáticas y otras materias nos van a facilitar la adultez, esa misma adultez en la que cada vez es más importante estar preparados para no quebrarnos emocionalmente y no ser responsables de quebrar emocionalmente a otros.

Pero en un entorno académico donde todavía prima la nota y donde se reconoce y premia el aprendizaje de memoria, son las instituciones educativas, que están involucradas activamente con el desarrollo de alumnos, las que tienen la capacidad de interactuar siendo responsables de su autoconocimiento, autocontrol, automotivación, relacionamiento social y el impacto en el otro.

Son ellas las que realmente están preparando adultos listos para la vida, para una vida donde se puede responder a los retos emocionales y de convivencia.

3. Las organizaciones

Siendo el ultimo frente de acción las empresas no dejan de ser claves y estratégicas, esperaríamos que el bullying no trascendiera a una etapa adulta, pero ya tenemos claro que sí lo hace y además muta, se convierte en mobbing.

Aislamiento, exclusión, agresiones, humillaciones, burlas, sobrecargas, abuso de poder, entre otros, son escenarios que hoy todas las empresas buscan erradicar. La creación de culturas organizacionales que apoyen y trabajen estos temas son en la actualidad el objetivo de muchas áreas de Recursos Humanos.

Todos los que, de diferentes formas, tenemos la posibilidad de crear nuevos entornos que minimicen los efectos de estas realidades debemos pasar de la teoría a la práctica, no se trata de salir bien en la foto y poder decir que somos una gran empresa para trabajar.

El mundo organizacional actual es cada vez más rápido, más exigente, más competitivo. Necesita profesionales justos con la capacidad de llegar a resultados sin sacrificar su propio bienestar, ni el bienestar de otros.

Esto significa que para este mundo empresarial que cada día exige resultados diferentes las organizaciones tienen que impulsar en sus colaboradores el desarrollo de habilidades de productividad emocional y relacional entre otras de manera proactiva y no de forma reactiva.

El bullying y el mobbing no son una broma, no son de generaciones mal llamadas de cristal y no son modas. Son realidades que están impactando la vida de las personas y en repetidas ocasiones acabando la vida de muchas personas como “Papayita”.

CARLOS ANDRÉS RÍOS
Socio Inspira-t
Consultor organizacional en Colombia e Iberoamérica

Un reciente estudio científico liderado por la doctora en Ecología y Biología Evolutiva Rocío Álvarez Varas ha encendido las alarmas sobre la salud de las tortugas marinas que se alimentan en las aguas de Rapa Nui, en el océano Pacífico de Chile. Entre 2018 y 2024, un equipo de investigación analizó muestras de 52 tortugas verdes (Chelonia mydas) en esta isla chilena, encontrando alteraciones fisiológicas que están asociadas con deficiencias nutricionales, infecciones y exposición a contaminantes.

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio fue la detección de concentraciones de mercurio, consideradas entre las más elevadas del mundo registradas en esta especie. Este metal pesado puede tener efectos tóxicos severos en la salud de los animales marinos, alterando funciones inmunológicas, reproductivas y neurológicas.

Las tortugas verdes, una especie catalogada en Peligro de Extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), llegan a Rapa Nui para alimentarse y permanecer allí durante largos períodos, hasta alcanzar la madurez sexual, que puede tardar hasta 30 años.

“La exposición prolongada a contaminantes en esta etapa crítica de desarrollo plantea serias preocupaciones sobre su supervivencia a largo plazo”, alerta Álvarez.

Aunque todavía no se ha identificado con certeza la fuente exacta del mercurio, los investigadores sospechan que podría estar relacionada con la alimentación oportunista de las tortugas, que consumen restos de peces de gran tamaño —como el atún— que son descartados y lanzados al mar tras las faenas de pesca artesanal. Estos peces, al estar en lo alto de la cadena trófica, acumulan mayores concentraciones de contaminantes, como mercurio, los que podrían estar siendo transferidos a las tortugas.

Este estudio no solo representa una llamada de atención sobre la presencia de contaminantes en los ecosistemas marinos, sino que también abre nuevas preguntas sobre posibles riesgos para otras especies, incluida la salud humana. Una de las hipótesis que los científicos exploran es que el mercurio acumulado en peces de alto nivel trófico, como el atún, no solo podría estar siendo transferido a las tortugas sino también a las personas que los consumen con frecuencia en Rapa Nui.

La doctora Álvarez y su equipo planean continuar investigando para determinar con mayor precisión el origen de esta contaminación, sus vías de transferencia y sus consecuencias ecológicas y sociales.

Las posibles fuentes del mercurio

El hallazgo más inquietante del estudio no solo fue la detección de mercurio en la sangre de las tortugas, sino que los niveles de contaminación están entre los más altos reportados a nivel mundial para la especie Chelonia mydas. Los investigadores encontraron correlaciones directas entre las concentraciones de mercurio y anomalías en los perfiles sanguíneos de los animales: anemia, inmunosupresión y elevados niveles de enzimas hepáticas y renales fueron algunas de las señales fisiológicas que indican un estado de salud deteriorado.

“Estos resultados muestran un cuadro clínico preocupante, especialmente porque hablamos de individuos juveniles, en una etapa clave para su desarrollo y supervivencia”, explica Álvarez, quien también es profesora asociada del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Aunque Rapa Nui se encuentra aislada geográficamente, la presencia de mercurio en estas tortugas sugiere que ni siquiera los ecosistemas más remotos están libres de contaminación. Sin embargo, investigaciones del centro de Ecología y Sustentabilidad en Ambientes Oceánicos Insulares (ESMOI) han demostrado que los peces locales no están contaminados.

“Hicimos un análisis de contaminantes en peces costeros de la isla y los resultados mostraron que tienen los niveles más bajos de mercurio y glifosato de todas las islas del Pacífico”, cuenta el biólogo marino Javier Sellanes, investigador de ESMOI. ¿Cómo se explica entonces que las tortugas estén tan contaminadas? “Porque no se alimentan de esos peces”, dice Sellanes. “Se alimentan de los restos de grandes depredadores, como el atún, que no son locales”.

El atún, como especie pelágica y migratoria, puede recorrer vastas distancias por el Pacífico, acumulando contaminantes en su camino. “Los atunes no son endémicos. Hoy pueden estar en Rapa Nui, mañana en [las islas] Salas y Gómez , y en tres días más en Taiwán. Al ser depredadores tope, van bioacumulando mercurio en sus tejidos. Por eso, sin importar de dónde vengan, siempre tienen niveles altos de mercurio”, añade el investigador.

Para los investigadores, este hallazgo pone en evidencia la necesidad de integrar el conocimiento científico con políticas de manejo costero y, sobre todo, con educación ambiental dirigida a las comunidades.

Desde la mirada local, la presencia de tortugas alrededor de las embarcaciones no genera mayor alarma. “No es que el pescador les dé de comer, pero ellas se acostumbraron al sonido del bote, saben que traen comida”, relata Nels Hereveri, pescador rapanui. “Nosotros hacemos nuestro trabajo y la tortuga aprovecha el descarte de restos de pescado que lanzamos al mar”, agrega.

La relación no se basa en una alimentación intencional, aclara Hereveri, sino que es una consecuencia de la convivencia cotidiana entre especies que comparten el mismo borde costero. Esta familiaridad también implica otros riesgos: al asociar el ruido del motor con alimento, muchas tortugas se acercan a las embarcaciones y algunas terminan golpeadas, lo que explica las lesiones detectadas en sus caparazones.”El 50 % de las tortugas evaluadas tienen daño en el caparazón probablemente causadas por hélices”, asegura Alvarez.

El fenómeno de bioacumulación —que según una hipótesis del estudio estaría relacionado con el consumo de peces de gran tamaño, como el atún— no solo podría estar afectando a las tortugas, sino también poniendo en riesgo la salud humana.

“Aquí en la isla se come mucho atún. Sabemos que tiene mercurio, pero es parte de nuestra vida, es un pescado exquisito”, comenta Hereveri.

Más allá del impacto ecológico, esta situación refleja la complejidad de las relaciones entre comunidades humanas y fauna silvestre. No se trata de prácticas negligentes, sino de interacciones tradicionales que hoy se ven atravesadas por contaminantes globales y transformaciones ambientales.

Hereveri, que además se desempeña como buzo, cuenta que cuando encuentra una tortuga herida o enferma, no duda en actuar. “Si veo que está mal, la limpio, le saco los cangrejos o las algas que se le pegan, lo hago con lo que tenga a mano, una piedra o un cuchillo”, relata.

Para Hereveri, este vínculo con la tortuga no es nuevo, sino parte de una historia milenaria. “En la antigüedad, nuestros tupuna —ancestros en lengua rapanui— llevaban tortugas en las canoas, porque las tortugas siempre vuelven a tierra. Era una forma de guiarse en el océano”, explica.

Este conocimiento empírico y cuidado espontáneo muestran que la comunidad local no es parte del problema, sino una aliada clave para la solución. “Incorporar sus voces, saberes y prácticas será esencial para avanzar hacia una conservación más justa, efectiva y culturalmente enraizada en Rapa Nui”, sostiene Álvarez.

Por otro lado, los científicos no descartan un origen natural del mercurio, vinculado a procesos geológicos o climáticos antiguos. Un estudio paleoclimático liderado por la geoquímica Marta Pérez Rodríguez documentó 71 000 años de deposición natural de mercurio atmosférico en los sedimentos de la turbera Rano Aroi, lo que demuestra que este metal ha estado presente en la isla durante milenios.

“Aún se requiere más investigación para determinar si esta fuente natural podría explicar los altos niveles observados actualmente en las tortugas”, sostiene Álvarez.

Monitorear para proteger

Desde 2018, la doctora Rocío Álvarez lidera los monitoreos científicos de tortugas verdes en Rapa Nui. Aunque la pandemia obligó a suspender temporalmente los trabajos, estos se retomaron con fuerza en 2023 y 2024, involucrando la captura temporal de tortugas para la recolección de muestras biológicas que luego son analizadas en laboratorio.

Un aspecto clave de esta investigación es la participación activa de la comunidad local. Álvarez trabaja con un grupo de aproximadamente siete voluntarios que viven en Rapa Nui, quienes apoyan en las tareas de campo y contribuyen a generar un vínculo respetuoso y colaborativo entre la ciencia y las tradiciones locales.

Entre ellos está Nayade Campos, buzo y voluntaria que lleva 10 años viviendo en Rapa Nui.

Recuerda que llegó a la isla en 2014, atraída por la vida tranquila y el profundo contacto con la naturaleza. Aunque reconoce que adaptarse no fue un proceso fácil, valora la experiencia y el aprendizaje que le ha entregado la isla.

Nayade Campos participó en los monitoreos de tortugas en 2023 y 2024. “Partíamos temprano, a las nueve de la mañana, con el equipo ya organizado. Dos o tres personas entraban al agua para capturar las tortugas, que están bastante acostumbradas a la presencia humana, así que es fácil atraparlas. Trabajamos en zonas donde siempre hay muchas tortugas cerca de la orilla”, cuenta.

Una vez que la tortuga era cuidadosamente sacada del agua, el equipo, siempre atento y respetuoso, tomaba las muestras necesarias sin causar estrés al animal. “Había mucha coordinación para que todo fuera rápido y suave, para que la tortuga no se sintiera perturbada”, explica.

Los días de monitoreo eran largos: desde la mañana hasta la tarde, y aunque a veces el número de voluntarios variaba, el compromiso siempre fue fuerte. “En los mejores días éramos siete, pero a veces solo tres, porque no todos podían dedicar todo el día. Pero lo importante es que siempre logramos avanzar”.

Para realizar el trabajo, el equipo de investigadores y voluntarios debe contar con permisos administrativos. “Esas autorizaciones para trabajar en el mar las entrega la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y el Consejo del Mar – Koro Nui o Te Vaikava, la autoridad marítima local que toma decisiones sobre lo que pasa en el mar de Rapa Nui”, afirma Campos.

Para ella, participar en el monitoreo no es solo una actividad científica, sino un compromiso con la conservación y el respeto por la fauna marina que habita su hogar adoptivo. “Cada vez que vemos una tortuga, sabemos que estamos cuidando un tesoro que nos conecta con la historia y el futuro de Rapanui”.

Centinelas del mar

La investigación liderada por Álvarez forma parte de un esfuerzo mayor de conservación marina en Rapa Nui, donde todo el territorio marino fue declarado Área Marina Protegida de Múltiples Usos en 2018. Esta protección, impulsada por la comunidad rapanui y respaldada por el Estado chileno, busca resguardar especies clave y gestionar de forma sustentable los recursos del mar.

“El monitoreo de las tortugas es un insumo clave para la implementación del plan de administración del área protegida”, señala Carlos Gaymer, director del centro de Ecología y Sustentabilidad en Ambientes Oceánicos Insulares (ESMOI).

Gaymer ha colaborado con Álvarez en los últimos años, aportando desde la perspectiva de conservación y gestión territorial. “Las tortugas son uno de los objetos de conservación definidos en el plan, junto con corales, aves marinas y otras especies. Por eso, conocer su estado de salud es fundamental para saber si las medidas de protección están funcionando o si debemos ajustarlas”.

El plan de administración fue elaborado de forma participativa con el Consejo del Mar – Koro Nui o Te Vaikava y, tras un proceso de consulta al pueblo rapanui bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue aprobado por amplia mayoría. Hoy se encuentra vigente, a la espera de los recursos estatales necesarios para su implementación total.

Frente a los hallazgos sobre el mal estado de las tortugas y los altos niveles de mercurio detectados, Gaymer es claro: “La preocupación sin acción no sirve de nada. Tener este tipo de información es lo que permite diseñar mejores políticas de conservación. Pero también implica asumir que, si se confirma que ciertas prácticas humanas están causando daño, es necesario cambiar esas conductas. Y eso, como todo lo que involucra el comportamiento humano, toma tiempo”.

“El trabajo de la doctora Alvarez no se queda solo en la ciencia: siempre comparte sus resultados con talleres abiertos a la comunidad. Y eso es clave, porque los cambios de conducta —como dejar de alimentar involuntariamente a las tortugas con restos de atún— toman tiempo, pero son posibles”, dice Gaymer.

Las tortugas verdes cumplen un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Ayudan a mantener saludables los arrecifes de coral, regulan el crecimiento de algas, favorecen el rebrote de praderas marinas y transportan nutrientes entre hábitats costeros. Su presencia sostiene redes ecológicas complejas que benefician a muchas otras especies, incluidas las humanas.

Proteger a las tortugas es proteger todo un ecosistema, comenta Álvarez. “Son centinelas de la salud del océano. Si ellas están en riesgo, es porque algo más grande también lo está”.

*Imagen Principal: Investigadores detectaron altas concentraciones de mercurio en tortugas verdes que se alimentan en las aguas de Rapa Nui. Foto: Claudio Correa.

El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El estudio arrojó que más de 1000 millones de personas en el mundo creen en la brujería, creen en que hay personas que tiene poderes supernaturales (llamémoslos brujos y brujas), que son capaces de echarle “mal de ojo” a una persona, que son capaces de hacer que un individuo se enloquezca o de afectarle su destino con el fin de que una serie de eventos desafortunados le acontezcan. El estudio no dice que la gente reporte haber visto en un bosque a una bruja volando montada en una escoba, sino que cree en la existencia de hechiceros y de brujas. Gershman explica que en todas las encuestas se preguntó si creían en el mal de ojo o en la idea de que ciertas personas pueden lanzar maldiciones o hechizos que hacen que cosas malas le sucedan a alguien.

El conjuro, Goya.

Durante la historia, las brujas fueron, en el imaginario colectivo, mujeres que pactaron con el diablo para tener la facultad de hacer el mal o de conocer el futuro o de afectar la mente de sus enemigos. Ya las brujas no son mujeres viejas, narigonas, con verrugas, pelo gris largo, que vuelan; no, ahora son en el imaginario colectivo personas con poderes, que no los exhiben, pero los tienen. Para algunas personas que conozco, las brujas son fuerzas que mueven objetos en las casas o abren las llaves de agua o prenden la televisión o se sientan en nuestro pecho cuando se está dormido; son presencias que se detectan sin nunca verlas, tocarlas o comunicarse con ellas.

Lo que arroja el estudio es que hay una regla: a menos nivel educativo, más creencias de este tipo; a más educación, más escepticismo. En Suecia, sólo el 9 por ciento de los encuestados declaró creer en la brujería. En Túnez que, según el estudio, el 90 por ciento de la gente cree en la brujería. Además, dice el estudio, creen más fácilmente en brujería aquellas personas que profesan alguna religión.

No es difícil imaginar la razón, ya que si de hecho una persona cree en la existencia de vírgenes que tienen hijos sin coito (María e Isis) y que se elevan al cielo y viven en el espacio, sin comida ni oxígeno, e ingrávidas y serenas, está a un pelo de creer en cualquier otra cosa, pues no hay mucha diferencia. Si se cree en unos cuantos hechos sin evidencia ¿por qué razón no se va a creer en muchos otros hechos sin evidencia?

Bueno, también es verdad que hay personas que creen en una religión y son escépticas en otros ámbitos, porque es cierto que las enseñanzas aprendidas en la infancia son una forma de troquelado, una forma de “imprinting” indeleble, que padres, profesores y familiares marcan sobre sus niños, porque los niños son sustancia blanda. A un adulto es muy difícil adoctrinarlo, troquelarlo con ideas, pues es materia dura y refractaria, como lo hemos experimentado todos. El niño no tiene más opción que creer en lo que digan sus padres, importa que tan irracional sea, pues su supervivencia depende de ello.  

Dice este mismo estudio que, a nivel nacional, las creencias en brujería se asocian con instituciones débiles, bajos niveles de confianza social y baja innovación, así como con una cultura conformista y mayores niveles de sesgo dentro del grupo. Gershman reconoce que aún se necesita más investigación para obtener una perspectiva verdaderamente global sobre las creencias en la brujería. A pesar de su amplio alcance, el estudio presenta algunas limitaciones, como la falta de datos de China e India, los dos países más poblados del planeta.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0276872

El estudio fue publicado en PLOS One .

“Has logrado liberarte de la muerte. Y esta liberación, producto de las búsquedas que llevaste a cabo en tu propio camino, la has conseguido a través del pensamiento, la meditación, el conocimiento y la iluminación”: De la novela Siddartha, de Hermann Hesse, escritor alemán.

El silencio es la tumba de las palabras. Cuando la violencia de las palabras pesa, el silencio está ahí para sostenernos. Quizás lo que nos faltó fue otro mandamiento más para incumplirlo: “Harás silencio cuando sea necesario”.

La derecha se levantó ayer con el pie izquierdo, pues aunque marcharon con ambos píes, varios lunares le quitaron brillo a su marcha del silencio, que arrancó con megáfono en mano.

En “La marcha del silencio” hubo de todo menos silencio. La oposición salió a las calles para, por infinitésima vez, pedir la renuncia del presidente Gustavo Petro. El silencio fue interrumpido por la arenga. O más bien, la arenga uribista no halló paz ni sosiego. El único que marchaba calladito era el Divino Niño, dando ejemplo como siempre. La buena noticia es que no le sacaron un ojito por hacer uso de su derecho a marchar.

Paloma Valencia aprovechó este paseo dominguero por las calles bogotanas para decirle al presidente que “queremos que entienda que su lenguaje de odio y sus ataques institucionales no son aceptados por la mayoría de los colombianos”. Mientras hablaba ante las cámaras, al fondo marchaban con su estrépito las vuvuzelas, los pitos y los silbidos. En Medellín, en medio del ruidajo, gritaban “Uribe Uribe”. La prensa también se unió: “A marchar todos por Miguel y por la democracia”, tituló El Colombiano en primera plana.

Mientras que a Claudia López la tachaban de oportunista, a un reportero del canal público RTVC lo trataron de guerrillero y hachepé; debieron taparle sus castos oídos al Divino Niño, ¡qué pena con Él!

Quedó claro que los colombianos no conocemos el significado de las palabras. Nos falta diccionario. Es entendible, porque Colombia está en el top tres de los países que menos aguantan el silencio. “Los colombianos solo soportan seis segundos de silencio en conversaciones, antes de sentir ansiedad”, dice Noticias Caracol que este año recogió un informe de la plataforma Preply.

Quedó claro que, tratándose de políticos, no hay acto genuinamente desinteresado, donde estos personajes pongan al país en el centro, y no sus intereses partidistas. Una marcha del silencio bulliciosa persigue en sí misma un fin político.

Distinto hubiera sido que la oposición y el uribismo hubieran convocado a todas las fuerzas políticas, empezando por sus archirrivales progresistas, con quienes se tienen que ver las caras todos los días en el Congreso de la República –lo de todos los días es un decir, por mucho tres veces por semana-, y no únicamente contar con los suyos para increpar al presidente de la República.

“Ese pichón de dictador no se va quedar. Si se quiere quedar, lo sacamos de allá”, dijo una doctora María Fernanda Cabal desbordada para alborotar a sus huestes. Las palabras de la senadora uribista me transportaron en el tiempo. Recordé la forma cómo el 11 de septiembre de 1973 sacaron al presidente Salvador Allende de la Casa de la Moneda en Chile: muerto. Y lo siguiente fueron los años de oscurantismo en que se sumió ese país en manos de, él sí dictador, Augusto Pinochet.

Ojalá no vuelva la violencia política de antes que eliminaba físicamente al contradictor, como la que debió soportar la Unión Patriótica desde el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay. Hoy existe una peligrosa violencia mediática que descalifica. Se necesita que los violentólogos nos ayudan a descifrar cómo este lenguaje exacerbado de insultos y señalamientos podría desembocar, más temprano que tarde, en hechos fatídicos que nos conduzcan a marchar no hacia las plazas públicas, sino enjuagados en llanto hacia los cementerios. Si los políticos no miden sus palabras, tendremos que hacerlos directamente responsables de cualquier desenlace funesto. Hay que insistir: las palabras mal dichas tienen el poder de hacer sangrar los libros de historia. No confundamos marchar con márchate.

La senadora Cabal también dijo “Dios nos hizo libres”. Ni tanto, porque de entrada se nos impuso la tarea de perpetuar la especie, que es perpetuar los problemas sin multiplicar los peces. Las cosas estarán bien en Colombia cuando los unos no tengan que marchar para defender lo que se tiene o los otros no deban marchar para exigir aquello de lo que carecen.

No obstante, en un acto de gallardía, el presidente de los colombianos celebró en sus redes sociales la marcha de la derecha. Hay que poner fin a este tire y afloje. Divino Niño: te rogamos que siga así de conciliador.

El silencio es la tumba de las palabras. Cuando la violencia de las palabras pesa, el silencio está ahí para sostenernos.

Cuando escuché la palabra “marcha del silencio” me alegré. —Por fin nos vamos a callar todos, pensé. Leyeron mi artículo del lunes, concluí emocionado. Por fin el silencio triunfará. Me lo imaginaba con un minuto de silencio eterno, una sola plegaria, el recogimiento profundo sobre qué nos pasa y en qué hemos fallado cada uno de nosotros. Nos quedaron debiendo el saludo de la paz. ¡Ay, Divino Niño, haznos el milagrito!

Seguía alelado.

¡Buda se ha metido en nuestros cuerpos y almas! Bailé de alegría, imaginando que todos y todas leyeron “Siddartha” al derecho y al revés. ¡Si conocieran la maravillosa pluma edificante de Hermann Hesse! Me fui de bruces sobre mi utopía. Ojalá los políticos se refugien más en la literatura, no sólo en la matemática electoral. Tiempo es lo que tienen los cuatro días de la semana que no van a legislar.

Por fin será el fin de tanto proselitismo disociador, soñé que soñaba. Pero fue pura ilusión.  Una vana ilusión, como el título de la novela de un amigo. Según la oposición, el único que debe reflexionar en este país es el jefe de Estado, porque los demás no tienen pecado concebido. No rompen platos porque ya no hay vajilla. Mirar la viga en el ojo ajeno es la mayor torpeza de unos y otros, a la derecha y a la izquierda y los del medio. Convirtieron moral en moralina. La pequeña hipocresía.

Un confidencial de El Espectador dice que durante el anuncio de “la gran marcha del silencio”, liderada por María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Efraín Cepeda y Vicky Dávila, se quedaron por fuera de la foto quienes hacen parte del grupo político del senador Miguel Uribe, objeto del homenaje, a quien debemos desear que “se debata entre la vida y la vida”, recogiendo las palabras del primer mandatario.

“Extraordinariamente se sigue hablando de diferencias en el Centro Democrático”, dice el periódico. La batalla que libra solo el congresista Miguel Uribe fue apenas una excusa para un golpe de opinión válido. Cuando él, ya recuperado, retorne al ruedo político tendrá tiempo para ver cómo sus posibles contendores aprovecharon su ausencia en beneficio propio.

Para completar, los expresidentes Duque y Uribe no se pueden ni ver. A la Fundación Santa Fe fueron cuidándose de no cruzarse. En fin, ese es el resumen de un país divididito, donde incluso los iguales con sus rencillas sienten que duermen con el enemiguito. Y dicen tener el corazón más grande que los demás, pero lo han llenado de resentimiento. Así está toda la nación: resentida.

La prueba de un país fraccionado es que mientras en la marcha de ayer ondeaba la bandera de Israel, en el concierto de la Esperanza, convocado por la Izquierda, ondeaba la bandera de Palestina. Es decir, ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo para agitar unidos la bandera de Colombia y defender la vida de cada ser humano.

El otro día la congresista Katherine Miranda dijo lo siguiente: “No volveremos a ver un gobierno de izquierda”. Congresista, recuerde que las palabras tienen poder y que el silencio también es poder. Hay que poder entonces aprender a callar para no violentar más el discurso, diciendo quién sí tiene derecho a gobernar y quién no lo tiene. El genocidio de la Unión Patriótica partió de miramientos como ese.

En este informe, El Espectador nos recuerda que, aparte del precandidato Miguel Uribe, hay más víctimas de la violencia política en lo corrido de 2025. “Las cifras revelan que, en muchos territorios, la campaña electoral se libra entre el miedo y las balas”, dice la periodista Cindy Morales Castillo.

Invito al progresismo a que organice una marcha del silencio por todos nuestros muertos, sin importar su color político; esta izquierda que conoce el significado de la palabra silencio tiene la autoridad para hacerlo, porque históricamente la han callado a la fuerza, casi hasta la extinción. Marchemos sin color político para que los humanos seamos incluidos en el Libro Rojo de Especies Amenazadas hasta lograr que la vida humana se proteja y la Constitución cumpla esa promesa.

Impulsen una verdadera “marcha del silencio” silenciosa, como aquella que convocó Jorge Eliécer Gaitán el 7 de febrero de 1948, para repudiar el asesinato de liberales y la ferocidad bipartidista, sin saber que la siguiente victima sería él. Marcharon unas cien mil en una Bogotá que tenía entonces 450 mil habitantes, más o menos. En la marcha de ayer marcharon en la capital unas 70 mil personas de una ciudad con alrededor de 8 millones, lo que significa que es amplísimo el número de ciudadanos que hoy se muestran indiferentes con la cosa política, y ahí tanto la izquierda como la derecha y los del medio tienen tema para reflexionar.

La marcha concluyó sobre el mediodía. Al final todos regresaron a sus casas y por fin reinó el mutismo en las calles. Cuando las gargantas se apagaron, solo quedaba una cosa por decir: Denle el uso de la palabra al silencio. 

“No sabíamos nada”, dice Domingo Ankuash, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), sobre la entrega de una nueva licencia ambiental para la fase de exploración del proyecto minero Panantza, en territorios ancestrales indígenas, en el sur de la Amazonía ecuatoriana. En 2022, la Corte Constitucional dejó sin efecto la primera licencia ambiental a favor del entonces proyecto Panantza – San Carlos, pues vulneró el derecho a la consulta de la población indígena.

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Como parte de las medidas de reparación, el tribunal ordenó que el Estado ecuatoriano realice un mecanismo de consulta previa, libre e informada dirigida a la población shuar que habita en el área de influencia del proyecto y en un plazo de seis meses desde la notificación de la sentencia.

Dos años y medio después, Ankuash, líder histórico de la nacionalidad shuar y una de las cuatro personas que presentaron este caso ante la Corte, ni siquiera había sido informado sobre la nueva autorización entregada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

“Tenemos dudas de que se pueda sostener la constitucionalidad de esa licencia”, dice Nathaly Yépez, asesora legal de Amazon Watch Ecuador, una organización no gubernamental que acompaña la defensa de este caso.

La Corte Constitucional también ordenó que el Ministerio ofrezca disculpas públicas, en shuar y español, mediante carteles fijados en lugares visibles y en un banner web por un plazo mínimo de seis meses.

Mongabay Latam solicitó información al organismo sobre el cumplimiento de ambas disposiciones, pero no respondió hasta la publicación del artículo.

Explorcobres SA (EXSA), una empresa china a cargo de este proyecto minero de cobre, molibdeno y oro, es titular de 13 concesiones en la provincia de Morona Santiago. Cinco de ellas, llamadas Curigen 2, Curigen 3, Curigen 8, Panantza y San Carlos, conforman el proyecto Panantza – San Carlos, abarcando una superficie de 14 000 hectáreas. La nueva licencia se entregó solo a la concesión Panantza, que tiene una superficie de 1197 hectáreas.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) si la concesión se sobrepone a territorios indígenas titulados o a áreas protegidas. Sin embargo, tampoco hubo respuesta. Lo que sí se conoce es que la zona es territorio ancestral shuar. Los nombres de las localidades e hitos geográficos en lengua shuar, como Panantza, dan testimonio de ello.

Una población shuar fue desplazada

Para la implantación de este proyecto, que recibió una primera licencia ambiental en 2011, la comunidad de Nankints fue desalojada. El 11 de agosto de 2016, un grupo de policías, con una orden judicial, dio a la población dos minutos para recoger sus cosas y salir, según recogió un artículo de Mongabay Latam sobre el caso. Los habitantes no tuvieron tiempo de retirar todas sus pertenencias ni sus animales de granja. Con maquinaria pesada, la fuerza pública tumbó las casas y las enterró. Los cerca de 30 habitantes de la comunidad, entre los que había niños, adultos mayores y mujeres, tuvieron que refugiarse en comunidades vecinas.

Sobre lo que un día fue Nankints se construyó el campamento minero La Esperanza. Aunque está considerado como provisional por un documento de 2024 de la empresa, sigue en funcionamiento. Allí, guardias de seguridad resguardan las instalaciones de EXSA.

Días después del desplazamiento, representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunciaron el atropello en diferentes instancias, incluso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, no hubo reparaciones.

El 20 de noviembre de 2016, varias decenas de shuar tomaron el control del campamento minero. A la madrugada siguiente, vino la arremetida de policías y militares, que retomaron el sitio. Días después, los shuar volvieron a La Esperanza, pero se encontraron con decenas de policías y militares. Se desató un enfrentamiento tras el que los shuar tuvieron que huir y un policía murió.

La Fiscalía abrió unos 30 expedientes por el caso, de acuerdo con el abogado Tarquino Cajamarca, pero con el paso del tiempo y la falta de pruebas, los procesos se extinguieron. Ankuash fue uno de los perseguidos. Algunos líderes permanecieron ocultos en la selva por años, otros fueron capturados y encarcelados, relata el abogado que defendió a los implicados.

“Ya no existe una evidente persecución como lo hubo entre 2016 y 2019”, dice, pero la persecución y encarcelamiento dejó una marca. “Si ahora vemos una cierta pasividad en algunos dirigentes, no es por falta de gallardía, hay una afectación psicológica y ese fue el logro diseñado por el Estado”, asegura el abogado.

Casi 10 años después del desplazamiento y de los enfrentamientos, la oposición a la minería ha perdido fuerza en territorio shuar. Ankuash reconoce que los gobiernos de turno y las ofertas laborales y educativas y los regalos de EXSA y otras empresas que operan en Morona Santiago han dividido a los shuar. “Estoy tratando de reorganizar la unidad”, asegura el dirigente.

La pelea legal

En junio de 2015, Ankuash y otros tres dirigentes presentaron una acción de protección -un recurso para la defensa de los derechos- porque consideraban que la entrega inconsulta de la licencia ambiental para exploración avanzada de 2011 vulneró sus derechos colectivos. La demanda y la apelación fueron rechazadas.

En agosto de 2015, los demandantes presentaron una acción extraordinaria de protección que fue admitida por la Corte Constitucional en marzo de 2016. Recién en octubre de 2021, después de que los shuar enfrentaran el desplazamiento y la persecución, la jueza constitucional Carmen Corral Ponce asumió el caso. Luego de las audiencias y la recabación de pruebas, en septiembre de 2022, el tribunal declaró que hubo vulneración a la consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido en el artículo 57 de la Constitución.

Este es un derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos a realizarse en sus territorios ancestrales o en la zona de influencia de sus territorios ancestrales. La Corte precisó que este procedimiento no se limita a la emisión de un permiso administrativo, sino que debe ser previo a la planificación, oferta u otorgamiento de áreas de interés extractivo.

Además de dejar sin efecto la licencia ambiental, ordenar que el Ministerio ofrezca disculpas públicas y que se realice un mecanismo de consulta previa, los jueces constitucionales delegaron a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia.

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El mecanismo está en construcción

Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, dice que el último informe que la entidad presentó a la Corte Constitucional fue en enero de 2025. Hasta esa fecha, la Defensoría recabó que las autoridades del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía “tienen una confusión respecto de qué entidad es la que tiene que dar las disculpas públicas”. Esto a pesar de que la sentencia establece claramente que debe ser el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) el que lo haga.

El representante de la Defensoría del Pueblo dice que los ministerios de Energía, Ambiente y de la Mujer y Derechos Humanos ya han iniciado los procesos para la construcción del mecanismo, incluyendo reuniones con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (la consulta previa es un derecho establecido en el convenio 169 de la OIT) y las comunidades en la zona de influencia del proyecto minero.

En otras sentencias, la Corte Constitucional ha establecido que la consulta previa, libre e informada debe ser normada por una ley orgánica y, por lo tanto, su construcción debe estar a cargo de la Asamblea Nacional. No obstante, esta sentencia habla de un “mecanismo”, explica Varela, como una alternativa a la ausencia de una norma para aplicar el artículo 57 de la Constitución.

El informe señala que en septiembre de 2023, el Ministerio de Energía y Minas solicitó un monto de 800 000 dólares al Ministerio de Finanzas para el proceso. El presupuesto sería usado en logística, participación de expertos, difusión de información y participación activa de las comunidades. A la fecha de este artículo, Varela no pudo confirmar si los fondos se transfirieron.

Supuesta consulta ambiental

Los abogados Cajamarca y Yépez lograron recabar que antes de la entrega de la licencia ambiental se realizaron reuniones en localidades cercanas a la concesión minera. Para Cajamarca, se trató de reuniones entre amigos y autoridades locales que apoyan la actividad minera. “Con eso se trató de justificar la consulta previa, alzaron manos los que estaban de acuerdo y estaba de acuerdo cualquier persona menos el pueblo shuar”, dice el abogado.

“La licencia ambiental para nosotros es un cuento, es un camuflaje para seguir atentando contra los territorios de las nacionalidades indígenas”, asegura el líder Ankuash.

Mongabay Latam le consultó su posición a Explorcobres SA, pero la empresa no respondió hasta la publicación del artículo.

Yépez señala que las reuniones se habrían realizado entre agosto y septiembre de 2024 y que la posición mayoritaria habría sido en contra de la extracción minera. Aclara, además, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Corte Constitucional señala que el objetivo de la consulta es buscar el consentimiento de los pueblos indígenas. “Pero toman los resultados como una opinión”, reclama, y no como una sentencia. El equipo de Amazon Watch está haciendo solicitudes de información a los ministerios para conocer en detalle cómo fue el proceso.

La Defensoría del Pueblo también está solicitando información al respecto para enviar un nuevo informe a la Corte Constitucional. Esa entidad, dice Varela, es la que tendrá que determinar si la sentencia se está cumpliendo o no.

Foto principal: Domingo Ankuash interviene durante el I Congreso Unidad y Defensa Territorial. Foto: cortesía FICSH Comunicación

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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