En los humedales y bosques densos de la cuenca del río San Juan, en Chocó, Colombia, las amenazas no provienen de un único frente. Las comunidades afrodescendientes que habitan el territorio colectivo del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) enfrentan una encrucijada crítica. Acadesan reúne a 72 comunidades distribuidas en los municipios chocoanos de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan, así como en Buenaventura, Valle del Cauca. Es, además, el único consejo comunitario de Colombia que cuenta con un esquema de protección colectiva integral, aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Mientras el fuego cruzado entre grupos armados ilegales y sus ataques con drones y tecnología de punta los obligan a desplazarse de su territorio o a quedar confinados en él, las secuelas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, terminaron de resquebrajar sus condiciones de subsistencia.

Según la Defensoría del Pueblo, desde el mismo 10 de agosto, presuntos integrantes del Clan del Golfo llegaron a la comunidad San Agustín, en Sipí, en donde permanecieron por tres días restringiendo la movilidad y las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de la población.

Luego, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se extendieron a otras partes del territorio étnico de Acadesan en zonas rurales de Nóvita y Sipí, con un agravante: el uso de drones cargados con explosivos. El 23 de agosto, en un comunicado, la Defensoría denunció que uno de esos artefactos fue detonado en el corregimiento de Charco Hondo, una zona rural del municipio de Sipí, dejando tres civiles heridos (dos hombres y una mujer) y provocando el desplazamiento forzado de decenas de familias.

La entidad mencionó que cerca de 3000 personas (652 familias) están en situación de confinamiento y 90 familias más se desplazaron hacia otros municipios por estos hechos. Según el comunicado, la población civil vive atemorizada no solo por los enfrentamientos entre estos dos grupos ilegales, “sino por la posibilidad de que sus campos y caminos hayan quedado contaminados con artefactos explosivos debido al uso recurrente de drones”.

De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, su equipo realizó una misión humanitaria el 25 de agosto en el corredor Nóvita–Sipí, en donde evidenciaron daños graves en viviendas y bienes colectivos, ocasionados por explosivos y ráfagas de fuego, así como afectaciones psicológicas importantes en la población.

“Se acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina, algunas de las cuales posteriormente continuaron su desplazamiento hacia otros lugares del país. Con estas acciones no se quiere decir que el corredor humanitario se encuentre plenamente normalizado. Persisten restricciones de movilidad y condiciones de seguridad que dificultan el acceso regular y seguro de la población y de la oferta institucional humanitaria. Por ello, continuamos realizando llamados a las autoridades competentes para garantizar condiciones efectivas de acceso, protección y atención”, señaló Ortiz a Mongabay Latam.

En efecto, Mauricio Parra, asesor de Acadesan, asegura que quienes han logrado huir de la violencia o de la pérdida de sus viviendas en las zonas rurales enfrentan hoy un drama silencioso en los centros urbanos. “En el municipio de Istmina, las familias desplazadas se encuentran alojadas en condiciones de extremo hacinamiento en casas de familiares y amigos”, comenta.

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El terremoto que profundizó la crisis

El escenario para las comunidades afro de Acadesan se ha complicado en las últimas semanas. La sede de la asociación en el municipio de Istmina, que históricamente ha funcionado como albergue temporal para atender las emergencias en el territorio, también resultó gravemente afectada por el terremoto, lo que impide alojar a las víctimas de los grupos armados. Todo esto ocurre mientras el departamento sigue sin terminar el censo de daños del sismo, lo que, según la propia Defensoría, impide dimensionar y atender oportunamente a las víctimas en zonas rurales que permanecen incomunicadas.

Acadesan calcula que más de 200 viviendas del territorio colectivo quedaron totalmente destruidas o inhabitables debido al sismo y a un vendaval posterior el 13 de agosto, aunque esta cifra es un estimado preliminar y es posible que sean muchas más.

Como si esto fuera poco, el proceso de censo y registro de damnificados por los desastres naturales ha enfrentado una serie de desafíos tanto logísticos como de seguridad.

Si bien muchas familias no están en sus casas debido a los enfrentamientos, otras denuncian que no han recibido la visita de los funcionarios públicos de las alcaldías para llenar el formulario de afectaciones a sus viviendas tras el terremoto, dispuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El 4 de septiembre de 2026, Acadesan envió derechos de petición (solicitudes de información oficial) a las alcaldías de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca), así como a la UNGRD, para denunciar posibles irregularidades en la recolección de información en terreno.

“Tenemos entendido que los formularios de la UNGRD deben ser completados directamente por funcionarios públicos. Sin embargo, no conocemos ningún caso en donde se haya realizado este procedimiento. Por el contrario, algunas comunidades han manifestado que servidores públicos han enviado o dejado los formularios en las comunidades para que sean las mismas personas afectadas quienes los llenen”, denuncia Felipe Nery Martínez Arboleda, representante legal de Acadesan.

Desde la perspectiva de la organización étnica, esta práctica vicia el procedimiento legal y amenaza con dejar por fuera del registro oficial a cientos de familias que perdieron sus casas o cultivos, lo que posteriormente les impedirá acceder a la ayuda estatal o a programas de reconstrucción.

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Para tratar de encontrar una solución rápida a las familias que no pueden regresar a sus hogares debido a que sus casas quedaron destruidas por el sismo, por el vendaval o por los enfrentamientos armados, Acadesan también solicitó a la UNGRD la construcción de ocho casas comunitarias, una por cada una de las ocho zonas que componen su territorio, que sirvan para resguardarse frente a desastres naturales y para el desarrollo de actividades comunitarias. “Estas casas buscan que las comunidades no tengan que desplazarse necesariamente a las cabeceras municipales, en donde el desplazamiento se vive de manera mucho más brutal”, agrega Martínez.

Aunque Mongabay Latam consultó a la UNGRD para conocer sobre estos hechos, desde su oficina de prensa se limitaron a indicar que no tienen información al respecto.

El modelo de protección colectiva

Lo que hace particular la forma de organización de Acadesan en términos de seguridad es que, desde enero de 2024, cuentan con un esquema de protección colectiva para las 72 comunidades que la conforman. Se trata del primer esquema de este tipo reconocido en Colombia, tras más de cuatro años de insistencia.

Debido al contexto de conflicto armado en la cuenca del río San Juan, la UNP aprobó 50 medidas de protección a cargo de 23 entidades del Gobierno Nacional, un modelo que buscaba superar el enfoque tradicional de protección individual (escoltas, chalecos, celulares) para atender el riesgo de la comunidad como sujeto colectivo.

Esas 50 medidas apuntan a fortalecer el proceso organizativo de las comunidades e incluyen lanchas para misiones humanitarias, infraestructura para evacuaciones rápidas en medio de combates y casas comunitarias que sirvan de refugio. Además, procesos de recuperación de la cultura, el arte y la historia del pueblo negro de la cuenca del Rio San Juan y la financiación de equipos técnicos propios que le den a la organización mayor capacidad de diálogo con el Estado.

El eje central de estas medidas de protección es la estricta neutralidad. Acadesan rechazó cualquier tipo de esquema armado para evitar que sus líderes e integrantes fueran señalados por los actores legales o ilegales que operan en la zona. Bajo este enfoque, creen que la protección no se construye con armas, sino reduciendo las vulnerabilidades históricas de la población.

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Y es justamente este concepto de protección colectiva el que, según Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, muchas comunidades han insistido en recibir, pero el Estado aún no lo contempla. “El analista es quien determina las medidas de protección preconcebidas dentro del Estado, cuando realmente son las personas en los territorios quienes pueden establecer con mayor claridad y rigurosidad qué tipo de acciones se deben desarrollar en términos de prevención, protección y reacción”.

Sin embargo, la pregunta que surge ante los hechos de violencia de agosto de 2026 es evidente: ¿qué tan efectivas han sido esas 50 medidas frente a una escalada de esta magnitud?

Mauricio Parra pone un ejemplo concreto sobre esa brecha: cuando se aprobó la medida de protección colectiva, Acadesan recibió gasolina para el uso de sus lanchas y botes a través de donaciones. Hoy, dos años después, no pueden mover sus medios de transporte, los cuales sirven, precisamente, para evacuar a la población y trasladar ayuda humanitaria en medio de emergencias como la actual.

Aunque el suministro de gasolina está consignado en la medida 42 de una Resolución DGRP del 22 de enero de 2024, el mismo acto administrativo que aprobó la protección colectiva, Parra asegura que no han recibido ni gasolina ni el mantenimiento necesario para las lanchas.

“Un gran porcentaje de las personas que usan vehículos de protección de la UNP son personas de estratos 4, 5, 6 [los más ricos del país] que pueden pagar la gasolina y pueden pagar el mantenimiento de los vehículos. Mientras que las comunidades rurales que se mueven por vía fluvial, en botes, están en un escenario de pobreza o de pobreza extrema, en un escenario de violaciones masivas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero a esas comunidades les toca sacar dinero que no tienen para pagar la gasolina. Ese sigue siendo un problema que debe ser corregido por el Gobierno”, denuncia Parra.

De acuerdo con la resolución citada, el Ministerio de Minas y Energía es la entidad encargada de suministrar “gasolina motor corriente” para 12 lanchas del colectivo y de establecer una mesa técnica que estipula un mecanismo de financiamiento para asegurar la entrega del combustible de manera anual. Sin embargo, en respuesta del 9 de septiembre de 2026 a una solicitud de Acadesan por la emergencia del sismo, el ministerio afirmó que no era posible atribuirle la obligación de suministrar el combustible ni autorizar recursos públicos para ese fin.

Mongabay Latam contactó al Ministerio de Minas y al Ministerio del Interior. Esta última entidad es la responsable de hacer seguimiento a los avances de la implementación de las medidas de protección colectiva y a la respuesta institucional ante el desplazamiento masivo. Hasta el momento de la publicación de este reportaje ninguna de las entidades ha respondido.

Para Astrid Torres, en este tipo de contextos de crisis humanitaria, es esencial una acción que parece simple y obvia: “El Gobierno Nacional debe iniciar una comunicación directa con la comunidad y valorar las medidas necesarias ante la situación de emergencia, no solo del terremoto, sino por el confinamiento y el desplazamiento causado por el conflicto armado. También es indispensable reconstruir de manera inmediata la sede comunitaria que funciona como refugio y reconocer las agendas colectivas y de autoprotección que ya se tienen para enfrentar este tipo de situaciones”. Sin embargo, los voceros de Acadesan aseguran que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha establecido diálogo con ellos.

La otra función de Acadesan

En Acadesan, el  consejo comunitario tiene la responsabilidad de velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a las comunidades afrocolombianas del río San Juan y sus afluentes. También, de adelantar campañas en defensa del ambiente y sus recursos naturales, según establece la organización en su propia carta de principios.

Esta labor cobra especial relevancia porque el territorio colectivo se ubica en pleno Chocó biogeográfico, considerado uno de los 36 hotspots de biodiversidad en el mundo, según la clasificación global de Conservation International (CI) y el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), pero que está sometido a un deterioro acelerado. Muestra de esta presión es que, según cifras de Global Nature Watch, entre 2002 y 2025, el departamento del Chocó perdió 38 000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 29 % de su pérdida total de cobertura arbórea. El 62 % de la pérdida de cobertura vegetal en el departamento correspondió a deforestación permanente, impulsada principalmente por la agricultura permanente (75 000 hectáreas) y los procesos mineros y extractivos (5700 hectáreas), sumados a la infraestructura y asentamientos humanos (450 hectáreas).

Frente a este panorama, gran parte de las medidas de protección colectiva reconocidas a Acadesan en 2024 no solo buscan blindar a la población del conflicto armado, sino también avanzar en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, mejorar la educación, la salud, la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias a través de proyectos productivos y el acceso a energía limpia.

Esta dimensión ambiental añade otra capa de urgencia a la crisis actual: mientras el conflicto armado y el terremoto concentran la atención institucional, el territorio que Acadesan busca proteger sigue expuesto a la presión de actores legales e ilegales que disputan el control de sus recursos naturales y corredores fluviales.

Jazmín González Díaz, secretaria de Acadesan y directiva zonal en el municipio de Litoral del San Juan, señala que, entre las 50 medidas de protección adoptadas, el Ministerio de Ambiente y Codechocó —la autoridad ambiental regional— se comprometieron a implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del territorio colectivo de Acadesan. El objetivo era proteger el territorio frente a la tala, la pesca y la minería ilegales. Sin embargo, asegura que ese compromiso sigue sin cumplirse.

“Estamos profundamente decepcionados y con muy poca esperanza porque no ha habido ningún avance en estos planes, a pesar de que el plan de manejo era un compromiso asumido por el gobierno anterior”, manifiesta González. A la lideresa le preocupa que, tras las afectaciones del reciente terremoto, la crisis obligue a las familias a recurrir a la extracción de recursos para subsistir: “Nos preocupa que muchas familias se vean forzadas a extraer oro de manera irregular, así como a talar madera en los manglares y en las más de 590 000 hectáreas de bosque del territorio de Acadesan, pues aquí la gente vive exclusivamente de lo que produce la tierra”.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Ambiente y a Codechocó pero hasta el momento no se han obtenido respuestas.

Acadesan Radio 101.3 FM: una herramienta contra el aislamiento

En medio del confinamiento, la incomunicación y la falta de energía eléctrica que afecta a la mayoría de los poblados rurales de la cuenca del río San Juan, las autoridades de Acadesan le apostaron a una última herramienta de autoprotección: la radiodifusión.

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El pasado miércoles 9 de septiembre de 2026, tras un largo proceso de gestiones y convocatorias ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), salió oficialmente al aire Acadesan Radio (101.3 FM).

A pesar de que el montaje de las torres y transmisores representó un enorme esfuerzo económico para el consejo comunitario, la emisora busca convertirse en el canal central para difundir alertas de emergencia, información comunitaria y resistencia cultural.

“La emisora es muy importante en un territorio en el que la mayoría de las comunidades no tiene energía o no tiene energía estable, y donde la telefonía e internet son muy precarios. Poder tener una emisora en FM, donde la gente simplemente con un radio de 30 000 o 50 000 pesos [entre 10 y 16 dólares] pueda saber qué está pasando en su territorio o recibir noticias de un familiar, tiene que ver con esa posibilidad de resistencia”, dice Mauricio Parra.

Previo al otorgamiento de la licencia, Acadesan recibió apoyos de alrededor de 10 entidades, entre estatales y ONG, para su funcionamiento. “Estas alianzas han permitido contar con un equipo intermitente para la gestión radial, desarrollar procesos de formación, realizar sondeos de audiencia, producir contenidos para redes sociales, sensibilizar a la comunidad sobre el lanzamiento y avanzar en infraestructura, como por ejemplo la donación de la antena, la mesa de mezclas, los micrófonos y otros equipos”, detalla Jonathan Sánchez Sinisterra, coordinador de Comunicación de Acadesan.

Para las 72 comunidades del consejo comunitario, mantener encendidos sus radios representa hoy una de las pocas garantías para informarse, prevenir nuevos impactos de la guerra y evitar que su historia y su cultura se borren en medio de la selva del Pacífico colombiano.

“Dado que se trata de un territorio geográficamente disperso donde muchas comunidades no se conocen entre sí, la radio fortalece las expresiones locales y permite reconocer la vigencia de prácticas compartidas. Por ejemplo, dentro de nuestra programación tenemos un espacio para la tradición oral («la hora del cuento»), concebido para registrar la memoria local y tejer redes de protección comunitaria alrededor de la palabra”, concluye Sánchez.

*Imagen principal: en el extremo sur de Chocó, las comunidades del Litoral del San Juan enfrentan con temor una guerra que ha escalado: los grupos armados que se disputan el territorio ahora utilizan drones cargados con explosivos. Foto: cortesía Acadesan.

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

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Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

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Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

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Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Y es precisamente en medio de esa tragedia que comienza a desvanecerse de la conversación pública donde se libra otra, todavía menos visible: la de la educación superior en las regiones golpeadas por el sismo. Mientras la atención se concentró inmediatamente —con toda razón— en las viviendas destruidas, en las víctimas, en la recuperación de la infraestructura, del comercio y de la actividad económica, el daño sufrido por las universidades corre el riesgo de convertirse en una simple nota al pie. Sería un error de fondo dejar que así ocurra.

Porque en departamentos como el Quindío la educación superior no es un servicio más entre muchos: es uno de los motores capaces de modificar el destino de miles de familias. Instituciones como la Universidad del Quindío abren posibilidades de movilidad social para jóvenes que difícilmente encontrarían otra vía semejante para transformar sus trayectorias de vida. En 2024, el departamento registró una tasa de cobertura bruta en educación superior del 68,72 %, frente al 57,53 % nacional. A ello se suma el efecto que ha tenido la política de gratuidad en las instituciones públicas. Son cifras que recuerdan algo esencial: nuestras universidades cumplen una función social que no cabe entera en las matrículas, los edificios o los presupuestos.

Sobre ese tejido fundamental para el desarrollo de la región cayó el terremoto. En la Universidad del Quindío, cerca del 60 % de las edificaciones presentó algún tipo de afectación, principalmente en elementos no estructurales, y las estimaciones preliminares sitúan en unos $120.000 millones los recursos que podría demandar la recuperación de la infraestructura, sin incluir todavía equipos, mobiliario y otros bienes afectados.

El daño no se detuvo en el Quindío. En la Universidad Tecnológica de Pereira, un balance técnico determinó que el 63 % del área construida del campus —65.965 metros cuadrados— quedó fuera de servicio, aunque ello no equivalía necesariamente a daño estructural. A escala regional, ASCUN ha identificado 21 instituciones con sedes afectadas y cerca de 121.500 estudiantes cuyas actividades se alteraron por cierres o migración a la virtualidad. No estamos, entonces, ante el problema particular de una o dos universidades.

Pero incluso esa medición se queda corta si entendemos la afectación apenas como suspensión de clases. Pasar de la presencialidad a la virtualidad salva parte de la actividad académica, pero la presta en otras condiciones. La universidad es también conectividad, computadores, bibliotecas, laboratorios, talleres, escenarios de práctica, espacios de estudio y redes de apoyo. Para muchos estudiantes, buena parte de esa infraestructura solo está disponible cuando llegan al campus.

La brecha digital lo hace todavía más evidente. En 2024, apenas el 41,9 % de los hogares de centros poblados y zonas rurales dispersas tenía conexión a internet. En Chocó, uno de los departamentos más golpeados por el sismo, la proporción era del 28,7 %; en Quindío, del 63,4 %. Y aun esas cifras incluyen conexiones mediante planes de datos móviles o recargas, que rara vez soportan varias horas diarias de clase. La continuidad formal del calendario académico, por tanto, no siempre equivale a continuidad efectiva del derecho a estudiar.

Detrás de esas cifras hay historias que rara vez caben en un balance oficial. Para una familia campesina o de un barrio popular que ha hecho de la universidad uno de los principales caminos de ascenso social, un semestre alterado es mucho más que un contratiempo administrativo. Puede significar asumir el costo de una conexión que antes no se necesitaba, conseguir un computador que no existe en casa o seguir desde un teléfono celular una clase pensada para un aula. A ello se suman un ingreso que se demora, un empleo que se posterga, una beca que entra en incertidumbre.

Para un joven cuya permanencia depende de un equilibrio económico siempre frágil, una alteración prolongada de esas condiciones puede terminar en abandono definitivo. Y cuando eso ocurre entre cientos o miles de estudiantes, lo que se interrumpe no es únicamente una trayectoria individual: se afecta la capacidad futura de una región para formar a sus propios médicos, maestros, ingenieros y servidores públicos. La reconstrucción física, por urgente que sea, no bastará si esas trayectorias no logran retomar su curso.

Ahí aparece el contraste que merece mayor atención pública. No existe todavía una política integral y financiada de recuperación de la educación superior. No ha habido anuncios de una bolsa extraordinaria de recursos destinada a reconstruir las instituciones afectadas, ni un mecanismo nacional de financiación con criterios públicos de priorización, cronograma y responsables definidos. Tampoco una estrategia para hacer seguimiento al riesgo de deserción universitaria asociado a la emergencia.

Para la educación preescolar, básica y media, en cambio, el Ministerio cuenta con recursos identificados, diagnósticos, una estructura de ejecución y fechas. Para la educación superior no hay instrumentos equivalentes. De ahí que valga la pena insistir en tres frentes.

El primero es financiero. La reconstrucción de la infraestructura universitaria no puede quedar librada a las pólizas de cada institución, a sus recursos propios o a su capacidad individual para buscar cooperación. Se necesita un mecanismo extraordinario de financiación nacional, con criterios transparentes de asignación, cronogramas verificables y rendición pública de cuentas.

El segundo es la permanencia estudiantil. Los alivios del ICETEX son importantes, pero solo alcanzan a quienes tienen obligaciones con esa entidad. Y garantizar la permanencia exige mucho más que dejar abierta una matrícula: implica asegurar condiciones reales para continuar —conectividad, equipos, apoyos económicos y psicosociales— y, cuando la naturaleza de la formación lo demanda, acceso a laboratorios, talleres y prácticas que difícilmente se sustituyen desde una pantalla. La emergencia afecta también a estudiantes cuyas familias perdieron vivienda, ingresos o estabilidad, y el acompañamiento debe sostenerse el tiempo suficiente para que una afectación temporal no se vuelva definitiva.

El tercero es el seguimiento. La educación superior necesita una hoja de ruta tan concreta como la que ya empieza a existir para las escuelas. Saber cuántos edificios resultaron afectados o cuántos estudiantes reciben alguna forma de clase es apenas el comienzo. Hay que saber en qué condiciones están estudiando, cuántos no regresaron, cuántos aplazaron su semestre, cuántos perdieron sus medios de sostenimiento y qué se está haciendo para que no desaparezcan del sistema.

Debemos evitar, además, otra forma de olvido: creer que la solidaridad inicial puede sustituir una política pública. La respuesta del propio sistema universitario ha sido extraordinaria. Universidades públicas y privadas han puesto a disposición capacidades técnicas, espacios y alternativas de continuidad académica. Pero la solidaridad entre instituciones no puede convertirse en el mecanismo permanente de financiación de una reconstrucción de la que el Estado es corresponsable, sobre todo en lo relativo a las instituciones de carácter público.

Reconstruir las universidades y el delicado tejido social que sostienen —con la misma urgencia y el mismo criterio de gestión del riesgo con que se reconstruyen las viviendas y las escuelas— es evitar que al terremoto físico del 10 de agosto se sume otro, más lento y silencioso: el de una generación de estudiantes que terminó quedándose en el olvido.

Piadosos depredadores

Y el sumo sacerdote de esa orgía depredadora es Donald Trump que, ya en su senectud y senilidad imperial, continúa obsesionado con “perforar, perforar y perforar” toda America, pero especialmente la “Patria Milagro”, sin importarle los desastres ecológicos que ello produzca. Probablemente sean secuelas de su amistad con Epstein y su exclusivo club de depredadores sexuales, entre los cuales parece haber estado el expresidente Andrés Pastrana, otrora defensor ejemplar de la familia y el medio ambiente, además de líder natural del partido conservador, esa reserva moral de la República y sus valores católicos. Esa obsesión por perforar pronto llegará a nuestro territorio con el inofensivo fracking que, según asegura el presidente milagroso, perdón Abelardo, no producirá daño alguno en el medio ambiente, pues se harán rigurosas pruebas pilotos para evitarlo. Es una excelente noticia que tiene a importantes y poderosos inversores muy optimistas y excitados, pues podrán perforar, perforar y perforar sin temor alguno. Algo parecido a la amable advertencia que un violador hace a su víctima de no causarle daño, siempre y cuando ella consienta y satisfaga su incontenible deseo.

Adoradores del Becerro de Oro

Ese es el proceder de estos piadosos depredadores, adoradores del Becerro de Oro, que bien se ocultan bajo sus impúdicas exhibiciones de fe, como auténticos fariseos. Fariseos que sus seguidores, como una manada de fundamentalistas, ciegos a las evidencias y los hechos, los aplauden, admiran y respaldan furiosamente. Al del Norte, en nombre de Maga y al del Sur en nombre de la “Patria Milagro”. Sin duda, durante estos cuatro años presenciaremos mucho$ milagro$. Como los ya realizados por Trump, cuyos beneficios han aumentado su fortuna en “cerca de 2.200 millones de dólares en negocios relacionados con las criptomonedas durante el año pasado”[i]. ¿Será por eso que Abelardo llama al Fondo para la reconstrucción “Fondo Milagro”? ¿Qué entenderá Abelardo, el milagroso, por corrupción? ¿Acaso solo los robos que imputa al gobierno anterior en su libro de la Verdad? A propósito, no habrá algo de ligereza en nombrar en el ministerio de Vivienda al pastor Jaime Andrés Beltrán y ponerlo al frente de la reconstrucción, puesto que “asumirá el cargo bajo la sombra de un proceso fiscal por la presunta pérdida de elementos del alumbrado público de Bucaramanga, ciudad de la que fue alcalde”[ii]. También que la primera dama, Ana Lucia Pineda, como lo revela la siguiente investigación del portal Cuestión Pública[iii], reciba en su fundación Colombia, Luz y Sonrisas, donaciones en dinero y especie para los damnificados del terremoto. Bien conoce Abelardo, erudito en expresiones latinas, aquella de que “la mujer del César no solo debe ser, sino también parecer” y estar más allá de cualquier duda y sospecha. Claro que las anteriores suspicacias no tienen lugar, son prematuras y malintencionadas, pues ambas personas son fieles creyentes y nunca defraudarían al prójimo necesitado. Hay que darles tiempo para que obren milagros, no ser tan ansioso y desconfiado, pues no hay lugar para ello, menos para meterle política a un asunto tan dramático, donde solo cabe orar y donar, sin cálculo partidista o personal alguno.

Una pregunta piadosa

Volviendo a la religiosidad de Abelardo, el converso, le formulo una pregunta piadosa. ¿No será una expresión de máxima corrupción espiritual, cercana incluso a un sacrilegio, invocar a Cristo Rey para ser un presidente invencible y lanzar al campo de batalla a cientos de héroes de la Patria a morir en nombre de la interminable “guerra contra las drogas”? Una guerra que se libra en el lugar equivocado, pues ella se ganará o continuará perdiéndose en la mente y los cuerpos de millones de consumidores de cocaína y otras sustancias psicotrópicas. Nunca bombardeando plantaciones de coca, menos arrasando con glifosato u otro “herbicida inocuo” la biodiversidad de nuestras selvas y la precaria vida de campesinos reclutados por el hambre y las armas, mientras aumentan las fortunas de los capos con todos sus mediadores y alquimistas de la ilegalidad, que convierten en oro el producto del crimen. Entre estos se destacan los banqueros y algunos directores de famosos bufetes, donde sobresale uno que milagrosamente se convirtió, de la noche a la mañana, en un fiero felino y aparece ahora como un cazador implacable de criminales. Pero apenas estamos en el comienzo de todas estas inimaginables y milagrosas metamorfosis, nos esperan muchas más, como la que promoverá la ministra de educación, Viviane Morales, para salvar de la degradación moral a las familias colombianas. Por eso, dejaré para el próximo Calicanto las siguientes preguntas ¿De cuál adoctrinamiento ideológico hablaría el presidente Abelardo en su discurso de posesión ante los militares en el campo de maniobras del Cantón Pichincha? ¿Cómo será la familia de la Patria Milagro? ¿Cómo entiende la niñez la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar familiar si excluye de él la nominación a las niñas? Será que ella toma al pie de la letra el artículo 44 de la Constitución, que solo habla de “los derechos fundamentales de los niños” y reafirma al final que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. ¿Será esa la ideología de género a la que se refiere la ministra de educación? Todo parece indicar que tendremos que aprender ese nuevo metalenguaje de la “Patria Milagro”, con su semántica religiosa y sacra, tan lejana de nuestra vulgar lengua profana, para poder comprender y describir los milagros que nos esperan durante los próximos cuatro años.

[i] https://elpais.com/internacional/2026-08-18/un-gobierno-de-millonarios-trump-nombro-para-su-administracion-a-57-personas-con-un-patrimonio-de-mas-de-100-millones.html

[ii] https://www.publimetro.co/noticias/2026/07/09/el-pasado-polemico-y-el-millonario-caso-de-presunta-corrupcion-que-salpica-al-ministro-de-vivienda-de-de-la-espriella/

[iii] https://cuestionpublica.com/ayudas-que-recoge-la-primera-dama-van-a-parar-a-su-propia-fundacion/

En esta reciente conversación Ocampo propone una mirada que se aleja tanto del pesimismo como de la celebración. Reconoce la reducción de la pobreza, la caída del desempleo y algunos avances en materia económica, pero advierte que la economía sigue creciendo por debajo de su potencial, que la inversión es insuficiente y que sectores como la minería y la construcción atraviesan dificultades. Su balance sobre el gobierno Petro es claro: hay más sombras que luces, aunque también sería injusto desconocer los avances.

Hablamos de las oportunidades que Colombia ha perdido, de lo que podría hacer el próximo gobierno para recuperar el crecimiento, de la necesidad de una política de desarrollo productivo más ambiciosa, de las regiones, de la reindustrialización y de los servicios tecnológicos. También volvemos sobre la salida de Ocampo del gobierno Petro y la ruptura alrededor de la reforma a la salud, antes de mirar hacia América Latina, su creciente polarización y la profunda crisis venezolana. Es, en últimas, una conversación sobre economía, política y sobre el país que Colombia todavía puede llegar a ser.

Diego Aretz: Profesor, muchas gracias por esta entrevista. Quiero comenzar preguntándole por este nuevo escenario para el país. Estamos a pocos días de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, del cual usted hizo parte durante un periodo pequeño, pero importante. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre ese gobierno y también sobre el nuevo escenario que comienza para Colombia?

José Antonio Ocampo: En el caso del gobierno del presidente Petro, participé en ese periodo inicial que Cecilia López llama en su libro El periodo socialdemócrata del gobierno. Creo que se hicieron algunas cosas positivas.

Pero hay una distancia enorme entre las promesas que hizo el presidente Petro durante la campaña y lo que se hizo durante el gobierno. El presidente nunca estuvo realmente encima de las actividades de gobierno en forma contundente.

Y además debo decir que una de las mayores sorpresas para mí fue el hecho de que prácticamente ignoró el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan de Desarrollo era, creo, un buen plan, coordinado por el entonces director de Planeación, Iván González, y elaborado con mucho apoyo de todo el equipo de gobierno, incluido mi trabajo. Pero el presidente prácticamente nunca se refirió al Plan de Desarrollo, como si no existiera.

Por lo tanto, cuando uno pregunta cuánto de las realizaciones del gobierno está relacionado con las promesas de campaña y cuánto con el Plan de Desarrollo, la respuesta es difícil.

Diego Aretz: ¿Y cómo lee el gobierno que entra?

José Antonio Ocampo: El gobierno que entra recibe varias crisis que deja este gobierno, pero también algunas tendencias positivas. Entre estas últimas está, por ejemplo, la reducción de la pobreza y la disminución del desempleo abierto, aunque en este último caso todo indica que está relacionado en parte con una cantidad exagerada de contratos públicos.

Pero, por otro lado, recibe la crisis de seguridad, la crisis del sistema de salud, una crisis fiscal de grandes proporciones y, además, yo diría que un deterioro de la administración pública nacional, asociado a la excesiva rotación de ministros, a la falta de experiencia de muchos de los que han entrado a los cargos públicos y a la renuncia de muchas de las personas que estaban en la administración pública nacional porque no consideraban favorable la situación.

Son crisis profundas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno y no solamente enfrentar, sino tratar de resolver.

Diego Aretz: ¿Conoce usted al ministro de Hacienda que entra? ¿Ha conocido su trabajo o ha compartido con él en otros espacios?

José Antonio Ocampo: No. Muy marginalmente lo conozco, pero no he tenido una relación cercana con él.

Diego Aretz: Hablemos de Colombia. Incluso me gustaría plantearlo desde 2016. ¿Qué venimos logrando? ¿Qué venimos haciendo bien? ¿Cuáles son los retos en los que no hemos hecho la tarea y cuáles son las oportunidades perdidas? ¿En qué debería enfocarse realmente el país durante los próximos cuatro u ocho años?

José Antonio Ocampo: Yo diría que hay dos tendencias positivas. Una ha sido la reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza multidimensional, que en realidad es un proceso de larga duración y que tiene además el problema complejo de la diferencia rural-urbana. La distancia entre ciudad y campo se ha acrecentado en materia de pobreza.

También ha habido una reducción de la pobreza monetaria, aunque vamos a ver si esa tendencia se materializa y se mantiene hacia adelante.

En materia de empleo hubo una reducción del desempleo abierto, pero ahí tenemos dos problemas. Uno es el que ya mencioné: la excesiva contratación de personas para cargos públicos. Y el segundo es que la informalidad laboral se ha mantenido muy alta. Sobre todo en las zonas rurales es superior al 80%, pero en las zonas urbanas también está cerca del 50%. Ese es probablemente el problema más serio que tenemos junto con esas tendencias positivas.

En materia económica hubo una reactivación. Primero tuvimos esa desaceleración fuerte de 2023, que en realidad era necesaria porque la economía estaba claramente recalentada en 2022.

En 2023 se desaceleró el crecimiento, pero también algo muy importante: se redujo el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y comenzó una reactivación de las exportaciones no tradicionales. Gracias a eso hoy dependemos menos de los ingresos petroleros y tenemos más ingresos provenientes de otros sectores, incluyendo los no tradicionales.

La reactivación se dio en 2024. Es una reactivación positiva, pero no muy fuerte. La economía ha venido creciendo alrededor de 2,5%, bastante menos de lo que debería crecer la economía colombiana.

Y hay dos elementos complejos. El más grave de todos es la baja tasa de inversión en la economía, que es una señal de que las perspectivas de crecimiento son limitadas si no hay mayor inversión. Y el segundo es que hay sectores en crisis, que se han venido contrayendo. El sector minero es uno, y el otro es el sector de la construcción, tanto la construcción de obras civiles como la construcción de vivienda. Todos han tenido problemas serios durante este gobierno.

Diego Aretz: Su visión no parece ser ni muy pesimista frente a lo que viene, pero tampoco muy optimista. En ese balance, ¿no es usted tan crítico con el final del gobierno del presidente Petro?

José Antonio Ocampo: Como digo en mis presentaciones públicas, hay luces y sombras. Yo diría que hay más sombras que luces, pero de todas maneras están los temas de pobreza y desempleo, que son positivos, así como la reactivación económica, aunque fue limitada, y la reducción del déficit de la balanza de pagos. Son temas positivos.

Ahora, también hay interrogantes muy serios. Uno de ellos es el tema de la tasa de cambio. La inflación y la tasa de cambio son dos problemas que no se habían mencionado, pero que son problemáticos.

La inflación ha venido aumentando este año y la reevaluación ha sido muy fuerte. Eso tiene un efecto muy importante tanto sobre las exportaciones no tradicionales como sobre los sectores que compiten con importaciones. Ahí tenemos un problema.

Además, como se dio un salario mínimo que aumentó muchísimo, yo he calculado que el salario mínimo en dólares ha aumentado más de 40%. Entonces, la capacidad de competir internacionalmente para varios sectores con ese elemento se hace más compleja.

Diego Aretz: Si usted fuera nuevamente ministro de Hacienda —es una pregunta hipotética—, ¿cuáles serían las tres primeras decisiones que tomaría en el escenario que vive el país?

José Antonio Ocampo: La primera es realmente frenar un poco el gasto público. Es un poco lo que de hecho ha anunciado el nuevo gobierno y lo que hemos dicho en público prácticamente todos los analistas: el problema fiscal es, ante todo, un problema de crecimiento excesivo del gasto público. Ese es un primer tema que habrá que enfrentar.

En materia de reactivación, creo que lo más importante es la reactivación de la inversión y, por lo tanto, la generación de confianza de los inversionistas privados es absolutamente esencial. Curiosamente, parece que eso se está dando, por lo que uno observa en indicadores, por ejemplo, de la demanda de bonos colombianos en los mercados internacionales.

Y lo tercero es ver qué sectores se pueden reactivar. Me refiero a un conjunto amplio de sectores. El primero es el sector minero y petrolero, que lo ha mencionado el nuevo gobierno, pero también, a mi juicio, hacer una política de construcción seria, buscar mucho la reactivación de la industria manufacturera y, obviamente, el sector agropecuario, que en realidad se ha comportado relativamente bien durante el gobierno actual.

Diego Aretz: Hay una pregunta más histórica, quizá más para el ministro de Hacienda Ocampo, pero también para el profesor. Muchos economistas han señalado el bajo crecimiento de Colombia. Cuando uno mira los llamados milagros económicos de Corea del Sur o la Alemania de la posguerra, encuentra crecimientos enormes que nosotros nunca hemos tenido. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, Colombia sí ha tenido una virtud histórica: aunque no crece demasiado rápido, sí ha sido históricamente relativamente estable. Hemos tenido muy pocas recesiones.

Cuando uno mira la historia, por ejemplo, en época reciente están la recesión de 1999 y la de 2020 durante el COVID. Esas son las dos únicas recesiones que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. En realidad, desde los años treinta. Virtualmente, en un siglo hemos tenido apenas dos recesiones. Es un buen récord para el país.

Ahora, cuando uno habla de reactivación y de un crecimiento más rápido, creo que sí hay que tener unas políticas productivas mucho más ambiciosas. Ese es un tema que intentó introducir el Plan de Desarrollo, pero que no se ha materializado realmente en nada concreto en el país.

Hay que pensar, por ejemplo, en el sector agropecuario, que es muy importante para el país, y en el sector de infraestructura. Pero también tenemos que pensar cómo reindustrializamos el país. Ese era uno de los temas esenciales del Plan de Desarrollo.

Y debemos preguntarnos cómo nos metemos más en la industria de servicios tecnológicos. En materia de servicios, nuestra exportación de turismo ha sido muy favorable, pero en servicios a las empresas y servicios tecnológicos todavía estamos en pañales.

Diego Aretz: Pareciera que una invitación que surge de estas reflexiones es volver a mirar ese Plan de Desarrollo, intentar ver qué se puede continuar y, precisamente, leer lo que no hizo el presidente Petro.

José Antonio Ocampo: Era un buen Plan de Desarrollo. Más aún, tiene un elemento que se asimila mucho al discurso del nuevo presidente: un mucho énfasis en lo regional.

No hablo solamente de descentralización, sino de desarrollo regional. Es decir, cómo impulsa uno el crecimiento de las regiones atrasadas del país. Ese era un tema muy esencial y por eso se hicieron consultas con todos los departamentos.

Por ejemplo, a nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, nos asignaron el Chocó, que es uno de los departamentos con más problemas en el país.

Todo consistía en ver cómo se deben armar programas fuertes a nivel regional y no solamente sociales, que es donde más o menos ha habido algún avance, sino también económicos. Es decir, cuál es la oportunidad económica de esas regiones atrasadas para ver cómo se impulsa.

Diego Aretz: Surge una pregunta natural y es quizás menos de economía y un poco más personal y política. ¿Qué le pasó al presidente Petro? Teniendo un gabinete como aquel primer gabinete, donde estaba usted y estaban varios de sus colegas, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo se explica que un presidente no busque la construcción de política pública que ha hecho su propia gente?

José Antonio Ocampo: Esa es una buena pregunta. Yo creo que, cuando uno lo mira específicamente, la gran controversia, la gran ruptura de los que salimos del gobierno, fue en torno a la reforma de la salud.

Incluso con Alejandro Gaviria y Cecilia López presentamos unas propuestas alternativas en materia de reforma de salud que no fueron aceptadas y fueron consideradas negativas.

La verdad es que los dos ministros de salud —que es de los pocos sectores donde ha habido pocos ministros, porque en muchos sectores ha habido muchos— hicieron intervenciones que terminaron generando problemas.

Por ejemplo, está el caso de la Nueva EPS. Curiosamente, cuando llegué al Ministerio de Hacienda, la Nueva EPS dependía del Ministerio de Hacienda. Yo nombraba la junta directiva y era una buena EPS.

Pero el presidente se obsesionó con el tema del hermano de Vargas Lleras, que era miembro de la junta, y con la idea de que se estaban robando plata, cosa que era falsa, a mi juicio. En todo caso, eso generó una intervención que se multiplicó y cuyo resultado ha sido desastroso.

Hoy hay un déficit enorme, unas deudas enormes y malos servicios para sus afiliados, siendo la Nueva EPS la dependencia más grande del país.

Y, en general, el sistema de salud queda en una profunda crisis, que será un tema que la nueva ministra de Salud tendrá que manejar, además con su experiencia precisamente en el sector de las EPS.

Diego Aretz: Si usted tuviera que escoger una lección que Colombia todavía no ha aprendido en el manejo de su economía, después de haber asesorado varios gobiernos, haber sido ministro de Hacienda y haber sido profesor prácticamente toda su vida, ¿cuál sería?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, comienzo con lo positivo.

Una de las cosas positivas que tiene Colombia es la expansión del acceso de la gente pobre a muchos elementos: la educación, la salud, los servicios públicos y las mejoras de vivienda.

Es una política que se inició con la Constitución del 91, que se reflejó en el aumento del gasto social y que ha tenido resultados muy positivos. Lo que llamamos reducción de la pobreza multidimensional incluye precisamente, aparte de los ingresos, el acceso a educación, salud, servicios públicos, vivienda, etcétera.

Es uno de los grandes resultados que ha tenido el país en las últimas décadas, desde la Constitución. En poco más de tres décadas ha sido muy positivo.

En materia económica, por el contrario, creo que no ha habido una política de desarrollo productivo realmente ambiciosa. La idea era que la apertura económica iba a generar un gran dinamismo económico. Eso no se materializó.

Tenemos que pasar a una etapa en la cual pensemos qué actividades se pueden promover para que Colombia sea más dinámica económicamente, todo obviamente en asociación con el sector privado.

Diego Aretz: En Colombia a veces parece existir una tensión permanente entre Estado y sector privado. ¿Cómo debería entenderse esa relación?

José Antonio Ocampo: No debería plantearse de esa manera. El desarrollo económico exitoso suele surgir precisamente de la cooperación entre ambos. El Estado tiene responsabilidades fundamentales en regulación, infraestructura, educación y política pública. El sector privado tiene un papel central en la inversión, la innovación y la generación de empleo.

Pensar que uno puede reemplazar al otro suele conducir a errores. Lo importante es construir mecanismos de colaboración que permitan aprovechar las capacidades de cada uno.

Diego Aretz: Cuando mira a Colombia hoy, ¿cuál cree que es el sector con mayor potencial para transformar el país?

José Antonio Ocampo: No creo que exista una única respuesta. El sector agropecuario tiene enormes posibilidades. Colombia dispone de recursos y condiciones excepcionales para desarrollar una agricultura mucho más productiva.

También creo que la industria manufacturera sigue siendo fundamental. Durante muchos años se instaló la idea de que la industrialización había perdido importancia. Yo no comparto esa visión.

Y además tenemos oportunidades crecientes en servicios tecnológicos, economía digital y exportación de servicios. Allí todavía estamos dando pasos iniciales, pero es un campo con gran potencial.

Diego Aretz: Quiero agradecerle esta conversación y llevarla ahora hacia América Latina. Usted nos habla desde Estados Unidos, es profesor de la Universidad de Columbia y tiene una oportunidad interesante de observar la región. ¿Cómo ve América Latina en este momento, con la influencia de los BRICS por un lado, China por otro y Estados Unidos manteniendo su peso regional?

José Antonio Ocampo: Yo diría que el tema más preocupante de América Latina es la polarización, que se está generando a nivel nacional y entre países. Hay una profunda división que además tiene mucha intersección con las políticas de Estados Unidos, que casi son una política de dividir América Latina e intervenirla de distintas formas.

Pero ese me parece el elemento más problemático. En materia económica tampoco hay muchas economías de América Latina que sean realmente dinámicas.

Yo diría que hay dos pequeñas, como República Dominicana, e incluso entre las más grandes uno se sorprende con México. Está al lado de Estados Unidos y ha tenido acuerdos de libre comercio con ese país, pero su crecimiento ha sido muy lento.

No se ha desindustrializado como Sudamérica, pero tiene un crecimiento muy lento. En Brasil también hay un resultado bastante mediocre en materia de crecimiento económico, pese a sus fortalezas en varios campos.

Y hay economías que han experimentado crisis profundas y que esperamos que salgan de ellas. Me refiero particularmente a Argentina y Venezuela, economías que han tenido crisis profundas. El caso de Venezuela fue particularmente dramático en términos de la contracción que tuvo su economía.

Diego Aretz: Es muy triste lo que significa eso para las vidas de los venezolanos y cómo esa situación también llevó a una crisis política que terminó dejando al país con menos soberanía que nunca.

José Antonio Ocampo: Los resultados fueron patéticos, sobre todo curiosamente con el gobierno de Maduro, porque a Chávez le tocó un periodo positivo en materia de precios del petróleo.

Pero con Maduro vino la contracción. De hecho, la contracción de la economía venezolana a partir de 2014 es una de las contracciones más severas de la historia mundial.

Estamos hablando de una caída de casi dos terceras partes del Producto Interno Bruto. Es una locura absoluta. Es un fenómeno que prácticamente no se da en ningún país del mundo.

De hecho, hace unos años, con un amigo de Zimbabwe, hablábamos de que era otra economía que estaba en una contracción muy fuerte. Apostábamos a cuál economía se iba a contraer más. Yo le dije todo el tiempo: va a ser Venezuela. Y efectivamente tuve la razón.

Venezuela fue la economía que más se contrajo, más que Zimbabwe. Hay contracciones muy fuertes durante las guerras, pero no durante periodos de paz.

Diego Aretz: En medio de esa polarización, y pensando también en Colombia, si el nuevo ministro de Hacienda, el presidente o el vicepresidente buscaran sus conceptos, su conocimiento y sus reflexiones, ¿usted aceptaría esas conversaciones?

José Antonio Ocampo: Estoy dispuesto a hablar. No estoy dispuesto a ser parte del gobierno, pero sí estoy dispuesto a hablar, a discutir y a hacer propuestas.

Diego Aretz: Y una última pregunta. Siempre me gusta que los entrevistados recomienden algún libro. Puede ser suyo o de otro autor, algo que esté leyendo hoy, ojalá en materia económica. A veces me sorprenden con libros que no tienen nada que ver con las especialidades del personaje, pero también es válido.

José Antonio Ocampo: Voy a recomendar uno mío que escribí con Jonathan Malagón, presidente de la Sociedad Bancaria, y con uno de sus jóvenes economistas. Es sobre crecimiento económico.

Diego Aretz: Profesor Ocampo, muchas gracias por esta entrevista.

José Antonio Ocampo: Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.

Un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026. El sismo golpeó con fuerza 15 departamentos y los mayores daños se concentraron en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Si bien el país no tardó en iniciar un censo de los afectados y sus pérdidas, en los territorios indígenas nadie llevaba un registro.

«No pudimos tener información inmediata de los hechos ocurridos por este fenómeno en los territorios indígenas», cuenta Walter Mecha, secretario técnico de la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. «Las instituciones del Estado a nivel municipal y departamental no están documentando todas las afectaciones presentadas en los territorios indígenas«, agrega.

Con corte al 19 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 314 personas fallecidas, 4400 heridas y 262 desaparecidas en todo el país. Pero en este balance oficial no hay un solo dato desagregado a nivel étnico. Más de una semana después del sismo, han sido las propias autoridades indígenas y algunas autoridades afrodescendientes las que han tenido que salir a contar sus muertos, sus heridos y sus damnificados.

El primer informe fue publicado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dos días después del terremoto. Identificaron que 1009 comunidades, de un total de 13 868 analizadas, habían sufrido las sacudidas más fuertes. Rosalino Guarupe Joropa, consejero mayor de la ONIC, le explicó a Mongabay Latam cómo lo hicieron: superpusieron el mapa de intensidad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) con el registro de asentamientos de la propia ONIC y su Sistema de Monitoreo Territorial (SMT).

Con ese cruce de información establecieron que Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, por su cercanía al epicentro y por contener un gran número de población indígena, serían los departamentos a priorizar con la llegada de la guardia indígena.

Para confirmar con exactitud el nivel de afectación en sus comunidades, líderes de diferentes organizaciones se adentraron en la selva chocoana, establecieron contacto telefónico con las organizaciones que habitan las montañas de valle y viajaron a los resguardos más afectados en Risaralda. Así pudieron confirmar el pasado 19 de agosto, en una rueda de prensa llevada a cabo en Bogotá, que tres personas fallecieron, 1488 se encuentran heridas y 2297 viviendas resultaron afectadas.

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Aunque la ONIC no cuenta con un desglose de afectados o fallecidos por departamento sino por organización, Mongabay Latam pudo conocer a través de sus voceros que las tres personas indígenas fallecidas pertenecen al pueblo embera en Risaralda. Además, es Risaralda el departamento que registra el mayor número de familias afectadas, con 1247, seguido de Chocó (762) y Valle del Cauca (593). Risaralda también encabeza la lista de viviendas afectadas con 882, mientras que Valle del Cauca y Chocó registran 593 y 592, respectivamente.

En cuanto a heridos, Valle del Cauca concentra el 100 % de los reportados (1488, todos pertenecientes a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC).

Para Guarupe Joropa es clave aclarar que estas cifras pueden seguir cambiando, dado que aún no tienen información sobre comunidades que viven en zonas de difícil acceso y sin conexión a internet. «Por ahora, todo parece indicar que las etnias más afectadas, según nuestros últimos datos, son los embera chamí y los wounaan, pero necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional para seguir llegando al territorio», dice.

Esta falta de caracterización oficial hizo que los organismos de control levantaran la voz. La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno Nacional y a la UNGRD acelerar el envío de ayuda humanitaria y hacer censos diferenciados para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Pacífico, ya que la falta de datos con enfoque étnico profundiza la vulnerabilidad en territorios que históricamente han estado marginados.

En su censo, que coincide con las cifras de la ONIC, la Defensoría indica que las mayores afectaciones a poblaciones vulnerables están en municipios con alta presencia indígena y afrodescendiente, como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, donde, además, las barreras geográficas y el conflicto armado ya limitaban el acceso del Estado.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y a la UNGRD sobre lo dicho por la ONIC y la Defensoría, pero los líderes de comunicaciones de ambas entidades mencionaron que están a la espera de un consolidado general de los censos, el cual está a cargo de las alcaldías y gobernaciones.

Para Joropa, de la ONIC, la desarticulación que describe la Defensoría del Pueblo no es nueva: tiene una explicación estructural. Antes del sismo, la organización ya había construido, junto con el gobierno anterior, un borrador de Plan de Gestión del Riesgo para Comunidades Indígenas que quedó suspendido con el cambio de administración. «Nos toca retomar el diálogo con el nuevo gobierno. No sabemos cuál sea la propuesta de ellos frente a lo que se trabajó con el gobierno anterior», dice.

El corazón de esa propuesta es simple: que las comunidades indígenas tengan su espacio en los comités de gestión del riesgo departamentales y municipales. «Se hacen comités de gestión en los departamentos, pero no convocan a las comunidades indígenas. Y somos nosotros los que tenemos el censo propio de lo que tenemos dentro del territorio», afirma.

A esta traba se suma la transición del Ejecutivo: la posesión del presidente Abelardo De la Espriella tuvo lugar el 7 de agosto de 2026 en Cali, tres días antes del sismo. Los voceros regionales señalan que el poco tiempo que lleva posesionada la nueva administración es un obstáculo adicional para saber a quién acudir.

Disney Gutiérrez, de ORIVAC, lo explica así al hablar de los canales de comunicación con las entidades nacionales: «En este momento no tenemos contacto con este nuevo gobierno porque apenas se posesionó. Hemos enviado nuestros últimos reportes a los correos de los ministerios, pero no hay ninguna respuesta por parte de ellos».

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Chocó: la carrera comunitaria por evaluar daños en medio del olvido estatal

Aunque muchas zonas de Chocó permanecen incomunicadas, Mongabay Latam pudo entrevistar a algunos líderes indígenas y afrodescendientes del sur del departamento. Todos coinciden en que han tenido que armar sus propios mecanismos de identificación y análisis de necesidades en un territorio invadido por los grupos armados.

Walter Mecha, quien además es líder social y vocero del pueblo indígena embera dóbida del Chocó, dice que pese al riesgo que implica recorrer su territorio, hasta el 14 de agosto habían verificado afectaciones en 184 comunidades de 13 de los 30 municipios del Chocó. Dentro de esas comunidades identificaron tres personas indígenas heridas, 263 casas destruidas y 293 más averiadas.

El daño no se quedó en las viviendas: también resultaron afectados los centros educativos propios, los puestos de salud, los puentes sobre trochas y ríos que las comunidades usan para moverse y las casas de armonización, espacios de gobierno propio y espiritualidad. «Perdimos muchos cultivos», agregó Mecha.

Con la UNGRD, dijo, apenas habían logrado un primer acercamiento técnico para unificar los formatos de censo. Sobre la ayuda humanitaria que ya llegó, fue igual de directo: «A los territorios indígenas no. Todavía no». Y usó como ejemplo a su propio municipio, Alto Baudó: «Sí han llegado unas ayudas mínimas para el municipio, pero es para todos los habitantes, más de 32 000 habitantes entre comunidades afro e indígenas. Eso no alcanza».

Esa mezcla constante entre lo indígena y lo afro en el Chocó no es casual. Según cifras del DANE (2021), el 78.9 % de los habitantes del departamento se reconoce como negro, mulato y afrodescendiente, mientras que el 16 % se reconoce como indígena. Hablar de «todo el Chocó», un departamento de más de 47 000 kilómetros cuadrados, es hablar casi exclusivamente de población étnica.

Así las cosas, “armar un panorama real de los daños en esta zona no será un trabajo fácil”, declaró Baltazar Mecha Forastero, integrante de la Organización Gobierno Ancestral del Chocó. El líder indígena calcula que tomará semanas o incluso meses establecer un número final de afectados por lo extenso y desconectado del territorio: «Los datos de los indígenas afectados del Chocó los estaremos consolidando quizás en dos meses o más, porque el Chocó es como una segunda Amazonía: para llegar a una comunidad hay que navegar o caminar hasta cuatro y cinco días».

A las dificultades institucionales se suma una restricción severa de movilidad que impide verificar los daños en las zonas más apartadas. Mauricio Parra Bayona es asesor del Consejo Comunitario General de San Juan (Acadesan), una organización que agrupa a 72 comunidades afrodescendientes en cinco municipios del sur del Chocó y un municipio del Valle del Cauca: Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan y Buenaventura.

Parra explica que no cuentan con recursos para contactar directamente a sus afiliados. «Nosotros hemos empezado a hacer algunos recorridos, pero tenemos problemas de escasez de recursos y en particular ausencia de gasolina», dice Parra.

Debido a la cercanía de Nóvita con San José del Palmar, epicentro del sismo registrado el pasado 10 de agosto, Acadesan pudo compartir algunos datos preliminares sobre las afectaciones que sufrieron algunos de sus afiliados en este municipio. “Cinco sedes educativas, el juzgado municipal, la registraduría, la casa de la justicia y varios templos religiosos resultaron afectados en su estructura”.

Mongabay Latam habló con el alcalde de Nóvita, Alberto Williams Rivas, quien aseguró que en su consolidado preliminar reportaron al Gobierno Nacional aproximadamente 2447 familias afectadas.

Debido a que su población es mayoritariamente afrodescendiente, aseguró que el apoyo que han recibido por parte de las entidades departamentales y nacionales ha incorporado un enfoque diferencial y por pueblos. “Esperamos que este enfoque se mantenga y fortalezca durante las siguientes etapas de atención, recuperación y reconstrucción”.

Adicional a la pérdida de viviendas y los daños en la infraestructura comunitaria, muchas familias que viven en la zona del Bajo y Medio San Juan (subregión a la que pertenecen municipios como Nóvita) denuncian las afectaciones a sus viviendas que agregó otro evento natural: un vendaval que azotó la cuenca del río San Juan la noche del jueves 13 de agosto.

De acuerdo con un reporte enviado por Acadesan a este medio, «algunas comunidades del municipio del Medio San Juan (Bebedó, La Unión, Chambacú, Noanamá y Santa María de la Loma) dan cuenta de por lo menos 71 casas averiadas, daños a estructuras de instituciones educativas y daños adicionales causados por las fuertes lluvias que han arrasado con los techos de muchas viviendas”, se lee en el comunicado.

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Risaralda: monitoreos al pie en la cordillera

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, el derrumbe de una vivienda causado por el sismo dejó la muerte de tres integrantes del cabildo indígena Tachinave, del pueblo embera, quienes vivían en arriendo en esta propiedad. De los 19 resguardos y cabildos que agrupa el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), solo dos, la Comunidad Indígena Kurmadó y Dachi Namabena, ambas en Pereira, habían recibido asistencia del Estado una semana después del desastre.

«Me preocupa bastante esta situación, porque ya quedaron 17 resguardos en los cuales no se les ha llevado ninguna ayuda, donde prácticamente hay resguardos que quedaron entre 40 y 50 familias esperando esa atención«, dice Marco Fidel Guasarave, consejero mayor del CRIR, quien nombra los municipios donde las comunidades indígenas siguen esperando ayudas: Pueblo Rico, Mistrató, Guática, Belén de Umbría, Balboa y La Celia, entre otros.

El CRIR formalizó estas solicitudes en un documento que envió el 10 de agosto a ministerios, alcaldías y organismos de control. Guasarave dice que armar un balance definitivo en municipios como Pueblo Rico, Mistrató o Marsella va a tomar tiempo debido a la difícil topografía del terreno: «Son resguardos que hay que caminar mucho, 10 horas dentro del mismo territorio, y en los cuales ayer [19 de agosto] no se tenía esa información».

Mientras espera la respuesta institucional, el líder ha recurrido a la solidaridad de conocidos: «He estado por ahí con los amigos pidiendo algunas ayudas, pues gracias a Dios hay gente que se ha compadecido para enviar a la ciudad de Pereira».

A los daños de las viviendas se suma la preocupación por la pérdida de infraestructura comunitaria y educativa que se obtuvo después de las movilizaciones de 2024, donde las comunidades lograron la asignación de 15 000 millones de pesos (aproximadamente 4.88 millones de dólares) para la edificación de aulas en sus 19 resguardos. Sin embargo, dice Guasave, “el terremoto derrumbó gran parte de estas construcciones, dejando nuevamente a cientos de niños usando plásticos [como techos] para recibir clases”.

Ante la demora del auxilio estatal y los vacíos dejados por los cambios en el Gabinete nacional, las autoridades indígenas reiteran el llamado urgente a proteger el derecho a permanecer en sus territorios ancestrales, evitando así el desplazamiento forzado hacia los cascos urbanos.

Mongabay Latam intentó comunicarse con otros líderes indígenas de este departamento y con la gobernación de Risaralda, pero no fue posible establecer esta comunicación debido a que el departamento tiene serios problemas de conexión y está enfocado en la reubicación de cientos de familias que lo perdieron todo, especialmente en la ciudad de Pereira.

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Valle del Cauca: el reto del censo en zonas rurales

En el Valle del Cauca, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), que agrupa a los cabildos y resguardos indígenas del departamento, describe una situación crítica. Su consejero mayor, Disney Gutiérrez, la resume con un caso: «El pueblo wounaan está asentado tradicionalmente a ambos lados del río San Juan, en el límite entre Chocó y Valle del Cauca. La mayoría de su población vive en territorio chocoano, pero también tiene una comunidad histórica en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca». Esa comunidad wounaan de Buenaventura tiene 400 familias damnificadas por el sismo y la respuesta oficial, dice Gutiérrez, ha sido mínima.

El daño material en el norte del Valle golpeó tanto a las viviendas como a la base alimentaria de las comunidades: «Las casas que tenían se cayeron, pero también hubo afectaciones en deslizamientos de tierra que afectaron los cultivos», describe Gutiérrez. Entre lo perdido menciona cultivos como caña, fríjol, café y plátano, de los que dependen las familias para su sustento.

Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, le dijo a Mongabay Latam que han estado en contacto con las organizaciones representativas del departamento y explicó que consolidar las cifras de afectación ha sido complejo por la dispersión geográfica.

«En el Valle del Cauca hay más de 125 comunidades indígenas, las cuales están representadas por cuatro organizaciones: la ORIVAC, la Asociación de Cabildos indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífico (ACIVA-RP), la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca y la Asociación de Autoridades Tradicionales Wounaan Nonam del Valle (Kowondev). A través de ellos hemos podido contactar a resguardos y cabildos indígenas, prestándoles las ayudas a los municipios mayormente afectados», afirmó Lenis.

Según el funcionario, los reportes iniciales que han enviado las propias comunidades ya suman una cifra considerable: «La información que ellos nos han enviado de comunidades indígenas afectadas suman más de 800 familias indígenas, que eso nos puede sumar en promedio casi 5000 personas afectadas«.

Lenis detalló que los municipios con mayores daños fueron Buenaventura, Dagua, varios del norte del departamento, como El Águila, Argelia, El Dovio y Ansermanuevo, además de afectaciones en Florida, Trujillo, Restrepo, Calima El Darién y Yotoco.

Frente a las críticas por la demora en formalizar la ayuda y los censos, el secretario dijo que la Gobernación está en la fase de consolidación técnica para ingresar los datos a las plataformas oficiales del Estado. Solo así podrán tener el censo oficial de qué resguardo o qué cabildo se afectó.

Por otro lado, mencionó que en algunos municipios ya están hablando de la reconstrucción y que la administración departamental le apostará a un esquema participativo: «La gobernadora [Dilian Francisca Toro] lo que ha dicho es que va a haber autoconstrucción. Que nosotros les damos los insumos que se necesitan y ellos mismos, con sus ingenieros o arquitectos, hacen sus reconstrucciones. Pero en los casos en los que toca construir desde cero, es un proceso que se demora más, se necesita un acompañamiento y supervisión para que estas mismas comunidades puedan hacer los ejercicios de reconstrucción».

El funcionario destacó, además, que junto con el Ministerio del Interior se coordinan protocolos de atención diferencial para los más de 48 consejos comunitarios afrodescendientes afectados en la zona rural de Buenaventura y Dagua.

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Conflicto armado y despojo: una vulnerabilidad previa al sismo

A las barreras geográficas se suma la ausencia histórica del Estado en la ruralidad y la presencia constante de grupos armados, dos factores que ponen en riesgo la entrega de ayuda humanitaria.

Mientras visita los cabildos más afectados en el departamento de Chocó, Baltazar Mecha Forastero afirma que casi toda la ayuda ha llegado por parte de la solidaridad ciudadana y de las ONG, y eso representa un riesgo para las propias organizaciones indígenas: “Nos da susto que las caravanas con víveres sean atacadas o retenidas por los grupos armados que están en la zona”, denuncia.

Es por eso que para el ingreso de los suministros de emergencia, las autoridades indígenas planean abrir canales directos de diálogo con los grupos armados, con el fin de fijar puntos neutrales de acopio donde la guardia indígena y las instancias de gobierno propio reciban las ayudas y las repartan internamente.

En el norte del Valle del Cauca, Disney Gutiérrez describe un patrón de desplazamiento que viene desde antes del terremoto: «Históricamente las comunidades indígenas hemos sufrido esta situación porque nosotros vivimos en las zonas rurales donde siempre va a haber grupos armados […] varias comunidades en el norte del Valle estaban confinadas porque había mucha problemática territorial y el terremoto nos ha afectado más».

La situación también ha sido complicada para la Gobernación de Valle del Cauca. «El desafío es justamente la ruralidad. Eso queda muy adentro y hay situaciones relacionadas con el conflicto armado, sobre todo lo que tiene que ver con Ansermanuevo, El Águila, Argelia, El Dovio y Calima El Darién«, detalló Lenis.

En Risaralda, Guasarave describe uno de los episodios de desplazamiento reciente: la comunidad de Karradapó, ubicada en el municipio de Puerto Rico, fue desplazada a Medellín por enfrentamiento entre grupos armados. «Estamos haciendo todo lo posible para que estos compañeros sean retornados. Pero sabemos que muchos tendrán miedo de volver a sus territorios porque quedaron afectados por el sismo», dice.

En medio de este panorama, en Chocó ese miedo se está enfrentando con otra estrategia: quedarse. Mecha Forastero cree que las familias del Chocó van a permanecer en sus tierras pese al temor de un desplazamiento masivo hacia las ciudades: “Muchas de nuestras escuelas se cayeron, pero en algunas comunidades los profesores están levantando enramadas tradicionales de madera y paja para retomar las clases de los niños. Y también están construyendo cambuches [ranchos o chozas] para que la gente siga en el territorio”, cuenta.

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¿Qué piden las comunidades?

La respuesta comunitaria se ha convertido en la principal línea de defensa. Para canalizar el apoyo de la ciudadanía, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) abrió la campaña nacional e internacional “S.O.S. Pueblos Indígenas”, con una cuenta de ahorros oficial en el banco Bancolombia y un centro de acopio en su sede principal de Bogotá para recibir alimentos no perecederos, potabilizadores de agua, mantas, medicamentos, kits de aseo y carpas o plásticos para resguardarse de las lluvias.

De forma paralela, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) envió brigadas humanitarias de la Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) hacia los resguardos más golpeados de Chocó, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Con herramientas para remover escombros, plantas eléctricas de emergencia y víveres recolectados en mingas solidarias, los guardias indígenas se han encargado de abrir caminos y repartir ayudas en zonas donde la maquinaria pública todavía no ha podido entrar.

A esta movilización se han sumado iniciativas de la sociedad civil y de creadores de contenido digital. Varios influenciadores y figuras públicas abrieron centros de acopio independientes y promovieron colectas en redes sociales, con las que han logrado enviar toneladas de víveres, medicamentos y filtros de agua directamente a municipios golpeados como San José del Palmar, Nóvita y Pueblo Rico, en el departamento de Chocó.

Sin embargo, las autoridades indígenas advierten que las donaciones particulares y el esfuerzo propio no reemplazan las obligaciones del Estado. Rosalino Guarupe Joropa, de la ONIC, insiste en que reconstruir las viviendas, las escuelas y las casas de armonización destruidas requiere una concertación institucional que respete la cosmovisión y el ordenamiento territorial propio.

“Necesitamos que el censo oficial incorpore la información de los censos comunitarios y que cualquier intervención en los territorios se haga en armonización con nuestras autoridades y respetando la espiritualidad de los pueblos”, concluye.

*Imagen principal: vivienda afectada en el Valle del Cauca. Foto: cortesía ONIC

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Por eso, tampoco me resultó extraño que diseñara una ceremonia de posesión con alfombra roja y backing fotográfico, como si se tratara de los Premios Óscar, los Billboard, los Grammy o cualquier otro espectáculo de celebridades. Mucho menos me sorprendió verlo, durante una rueda de prensa en la que anunciaba medidas de urgencia frente a la tragedia que afecta a miles de familias por el terremoto, lanzando besos al aire.

Puede que algunos consideren ese comportamiento una estrategia de comunicación. Otros, una manera de mantenerse vigente en redes sociales. Lo cierto es que, mientras el país enfrenta una tragedia de enormes proporciones, el presidente parece empeñado en recordarnos que también sabe posar, provocar conversación y coleccionar «likes».

Pero, más allá del espectáculo, lo que sí esperaba era algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante: resultados.

Esperaba medidas rápidas para las familias que hoy viven en carpas improvisadas, que perdieron sus viviendas y que, en muchos casos, dependen de la solidaridad espontánea de otros colombianos para conseguir siquiera un plato de comida al día. Esa solidaridad ciudadana, admirable y conmovedora, no puede convertirse en sustituto de la responsabilidad del Estado.

A estas alturas, De La Espriella ya debería tener una hoja de ruta clara, concreta y verificable para que el país empiece a superar la tragedia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Su gabinete debería estar trabajando a toda máquina. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora son contradicciones, improvisaciones y anuncios que dejan la preocupante impresión de que buena parte del Gobierno Nacional todavía no entiende las dimensiones reales del país que le corresponde administrar.

El presidente anunció durante su discurso de posesión que congelaría el gasto público. Perfecto. Pero entonces vale la pena preguntar: ¿cómo se congela el gasto público cuando precisamente se necesita realizar inversiones extraordinarias para reconstruir ciudades y municipios devastados por un terremoto?

Después aseguró que no tenía capacidad de endeudamiento debido, según él, al excesivo derroche del Gobierno de Gustavo Petro. Y ahora aparece el anuncio de un préstamo de 200 millones de dólares del Banco Mundial.

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No había capacidad de endeudamiento o sí la había? ¿El gasto se congela o se descongela cuando las circunstancias políticas lo exigen? ¿Se trata de austeridad fiscal o de austeridad selectiva?

Porque gobernar no consiste en lanzar una consigna económica durante un discurso y descubrir, unas semanas después, que la realidad tiene la desagradable costumbre de contradecir los eslóganes.

Y si de contradicciones hablamos, merece capítulo aparte la ministra de Educación, Viviane Morales, quien anunció el incremento de las clases virtuales en las ciudades y municipios afectados donde varios colegios resultaron averiados, con el propósito de evitar que niños, niñas y adolescentes interrumpan sus jornadas académicas.

La intención puede sonar muy bien desde una oficina con internet de alta velocidad, computador, energía eléctrica y aire acondicionado. El problema es que Colombia no se gobierna desde una presentación de PowerPoint.

¿Se puede hablar seriamente de educación virtual para niños y adolescentes de familias que lo perdieron todo y que hoy duermen en carpas improvisadas? ¿De dónde van a sacar los dispositivos electrónicos para conectarse a una clase? Y, suponiendo que el Ministerio de Educación tenga la generosidad de entregarlos, ¿van a proporcionar uno por cada menor de edad? ¿O una familia con tres, cuatro o cinco hijos deberá organizar una especie de campeonato olímpico para decidir quién se conecta a la clase de las ocho de la mañana?

Pero hay algo todavía más preocupante: ¿cómo se implementará esta estrategia en regiones como el Chocó, donde la conectividad sigue siendo una enorme dificultad? ¿Está garantizada la señal de internet en todos los municipios afectados? ¿Se verificó el estado de las redes de telecomunicaciones después del terremoto? ¿Qué ocurrirá en las zonas donde además de las viviendas colapsaron las redes eléctricas y de comunicaciones?

Porque después de un desastre natural, la primera tarea del Gobierno debería ser conocer el territorio. No imaginarlo.

Y mientras el país intenta entender esta colección de anuncios, aparece otro episodio difícil de explicar: el descanso del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en Santa Marta, en medio de una emergencia nacional que demanda presencia, coordinación y liderazgo. Si la imagen que se transmite es que mientras miles de colombianos duermen en carpas algunos funcionarios están disfrutando del paisaje, resulta perfectamente comprensible que la ciudadanía se pregunte dónde están las prioridades del Gobierno.

A eso se suma la desafortunada propuesta del ministro del Interior, Rodrigo Lara, a las personas de Buenaventura que perdieron sus viviendas: entregarles cemento para que ellas mismas se encarguen de reconstruirlas.

Francamente, resulta difícil decidir qué es más preocupante: la propuesta o la tranquilidad con la que parece haberse formulado.

Quizá, siguiendo esa lógica, el próximo paso sea entregarles ladrillos a las víctimas, una pala, un casco y un manual de construcción para que el Estado pueda declarar inaugurada la reconstrucción sin tener que involucrarse demasiado.

Mientras tanto, Abelardo De La Espriella intenta desviar parte de la conversación nacional con su famoso «Libro Blanco», mediante el cual busca impulsar una persecución judicial contra altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y contra el propio exmandatario.

Puede que ese asunto tenga importancia y que las investigaciones que correspondan deban adelantarse. Nadie está diciendo lo contrario. Pero hay un pequeño detalle que el presidente parece olvidar: hoy gobierna él.

Ya no está en campaña. Ya no es el candidato que podía recorrer escenarios, lanzar acusaciones, señalar culpables y convertir cada declaración en un espectáculo político. Ahora es el presidente de la República. Y eso significa que las excusas, los discursos incendiarios y las estrategias de distracción tienen una fecha de vencimiento: el día en que comienzan las responsabilidades.

El país no necesita que el presidente grite más fuerte en un micrófono ni que señale a más personas como corruptas. Necesita que sus funcionarios lleguen a los territorios, coordinen ayudas, reconstruyan viviendas, restablezcan servicios públicos, garanticen la educación, atiendan a las víctimas y presenten resultados.

Porque, señor presidente, gobernar no es una campaña electoral permanente.

Gobernar es tomar decisiones incómodas cuando nadie tiene ganas de tomarlas. Es reconocer los errores antes de que se conviertan en tragedias mayores. Es corregir a los ministros cuando se equivocan. Es estar donde están los ciudadanos cuando las circunstancias más lo exigen. Y, sobre todo, es responder por los resultados.

Hasta ahora, lamentablemente, los resultados que deberían llenar titulares brillan por su ausencia.

Lo que sí hemos visto es la extraordinaria solidaridad de millones de colombianos que se han puesto la camiseta para ayudar a quienes más lo necesitan. Han llevado comida, agua, ropa, medicamentos y toda clase de ayudas. Lo han hecho espontáneamente, sin que nadie se los ordene y, mucho menos, porque la primera dama, Ana Lucía, haya descubierto de repente una fórmula mágica de solidaridad nacional.

Puede que ella también esté trabajando y que su labor merezca reconocimiento. Pero la solidaridad de los ciudadanos pertenece a los ciudadanos. No puede ser presentada como un logro personal de la Casa de Nariño ni como una extensión de la imagen presidencial.

Señor presidente Abelardo De La Espriella: usted quiso ser presidente de Colombia. Lo consiguió.

Ahora le corresponde la parte menos glamorosa del cargo: gobernar.

Y gobernar implica mucho más que una alfombra roja, una fotografía perfectamente iluminada, un beso lanzado al aire, una denuncia contra el gobierno anterior o una publicación viral en redes sociales.

Mientras usted administra la imagen, miles de colombianos administran la tragedia.

Mientras usted intenta dominar la conversación pública, ellos intentan reconstruir sus vidas.

Mientras usted anuncia, ellos esperan.

Y mientras ellos esperan, el tiempo pasa.

Por eso, señor presidente, con todo respeto: menos espectáculo y más Estado; menos pose y más gestión; menos discurso y más resultados.

Porque la Presidencia de la República no es un escenario.

Y Colombia, definitivamente, no está para aplaudir una función.

Está esperando que alguien gobierne.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero

“Érase una vez un campesino llamado Pahom, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. “Ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra -pensaba a menudo- los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra” (…) El criado de Pahom se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. ¡Pahom estaba muerto! (…) Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pahom, y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba”: ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, cuento de León Tolstói, escritor ruso.

¿Alguien sabe cuánto costaron los balones de la marca “Patria Milagro” que el presidente llevó al Chocó tras el terremoto? ¿Sirvieron de algo para solucionar la crisis humanitaria? Son preguntas, el juicio vendrá después. Porque no puede ser que, gobierno tras gobierno, sigan repitiendo el disco rayado de que el país tiene una deuda histórica con el Chocó y nadie les diga que han llegado a pagarla en serio.

El formidable cuento ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, escrito por León Tolstói, nos recuerda que nada nos pertenece: Nada. Ni siquiera el pedazo de tierra donde antes enterraban a la gente, porque ahora vamos sin escalas del crematorio a la eternidad, hechos polvo.

Si Dios existe –de seguro sí para el crédulo presidente de la República-, a lo mejor andaba en otra parte, sin tiempo para escuchar las alabanzas del 7 de agosto, día de su posesión. De poco sirvió invocarlo en boca de un sacerdote católico, un rabino y un pastor evangélico, pues al tercer día sobrevivo lo indecible.

Pero no culpen a Dios por lo que pasó. El periódico El Colombiano abrió con un titular, más literario que periodístico, que en otro tiempo habría sido herejía, eh Ave María purísima: “El día que Dios se olvidó de Pereira!”. Esa costumbre tan criolla de culpar a Chuchito por la incompetencia y la desidia de los gobiernos de turno, en lo municipal, departamental y nacional.

Todavía tengo fresca en la memoria aquella portada desafortunada de la revista Semana con la foto del presidente Iván Duque y un gran titular: “Año de aprendizaje”. Eran los tiempos en que un todopoderoso Álvaro Uribe imponía a dedo al candidato de sus afectos. Desde la elección de Gustavo Petro eso cambió.

No es culpa de un presidente de la República que ocurran terremotos o pandemias. Es culpa sí su improvisación, las malas decisiones o la incompetencia de algún funcionario. El comienzo de este gobierno no ha sido el mejor. Y no lo dice un detractor más, sino un medio serio como The Economist.

Seamos justos: tampoco los ciudadanos estamos preparados para lo impensable, porque creemos que las cosas malas le pasan al vecino. Pero un gobierno no puede darse el lujo de pensar así. Más que los mandamientos de Dios, debe guiarse por el sentido común, la cordura, la ecuanimidad y, principalmente el rigor científico, que las más de las veces riñe con los designios divinos. En pocas palabras, a la jefatura de Estado no se llega aprender, se llega aprendido.

Las imágenes que saturan las redes sociales sobrecogen, nos recuerdan a cada momento que estamos de paso y que la vida se nos puede ir en un suspiro. Que no basta con nuestro espíritu solidario. El país debe tomarse en serio la tarea de pensarse desde la prevención y la previsión. Llorar sobre los muertos es igual que llorar sobre la leche derramada.

¿Por qué será que casi siempre la maldad, incluso la maldad inocente de la naturaleza, descarga su furia casi siempre sobre los más pobres, sobre los más jodidos de la Tierra? Tras el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto, había que ver el dolor del pueblo chocoano, reflejado en los gritos de aquella madre que encontró en la calle, muerto, a uno de sus hijos.  

Pero al gobierno hay que darle tiempo, los 100 días de gracia para que muestre de qué está hecho. Necesitamos un Ejecutivo sismoresistente. Colombia es un país vulnerable a los desastres naturales. Pero rara vez estamos preparados para prevenir las tragedias y solo nos queda actuar sobre la marcha. El Espectador hizo un justo reconocimiento, en medio de las quejas: “Tanto el gobierno nacional como los distintos gobiernos locales han respondido con rapidez, eficiencia y determinación incansables”.

El día de la posesión, en su discurso ante los militares, el presidente se mostró solidario con los ricos; en tono de celebración habló de eliminar el impuesto al patrimonio. Ni se le ocurra Mr. president. La realidad le ha mostrado que ahora es cuando los ricos y los superricos de este país (que son la inmensa minoría), deben ser conscientes de que viven en una nación tercermundista, ahogada en sus desigualdades. Hay pocos con tanto y demasiados con nada, que es necesario insistir en eso de la redistribución de la riqueza, en vez de ofrecer gabelas y seguir blindando privilegios.

Colombia no puede comportarse como aquel limosnero que pide “una ayudita, por favor”. De los ricos no se esperan obras de caridad. Se espera compensación con el país, que ha favorecido su fortuna.

Y, válgame Dios, lo están haciendo, para callarnos la boca a los incrédulos. Los empresarios exhiben hoy su generosidad. Entre todos, juntaron $201 mil millones, mal contados superan los 64 millones de dólares, mucho más que los 25 millones de dólares que de buena gana mandó Donald Trump. Aparte, el grupo Gilinski donó $150 mil millones, el grupo Santo Domingo $100 mil millones y 100 mil millones más el banquero David Vélez. La tragedia está mostrando quién es quién en Colombia. Solo falta saber de cuánto será el aporte del empresario Abelardo de la Espriella.

¿No es este un momento ideal para hablar sobre redistribución de la riqueza?

Abelardo informó que reconstruir valdrá $30 billones. ¿No es este el momento propicio para recordarle al gobierno que cada año la evasión en Colombia ronda los 130 billones de pesos, el equivalente a cinco reformas tributarias? En víspera de elecciones reproduje en este blog la siguiente cita, a propósito de un informe sobre los 18 mil ultrarricos de Colombia:  

“… los más ricos utilizan estrategias sofisticadas para no pagar o pagar menos impuestos: eluden, es decir, encuentran vacíos legales para minimizar su carga tributaria; evaden, ocultando activos de forma deliberada, y se benefician de leyes que les otorgan amplias exenciones y deducciones”: inforne de Oxfam sobre desigualdad, publicado en enero de 2025,

Esperemos, no obstante, que con la noche que ya pasó y la reforma tributaria que viene, las exenciones sean para los empresarios (fue la promesa de campaña, confirmada en el discurso de posesión) y la clavada impositiva para los demás. A eso súmele que, según La Silla Vacía, el Banco Mundial desembolsó 200 millones de dólares para atender el terremoto, deuda que pagaremos los contribuyentes.  Lo haremos con gusto por una causa noble, pero así mismo merecemos saber qué organismos harán la veeduría de los recursos para garantizar transparencia.

El día que nos movieron el piso a todos

Las imágenes de Buenaventura, Cali y zonas del eje cafetero ponen a prueba la cacareada idea del mandatario de gobernar desde las regiones. Debería tener su sede alterna allá, el territorio chocoano, abandonado él sí hasta por Dios, desde el principio de los tiempos. De ese departamento solo nos acordamos en tiempos de tragedia o cuando condenan por corrupción a algún político. Su solo nombre ya parece una cruz: Chocó. Olvidado y vilipendiado. Recuerden al impresentable diputado antioqueño Rodrigo Mesa Cadavid que salió con esta perla: “Invertir en el Chocó es como perfumar un bollo”. Cómo fue que no mandaron a ese señor a vivir un año allá, no como castigo, sino para resocializarlo, porque a las claras ese fue un gesto racista e insensible.

Chocó debería ser en las actuales circunstancias la verdadera capital alterna de Colombia, si es que Mr. president insiste en tal embeleco.  Porque hoy el Chocó le está dando una bofetada de dignidad al país, a juzgar por esta magnífica, pero al tiempo dolorosa, crónica de Alejandro Rodríguez en El Espectador. El reportero cuenta lo que vio en su recorrido por San José del Palmar, epicentro del movimiento telúrico. “Después del terremoto, mientras las grietas siguen abiertas y la ayuda no llega a todos los barrios, los chocoanos vuelven a hacer lo que han hecho siempre: sostenerse entre ellos”.

“Esta semana fue una comisión oficial, revisó las casas por encima y siguió de largo. Nadie en el barrio cree que algo vaya a cambiar después de esa visita. Lo saben, con amargura, que serán ellos mismos quienes reconstruyan”, crónica de El Espectador.

La embestida de un planeta vivo, siempre reacomodándose, le está enseñando al presidente ADLE  que gobernar es más que lanzar besos al aire cual reina de belleza, que le sirve más al país remangado que en sesión de limpieza fácil al lado de su esposa, la primera dama. Es que, señor presidente, hay un momento para todo, y este no es precisamente un momento para banalidades ni veleidades.

En las redes sociales han sido funados (en mis tiempos se decía boleteados), él, su esposa y el ministro Rodrigo Lara. Lara dijo que aquellos que hagan política con las ayudas (“repartija política”, la llamó) se van para el infierno, en tanto que han criticado a la pareja presidencial por creer que caridad y gestión de gobierno son la misma cosa. No hablemos ya del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, que andaba en plan familiar tomando el sol en Santa Marta, mientras sus compañeros tenían las botas puestas por los damnificados.

Un artículo del diario español El País sobre el papel de Ana Lucía Pineda resume el asunto, de manera incluso risible. “Contó que había conseguido un sinnúmero de donaciones, desde servicios funerarios para las víctimas hasta comida de McDonald’s para los rescatistas. El presidente se mostró complacido. “Queridos amigos, como ustedes pueden ver, se ha hecho todo lo que hay que hacer en materia técnica”.

El país requiere un presidente más estadista que showcero y un gabinete más diligente que fervoroso, porque no se pueden delegar en el cielo las cuestiones netamente terrenales.

Hoy por hoy el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debería ser el más importante de todos, por encima incluso del Ministerio de Defensa. Se le debería, por lo tanto, garantizar un presupuesto generoso y exigirle resultados concretos. Ah, pero oh sorpresa, con menos de $2 billones (y una tercera parte de estos dedicado a gastos de funcioamiento), figura en la cola de las asignaciones presupuestales al lado de los ministerios de Cultura, Ciencia, Deporte y Comercio).

El mundo enfrenta un apocalipsis climático, dicho y predicho por los expertos (las pruebas están en nuestras narices); así que los políticos, y en particular los legisladores, no deben minimizar el impacto del cambio climático y los desastres naturales. De hecho, un editorial de El Espectador lo advierte de manera tajante: “Nos parece evidente que la agenda del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella estará marcada por el terremoto y el Fenómeno del Niño”.  

¡La sacamos barata… esta vez!

Dicen los científicos que el choque entre placas tectónicas liberó tanta energía como 126 bombas de Hiroshima (1.9 megatones de TNT), y por fortuna fue muy profundo, a 110 kilómetros de la superficie (la distancia más o menos entre Bogotá y Girardot). Porque de haber ocurrido a 10 kilómetros, como pasó en Venezuela, otro cuento estaríamos contando. Una historia inenarrable.

Según La Silla Vacía, “el terremoto del 10 de agosto encontró a un país donde tres de cada cuatro edificios se levantaron antes de la última norma sismorresistente, donde más de un tercio no tiene ningún refuerzo sismorresistente en su estructura y donde esa cifra cambia de manera brutal según el departamento en que uno esté parado”.

Para colmo de males, apenas el 25% de las edificaciones en Bogotá estarían en condiciones de soportar un terremoto, según denuncia hecha por un concejal. Es decir, el país no puede esperar al próximo desastre sobre lo que parece ya un desastre.  

Pero algo bueno nos ha quedado en medio del sufrimiento ajeno. Al mandatario ya debió quedarle claro que se hizo elegir para gobernar en medio de circunstancias adversas, no parar dar órdenes desde la comodidad de Barranquilla, güsiquicito en mano.

El señor presidente prometió un Plan Marshall para reconstruir al Chocó; que el pueblo se lo demande si sus palabras terminan en cuento chino.   

Han pasado seis semanas desde que el doble terremoto de 7.2 y 7.5 grados de magnitud devastara Venezuela el 24 de junio. La última cifra oficial presentada el 3 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indica que han muerto 6125 personas, mientras que la cifra oficial de desaparecidos ofrecida por el gobernador de La Guaira –la zona más afectada por el doble sismo– José Alejandro Terán, habla de unas 1400 personas.

En medio del dolor y la destrucción y mientras los sobrevivientes siguen buscando a sus familiares enterrados bajo los escombros de las casas y los edificios colapsados, empiezan a surgir nuevas preguntas sobre los daños a largo plazo que podría dejar esta tragedia. El gobierno venezolano indica que al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos. Además, 6433 viviendas fueron clasificadas como de alto riesgo y otras 9866 están bajo la categoría de uso restringido.

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La mayor devastación ocurrió en La Guaira, una ciudad costera ubicada a 30 minutos de Caracas. Aunque en la capital venezolana también colapsaron casas y edificios, los derrumbes en La Guaira destruyeron gran parte de la ciudad. Según un reporte elaborado por las Naciones Unidas a pocos días de ocurridos los sismos, los daños físicos directos en edificaciones e infraestructura alcanzaban aproximadamente 37 000 millones de dólares.

“Se vieron como nubes inmensas de polvo y, en el caso de La Guaira, mucho mayores porque la cantidad de edificaciones que colapsaron fueron muchas más”, dice Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima21. “Esa cantidad de polvo puede producir daños a la salud humana y ambiental. No tenemos conocimiento ni referencia de que se esté haciendo alguna evaluación sobre esos daños para que se puedan hacer advertencias a la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables”, agrega Álvarez.

Tras el terremoto, las imágenes de La Guaira mostraban toneladas de cemento, fierros y otros materiales de construcción de los edificios caídos por toda la ciudad. Las fotografías y videos que han circulado tras los terremotos dejan ver una gran destrucción en la ciudad.

El gobierno de Delcy Rodríguez también ha informado que alrededor de 24 000 personas damnificadas permanecen en refugios temporales en Caracas y La Guaira, mientras continúan los trabajos de remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos.

El destino de los escombros

Las primeras semanas de julio empezaron a circular en redes sociales mensajes sobre el destino de la gran cantidad de escombros que había dejado la destrucción de la ciudad.  “Desde el principio se vio que había camiones que estaban extrayendo el material de las grandes montañas de escombros y echándose directamente al mar”, comenta Álvarez sobre lo que se denunciaba en ese momento.

“Todos estos escombros que van saliendo, se van depositando en diferentes lugares, afectan la flora y la fauna de los ecosistemas en general. El daño mayor puede ocurrir si son echados al mar. Las grandes cantidades de sedimentos pueden destruir zonas donde hay especies que son importantes en la cadena alimenticia, en los sedimentos, pueden afectar zonas importantes de pesquerías”, comenta Álvarez y agrega que estos desechos pueden contener productos con algún tipo de elemento tóxico.

A la bióloga Mariana Hernández, investigadora doctoral en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, le preocupa el destino de los desechos en La Guaira, sobre todo, si estos se depositan en la zona costera, debido a que “la energía de olas puede hacer que los escombros se rompan, se fragmenten y se descompongan rapidísimo”.

Para Hernández, el caso del plástico es grave por la problemática de los microplásticos. “Mientras más oleaje lo golpee, más rápido se va a ir descomponiendo en fragmentos pequeñitos, estamos hablando de mesoplásticos y microplásticos desde 5 milímetros hasta menos de un milímetro que ni siquiera podemos ver, pero que tienen impactos gravísimos”, comenta la experta sobre cómo los escombros que puedan llegar al mar terminan transformándose.

A la bióloga no solo le preocupan los microplásticos, sino también el resto de componentes de los escombros que ha dejado el derrumbe de decenas de casas y edificios. “Tenemos concreto, arena, ladrillos, materiales de construcción muy diversos. Metales; asbesto, que es muy preocupante; tuberías de PVC; pinturas con elementos pesados y, bueno, toda esta mezcla hace que el impacto ambiental sea muy fuerte, justamente porque se colocan en una zona donde las olas hacen que se rompa rápidamente”.

Hernández explica que cuando se arrojan escombros sobre un suelo marino se genera una especie de turbidez y oscuridad. “Cuando está muy turbio, se bloquea la luz y afecta a las especies que tienen branquias y que son filtradoras. Pero además tenemos la contaminación química y, como decía, los metales pesados de las pinturas y el asbesto me preocupa muchísimo”.

Otra preocupación son las pequeñas áreas de arrecifes de coral que hay en la zona de La Guaira, comenta Hernández, con especies de macroalgas, porque ninguna de estas especies “va a poder escapar del enterramiento y de la turbidez”. Los escombros que llegan al mar también afectarán erizos, caracoles, mejillones, bivalvos y todas las especies que forman parte de este ecosistema. “Es gravísimo porque va afectar los huevos y las larvas de los peces en una zona pesquera donde habitan especies de importancia para los pescadores para el país”.

“No es un impacto de hoy, sino es un impacto también para mañana, no es un ecosistema que se va a haber afectado a corto, sino más a largo plazo”, agrega Hernández.

Desde que se informó que los restos de los edificio se estaban depositando en la costa de La Guaira e incluso, arrojándose al mar, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que «bajo ningún concepto, ni a nosotros ni a los expertos internacionales que convocamos, se nos va a ocurrir lanzar los escombros de las edificaciones colapsadas al mar» y aseguró que las autoridades estudian mecanismos para clasificar y reutilizar más de un millón de toneladas de residuos.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de Venezuela también se pronunció ante las denuncias y a mediados de julio emitió un comunicado en el advirtió que tendrá “tolerancia cero” ante los vertidos ilícitos de escombros al mar. “Verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones que van desde multas hasta procesos penales, así como la obligación de restaurar los espacios afectados”, indicó en el comunicado.

En una reunión del ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y del Equipo de Evaluación de Desastres y Coordinación de las Naciones Unidas (UNDAC) se definieron protocolos para la gestión técnica y segura de los escombros, especialmente en Caracas y La Guaira.

“La movilidad de escombro tiene que hacerse con mucho cuidado”, dice Gustavo Carrasquel, Director General de Azul Ambientalistas, una organización dedicada a la conservación de los océanos. “Se deben clasificar por tipo de material para posteriormente triturarlo, molerlo o transformarlo en otro tipo de materia prima que pueda servir nuevamente para la construcción, para algún tipo de infraestructura”.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), los escombros de los terremotos no se deben depositar en zonas de áreas naturales protegidas, barrancas, marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos ni arqueológicas, y tampoco sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Semarnat también sugiere que estos desechos se deben ubicar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas. Además, se deben reciclar y, de ser posible,  reutilizar los materiales en otras obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, así como en rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.

Mariana Hernández menciona que si bien el gobierno venezolano ha asegurado que existe tecnología para reutilizar estos escombros, no confía en que esto se concrete. “No hay detalles sobre eso. Sabemos que para cosas mínimas como separación y reciclaje de residuos del día a día no existen los espacios por parte del gobierno, entonces es difícil imaginar que tenemos la tecnología y las condiciones para una emergencia y una situación de esta magnitud”.

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Los efectos del polvo

Una de las preocupaciones sobre los escombros del terremoto es sobre los efectos que pueda tener el polvo en la salud humana. “Estamos viendo familiares que están yendo a colaborar en la zonas de derrumbes con las labores de desescombrar y el polvo y todo lo que se levanta al quitar los escombros afecta, por ejemplo, a los asmáticos y estamos viendo reagudizaciones de asma y personas con problemas de bronco espasmo porque han aspirado el contenido del polvo”, señala Carmen Limiñana, médico de emergencias del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana, quien viajó a La Guaira dos semanas después de los sismos.

Limiñana también señala que se están presentando “patologías crónicas reagudizadas” porque las personas que han perdido su hogar y sus pertenencias y que padecían alguna enfermedad crónica se quedaron sin tratamientos, sin el control de los sistemas sanitarios que también resultaron deteriorados. “Eso es lo que corresponde a estas etapas [de la emergencia]”, comenta.

A la bióloga Mariana Hernández le preocupa que las sustancias como el asbesto que se pueda encontrar como parte de los materiales de construcción también puedan significar un riesgo para la salud de quienes están en contacto con los escombros.

Sobre este tema, Damián Soriano García, ingeniero de edificación oficial del Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete, en España, y Responsable de la Sección de Intervención en Catástrofes de Bomberos Sin Fronteras España, explica que el asbesto normalmente va asociado a elementos de hormigón que forman parte de productos prefabricados. Elementos usados para proteger las estructuras del fuego también pueden contener amianto o asbesto. “Antiguamente se aplicaba amianto a elementos de impermeabilización de cubiertas, placa de fibrocemento, incluso a tuberías”, explica el experto.

“Durante los trabajos de remoción de los restos de colapso o incluso de en fase de rescate de cuerpos, es necesario llevar un traje encapsulado, es decir, una protección exterior, un traje que podamos tirar y gestionar adecuadamente como residuo. También es importante la protección de manos, de cara, ojos y una máscara facial para no respirar las fibras” respirables de asbesto, aconseja Soriano.

El asbesto es un grupo de minerales en forma de fibras diminutas resistentes al calor y a muchas sustancias químicas. La exposición prolongada a estas fibras puede ocasionar problemas serios en los pulmones y causar cáncer, según la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos. Actualmente está prohibido en Venezuela pero sigue formando parte de las construcciones antiguas, como las que colapsaron con el terremoto.

“Para que haya asbestosis tiene que darse una exposición prolongada como ha ocurrido con la gente que trabaja en fábricas durante muchos años. En este caso, que es una exposición aguda, por tanto, una patología muy grave del asbesto no se va a producir”, asegura la médico Limiñana.

No obstante, el ingeniero y bombero Soriano advierte que es muy importante que las personas que estén en contacto con la gestión de los escombros de los edificios derrumbados “cuenten con equipo de protección individual para evitar la inhalación de esas fibras”. Sugiere también que el tratamiento de estos residuos se realice en una zona de acopio determinada con una gestión adecuada.

“La manipulación es peligrosa cuando se rompe una placa de fibrocemento con amianto o asbesto, por tanto, todos los equipos de protección personal que hayan estado en contacto con ese tipo de material tienen que ser también gestionados como residuos”, aclara Soriano.

*Imagen principal: vista aérea de Caraballeda, estado de La Guaira, tras los dos terremotos ocurridos en Venezuela. Foto: Miguel Medina/Pool Photo vía AP

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Algunos de los lugares más impresionantes del mundo son custodiados por guardaparques. Con su labor protegen selvas, manglares, páramos, pampas, humedales y paisajes antárticos. Del buen funcionamiento de esos ecosistemas y del mantenimiento de la biodiversidad dependen los servicios ambientales como el aire puro, el agua fresca o la polinización de alimentos. Por eso, desde 1992, el 31 de julio se celebra el Día Internacional de las y los Guardaparques.

Latinoamérica representa solo el 16 % de la superficie global, pero alberga cerca del 40 % de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con datos del Grupo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en varios países se reportan recortes presupuestarios para las áreas protegidas y los guardaparques. También es una región amenazada por el narcotráfico, la extracción legal e ilegal de recursos y la inequidad de género.

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En este contexto trabajan hombres y mujeres que se enamoraron de la naturaleza y se comprometieron con cuidarla a pesar de que el oficio de guardaparques no sea siempre reconocido.

Mongabay Latam habló con tres guardaparques de la región que enfrentan diferentes retos. En el Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia, Hernán Chilito insiste en lo fundamental de trabajar con las comunidades locales para fortalecer los objetivos de conservación.

En el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, Tanya Villalba demuestra que una mujer puede liderar el área protegida más grande del territorio continental, la cual también atrae gran atención internacional por su gran diversidad biológica y cultural.

Desde el Parque Nacional El Palmar, en Argentina, Facundo Alcalde apunta a la sostenibilidad financiera del área protegida a través del incremento de las visitas y el turismo sostenible, siempre con base en datos científicos y la precaución.

Colombia: Hernán Chilito busca reconstruir las relaciones con las comunidades

Cuando el guardaparque Hernán Chilito llegó al Parque Nacional Natural La Paya en 2016, la relación entre la institución de Parques Nacionales y las comunidades campesinas “era muy débil”, asegura. En décadas pasadas, se había realizado una negociación para que 68 familias que habitaban dentro del parque salieran a cambio de acuerdos con diferentes instituciones donde se pagaron los cultivos, predios y mejoras. Pero el Estado quedó en deuda con otros acuerdos, como el de vivienda y el de tierras por diferentes complejidades en los procesos.

“Con Parques Nacionales se buscó encontrar alternativas y soluciones”, dice el experto en el uso, ocupación y tenencia con comunidades campesinas en parques naturales. Después de varios procesos infructuosos, consiguieron implementar proyectos productivos sostenibles para la seguridad alimentaria. También les entregaron árboles frutales de la Amazonía colombiana, incluyendo cacao maraco y chontaduro.

Luego, la Asociación Astracam planteó la necesidad de conocer los límites del parque. Se creía que 27 veredas estaban dentro, pero después de hacer reconocimientos, descubrieron que solo 80 familias estaban al interior y otras estaban sobre los bordes.

La Paya es un parque azotado por el narcotráfico. Sin embargo, mientras avanzaban los diálogos de paz, los guardaparques continuaban con sus acciones. Hasta que en 2019 llegó la cuestionada Operación Artemisa. Esta avanzada militar buscaba controlar la deforestación, pero en la zona dejó viviendas quemadas, 27 familias afectadas y siete familias judicializadas. Los grupos armados que operan en la región asociaron el despliegue a Parques Nacionales, convirtiendo a sus guardaparques en objetivo militar.

Los funcionarios no pudieron trabajar con las comunidades hasta 2023, cuando la comunidad El Triunfo quiso retomar el trabajo de precisión de límites. También hubo un acercamiento con comunidades de Mecaya y Sencella, pero los grupos armados no lo permitieron. Con El Triunfo se plantearon acuerdos de trabajo para resarcir las relaciones entre la comunidad y Parques Nacionales, incluyendo acompañamiento psicológico para las familias y acuerdos de convivencia.

El guardaparques destaca los avances en restauración ecológica participativa, construcción de la casa comunal, implementación de seis viveros transitorios e inicio del proceso para la compra de cinco fincas que están dentro del parque. “El otro logro que se obtuvo es el establecimiento de la confianza de la comunidad y la institución y el trabajo articulado entre las dos partes, es muy difícil de lograr, pero lo logramos”, resalta.

“Yo soy parqueano de corazón”, dice y añade que le gusta mucho el trabajo para el que se ha especializado, uno que combina lo social con lo ambiental.

Ecuador: Tanya Villalba alza la voz contra los micromachismos

Para las mujeres guardaparques en Ecuador, no es poco común que sus compañeros las subestimen. Aunque no lo hacen de manera frontal, frases como “mejor quédate cocinando”, dejan claros sus pensamientos. “Esto recae en sentir que como mujer estás solo para cocinar y barrer”, dice Tanya Villalba, guardaparque encargada de la administración del Parque Nacional Yasuní. “Eso repercute porque al final sientes que no tienes las mismas oportunidades”, agrega.

En la campaña “Eso que dices sí importa”, la organización Wildlife Conservation Society recoge 10 frases para identificar y evitar micromachismos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los testimonios de las guardaparques revelan que sus compañeros sugieren a través de palabras sutiles que las mujeres no pueden ser brigadistas contra el fuego, que solo son buenas para realizar actividades de oficina o que consiguieron el puesto a través de favores sexuales.

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Funcionarias como Villalba demuestran lo equivocados que están. Antes trabajó en atención al usuario en las ventanillas provinciales del Ministerio de Ambiente y cuando tuvo la oportunidad de convertirse en guardaparque, el cambio fue radical. Su turno de 20 días empezó a finales de año. Mientras en gran parte del planeta las familias se reunían por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ella y sus colegas estaban incomunicados en medio de la selva.

Extrañaba a su familia, pero decidió quedarse cuando atestiguó escenas que normalmente se ven solo en portadas de libros. Aún recuerda una de las especies que vio por primera vez. En un sendero despejado y bajo los rayos del sol, un árbol caía en diagonal. Al acercarse descubrió que una boa grande y pesada que dormía en el tronco había provocado la inclinación. “Esto es lo que enamora a los turistas”, afirma sobre lo maravilloso de la escena.

Aprendió a planificar sus actividades y equipaje para los 20 días en el campo, vivir en campamentos, hacer control y vigilancia, registrar y muestrear fauna, entre otros. “Ha sido un aprendizaje constante”, admite y cree que ser proactiva le permitió llegar a la administración hace año y medio.

Con más de un millón de hectáreas de superficie, actividad petrolera, al menos dos pueblos indígenas y pueblos en aislamiento voluntario en el interior del parque, su administración es un reto. A eso se suma la falta de recursos y personal. A pesar de eso, y de amenazas relacionadas a la extracción ilegal de recursos madereros y auríferos, Villalba ha liderado proyectos de gobernanza participativa y gestión pesquera para fortalecer la protección del área protegida.

Villalba cree que así como ella, otras directoras de áreas protegidas y las guardaparques demuestran que son capaces de hacer trabajo duro y técnico. Cree que esto tiene el efecto de cambiar las actitudes de los hombres. “Es buscar la equidad de hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades”, afirma.

Argentina: Facundo Alcalde apuesta al turismo para la conservación

De Iguazú a la Antártida, el guardaparque Facundo Alcalde se ha dejado impresionar por la naturaleza argentina durante los últimos 20 años. Ha caminado en medio de la calurosa selva de Misiones por hasta dos días sin encontrar agua, cóndores han volado a pocos metros de su cabeza en la Patagonia y ha visto hasta la humedad del ambiente convertirse en cristales de hielo al sur del continente. “No lo cuento como algo traumático, sino como experiencia de vida, como algo que me sirvió, como algo enriquecedor”, dice.

Aunque en Argentina los guardaparques se forman en una escuela de dos años y después se van especializando a lo largo de su carrera, asegura que todos deben tener una característica en común: “Estar preparados para adaptarse a los cambios y a las diferentes funciones”.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi trabajó en proyectos de reconversión productiva con comunidades mapuches y criollas. Después, pasó por el Parque Nacional Iguazú, el más visitado de Argentina, con hasta 13 000 personas por día en los picos de Semana Santa. En 2022 sumó 14 meses en la base Orcadas, en la Antártida, a cargo de un laboratorio interdisciplinario con 13 proyectos de investigación.

Luego de trabajar un año en la Dirección de Coordinación Operativa en Buenos Aires, asumió la intendencia del Parque Nacional El Palmar. Esta área protegida, donde se protegen 8200 hectáreas de las ecorregiones Espinal y Pampa con humedales de importancia internacional, es la sexta más visitada del país.

Como especialista en turismo sostenible, está impulsando un plan para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios con el objetivo de aumentar la recaudación propia sin afectar el ambiente. Según Alcalde, el parque cubría el 20 % de su presupuesto operativo al inicio de su gestión, en agosto de 2024. El porcentaje subió a 30 % en 2025 y para fines de 2026 se plantea superar el 40 %.

Para el guardaparque, la conservación y el turismo no son incompatibles. Reconoció que los extremos, tanto el turismo desregulado como el conservacionismo estricto, pueden generar impactos negativos, ya sea ambientales o económicos. Por ahora, trabaja con base en la ciencia, ajustando los procesos a medida que aumentan las visitas y buscando que haya cada vez más eficiencia para que el trabajo de sus colegas se concentre en la protección de la naturaleza.

*Imagen principal: la selva misionera es uno de los ecosistemas más biodiversos de Argentina. Foto: cortesía Facundo Alcalde.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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