Por Sergio E. Mosquera-Córdoba[1] (@SEMCordoba)

Hay momentos en que la neutralidad deja de ser prudencia para volverse una forma elegante de evasión. Esta segunda vuelta es uno de ellos. No lo digo porque cada votante de Abelardo de la Espriella sea fascista —no lo es—, ni porque la palabra deba esgrimirse como insulto contra cualquier derecha; esa ligereza ha empobrecido durante años nuestro debate público y conviene resistirla. Pero resistirla obliga, antes que nada, a devolverle al término su precisión. Fascismo no es alzar la voz, ni ser conservador, ni defender el orden, ni pedir mano dura. Fascismo es algo más específico y más grave: convertir la política en una guerra moral entre patriotas y enemigos, negarle legitimidad a quien piensa distinto, prometer la salvación de la patria por la vía de la fuerza, la purga y la obediencia, y señalar a una porción de la ciudadanía como un cuerpo extraño que hay que derrotar, expulsar o neutralizar para que la nación recupere una pureza que nunca tuvo.

Eso —con acento colombiano, con sus propios matices— es lo que esta vez está sobre la mesa.

Lo que encarna De la Espriella no es la derecha liberal, democrática y constitucional que compite dentro de las reglas del pluralismo y acepta perder. Es una derecha de cruzada. Habla de rescatar la patria, de derrotar “para siempre” al comunismo, de que la neutralidad equivale a complicidad, de defender la democracia —si hace falta— por la fuerza. No se limita a discrepar de Iván Cepeda: lo erige en encarnación del mal político. A la izquierda no la contradice; la nombra como amenaza criminal. Al centro no lo persuade; lo somete a un chantaje moral. Y no ofrece, en rigor, una alternancia, sino algo más ambicioso y más inquietante: una limpieza simbólica del país.

Ahí está el problema, y es un problema de gramática democrática antes que de programa. En una democracia constitucional el rival no es un enemigo interno: es un adversario legítimo. Se le critica, se le fiscaliza, se le investiga, se le derrota en las urnas y se le reemplaza. Lo que no puede hacerse —sin que algo esencial empiece a fracturarse— es convertirlo en plaga, en cáncer, en tiranía o en peligro existencial. Porque el día en que el lenguaje político deja de ver ciudadanos y empieza a fabricar enemigos, la violencia abandona el lugar de la anomalía y se instala en el de la consecuencia previsible.

Colombia no puede darse el lujo de fingir que ignora a dónde lleva ese camino, porque ya lo recorrió. Entre los años ochenta y noventa, la Unión Patriótica fue exterminada: militantes de base, dirigentes, alcaldes, concejales, congresistas y dos candidatos presidenciales asesinados de manera sistemática, año tras año. No fue una desgraciada acumulación de homicidios sueltos, sino una operación de eliminación política sostenida en el tiempo, incubada en la estigmatización y en una premisa que circuló mucho antes que las balas: que una fuerza de izquierda no era una opción legítima dentro de la democracia, sino una infiltración que había que extirpar. La deshumanización precedió al crimen, y la autorización moral precedió a ambos. El plomo llegó de último.

Por eso la comparación no es un recurso retórico. Es una advertencia que la propia historia nacional ya pagó con sangre.

No estamos en los años ochenta, desde luego. El andamiaje institucional es otro, el sistema de partidos cambió y las formas de la violencia se transformaron. Pero la matriz discursiva resulta inquietantemente familiar: un caudillo que se ofrece como salvador, un adversario reducido a tiranía o a “comunismo criminal”, una invocación constante de la fuerza, una promesa de restauración moral y una ciudadanía partida en dos entre patriotas auténticos y cómplices de la ruina. Ese repertorio tiene nombre, y no es el de la simple “polarización”, ni el del “estilo recio”, ni el de la “campaña dura”. Es una versión contemporánea —de saco y corbata, de urna de cristal y camiseta de la selección— del fascismo político.

La inquietud crece cuando uno se asoma al universo intelectual del propio candidato. Muerte al Tirano no es una rareza de anaquel ni una boutade. Es una pieza que deja ver una manera de razonar el poder: bajo ciertas condiciones, dar muerte al tirano no sería un crimen, sino un acto patriótico. Sus defensores responderán que se trata de una reflexión histórica y jurídica sobre el tiranicidio, no de un manual operativo, y la distinción es pertinente; no la descarto. Pero junto a ella hay otra pregunta, estrictamente política, que no se puede esquivar: ¿qué significa que alguien que ha defendido esa tesis, que llama tirano a su contendor y que promete defender la democracia por la fuerza, aspire a controlar el aparato coercitivo del Estado?

No es la pregunta de un exaltado, sino una cuestión constitucional de primer año. El monopolio de la fuerza, en una democracia, no se le entrega a quien habla de la fuerza como si fuera un destino moral. Se entrega amarrado a límites, controles, garantías y reconocimiento del otro. La Presidencia no es una oficina administrativa: es la jefatura del Gobierno, el mando de la fuerza pública, la conducción de la política exterior y la custodia de buena parte del relato simbólico de la nación. En manos de un proyecto que parte al país en patriotas y enemigos, ese poder deja de ser una herramienta de gobierno para volverse un riesgo.

La primera vuelta, por lo demás, dejó un dato que debería bastar para enfriar cualquier fantasía de exclusión: Cepeda obtuvo cerca del 40,9 % de los votos, casi diez millones de personas. No son una célula clandestina, ni una metástasis que extirpar, ni el “comunismo criminal” del eslogan. Son ciudadanos, son pueblo, son Colombia. Cuando De la Espriella promete derrotar “para siempre” lo que Cepeda representa, no habla apenas de un rival de campaña: habla —por más que después intente suavizarlo— de esos diez millones de compatriotas que sencillamente piensan distinto.

Y aquí asoma la pregunta de fondo. ¿Qué clase de país se resigna a que casi la mitad de su ciudadanía sea tratada como sospechosa moral? ¿Qué democracia sobrevive cuando una parte se apropia de la patria y convierte al resto en amenaza?

La Constitución de 1991 contestó esa pregunta mucho antes de que nosotros la formuláramos. Colombia no se fundó, en términos constitucionales, sobre la obediencia, ni sobre la propiedad, ni sobre una moral única, ni sobre la seguridad entendida como valor absoluto. Se fundó sobre la dignidad humana. Y eso encierra una afirmación que no tiene nada de decorativa: que cada persona vale antes de obedecer, antes de producir, antes de creer, antes de votar, antes de encajar en el orden moral de nadie. La dignidad no se concede por adhesión política, no se gana a fuerza de patriotismo y no se pierde por disentir. Es el piso, no el premio.

De ese cimiento se desprende todo lo demás, empezando por aquello que la campaña ha querido reducir a un asunto de seguridad y que es, en el fondo, una cuestión de libertad. No la del mercado únicamente: la de ser. El proyecto de De la Espriella ofrece libertad máxima para el capital —menos Estado, menos impuestos, menos regulación, más propiedad, más aire para la empresa—, y es coherente al ofrecerla. La grieta aparece cuando la conversación se desplaza del mercado al cuerpo, de la empresa a la conciencia, de la propiedad a la identidad: ahí la libertad cede su lugar a la tutela. Sospecha hacia el feminismo, rechazo a la llamada “ideología de género”, defensa de una sola forma legítima de familia, resistencia frente a derechos que la Corte Constitucional ya reconoció y que hoy son cosa juzgada. La asimetría merece nombrarse con todas sus letras: libertad ancha para acumular, vigilancia estrecha para existir. Eso no es libertad constitucional; es libertad para unos y corrección para otros.

Otro tanto ocurre con el bienestar, palabra que todos pronuncian. La diferencia no está en prometerlo, sino en cómo se lo concibe: como derecho o como favor. El Estado social de derecho no se diseñó para repartir dádivas al arbitrio del gobernante, sino para garantizar pisos —salud, educación, mínimo vital, trabajo, protección de los más vulnerables— que no deberían depender de la generosidad de quien manda. Por eso recortar drásticamente el Estado mientras se jura proteger a los más pobres obliga a una pregunta incómoda: ¿quién responde por los que solo tienen Estado precisamente porque nunca tuvieron mercado? En los barrios populares, en el Pacífico, en la Colombia rural, en los territorios étnicos y campesinos, el Estado no es una abstracción de manual: es el hospital que falta, la escuela que aguanta, el subsidio que sostiene, la vía que nunca llega, el juez que ampara. Un Estado ineficiente se reforma; un Estado ausente no se puede recortar como si sobrara.

La paz corre una suerte parecida, y vale la pena ser justos con el atractivo de la promesa contraria. De la Espriella plantea una ruptura frontal con la negociación y con buena parte de la arquitectura transicional: con los criminales, dice, no habrá diálogo. A un país exprimido por la extorsión, el secuestro y las disidencias, esa frase puede sonarle a liberación, y sería deshonesto no admitirlo. Pero la experiencia colombiana enseña algo que incomoda: la paz no se decreta, se construye. La fuerza pública es imprescindible —nadie serio lo discute—; ocurre que la fuerza, por sí sola, no desactiva las causas que reproducen la guerra. El verdadero dilema no enfrenta la ingenuidad con la autoridad, sino dos maneras de entender la autoridad: una seguridad democrática sujeta a controles constitucionales y una seguridad concebida como licencia para arrasar con todo matiz. La primera protege sin vaciar el Estado de derecho; la segunda fabrica silencio, que no es lo mismo que paz. Colombia conoce de sobra la distancia que separa un territorio pacificado de un territorio reconciliado.

Con la justicia el patrón se repite, y otra vez con un reclamo legítimo de por medio. Hay una idea de justicia que se agota en el castigo ejemplar, en la cárcel y en la mano firme, y que conecta con un dolor verdadero: demasiadas víctimas sienten que el sistema nunca les respondió. Pero existe otra, más áspera y menos taquillera, que no renuncia a sancionar y a la vez comprende que en sociedades atravesadas por violencia masiva hacen falta verdad, reparación, reconocimiento y garantías de no repetición. Desmontar o deslegitimar la justicia transicional no es retocar una institución cualquiera: es alterar el modo en que el país decidió tramitar su propio pasado. La JEP, la Comisión de la Verdad, la memoria histórica y los instrumentos restaurativos son criticables —ninguna institución escapa al escrutinio—, pero una cosa es corregir y otra muy distinta proclamar que son una farsa y prometer barrerlas. Un país que destruye sus mecanismos de verdad no se emancipa del pasado: se condena a litigarlo para siempre, y sin reglas.

Queda el territorio. El modelo económico que rodea al candidato vuelve a poner la extracción en el centro: petróleo, gas, minería, licencias más expeditas, expansión energética, aprovechamiento intensivo de los recursos. La discusión no se zanja con consignas verdes; Colombia necesita energía, empleo, inversión y equilibrio fiscal, y fingir lo contrario sería irresponsable. Pero el territorio no es una bodega de recursos a la espera de despacho. Es donde habitan pueblos, culturas, memorias, ecosistemas y generaciones que todavía no nacen. En un país pluriétnico y multicultural, hablar de “agilizar consultas” o “destrabar licencias” no es un tecnicismo administrativo: toca el corazón mismo del pacto de 1991. La consulta previa no es un trámite molesto, sino una garantía democrática de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros y de las comunidades directamente afectadas. Cuando el desarrollo se piensa sin esas voces, deja de ser desarrollo y empieza a parecerse demasiado a una imposición.

Conviene recordar, llegados a este punto, que el fascismo rara vez comparece con el uniforme de los manuales. No necesita camisa negra ni brazo en alto para resultar reconocible; a veces se presenta envuelto en banderas, himnos, camisetas de la selección y discursos sobre la familia, la fe, la propiedad y la seguridad. No pronuncia la palabra “dictadura”: dice “orden”. No anuncia que recortará derechos: promete “recuperar valores”. No confiesa que perseguirá al adversario: jura “derrotar al comunismo”. No se reivindica autoritario: se proclama salvador de la patria. Cambia el léxico, no el mecanismo. Debajo siguen los mismos engranajes: una identidad nacional cerrada, un enemigo interno, un líder providencial, la promesa de una purificación y la disposición a usar la fuerza si la realidad se niega a obedecer.

Frente a algo así, el cálculo electoral no alcanza; hace falta una posición, y una posición a la vez política y moral. No una postura histérica ni sectaria, ni incapaz de admitir los errores del progresismo o los miedos legítimos de quien va a votar por la derecha. Una posición lúcida, más bien, capaz de sostener lo elemental: el fascismo no se normaliza, no se maquilla, no se rebautiza como “carácter”, “mano firme” o “coherencia”. Se enfrenta, y se lo enfrenta con los instrumentos de la democracia.

Nada de esto convierte a Iván Cepeda en un candidato impecable ni blinda su proyecto contra las preguntas. Tendrá que gobernar más allá del petrismo; ofrecer seguridad sin candidez; responder por los desaciertos del gobierno saliente; hablarles a los empresarios, al centro, a las iglesias, a las regiones que no se sienten oídas y a quienes temen que la izquierda confunda transformación con improvisación. Todo eso es cierto y todo eso es exigible. Pero esta elección no transcurre en abstracto: ocurre frente a una candidatura que ha hecho de la fuerza, la estigmatización y la restauración moral su lengua de poder.

De ahí que, en esta coyuntura, votar por Cepeda no equivalga sin más a votar por la izquierda. Es votar por mantener la democracia abierta: por que el adversario siga siendo adversario y no enemigo, por que los derechos no queden a merced del credo moral de quien gobierna, por que la seguridad no se transforme en licencia de persecución, por que la memoria de la Unión Patriótica no termine archivada como una lección que el país prefirió olvidar. Es votar, en suma, para no reincidir en esa secuencia tristemente conocida en la que primero se señala, luego se deshumaniza y al final se justifica la violencia.

A quienes se sientan ofendidos por el rótulo, vale la pena decirles algo sin estridencia: el problema no es la palabra, es el parecido. Si un programa habla como el fascismo, divide como el fascismo, amenaza como el fascismo y sueña, como el fascismo, con una patria homogénea, la obligación democrática no consiste en buscarle un eufemismo presentable. Consiste en nombrarlo.

Y nombrarlo, contra lo que suele alegarse, no clausura el debate: lo habilita. La democracia solo puede defenderse mientras conservemos la capacidad de distinguir entre una derecha democrática y una derecha que aspira a gobernar como cruzada; entre un adversario legítimo y un proyecto que convierte a media nación en enemigo; entre el orden constitucional y la pulsión autoritaria; entre la patria de todos y la patria de los obedientes.

El domingo, por eso, no se vota solo un presidente. Se vota la frontera moral de la democracia colombiana. Se vota si el país acepta que la mitad de sus ciudadanos sea tratada como amenaza o insiste en que también quienes piensan distinto son parte del mismo pueblo; si la libertad incluirá la libertad de ser; si el bienestar será derecho o dádiva; si la paz será transformación o silencio impuesto; si la justicia será memoria o venganza; y, en última instancia, si la dignidad seguirá siendo el cimiento del Estado o quedará rebajada a una moral de obediencia.

Hay que decirlo, entonces, sin rodeos: contra el fascismo no se guarda neutralidad. Contra el fascismo se vota. Y este domingo, la forma democrática de hacerlo tiene un nombre: Iván Cepeda.

El turno es nuestro.

[1] Doctorando en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Magister en Derecho Constitucional. Especialista Internacional en Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Especialista en Gerencia de Proyectos. Abogado

Es muy cómodo culpar a los políticos. Y con razón: en plena contienda electoral, candidatos y activistas de todos los partidos amplifican afirmaciones sin verificar o exageran. Pero señalar solo a los emisores es tan solo una trampa. La pregunta que más nos incomoda, y que la investigación en comportamiento del consumidor lleva años respondiendo, es otra: ¿por qué nosotros, los votantes, les creemos?

Los seres humanos operamos con un “sesgo de verdad” incorporado: asumimos por defecto que quien nos habla dice la verdad. En condiciones normales, este mecanismo funciona bien. El problema es que la política lo interrumpe. Cuando la información proviene de alguien de nuestro propio bando, el escepticismo no solo se apaga: se invierte. Nos volvemos hipercríticos con todo lo que diga el rival y absurdamente condescendientes con las invenciones de los nuestros. No es hipocresía voluntaria, es biología.

A esto se suma lo que los psicólogos llaman “sesgo de compromiso”: una vez que hemos invertido capital emocional en apoyar a un candidato, admitir que nos han defraudado se vuelve psicológicamente insoportable, pues el costo de reconocerlo es mayor. Por eso en tiempos electorales no buscamos la verdad; buscamos confirmación.

En entornos de alta polarización, como el que Colombia vive hoy, con dos visiones de país opuestas disputándose la segunda vuelta, compartir información sesgada se convierte en un acto de lealtad tribal. El usuario sabe, o intuye, que la historia es exagerada, pero la difunde porque sirve a la causa. La veracidad pasa a un segundo plano frente a la victoria del propio bando.

Con el país a pocos días de elegir presidente, la pregunta que vale la pena hacerse no es solo “¿es esto verdad?”, sino “¿por qué quiero que sea verdad?”. Si una noticia encaja demasiado bien con lo que ya creemos, si destruye con demasiada comodidad al candidato que no queremos, si produce ese cosquilleo satisfactorio de la indignación confirmada, ahí, precisamente ahí, está la señal de alerta. El primer paso para proteger la democracia no empieza en el Congreso ni en la Registraduría. Empieza en esa fracción de segundo antes de presionar compartir.

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

La primera vez que supe de su existencia fue en una película: el protagonista se quedaba dormido inesperadamente. He visto a muchas personas dormirse en conferencias y —lo que es más extraño aún— en cenas que no eran demasiado tarde. En una ocasión, un señor roncaba antes del postre; los doce comensales reprimíamos con fuerza las ganas de reír.

Yo misma la he experimentado y, luego de investigar, tengo alguna vaga idea de lo que me pudo haber pasado. En tres momentos de mi vida sentí un sueño inevitable e incontrolable durante el día, y siempre ocurrió ligado a un estado agudo de miedo. La primera vez fue cuando a mi hija adolescente le ordenaron una gastroscopia y una colonoscopia. Tenía que beber varios litros de líquido con un medicamento laxante. Me parecía imposible que un estomaguito tan pequeño pudiera resistirlo. Tras los primeros dos vasos que ella bebió, sentí que me iba del mundo: no podía tenerme en pie, la debilidad muscular y el sueño me lo impedían. Era una situación absurda, pues nada era más importante que ayudarla. Finalmente, nunca supe si mi hija se tomó todo el líquido, porque me quedé profundamente dormida. Las otras dos ocasiones ocurrieron cuando mi novio de entonces decidió terminar la relación. Sentí pánico en ambas oportunidades y, al mismo tiempo, un sueño incontrolable.

La segunda vez que esto sucedió, me di cuenta de que no podía ser una coincidencia; ese sueño tenía que responder a un estado muy especial de mi mente. Afortunadamente, mi trastorno no fue crónico y nunca más lo he vuelto a experimentar. Investigar me ha hecho pensar que podría estar ligado a una reacción ligada a la narcolepsia (pasajera).

La narcolepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta la capacidad del cerebro para regular los ciclos de sueño y vigilia. Quienes la padecen experimentan una somnolencia diurna extrema y, a menudo, ataques de sueño repentinos e incontrolables en cualquier momento del día. Los síntomas más comunes son:

• Somnolencia diurna excesiva: es el síntoma más común y reconocido. Se presenta como un cansancio abrumador e inevitable que interfiere con las actividades diarias (hablar, trabajar, comer), independientemente de cuánto se haya dormido por la noche.
• Cataplejía o cataplexia: es la pérdida repentina del tono muscular voluntario mientras la persona está despierta. Suele desencadenarse por emociones intensas como la risa, la sorpresa, el miedo o el enfado. Puede ser leve (caída de los párpados o debilidad en las rodillas) o grave (un colapso físico total). Dura unos segundos o minutos, y la persona permanece consciente.
• Alucinaciones: en la narcolepsia se presentan alucinaciones vívidas y a menudo aterradoras que ocurren al quedarse dormido (hipnagógicas) o al despertar (hipnopómpicas). Se deben a que el estado de sueño REM se mezcla con la vigilia.

Este último síntoma explica los episodios muy extraños vividos por personas cercanas a mí, quienes estaban muy preocupadas por lo que les pasaba. Un amigo aseguraba que un “fantasma” se metía en su cama cuando se estaba quedando dormido; lo despertaban los movimientos corporales del fantasma y, en un estado de terror total, no le quedaba más opción que pasar el resto de la noche dormitando con la luz encendida. A una amiga mía, su madre, que acababa de morir, se le aparecía en el cuarto por la noche, cuando estaba dormida y le hablaba.

Otro amigo me decía que las brujas existían y que una se había sentado sobre él. Aunque yo le aseguraba que no era real, él juraba que esta criatura lo había paralizado temporalmente: no podía moverse ni hablar justo cuando estaba a punto de despertarse. Muchas personas han experimentado esta parálisis del sueño, la cual puede durar unos minutos y suele ser muy angustiante.

La narcolepsia fue reconocida médicamente en la década de 1870, pero durante un siglo nadie supo su causa. A finales de la década de 1990, dos grupos de científicos descubrieron simultáneamente unos neurotransmisores peptídicos en las células del hipotálamo que explicaban el trastorno: las hipocretinas. Estas sustancias son cruciales para mantenernos despiertos durante el día, probablemente al activar otras células cerebrales que promueven la vigilia. También parecen regular el sueño REM (movimiento ocular rápido), la fase responsable de los sueños vívidos.

En la narcolepsia, los límites normales entre el sueño, la vigilia y los sueños se desdibujan. Cuando soñamos durante la fase REM, el cuerpo está fisiológicamente paralizado; por lo tanto, para las personas con narcolepsia la experiencia puede ser caótica, ya que la parálisis corporal y las imágenes oníricas se mezclan con la vigilia. La ausencia de hipocretinas explica por qué se experimentan la cataplejía, las alucinaciones o la parálisis del sueño.

En los últimos años se ha estudiado otro neurotransmisor que la gente suele asociar con las alergias: la histamina. Esta también se produce en el hipotálamo, por células cerebrales adyacentes a las neuronas de hipocretina. Como la somnolencia es un efecto secundario común de los antialérgicos que bloquean las señales de histamina, se sabe que estas neuronas están activas en la vigilia e inactivas en el sueño. Las hipocretinas activan fuertemente las neuronas productoras de histamina, lo que representa un mecanismo clave para mantenernos alerta.

Aunque este trastorno no tiene cura, los síntomas se controlan eficazmente mediante fármacos: estimulantes para combatir la somnolencia diurna, e inhibidores de la recaptación de serotonina o oxibato de sodio para controlar la cataplejía y mejorar el descanso nocturno. Asimismo, se deben adoptar medidas de higiene del sueño, como programar siestas cortas (de 15 a 20 minutos) a lo largo del día y mantener horarios muy estrictos para acostarse y levantarse.

Al final, la mayoría de los misterios —visiones, apariciones, brujas y conversaciones con los muertos— se desvanecen cuando la ciencia médica interviene.

La muerte de Safo (Gros, 1801)

Una reserva que declara a la Sierra Nevada de Santa Marta como un territorio libre de minería y explotación de hidrocarburos en el extremo norte de Colombia, junto con un decreto presidencial reciente que precisa el territorio ancestral de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo son parte de la respuesta del Gobierno colombiano para proteger a esta región montañosa única en el país. Especialistas y líderes indígenas celebran la decisión, pero también advierten los desafíos que existen para traducir estas herramientas en protección efectiva de una zona conocida como el “corazón del mundo”.

Ambos instrumentos eran una promesa del presidente Gustavo Petro para la protección ambiental, cultural y espiritual de la Sierra Nevada y de los pueblos que la habitan.

Expertos consultados por Mongabay Latam destacan que además de estas nuevas medidas, el Estado colombiano debe activar mecanismos y acompañar su implementación, por ejemplo, con el fortalecimiento de consultas previas frente a los proyectos energéticos, de minería, ganaderos o de infraestructura en la región.

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La Línea Negra, un sistema clave de espacios sagrados

El nuevo decreto 0514, emitido el pasado 19 de mayo, surge en respuesta a una decisión del Consejo de Estado, uno de los altos tribunales de Colombia, que declaró la nulidad de un decreto anterior, el 1500 de 2018. Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas mediante un límite simbólico y sagrado conocido como la “Línea Negra”, que abarca un sistema 348 espacios sagrados que están interconectados y sostienen el equilibrio espiritual, cultural y ambiental en la región, según estas comunidades.

Para Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo, la Línea Negra es lo que permite llamar a esta región el “corazón del mundo”, dada su importancia para el ordenamiento territorial y cultural.

“Para nosotros la Línea Negra representa el tejido de espacios sagrados, cumple una función natural y ancestral y es donde se salvaguarda el conocimiento, la semilla y los elementos que equilibran la vida en el territorio”, explica el líder indígena a Mongabay Latam.

Aunque la cartografía de estos espacios sagrados ya se encontraba reconocida en el decreto anterior (el 1500), uno de los argumentos del Consejo de Estado para anular la norme fue que al momento de ser expedido no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

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Al respecto, Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destaca que el nuevo decreto 0514 no solo repara en esta falla de procedimiento, sino que también retoma una resolución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 2022. Allí, se inscribió al sistema de conocimiento ancestral de los pueblos arhuaco, kankuamo, kogui y wiwa de la Sierra Nevada a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto implica que para proteger el sistema ancestral de conocimientos de los pueblos es necesaria la protección del territorio.

“El Gobierno tiene un mandato de reafirmar la protección de estos territorios a nivel interno y adoptar medidas para su protección. Ya no es un sistema que se protege solamente como patrimonio cultural y material para Colombia, sino que es de la humanidad y que está siendo vigilado por una instancia global”, señala la especialista.

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Otro de los argumentos por los cuales el Consejo de Estado anuló el decreto anterior fue que no se agotó la consulta previa con otros grupos indígenas y afrodescendientes que habitan la Sierra Nevada, por lo que la nueva norma también tuvo que corregir este señalamiento. Para ello, realizó procesos de consulta con otras comunidades étnicas, como los pueblos taganga, ette ennaka, wayuu y comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra.

Aunque han surgido críticas de autoridades indígenas, por ejemplo del pueblo wayuu, que consideran que ambos decretos mantienen una jerarquización entre pueblos indígenas, el Ministerio del Interior sostuvo que en los procesos de consulta se identificaron dinámicas territoriales con “necesidades de atención sin preferencias y con toda la imparcialidad debida apartándose de intereses particulares”.

Rodríguez comenta que este aspecto es de los más difíciles de atender al considerar que los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada tienen diferentes formas de diálogo intercultural dentro de la Línea Negra.

“Fueron consultas formales acompañadas por las autoridades del Gobierno, el Ministerio del Interior, Parques Nacionales y allí se realizaron algunos acuerdos de concertación donde se incorporó el respeto de las otras comunidades hacia lo que es la Línea Negra”, señala,

Para Arias, el proceso de consulta para el nuevo decreto también contó con el apoyo de otros pueblos indígenas y afrodescendientes. “Se estableció una ruta de diálogo con los pueblos indígenas y afros, que es lo que llevó finalmente a tramitar la consulta previa que ratificó el contenido, pero también llevó a tener en cuenta esas medidas que puedan preservar algunos derechos que también tienen las otras comunidades que están en este territorio”, reconoce.

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Una reserva complementaria en Sierra Nevada

El 4 de junio el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entregó oficialmente una resolución que delimita y declara como Reserva de Recursos Naturales Renovables a la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto implica que es considerada un territorio libre de nuevos títulos mineros, así como de la explotación de combustibles fósiles.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, sostuvo que esta reserva no solo es un documento, sino “una herramienta” para que los pueblos de la Sierra Nevada puedan defender el territorio.

“Estamos diciendo que en el corazón del mundo no se hará minería, ni explotación de hidrocarburos porque rompe las conectividades naturales y el tejido espiritual que sostiene el territorio. La reserva permite la agricultura, el turismo, el ecoturismo y turismo de los pueblos, las economías para la vida y las economías productivas”, agregó la ministra.

Sin embargo, Rodrígez advierte que la medida no detiene toda la actividad minera pues los proyectos que ya cuentan con título minero, permisos ambientales y autorizaciones vigentes podrán continuar operando, además de que se mantienen excepciones para materiales de construcción destinados a obras públicas —asociados a gran parte de la minería en Sierra Nevada— y para ciertos procesos de formalización de pequeña minería en ríos.

De acuerdo con datos procesados por AIDA, existen al menos 120 títulos mineros vigentes activos en la Línea Negra de Sierra Nevada y más de 90 solicitudes en evaluación.

Pese a los avances que puede representar el decreto y la reserva para la protección de la sierra, la especialista advierte que un reto está en la implementación de estos instrumentos no sólo por parte de las comunidades y gobiernos indígenas, sino especialmente por parte de las autoridades nacionales, especialmente ahora que Colombia está en medio de una elección y un cambio de gobierno.

“Para que el nuevo decreto no vuelva a generar conflictos jurídicos [en temas de consulta previa] esto va a depender de que el Gobierno adopte regulaciones para proteger los territorios, implemente el nuevo decreto, pero también blinde jurídicamente la Sierra Nevada para no generar expectativas en el sector privado”, explica la abogada a Mongabay Latam.

Rodríguez considera clave que el nuevo decreto avance en la recuperación espiritual y física de esos espacios en lugar de abrir camino a nuevos proyectos extractivos.

Arias considera que existe un desafío para la protección de la región frente a intereses económicos en el territorio.

“Aún hay amenazas de megaproyectos mineros, extractivos, también presión turística y de otros sectores productivos en este territorio. Con este Gobierno venimos trabajando una propuesta que pueda generar un instrumento vinculante complementario al decreto frente a una moratoria minera”, expone el dirigente indígena sobre la reserva.

Informes elaborados por el CINEP dan cuenta también de cómo el conflicto armado, junto con el avance de la minería y otros megaproyectos, representan una amenaza directa para poblaciones indígenas de la Sierra Nevada, quienes enfrentan crisis humanitarias, desplazamiento forzado y persecución por la defensa de sus territorios.

Rodríguez insiste también en cómo la comprensión del concepto del territorio será clave a la hora de saber si procede o no un proyecto extractivo en la Sierra Nevada y en los espacios sagrados de la Línea Negra, los cuales señala que deben entenderse no sólo como espacios físicos sino como espacios sagrados para los pueblos donde existen complejas interconexiones culturales y espirituales.

“Es un territorio indígena cuyos espacios se interconectan entre sí, lo que quiere decir que la definición, por ejemplo, del área de influencia de un proyecto debe valorar las interconexiones espirituales que existen entre los diversos espacios sagrados”, explica la especialista. Rodríguez agrega: “Si el espacio 40 se conecta con el espacio 41 de determinada forma, el concepto de afectación directa debe ampliarse y construirse con enfoque biocultural y en respeto de ese sistema ancestral de conocimiento”.

*Imagen principal: las poblaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se enfrentan a megaproyectos mineros, energéticos o turísticos por sus impactos socioambientales. Foto: cortesía Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Introducción

Nos encontramos ante un escenario político de características inéditas. El pasado 31 de mayo el ultraderechista Abelardo De la Espriella se alzó con la mayoría de los sufragios en la jornada electoral presidencial en Colombia. Aunque, de manera casi inmediata, junto al preconteo de las urnas, múltiples signos de duda se cernieron sobre la transparencia de los resultados, lo cierto es que “salta a la vista” la presencia de una lectura de la realidad por parte de su electorado. ¿Qué es lo que se manifiesta en la persona de este showman de la política local?

Aunque la pregunta propuesta se orienta a entender los motivos por los que podría llegar a pensarse que existe un andamiaje conceptual justificatorio de la simpatía electoral, una especie de núcleo generador de cohesión o identidad entre el candidato y sus seguidores, no se pretende dar cuenta de una disección del cuerpo normativo en el que se contiene el conjunto de ideas que lleva a la valoración y consecuente validación de esta opción política, como propuesta pertinente para el conjunto de la población colombiana. Sin embargo, de esta intención no realizada sí se desprende un propósito de igual importancia. Preguntarse por las características de un determinado proyecto político permite también tratar de entender el origen y características de ese mismo proyecto, que es lo que se buscará exponer.  

Se acudirá a la figura de De la Espriella para exponer en qué modo su proceder político es la expresión de un ideario, que opera a través de manifestaciones estridentes y encuentra en la afirmación de formaciones neoliberales ultra-radicales su fundamento. Reconociendo algunas de las comprensiones que la terminología política especializada —y también la cotidiana— ha formalizado a través del concepto de “neoliberalismo” se pretende argumentar la afinidad o similitud ideológica entre el programa político del candidato y los movimientos de la “ilustración oscura o neorreacción” y “libertario”, de los que puede afirmarse constituyen una profundización agresiva y peligrosa del ideario neoliberal.

Desarrollada por pensadores y multimillonarios provenientes de disciplinas vinculadas al campo de la tecnología la neorreacción persigue, como sus ideales más mencionados, la reformulación radical de las relaciones Estado – sujetos a partir del desmonte a la democracia, una administración pública corporativista, tecnocrática y autoritaria y la afirmación del rol ciudadano a partir de la figura económica del “cliente”. Estos paradigmas operan como articuladores de las relaciones sociales, elevan los supuestos fundantes de la modernidad capitalista (acumulación, competencia, eficiencia, consumo) al plano de la cultura, para llevarlos luego al estatus de códigos morales con transferencia a la acción política.  

Algunos de los ideólogos más influyentes de la neorreacción Courtis Yarvin y Nick Land han incidido, a través de sus reflexiones, en la organización del aparataje estatal en Estados Unidos en los dos gobiernos de Donald Trump, así como en el actual proyecto presidencial de Argentina (donde el anarco-capitalismo se mezcla con algunos de los elementos de la neorreacción). El anarco-capitalismo libertario fue formulado, principalmente, por Murray Rothbard, economista norteamericano que defendía que el Estado es un monopolio represivo que viola los derechos de propiedad y la libertad individual; por eso proponía reemplazarlo por un orden social basado en la propiedad privada y los contratos voluntarios. Sostenía que la intervención del Estado (impuestos, regulación, banca central y programas redistributivos) distorsiona los mercados, reduce la prosperidad y desgasta la responsabilidad individual. En su enfoque combina la teoría económica de la escuela austríaca con una crítica radical del Estado, insistiendo en la primacía de la libertad económica y la propiedad como fundamento de la justicia social.

Aplicada a las relaciones democráticas, esta teoría puede resultar nociva para el principio del bien común, porque exalta la lógica del mercado y la competencia (privada, egoísta) por encima de la racionalidad comunitaria: en este sentido la perspectiva libertaria promueve la privatización de servicios públicos, una intervención estatal mínima, debilita mecanismos de protección social y redistribución que sostienen la justicia social. Esta desregulación tiende a concentrar recursos y poder económico en oligarquías privadas, lo que reduce la igualdad de oportunidades y la capacidad de la ciudadanía para participar en condiciones de equidad, facilita y allana el camino para la toma de decisiones determinadas por el lucro privado inmediato, lo que debilita la legitimidad de las instituciones democráticas.

Propuesta esta breve descripción, es necesario preguntarse ¿De qué manera y en qué medida el “proyecto” político de De la Espriella constituye una amalgama o intento de fusión entre algunas de las ideas del neoreaccionarismo o ilustración oscura (Yarvin, Land) y el anarcocapitalismo libertario (Rothbard)? ¿Cómo esto puede significar para el Estado y la población colombiana un riesgo de incomparables dimensiones, que afectaría de manera profunda la vida en todas sus manifestaciones y expresiones? Veamos.

1. La “soberanía” neorreaccionaria

En 2008, Curtis Yarvin escribe, bajo el pseudónimo de Mencius Moldbug , el texto: “Patchwork: A Political System for the 21st Century”. En capítulo uno, titulado: “Patchwork: A Positive Vision” propone la creación de “parches” soberanos, pequeñas jurisdicciones con las que se reemplazarían a los Estados, dado su carácter retardatario y corrupto. En la opinión de Yarvin, estos “parches” actuarían a manera de corporaciones, que competirían entre ellas, buscando cooptar la mayor cantidad de residentes, que pueden trasladarse a otra jurisdicción cuando sus demandas no sean satisfechas por un “delegado”, que cumple funciones administrativas. Señala el autor:

Para el diseño general de nuestro reino, simplifiquemos ligeramente el modelo corporativo angloamericano. Tendremos soberanía directa de los accionistas, sin junta directiva. […] Un reino Patchwork está gobernado por un Delegado, quien es el representante de los propietarios y puede ser reemplazado por la mayoría de ellos en cualquier momento y por cualquier motivo. El Delegado ejerce una autoridad soberana indivisa, como en una monarquía de derecho divino. Es decir, poder absoluto[1]. (Yarvin, 2008, p. 18).

Varios aspectos llaman la atención frente a esta comprensión. Desaparece la organización política del Estado, sustituido por una estructura monárquica, que actúa como detentora del poder delegado que sus accionistas le entregan al asumir el rol pasivo de propietarios, por el que la dimensión relacional de la política desaparece. En consecuencia, el carácter ciudadano del sujeto político es reemplazado por una condición artificial, cuya finalidad consiste incorporarse, desde una determinada función económica, al orden corporativo. Una estructura administrativa, que funciona bajo los preceptos de un régimen monárquico, tendrá potestad para establecer los procedimientos necesarios para alcanzar la eficiencia económica establecida por sus accionistas. Por tanto, la participación en la vida política ya no será necesaria, más aún, ella misma desaparecerá dada su reducción a la imposición permanente de la voluntad de las mayorías. La aparente secuencialidad de este modo de ordenamiento abandona sus visos de claridad cuando nos preguntamos por el modo en que aquellas multitudes mayoritarias trasladarían su voluntad al poder del Delegado, quien la ejercería como dominio. El presunto equilibrio entre la voluntad de los accionistas mayoritarios y la del Delegado monarca terminaría por desaparecer, dadas las posibilidades absolutas con las que el administrador contaría para establecer lo justo o lo injusto, obligando a todos los integrantes de la corporación a una subordinación permanente. Recordamos aquí lo señalado por Hobbes, en su texto Leviatán:

El dominio adquirido por conquista o por victoria en la guerra es el que algunos autores llaman DESPÓTICO, […] éste es el dominio que el amo tiene sobre su siervo. […] Mientras permanezca vivo y la libertad de su cuerpo se lo permita, el vencedor podrá disponer de él como le plazca. (2018, p. 269)

¿De qué manera puede esta inclinación a la dominación, ejecutada a través de la desaparición del Estado, apreciarse en el “plan de gobierno” de De la Espriella? En sus dos primeras propuestas se lee claramente: “Convertir la elección en una decisión histórica de defensa nacional. Levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y reconstruir la República[2]”. El sentido de lo afirmado es evidente. Se pretende hacer, del momento electoral de la democracia representativa, el contenido que define la validez moral de las acciones adelantadas por el Delegado. Aunque dentro del sistema constitucional y democrático colombiano, la figura del presidente aparece como “símbolo de la unidad nacional” (art, 188), de lo expresado en el texto e intervenciones públicas del aspirante presidencial se colige todo lo contrario: la inclinación a creer en la superioridad moral de grupos elegidos o predestinados, afirmándolos como investidos de sabiduría divina absoluta, cuenta en la historia con múltiples y catastróficas manifestaciones, que en la práctica política terminan por desaparecer la democracia, a través del rechazo violento al distinto.

2. “Ilustración criolla fascista”.

En 2012 escribe Nick Land:

Si nunca fuese necesario adaptarse fundamentalmente a la realidad, entonces el fascismo se alzaría como baluarte de la verdad[3]. […] El facismo […] como todo el mundo lo sabe, hace que los trenes lleguen a tiempo. Representa la subordinación práctica de la realidad a la voluntad concentrada. […] Acabar con el fascismo es acabar con el deseo por el fascismo, consistente en acabar con la propia voluntad democrática o “popular”; y solo una economía realmente liberada, que se ha desencadenado a sí misma […] puede emprender tal empresa. (pp. 269- 270)

Desde su surgimiento y constitución como práctica política, el fascismo ha adoptado distintos nombres y expresiones, llegando al grado de convertirse en una práctica casi imperceptible, y en una afirmación que en no pocas oportunidades ha sido reducida al rango de mera retórica o extranjerismo trivial carente de sentido. En la actualidad no es un término que de amplio reconocimiento por parte de población nacional debido, entre otros factores, al ambiente generalizado de violencia estructural al que el país se ha enfrentado a lo largo de décadas. Aunque en términos generales sea posible señalar lo anterior, los componentes estructurantes del fascismo (y también del nazismo xenófobo, racializado) logran verse cuando se acude al análisis de las formas con las que las manifestaciones violentas han transitado por el espectro de la política nacional. En una definición de las manifestaciones fascistas el filósofo colombiano Damián Pachón expresa:

El fascismo se alimenta de la angustia, la inseguridad vital, la desesperanza y se moviliza siempre contra un “gran Otro”, un culpable, un chivo expiatorio. El fascismo siempre fabrica un culpable, al cual hace responsable de todos los males y las desgracias de la sociedad. Por eso, el fascismo pone a una parte de la sociedad contra otra, ya sean minorías judías, comunistas o inmigrantes. Por eso, las armas del fascismo son el odio, el rencor y el miedo[4]. (2026)

En el contexto latinoamericano el fascismo se ha combinado con la figura del colonialismo interno; la misma historia colombiana da cuenta de ello. El sociólogo Pablo González Casanova define, como característica de este fenómeno, su correspondencia con una “estructura interna de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos” (2017, p. 137). La correlación entre las comprensiones de González y de Pachón resulta pertinente para el asunto en cuestión. El fascismo, concebido, desarrollado y propagado durante décadas en nuestro país se ha posicionado haciendo uso de prácticas de dominación y exclusión del Otro, señalamiento y polarización. Desde aquí, es necesario criticar la posición de Land frente del fascismo. En su opinión, el autoritarismo surge para corregir los desórdenes ocasionados por las composiciones sociales democráticas, que afectan los distintos campos de la actividad humana; de aquí que resulte necesaria la hiperconcentración de la voluntad general en las finalidades corporativas. La supuesta superación de esta condición aparecería con la implementación de una reconfiguración económica, que elimine la pulsión o el deseo hacia el autoritarismo; empero, ya que esto no podría suceder a través de las vías democráticas (que se pretenden superar), la “economía liberada” no puede obtener su impulso de otra fuente distinta a la del autoritarismo fascista. ¿Es posible encontrar esta interpretación en alguna de las afirmaciones de De la Espriella?

En una entrevista reciente afirmó: “Hay más de 700.000 cargos y contratos de prestación de servicios que le sobran al Estado […] Hay que reducir el Estado y eso implica ministerios, pasar de 19 a 10[5]”. El ideario de la “desaparición del Estado en nombre del Estado” ha sido uno de los grandes sueños del proyecto neoliberal. El sofisma podría seducir a quienes se sientan tentados a confiar sus esperanzas de desarrollo y crecimiento a la ‘pureza’ de las intenciones privatizadoras (no privadas, lo que es analógicamente distinto). Desde la última década del siglo pasado (y con tan solo un “inicial” cambio de rumbo durante los últimos cuatro años) el paradigma de la eficacia capitalista ha sido el estandarte de la administración pública en Colombia; para profundizar su realización De la Espriella pretende hacer de la reducción de las funciones estatales el medio por el que se afirma “lo individual”, como mecanismo para la reconfiguración de las libertades propuestas por el mercado.

Conclusión: El engaño libertario

Una de las primeras “voces de apoyo” recibidas por parte de De la Espriella fue la del mandatario argentino Javier Milei. El líder del movimiento La libertad avanza, fiel seguidor de las doctrinas del economista estadounidense Murray Rothbard, se alzó con la presidencia de su país en gran medida gracias a las promesas que aquí se han esbozado, junto a otras, como la que se expresa en la desregulación completa de las relaciones económicas. Muy pronto, cuando Milei comenzó con la implementación de las políticas públicas prometidas, se hicieron evidentes las falencias y vicios estructurales del proyecto libertario, que pretende transmutar todo bien y derecho común, al interpretarlo bajo las lógicas del “derecho de propiedad” Lockeano: «Cuando los derechos humanos no pueden traducirse en términos de derechos de propiedad, se tornan vagos e incluso contradictorios y empujan a los liberales a debilitarlos y situarlos del lado del “interés público” o del “bien común”» (Rothbard, 1995, p. 166).

La consecuencia directa de extrapolar esta orientación económica a todos los campos la actividad humana, dentro del Estado, fue clara: hiperinflación, recortes fiscales, precarización y cierre de servicios públicos esenciales, inseguridad alimentaria, depredación ambiental, desempleo, pérdida de soberanía, entre otros tantos problemas sociales. En palabras del recordado filósofo Franz Hinkelammert, estas repercusiones aparecen como efectos de la falacia que considera como real el “fetiche ideológico” del mercado como “institución perfecta” o “mercado total”. En palabras del pensador:

La ley del mercado es declarada así ley absoluta y el mercado es ahora transformado en mercado total. […] Toda acción humana, si es posible, tiene que ser privatizada, para que esté también penetrada por este laissez faire total. Lo que aparece es un llamado al totalitarismo del mercado. (2018, p.157)

A la luz de los argumentos presentados, el análisis detallado de lo propuesto por De la Espriella permite aclarar las dudas e inconsistencias que surgen, cuando se entiende que el deterioro democrático e institucional proyectado pasa por debilitar o desaparecer todos los derechos sociales y garantías administrativas que no se traduzcan en propiedad privada. La decisión popular de encaminar el fortalecimiento democrático, auténticamente participativo, no puede conducir a lugar distinto que el de la adopción de formas de vida que entiendan el vivir bien como vivir bien en común.   

Referencias

De La Espriella, A. (2026). Programa de gobierno 2026–2030.

De la Espriella, A (2026). Entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

González, C. (2017). Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina. Akal

Hinkelammert, F. (2018). Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo. Akal

Hobbes, T. (1989). Leviatán. Alianza Editorial

Land, N. (2012). La ilustración oscura. [Y otros ensayos sobre la Neorreacción]. Materia-oscura Editorial

Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026

Yarvin, C. [Mencius Moldbug]. (2017). Patchwork: A political system for the 21st century. Unqualified Reservations.

[1] Texto original en inglés.

[2] Disponible en: https://defensoresdelapatria.com/wp-content/uploads/2026/04/PROPUESTAS-DEL-TIGRE.pdf

[3] Cursiva fuera del texto original.

[4] Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026.

[5] De la Espriella, entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo de 2026. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

Prólogo

“El único verdadero viaje, el único baño de juventud,

no sería ir hacia nuevos paisajes,

sino tener otros ojos”.

— Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, V: La prisionera

(Ed. Santiago Rueda, Buenos Aires, 1927).

Nadie puede cultivar en el suelo que no ha aprendido a mirar con detenimiento. Los textos reunidos en este libro son el testimonio de esa mirada atenta que emprendieron los maestros en formación de Primer semestre del Programa de Formación complementaria (PFC) de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. Su trabajo no surge de la teoría descontextualizada, sino de la voluntad de detenerse para observar atentamente. El lector encontrará el testimonio de una travesía que implicó la inmersión en el abismo del aula para rescatar la música propia, el detalle y la potencia de cada niño.

La cocina del libro

Este libro se escribió desde la tensión viva de la práctica pedagógica y su relación con la investigación. Surgió del desafío de transformar el rol del normalista: de ser un ejecutor de planes de clase a convertirse en un investigador de su propia práctica. Para lograrlo, se implementó la metodología MARPA (Mapeo de Aula para la Reflexión y la Práctica Académica), un sistema de indagación diseñado para registrar, decodificar y transformar la observación en saber pedagógico estructurado.

El proceso no fue sencillo. Los autores de estos capítulos tuvieron que enfrentarse a las realidades del aula que desbordan los manuales teóricos. La cocina de este proyecto implicó sesiones de escritura, debates intensos para desterrar las visiones adulto-centristas de la infancia, y el ejercicio de contrastar la teoría científica con la vida en el aula.

¿Para qué hacer este esfuerzo? Se editaron estas páginas para demostrar que los futuros maestros son productores de un saber válido y pertinente. Este libro busca dejar una base indagatoria y un precedente ético. La escuela no se transforma con directrices externas, sino sistematizando la riqueza que emerge de su interior.

La ruta y sus hallazgos

El libro está organizado de acuerdo con los hallazgos que emergieron cuando el Pensamiento Crítico y el Trabajo Colaborativo se buscan en el aula. Cada capítulo es el resultado de un proceso de indagación donde la teoría se contrastó con la observación:

El recorrido comienza con “Semillas diferentes, misma tierra: el arte de cultivar el saber en la diversidad”. A partir de la observación de una práctica pedagógica donde la duda de una estudiante fue silenciada y la solidaridad de un par fue sancionada, se propone que la diversidad cognitiva no es un obstáculo, sino el motor que impulsa el saber. Las autoras aseguran que el aula debe ser un ecosistema donde el conocimiento se construye desde el desacuerdo y la pluralidad.

En el segundo capítulo titulado “Callar el error o enfrentarlo: lo que el diálogo revela sobre la construcción del conocimiento” se evidencia la tensión entre la evaluación punitiva y la construcción de saberes. Los autores proponen que el error es necesario y promueve el aprendizaje auténtico, siempre que haya una mediación que fomente la honestidad intelectual.

Por otro lado, “Tejiendo saberes entre voces, risas y miradas: el diálogo sociocultural como motor del aprendizaje significativo” pretende explicar por qué el trabajo en grupo muchas veces se fragmenta y por qué la convivencia es el cimiento indispensable para que el aprendizaje en el aula sea verdaderamente significativo.

En “La brújula del pensamiento: el cuidado del criterio en la construcción del pensamiento crítico” los autores abordan la urgencia de formar estudiantes capaces de habitar la infoxicación[1], cultivando una vigilancia epistémica que permita construir juicios propios frente a la saturación de información.

Finalmente, en “Decidir pisando el acelerador: cuando la mente corre más rápido que el pensamiento”, la investigación trasciende la definición clínica del TDAH[2] para proponer una mirada ética que protege la infancia de la medicalización. Aquí, la impulsividad se analiza como una expresión de una mente que corre más rápido que el pensamiento regulado, exigiendo al docente estrategias que valoren la velocidad cognitiva como una potencia y no como un déficit.

La reflexión como acto de resistencia

Escribir sobre lo que ocurre en el aula es, hoy más que nunca, un acto de resistencia pedagógica. En un mundo que exige inmediatez, estos hallazgos muestran que el verdadero cambio educativo empieza cuando el maestro se atreve a habitar el abismo de la pregunta.

Este libro no pretende dar respuestas a los cuestionamientos trazados. Todo lo contrario. Los autores inician su proceso de configuración identitaria como futuros maestros investigadores a partir de la comprensión del aula y de las indagaciones que surgen de ella. Asimismo, este libro es una invitación a que la comunidad educativa —maestros, normalistas y familias— reconozca que el aula es un lugar de encuentro humano y de transformac0’ión constante.

Se invita al lector a recorrer estas páginas como quien descubre un territorio nuevo. Que su lectura sea, para ustedes también, ese “baño de juventud” que menciona Proust. Y que, al terminar de leer, puedan volver a sus propias aulas habiendo obtenido, finalmente, otros ojos.

Lee el libro interactivo y completo de forma gratuita haciendo clic en el enlace.

[1] Estado de sobrecarga informativa que impide profundizar en los temas y dificulta la construcción de un criterio propio debido al exceso de datos sin procesar.

[2] Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: es una condición del neurodesarrollo que afecta la regulación de la atención, el control de los impulsos y el manejo de las funciones ejecutivas.

Las recientes declaraciones de Abelardo de la Espriella sobre una eventual salida de Colombia de la ONU y de la OEA han provocado una intensa discusión pública. Sus críticos las interpretan como una señal de aislamiento internacional y de debilitamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Sus partidarios, por el contrario, las entienden como una reivindicación de la soberanía nacional frente a organismos burocráticos que ofrecen pocos beneficios concretos para el país. Sin embargo, el verdadero interés de estas declaraciones no radica en la política exterior. Su importancia consiste en que permiten comprender con mayor claridad la lógica que articula el conjunto de su programa de gobierno.

Cuando De la Espriella afirma que la permanencia en estos organismos debe evaluarse preguntando «¿qué le produce eso a Colombia?», está formulando una concepción específica de la política. Las instituciones no se justifican por sí mismas ni por principios abstractos. Su legitimidad depende de los beneficios concretos que generen para la nación. Lo que no produzca resultados debe ser reformado, reducido o eliminado.

La lógica que atraviesa todo el programa de la llamada «Patria Milagro».

El primer apartado del documento lleva por título «Salvar la Patria Milagro». Allí se sostiene que Colombia enfrenta cuatro amenazas fundamentales: el autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción política y la penetración del narcotráfico y las economías ilegales. Frente a ellas se propone convertir la elección presidencial en una decisión histórica de defensa nacional, levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y reconstruir la República.

La elección de las palabras no es accidental. No se habla simplemente de administrar mejor el Estado ni de corregir errores gubernamentales. Se habla de salvar la patria, reconstruir la República y recuperar instituciones supuestamente capturadas. La política adopta así un lenguaje de regeneración nacional como en la época de Miguel Antonio Caro.

Esta narrativa posee una larga historia en América Latina. Desde el siglo XIX, diversos movimientos políticos han legitimado sus proyectos presentando la nación como una comunidad amenazada que requiere una intervención excepcional para restaurar su rumbo histórico. En estos discursos, el gobernante no aparece únicamente como un administrador eficiente, sino como el intérprete de una misión de rescate colectivo.

Sin embargo, como veremos a continuación el programa de De la Espriella incorpora un elemento adicional que merece atención: el llamado patriotismo constitucional.

¿Qué es eso del “patriotismo Constitucional’?

En principio, cuando se lee el apartado titulado «Patriotismo Constitucional en la Patria Milagro» pareciera que este se inscribe dentro de la tradición clásica del constitucionalismo democrático. Allí se propone un compromiso de lealtad con la Constitución, el rechazo a una asamblea constituyente, la defensa de jueces, prensa e instituciones, la protección de la separación de poderes y el fortalecimiento de la independencia judicial.

Estos elementos podrían interpretarse como una reafirmación del Estado de derecho. No obstante, una lectura más detenida revela una tensión significativa. El programa sostiene que la democracia sólo será posible si la Constitución vuelve a ser «el límite del poder y el consenso central de la República» y si los colombianos obedecen «a la libertad y el orden que orienta nuestro propio escudo nacional».

La expresión resulta particularmente relevante porque el concepto de patriotismo constitucional tiene una historia intelectual específica. Desarrollado inicialmente por Dolf Sternberger y posteriormente popularizado por Jürgen Habermas, surgió en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial como una alternativa al nacionalismo tradicional. Su objetivo consistía en construir una identidad política basada no en la etnia, la religión o la homogeneidad cultural, sino en la adhesión compartida a los principios democráticos, los derechos fundamentales y el Estado de derecho.Para Habermas, los ciudadanos debían sentirse vinculados por procedimientos democráticos comunes y no por una identidad nacional excluyente. El patriotismo constitucional buscaba precisamente proteger el pluralismo.

En la formulación propuesta por De la Espriella, sin embargo, el concepto parece adquirir un significado distinto. Junto a la defensa de la Constitución aparecen referencias permanentes a la patria, la reconstrucción nacional, la mayoría moral, la seguridad, el orden y el fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. La Constitución ya no aparece únicamente como un conjunto de límites al poder. También se convierte en un instrumento de cohesión moral y de reafirmación nacional. Esta diferencia resulta fundamental para comprender otras propuestas del programa.

En materia de seguridad, por ejemplo, el documento sostiene que «el crimen es hoy el principal enemigo de la libertad». La afirmación expresa una visión según la cual la principal amenaza para los derechos ciudadanos no proviene del exceso de poder estatal sino de la incapacidad del Estado para garantizar el orden. La libertad aparece entonces estrechamente vinculada a la autoridad. Desde esta perspectiva se entienden propuestas como la destrucción de las economías ilegales, la recuperación del control territorial, el fortalecimiento de la fuerza pública y la reafirmación del monopolio estatal de las armas.

Algunos interrogantes fundamentales

Una de las propuestas más llamativas que plantea la propuesta de la “Patria Milagro” – resaltando el término milagro para asociarlo con ideas como la de Regeneración de Nuñez o la Restauracion conservadora después de la guerra de los Mil Días – consiste en la creación de una «Primera Línea de Seguridad» integrada por veteranos y reservistas para apoyar la seguridad barrial. Aunque el programa insiste simultáneamente en desmontar poderes coercitivos paralelos y reafirmar el monopolio estatal de las armas, la experiencia colombiana obliga a examinar con cautela cualquier iniciativa que amplíe la participación de civiles o exmilitares en tareas relacionadas con la seguridad comunitaria, pues ha derivado en paramilitarismo y para-estatalismo.

Las Convivir de la década de 1990 constituyen un antecedente ineludible. Originalmente concebidas como mecanismos de colaboración ciudadana con las autoridades, en varios territorios terminaron facilitando dinámicas que contribuyeron a la expansión de estructuras paramilitares. Esto no significa que ambas propuestas sean equivalentes, pero sí plantea preguntas legítimas sobre los mecanismos de control institucional que impedirían una evolución semejante. Es en este punto donde consideramos que las declaraciones sobre la ONU y la OEA no son casuales sino que corresponden a algo que guarda consonancia con su propuesta.

Cuando De la Espriella afirma que estas organizaciones son «pura burocracia» y se pregunta «¿qué le producen a Colombia?», no está cuestionando únicamente a dos organismos internacionales concretos. Está expresando una determinada concepción de la soberanía, que rechaza la intervención de estas instituciones y al mismo tiempo llama “terroristas urbanos” a cualquier posible manifestación o protesta en contra de un posible gobierno suyo.

La pertenencia a instituciones multilaterales deja de justificarse por razones normativas o por compromisos universales asociados a los derechos humanos y pasa a evaluarse según criterios de utilidad inmediata para la nación. Colombia, por ejemplo, no podría ser juzgada o condenada a nivel internacional por violación de los Derechos humanos.

Aquí emerge otra diferencia significativa con la tradición del patriotismo constitucional desarrollada por Habermas. Mientras este último concebía la democracia constitucional como compatible con la creciente internacionalización de los derechos y las instituciones, con el disenso y el desacuerdo, la propuesta de De la Espriella desplaza el énfasis hacia la autonomía nacional, la eficiencia administrativa y la capacidad de las instituciones para producir beneficios concretos para los ciudadanos. Se trataría también, en principio, de un Estado mínimo, autoritario y al servicio del mercado, que no se compadece con la apuesta del Estado social de derecho de la carta de 1991.

La cuestión central, por tanto, no consiste en determinar si estamos ante un proyecto democrático o antidemocrático en términos absolutos. Tampoco parece suficiente describirlo simplemente como una reedición de la seguridad democrática ya que lo que emerge es una combinación particular de constitucionalismo, soberanismo, seguridad y regeneración nacional. La pregunta verdaderamente relevante es otra: ¿puede un proyecto político que aspira a reconstruir moralmente la República preservar al mismo tiempo el pluralismo, la diferencia, la diversidad que caracteriza a las democracias contemporáneas? Después de todo, las constituciones no existen únicamente para proteger aquello que una mayoría considera valioso. También existen para garantizar que quienes piensan distinto continúen siendo reconocidos como ciudadanos legítimos dentro de una comunidad política compartida.

Referencias

Habermas, J. (1998). Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso (M. Jiménez Redondo, Trad.). Trotta.

Habermas, J. (1999). La inclusión del otro: Estudios de teoría política (J. C. Velasco Arroyo & G. Vilar Roca, Trads.). Paidós.

De La Espriella, A. (2026). Programa de gobierno 2026–2030.

Gerente Colegio Bilingüe José Max León.

Tras unas semanas después de la segunda versión del Foro “Rompamos el silencio” en la Universidad EAN me atrevo a resaltar ciertos aspectos. De entrada: gracias por la paciencia a quien esperaron estas palabras y también a quienes se están tomando el tiempo de leerlas. En la era del inmediatismo y el afán, del exceso de confianza que le tenemos a los resúmenes y las conclusiones que realizan las nuevas tecnologías, siento un privilegiado al tener unos minutos de su atención. 

Este texto es un acta sobre lo que se discutió ese día; es, ante todo, un gesto de agradecimiento a todos los que participaron, bien fuera como parte de la organización, como asistentes (presenciales y virtuales), como panelistas o como moderadores.

No es tampoco un resumen, sino más bien una hoja de ruta (quizás demasiado personal) para lo que considero es el paso a seguir de una alianza de carácter interinstitucional que se viene gestando desde hace algunos años y que resulta más relevante que nunca.

Porque, si bien el principal propósito de cualquier colegio es el bienestar de los estudiantes y de sus familias, el Colegio Bilingüe José Max León se enorgullece de “correr la milla extra” al animar a toda la sociedad a reconocer el acoso escolar como expresión y origen de buena parte de la violencia que ocurre en Colombia. Muchos antes de que fuéramos el primer colegio en latinoamérica en ser reconocido como una institución antibullying de acuerdo al modelo italiano NPR/PdR 42:2018 hemos promovido que las voces de las nuevas generaciones de colombianos tengan protocolos, garantías y claridad sobre cuáles son sus derechos y responsabilidades frente a un fenómeno que nos obliga a reevaluar las formas de nuestra educación. Requerimos del esfuerzo y la colaboración de todos los que componen el ecosistema para garantizar que este primer encuentro siga generando frutos.

El Foro “Rompamos el silencio”como un punto de partida

Este fue el llamado abierto a aquellos integrantes de la sociedad que se sienten incómodos con la normalización de la violencia. Este evento superó las expectativas de muchos y logró ofrecer un ápice de esperanza dentro de los esfuerzos por mejorar la realidad nacional y, sobre todo, de encontrar en otras personas e instituciones un reflejo de sus frustraciones y de sus fortalezas.

El primer resultado de la integración que causó la iniciativa del Colegio Bilingüe José Max León es “El Efecto E”, un proyecto del diario El Espectador que, definida por su director Fidel Cano, una campaña que busca articular actores educativos, empresariales, institucionales y sociales para visibilizar este fenómeno desde una mirada más amplia.

Con esto, el diario más importante de Colombia, pretende hacer un contrapeso de optimismo a la era que la autora argentina Mariana Enriquez define como la de las tres As: ansiedad, angustia y apatía. Siempre desde su agudísima puntería y la profundidad de sus reflexiones, Cano definió el “Efecto E” como la manera de El Espectador sirve de megáfono para que, fruto de los diálogos del foro y de futuros eventos y reflexiones, a las tres As identificadas por enríquez, se le puedan anteponer salvavidas como: Empatía (esa capacidad de comprender y sentir lo que viven otras personas), Esperanza (o la confianza en la posibilidad de construir algo mejor), Encuentro (disposición a construir vínculos humanos significativos) y, por supuesto, el Estudio (dedicación con amor al aprendizaje y al conocimiento), Elegancia moral (nobleza de conducta y respeto hacia los demás), entre otros.

Me alegró muchísimo que la referencia que hice a la obra de la filósofa Anne Dufourmantelle resonara en buena parte de las intervenciones. Por el vínculo estrecho que he construido con ciertas comunidades del Vaupés, me sentí muy identificado cuando la Rectora de la Universidad EAN retomó la idea de un currículo basado en “La Dulzura” para honrar las dinámicas sociales de nuestros pueblos ancestrales, sobre todo en el momento sagrado del encuentro en los centros de pensamiento, en el que se instala el acuerdo de usar “la palabra dulce”, generalmente mediado por el uso del mambe que garantiza la escucha atenta y las intervenciones prudentes y siempre pacíficas.

Y pude ver que otros panelistas también señalaban la necesidad de liberar a “la dulzura” de tantas capas de cursilería y simpleza con la que por tantas vías la han tratado de opacar.

La necesidad de respetar y reconocer la vulnerabilidad de quienes son afectados por estas violencias relacionales se origina también en reconocer que quienes son victimarios o acosadores también pueden tener una noción desfigurada del poder de la dulzura. Dufourmantelle argumentaba que la vulnerabilidad es parte de la condición humana y que, en lugar de ignorarla, deberíamos utilizarla como una base para desarrollar empatía y solidaridad. La dulzura no es abrazar al otro sin condiciones, sino reconocer que ese otro está tan habitado por fortalezas como por debilidades. Y que, así como las fortalezas nos dan oportunidades para combinar fuerzas, las vulnerabilidades nos pueden unir en una equivalencia también apta para desarrollar soluciones e innovaciones.

El cambio cultural que promueve el Colegio Bilingüe José Max León empezó con esta alianza entre medios, educación y sociedad, pero cualquier camino en esta dirección debe partir de la disposición de entender al ser humano con nuevas prolongaciones de su sentido.

Tomó mucho tiempo entender que las personas son seres integrales, habitados por muchos tipo de inteligencia y que su desarrollo depende lo bien articulados que crezcan emociones, lógicas, sentimientos, habilidades, hábitos, entre otros…ahora, la tecnología  y la evolucionada complejidad de las relaciones nos obligan a pensar en las personas como seres que habitan de manera cada vez más inevitable ese universo expansivo que es la virtualidad.

Como dice el Rector Javier Albornoz, el bullying es un fenómeno que cambia su forma y, si no ofrecemos guías, prevención y acompañamiento, puede encontrarse cómodo en cualquier lugar donde haya relaciones humanas. Cualquier esfuerzo contra el bullying y el acoso debe considerar el multiverso que habitan los seres humanos, al menos los que están bajo nuestra responsabilidad durante sus años de formación y, dentro de este marco, ni la familia, ni la escuela ni ningún ámbito laboral puede desconocer que el ciberbullying es ese entorno inhóspito y sin ley por el cual se mueve buena parte de las dinámicas sociales y donde la violencia ha asentado una de sus centrales de operación.

Ese nuevo humano que debemos formar a partir del reconocimiento y la aceptación de todas sus ramificaciones debe tener en cuenta las dimensiones que abarca en educación, convivencia en todos sus ámbitos (pero que se nutre desde el hogar, sea cual sea su forma), la restauración como parte de una dinámica constante, el papel de los medios de comunicación como centro de formación pública, la salud mental como eje de la productividad y el bienestar de un país, entre otros.

Romper el silencio exige prevención desde cualquier ámbito

Para esto las empresas, como las que conforman el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES), reconocen que las empresas también tienen una responsabilidad en romper cadenas de violencia. Aquellos liderazgos tóxicos muchas veces nacen de dinámicas no corregidas durante infancia y adolescencia y se pueden tratar en el marco de la seguridad y salud en el trabajo para garantizar el desarrollo de las empresas de la mano de un bienestar emocional y mental de sus trabajadores y de sus nichos familiares.

Una sociedad verdaderamente humana debe poder mirar el dolor sin convertir automáticamente al otro en monstruo. Esta base de la justicia restaurativa tiene sus bases en los protocolos que fija el Colegio Bilingüe José Max León para que el victimario no sea estigmatizado y tenga oportunidad y derecho a una segunda oportunidad. Así mismo, por el bien del conjunto social y la dignidad de los individuos, el dolor no puede convertirse en capital para anular a otros bajo el rótulo simplista y silenciador de “víctima”. No basta con reconocer, honrar y tratar de reparar su dolor del pasado, sino de valorar y aprender de sus cicatrices y de su poder de sanarse a sí mismos y a otros. Así, tanto los causantes del acoso como sus dolientes tienen un papel activo en la misión de darle a un grupo social una segunda oportunidad sobre la tierra. 

En los próximos días se pactarán nuevos pasos hacia la dirección que ya anticipamos: la puesta en marcha de un “Observatorio contra el acoso escolar y universitario”.

Aquí esperamos reunir buena parte del trabajo de los ponentes del foro, así como iniciativas académicas previas, para que podamos sumar conocimientos y reflexiones. El próximo foro deberá mostrar algunos resultados y nuevas voces que también quieran sumarse al llamado.

Ya rompimos el silencio…
ahora vamos a construir con las nuevas voces.

-Alejandra Pizarnik-

Bat: El presidente Petro presentó una serie de denuncias que muestran situaciones opacas en las elecciones del 31 de mayo, pero parece como si no hubiera dicho nada.

Man: Lo que pasa es que Petro es un mal perdedor. ¡Puro pataleo de ahogado! Esas denuncias no tienen fundamento y es mejor no pararles bolas.

Bat: Por supuesto que las denuncias del presidente Petro deben ser motivo de atención y análisis. Es claro que no se está hablando de fraude masivo, pero lo que sí hay es una serie de acciones, hechos y datos opacos que merecen aclaración.

Man: Ya el MOE y la Misión Internacional certificaron que todo está bien, así es que seguir insistiendo en esa vaina son puras ganas de joder.

Bat: Hay por lo menos 12 situaciones que exigen la máxima transparencia. No es ningún capricho. En cualquier democracia decente, sí o sí esto tendría que aclararse.

Man: ¿Ah sí? ¿Y cuáles son esas supuestas situaciones?

Bat: Se lo voy a explicar sin tanto tecnicismo, para que vea que no es solo una pataleta. Pongámosle la lupa a unas cuantas cosas que no huelen bien.

Man: A ver, suéltelas.

Bat: Lo primero y más llamativo es ver cómo se concentró la ventaja de Abelardo de la Espriella. El informe muestra que una porción gigante de la diferencia con Cepeda apareció en un puñado de mesas; en concreto, las mesas que superan los 300 votos.

Man: ¿Cómo así? ¿O sea que en la mayoría de las mesas con una votación superior a 300, en general, gana Abelardo?

Bat: Exactamente. No es que eso sea imposible o que la gente no pueda votar masivamente, sino que en esas mesas puntuales se produjo una ventaja desproporcionada. La lógica democrática más básica pide que se revisen una por una.

Man: ¡Qué bobada! En algunos puestos siempre vota más gente.

Bat: De acuerdo. Pero ahí viene otro punto interesante: hay mesas con 400, 500 o más votos. Eso es muy difícil de creer.

Man: ¿Por qué? Ni más faltaba… Algunas mesas admiten 500, 700 o hasta más de 1.000 votantes.

Bat: Pues sí. Pero piense en esto: la jornada dura ocho horas. Eso es 480 minutos. Se estima que lo normal es que un sufragante tarde alrededor de minuto y medio votando (mientras le miran la cédula, firma, pone huella, le entregan el tarjetón, va al cubículo y vota). Eso, en condiciones normales. Así que una mesa con más de 300 votantes ya llama la atención; se necesita que no hayan parado ni un minuto las votaciones y que ningún sufragante se haya demorado más del minuto y medio. Digamos que imposible, imposible, no es, pero sí muy llamativo.

Man: No me parece…

Bat: Pero también hay otra cosa sumamente importante: ¿cuántos estaban habilitados en esa mesa? ¿Cuántos firmaron realmente? ¿Y cuántos votos aparecen en el acta? Esa comprobación no es un capricho, es el ABC de una elección limpia.

Man: No hable paja, que eso ya está muy claro.

Bat: Pues yo no le veo ninguna claridad. Y la cosa se complica más. En algunos puestos, el informe detecta que votó más gente de la que estaba habilitada. Son pocos casos, si se mira a nivel nacional, pero no debería pasar en ningún caso. Ahí la revisión es obligatoria: cruzar censo, registros y actas.

Man: Si usted misma dice que son pocos casos, qué más da…

Bat: ¿Qué más da? ¡Oigan a mi tío! Y la cosa es que no hemos terminado. También aparecieron patrones raros: en algunos departamentos, la alta participación coincide como un calco con los mejores resultados de Abelardo. O sea: donde hubo más gente votando, ahí ganó Abelardo; y donde ganó Abelardo, ahí hubo más gente votando. Volvemos al cuento: imposible no es, pero cuando ese patrón se repite en zonas muy concretas, la alerta se dispara.

Man: Usted siempre buscándole cinco patas al gato…

Bat: Al gato no, al tigre. También se debe tener en cuenta que si una mesa siempre ha tenido 200 votos y de repente aparece con 500, algo cambió. Puede ser un bum de participación, pero si no miramos el histórico, navegamos a ciegas. Lo mismo para los cambios bruscos en la preferencia política de un puesto.

Man: Hummm… A mí no me suena, como tampoco me suena eso del censo que dijo el guerrillero…

Bat: Pues precisamente ahí hay otra cosa que no se resuelve con un comunicado chimbo. El presidente dice que se añadieron más de 800.000 personas al censo, la Registraduría dice que el censo se cerró en abril y que todo se publicó. La controversia no se acaba con declaraciones escuetas ante los medios, sino verificando que los archivos entregados, los registros de cada mesa y el censo que se usó coincidan al 100%.

Man: ¡Qué suspicacia la suya! A todo le pone problema. No demora en hablar del software…

Bat: Me adivinó el pensamiento. El presidente Petro señala que hubo dos cambios en el software en la semana inmediatamente anterior a las elecciones. La Registraduría dice que el 26 de mayo no se modificó nada, que solo pusieron una carpeta para los auditores. Pero si hay dudas, no basta con explicar la fecha. Hay que mostrarle a la ciudadanía la trazabilidad técnica: quién generó los archivos, qué se movió, qué versiones había antes y después, y cuáles son los registros de auditoría.

Usted sabe que el voto se cuenta en papel, pero luego los datos corren por sistemas, preconteo, consolidación y escrutinio. Ahí entran contratistas, software privado, y eso no es cualquier cosita.

Tanto la Registraduría como la Misión de Observación Electoral de la OEA han señalado que en el proceso electoral colombiano intervienen múltiples sistemas informáticos operados por distintos contratistas privados. Eso significa que el dato que usted ve en pantalla pasó por varias manos antes de llegar ahí. La pregunta no es si el sistema funciona, sino si alguien puede garantizar que en ese tránsito no se perdió ni se ganó nada.

Man: ¿O sea que hay varios sistemas funcionando?

Bat: ¡Exacto! Y esa fragmentación exige más auditoría, no menos. Debe quedar claro qué hizo cada sistema y cómo se garantiza que los datos en papel son los mismos que terminan en la pantalla.

Y hablando de auditoría, la Registraduría dice que mostró el código fuente a CAPEL y a los partidos. Pero mostrar no es lo mismo que una auditoría forense completa, con código, versiones compiladas, bitácoras, copias espejo y verificación de que el software auditado fue el que realmente se usó. No es por ser desconfiados, pero el antecedente del MIRA está ahí para recordarnos que las dudas sobre software electoral no son un invento de ahora.

Man: Eso del MIRA sí fue un caso sonado…

Bat: Como para no olvidarlo. También está lo de los contratistas, los famosos hermanos Bautista. Recuerde que en Colombia la SIC los ha multado con miles de millones por amaños en licitaciones. El Tribunal Administrativo les tumbó un contrato por irregular. Y para rematar, hay conversaciones que revelan que sus abogados intentaron mover influencias en la Corte Suprema. Así que, aunque no estén presos, el olor es tan fuerte que cualquiera se tapa la nariz.

Man: ¿Y qué?… Todo eso son simples sospechas, no hay nada comprobado…

Bat: Así es. La Registraduría dice que ya revisaron las mesas sospechosas. Pero la confianza no se recupera con un “ya lo hice”. Se recupera mostrando el método, quién lo hizo, qué documentos contrastaron y qué encontraron mesa por mesa. Mientras eso no ocurra, las dudas van a seguir ahí, no por pataleta de nadie, sino porque una elección sin transparencia es un cheque sin fondos.

Man: Siga con sus dudas, que nosotros con Abelardo seguiremos ganando. ¡Firmes por la patria!

Bat: ¡Ja! Disimule por lo menos. Exigir transparencia no es un capricho, es un deber ciudadano. ¿O no es la transparencia la base de la democracia?

***

Imágenes:

El prestidigitador – El Bosco

Viaje a los tormentos – Francisco de Goya

El silencio que ya no guardo

Mi voto

La voz que nadie puede callar: cuando el miedo cruza todas las fronteras

Decidí publicar un fragmento situado de las conversaciones que he tenido con Margarita Rosa. Lo hice tras un largo proceso de metaconciencia, de sopesar cada palabra y cada consecuencia. Entendí con absoluta claridad que el interés público está por encima de cualquier vínculo particular. No se trata de exponer mensajes aislados ni detalles de una amistad, ni de revelar secretos de la vida privada ni intimidades que no le conciernen a nadie. Se trata de poner sobre la mesa una denuncia que el país necesita escuchar, analizar y asumir como propia. El diálogo que compartí no es privado. Es una advertencia sobre la realidad que vivimos, sobre la polarización extrema que nos divide y sobre el hecho aterrador de que hoy, en Colombia, estamos votando con miedo.

Lo que dijo Margarita Rosa es revelador y trascendente. Es una mujer rica, poderosa, con marca personal consolidada, con agenda y agencia propia, con todos los recursos para protegerse y con la posibilidad de vivir lejos de las dificultades cotidianas. Y aun así, habla aterrorizada. Expresa con angustia el temor real de ser incluida en una lista de exterminio si llega a ganar la derecha colombiana. Esa afirmación cambia todo el panorama. Muchas personas pueden pensar que las advertencias sobre listas o persecuciones son exageraciones cuando vienen de voces anónimas, de personas sin recursos o sin herramientas de protección política o social. Y cuando ese mismo miedo sale de la boca de alguien que, en teoría, debería estar fuera de peligro por su posición, surge la pregunta inevitable y urgente:

¿Cómo es posible que mujeres poderosas sientan el mismo terror que las mujeres que caminan solas por las calles, que no tienen nada y están totalmente desprotegidas? ¿Cuál es el fenómeno que hace que el miedo no entienda de riqueza, de influencia ni de estatus? ¿Por qué ante la amenaza de muerte o persecución, todas nos volvemos iguales ante la fragilidad de la vida?

Esta no es la primera vez que escucho advertencias de este calibre.

Recuerdo con dolor y culpa profunda lo que me contó Viviana, quien fue jueza de la República. Me llamó por teléfono para decirme claramente que la iban a matar. Me aseguró que nunca había tenido ganas de quitarse la vida y que lo que le esperaba era una muerte provocada por otros.

En ese momento decidí no hacer nada, no hablar, no difundir sus palabras. Pensé entonces que, al ser una mujer poderosa, rica, con agenda y agencia propia, y por su condición de jueza de la República, tenía todas las garantías para defenderse sola. Equivoqué mi juicio por completo.

Poco tiempo después apareció muerta. La versión oficial habló de sobredosis y otras causas.

Yo no creo en esa historia. No tengo herramientas para investigar, ni pruebas para presentar, ni capacidad para cambiar lo establecido. Solo me quedó aceptar la verdad oficial y cargar con la duda eterna. Hoy tengo que vivir el resto de mis días sabiendo que no le presté la atención debida, que no hice mi aporte, aunque hubiera sido pequeño o inútil. Y lo que pesa no es la utilidad de la acción, sino el silencio que elegí. Por esa razón, hoy he tomado una decisión irrevocable: no voy a volver a callarme ante este tipo de anuncios, vengan de quien vengan.

Lo que dicen los hechos: el nuevo mapa del poder

Para comprender a fondo lo que sucede, pongo en diálogo esta experiencia vital con la lectura aguda y rigurosa que hace Hernando Gómez Buendía en su texto Primera vuelta: las ocho cosas que no se dijeron. Sus palabras son el diagnóstico exacto de este momento histórico. Yo comparto cada una de sus apreciaciones, porque coinciden plenamente con lo que he vivido, con lo que he escuchado y con lo que me llevó a cambiar de opinión para tomar la decisión más difícil de mi vida pública.

Gómez Buendía explica que a Iván Cepeda no lo derrotó Abelardo. Lo derrotó la abstención. Su apuesta de movilizar a millones de personas que normalmente no votan no alcanzó la fuerza esperada. Él representa una forma de ver el mundo que considera que la paz se construye negociando con todos, que la riqueza debe distribuirse, que las víctimas tienen un solo rostro y que el Estado debe tener un papel central. Son posturas que ya han probado sus límites en demasiadas partes del mundo. El autor señala también que Abelardo se ha convertido en el nuevo líder de quienes votan contra la política tradicional, tal como pasó hace cuatro años. Hay una diferencia fundamental: él no está solo. Lo respaldan las maquinarias, los partidos, los dirigentes regionales y todos aquellos que tienen un único objetivo: impedir que el proyecto de gobierno actual continúe.

Lo más revelador de su análisis es cuando describe a Abelardo como el jefe de una nueva derecha, distinta a la de siempre y ajena al uribismo que quedó electoralmente derrotado con la baja votación de Paloma Valencia. Es una derecha que gira alrededor de una persona, que prefiere el espectáculo a la doctrina, que habla de enemigos y no de programas, que moviliza rabia y miedo antes que ideas, y que promete castigo en lugar de soluciones. Y aquí es donde su texto se cruza dolorosamente con lo que yo he escuchado de mujeres poderosas y amenazadas. Gómez Buendía advierte con claridad que el riesgo autoritario que señalan en el otro lado es falso o exagerado. Dice que la constituyente que se usó como amenaza no tiene ni los votos ni las condiciones para salir adelante. Es el pretexto perfecto para que Abelardo se presente como defensor de las instituciones. Al mismo tiempo, su programa plantea megacárceles, miles de presos sin condena, ocupación militar, cierre de entidades y desmantelamiento de lo público, todo ello amparado por el poder económico, político e internacional que lo respalda.

El autor marca una diferencia decisiva: la que existe entre querer poder y tener realmente el poder para imponerlo. Y es ahí donde su argumento me da la razón pública a mis miedos más profundos. Lo que él describe como estilo, como forma de hacer política y como proyecto de poder, es exactamente lo que las voces que yo escucho identifican como peligro de muerte. Esa mezcla de espectáculo, enemigos imaginarios, promesas de castigo y respaldo total de las estructuras del Estado, es lo que hace posible que alguien anuncie con terror que existe una lista de exterminio. No es una exageración. Es la consecuencia lógica de lo que el análisis describe con tanta claridad. Todo lo que advierte Gómez Buendía coincide con lo que he vivido y con lo que he decidido denunciar. Sus argumentos fortalecen mi postura y me confirman que no estoy ante una percepción aislada, sino ante una realidad estructural que el país debe reconocer.

Mi cambio de rumbo: convicción, libertad y responsabilidad

Yo tenía una posición clara y distinta. Mi deseo democrático era votar a favor de Abelardo. Mi intención era hacerlo para ejercer control político desde una mirada feminista que no fuera petrista y que tampoco se doblegara ante lo establecido. Yo pensaba apoyar incluso la búsqueda de respaldo que hizo Francisco Santos hacia su candidatura. No lo hice porque me quedé petrificada ante la evidencia. Esto es real, no es un invento. Comprendí entonces que mi actitud inicial, legítima desde la política, podría estar favoreciendo un escenario aterrador: la posibilidad real de que, apenas él llegue al poder, se desate un exterminio contra personas de izquierda, contra petristas, contra todos aquellos que no piensen igual a la línea oficial que se impondría desde el Estado. Por eso tuve que recular. Por eso explico hoy con total transparencia por qué cambié de rumbo.

Quiero dejar algo absolutamente claro. Esta decisión no obedece a presión de grupo ni a inquisición partidista de ningún lado. No cedo a señalamientos, ni a campañas de descrédito, ni a intentos de silenciar mi voz o mi pensamiento. Soy una mujer putamente libre, con el derecho absoluto a rectificar, a equivocarme, a caerme y a levantarme cuantas veces sea necesario. Esa libertad no me aparta de la conversación política de mi país. Al contrario, me da autoridad para hablar con verdad. Mi cambio de postura responde exclusivamente a dos razones poderosas: el terror fundado de estar apoyando desde mi voto posibles crímenes de Estado, y la coincidencia total entre lo que he vivido, lo que he escuchado y el análisis riguroso que Gómez Buendía expone en su texto. Es la suma de la experiencia vital y la reflexión política lo que me trae hasta aquí.

Me preocupa profundamente cómo está funcionando la democracia participativa en Colombia. Me angustia la polarización, el chantaje, la dictadura del miedo en la que nos han sumido. Mi fuerza tiene palabra y es la única fuerza que me acompaña. Por eso hablo, porque al final del día, es lo único que puedo hacer.

El escenario que nos toca vivir: democracia bajo amenaza

Nos están poniendo a escoger entre dos escenarios aterradores. De un lado, una persona sobre la cual el análisis político nos dice que tiene el poder y la intención de imponer un orden basado en el castigo, y sobre la cual voces autorizadas me han advertido que prepara persecución y muerte sistemática desde las estructuras del Estado. Del otro lado, una propuesta que defiende ideas que no comparto, que ha modificado su discurso sobre la constituyente de manera sospechosa a pocas semanas de la elección, y que representa un modelo que también pone en riesgo las instituciones y la estabilidad. Esto es un chantaje moral absoluto. En un país serio ya estarían investigando todo esto con rigor. Yo defiendo una política posibilista, social, con trazabilidad y economía cooperativista. Nunca quise que me persiguieran por pensar así.

Gómez Buendía cierra su texto diciendo que la esperanza no está en los candidatos, sino en las instituciones, y advierte que la campaña ya entró en su etapa más oscura, marcada por denuncias infundadas de fraude, guerra sucia y el choque entre dos visiones que ya casi no se entienden. Yo voy más allá: esto no es democracia imperfecta. Es democracia terrorífica. Son elecciones marcadas por el terrorismo moral, el terrorismo político y también el terrorismo armado, con proselitismo que usa armas de verdad verdad. Nos obligan a elegir bajo miedo. Quien vota por uno lo hace por temor al otro. Nos quieren imponer la dictadura del miedo.

Voto en blanco: la única forma de no ser cómplice

Por eso mi decisión es definitiva. Voy a votar en blanco. Lo hago con terror, pero con conciencia absoluta. Lo hago porque no quiero ser cómplice de ninguna criminalidad de Estado, ni de derecha ni de izquierda. Desde ambos lados me exigen que me calle, que “coma callada” al amparo del voto secreto. Entiendo que muchos usen ese derecho para proteger la vida. Al mismo tiempo, aquí también se usa para prohibir el voto de opinión y el debate abierto en un país donde hablar de política rompe todo vínculo si no piensas igual.

Voto en blanco aunque me juzguen y digan que me desentiendo o que soy cómoda. Derecha e izquierda solo quieren votos obedientes o fanatismo movido por el miedo, no por propuestas serias. Afirmo que esta es la campaña del terror. Todo argumento ideológico se desvanece ante la amenaza concreta de una lista que apunta contra activistas, gente de izquierda y petristas. Tengo muchísimos amigos petristas y yo misma lo fui. No quiero que los maten ni que me maten por pensar distinto ni por ejercer mi libertad.

No me importa lo que piensen de mí. Me importa que se dé el diálogo de fondo. Que entendamos por qué estamos votando bajo amenaza. Que sepamos que hasta quienes tienen todo el poder sienten el mismo miedo que los desprotegidos. Que aceptemos que el revólver moral y el revólver real son las cartas que se juegan hoy.

Yo no volveré a guardar silencio. Viviana, jueza de la República, Margarita Rosa, el análisis serio de Gómez Buendía y tantas otras voces me enseñaron que callarse es también ser cómplice. El país merece saber toda la verdad. Yo la pongo sobre la mesa con todas sus letras, con todo su dolor y con toda la responsabilidad que merece. Que cada uno decida qué hace con ella. Que nadie diga después que no lo sabía.