1. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1.¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

A. Principios que orientarán las relaciones internacionales de Colombia

1. Defensa del interés nacional con autonomía estratégica y relacionamiento plural
2. Respeto a la soberanía de los Estados y a la integridad territorial
3. Defensa del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos.
4. Vocación de diálogo, de concertación política y capacidad de construir consensos
5. Defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la equidad de género.
6. Responsabilidad compartida y cooperación frente a las principales amenazas globales.
7. Sostenibilidad y protección de la biodiversidad como eje transversal de la política exterior
8. Coherencia entre la agenda externa y la política interna para el desarrollo con inclusión, la seguridad y la democracia.
9. Adecuación y modernización de las capacidades institucionales, el talento humano  y la gestión diplomática.
10. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos

 B. Visión y prioridades de la política Exterior

• Desafíos internos

La política exterior no puede divorciarse del ámbito interno. Colombia se caracteriza por una coexistencia estructural entre estabilidad institucional, violencia armada y economías ilícitas La superposición de orden democrático y conflictividad  genera un escenario que condiciona la gobernabilidad  y la inserción internacional del país.

En este contexto se inscriben las carencias y dificultades de la política exterior durante el actual gobierno. Varias de ellas heredadas de otras administraciones, pero otras que se han convertido en nuevos obstáculos  para su implementación. El manejo de las relaciones internacionales ha sido improvisado, mediático y centrado en la figura presidencial con un alto costo institucional. La diplomacia de redes y de micrófono deben quedar en el pasado y privilegiarse el uso de los canales diplomáticos. La Cancillería se ha debilitado, el servicio exterior ha perdido profesionalismo y la confianza con socios y aliados se ha erosionado. La ambigüedad política y la  innecesaria confrontación con  los principales actores globales y regionales también han deteriorado las relaciones estratégicas en detrimento del interés nacional.

 La experiencia técnica acumulada, la continuidad en el ejercicio de la carrera diplomática y consular, así como la gestión de funcionarios competentes, han contribuido a mitigar los impactos negativos.  Uno de los principales retos de nuestro gobierno será establecer prioridades y  trazar una hoja de ruta con visión de largo plazo, coherencia, fortalecimiento de la institucionalidad.

• Desafíos externos. El nuevo entorno global

Asistimos a una  profunda transformación del orden global . El contexto internacional en que tendrá que implementarse la política exterior del próximo cuatrenio está marcado por un desplazamiento del poder de occidente a oriente,  la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por la supremacía y el afianzamiento de sus áreas de influencia, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales y la emergencia de un mundo multipolar con nuevos poderes y actores. Así mismo, por el aumento de las guerras interestatales y la persistencia de conflictos armados internos, el incremento de la carrera armamentista nuclear, el derrumbe de un sistema internacional fundado en reglas y el debilitamiento del multilateralismo. La  época que vivimos está atravesada, a su vez, por una triple transición: la verde o climática, la energética y la digital, como nuevos campos de tensiones y de redefinición de las fronteras tradicionales del poder.

 Ante estos desafíos, internos y externos, tenemos el reto de definir cuál es la inserción internacional que hoy requiere el país para ser un actor confiable y predecible y con capacidad de actuar con autonomía estratégica y múltiples interacciones. La inserción por la que se opte también incide en la  capacidad de preservar la democracia, dinamizar el desarrollo productivo, superar el rezago tecnológico y poder  aprovechar las fortalezas y las ventajas comparativas con las que se cuenta.  Como bien se señala  ASODIPLO, ¨la política exterior también define el país que Colombia es y el que aspira a ser¨.

• Una política exterior con visión global al servicio de los colombianos

La visión que orientará  la política exterior está dirigida a posicionar al país como un actor relevante a través de una inserción activa en las dinámicas globales, regionales y fronterizas.  Colombia debe aspirar a consolidarse como una potencia media regional –del sur global- que pueda ejercer un liderazgo responsable frente a los problemas mundiales. Y que pueda proyectar sus activos estratégicos, su compromiso democrático y su vocación de integración.

La política exterior contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad regional, La política exterior está concebida como una palanca fundamental del desarrollo nacional: articula  la inserción internacional del país con las prioridades económicas, sociales, de seguridad y de innovación y se convierte en  una herramienta formidable para acceder a la revolución tecnológica y digital en curso.

• Las prioridades estratégicas

La política exterior del país se implementará a partir de tres prioridades, o ejes estratégicos. Primero, consolidar un servicio exterior profesional y moderno basado en la meritocracia, la estabilidad institucional, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas y diplomáticas, que permitan interpretar el nuevo orden global y defender eficazmente los intereses del país.

Segundo, impulsar un relacionamiento internacional pragmático, sin alineamientos rígidos,  diversificado  y comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional, que fortalezca nuestros vínculos bilaterales y fomente la buena vecindad, el desarrollo y la seguridad fronteriza . Apostaremos por el  establecimiento de alianzas con los principales actores del  sistema internacional -gubernamentales y no gubernamentales- así como  con nuevos socios y mercados que amplíen la presencia de Colombia en Asia Pacífico, Medio Oriente, África y en regiones emergentes y otros países del sur global.

Y tercero, promover una diplomacia orientada al desarrollo humano, en consonancia con   los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Se aprovecharan la cooperación y la financiación internacional para  fortalecer la lucha contra la criminalidad trasnacional organizada, apoyar la recuperación de la seguridad nacional y hemisférica y procurar una movilidad internacional regular y asistida, que  estreche los vínculos con  la diáspora colombiana.

• ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Defender el multilateralismo en el tránsito hacia un orden internacional más plural, competitivo e incierto, es defender la estabilidad, la paz y los intereses de Colombia como parte del sistema internacional. Abogar por el respeto al derecho internacional es una prioridad ante el debilitamiento creciente de las reglas que han contenido los conflictos durante décadas, las acciones unilaterales y la tendencia a que prime  el uso de la fuerza sobre al diplomacia. Para un país como Colombia con economía abierta, amenazas al estado de derecho, una vecindad compleja, vulnerabilidad climática y su condición de potencia media, hacen del multilateralismo un soporte para la seguridad, la cooperación y el desarrollo interno.

A. Naciones Unidas es una institución decisiva en un momento crítico. Sin embargo, evidencian la  inoperancia  de la Organización  casos emblemáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones militares de Israel en Gaza, las intervenciones letales en Irán, Líbano y Siria; las hambrunas en África y la imposibilidad de contener la guerra interna y la barbarie en Sudán. La ONU no puede seguir paralizada por vetos, insuficiencia financiera y mandatos desactualizados. Se requieren reformas prácticas que mejoren la capacidad de prevención, agilicen la acción humanitaria y amplíen la representación de regiones sub-representadas.

 Estas reformas son necesarias para que Naciones Unidas pueda ser, efectivamente,  una plataforma para enfrentar conflictos geopolíticos, proteger derechos humanos, reducir desigualdades y buscar respuestas a la crisis climática. Por ello, ratificaremos los principios de la Carta de la ONU, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la iniciativa ONU 80, promoviendo un sistema multilateral más participativo, eficiente y representativo del nuevo orden internacional.

La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el período (2026-27) abre un espacio privilegiado para recuperar presencia internacional, recomponer relaciones bilaterales deterioradas, e impulsar una agenda externa vinculada a las prioridades nacionales Mi gobierno se enfocará en contribuir a la solución de controversias y conflictos, buscando que la ONU sea más efectiva y será propositiva. Así mismo, se  aprovechará su condición en el CS para articular una agenda coherente de seguridad, paz y derechos humanos que nos aliente a construir democracia desde adentro y no solo a nivel discursivo. Acompañaremos la permanencia y fortalecimiento del  mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia parala  implementación del Acuerdo de Paz. (2016). Es una tarea de la Cancillería  poner en marcha una estrategia diplomática para recuperar el apoyo unánime del CS a la Misión de Verificación  y su mandato.  

Desde el Consejo de Derechos Humanos, donde ejercemos actualmente la membresía (2025-2027), se promoverá  la defensa de los principios democráticos y del estado de derecho, así como la protección universal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin sesgos ideológicos y criterios selectivos.  Colombia procurará, como parte de su política de diversificación, la más amplia y activa  participación en foros, asociaciones y plataformas de integración regional. Por ello, será primordial la presencia en instancias globales especializadas y en mecanismos de articulación con organismos financieros, comerciales y ambientales, en especial en:

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: lograr el estatus de miembro pleno.

ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Reactivar las relaciones a través de la Alianza del Pacífico.

BRICS: desarrollar relaciones más estrechas con este bloque de países y mantener la membresía en el New Development Bank, o Nuevo Banco de Desarrollo, adhesión ratificada en julio de 2025

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: dinamizar el proceso de incorporación de estándares y de provisión de cooperación técnica.

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte: aprovechar la capacitación, cooperación y ventajas estratégicas que trae el estatus de  “socio global”, ratificado en 2018

RCEP, Asociación Económica Integral Regional: avanzar hacia el logro de preferencias arancelarias y representación comercial en sus 15 estados miembros.

B. Acuerdos comerciales y financieros equilibrados

Colombia apoyará, como un esfuerzo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, los mecanismos internacionales de financiamiento. Lo que incluye el respaldo a una nueva capitalización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propuestas sobre nuevos mecanismos de financiamiento de estas instituciones, y a cambios en su gobernabilidad, para darle una participación adecuada a los países en desarrollo. Promoveremos, así mismo, el avance de los bancos regionales y subregionales de los cuales somos miembros: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Fomentaremos la ejecución de los acuerdos de 2021 en la OCDE en materia de cooperación tributaria internacional. De otra parte, se evaluaran los acuerdos de inversión, cooperación financiera, estabilidad jurídica, los Tratados de Libre Comercio y el régimen de Zonas Francas, con el propósito de asegurar su conveniencia, equilibrio y beneficio real para los colombianos.

• ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Mantendremos un buen entendimiento, canales de comunicación y una diplomacia profesional con los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, cuidaremos las relaciones estratégicas y buscaremos ampliar el horizonte internacional de Colombia

A. Reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos

Reparar la relación con Estados Unidos implica recuperar la confianza, retomar el diálogo político de alto nivel, restablecer la cooperación y renovar una agenda para el beneficio mutuo.  Consolidarla exige una estrategia de control de daños que va a requerir conocimiento, experticia, método y diplomacia. Va a demandar, así mismo, el concurso de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil que han jugado un papel central en el mantenimiento de la relación binacional, así como en la continuidad de los vínculos bipartidistas.

Comercio, inversión, turismo, seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado, migración irregular y desarrollo productivo, estarán en el centro de una agenda de interés común, que incluya asegurar el bienestar de los colombianos en territorio estadounidense.

Con Estados Unidos compartimos un objetivo común en la lucha contra el narcotráfico que ha cobrado miles de víctimas y afectado severamente la salud pública. La lucha contra las drogas ilícitas debe ser integral, coordinada y bajo criterios de corresponsabilidad, con el objetivo de atacar todos los eslabones de su cadena. Restablecer la cooperación financiera, militar, judicial, de inteligencia y tecnológica es prioritario.

Nos unen, además, los más de 2 millones de colombianos en Estados Unidos y cerca de 50.000 estadounidense residentes en Colombia. Otro aspecto central son las remesas que recibe el país y que son nuestra principal fuente de divisas (se estiman en $US 13.000 millones anuales), por encima de flores y petróleo; más de la mitad provienen de Estados Unidos ($US 6.300 millones en 2024).

Las relaciones comerciales son sólidas, pero hay que dinamizarlas. El crecimiento reciente de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos debe mantenerse, al tiempo que se debe diversificar la canasta exportadora, gracias al despliegue de una agenda económica que aproveche el nearshoring y posicione a Colombia como socio confiable en energía, minerales críticos y servicios de alto valor agregado. EE. UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones de Colombia y el mayor inversionista en el país.

En el diálogo renovado  que se establezca con USA, a partir del 2026, tendrá un lugar relevante en la agenda la transición democrática y la reconstrucción económica de Venezuela. Su viabilidad y sostenibilidad comprometen  la seguridad, la estabilidad y la paz de Colombia. Propiciaremos un diálogo  encaminado a la cooperación trilateral, que debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes campos:

– inteligencia, seguridad y control fronterizo con uso de tecnología avanzada para el desmantelamiento de las redes criminales, las economías ilícitas y las cadenas logísticas de los grupos armados articulando cooperación judicial, capacidades técnicas y financieras.

-presencia integral del Estado con inversión social y productiva, fortalecimiento institucional local, conectividad e infraestructura estratégica que modernice pasos fronterizos, corredores logísticos, puertos fluviales.

-Zonas productivas binacionales, clústeres agroindustriales y de economía verde, con participación del sector privado, para generar empleo formal y comercio legal. Es necesario recuperar y actualizar los esquemas de complementación productiva que ya funcionan (automotor, siderúrgica, química) para reindustrializar el comercio binacional con valor agregado.

-La reactivación petrolera y química venezolana abre la puerta a un diálogo tripartito que posicione a Colombia como hub industrial proveedor, articulando cadenas regionales y acceso a mercados estadounidenses, especialmente donde la industria colombiana es competitiva.

-El aprovechamiento productivo del territorio abre la puerta para desarrollar un acuerdo binacional con USA en energía solar y eólica en la Guajira colombiana y venezolana, una de las mejores regiones del mundo en condiciones geo climáticas.

-Frontera y migración: manejo coordinado y conforme al derecho internacional de la migración irregular. Impulso de macroproyectos de formación y certificación de habilidades para migrantes retornados.

B. Reestructurar la relación con Venezuela

Venezuela es una de nuestras prioridades estratégicas; además , es nuestro principal vecino con el que compartimos 2.219 km de frontera, la más dinámica de Suramérica,  tenemos una interdependencia histórica  y en su territorio residen más de  dos millones de connacionales,. La seguridad nacional, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestra población se han puesto en riesgo por el accionar del  crimen transnacional  y de  los grupos armados organizados como El ELN, hoy una guerrilla binacional, que operan con la tolerancia, o  la incapacidad del régimen venezolano para combatirlos.

Nuestra política será de “cero complicidad con el régimen”. Mantendremos  abiertos los canales diplomáticos dándole prioridad a una política integral de seguridad fronteriza, a la protección consular activa , a la normalización y expansión del comercial formal y el tránsito entre los dos países. La  movilidad humana segura y la Integración productiva en las zonas binacionales pueden generar empleo y reducir incentivos a la economía ilícita.

Nuestro gobierno está decidido a acompañar una transición en Venezuela, conducida por los venezolanos, que restaure derechos y libertades y a desempeñar un rol activo en la reconstrucción económica del país, explorando oportunidades de comercio e inversión. Estará en la agenda, como se ha señalado, una  cooperación trilateral con USA, con el concurso de los países de la región.

C. Con la Unión Europea (UE) consolidaremos la  ¨Alianza Estratégica Vinculante” que tenemos desde 2023 y que eleva formalmente el nivel de la relación. Compartimos valores esenciales: un mundo sostenible, equitativo, seguro, democrático y comprometido con la paz. La Alianza con la Unión Europea adquiere un gran valor político en un momento en que la democracia liberal y sus instituciones atraviesan una crisis de legitimidad y eficacia global

Afianzar esta Alianza es fundamental porque combina acceso preferencial a mercados, cooperación político-técnica de alto nivel, financiamiento verde y social, y representa un estímulo para elevar estándares institucionales y productivos. Por ello, trabajaremos para que Colombia sea un socio relevante en la estrategia Global Gateway, la principal iniciativa europea de inversión internacional en áreas clave del desarrollo productivo y la sostenibilidad.

 Para el desarrollo de la Alianza y sus oportunidades en comercio e inversión, es necesario avanzar en la adaptación del aparato productivo exportador a los requerimientos y exigencias de la Unión Europea. Europa tiene altos estándares y exigencias en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares técnicos y requerimientos de sostenibilidad. Así mismo, es  necesario coordinar con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Ambiente el acompañamiento a las empresas exportadoras, desde la producción hasta la comercialización final, para asegurar cadenas de valor integralmente certificadas.

En materia migratoria, Europa-UE continúan siendo uno de los principales destinos para los colombianos que emigran, en particular España, por lo que se pondrá en marcha, liderado por Cancillería-Migración Colombia, el programa de Migración ordenada Segura y Asistida. Adicionalmente, a través de esta alianza se podrá potenciar el diálogo y la negociación de bloque a través de la CELAC- UE, como mecanismo de integración para aprovechar la relación birregional.

C. Colombia en el siglo asiático: del rezago a la acción estratégica

China es la mayor potencia comercial. Su economía representa alrededor del 18.6 % del PIB mundial (PPA), la participación más alta de cualquier país, superando a Estados Unidos en ese indicador. En materia militar, el presupuesto de defensa para 2025 asciende a aproximadamente US$ 245-249 mil millones, consolidándola como la segunda nación con mayor gasto militar del mundo.

China mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 185 países y  con 180  ha establecido cooperación o asociaciones diplomáticas formales. A través del Belt and Road Initiative (BRI) ha firmado acuerdos de cooperación con más de 140 países y unas 30 organizaciones internacionales. Ha promovido su “influencia blanda” mediante diplomacia cultural, educativa y cooperación internacional y firmado convenios con decenas de países, expandiendo su red de asociaciones globales.

La relación con China desde la apertura de relaciones diplomáticas en 1980 ha estado marcada por la cordialidad, pero ha sido poco profunda, con improvisación, asimetrías comerciales y una institucionalidad insuficiente. China es el principal origen de las importaciones de Colombia (27,4% en 2025), con un crecimiento del 14% interanual – aunque la  balanza comercial siempre ha sido deficitaria- y uno de los actores más relevantes en construcción de infraestructura vial. La adhesión de Colombia en mayo de 2025 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su membresía en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS abren oportunidades, pero exigen conocimiento, capacidad negociadora y transparencia para que se traduzcan en beneficios mutuos.

Colombia debe construir una política exterior que equilibre sus relaciones externas y se inserte en un sistema internacional multipolar. Una diversificación inteligente no implica el deterioro de los vínculos con un socio y aliado fundamental, como Estados Unidos, ni con otros socios regionales.

Por ello,  uno de los objetivos de la política exterior es transformar la relación con China como uno de los instrumentos clave para el  del desarrollo interno. Una relación de largo plazo exige capacidades estatales estables, profesionales y técnicas. En este marco, se desarrollará la institucionalidad necesaria para garantizar un manejo diplomático adecuado, la coordinación, gestión y seguimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales con este país.

Como un apoyo a la diversificación, la inserción en Asia y el fortalecimiento de la relación con China desarrollaremos la relación diplomática y comercial con miembros del bloque BRICS, tanto plenos como asociados, dando prioridad a Brasil, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Etiopía, Nigeria y Turquía. Así mismo, se debe Utilizar la Alianza del Pacífico, la CELAC y otros mecanismos regionales para promover sinergias de cooperación, promover integración productiva, cadenas de valor y coordinación política.

D. Ampliación del horizonte internacional del país: nuevos socios, aliados y mercados

Ampliar el horizonte internacional y diversificar las relaciones exteriores más allá de los países vecinos, Europa, Estados Unidos y China contribuye a interpretar mejor el nuevo orden global y las tensiones geopolíticas, sin alineamientos rígidos, así como  a ampliar la capacidad de negociación del país.

Esta proyección, particularmente hacia Asia, el Indo-Pacífico, potencias emergentes, Emiratos Árabes Unidos, otros países del Sur Global y África, robustecen al país como potencia regional media. La diversificación no es solo expansión internacional, es una política de protección, estabilidad e influencia.

Nuestro comercio exterior, flujo de inversiones extranjeras y de ingresos por cooperación, se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Un nuevo orden económico marcado por el desacoplamiento de los mercados y el neoproteccionismo limita el acceso de nuestros bienes en Europa y Estados Unidos, a lo que se suma nuestra baja diversificación de la oferta exportadora y de la producción. Por ello, debemos acelerar nuestra relación con la totalidad de Asia y sus países emergentes:  India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, principalmente:

-Acelerar la revisión de los acuerdos de protección de inversiones con Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.

-Establecer condiciones para asegurar que los flujos de inversión asiáticos permitan la transferencia de tecnología y conocimiento entre las empresas de producción nacional en asocio con el ecosistema académico.

-Las inversiones en Colombia desde Asia deben focalizarse en infraestructura; minerales, desarrollos farmacéuticos (vacunas) y agroindustriales, generando empleo y transferencia de conocimiento.

-Las exportaciones, teniendo en cuenta nuestro tejido productivo y capacidades, puede promoverse en insumos y excipientes para diversos sectores demandados por los países asiáticos.

Requerimos una política para la integración estratégica con Asia que trascienda los gobiernos, como el centro gravitacional de la nueva geografía económica global; por tanto, una política de Estado  que supere la fragmentación institucional y la toma de decisiones fragmentada -como ocurrió con el Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta- y que defina con claridad para qué, cómo y con quién integrarse.

La apertura de nuevos mercados será un objetivo central fruto de un esfuerzo conjunto entre los actores privados y el sector público. Es necesario que se complementen los esfuerzos diplomáticos con gestiones comerciales y compromisos sectoriales que permitan asegurar la calidad de los productos exportados, el cumplimiento de las condiciones pactadas y el acatamiento de las condiciones sanitarias, fitosanitarias, de etiquetado y sostenibilidad..

Para lograr una inserción inteligente en Asia, el país debe cumplir seis condiciones estratégicas: (1) construir una estrategia nacional consensuada; (2) asegurar convergencia institucional real; (3) formar capacidades para administrar ecosistemas de inversión y tecnologías asiáticas; (4) adoptar una política multidireccional con tratamientos diferenciados por país; (5) reforzar la estructura de promoción comercial y de inversiones, especialmente ProColombia y las agencias regionales; y (6) profesionalizar a funcionarios, empresarios y academia en temas asiáticos.

Es necesario crear un Grupo Articulador de Política para Asia, de alto nivel, que integre al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y sirva como órgano consultivo del Ejecutivo, que garantice coherencia estratégica y continuidad de la política de inserción.

E. Ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales con África: una apuesta

 Esta apuesta le ofrece a Colombia una oportunidad estratégica para diversificar mucho más su política exterior. África es hoy un escenario clave de competencia global, con economías dinámicas, transición demográfica acelerada y un creciente peso diplomático en foros multilaterales.

En el plano económico, África representa un mercado emergente con alto potencial para exportaciones colombianas en agroindustria, servicios, logística, energías renovables y economía digital, además de oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria y cadenas de valor resilientes.

A nivel multilateral, una alianza más profunda con África fortalecería la capacidad de Colombia para incidir en debates sobre reforma de la gobernanza global, financiamiento climático, equidad en el comercio internacional y desarrollo  humano. Colombia mantendrá el estatus de observador en la Unión Africana que tiene desde 2008, permanecerá su embajada en Etiopía y evaluará el desempeño de sus cinco representaciones diplomáticas en el continente.

F. Canadá en camino de convertirse en socio estratégico

Según la última publicación de la Cámara Canadiense para las Américas: “Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe,” la relación entre Canadá y la región ya no debe operar como una  transacción comercial, o únicamente extractiva. Colombia y Canadá mantienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en consultas políticas permanentes, cooperación para la paz y marcos institucionales sólidos. Ha apoyado a Colombia en justicia transicional, protección de comunidades, desminado, asistencia humanitaria y desarrollo rural, así como en cooperación ambiental bajo el Canadá-Colombia Agreement on the Environment, complementada por gobernanza climática, transición energética y producción sostenible.

Con aportes concretos en proyectos sociales, ambientales y de movilidad técnica, Canadá y Colombia pueden coordinar esfuerzos a lo largo de la región, generar transferencia de conocimiento y apoyar políticas estratégicas que promuevan seguridad-paz, desarrollo inclusivo y resiliencia frente a desafíos económicos, sociales y climáticos.

• ¿Cuál será́ su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

A.  La buena Vecindad. Mi gobierno asumirá como uno de los ejes centrales de la política exterior reconstruir las relaciones con los países vecinos mediante una diplomacia  pragmática, desideologizada y orientada a intereses comunes. Se reestablecerán canales políticos de alto nivel, mecanismos técnicos permanentes y una agenda centrada en seguridad, integración y desarrollo fronterizo . Con Ecuador se deben privilegiar los canales diplomáticos para superar la innecesaria confrontación ideológica entre presidentes y la tensión comercial y coordinar acciones contra grupos armados ilegales, economías ilícitas y narcotráfico en la frontera. Con Perú se  recuperarán las relaciones diplomáticas plenas y se tramitará el diferendo por la isla de Santa Rosa, mediante el diálogo y la normatividad vigente para ambos países, priorizando la navegabilidad, conectividad y  protección de la Amazonía. 

Con Brasil, nos proponemos transformar una relación distante en una alianza  estratégica en diversos campos clave para ambas naciones: cooperación militar, policial y judicial para combatir el crimen transnacional, impulso al comercio y diversificación de exportaciones, conectividad física y digital,  transferencia de tecnología,  intercambio educativo y cultural, así como acciones conjuntas para fortalecer el OCTA y la conservación del bioma amazónico.

 Con Panamá,  se avanzará para construir una política integral que enfrente  las redes criminales que operan en el Darién y que utilizan la migración irregular para el contrabando, el reclutamiento de menores, la trata de personas y explotación sexual. Estrechar los vínculos comerciales, financieros y de inversión estarán también en la agenda. Colombia tiene con todos sus vecinos un amplio potencial de entendimiento. Integración y cooperación regional. Es necesario para avanzar en esta dirección relanzar los gabinetes binacionales, las comisiones de vecindad, las visitas empresariales y académicas y todos los mecanismos bilaterales que se puedan implementar para fortalecer la institucionalidad fronteriza y sub regional.

Política integral de fronteras y presencia marítima. Garantizaremos nuestra soberanía e integridad territorial fortaleciendo la presencia del Estado en las fronteras terrestres y marítimas ,especialmente en el Caribe y el Pacífico, mediante el relanzamiento de gabinetes binacionales y comisiones de frontera que coordinen políticas de seguridad, comercio, migración y desarrollo territorial. Las fronteras dejarán de ser zonas de abandono para convertirse en espacios de integración económica y cooperación regional.

B. Integración regional y concertación política

Seremos promotores de una decidida  y efectiva integración con Latinoamérica y el Caribe. Colombia está avocada  a  impulsar una agenda regional pragmática y  a liderar propuestas de convergencia, ajenas a la afinidad ideológica, que ha obstaculizado por años los procesos de integración en el hemisferio. Infraestructura, conectividad, innovación, ciencia y tecnología, adaptación al cambio climático,  reducción de la deforestación, salud, educación y movilidad académica, son campos no contenciosos que facilitan coincidencias y  acuerdos viables de intercambio y cooperación. Una agenda regional pragmática implica, así mismo, convergencia regulatoria y cadenas de valor latinoamericanas, que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización productiva y fortalecer su competitividad.

La coordinación diplomática latinoamericana también eleva la incidencia de Colombia y de la región en debates globales sobre clima, comercio, financiamiento para el desarrollo y reforma del multilateralismo. América Latina tiene la oportunidad de construir un agenda propia y abanderar temas, que han abandonado, o ignorado las grandes potencias, para proteger la democracia y avanzar hacia una región más justa, inclusiva, participativa y paritaria.

En este contexto, la integración económica, la cooperación financiera y la concertación política son fundamentales. El país ha presidido a lo largo de este gobierno cinco grupos de integración y concertación: la Comunidad Andina, CAN; la Alianza del Pacifico, AP; la Asociación de Estados el Caribe; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consenso de Brasilia. Escenarios propicios para ejercer un liderazgo regional y para fomentar acciones coordinadas en temas más críticos y objeto de disensos, pero cruciales, como  lucha contra el crimen organizado  en todas sus modalidades y la  seguridad de la región. Por ello las agendas de largo plazo con los distintos mecanismos de integración regional tendrán en cuenta la capacidad  y potencial de casa uno de ellos, así como su incidencia en el escenario hemisférico y global. Se fortalecerán las relaciones bilaterales y de cooperación entre los países miembros de la AP como una forma de  revitalizar la principal plataforma de inserción hacia el Asia- Pacífico, eje del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI. La CAN, hoy debilitada, es un mecanismo subregional que hay que preservar pues favorece la integración económica, normativa y la libre circulación y movilidad entre los países.

Respaldaremos las reformas que contribuyan a un agestión más moderna  y eficiente. La participación en la  CELAC debe mantenerse y procurar un mayor dinamismo y eficacia ya que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y  por su rol como puente hacia otras regiones del mundo. El país ejercerá con compromiso y competencia las secretarias y presidencias pro tempore que le correspondan.

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica OCTA se pondrá en marcha una agenda ambiciosa, concertada con los países miembros, especialmente con Brasil, para definir mecanismos concretos de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual, contrabando, expansión ganadera y minería ilegal. También se promoverá la cooperación en seguridad alimentaria, desarrollo socio-económico de los espacios amazónicos y acuerdos sobre infraestructura de trasporte y navegación comercial en los ríos para propiciar la integración sostenible de estos territorios. La lucha contra la deforestación y la protección de la diversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables del planeta, reclaman una estrategia robusta para proteger este bien público global de la mano de la cooperación y la financiación climática internacional.

Colombia es una potencia hídrica con cerca de diez ríos internacionales que definen límites establecidos en tratados, e integran a las comunidades de frontera. Los ríos fronterizos son ejes de integración. La política fronteriza, además de proveer seguridad, se orientará a la formalización económica mediante incentivos tributarios, censos industriales y comerciales, así como al desarrollo de la infraestructura de intercambio.

C. La Organización de Estados Americanos, OEA,  es un compromiso con el multilateralismo interamericano. Aunque también tiene limitaciones e inoperancias acumuladas, sigue siendo el principal foro político del continente y un espacio  vital para el diálogo hemisférico..

Reformar y modernizar la OEA es una apuesta pragmática por preservar un mecanismo común que aún tiene la capacidad de propiciar la convivencia política  en una zona libre de guerras interestatales. Asegurar una presencia activa en la OEA en defensa de sus principios y mandatos, es otro lineamiento fundamental de nuestra política exterior:

Colombia respaldará los cuatro pilares fundamentales de la Organización: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo integral. Y reiterará su apoyo a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana; a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilares del orden jurídico regional; a las Misiones de Observación electoral y a la MAPP-OEA, que ha acompañado los procesos de paz  en Colombia.

Continuaremos  impulsando el fortalecimiento y operatividad del MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) de lucha contra las drogas del hemisferio, alineado con la agenda 2030 de la ONU. Y haremos parte del grupo de países comprometidos con el apoyo a la reconstrucción de Haití bajo un enfoque solidario coordinado  que permita materializar la cooperación

II. AGENDA INTERNACIONAL. TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será́ la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

A. Sobre las crisis migratorias se implementará una estrategia de movilidad internacional segura. Desarrollaremos una política integral de movilidad internacional que aborde sus distintas dimensiones y que promueva una migración regular, segura y ordenada; movilidad laboral y académica, protección social para migrantes y programas de retorno digno y productivo. Se agilizarán los procesos de repatriación.

Colombia puede y debe liderar una política migratoria, como política pública, que fomente la inclusión, regularización, integración laboral y social y protección de los derechos de la población migrante. Actuaremos de conformidad con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y Regular. Y, se fortalecerá la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, con especial enfoque en mujeres, niños y poblaciones vulnerables.

B. La política para combatir las drogas ilícitas

 La cadena del narcotráfico  ha distorsionado la economía colombiana (varios estudios estiman que puede llegar a representar el 4% del PIB), ha conducido a que el país sea el primer productor de cocaína a nivel mundial, es un poderoso pero perverso factor de movilidad social, ha penetrado las estructuras del  poder nacional,  regional y local y corrompido la política, e impactado la cultura y ha transformado el conflicto armado interno convirtiéndose en un factor que perpetua la violencia.

Por ello, la estrategia que se ponga en marcha para combatir las drogas ilícitas no es solo nacional y debe ser integral. Debe estar basada en la corresponsabilidad internacional que combine seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas, inteligencia financiera y reducción de la demanda. La cooperación hemisférica y global son fundamentales.

Trabajaremos, en esta dirección, para reestablecer una cooperación efectiva con los principales socios, especialmente con USA y países fronterizos, sobre la base de una agenda compartida y resultados verificables.

Conjuntamente, vamos a atacar las rentas criminales, impedir el lavado de activos, agilizar la extinción de dominio de bienes, congelar cuentas ligadas y desarticular las distintas estructuras criminales. Renovaremos nuestro compromiso con el multilateralismo y los organismos especializados de lucha contra las drogas, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  (JIFE) y todos los mecanismos bilaterales y regionales de cooperación para  enfrentar esta batalla global.

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

A. Alianza Global por un Planeta Sostenible

 Mi gobierno, reiterará nuestro compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de los cuales Colombia es creadora, al tratarse de un agenda universal e integral de desarrollo y sostenibilidad, de largo alcance. En este marco promoveremos la creación de una “Alianza Global por un Planeta Sostenible” que impulse amplios consensos para una acción climática asertiva, y facilite la construcción de liderazgo en asociación con América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante tener presente que Colombia, aunque abogue por su reducción, no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero sí una reconocida potencia ambiental.

En consonancia con las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que reafirman las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su estrecha interdependencia con la protección efectiva de los derechos humanos, se buscará consolidar la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y la reducción de la deforestación como pilares de la diplomacia ambiental.

En este marco, el país impulsará el reconocimiento de los bosques tropicales, la biodiversidad y las fuentes de agua como bienes públicos globales de carácter transfronterizo, cuya conservación exige esfuerzos compartidos y un financiamiento corresponsable por parte de la comunidad internacional  Promoveremos  la creación y el fortalecimiento de instrumentos  innovadores de coinversión ambiental, como el Fondo de Cali, el Fondo Chocó Biogeográfico y el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), así como un Fondo Amazónico con gobernanza conjunta y nuevos mecanismos regionales de cofinanciación climática.

Como segundo país más biodiverso del mundo  asumiremos el compromiso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas, impulsar una restauración ecológica a gran escala y proteger los servicios ambientales estratégicos que sostienen tanto al país como a la región andina y amazónica.

 La Amazonia representa más del 42 % del territorio nacional, alberga 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados, regula más del 40 % del agua superficial del país y cumple una función crítica en la seguridad climática regional y global. Ante la acelerada degradación de la Amazonia colombiana- marcada por la deforestación, la minería ilegal, la expansión ganadera, la construcción de infraestructura informal, la criminalidad transnacional y la pérdida de gobernabilidad territorial- Colombia impulsará un Plan de Emergencia Amazónico orientado a: contener la deforestación, combatir las economías ilegales, fortalecer la institucionalidad  y promover alternativas económicas sostenibles

 Este esfuerzo responderá al llamado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha señalado la necesidad de un mecanismo político y administrativo de alto nivel para coordinar de manera integral la recuperación del bioma amazónico, superando la fragmentación sectorial del Estado.

La Amazonía, adicionalmente, en un espacio privilegiado para aprovechar la biodiversidad y  las ventajas geopolíticas de Colombia, uno de los dos países bioceánicos en el mundo. En el mediano plazo podríamos convertirnos en un punto de confluencia entre América Latina, Norteamérica y los mercados de Asia- Pacifico. igualmente, podríamos transformarnos en hub regional de energías limpias, minerales estratégicos y cadenas de valor, y en articulador de corredores logísticos, digitales y energéticos entre el Caribe, la Amazonía y la cuenca del pacífico.

De otra parte, Colombia promoverá una transición energética gradual, ordenada y equitativa territorialmente, sustentada en condiciones habilitantes como cooperación internacional diversificada, fortalecimiento de capacidades, acceso a tecnología y mecanismos innovadores de financiamiento, además de una hoja de ruta clara y lineamientos establecidos.

En los foros multilaterales impulsaremos políticas y acciones vinculantes tanto en la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las instancias de la OEA y el Acuerdo de París, promoviendo coaliciones temáticas, diálogo político de alto nivel y mecanismos de cooperación técnica y financiera que aceleren la implementación de compromisos ambientales.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Frente a la guerra Rusia- Ucrania reafirmaré, como principio fundamental de la política exterior, la defensa de la soberanía de los estados y de su integridad territorial frente a cualquier forma de agresión. Colombia  aboga por el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.  Y respaldará las iniciativas para una salida política y negociada que conduzca a un cese al fuego inmediato y a una  paz pronta y sostenible. Ningún país ni organización debe convertirse en obstáculo para un acuerdo. Colombia alienta a los países que han desplegado esfuerzos para mediar entre los dos países a continuar haciéndolo hasta lograr un acuerdo que ponga fin al sufrimiento humano que ha generado esta guerra violatoria del orden internacional y de la convivencia pacífica.

Respecto al conflicto Israel- Palestina

Se debe poner fin al doloroso conflicto que padecen los pueblos de Israel y Palestina. Condenamos el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes y los que ha perpetrado Hezbolla.

La franja de Gaza vive una tragedia humana inadmisible. Nada justifica el ataque contra civiles, ni  las acciones de los colonos que arrebatan las tierras de palestinos en Cisjordania. Colombia ha sido partidario de la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo pacíficamente con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Las operaciones militares del gobierno de Netanyahu en Gaza han sido violatorias del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia respeta y defiende.

Es urgente e imperativo el alto el fuego inmediato en Gaza, no utilizar el hambre como arma de guerra y permitir el acceso de la población, especialmente de la infantil, a la asistencia humanitaria sin obstáculo alguno.  Una vez se lleven a cabo estas acciones se amplían los espacios para la diplomacia y en ese escenario se debe mantener el vínculo diplomático con ambos Estados, y contribuir a la solución de la crisis en curso tanto desde el ámbito bilateral como el multilateral.

⁠Colombia ha apoyado y debe continuar apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas en este sentido.

En cuanto a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se ha dado la respuesta más arriba al referirnos a los dos países. La disyuntiva no es Washington o Beijing. Es una falsa disyuntiva. Se trata de un relacionamiento equilibrado y diversificado en un mundo multipolar que amplie la presencia internacional del país. Y de una inserción inteligente, pragmática  y de largo aliento en Asia Pacífico, eje, como se ha dicho, del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI.

Colombia no puede permanecer a espaladas de las profundas transformaciones geopolíticas del orden global.  La política exterior y la diplomacia que desarrollemos deben interpretar esta nueva realidad y preparase en consecuencia para poder actuar con autonomía estratégica, tener incidencia y defender eficazmente los intereses nacionales.

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

1.¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Dignificar el servicio exterior será una de mis prioridades como Presidente. Esta estratégica función del Estado  ha perdido credibilidad y profesionalismo  erosionado la institucionalidad de la Cancillería y ha afectado su gestión externa. La alta rotación en cargos directivos (4 Cancilleres en tres años), cambios continuos en los viceministerios y direcciones especializadas han afectado la estabilidad y desvirtúan la experiencia, el rigor y el método que exige el ejercicio de la diplomacia.

La preponderancia de nombramientos políticos  sin observancia de los requisitos profesionales y aptitudinales se ha traducido en un déficit de representación en el escenario internacional y de  capacidades estratégicas, a lo que ha venido a sumarse la decisión presidencial de abolir el inglés y todos los requisitos básicos para nombramientos políticos en el exterior, en particular Embajadores y Cónsules. Estas mediadas hay que reversarlas.

Se propone una reconstrucción institucional del servicio exterior basada en los siguientes criterios rectores:

Si bien en términos numéricos la Carrera Diplomática y Consular (CD-C) ha seguido creciendo, su presencia en cargos de Dirección y de Jefaturas de Misión está muy por debajo de lo requerido para una Cancillería que pretende profesionalizarse y ampliar su presencia internacional. Un mejor servicio exterior, en particular una CD-C más fuerte, demanda crecimiento numérico, mejor capacitación y oportunidades de liderazgo para sus miembros, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia.

1. Propuestas específicas:

• Continuar el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, manteniendo los concursos anuales y proyectando que, en un plazo de 10 años, al menos el 80% de los cargos de naturaleza diplomática sean de carrera. Para el efecto, es importante garantizar que el tamaño del servicio exterior (cargos de naturaleza diplomática y consular) crezca de acuerdo con el crecimiento de la carrera.
• Aumentar progresivamente el número de Embajadores como Jefes de Misión, hasta llegar a un 60 % al término del gobierno. Al mismo tiempo, aumentar la participación de los funcionarios en los cargos superiores de la carrera (Ministro Plenipotenciario y Embajador, en los cargos de Dirección de la Cancillería, incluyendo al menos uno de los Viceministerios. Para seleccionar las personas a esos cargos de Dirección se convocarán concursos internos.
• Promover una discusión acerca de la actualización del régimen de CD-C, vigente desde el 2000. Para ello, es conveniente incorporar en la discusión, además  de los actores pertinentes (ejecutivo y legislativo), a la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones de funcionarios y otros actores vinculados al a gestión de la política exterior.
• Reformar y fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para que, además de cumplir con la función de organizar el concurso de ingreso y las pruebas de ascenso, se  restablezca el Centro de Pensamiento Estratégico para producir análisis prospectivos, estudios de política exterior actualizados y líneas estratégicas, que alimenten tanto la formación continua de los diplomáticos como la toma de decisiones de alto nivel.
• Orientar su actividad académica a la capacitación de los funcionarios de CD-C en áreas específicas que la Cancillería determine como relevantes (geopolítica, ciencia y tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, entre otros) y no solamente como preparación para la presentación de exámenes. Profesionalización permanente de todos los funcionarios y asesores externos. La diplomacia debe operar como un cuerpo técnico especializado, con formación continua y actualización sobre asuntos globales.
• El fortalecimiento de la Academia implica, síì mismo, reforzar la capacidad de los funcionarios en habilidades necesarias para el oficio diplomático, como las lenguas extranjeras y la negociación. En ese sentido, es necesario ampliar el número de lenguas que se requieren, más allá de las tradicionales, de manera que se pueda apoyar y fortalecer la capacidad de acción del servicio exterior colombiano en nuevas áreas geográficas donde  necesita expandirse em el marco de su política de diversificación.
• Fortalecer la acción internacional del país a través de la ubicación de funcionarios de CD-C en las dependencias a cargo de asuntos internacionales en las distintas entidades del estado, en particular en  los Ministerios y entidades territoriales.
• Equidad y representatividad: reducción de brechas de género y paridad en el servicio exterior, diversidad regional y fortalecimiento del acceso de jóvenes talentos.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

A. La institucionalidad de un servicio exterior moderno y eficiente

a arquitectura institucional que sostiene la política exterior de Colombia precisa una evaluación integral que permita modernizarla y fortalecer su capacidad de acción. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector natural del sistema, su eficacia depende de una articulación orgánica y funcional con entidades estratégicas:

Revisar si la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), hoy adscrita a la Presidencia, debe continuar operando por fuera de la institucionalidad de la Cancillería, ya que se pueden diluir prioridades, duplicar esfuerzos y limitar el impacto de la cooperación como instrumento diplomático.

ProColombia debe operar de manera más estrecha y articulada con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que la promoción de inversión, exportaciones y turismo responda a una visión país unificada y de largo plazo. La proyección internacional de Colombia exige una gobernanza interinstitucional funcional, con enlaces permanentes, flujos de información continuos y procesos de decisión coordinados. Las embajadas y consulados, en coordinación con ProColombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) serán responsables de identificar oportunidades de mercado, contactar potenciales inversionistas y exportadores, y apoyar los intereses comerciales de Colombia en el exterior, actuando a manera de “enlace en el terreno”, ejecutando y adaptando las estrategias a las realidades locales

La rendición de cuentas sobre la gestión diplomática y el manejo eficiente de recursos, con indicadores de desempeño en todas las instituciones del servicio exterior, será la guía para evaluar la pertinencia y permanencia de Embajadas y Consulados.

Digitalización de la Cancillería y los servicios consulares: nuevas tecnologías. El impulso a la modernización del servicio exterior implica la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Se le dará un impulso y nuevas herramientas al proceso ya iniciado en Cancillería, con resultados positivos, para fortalecer la virtualidad en el nuevo contexto de la conectividad y la cooperación a nivel global. Digitalizar los servicios trae muchas ventajas tales como aumentar la eficiencia y estandarización reduciendo tiempos, costos y uniformizando procesos; aumentar la accesibilidad y cobertura para atender una diáspora dispersa y creciente; mejorar la seguridad y transparencia reduciendo los riesgos de fraude; dar mayor continuidad y capacidad operativa para contextos diversos (crisis, emergencias o restricciones de movilidad); y, finalmente, mejorar la toma de decisiones a través de la generación de datos en tiempo real.

 Se apoyará la estrategia del MinTIC para contar una Embajada Cibernética que represente los intereses de Colombia en el ciberespacio, el desarrollo de la política comercial y de inversión en lo digital, y fomente la cooperación en materia de atención de incidentes de ciberseguridad transnacionales.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

2.¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Contexto

Las y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: son sujetos de derechos, aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país. Su atención y protección  será un objetivo de primer orden. Lo mismo que una política migratoria ordenada, segura y que garantice derechos.

Pese a que  se estima que hay más de 5,5 millones de colombianos en el exterior la política pública hacia la diáspora colombiana requiere una profunda transformación. Existe una Política Integral Migratoria, un Sistema Nacional de Migración, y una reestructuración de la Cancillería. En octubre de 2025 se creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, un avance institucional relevante, que apunta en la dirección correcta, pero que es necesario sustentar con recursos humanos, técnicos y financieros.

1. Principales preocupaciones:

• Riesgo sobre las remesas. Las remesas enviadas por los colombianos en el exterior constituyen uno de los flujos de ingreso más estables y continuos para la economía colombiana. Para millones de hogares representa el ingreso que sostiene consumo básico, educación, salud y vivienda. La ausencia de una política clara de protección de las remesas, así como el riesgo de nuevos gravámenes, mayores costos de envío o cargas administrativas, y débil vigilancia de lavado de activos pone en peligro un ingreso esencial para la economía real del país.
• Atención estatal insuficiente y desigual. La capacidad de respuesta del Estado colombiano en el exterior sigue siendo limitada Los consulados operan con sobrecarga, con profundas diferencias de capacidad entre países y brechas persistentes entre la demanda y la oferta de servicios.
• Protección débil de derechos. Persisten riesgos elevados en materia de explotación laboral, trata de personas, detenciones sin acompañamiento consular efectivo y barreras de acceso a salud, educación y seguridad social, especialmente para mujeres y poblaciones vulnerables. Es urgente la atención consular para aquellos connacionales en centros de detención de USA, España y los otros países del mundo donde permanecen recluidos. Se estima para que para 2025  se encontraban privadas de la libertad 21.000 colombianos/as.
• Representación política insuficiente. Los 5,5 millones de connacionales en exterior en registro consular y los 1.250.846 colombianos habilitados para votar cuentan con una sola curul en la Cámara de Representantes, lo que evidencia una desproporción profunda en términos de representación política y una inequidad estructural en el ejercicio efectivo de los derechos democráticos de la ciudadanía colombiana fuera del país.

• Propuestas

Relacionamiento activo con la diáspora que fortalezca  la identidad colombiana. Los colombianos en el exterior y las personas migrantes serán  una prioridad de  la política exterior:  

Creación del Consulado digital: un espacio 24/7 operado desde Colombia, para atender con profesionales de Carrera Diplomática la línea de asistencia y de emergencia a colombianos residentes en el exterior y turistas colombianos, al igual que gran parte de los trámites de manera remota y eficiente.

Protección consular efectiva y digna: embajadas y consulados como centros de derechos y oportunidades; atención jurídica, laboral y social, con servicios digitales.  Se ampliará la cobertura de atención a refugiados y asilados.

•  Se realizará el primer Censo de Colombianos en el Exterior para validar y reconocer con precisión sus condiciones de vida y principales necesidades en los cinco continentes.
• Transformación del programa Colombia Nos Une en una plataforma digital integral de empleo, educación, emprendimiento, inversión y retorno que lleve más servicios a la diáspora colombiana
• Más redes de colombianidad. Promoveremos las redes comunitarias en el exterior para que cada territorio y nodo sectorial fortalezca sus intercambios y potencialidades y se promueva la cooperación entre la comunidad de colombianos.
• Diáspora académica y científica conectada con Colombia. Promover el estudio de jóvenes en el exterior con créditos blandos y facilidades de homologación de títulos para su retorno. Fondos de investigación orientados a conectar investigadores colombianos en Colombia y en el extranjero y fortalecer las redes de colaboración académica.
• Educación y cultura colombiana como el primer programa para connacionales de 6 a 21 años, que permita el aprendizaje de lengua, literatura, geografía e historia colombiana.
• Migración legal, segura y asistida: acuerdos bilaterales de movilidad laboral, información preventiva para reducir la migración irregular y cooperación internacional contra la trata de personas y la explotación que aseguren un apoyo integral a la migración y la calidad de vida de las personas en sus rutas migratorias.
• Movilidad laboral y protección social internacional. Derechos laborales protegidos; ampliación de acuerdos de seguridad social y tributación para garantizar estos derechos, los  pensionales y evitar la doble tributación.
• Retorno digno y productivo: ventanilla única de retorno con acceso a empleo, homologación de títulos, emprendimiento e incentivos para el regreso del talento colombiano con proceso de reincorporación a la vida financiera, académica, laboral en Colombia.
• Lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y/o sexual. Línea de atención internacional para connacionales en exterior que permita atender y procesar denuncias. Mayor énfasis en prevención, cooperación internacional judicial, acuerdos bilaterales y atención integral a las víctimas.
• Enfoque de género y protección diferencial: atención especializada a mujeres migrantes y retornadas, niñez, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas.
• Remesas e inversión para el desarrollo: reducción de costos de envío, inclusión financiera y creación de instrumentos de inversión productiva para colombianos en el exterior. .

Los migrantes y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

Con el ánimo de contribuir al conocimiento ciudadano de las propuestas de los aspirantes a la Presidencia de la República, ASODIPLO publica, en el orden en que las ha recibido, las respuestas a su cuestionario sobre política exterior. Comenzamos con las enviadas por la candidata Claudia López, por el movimiento Imparables.

I. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1. ¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

Nuestra política exterior responderá a intereses nacionales asociados a la seguridad, el aumento de la productividad, y la protección del patrimonio ambiental de Colombia, siendo una voz relevante como país del Sur Global en el contexto de los profundos cambios que experimenta el orden mundial en la actualidad. Desarrollaremos a una diplomacia estratégica, moderna y enfocada en resultados. 

Los principios tradicionales de la política exterior colombiana —soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional, solución pacífica de controversias y multilateralismo— seguirán siendo fundamentales. Pero debemos actualizarlos en un mundo multipolar, tecnológicamente competitivo y geopolíticamente inestable desde un enfoque pragmático, responsable y que apunte a la diversificación de nuestras apuestas estratégicas. 

Por eso, nuestro gobierno impulsará tres grandes prioridades.

Primero, fortalecer la seguridad nacional mediante cooperación internacional efectiva contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y las amenazas híbridas, incluyendo la ciberseguridad y la desinformación. Venezuela será una prioridad estratégica por el impacto que tiene la inestabilidad fronteriza sobre nuestra seguridad y economía. 

Segundo, diversificar las relaciones económicas y comerciales de Colombia. Durante décadas concentramos excesivamente nuestra dependencia en un solo socio. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal aliado, pero Colombia debe ampliar mercados, atraer inversión con transferencia tecnológica y fortalecer su inserción en Asia-Pacífico. Asimismo, debe abrirse camino en los mercados de Medio Oriente y del mundo musulmán, que se perfilan como algunos de los de mayor crecimiento en los próximos años.

Tercero, posicionar a Colombia como un actor relevante en la agenda climática global. Somos una potencia ambiental y debemos convertir la Amazonía, la transición energética y la biodiversidad en instrumentos de liderazgo internacional, movilización de recursos y generación de nuevas industrias sostenibles. 

Gobernaremos con firmeza y mesura, alejándonos de la diplomacia de micrófono y bravuconerías, privilegiando una política exterior seria, profesional y predecible. 

2. ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

La política exterior de Colombia vive una transición histórica: de un orden unipolar dominado por Estados Unidos hacia una inserción estratégica en un entorno multipolar más inestable. El multilateralismo heredado de la Segunda Guerra Mundial ha demostrado ser insuficiente para prevenir conflictos como la invasión rusa a Ucrania o el genocidio en Gaza. Las reglas que rigieron las relaciones internacionales durante las últimas cuatro décadas están cambiando, y Colombia debe estar preparada para navegar ese entorno con inteligencia, apego a sus valores y su liderazgo como país de renta media del Sur Global.

Bajo mi gobierno, Colombia defenderá activamente los bienes públicos globales: la biodiversidad amazónica, el agua, la paz y los derechos humanos. En foros como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, Colombia actuará desde sus ventajas comparativas: su experiencia en construcción de paz, su biodiversidad, su posición geográfica y su rol como referente en justicia transicional. La defensa de los derechos humanos y la condena contundente a quienes los violen —sean Estados, organizaciones o personas— serán una constante. Colombia no guardará silencio frente a violaciones graves.

3. ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Desarrollar agendas claras, diferenciadas y complementarias con cada actor global estratégico, será la clave para las relaciones bilaterales. Desplegaremos un esfuerzo de gobierno, a nivel intersectorial y subnacional, para construir agendas de trabajo con los países más estratégicos para Colombia. El contexto actual nos exige entender que hoy el mundo es multipolar. Mi gobierno reconocerá las relaciones que se han consolidado en el tiempo, reduciendo dependencias inconvenientes, y navegando con pragmatismo y responsabilidad los cambios geopolíticos en curso.

• Estados Unidos. Es la relación más consolidada y, en consecuencia, prioritaria del país que se extiende por más de 200 años. Hoy la agenda de Colombia con EEUU pasa por la restauración de la democracia en Venezuela. Tenemos el interés común de estabilizar el país vecino para mejorar las inversiones, el comercio, y la capacidad de respuesta conjunta frente al crimen organizado transnacional. Al presidente Donald Trump mi gobierno le propondrá un Plan Colombia Venezuela con tres componentes: i) inversiones público-privadas de desarrollo productivo en la frontera; ii) formación del recurso humano asociado a la industrialización de la economía en la frontera; y iii) cooperación militar para fortalecer la efectividad de las operaciones contra las estructuras del crimen organizado transnacional y recuperar la seguridad en zonas donde la Paz Total ha facilitado el control territorial de esos grupos ilegales. Se institucionalizarán nuevamente los canales diplomáticos, se restaurará la agenda bipartidista con el Congreso estadounidense y se transitará de la “lucha contra las drogas” —enfocada en el campesino— hacia una cooperación contra el crimen organizado transnacional focalizada en sus finanzas, cabecillas y estructuras. Retomaremos la colaboración en inteligencia y capacidad operativa con EEUU desde un enfoque de corresponsabilidad, subrayando la obligación que tiene Colombia de aumentar sus inversiones y capacidades propias en materia de defensa, seguridad y justicia. 
• China: se construirá una agenda estratégica con tres ejes: transferencia de tecnología, reequilibrio de la balanza comercial y cooperación contra prácticas desleales. En los primeros 100 días de mi gobierno se presentará un plan de acción con una agenda concreta. China debe ocupar el lugar que le corresponde como segunda economía mundial y segundo socio comercial de Colombia. El déficit de más de 12.000 millones de dólares con China se gestionará con inteligencia: los bienes de capital que aumentan la productividad son bienvenidos; la competencia desleal y el contrabando, no. Promoveremos mayor cooperación educativa para que ´más colombianos conozcan el idioma y se familiaricen con su cultura.
• Unión Europea y Canadá: se preservarán y profundizarán los acuerdos existentes, aprovechando los capítulos de cooperación y apoyo a PYMES. También será una prioridad la colaboración alrededor de inversiones para mitigar y adaptarnos al cambio climático, como país con importantes activos ambientales y potencial de desarrollar energías limpias, y generar capacidades en el talento humano para los negocios asociados.  Europa es clave también en cooperación militar, y justicia.
• India, Emiratos Árabes Unidos y países del Golfo: EAU será el canal de entrada a Medio Oriente y al mercado musulmán, particularmente de productos agroindustriales. India es una potencia tecnológica y demográfica con la que Colombia puede avanzar en ciencia, tecnología e innovación.
• Asia-Pacífico (Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Indonesia): Japón será socio en movilidad limpia, educación técnica y ciudades inteligentes. Corea del Sur —con quien Colombia tiene historia de cooperación desde la guerra de los años 50 y un TLC vigente— será el principal aliado para la manufactura avanzada y la digitalización. Con Vietnam y Tailandia se profundizará la cooperación frente a prácticas agroindustriales y esquemas de formación para mejorar su productividad.
• África y Sur Global: Como país de renta media con el peso que nos corresponde en las dinámicas mundiales a nivel económico, político e institucional, lideraremos activamente espacios en los que la perspectiva del Sur Global sea determinante en el contexto actual, bajo los principios del derecho internacional. Colombia profundizará la cooperación cultural y educativa con África, consolidando la búsqueda de nuevos mercados. Adicionalmente, participará activamente en espacios como los BRICS y el AIIB, no como receptor pasivo sino como socio aportante en biodiversidad, energías limpias y conocimiento.

4. ¿Cuál será su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

Colombia necesita una acción fronteriza y regional enfocada, menos en disputas políticas e ideológicas, y más en resultados concretos en temas estratégicos para el país como seguridad, protección ambiental, infraestructura, energía, movilidad humana, y comercio. Priorizaremos agendas estratégicas con los mecanismos de integración regional, en función de la vocación, potencial y límites de cada uno de ellos en el contexto hemisférico actual.

Con la CELAC fortaleceremos la efectividad de la coordinación de la respuesta regional en materia de cambio climático, transición energética, movilidad humana, y crimen organizado transnacional, particularmente. 

Con OTCA gestionaremos cooperación en seguridad, conservación ambiental y desarrollo productivo con énfasis en bioeconomía y agroindustria. Impulsaremos mecanismos coordinados para enfrentar el crimen organizado transnacional, especialmente en fronteras y corredores amazónicos. La cooperación regional será esencial para combatir narcotráfico, trata de personas, minería ilegal y lavado de activos. La Amazonía será un eje prioritario de articulación regional. Colombia promoverá acuerdos para combatir la deforestación, proteger la biodiversidad y movilizar financiación climática internacional. 

Reanimaremos la Alianza del Pacífico para intensificar la colaboración entre Colombia, Chile, México y Perú en materia de productividad. Debe convertirse nuevamente en nuestra principal plataforma de inserción hacia Asia, teniendo como base la innovación y cadenas regionales de valor. En el marco de la OEA impulsaremos temas como seguridad, crimen organizado y migración. 

La estabilidad democrática y económica de Venezuela representa una prioridad de seguridad nacional para Colombia. Por lo tanto, creemos que el camino es que los venezolanos elijan su gobierno en las urnas de manera libre y transparente. Acompañaremos una transición que restaure su democracia y libertad, que promueva las inversiones productivas que beneficien a los dos países, y que contrarreste el accionar de organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera. 

II. AGENDA INTERNACIONAL: TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

En materia migratoria, mi gobierno ampliará las oportunidades de educación y empleo en el país para que nuestros jóvenes no sean expulsados a desarrollar su proyecto de vida en otros destinos. Así mismo, trabajaremos para atraer talento que contribuya a las mejoras de productividad, facilitando tanto la repatriación de colombianos como la gestión de visas de inversión y trabajo en sectores estratégicos. Frente a las medidas antinmigración adoptadas por países receptores, mi gobierno trabajará para que nuestros connacionales en el exterior sean tratados con dignidad, agilizará los procesos de repatriación y facilitará el retorno voluntario. Frente a la migración venezolana, el enfoque será desarrollar de manera paralela la integración de los venezolanos que ya están en el país y deseen contribuir al desarrollo de Colombia, y generar condiciones para el retorno voluntario mediante el desarrollo productivo fronterizo.

En política antidrogas, se realizará una transformación de fondo: se abandonará el enfoque punitivo contra el campesinado para concentrar los esfuerzos en desmantelar las mafias: ir tras sus cabecillas, atacar sus finanzas y reutilizar los bienes incautados en proyectos productivos que generen empleo legal. Profundizaremos, bajo un enfoque de corresponsabilidad, la cooperación en inteligencia y capacidad operativa, particularmente con EEUU y los países fronterizos, en la respuesta a las organizaciones criminales transnacionales que operan en Colombia. Se impulsará internacionalmente que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias controladas, para habilitar usos ancestrales e industriales lícitos. El consumo se tratará como asunto de salud pública. 

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

Colombia cuenta con activos ambientales de valor global —la Amazonía, el Chocó biodiverso, más de 2.000 especies de aves, el agua— que serán defendidos y proyectados como instrumentos de diplomacia y financiación internacional. Si bien el país es altamente vulnerable al cambio climático, no es un emisor relevante de gases efecto invernadero a nivel global. El mayor problema de Colombia es la pobreza y necesitamos aprovechar todos nuestros recursos para superarla, al tiempo que desplegamos nuestro potencial para el desarrollo de energías limpias. La industrialización de Colombia en la economía del Siglo XXI dependerá del acceso a energía barata, estable y limpia. Para conciliar la protección de nuestros activos ambientales con la sofisticación de nuestra matriz energética, las líneas de acción serán:

• Conservación de activos ambientales: Aumentar el liderazgo político global y la cooperación internacional para preservar la Amazonía y otros activos ambientales con impacto global que tiene el país.
• Restauración: Desarrollar instrumentos de cooperación y financiación internacional para escalar la implementación de programas para restaurar los ecosistemas y activos ambientales del país.
• Movilidad: Establecer, con la banca de desarrollo internacional y los gobiernos subnacionales y locales, una estrategia de aceleración de proyectos de movilidad limpia para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
• Transición energética. Fortalecer las condiciones habilitantes para profundizar las inversiones público-privadas-comunitarias en energías limpias, particularmente solar y eólica, volviendo a las comunidades socias de los proyectos; y contribuir al establecimiento de la Red de Interconexión Eléctrica de América del Sur.

• ¿Cómo articulará la diplomacia económica y comercial con su política exterior? ¿Qué prioridad otorgará a las exportaciones no tradicionales, la atracción de inversión extranjera, la negociación o revisión de acuerdos comerciales, la inserción Asia-Pacífico y el ingreso de Colombia a la OCDE como miembro pleno y activo?

Durante el último año hemos constatado a nivel global cómo la diplomacia económica y comercial se ha convertido en un instrumento de política exterior. En esa medida, y para un país como Colombia, la política exterior debe convertirse en una herramienta que contribuya al aumento de la productividad del país. Embajadas de países estratégicos tendrán metas medibles en apertura de mercados, atracción de inversión, transferencia tecnológica y promoción exportadora. 

La articulación entre política exterior y diplomacia económica se materializará en mi gobierno mediante una profunda transformación de la arquitectura institucional del Estado. El Viceministerio de Comercio Exterior, actualmente adscrito al Ministerio de Comercio, pasará a integrarse a la Cancillería, mientras que ProColombia y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional —APC— serán fusionadas para consolidar una sola plataforma de promoción internacional, y atracción de inversión extranjera directa, inversión de impacto y cooperación.

Esta reforma tendrá dos efectos fundamentales para la productividad y el desarrollo económico del país. Primero, permitirá alinear la política exterior con la diplomacia económica y comercial de Colombia, convirtiendo nuestras embajadas en verdaderas herramientas de apertura de mercados, atracción de inversión y transferencia tecnológica. Segundo, permitirá que el Ministerio de Comercio concentre plenamente sus capacidades en el fortalecimiento industrial, productivo y turístico del país. Colombia no le venderá más al mundo si no produce más y mejor. Y producir más y mejor exige una estrategia agresiva de atracción de inversión con transferencia tecnológica, articulada desde una diplomacia económica moderna y efectiva. Nuestro objetivo será incorporar esas nuevas capacidades tecnológicas al tejido empresarial colombiano para aumentar la productividad, sofisticar nuestra oferta exportadora y generar más empleo de calidad.

Nos anima transformar la inserción internacional de Colombia en los mercados globales. Hoy seguimos exportando principalmente materias primas y la productividad de nuestra economía ha estado estancada por 20 años. Desde la apertura económica nuestro mayor producto de exportación es el petróleo y el carbón, con muy poca diversificación. Eso demuestra la necesidad urgente de sofisticar nuestra oferta exportable y fortalecer exportaciones no tradicionales con valor agregado.

Vamos a priorizar agroindustria, transición energética, movilidad limpia, infraestructura, manufactura con transferencia tecnológica, y sectores asociados a biodiversidad y economía sostenible. 

Frente a Asia-Pacífico, Colombia no puede seguir llegando tarde al centro de crecimiento del mundo. Profundizaremos relaciones económicas con China, Corea, Japón, India y Emiratos Árabes Unidos, manteniendo siempre un equilibrio responsable con Estados Unidos, como principal socio económico y comercial. 

También impulsaremos la reactivación de la Alianza del Pacífico como plataforma de integración productiva, tecnológica y comercial hacia Asia. 

En cuanto a la OCDE, Colombia debe pasar de ser un miembro formal a un miembro activo y relevante. Aprovecharemos ese espacio para acelerar estándares en productividad, educación, innovación, transparencia y transformación digital, conectando mejores prácticas internacionales con las necesidades regionales del país. 

Finalmente, en materia de revisión de acuerdos comerciales, será necesario examinar con detenimiento aquellos acuerdos internacionales de inversión cuya primera vigencia concluya durante el cuatrienio de gobierno, con el fin de proponer ajustes acordes con los desarrollos más recientes. Asimismo, revisaremos los capítulos de cooperación y de fortalecimiento de las PyMES en los acuerdos comerciales, para impulsar iniciativas de cooperación empresarial articuladas con los proyectos estratégicos de las regiones. En otras palabras, es fundamental alinear la internacionalización de la economía con el desarrollo productivo del país.

También promoveremos acuerdos orientados a la transferencia de tecnología y al fortalecimiento de la inversión extranjera directa. Los incentivos a la inversión deberán priorizar los proyectos más estratégicos para el desarrollo regional y estarán condicionados a una transferencia efectiva de tecnología, así como a la integración de las PyMES colombianas en las cadenas de suministro.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Colombia debe actuar con pragmatismo, autonomía estratégica y defensa del derecho internacional. El mundo atraviesa una transición geopolítica profunda marcada por la competencia entre democracias y regímenes autoritarios, el debilitamiento del multilateralismo y la fragmentación económica global. 

Frente a la guerra en Ucrania, mantendremos una posición clara de defensa de la soberanía territorial, el derecho internacional humanitario y la solución pacífica de controversias. Colombia no puede normalizar invasiones ni violaciones al orden internacional. En Medio Oriente, promoveremos el respeto al derecho internacional humanitario, la protección de civiles y la implementación de soluciones diplomáticas preferiblemente multilaterales. 

En Asia-Pacífico, Colombia debe entender que es donde se juega buena parte del crecimiento económico y tecnológico del siglo XXI. Por eso fortaleceremos relaciones comerciales y científicas con Asia, sin caer en dependencias geopolíticas ni alineamientos automáticos. 

Respecto a la rivalidad entre Estados Unidos y China, Colombia no debe escoger entre uno u otro bloque. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal aliado estratégico y comercial, pero China representa una enorme oportunidad para diversificar mercados, atraer inversión y ampliar exportaciones. Debemos saber implementar el Acuerdo de Franja y Ruta de la mano con los acuerdos de transferencia de tecnología y fomento a la inversión extranjera directa que diseñará, negociará e implementará nuestro gobierno. 

Nuestra postura será clara: defenderemos los intereses nacionales de Colombia, manteniendo relaciones responsables y pragmáticas con ambas potencias, evitando caer en dependencias excesivas y fortaleciendo nuestras capacidades propias en seguridad, tecnología, comercio y transición energética. 

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO.

1. ¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Los miembros de la Carrera Diplomática y Consular (CDC) jugaron un papel fundamental durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando la continuidad de la gestión de nuestra política exterior. Reconozco el activo que representa para el país el conocimiento y la experiencia que poseen los funcionarios de carrera diplomática y consular de la Cancillería. Todo mi agradecimiento para sus miembros por reducir los daños asociados a una política exterior politizada y de redes sociales. En mi gobierno volveremos a institucionalizar la política exterior, devolviéndole la majestad que merece en términos de los canales y mecanismos institucionales que corresponden. 

Colombia necesita una diplomacia profesional, competente y moderna. Construiré sobre lo construido en este gobierno en términos de mejorar la manera como la CDC refleja las características de la población colombiana, pero asegurando los estándares de calidad mínimos que se requieren para que el país tenga la representación que merece en su servicio exterior. En tal sentido, revocaremos los instrumentos normativos del gobierno Petro que comprometieron la calidad y profesionalización del servicio exterior.

Aprovecharemos el conocimiento y experiencia de los miembros de la CDC, en articulación con los actores sectoriales relevantes, para definir e implementar las agendas bilaterales y multilaterales, con prioridades y métricas de seguimiento y éxito claras.

2. Teniendo en cuenta que la Carrera está basada en un sistema riguroso de mérito, formación y evaluación permanente, ¿qué medidas adoptará para proteger y fortalecer este modelo?

El mundo evolucionó hacia una realidad multipolar, donde hay temas (i.e. políticas arancelarias, energía, Inteligencia Artificial, migración, salud global, inversión de impacto) y competencias (i.e. comunicación estratégica, trabajo en equipo, orientación al resultado) que ganan centralidad. Necesitamos aprovechar los activos de conocimiento de la CDC y cultivar nuevas herramientas y conocimientos para desarrollar una política exterior que sirva a los intereses nacionales del país.

Así como se reconfigura el orden global, se hace necesario actualizar los conocimientos y las competencias de los miembros de la CDC para responder a las agendas y retos actuales. En tal sentido, los contenidos y metodologías de formación y evaluación deberán apuntar a fortalecer el talento humano de los miembros de la CDC prioritaria, pero no exclusivamente, extendiéndose a todos los miembros del servicio exterior. Se hará una apuesta por utilizar herramientas digitales asincrónicas, y con formatos innovadores, para que haya un proceso de aprendizaje continuo que responda a la velocidad de los cambios que se están produciendo a nivel global.

Los embajadores serán seleccionados por mérito, trayectoria y resultados, con comprensión de las prioridades productivas, ambientales y científicas de los países donde representarán a Colombia. Habrá diversidad de talentos: empresarios, académicos, científicos con vocación pública y, por supuesto, miembros de la CDC. El servicio exterior será la vitrina de lo mejor de Colombia. En esa medida, aumentaremos la representatividad de los miembros de la CDC, particularmente de embajadoras en el marco de la implementación efectiva de la política exterior feminista, en nuestras representaciones diplomáticas y consulares. No menos del 30% de los cargos directivos de la Cancillería serán asignados a miembros de la CDC.

3. En su gobierno, ¿cómo garantizará que la experiencia acumulada y la memoria institucional de los diplomáticos de carrera se traduzcan en políticas exteriores de Estado, con visión de largo plazo y continuidad entre administraciones?

Resulta fundamental, por una parte, consolidar un sistema de gestión del conocimiento que sistematice los activos de conocimiento de los miembros de la CDC y los ponga en diálogo con los tomadores de decisión a nivel sectorial y subnacional. De esta manera, tendrán un impacto más dinámico en las apuestas de desarrollo del país.

De otra parte, la mejor manera de construir políticas públicas, incluyendo la política exterior, es asegurando el equilibrio entre datos, conocimiento y competencia técnica, con la participación de todos los actores de interés relevantes. 

Los funcionarios de la CDC, tanto los que están en Bogotá como quienes están en planta externa, serán fundamentales en el diseño del documento base de discusión, definiendo intereses, objetivos, y apuestas estratégicas. También serán protagonistas de los espacios de construcción colectiva de una política exterior de Estado con vocación de largo plazo. 

Utilizando herramientas digitales y de IA se podrán canalizar las contribuciones de los diversos actores de interés para construir conjuntamente una política exterior estratégica, que responda a intereses nacionales y objetivos claros, y proyecte a Colombia como un líder relevante del Sur Global.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

1. ¿De qué manera su programa de gobierno en política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo se articularán con el trabajo técnico y profesional que el cuerpo diplomático y consular desarrolla en la Cancillería y en los escenarios multilaterales y bilaterales?

La Cancillería no puede operar sólo como bisagra, desconectada de los ministerios sectoriales y los gobiernos subnacionales. Las representaciones diplomáticas y consulares deben identificar y gestionar información y contactos relevantes para el desarrollo de las apuestas estratégicas del país. Para lograrlo, se creará una Mesa de Trabajo Interministerial con el fin de alinear los procesos de internacionalización sectorial con la política exterior. 

De otra parte, dada la centralidad de las apuestas productivas regionales en mi programa de gobierno, crearemos la Dirección de Diplomacia Subnacional que facilitará la articulación entre la acción internacional de los territorios con las agendas que desarrolla la Cancillería tanto a nivel bilateral como multilateral.

2. ¿Qué criterios utilizará para definir la apertura, mantenimiento, cierre o fortalecimiento de embajadas y consulados en función de los intereses estratégicos del país?

Las decisiones sobre la red de embajadas y consulados responderán a criterios estratégicos: presencia de comunidades colombianas; peso comercial, de inversión y de transferencia tecnológica actual o potencial; importancia geopolítica; posibilidad de influencia desde la cooperación Sur-Sur; y capacidad de generar retorno productivo para el país. Asia recibirá una atención diplomática significativamente mayor a la actual.

3. ¿Qué papel desempeñarán la diplomacia cultural, científica, académica, deportiva y pública en su estrategia de proyección internacional de Colombia, y cómo coordinará a las distintas entidades del Estado que intervienen en estas áreas?

La diplomacia cultural y científica será un instrumento activo, coordinado con las entidades del Estado pertinentes y con los gobiernos subnacionales. Colombia tiene un enorme capital de poder suave: Shakira, Karol G y miles de artistas reconocidos globalmente; y una cultura de paz que maravilla al mundo. Contamos con universidades y centros de investigación de calidad creciente que requieren insertarse en redes de conocimiento globales para fortalecer la productividad del país. 

La coordinación se realizará en el marco de la Mesa de Trabajo Intersectorial y de la Dirección de Diplomacia Subnacional, como instancias formales para el diálogo conducente a la definición de las agendas bilaterales y multilaterales y el establecimiento de un esquema de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Lo anterior asegurará el flujo de información y conocimiento continuo y en tiempo real frente a las agendas que se definan.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

Los consulados serán fortalecidos como casas abiertas con servicios de orientación en educación, cultura, salud y apoyo empresarial. Se digitalizarán los trámites, se ampliarán horarios con apoyo de pasantes y alianzas universitarias, y se transformará la cultura interna del servicio al ciudadano. Chile será un referente en digitalización consular.

2. ¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

Se creará una red global de colombianos en el exterior para fortalecer la cooperación en educación, cultura, ciencia y emprendimiento. Las remesas —que en 2024 representaron el 2,3% del PIB— serán orientadas hacia proyectos productivos, compra de vivienda y seguridad social, siguiendo modelos exitosos como el de Pereira. Trabajaremos para que un porcentaje de esos recursos puedan destinarse a proyectos locales (acueductos, parques, bibliotecas). El programa Casas Colombia y el programa Colombia Nos Une serán profundizados.

Se defenderán activamente los derechos de los colombianos en situación migratoria irregular, se humanizarán los procesos de deportación y se ofrecerá orientación para el retorno voluntario digno. Desde el nuevo Viceministerio de Movilidad Humana se coordinará toda la política migratoria bajo la responsabilidad de la Cancillería.

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Los trámites consulares —apostillas, documentos de identidad, nacionalizaciones— serán accesibles en línea, con tiempos de respuesta reducidos y canales de atención claros. Ningún colombiano deberá sentirse lejos del Estado, viva donde viva.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

Leer más | Colombia: la deforestación aumentó 6 % en la Amazonía durante 2025 | INFORME

Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

Leer más | Investigadores awá: el equipo que une ciencia y ancestralidad para proteger la selva en Colombia

Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

Leer más | Colombia: ONU verificó 972 asesinatos de defensores de derechos humanos desde el Acuerdo de Paz

Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

El pasado 19 de febrero una noticia sorprendió a los indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, los cuatro pueblos ancestrales que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo montañoso único en Colombia, aislado de los Andes y el más alto del mundo junto a la costa, con picos que superan los 5700 metros. El Consejo de Estado, uno de los altos tribunales del país, declaró la nulidad del decreto 1500 de 2018, más conocido como el decreto de la Línea Negra.

Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas, trazando un límite simbólico y sagrado llamado “Línea Negra” (o Sheshiza, en su cosmovisión), basado en 348 espacios sagrados. Su principal objetivo era proteger el valor espiritual, cultural y ambiental del territorio, regulando el uso de recursos, la consulta previa en decisiones que los afecten y su autonomía en la conservación.

“Para los pueblos indígenas esta decisión significa desconocer un proceso histórico de reivindicación de nuestras culturas y del conocimiento que tienen los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta”, dice José Mario Bolívar, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Wiwa. Por su parte, Jaime Luis Arias, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Kankuamo, asegura que rechazan la decisión y les preocupa porque “la interpretación que hace este tribunal es completamente regresiva en derechos”.

La sentencia del Consejo de Estado, que no puede apelarse, también generó rechazo en sectores sociales y ambientales. Juana Hofman, directora de integración territorial técnica en Amazon Conservation Team (ACT), comenta que la decisión de anular el decreto por razones de forma y no de fondo pone en jaque más que un acto administrativo. “Lo que está en riesgo son los avances en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la garantía efectiva de la diversidad étnica y cultural y, en un plano más estructural, la coherencia del Estado colombiano como Estado social de derecho que se reconoce pluriétnico y multicultural”.

Leer más |Mientras el Gobierno atiende las inundaciones en el norte de Colombia, la Amazonía es invadida y arde desapercibida

Un decreto que incomodó desde el momento de su firma

Los principales argumentos del Consejo de Estado para anular el decreto de la Línea Negra están en que, al momento de ser expedido, no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y no se agotó la consulta previa con otros grupos étnicos que quedaron incluidos dentro del territorio ancestral, entre ellos los pueblos indígenas ette enaka y wayúu, así como varios consejos comunitarios afro.

El alto tribunal también expresó que en 2018 hubo un exceso en la potestad reglamentaria del Presidente, quien interfirió en la autonomía territorial de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y en la de sus municipios.

Se generó tanta polémica que pocos días después de conocerse la sentencia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a favor de los pueblos indígenas y propuso la elaboración de una nueva norma. “He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo. Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la Línea Negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua”, dijo el mandatario.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el decreto de 2018 un día antes de dejar su cargo, también defendió la norma. “Los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo están en riesgo. Preservar la Línea Negra no es un capricho. Es proteger la Sierra Nevada, su riqueza incomparable y su dimensión espiritual. Y es honrar una orden de la Corte Constitucional”, dijo en un video que publicó en la red social X. Dicha orden le pedía al Gobierno Nacional adoptar medidas efectivas para delimitar y proteger el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas.

Jenny Ortiz es coordinadora del Programa Movilización, Derechos Humanos e Interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fundación colombiana dedicada a la investigación, formación y defensa de los derechos humanos y la paz. Según dice, detrás de la demanda que llevó a la nulidad del decreto hay intereses económicos, ya que la norma funcionaba como una barrera que impedía la entrada de agricultura a gran escala y proyectos extractivos como la minería.

Datos recogidos y procesados por el CINEP, y que fueron obtenidos de la plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), muestran que para febrero de 2024 existían 151 títulos mineros vigentes dentro de la Línea Negra, los cuales ocupaban un área de 77 805 hectáreas, aunque la mayoría se encuentran inactivos o en fase de exploración. También había registro de 95 solicitudes mineras en espera de aprobación y que abarcan 74 644 hectáreas.

Precisamente, una de las preocupaciones con la nulidad del decreto es que las presiones mineras, agroindustriales y petroleras aumenten.

Hofman afirma que desde 2018 sectores gremiales y económicos alertaron que la aplicación del decreto “paralizaría el desarrollo” de tres departamentos y que cualquier actividad requeriría consulta previa. Sin embargo, para ella, no se prohibía el desarrollo sino que se establecían reglas de protección y coordinación en un territorio ancestral reconocido. “Lo que incomodaba era el reconocimiento efectivo de límites al extractivismo y a una expansión sin diálogo”, dice.

Jaime Luis Arias comenta que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta son conscientes de que históricamente ha habido intereses por explotar toda la riqueza cultural y ambiental de la zona. “Esta decisión desde luego afecta y crea una incertidumbre jurídica [que favorece] a esos intereses porque este decreto obedecía, precisamente, a una decisión de la Corte Constitucional que orientaba a establecer mecanismos y garantías para la protección del territorio”. Arias agrega que no solo se trata de intereses legales sino que en la Sierra hay minería ilegal y grupos armados que generan afectación a los derechos de los pueblos indígenas.

Leer más |¿Protección o riesgo?: nuevas actividades permitidas por el Gobierno en reservas forestales de Colombia abren debate sobre posibles impactos ambientales

Un nuevo decreto viene en camino

Aun en medio del escenario de preocupación, los expertos consideran que la Sierra Nevada de Santa Marta no queda del todo desprotegida. “Cualquier actividad que genere afectación sobre los cuatro pueblos indígenas tiene que pasar por consulta previa”, comenta Hofman.

Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), considera que el territorio ancestral que está fuera de los resguardos, y es parte del polígono conocido como Línea Negra, no queda desprotegido porque el decreto se cayó, pues hay otras figuras legales que lo protegen, como el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia o tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran en constantes reuniones para pensar en un nuevo decreto, aunque José Mario Bolívar dice que tienen claro que una norma no los hace indígenas ni cambia su cosmovisión: para ellos el decreto era “un formalismo para podernos entender en el diálogo y en la convivencia con un pensamiento [occidental] diferente”.

Además, después del apoyo del presidente Petro, los indígenas iniciaron acercamientos con el Gobierno Nacional. El 28 de febrero Gabriel Rondón, viceministro del diálogo social y los derechos humanos del Ministerio del Interior, instaló un espacio de diálogo intercultural para construir colectivamente la ruta hacia un nuevo decreto de protección de la Línea Negra. “El propósito es empezar desde el principio, aclarar dudas y generar una ruta amplia que nos lleve a concertar un nuevo acto administrativo sin las fallas del anterior”, dijo Rondón.

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 4 de marzo el inicio de la consulta previa sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Oficialmente declaro iniciado el proceso de consulta a las comunidades étnicas de la Sierra en pos de la Línea Negra”, dijo al cierre de una asamblea donde participó cada uno de los delegados de los pueblos indígenas y afro.

Los gobernadores indígenas le dijeron a Mongabay Latam que esperan que el decreto quede listo en abril. Sin embargo, Bolívar es insistente al afirmar que la nulidad de la norma no cambia para nada la manera en que los indígenas se relacionan con el territorio y sus sitios sagrados. “Siempre hemos sido claros: con o sin decreto nosotros seguiremos defendiendo el territorio de la Línea Negra”, concluye.

*Imagen principal: el decreto de la Línea Negra buscaba proteger más de 300 lugares sagrados de cuatro pueblos indígenas. Foto: cortesía AIDA/Yeny Rodríguez.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado  para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.

Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.

En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.

Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.

Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.

Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.

Leer más | De Ecuador a Brasil, flotilla de pueblos indígenas navega para hacerse escuchar ante los líderes mundiales en la COP30

Concretar demandas en un panorama desalentador

Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.

En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.

Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.

Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.

Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.

Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.

En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.

Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.

En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.

Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.

Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.

Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.

Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.

Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.

Leer más | La misteriosa empresa que quiere extender el triángulo del litio a Paraguay

La dependencia de los combustibles fósiles

Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.

Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.

Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.

A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.

“No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.

En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.

Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.

Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.

Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.

Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.

Leer más | Sentencia inédita del Tribunal Agroambiental de Bolivia para la protección del jaguar

El eterno debate del financiamiento climático

En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.

Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.

Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.

Lee más |Expertos temen que proyecto minero de cobre en Chile amenace al gato andino, uno de los felinos más raros de América

Voces indígenas que quieren ser escuchadas

La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.

“En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.

Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.

Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.

Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Grupo Argos lidera “Juntos por Urabá”, una iniciativa que podría resultar un modelo replicable en otros lugares del país.

Hablamos con Julián Ramírez, funcionario de Creamos Valor Social del Grupo Argos, y con una habitante vocal del corregimiento.

De fondo, Nueva Colonia verá llegar el progreso junto con la operación de Puerto Antioquia, lo que evitaría la conflictividad social que se observa en Buenaventura y causa traumatismos al puerto.

Por Natalia Díaz, estudiante reportera de la Universidad de Antioquia.

El corregimiento de Nueva Colonia, en el municipio de Turbo (Urabá antioqueño), está ubicado a orillas del golfo de Urabá, a tan solo 7 u 8 kilómetros del proyecto portuario de Puerto Antioquia, uno de los desarrollos logísticos más importantes en fase final de construcción para la región.

Su ubicación estratégica, cercana al puerto y al corredor que conecta con el eje bananero, convierte a Nueva Colonia en un punto clave para el crecimiento urbano e industrial del Urabá antioqueño.

Durante años, esta comunidad de vocación agrícola y con más de 17.000 habitantes, ha enfrentado graves limitaciones en saneamiento básico y manejo de aguas residuales.

Por eso, el proyecto de alcantarillado de Nueva Colonia se considera un
hito histórico: es el de mayor presupuesto en la historia del mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión total de 112.700 millones de pesos.

De acuerdo con Julián Ramírez, líder de Creamos Valor Social del Grupo Argos, este monto ya se encuentra garantizado dentro de un patrimonio autónomo conformado por 24 compañías que aportaron recursos para la ejecución, entre ellas Grupo Argos, EPM, Sura, Uniban, Smartfit, BanColombia, , Banafrut, entre otras.

Ramírez explicó que este trabajo conjunto busca impulsar el desarrollo de Urabá bajo el programa “Juntos por Urabá”, del que el alcantarillado es solo una de varias iniciativas sociales y de infraestructura que beneficiarán a la región.

El proyecto contempla la construcción completa del sistema de alcantarillado del casco urbano (incluyendo redes, planta de elevación, tubería de impulsión y zona de descarga) con el objetivo de beneficiar a 12.000 habitantes, y capacidad proyectada para soportar el crecimiento demográfico futuro del corregimiento, estimado en cerca de 17.000 personas.

Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, la urgencia de esta obra se
comprende al escuchar las voces de quienes han vivido por años sin este servicio.

Vivir sin alcantarillado

Según Karen Hernández, habitante del corregimiento, “vivir sin alcantarillado es algo a lo que la población se acostumbra, pero que realmente afecta tanto física como en el ámbito saludable de las personas. Siempre te vas a encontrar con aguas residuales al frente de tu casa, aguas negras contaminadas, lo que genera enfermedades en la población, sobre todo en los niños”.

Hernández recuerda que en 2015 y 2016 se intentó un proyecto de alcantarillado que no logró resolver la problemática: “en vez de aportar, lo que hizo fue volver más complejo el corregimiento. Quedaron calles muy expuestas, con pozos sépticos que drenaban hacia las vías, lo que generaba más lodo, contaminación y enfermedades”.

La comunidad considera este nuevo proyecto como una necesidad de vital
importancia y urgencia, especialmente ante el crecimiento que se avecina con la
construcción del puerto y la llegada de visitantes y trabajadores externos.

“Van a llegar extranjeros, se construirán hoteles, y eso generará más desechos —explica Hernández—. Hoy, cada casa tiene un pozo séptico del que los residuos terminan en los canales frente a las viviendas, generando malos olores e incluso intoxicaciones”.

Desde una mirada institucional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio señala que estos proyectos forman parte de la Política de suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural de Colombia, establecida en el CONPES 3810 de 2014, la cual “busca promover el acceso equitativo, sostenible y de calidad a estos servicios en las áreas rurales del país” (Ministerio de Vivienda, 2021).

Según explicó Ramírez, los principales retos técnicos incluyen el alto nivel freático del suelo, la inclinación del terreno y la constitución de servidumbres necesarias para instalar las tuberías bajo predios privados.

Además, el presupuesto contempla una interventoría independiente, encargada de verificar la correcta ejecución, con supervisión directa del Ministerio de Vivienda.

El plan general prevé una duración de 40 meses, incluyendo la etapa de contratación y la construcción de la planta de elevación, el tubo de impulsión y la conexión de las viviendas. Aunque el proyecto completo tomará ese tiempo, Ramírez precisó que los beneficios comenzarán a sentirse desde los primeros meses de ejecución, con las primeras casas conectadas al sistema.

La comunidad de Nueva Colonia participa activamente en el seguimiento de la obra a través de círculos de diálogo, espacios donde se socializan los avances y los programas complementarios de Juntos por Urabá, como mejoramientos de vivienda, infraestructura educativa y deportiva.

Adicionalmente, se capacitó a líderes locales en mecanismos legales, fortaleciendo la vigilancia ciudadana sobre el proceso.

Finalmente, Ramírez explicó que el operador del sistema ya fue identificado y cuenta con solvencia técnica y financiera para garantizar el mantenimiento y funcionamiento del alcantarillado una vez entregado, bajo la supervisión de entidades públicas.

Este esfuerzo conjunto entre el sector privado, el Estado y la comunidad marca un
punto de inflexión en la historia de Nueva Colonia y de toda la región de Urabá, que avanza hacia un futuro con infraestructura sanitaria moderna, sostenible y equitativa.

Absorto, el ocelote gruñe con emoción mientras el cangrejo avanza lentamente frente a sus ojos color caramelo. La pinza derecha, entre azul y verde, es dos o tres veces más grande que la izquierda y el crustáceo la mantiene erguida, como si se tratara de un escudo y estuviera a punto de entrar en batalla. Sin moverse, el félido lo observa caminar torpemente sobre el concreto seco, la silueta de las pinzas difusa contra el tono menta de la malla sombra y la malla de acero de simple torsión que sirve como trasfondo.

Durante alrededor de un minuto, el ocelote vigila los movimientos del cangrejo. Tuerce la nariz, olfatea el aire y se encoge sobre sí mismo. Tensiona los músculos de su forma esbelta y ágil, forjada para cazar. Las manchas de su flanco derecho, estelas negruzcas llamadas cadenetas, parecen formar cuatro dedos de una mano esquelética. Relucen, al igual que su pelaje azafrán claro, bajo el sol de las once de la mañana en Cali, Colombia. Así, agazapado, su cuerpo se ve tenso, como un resorte a punto de salir disparado.

A un par de metros, el cangrejo se aleja con su pinza azulada en el aire. Detrás, un mono aullador gruñe, provocado por un hombre. Se escuchan cantos de loras, chillidos de guacamayas y los gritos desesperados de media docena de monos capuchinos. Un río corre al otro lado de la vegetación, a su derecha. Hay sonidos lejanos de autos, murmullos de personas y el golpe acuoso de gusanos que caen a un estanque desde casi un metro de altura. También hay olores a los que el ocelote se ha ido acostumbrando desde hace casi siete meses. Algunos, quizás, los conoció hace años, antes de su captura y la separación de su madre, pero casi todos son nuevos: tortugas hicoteas, tortugas charapas, tortugas de tierra, caracaras, águilas, zarigüeyas, heces y orinas de decenas de animales que van y vienen, humanos y los demás como él, incluido el otro ocelote —ese a quien teme—, que aún está tan cerca.

A pesar de todo lo que ocurre a su alrededor, se concentra en el cangrejo. Lee sus pasos y levanta de manera pausada sus gruesas zarpas. Mantiene las garras contraídas —las cinco de cada pata delantera y las cuatro de cada trasera—, mientras da un paso y luego otro, el vientre blanco espolvoreado pegado al concreto, las orejas redondas enfocadas como antenas parabólicas en su presa.

Se acerca en silencio, las almohadillas de sus extremidades ahogan el peso de su cuerpo. Nuevamente, da otro paso y otro más, en cámara lenta, y queda a casi un metro y medio de distancia de la pinza que lo desafía. En otra vida, saltaría, golpearía al cangrejo con sus zarpas y rápidamente trituraría el caparazón con sus colmillos. Lo comería con gusto, extrayendo la carne blanca con su lengua rugosa. Pero esta mañana de abril de 2025, encoge las patas delanteras y, de repente, se detiene, como si el juego y la fantasía de libertad hubiesen terminado.

Se incorpora, observa al cangrejo violinista a través de las rejas de su jaula de cuatro por cuatro metros, y camina con aparente tedio hasta una casa de madera blanca que le sirve de dormitorio. Sale segundos más tarde y da vueltas y vueltas, en tanto su presa dobla por una esquina y desaparece.

A escasos metros, alguien susurra su nuevo nombre: «Barto».

El decomiso

El 8 de octubre de 2024, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia llegaron a una casa en Ciudad Jardín, un lujoso barrio residencial en el sur de Cali. Varios investigadores venían desde Bogotá para hacer efectiva una orden de captura relacionada con armas y tráfico de drogas. Durante el allanamiento, los agentes escucharon un sonido extraño. Con precaución entraron al cuarto de donde provenía. En una jaula oscura, con doble enmallado, hallaron a un ocelote (Leopardus pardalis) de aspecto enfermizo.

Sin saber muy bien qué hacer, pidieron apoyo a la unidad local de la policía y al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), una entidad ambiental adscrita a la Alcaldía, que se encarga, entre otras funciones, de cuidar, atender y, en la medida de lo posible, rehabilitar a los animales incautados por tráfico de fauna. El hombre a quien se le decomisó el ocelote se rehúso a contarle a los agentes cuál era el nombre del félido, con qué lo alimentaba o cómo lo había obtenido. Tampoco dijo para qué lo tenía allí.

Desde 2010, las autoridades en Colombia han decomisado más de 340 ocelotes, entre ejemplares vivos y muertos, de acuerdo con datos obtenidos a través de derechos de petición al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, seis secretarías distritales de ambiente de las principales ciudades del país y las 33 corporaciones autónomas regionales, los organismos que normalmente reciben los animales traficados.

La mayoría de estos félidos vivían en hogares como mascotas. Las personas llevaban a casa los cachorros luego de matar a su madre —casi siempre debido a conflictos relacionados con muertes de animales domésticos o por simple miedo—, o se los compraban a traficantes, quienes actualmente los venden por cerca de 6 millones de pesos (alrededor de 1400 dólares). Luego los criaban como si fueran gatos domésticos hasta que agredían a alguien, el costo de alimentarlos se volvía insostenible o hasta que escapaban de sus encierros y asustaban a los vecinos, quienes llamaban a las autoridades. Algunas personas los entregan de manera voluntaria, pero otras hacen todo lo posible por esconderlos, incluso después de que ha habido ataques a personas o animales domésticos.

El ocelote es el tercer félido más grande de América, después del jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor). Entre las al menos once especies de félidos pequeños que viven en el continente (estudios genéticos recientes han elevado subespecies a la categoría de especies), todas pertenecientes al género Leopardus, con la excepción del yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), el ocelote es el de mayor tamaño y el más estudiado. Pesa entre 10 y 15 kilogramos, el equivalente de un perro Beagle adulto, y mide entre 1 y 1.4 metros desde la punta de su nariz hasta el final su cola (Bobby, el ocelote más grande que se ha registrado, pesaba 18.6 kg, similar a un Bull Terrier adulto).

El tono de su pelaje es blanco en el vientre, la garganta, la boca, los cachetes, el contorno posterior de las orejas y alrededor de los ojos. En el resto del cuerpo, los tonos oscilan desde ámbar pálido hasta el canela. Cadenas de manchas con patrones únicos recorren sus flancos y los ayudan a camuflarse entre los matorrales. Los ocelotes pueden distinguirse fácilmente del margay (Leopardus wiedii) y la oncilla (Leopardus pardinoides) por la forma de sus cadenetas: las de los ocelotes tienen las manchas abiertas, mientras que las del margay y la oncilla son cerradas.

Al igual que ocurre con los demás félidos pintados, las manchas sirven para identificar a la especie y a cada individuo. Sus formas pueden asemejarse a contornos de islas, especies de hongos poco conocidas, mapas de ríos, siluetas de pinturas rupestres de cuevas europeas o dedos de manos esqueléticas en proceso de abrirse.

Para su infortunio, su belleza inverosímil atrae a los humanos desde hace miles de años. Sus pieles, al igual que las del jaguar, se comerciaban y eran de uso común entre los nobles de culturas como la inca, la maya, la olmeca, la azteca, la mexica, la calima y otras decenas en la Amazonía y el resto de América (en algunos casos, las enterraron con ellos). La pasión por las pieles sobrevivió a la caída de las culturas precolombinas y, con el tiempo, ganó terreno en Europa y Estados Unidos.

El clímax de la atracción llegó el siglo pasado, luego de que Jacqueline Kennedy —no es broma— sin querer popularizara el estampado de leopardo entre la población general, como narra Jo Weldon en su libro Fierce: The History of Leopard Print. Los ocelotes fueron los félidos más afectados. De acuerdo con un estudio, anualmente se cazaron cerca de 200 000 animales de esta especie desde principios y mediados de los años 70. Solo entre 1968 y 1969, Estados Unidos reportó la importación legal de más de 262 000 pieles de ocelote (de estas, más de 140 000 provenían de Brasil y casi 50 000 de Colombia).

La caza indiscriminada mermó de forma tan drástica la población de individuos que naciones como Brasil, Colombia y otros países de la Amazonía prohibieron la caza interna de félidos. En 1972, incluso el gobierno estadounidense buscó frenar la importación de pieles a través de una propuesta del Departamento de Estado.

La preocupación por las poblaciones de ocelotes y otros félidos manchados contribuyó en parte a la aprobación y entrada en vigor, en 1975, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el acuerdo que regula el comercio global de especies para evitar la sobreexplotación y posible extinción de animales, plantas y hongos.

Gracias a CITES, la venta de pieles disminuyó considerablemente, aunque no desapareció por completo. Entre 1980 y 1984, por ejemplo, Paraguay, el principal comercializador tras la oficialización del tratado, exportó más de 120 000 pieles de ocelote.

La caza para las confecciones de moda dejó de ser el mayor problema de la especie solo hasta finales de los 80, cuando el ocelote pasó del Apéndice II al Apéndice I del tratado, la clasificación reservada para las plantas, animales y hongos más amenazados.

Con el fin de ese comercio, las poblaciones se comenzaron a recuperar. En 1990, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la organización encargada de evaluar el estado de las especies, clasificó al ocelote como Vulnerable, lo que quiere decir que la población se había reducido a la mitad y las causas eran conocidas. Seis años más tarde, en la siguiente clasificación, el ocelote pasó a ser de Preocupación Menor, una categoría en la que se encuentran las especies que no están en peligro de extinción. Allí ha permanecido hasta la actualidad.

Hoy las principales amenazas a las que se enfrentan los ocelotes son la fragmentación y la pérdida de hábitat, la caza por retaliación y el tráfico ilegal para el mercado de mascotas en países como Colombia, de acuerdo con la UICN.

En la primera mitad del siglo XX se puso de moda tener ocelotes como mascotas. Actores y actrices de Hollywood, cantantes de ópera y músicos fueron fotografiados con estos animales. El más famoso sin duda fue Babou, un ejemplar que al parecer un presidente colombiano le regaló a Salvador Dalí en los años 70.

Babou viajaba a todas partes con el pintor surrealista, destruyendo lo que encontraba a su paso y viviendo una vida más bien miserable, según un amigo del artista, excepto por un día en que escapó y asustó a los comensales de un lujoso restaurante.

De acuerdo con biólogos y veterinarios, la vida coartada de Babou es la regla para los félidos que terminan en los hogares de las personas, sin importar los recursos que estas tengan. En su medio natural, los ocelotes pasan horas recorriendo los bosques en busca de presas. Un estudio en las selvas peruanas halló, por ejemplo, que los ocelotes caminaban, en promedio, casi 10 horas cada noche.

Su vida, como la de muchos otros félidos, está definida por el movimiento y la exploración de su territorio, que cambia a diario con la aparición de nuevas presas y estímulos. Estos comportamientos están claramente limitados en una jaula, una casa o cualquier otra clase de encierro.

En el caso del ocelote incautado en Cali, esto resultaba evidente tanto para los agentes que lo descubrieron, como para el personal del DAGMA que llegó ese mismo día a la casa en Ciudad Jardín. El animal parecía llevar por lo menos un año en cautiverio. Tenía el pelaje descolorido y un aspecto enfermizo. Desesperado, bufaba y gruñía cuando las personas se acercaban. Sus ojos caramelo miraban con aparente furia.

El equipo de rescate tardó casi una hora en meterlo en una cesta de protección para trasladarlo hasta el hogar de paso del DAGMA. En una de las fotos que le tomaron ese día, se encuentra parado en su estrecha jaula con los ojos entrecerrados. En medio de la oscuridad, se adivinan las negras cadenetas en forma de cuatro dedos que marcan su flanco derecho.

Los compañeros de encierro

Cuando recibieron al nuevo, el ocelote residente más antiguo a cargo del DAGMA era Tontín, un félido que había llegado de cachorro en 2017 y se había criado en las jaulas y pasillos arbolados del vivero donde se ubica el hogar de paso, en el norte de Cali. Se ganó su nombre a pulso: se comió una tortuga y una iguana, y atacó a otro ocelote y a una de sus cuidadoras.

Durante años trataron de reubicarlo en vano en el zoológico de la ciudad, pero este ya tenía suficientes félidos y no quería incurrir en un gasto adicional. Para octubre de 2024, cuando llegó el ocelote incautado en Ciudad Jardín, Tontín ya llevaba un tiempo enfermo y algunos de los biólogos y veterinarios estaban preocupados por su futuro.

Otros dos ocelotes en el hogar de paso eran Ernesto y Gato. Ernesto llegó en 2020. Según la mujer que lo entregó a la Policía, el animal había entrado a su casa en busca de alimento. Tenía solo un testículo, pero, en general, estaba sano. Los ocelotes macho alcanzan la madurez sexual y abandonan a sus madres alrededor de los dos años. Las hembras maduran aproximadamente al año y medio.

Ernesto no había alcanzado esa edad o, cuando menos, esa madurez. Tenía comportamientos juveniles y, por cómo buscaba a las personas era evidente que había sido la mascota de alguien. Buscaba acercarse a los humanos y jugar con ellos. En lugar de cazar y matar las presas que le dejaban en su jaula, jugaba con ellas. Nunca perdió esa actitud infantil, de acuerdo con Leidy Albino, una bióloga de 31 años que forma parte del equipo del DAGMA.

Gato llegó en 2022 y tenía una personalidad muy diferente. Cuando aún era un juvenil, las personas que lo mantenían como mascota lo llevaron a un veterinario. El profesional lo atendió, pero les dijo a los dueños que debían entregarlo. Un par de días después, llamaron al hogar de paso.

Cuando lo evaluaron, el animal pesaba apenas 3 kilogramos y estaba en pésimas condiciones. Le habían limado los colmillos y lo habían amansado. Ingresó a una cuarentena, lo desparasitaron y, poco a poco, se volvió más fuerte. No solo jugaba a cazar, sino que, contrario a Ernesto, era capaz de matar y comer pequeñas presas vivas. Creció y maduró, y conservó su instinto de cazador. En las noches, cuenta el personal del DAGMA, a Gato le gusta acechar a las personas desde su jaula. Si se acercan mucho, a veces lanza un zarpazo.

El ocelote que encontraron durante el allanamiento en el sur de la ciudad tenía características de uno y de otro, aunque estas tardaron en manifestarse. Parecía un adulto, pero su tamaño era más pequeño de lo normal. Era castrado, pesaba 8.9 kg y medía 107 centímetros desde la nariz hasta la cola. Su pelaje parecía desgastado y pálido, quizás por la falta de luz a la que había estado sometido. Sus ojos caramelo seguían a las personas con aparente desconfianza.

La veterinaria que lo valoró al ingresar calificó su estado corporal con un 2.5/5. Los exámenes de sangre dieron positivo para Bartonella, un género de bacterias que puede causar problemas cardíacos, letargia, anemia transitoria, afecciones renales, neurológicas y óseas, entre otros problemas. En los humanos, estas bacterias producen la enfermedad de rasguño de gato, que puede ocasionar ganglios linfáticos hinchados, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y pérdida de apetito. Le recetaron antibióticos, lo dejaron en cuarentena hasta que se curó y lo trasladaron a una de las jaulas.

Su recuperación estuvo dirigida por Delio Orjuela, el coordinador operativo del hogar de paso de fauna del DAGMA, y su equipo. Orjuela, un recursivo veterinario de 57 años, llegó por primera vez a la entidad en 2017. De niño, en Fresno, Tolima, grababa en casetes el audio de Naturalia, un programa de animales que se transmitió en la televisión colombiana durante casi veinte años.

Cuando se graduó de la escuela quería estudiar Zoología, pero la carrera no existía en el país. Por error, se matriculó en una licenciatura en Biología, en Cali, sin saber que el énfasis del programa no estaba en el estudio de los animales, sino en la enseñanza.

Le fue tan mal en la universidad que su padre dejó de apoyarlo económicamente, así que tuvo que rebuscarse dinero cortando césped y vendiendo enciclopedias puerta a puerta. Un día, en 1987, se cansó y fue al zoológico de la ciudad a pedir empleo.

En ese tiempo, la mayoría de los trabajadores eran campesinos, pues las labores requerían de un esfuerzo que escapaba a la mayoría de la población: cortar y acarrear más de 100 kilos de pasto para los rinocerontes, limpiar los encierros de elefantes, tapires y osos, y preparar los alimentos de centenares de aves, reptiles y mamíferos marinos.

Orjuela era flaco y no estaba acostumbrado al trabajo físico, por lo que compensó su debilidad con energía y tiempo. A los pocos meses, empezó a seguir de cerca a Jorge Alberto Gardeazabal, uno de los pioneros en la veterinaria de animales silvestres en Colombia. Aprendió lo que pudo de él hasta que se dio cuenta de que debía regresar a la universidad, esta vez a la carrera correcta.

El zoológico le prestó dinero para la matrícula a cambio de su trabajo. En 1997, se graduó de la Universidad del Tolima y regresó a tiempo completo a la capital del Valle del Cauca.

Estuvo en el Zoológico de Cali hasta 2005. Allí conoció las particularidades de delfines, leones marinos, caballos, tigres, leones, cocodrilos, loros, águilas y otros animales con los que había soñado viendo Naturalia. También vio de cerca y revisó a decenas de ocelotes. Manejarlos a veces era complicado, un rezago de su comportamiento silvestre.

Los ocelotes son cazadores oportunistas. En las noches caminan por el bosque en busca de sus presas, un listado inagotable que, dependiendo del lugar, incluye ratas, coatíes, perezosos, tamandúas, tortugas, ranas, serpientes, peces, lagartos, iguanas, pavas, aves domésticas —la principal fuente de conflictos con los humanos—, pacas, pecaríes, insectos, armadillos, venados pequeños, monos aulladores y decenas de especies de aves silvestres.

“Tienen una cola relativamente más corta que la de otros félidos pequeños, como el margay, lo que les impide moverse con la misma agilidad en las ramas de los árboles”, dice Orjuela. No obstante, son escaladores lo suficientemente buenos como para cazar monos y perezosos. Los territorios de los machos suelen cubrir el de varias hembras, así que las peleas, sobre todo en coberturas boscosas reducidas, son comunes.

En cautiverio viven cerca de 20 años, casi el doble de lo habitual en sus hábitats naturales, pues evitan enfermedades, enfrentamientos, el estrés y desgaste natural que conlleva la depredación. Al igual que otros félidos, con frecuencia pasan los días recorriendo sus jaulas de manera casi enfermiza. Sus horarios de actividad cambian y, en parte, pierden sus hábitos nocturnos para ajustarse al horario de los humanos. Si un animal termina por descuido en su jaula o si, como Babou, un día logran evadirse y disfrutar de algo de libertad, pueden llegar a atacar.

Al principio, Barto —el nombre que le pusieron al nuevo ocelote en referencia a la Bartonella, la bacteria que portaba—, era arisco y algo traicionero. Costaba manejarlo. Bufaba constantemente y lanzaba zarpazos. Poco a poco, sin embargo, se fue acostumbrando al encierro que Orjuela había diseñado.

El hogar de paso funciona dentro de una hectárea en el vivero del DAGMA, el equivalente a un poco más de una cancha de fútbol. Mensualmente, en promedio, llegan casi 400 animales, por lo que, a pesar de las maromas y esfuerzos que hace Orjuela, ni el espacio ni la financiación son suficientes.

Algunas de las jaulas de dos por dos metros se encuentran organizadas en paralelo y tienen subdivisiones entre ellas, lo que permite ampliarlas cuando la rotación de animales no es muy grande. Esos espacios privilegiados casi siempre se reservan para los félidos y los mamíferos grandes. Barto comenzó a vivir en uno de ellos al poco tiempo de llegar. Su hogar incluye una casita de madera blanca, un bidón de gasolina rojo vacío y gruesas sogas anudadas que cuelgan del techo para que juegue.

Allí se recuperó en menos de medio año con la ayuda del personal del DAGMA. Ganó casi medio kilo en el primer mes y su pelaje azafrán claro con los cuatro dedos esqueléticos se tornó bruñido. Su temperamento también cambió. Tenía una personalidad casi infantil, similar a la de Ernesto. Ese temperamento es la consecuencia de la castración temprana a la que seguramente lo sometieron, comenta Leidy Albino.

Barto aprendió a entrar a un cubil adyacente al encierro, donde es fácil manejarlo para ponerle vacunas o guardarlo mientras limpian su espacio. Lo llamaban por su nombre para que entrara y luego le daban pollo o carne en un ejemplo de condicionamiento clásico. A Orjuela no le gusta bautizarlos, pero es inevitable que alguien lo haga después de un tiempo. Hoy, cuando Albino lo llama por su nombre, Barto hace un sonido similar a un rugido y se restriega con las rejas (es más bien un gruñido ronco, pues los ocelotes en realidad no rugen, sino que maúllan, chillan, bufan y hacen otros sonidos, pero los únicos félidos que tienen la estructura en la laringe para rugir son los que pertenecen al género Panthera).

Orjuela y Albino se alegran de su progreso, aunque no saben muy bien qué va a pasar con él. Algo parecido ocurre con los demás ocelotes en el hogar de paso. En enero de 2025, Tontín tuvo que ser sacrificado. Tenía una patología renal crónica y pancreatitis, pero, más allá de eso, ningún zoológico o refugio había querido recibirlo en casi siete años.

Al igual que ocurre con los jaguares, rehabilitar a un ocelote que ha sido una mascota o que ha tenido contacto estrecho con humanos es prácticamente imposible, según comenta Diana Stasiukynas, coordinadora de Ciencias de la organización Panthera en Colombia. Se han liberado algunos, pero nadie sabe muy bien qué ha ocurrido con ellos, ya que es muy costoso ponerles collares. En ese sentido, no se puede decir que esas liberaciones hayan sido exitosas.

La rehabilitación de ocelotes suele ser difícil, por un lado, porque es necesario que aprendan a cazar, pues en la mayoría de los casos sus madres nunca les pudieron enseñar. Barto, por ejemplo, no sabe matar. Una vez le pusieron una codorniz en la jaula y jugaba con ella, la golpeaba con las almohadillas de sus patas y la perseguía, pero no la mataba. La tuvieron que sacar, sacrificarla y luego dársela para que se la comiera. El instinto de algunos puede sobreponerse, pero entrenarlos es un proceso costoso y los organismos ambientales a veces son reacios a otorgar permisos para darles presas vivas.

Por otro lado, y esto es quizás lo más difícil en opinión de Orjuela, deben aprender a temer nuevamente a las personas. Esto rara vez ocurre, pues los animales asocian a los humanos con su comida y, por lo tanto, los buscan. Cuando los liberan en un lugar silvestre, los ocelotes de cautiverio suelen acercarse a las personas, por lo que los pueden matar por miedo o por retaliación. En el mejor de los casos, alguien llamará otra vez a las autoridades para que se los vuelvan a llevar.

Los expertos consideran que salvo casos extraordinarios, los ocelotes traficados no pueden liberarse. Debido a ello, el mejor escenario para estos félidos es terminar en un zoológico o en un refugio de vida silvestre. Pero en Colombia, ni los unos ni los otros dan abasto. La mayoría ya tienen parejas de ocelotes exhibidos o pocos recursos para alimentar nuevos carnívoros. En un lugar como el hogar de paso del DAGMA, donde los recursos y el espacio son limitados, esto a veces significa que Orjuela debe tomar decisiones sobre la vida y la muerte de los animales.

Desde que fueron decomisados, el DAGMA ha ofrecido sin éxito a Ernesto, a Gato y a Barto a zoológicos y refugios. Lo más probable es que los diez o quince años de vida que le quedan a Barto en cautiverio se reduzcan, excepto contadas ocasiones, a los 16 metros cuadrados enriquecidos con cuerdas, bidones, maderas y otros elementos donde hoy se entretiene observando a los animales que ocasionalmente pasan frente a su encierro. E incluso ese futuro es incierto.

Los hombres hablan

Barto mira a través de las rejas hacia la malla sombra, pero no hay nada. El cangrejo se resiste a volver. Da vueltas y vueltas por su encierro, pero el crustáceo se ha ido. Entra a su casa de madera blanca, se acuesta y, de inmediato, sale de nuevo. Al otro lado de la reja, ahora hay un hombre desconocido. Lo observa con sus ojos caramelo y bufa antes de caminar hasta una placa metálica reforzada que lo separa de la jaula de otro ocelote.

La tarde del 25 de marzo, Barto percibió la presencia del otro félido y se acercó a la placa. El otro, Ernesto, hizo lo mismo. Apretaron, golpearon y de alguna manera hicieron fuerza hasta que el metal se dobló y se creó una apertura. En ese momento, Barto lo tuvo frente a frente por primera vez.

Se abalanzó sobre su cuerpo y lucharon hasta que Ernesto atrapó su pata delantera izquierda. Intentó liberarla de sus fauces, pero lo mordió con más fuerza. Sintió cómo los colmillos raspaban su piel y cercenaban la división entre dos de sus dedos. Ernesto sostuvo su pata allí, la sangre corriendo por la herida, hasta que una mujer y un hombre los separaron con agua. Tuvieron que suturarlo, reconstruir la parte interdigital y cogerle cinco puntos. Luego fortalecieron la división entre las dos jaulas, para evitar que volvieran a pelearse.

Barto pasea por su pequeño y delimitado hogar. Se acerca un poco a un hombre nuevo y desconocido que sostiene una cámara fotográfica en sus manos. Lo observa, se aburre y se aleja hacia la placa. Fuera de su encierro, el mono aullador dejó de gruñir, pero los capuchinos continúan gritando. Lo mismo las loras y las guacamayas, que rara vez se detienen. Sus chillidos y cantos hacen parte del trasfondo de la vida de Barto, al igual que las máquinas lejanas, el estallido ocasional de la pólvora y las voces insistentes de las personas. Se acuesta en su casa mientras el hombre nuevo (el periodista) y el hombre que ya conoce (Delio Orjuela) hablan y hablan:

—Es lamentable dejar que se envejezca en cautiverio… aquí tuvimos uno que era más pequeño [que Barto] cuando llegué en 2017. Nunca lo pudimos reubicar y murió hace cuatro meses…

—¿Ese fue…?

—Hubo que hacer la eutanasia [a Tontín] después de siete años en cautiverio. Le buscamos espacio en zoológicos y nunca le conseguimos… El otro ocelote [Ernesto] casi le arranca la mano al vecino. Ellos son implacables. Si uno les da la oportunidad…

—¿Rompió la lámina? ¿Por qué?

—Porque esa es una de las cosas que la gente no entiende. Muchas veces no es estar vivo, no es respirar, es calidad de vida. Entonces, para uno de ellos saber que hay otro como él al lado, eso no está bien. El asunto es que nosotros en los centros de atención de fauna, pues hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos… Yo insisto en que la fauna visibiliza a la autoridad ambiental. La autoridad ambiental puede hacer lo que quiera con ruido, con contaminación del río o del aire, pero eso no se nota como se nota el maltrato a un animal. Esto es viral, lo que le pasa a un animal se vuelve viral… Yo sostengo que se debe invertir más en estos animales porque ellos finalmente son la imagen de la autoridad…

—¿Cuánto tiempo le van a dar a Barto, por ejemplo?

—Mira, al que murió hace cuatro meses, le dimos más de siete años. Somos muy pragmáticos. Esto al final es como una guerra. Tengo que pensar en qué puedo salvar… Sabemos de la bondad que hay en cada persona y en el corazón de todo el equipo, sabemos que todos han querido salvarlos. Pero si se llega a la situación [de decidir sobre el destino de un animal], va a tocar elegir, y pues no nos vamos a detener, porque tomamos decisiones de esa clase todos los días… Nos toca.

*Este texto forma parte de una alianza entre Mongabay Latam y Casa Macondo.

**Imagen principal: Barto, un ocelote rescatado en una vivienda en Colombia, en 2024, se aferra a los alambres de su jaula en el hogar de paso del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, en la ciudad de Cali. Foto: Santiago Wills

El artículo original fue publicado por Santiago Wills en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

En un centro de rescate de Iquitos, al norte de la Amazonía peruana, vive Otto, un viejo jaguar (Panthera onca) que durante 13 años estuvo encerrado en una pequeña jaula de cemento. Era parte de la “colección privada” de un político regional de Perú que lo mantenía cautivo en una de sus propiedades, junto a otros animales silvestres. En marzo de 2024, cuando pudieron rescatarlo, los veterinarios notaron que estaba en muy mal estado: no podía levantarse, pesaba tan solo 50 kilogramos, estaba deshidratado, le habían arrancado las garras, le habían quitado los colmillos y cortado las orejas.

Ahora, más de un año después, su condición ha mejorado. Pesa 90 kilogramos y aunque ya camina con dificultad recostándose en las paredes, ha perdido todas sus habilidades de jaguar. No puede saltar, trepar, nadar, cazar ni recorrer largas distancias. Aunque está en mejores condiciones, tendrá que continuar su vida en cautiverio, acompañado por Orita, una jaguar hembra rescatada luego de que a su madre la mataran unos agricultores, y por Togos, un ocelote que durante tres años fue criado por una familia como “mascota” —con juguetes, cama y casa de madera— hasta que reaccionó instintivamente y lastimó a uno de ellos. Aunque parecen casos excepcionales, historias como estas se repiten a lo largo de toda Latinoamérica.

Desde las zonas altas de Los Andes, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, hasta las vastas selvas tropicales, bosques secos, manglares, humedales y desiertos, América Latina es habitada por una gran diversidad de gatos silvestres con características únicas. El jaguar —el félido más grande del continente americano— y el puma (Puma concolor) —un animal hábil que se adapta con facilidad a condiciones muy distintas desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile— suelen ser los más conocidos. Pero, junto con ellos, otra decena de gatos silvestres medianos y pequeños recorren la región.

Se conoce que, de las 38 especies de félidos registradas en el mundo actualmente, al menos una tercera parte se encuentra en Latinoamérica. Hay algunos manchados, como el ocelote (Leopardus pardalis), el tercero más grande de la región, que se mueve principalmente por bosques y selvas tropicales; o el margay (Leopardus wiedii), un gato pequeño que trepa árboles con agilidad y que tiene una cola más larga que su cuerpo.

Hay otros más extraños, como el yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), que por su cuerpo alargado, y su cabeza pequeña, se asemeja más a una nutria o a una comadreja que a un félido. Bien al norte está el lince rojo (Lynx rufus), también conocido como gato montés, un gato mediano de orejas puntiagudas que se mueve entre las zonas frías y áridas del sur de Canadá hasta Oaxaca, en el sur de México.

Su diversidad y su belleza los han llevado a ser víctimas de una amenaza difícil de enfrentar: el tráfico de fauna. Los sacan de sus hábitats —donde cumplen funciones clave para la salud de los ecosistemas— para adornar salas como “trofeos”, para hacer collares, carteras o correas con sus garras, cráneos, colmillos y pieles, e incluso se comercializan vivos ilegalmente para convertirlos en “mascotas”. Claro que, en palabras de Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés), “por muy lindos que parezcan, realmente no son muy buenas mascotas… su caca huele terrible. Realmente espantoso. Si lo supieran, se les quitaría esa idea absurda de tenerlos en la casa”.

Aunque el tráfico de fauna es considerado un delito en la mayoría de los países de América Latina, aún se sabe muy poco sobre su magnitud, sus impactos y su verdadero alcance. Como señala José Fernando González-Maya, director científico del Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras (ProCAT) y copresidente del Grupo de Especialistas en Pequeños Carnívoros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es una problemática desatendida y subdimensionada. “Aunque tenemos indicios, datos y algunas sospechas de cómo funciona, apenas estamos rasguñando la superficie. Las estimaciones sobre los datos de incautaciones son una mínima parte de lo que realmente se está traficando”, asegura.

Países como Colombia, México, Argentina y Guatemala, por ejemplo, no cuentan con estadísticas nacionales detalladas ni desglosadas por especie. Y la mayor parte del comercio ilegal de fauna sigue ocurriendo sin ser detectado ni sancionado. “Esta ha sido, es y seguirá siendo una de las amenazas más críticas sobre la biodiversidad”, insiste González-Maya, quien también es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En el “mejor” de los casos, algunos gatos silvestres logran ser rescatados. Pero, ¿qué ocurre después? Mongabay Latam siguió de cerca seis historias de félidos rescatados en seis países de la región. A pesar de los enormes esfuerzos y la buena voluntad de veterinarios, centros de rescate y conservacionistas, el panorama no es bueno: en la gran mayoría de los casos, salir de su hábitat natural es una condena a muerte o a una vida en cautiverio para estos carnívoros.

Mascotas que no son mascotas

En octubre de 2024, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia llegaron hasta una vivienda en un lujoso barrio residencial de la ciudad de Cali. Tenían que hacer efectiva una orden de captura relacionada con armas y tráfico de drogas, pero durante el allanamiento escucharon un sonido extraño. En una jaula oscura, con doble enmallado, hallaron un ocelote: el tercer felino más grande del país y —según el libro Felinos de Colombia— el que con mayor frecuencia se tiene de forma ilegal en cautiverio como mascota. El animal, que parecía llevar por lo menos un año encerrado, tenía el pelaje desgastado y pálido y lucía enfermo.

En México, Mitsuo —un lince rojo rescatado— pasó su primer año en libertad, pero luego fue capturado por personas que quisieron tenerlo como si se tratara de un “gato doméstico”. Para disminuir el peligro que significaba mantenerlo en casa, intentaron quitarle sus colmillos y, durante el proceso, el lince casi muere de una hemorragia. Sora, otra lince, fue sacada de su madriguera cuando estaba recién nacida para ser ofrecida como mascota en redes sociales. Aunque intentaron rehabilitarla, no pudo ser liberada. Según datos compartidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), desde 2015 hasta principios de 2025, la Procuraduría General ha incautado 59 ejemplares de lince rojo en ese país.

“Los gatos silvestres no son animales que se alimenten de plantas, que no se esconden ni huyen. Todo lo contrario. Necesitan aprender a cazar, a matar y a comer. Y lo hacen mientras su madre los protege de los extraños”, asegura Jim Sanderson, director de SWCCF. Por eso, cuando se rescatan crías que fueron separadas de su madre —de la que aprenden todo hasta casi los dos años— es muy difícil que desarrollen esas habilidades. “Sin madre, sin práctica de caza, sin experiencia, es difícil que sobrevivan por su cuenta”, dice.

Además, como explica González-Maya, de ProCAT, “un individuo que es víctima de tráfico es un individuo que ya está ‘improntado’”, un término que se usa para describir la vinculación y dependencia del animal con el ser humano. En palabras sencillas, empiezan a asociar al humano como “el que les trae comida” y no aprenden a cazar. Por más tiempo, recursos y esfuerzos técnicos que se inviertan, es una tendencia casi imposible de reparar, lo que reduce al mínimo sus posibilidades de volver a la vida silvestre, comenta el especialista.

Cazar —dice Esteban Payán, doctor en biología, experto en félidos y fundador de la consultora Boutique Carbon— es muy difícil. “Imagina que cada vez que te da hambre tienes que entrar en una pelea para poder comer. No solo es desgastante, sino que también es peligroso, porque las presas tienen sus mecanismos de defensa evolutivos, como cuernos, cascos, dientes, velocidad, patadas, etc.”, afirma. “Para los felinos, alimentarse implica esforzarse y, si no saben hacerlo, quedan heridos o están condenados a morir de hambre”, insiste. Por eso, la gran mayoría de félidos rescatados deben permanecer el resto de su vida en cautiverio.

Sanderson recuerda un caso que ilustra mejor la situación. En un centro de rescate de Ecuador —comenta— intentaron rehabilitar durante más de un año a una cría de ocelote, pero, desafortunadamente, el animal se acostumbró a que la gente lo alimentara y al sabor del pollo. Cuando lo liberaron desconocía por completo su entorno, no sabía cazar y, probablemente, no pudo encontrar ninguna presa. Entonces empezó a morir de hambre y se acercó a la gente. “Vio un pollo suelto y lo atrapó. Los pobladores lo vieron y lo mataron al instante. Es un caso lamentable. Un año en un centro de rescate, dos semanas libre y luego muerto”, dice Sanderson, quien agrega que “pese a las buenas intenciones de rehabilitación y liberación, esto es algo que sucede todo el tiempo”.

Con un reto extra: gran parte de las liberaciones o reintroducciones que se hacen en América Latina no incluyen un seguimiento a través de collar con GPS o cámaras trampa de los individuos, por lo que —a diferencia del caso de Ecuador—, nunca se sabe realmente qué pasó con ellos.

Tráfico, una amenaza común

El tráfico de félidos adopta distintas formas y varias de ellas pueden observarse en torno a la caza (legal e ilegal) en Argentina. Los pumas atraviesan una situación ambigua en este país sudamericano: aunque están recuperando territorios donde llevaban décadas desaparecidos, la falta de cifras impide tener certezas sobre la cantidad y la densidad de la población existente.

En el país existen criaderos ocultos donde cachorros de diferentes especies —pero especialmente de puma— crecen en condiciones deplorables para luego ser vendidos a cotos (terrenos) de caza ilegal. Algunos ejemplares son criados en cautiverio y otros son extraídos ilegalmente de la naturaleza. Los cazadores, por lo general extranjeros, pagan altos precios por participar en lo que se conoce popularmente como “cazas enlatadas”, en las que se les garantiza que tendrán a su disposición el animal que buscan para dispararle y llevarse “el trofeo” —también ilegalmente— a casa.

Como explica Kai Pacha, fundadora de Pumakawa —un centro de rescate en la provincia de Córdoba al que han llegado varios de los pumas incautados—, para que puedan cazarlos fácilmente, los animales son encerrados en pequeñas jaulas, les lastiman las patas y los mantienen deshidratados durante mucho tiempo para que, al dejarlos salir, se muevan en la dirección que sus captores esperan: hacia el agua.

“Las pésimas condiciones en la que se desarrollan en esos criaderos les hace perder las cualidades que les permiten ser depredadores tope cuando se mueven en libertad”, agrega Carina Righi, investigadora de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina. Por lo que es prácticamente imposible que vuelvan a la vida silvestre. Además, tampoco se sabe, a ciencia cierta, el número anual de ejemplares cazados.

La escasez de datos es un rasgo común de la región. Mongabay Latam solicitó a 40 autoridades ambientales, judiciales y policiales de Argentina, Colombia, México, Guatemala y Perú las cifras oficiales sobre incautaciones y rescates de félidos (vivos, muertos o sus partes) a nivel nacional. Solo Perú cuenta con una base de datos de incautaciones a nivel nacional, donde además detalla el nombre de la especie y, en algunos casos, el destino donde llegó el ejemplar. El resto solo cuenta con información parcial, por lo que una mirada general (pero subestimada) sobre el tráfico de félidos en estos países podría verse de la siguiente manera.

En Argentina, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación (antes Ministerio de Ambiente) informó que, entre 2017 y 2024, el animal más traficado en el país fue el puma, con 167 incautaciones. La mayoría eran “trofeos de caza” conformados por cráneos, pieles y garras, pero también se rescataron 20 ejemplares vivos que iban destinados a “surtir” cotos de caza.

El informe aclara que los datos “incluyen sólo las incautaciones efectuadas por el área de fiscalización de fauna del Estado Nacional” y que no existe en el país una base de datos sistematizada que recopile todo lo relacionado al tráfico de fauna, así que las operaciones que las provincias hayan realizado por su cuenta no figuran en el resumen general.

En Guatemala, las estadísticas solo reportan las incautaciones de grandes grupos de vertebrados, es decir que desde 2010 a 2025 las autoridades tienen registro de 790 incautaciones de mamíferos silvestres, pero no se sabe cuántos de estos son félidos.

En México, el tercer país más grande de la región y fronterizo con Estados Unidos —país con el mayor número de decomisos de partes de jaguar entre 2000 y 2018, según las Naciones Unidas— las cifras de incautaciones de félidos a nivel nacional son desproporcionadamente bajas. Según la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a una solicitud de información, entre 2015 y 2024 se incautaron 12 subproductos de jaguar (piel, cráneos y especímenes completos), dos piezas de lince, una piel de ocelote y seis piezas de subproductos de puma. Además, aseguraron que no tenían estadísticas o registro de félidos traficados en redes sociales.

Sin embargo, un estudio publicado en enero de 2025 en la revista Animal Conservation evidenció que en ese país, solo a través de redes sociales y plataformas de internet, se vendieron entre 2011 y 2022 las partes de 68 jaguares y 34 pumas; y se ofrecieron los colmillos de al menos siete ocelotes, así como las pieles de siete linces y tres margays. Las publicaciones analizadas también sugieren que al menos 15 jaguares, cinco ocelotes y tres linces vivos fueron ofrecidos como mascotas.

“Estas diferencias hacen que sea especialmente difícil determinar, a partir de la información fragmentada y limitada disponible actualmente, si el comercio ilegal está aumentando o no”, señala un informe publicado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) sobre el tráfico del jaguar, en 2021. Esto muestra la gravedad del delito y la dificultad para obtener información confiable, ya que el resto de gatos silvestres son mucho menos investigados y estudiados que el jaguar.

En Colombia tampoco hay información que reúna las incautaciones o rescates realizados por las autoridades nacionales, la Policía, las 33 Corporaciones Autónomas —autoridades ambientales territoriales— y las secretarías de ambiente distritales de las principales ciudades. El Ministerio de Ambiente respondió que actualmente se encuentra en una “fase de recopilación, organización y análisis de insumos proporcionados por las autoridades ambientales regionales”, por lo que, por ahora, no hay un estimado de las cifras a nivel nacional.

Una base de datos realizada para esta investigación muestra, sin embargo, la escala del problema. Si solo hablamos de ocelotes, como el que fue incautado a finales del año pasado en Cali, desde 2010 se han decomisado más de 340 de estos animales, entre ejemplares vivos y muertos, según la información de cada una de las corporaciones autónomas y secretarías distritales, obtenida vía transparencia. La mayoría vivían en hogares como mascotas.

De todos los países analizados para este especial, Perú es el único que lleva un registro a nivel nacional sobre incautaciones y decomisos de félidos. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó a Mongabay Latam que, entre 2014 y 2024, el país registró la incautación de 591 especímenes de félidos (entre los que se incluyen partes, productos y animales vivos o muertos). De estos, 183 eran ejemplares vivos de nueve especies: el ocelote era el más incautado (42 ejemplares), seguido por el margay (33), y el puma y el yaguarundí (con 27 cada uno). Además, se incautaron 128 pieles, 124 colmillos, 51 garras y 22 cráneos.

“Todavía nos hace falta entender la magnitud del tráfico de fauna y, en especial, de los félidos. Y los gobiernos de la región deberían prestar mucha más atención a esto. No es posible que todavía estén saliendo tigrillos —o cualquier especie de gato silvestre— por un aeropuerto o una terminal de buses”, insiste el experto González-Maya.

Falta de información y de protocolos

A un centro de rescate que se encuentra en el departamento de Petén, en Guatemala, llegó en 2024 un yaguarundí. Es uno de los nueve que ha recibido el lugar desde 2012 y que han sido entregados por la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Las autoridades lo encontraron a más de 400 kilómetros de distancia, en la ciudad capital. Sin embargo, al centro no le entregaron muchos detalles sobre cómo llegó, dónde fue incautado, en qué condiciones estaba, o si lo recuperaron de una casa o del monte. Esa historia desconocida es un reto más en los difíciles procesos de evaluación y posible rehabilitación. Además, no saber de dónde vienen los animales y cuáles son sus “costumbres” puede generar nuevos problemas.

Los gatos silvestres rescatados, dice el copresidente del Grupo de Especialistas en Pequeños Carnívoros, son “una papa caliente”. “Lo que suele ocurrir —explica— es que las autoridades necesitan darle al animal una disposición rápida. ¿Por qué? Porque una liberación adecuada, que cumpla con los estándares y protocolos necesarios, es extremadamente costosa, de largo plazo y tiene muy pocas probabilidades de éxito”. Esto, sin mencionar que los pocos centros de rescate en la región ya no dan abasto, que los recursos y el espacio son limitados y que reciben nuevos animales constantemente.

Payán coincide: “Son animales que pueden vivir 15 años y hay que alimentarlos con enormes cantidades de carne costosa; que no se pueden tener en jaulas de 2×2 metros porque se estresan y se lastiman intentando salir de ahí, y hay muy pocos refugios habilitados —o con cupos disponibles para recibir más animales— que cumplan con todos esos requisitos”.

La falta de información y de protocolos, señalan los expertos, conducen a liberaciones inadecuadas que pueden acarrear otros problemas sanitarios y genéticos. Los jaguares del Chocó biogeográfico, por ejemplo, no son iguales a los de Centroamérica o a los de la Amazonía. Pese a que son de la misma especie, sus poblaciones tienen diferencias genéticas. “Si liberamos un ejemplar en una zona que no es la de su población, estamos alterando esa composición genética que lleva siglos evolucionando. Y si, además, no se hizo un trabajo juicioso para saber si el individuo estaba enfermo, ponemos en riesgo a los que se encuentran en estado silvestre”, dice Payán.

Si hablamos de conservación, agregan los investigadores, el objetivo es proteger a las poblaciones de la especie en estado silvestre, con su composición genética y salud, y no ponerlas en riesgo por el bienestar de un individuo. Además, puede haber otros agravantes: si se reubica a un animal que estaba comiendo ganado o aves de corral, se está trasladando el problema a una comunidad humana que no necesariamente lo tenía. “Y así seguimos dañando la imagen de la especie, a pesar de que sabemos que podemos convivir con ellos”, insiste Payán.

¿Cómo cambiarlo? Para González-Maya está pendiente un tema urgente: la regulación. “Tiene que haber una reglamentación clara sobre los mínimos que deben tener las autoridades ambientales o los centros de rehabilitación para atender y procesar estos casos. Que desde un punto de vista netamente veterinario y técnico se cree un protocolo que permita evaluar el estado en el que llegan para definir el destino final de estos animales, ya sea su liberación o permanecer en cautiverio o, cuando sea inevitable, la eutanasia”, dice.

Si es un animal recién capturado del monte, que está lastimado, pero que no ha tenido contacto con humanos y se puede rehabilitar en el corto plazo, aumentan las posibilidades de una liberación, comenta González-Maya. “Pero —agrega— los que tenían al gatito de meses, es claro que va a terminar en cautiverio”.

Como hasta ahora no existe en la región un protocolo con ese nivel de detalle, la rehabilitación y la posibilidad de liberación se vuelve un tema “subjetivo”. Por eso, para los expertos, las liberaciones no son necesariamente “casos exitosos”. “Son muy pocos los animales que han sido liberados con collares para monitorearlos, por lo que no se sabe qué ocurrió con ellos”, dice Payán. ¿Pudieron volver a cazar? ¿Murieron al enfrentarse con otro ejemplar por un territorio? ¿Fueron cazados? ¿Los mataron por comerse una gallina? ¿Se enfermaron?

“Sí hay formas de hacer reintroducciones exitosas, pero eso requiere muchos procesos que en la actualidad no se están haciendo, empezando por monitorear y por medir”, insiste el experto.

Xamã, uno de los pocos casos de éxito

En Brasil, gracias al trabajo de la organización Onçafari y al apoyo de la organización World Animal Protection, se encuentra uno de los pocos casos que son ejemplo en la región: Xamã, que fue rescatado cuando tenía tan solo dos meses, se convirtió en el primer jaguar macho en ser reintroducido con éxito en el bioma amazónico.

Aunque Brasil también se enfrenta a la caza ilegal de jaguares, el comercio ilegal de partes de félidos y venta de gatos silvestres para colecciones privadas, Xamã no fue víctima de tráfico. En 2022, cuando era un cachorro, tuvo que enfrentarse a los devastadores incendios que se extendieron en el estado de Mato Grosso, en el arco de deforestación amazónico, donde avanza con fuerza la agroindustria. Se sospecha que su madre fue víctima del incendio o que perdió al cachorro mientras intentaba huir de las llamas, por lo que Xamã fue encontrado solo, desnutrido, deshidratado y débil.

Desde entonces empezó una tarea titánica para ayudarlo a recuperarse. Pero, para dar el primer paso, dos aspectos fueron claves: que a pesar de su cansancio temporal gozaba de buena salud y que era extremadamente reacio a los humanos. Con eso, los expertos confiaron en que podría ser un buen candidato para una posible reintroducción en la naturaleza. Sin embargo, nada estaba garantizado.

El proceso duró casi dos años. Después de pasar cinco meses en el hospital veterinario de Sinop, en Mato Grosso, el félido estuvo en condiciones de viajar más de 700 kilómetros por tierra para llegar al enorme recinto de rehabilitación de Onçafari, con 15 mil metros cuadrados, en la mitad del bosque amazónico.

Poco a poco aprendió a alimentarse por sí mismo y dejó de ser sumiso con los jaguares libres que paseaban al otro lado de la reja. Hacía respetar su territorio con actitudes desafiantes. Fue entonces cuando, en octubre de 2024, la puerta del refugio se abrió finalmente para que, cuando quisiera, saliera a la selva, una técnica conocida como soft release. Xamã tardó 12 horas en dejar el resguardo y nunca más volvió.

A partir de entonces es monitoreado por un collar GPS que emite su ubicación 12 veces al día. En estos meses no solo se ha mantenido vivo, sino que se ha desplazado por más de 43 mil hectáreas. Por eso los biólogos, veterinarios y conservacionistas consideran que, hasta ahora, ha sido un caso exitoso. Lograrlo, sin embargo, implicó la participación de decenas de  profesionales, tiempo, espacio y mucho dinero. Según Júlia Trevisan, bióloga y coordinadora de vida silvestre de World Animal Protection, el proceso de rehabilitación hasta la liberación fue posible gracias a una inversión de entre 140 mil y 180 mil dólares, unas cifras difíciles de lograr para cada individuo rescatado.

Ahora, en libertad, Xamã se enfrenta a otras amenazas. Los jaguares han sufrido una pérdida de casi el 38 % de su hábitat en Brasil e importantes disminuciones de sus poblaciones en todo su rango de distribución. Según el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta especie está clasificada como Vulnerable en el país, pero en algunas zonas las poblaciones han sido evaluadas como En Peligro o En Peligro Crítico de extinción, debido a su aislamiento, protección deficiente o la poca cantidad de ejemplares.

Jim Sanderson, sin embargo, cree en un futuro prometedor: “Lo que nos da realmente esperanza es saber que la naturaleza puede responder muy rápido, que las poblaciones de estos félidos pueden recuperarse. Pero esto solo es posible si les damos la oportunidad”.

Imagen principal: Ilustración de Alma Ríos

REFERENCIAS

CITES. (2021). Estudio de CITES sobre el comercio ilegal de jaguares. Secretaría de la CITES. https://cites.org/sites/default/files/articles/CITES_Study_on_Illegal_Trade_in_Jaguars_ESP.pdf

CITES (2022). Informe mundial sobre el comercio de fauna y flora silvestres. Ginebra (Suiza) https://cites.org/sites/default/files/common/docs/S-World_Wildlife_Trade_Report_CITES.pdf

De la Torre, J.A.; Duchez, K.; Radachowsky, J. Characterization and Extent of Illegal Trade in Jaguars and Other Felid Species via Social Media in Mexico. Anim. Conserv. 2025, https://doi.org/10.1111/acv.70001.

Payán Garrido, E. y Soto Vargas, C. 2012. Los Felinos de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Panthera Colombia. 48 pp. https://naturalia.me/wp-content/uploads/2013/12/los-felinos-colombia-2012.pdf

Ruiz-Tagle, M.N., Sosnowski, M., Barthuly, B., Petrossian, G.A. 2022. Tráfico Ilegal de Cinco Especies del Apéndice I de CITES Emblemáticas para la Región Amazónica. Informe técnico preparado para el Proyecto Bioamazonía. Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Brasil. Disponible en: https://ora.otca.org/wp-content/uploads/2022/10/ORA_Informe-Tecnico-Trafico-Especies-CITES_jul2022_ESP.pdf

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Primero que todo, cuéntenos ¿Quién es Jefferson Mena?; ¿Qué lo motiva en la vida? Y sobre todo, ¿cómo llega a escribir un libro con una propuesta que más parece de un candidato que de una persona que se interesa por el servicio público?

Jefferson Mena Sánchez: Pues Oscar, la verdad es que a mí siempre me ha costado hablar de mí mismo. Entonces, si yo le pudiera resumir quién soy, se lo diría de la siguiente manera: un devoto cristiano; un esposo enamorado; un padre que busca ser ejemplo y soy un servidor público.

El objetivo de mi vida es servirle a la gente, es lo que he hecho en los últimos 30 años de mi vida. Y a pesar de que el libro parezca como una plataforma de lanzamiento, que no lo es porque nunca he sido candidato y nunca seré candidato a absolutamente nada, no me llama la atención eso a pesar de las ofertas que me han hecho.

Una nueva estrategia para el Pacífico colombiano es un libro que busca aportarle al país en el sentido de darle respuesta a uno de los grandes problemas que tiene una de las regiones que es el Pacífico colombiano. Y lo hago con toda convicción y compromiso porque esa es mi tierra, esa es mi gente, esa es mi raza. Eso me identifica, me define y creo que flaco favor yo haría si no aprovechar escenarios que Dios me da para tratar de aportar a que la gente en el Pacífico viva mejor.

¿Cómo hará para que eso que usted plantea puede llevarse a la práctica? Porque hacer un libro, por difícil que suene, es fácil, lo realmente complicado es hacer esas propuestas realidad, mucho si no se es el ejecutor o no se hace parte del poder que debe concretarlas.

Jefferson Mena Sánchez: Tenemos que entender varias cosas sobre lo que pasa con regiones como el Pacífico y la primera es que Colombia tiene seis regiones. De las seis regiones, el Producto Interno Bruto es aportado por tres de ellas. Bogotá, que pone algo así como el 25% del PIB nacional. La región Caribe, que aporta algo así como el 20% del PIB nacional. Y la región Andina, que aporta otro tanto. Y el Pacífico, de acuerdo a lo que se encuentra en el Departamento Nacional de Planeación, aporta algo así como el 17%. Entonces, una mirada cercana lo que dice es, bueno, pero no está tan mal el Pacífico. Sí, pero es que usted, cuando ve ese 17%, está calculando también Cali. Y Cali no es Pacífico. Pero cuando usted saca Cali de la ecuación, usted encuentra una región que aporta menos del 1% al PIB nacional.

El Pacífico es una región donde se ven reflejadas todos los vejámenes de este país. La violencia, la pobreza, la pobreza extrema, las necesidades básicas insatisfechas, la falta de infraestructura, etc. Yo creo que lo que a Colombia le ha faltado, que han tenido otros países como Chile, Ecuador y Perú, que lo establezco también en el libro, es una falta de visión, ambición. Ambición de crecer más para que la gente viva mejor, para que la gente tenga más platica en el bolsillo.

Esa falta de ambición ha llevado a que tengamos a un país de espaldas a las regiones con tantas potencialidades como el Pacífico donde está la mayor tasa de desempleo de este país, la mayor tasa de pobreza y la mayor tasa de miseria. Y eso no se soluciona como lo hemos venido solucionando en los últimos 70 años o en los últimos 100 años, a punto de subsidios. Se soluciona con desarrollo económico para que se dé el crecimiento económico.

Cuando usted tiene desarrollo económico, usted tiene empleo, usted tiene mejores tasas de recursos para pagarle a la gente; usted tiene mejores condiciones de vida. Y cuando usted tiene crecimiento económico, usted ya tiene una región industrializada.

Llevamos más de 50 años tratando de hacerlo y no lo hemos logrado ¿cómo hacer para que esto suceda sin que suene a fórmula mágica?

Jefferson Mena Sánchez: Lo que yo estoy planteando en el libro son proyectos realizables, que necesitan de una visión inteligente de un Gobierno y la decisión inteligente de un presidente o presidenta de la república, que mire en el Pacífico un potencial para que el país crezca más.

Sí Jefferson no está en el poder que toma las decisiones -bien sea en lo local o nacional-, estas ideas se van a quedar en la biblioteca de algún colegio, de alguna universidad o de alguna institución del Estado. Insisto en mi pregunta, ¿cómo va a ser Jefferson para que eso no se quede en el papel?

Jefferson Mena Sánchez: En primer lugar, socializándolo con todos los que serán actores políticos en las próximas elecciones, buscando que se comprometan con esta visión de desarrollo económico del Pacífico colombiano, sin distinción de colores, sin distinción de ideologías, simplemente con la convicción de que tenemos que ser responsables con una región que es la más pobre del país.

En segundo lugar, no por el hecho de que yo no vaya a ser candidato, quiere decir que no esté interesado en aportar y en ayudar desde un cargo público. He sido funcionario público toda la vida, me encanta ser funcionario público, me encanta trabajar por la gente, yo soy un servidor público, yo le sirvo a la gente y yo aspiro que, con la socialización de estas ideas, haciéndole caer en cuenta a todos los candidatos de lo importante que es y de las ventajas que puede representar para el gobierno que ellos van a ejercer y para el país, se puede llevar a la práctica todo lo que en el libro se dice.

¿Ha tenido la oportunidad de reunirse con los presidenciables y ¿ellos sí lo están escuchando?

Jefferson Mena Sánchez: Me he reunido con la gran mayoría y les gusta la idea. Ahora, el reto es que lo pongan en letras mayúsculas en sus programas y se pongan como meta, desarrollarlo.

Nota recomendada: Las consecuencias de los insultos y agravios políticos

¿Cómo hacemos para que se industrialice el Pacífico y que ese desarrollo económico llegue, sin que acabe con la selva, por ejemplo, del Chocó, donde hay especies únicas?

Jefferson Mena Sánchez: Colombia tiene una visión equivocada de lo que significa el desarrollo porque cree o considera que no puede ir de la mano de la conservación del medio ambiente. Esa es una teoría que está reevaluada hace muchos años en el mundo.

Le pongo un ejemplo, Vancouver, Canadá. Vancouver, Canadá, tiene el puerto más importante de todo este país, que es el segundo más extenso del mundo en el Pacífico. Lo maneja una empresa que se llama Port Canada. Maneja 3 millones de containers al día. Imagínense, 3 millones de containers al día. Y es totalmente amigable con el medio ambiente.

No necesariamente tiene que ser o desarrollo o conservacionismo, que es lo que ha matado al Pacífico colombiano. Eso de decir: no, no desarrollemos nada en el Pacífico porque es más importante el medio ambiente. No señor, es más importante la gente. Es más importante que los niños no se nos mueran de hambre. Es más importante que la gente pueda comer 3 veces al día. Es más importante que la gente pueda vivir bien. Pero también es importante que, desarrollando esas potencialidades, nosotros podamos conservar y aprovecharnos de ese medio ambiente para generar riqueza.

Desde hace muchos años, se han venido presentando una serie de enfermedades que el mundo pensaba que ya estaban superadas. Y esas enfermedades casi todas se están presentando por el calentamiento global. Son enfermedades tropicales. Imagínense ustedes que nosotros, teniendo la segunda zona más biodiversa del mundo, que está en el Pacífico colombiano, hagamos de ese Pacífico colombiano un laboratorio y hagamos convenios con las universidades del mundo que hacen investigación. Y esa investigación nos debe llevar a encontrar soluciones a las enfermedades que hoy están despertando.

Esa es una forma con la que podemos integrar el desarrollo con el conservacionismo. Eso no es antagónico. Lo que no podemos seguir haciendo es poniendo la conservación del medio ambiente como la excusa para que la gente se nos siga muriendo de hambre en el Pacífico, para que la gente siga siendo miserable, para que la gente siga viviendo como se vive en el Pacífico, para que el Pacífico siga siendo la zona violenta que es. No se puede aceptar que los ambientalistas nos vengan a decir que es preferible que la gente siga viviendo en la miseria antes de mirar cuál es ese punto de equilibrio.

¿Esta propuesta trae fórmulas para el tema minero?, porque estamos hablando de una zona riquísima en oro.

Jefferson Mena Sánchez: Debemos darnos a la tarea de explorar caminos para desarrollar una minería amigable. Nuestros antepasados negros, nuestros antepasados indígenas siempre han explotado el oro, siempre han trabajado con el oro, siempre lo han hecho, pero en esas épocas de la historia no generaban la contaminación que hoy se genera. ¿Por qué? Por la ambición, por la corrupción que hay. Pero si lográramos mirar al pasado, extraer lo positivo, que era el ejercicio de nuestras comunidades en la explotación de esos minerales sin causar contaminación, se puede hacer de esta actividad algo sano.

Hay un asunto que creo que Colombia debería repensar e implementarlo nuevamente, y es que sea únicamente el Banco de la República el único con la facultad de comprar el oro. Creo que así podríamos tener una extracción limpia y una extracción legal. Bueno.

Le puede interesar: Odín Sánchez, ¿un secuestro conveniente?

Las comunidades afrodescendientes, tanto en Chocó como en el Valle, cauca y Nariño, lo primero que le pelean es por los títulos mineros. Las familias dicen, “denos los títulos a nosotros, nosotros explotamos el oro en lugar de dárselos a las grandes empresas para que vengan aquí a destruir la selva y a destruir el medio ambiente”.

Jefferson Mena Sánchez: Hay que llegar a acuerdos con ellos y capacitarlos para que hagan una extracción limpia de ese mineral, permitiéndoles que vivan de eso, acompañando la agremiación para que los resultados de su trabajo no se queden en una cantina o en los burdeles y que les genere riqueza y mejoren sus condiciones de vida.

El Estado debe acompañar a las comunidades y no es acompañar individualidades, sino es tratando de que estas trabajen en conjunto por el bienestar de todos. Yo creo que, si logramos poner en práctica eso, lograríamos avanzar mucho en quitarle el tabú que tiene el tema de la minería en Colombia.

En el pasado, alcaldías y gobernaciones se dedicaron a cambiar el uso del suelo trayendo problemas en temas agrícolas y ambientales, ¿cómo hacer para que esas mismas alcaldías y gobernaciones colaboren con la solución?

Jefferson Mena Sánchez: En Colombia, elñ 68% del territorio nacional tiene alguna especie de restricción para la utilización de la tierra porque o son resguardos indígenas; o son consejos comunitarios; o están en ley segunda, o son baldíos. ¡Esto es una cosa loca!

Soy un convencido de que la única forma de lograr eso es titulando esas tierras y titulándolas con la visión de que se conviertan en propiedades privadas para que el dueño las pueda explotar sanamente. Pero no solamente para eso, también para que el Gobierno Nacional tenga un registro exacto que le diga de quién es la tierra y qué está haciendo con la tierra.

Cuando uno está en Tumaco y pasa a Ecuador, se da cuenta que en Ecuador saben quién es el dueño de la tierra. Saben quién es el dueño de la tierra y saben qué se está cultivando en la tierra. En Colombia no. Lo que tenemos es una cantidad de monte que nadie sabe quién es. Y lógicamente, en aquellos lugares que no se desarrolla productividad, se convierten en el pan de abono para los ilegales.

¿Usted cree que haya constructores que tengan esa visión de ancestralidad y que estén dispuestos a invertir cuidando de esas costumbres ancestrales de la gente del Pacífico que viven en casas de madera construidas sobre un planchón, muchas de estas en la ribera del rio?

Jefferson Mena Sánchez: La ancestralidad hace parte del ADN de las comunidades étnicas, que les ha acompañado durante muchos años. Yo creo que es posible conservar la ancestralidad de estos habitantes acompañado de una habitabilidad, unas construcciones de vivienda mucho más dignas. No creo que, por el hecho de respetar los usos y las costumbres de las comunidades étnicas, sea una excusa para que las comunidades étnicas en la Guajira vivan en los ranchos que viven, por ejemplo, y que la respuesta del Gobierno deba ser:  “es que es por respetar sus usos y sus costumbres”.

Esa es una visión totalmente equivocada, es una visión racista, es una visión clasista. Esa es una visión pobre de los gobiernos. Yo creo que uno puede tranquilamente utilizar los usos y las costumbres de las comunidades étnicas, pero dándole una vida de dignidad, dándole un trato digno.

Jefferson Mena Sánchez es profesional en Relaciones Internacionales y Asuntos Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, habiéndose graduado con título Cum laude. Tiene una especialización en Desarrollo, Gobierno y Gestión Pública y otra en Diseño y evaluación de Política Pública. También posee una Maestría de Gobierno y Política Pública de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona (España).

se ha desempeñado como coordinador del despacho del Ministerio de Defensa, coordinador de Consejos de Seguridad Presidencial; encargado de Funciones Consulares del Consulado de Colombia en Vancouver, director del despacho del Ministerio de Agricultura, director territorial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y actualmente es asesor de la Presidencia de la República como coordinador del Plan de Reacción Integral de la Estrategia Zona Futuro en el Pacífico nariñense.

El 9 de mayo de 2025, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados durante un operativo de control en la zona del río Punino, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El hecho levantó las alarmas sobre el crecimiento y el impacto de la minería ilegal en ese territorio.

Lee más: Avanza la autonomía indígena en Colombia y los pueblos podrán tener su propio gobierno

Entre noviembre de 2019 y junio de 2024, 1422 hectáreas fueron deforestadas por la minería irregular, de acuerdo con información de la fundación Ecociencia y el Programa Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés). Además, un estudio de Corporación Participación Ciudadana encontró altas concentraciones de mercurio en las zonas afectadas. Aunque los metales pesados no han llegado a Francisco de Orellana, la ciudad incurre en gastos adicionales para tratar el agua que viene cargada de sedimentos por la actividad minera.

Tras la fatal emboscada, unos 1800 militares se desplegaron y están rastrillando un área selvática de unos 460 kilómetros cuadrados. Como referencia, el Distrito Metropolitano de Quito, que abarca la zona urbana y grandes extensiones rurales, tiene una superficie de 372 kilómetros cuadrados. En los primeros días del conflicto, el Ministerio de Defensa comunicó que alias Compadre, líder de los Comandos de la Frontera en Ecuador, fue “abatido durante la operación de respuesta”. Además, el Ejército encontró dos cuerpos, presuntamente de miembros de la disidencia.

El 15 de mayo, el presidente Daniel Noboa dispuso identificar como grupos armados organizados a los Comandos de la Frontera, el Frente Óliver Sinisterra y Disidencias Comuneros del Sur. Estas dos últimas también son disidencias de las ex FARC que operan en la frontera con Ecuador. Con esto se busca facilitar la acción estatal en contra de estas agrupaciones y sucede en el contexto del Conflicto Armado Interno declarado por Noboa a inicios de 2024.

El rastrillaje del área dio hasta el 18 de mayo con unos 12 campamentos clandestinos, en los que había viviendas, maquinaria pesada, tanques de combustible, armas, municiones, uniformes y hasta siluetas utilizadas para entrenamiento de tiro. El Ejército Ecuatoriano también comunicó que gracias a información de inteligencia hallaron a otro integrante de los Comandos de La Frontera, quien murió tras un enfrentamiento.

La minería creció exponencialmente

Entre junio de 2024 y mayo de 2025, la minería aluvial irregular continuó creciendo en esta zona de Ecuador. “Podría haber unas 300 hectáreas nuevas de deforestación, tenemos que verificar”, dice un especialista de la Fundación Ecociencia quien prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad. De ser así, el área afectada ya sumaría alrededor de 1700 hectáreas, equivalente a unas 2390 canchas de fútbol profesional.

El primer reporte elaborado por MAAP de minería irregular en la zona mostró que 32 hectáreas alrededor del río Punino fueron deforestadas entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021. El río está en la frontera de las provincias de Napo y Orellana. Hasta diciembre de 2022, 185 nuevas hectáreas fueron deforestadas, sumando 217 hectáreas afectadas. El crecimiento porcentual fue del 578 %, uno de los más altos registrados, y se dio hacia el este, tomándose el noroeste de la provincia de Orellana.

A diciembre de 2023, la actividad ilegal ya sumaba 1001 hectáreas y se había expandido hacia los ríos Sardinas, Lumucha y Supayacu. Los tres desembocan directamente en el río Coca, mientras que el Punino llega de manera indirecta a través del Payamino.

Los especialistas de MAAP estaban realizando monitoreos anuales, con corte a los últimos meses de cada año, pero el acelerado crecimiento de la minería elevó la preocupación y en 2024 hicieron un corte a junio, que reveló el daño de otras 420 hectáreas. “El último reporte muestra que la expansión fue bastante fuerte, se extendía hacia el norte, afectando a otras cuenca hidrográficas, y se extendía por la cuenca del Punino hacia el sur hasta llegar casi al Payamino”, relata el experto.

El equipo de MAAP también documentó que la actividad minera se sobrepuso a territorios indígenas de la nacionalidad kichwa, afectando 300 hectáreas. Además, la expansión solapó la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y deforestó 144 hectáreas del Área de Conservación Municipal El Chaco.

Si bien cerca de 1700 hectáreas son directamente afectadas por la creación de trochas, piscinas de procesamiento de oro y campamentos mineros, el área en la que están operando los mineros ilegales es mucho más amplia, entre los ríos Punino, Payamino y Coca. Al especialista de Ecociencia le preocupa que las carreteras abiertas faciliten el cometimiento de otros delitos ambientales, incluyendo la deforestación y el tráfico de vida silvestre.

Un estudio realizado en 2025 por investigadores del Laboratorio de Geoinformación y Teledetección de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) evidenció que 182 hectáreas de área deforestada por minería se encontraban aproximadamente a cuatro kilómetros del río Coca.

También detectaron con imágenes satelitales un aumento en la turbidez del agua del río Payamino entre 2023 y 2024, resultado asociado a la expansión de la minería ilegal. El color del agua turbia contrasta con el color de los ríos amazónicos en buen estado.

Hasta mayo de 2025, encontraron un frente de minería ilegal en alto Punino, otro en las proximidades del río Coca y cuatro frentes extendiéndose hacia el río Payamino.

Lee más: Minería ilegal se expande en cuatro áreas protegidas de la Amazonía ecuatoriana

El Punino tiene metales pesados

Un estudio realizado por la Corporación Participación Ciudadana encontró que el agua y los sedimentos de la parte baja del río Punino tienen concentraciones de metales pesados que exceden los límites permitidos por la normativa ecuatoriana.

El informe presentado en septiembre de 2024 incluyó la toma de muestras de agua y sedimentos. Los investigadores inicialmente se plantearon llegar a la zona caliente de la actividad minera. Sin embargo, funcionarios del Municipio de Francisco de Orellana, la capital de Orellana, les advirtieron que allí operan grupos criminales.

El equipo tomó muestras en la confluencia del Punino con el Payamino y se apoyó de habitantes del sector para la recolección de muestras en dos puntos más del Punino. Por motivos de seguridad, no fue posible llegar a la zona de mayor actividad minera, por lo que las muestras más cercanas fueron tomadas a 13 kilómetros aguas abajo de esa zona.

Los resultados de calidad revelaron que el agua era ácida y presentaba niveles altos de turbidez, es decir, partículas de suelo en suspensión están mezcladas con el agua. Ambos indicadores están asociados a la minería aluvial realizada sin precauciones técnicas.

Tras analizar el agua, encontraron concentraciones elevadas de aluminio, cadmio y plomo. Los análisis de sedimentos también revelaron altas concentraciones de metales pesados, entre esos, cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo y zinc.

Las zonas más bajas presentaron valores más altos de metales pesados. Esto se debe, explicaron los investigadores, a que la actividad minera creció hacia el río Payamino y a la geografía de la zona.

La cuenca alta del Punino está en una zona de transición entre los Andes y la Amazonía baja. La intersección con el Payamino ya es una zona de mayor planicie. Es decir, en las zonas de pendiente los sedimentos son arrastrados con mayor facilidad por la corriente de agua, mientras que en las zonas planas hay mayor probabilidad de que estos se depositen en las orillas o en el fondo. Además, uno de los puntos donde se tomaron las muestras es una curva sinuosa donde se estima que se acumulan los metales pesados que arrastra el río.

El costo de tratar el agua

Desde la confluencia del Punino y el Payamino hay unos 25 kilómetros por río hasta la ciudad de Francisco de Orellana. Omar Proaño, director de agua potable y alcantarillado del Municipio, cuenta que debido a derrames de petróleo y la erosión regresiva que afectan al río Coca, desde 2020 la ciudad capta agua del Payamino.

El funcionario asegura que hasta el momento no se han detectado metales pesados fuera de la normativa. “El río, a medida que avanza, se va autodepurando”, dice. Sin embargo, el agua sí llega con mucha turbidez y hierro, un mineral asociada a la minería ilegal.

Además de monitoreos mensuales en laboratorios certificados, la dirección monitorea cada dos horas el agua con el fin de darle el tratamiento adecuado. A mayor presencia de tierras, lodos o arcillas, hay que colocar concentraciones más altas de policloruro de aluminio. Este es un químico que hace que las partículas de sedimentos se junten y caigan al fondo de los depósitos por gravedad, dejando en la superficie el agua clara.

En noviembre de 2022, el año en el que se registró el mayor crecimiento porcentual de la minería ilegal, la concentración de materia flotante liviana se incrementó en un 10 %, de acuerdo con Nelson Cambo, ingeniero químico de la dirección. Esta materia tendría relación con las actividades mineras. El aumento de estos contaminantes provocó que haya pérdidas del 15 % del agua y que, para obtener la calidad de agua acostumbrada, el tiempo de trabajo en “horas hombre” se incremente en un 300 % y haya un 15 % más de consumo energético.

En contraste, dice Proaño, en el sector de la Unión Imbabureña hay un sistema por pozo donde solo se trata el agua con filtros y cloración para desinfección.

Después de la emboscada y el despliegue del Ejército en la zona, la actividad minera paró por completo y el agua empezó a llegar más clara. Para Proaño esta es la prueba de que la minería ilegal sí incide en la calidad del agua del río.

El Ejército anunció que intensificará las operaciones en contra de la minería ilegal en Orellana, pero también en Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia donde tendrían mayor actividad los grupos de delincuencia organizada.

Foto principal: desde el 9 de mayo, 1800 militares están rastrillando las zonas afectadas por la minería ilegal alrededor del río Punino. Foto: cortesía Ejército Ecuatoriano

El artículo original fue publicado por Mongabay Latam en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, X, Instagram y Youtube.