No deja de ser, por lo menos, preocupante que sean precisamente cuatro de sus colegas —Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos— quienes hayan advertido posibles irregularidades en la manera como Lombana ha abordado este caso. La situación adquiere todavía mayor relevancia porque, según ha señalado la defensa de la congresista, existen actuaciones que podrían tener incidencia directa en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso.

La comunicación remitida a la Comisión de Acusaciones también advierte sobre posibles irregularidades en la manera en que se habrían ejercido competencias coercitivas dentro de la actuación penal. Si estas preocupaciones terminan siendo confirmadas por las autoridades competentes, estaríamos ante un asunto de enorme gravedad, porque quien tiene la responsabilidad de administrar justicia no puede convertirse, precisamente, en quien termine poniendo en riesgo las garantías que debe proteger.

A las objeciones planteadas por la defensa de la senadora Peralta se suman ahora las consideraciones de cuatro magistrados de la misma Sala. Y eso, como mínimo, obliga a hacerse preguntas serias sobre la forma en que la magistrada Lombana ha conducido el proceso.

No se trata de afirmar anticipadamente que haya cometido una falta disciplinaria o penal, porque esa determinación corresponde a las autoridades competentes. Pero tampoco sería responsable mirar hacia otro lado frente a señalamientos de esta naturaleza. Cuando varias voces dentro de la propia institución judicial llaman la atención sobre posibles excesos, lo mínimo que se espera de la funcionaria cuestionada es prudencia, transparencia y disposición para revisar sus actuaciones.

La justicia no puede ejercerse desde la pasión, el afán de protagonismo ni la necesidad de demostrar autoridad. Mucho menos puede convertirse un proceso judicial en una especie de competencia para determinar quién logra imponer su criterio a cualquier precio. Una magistrada no está para ganar batallas personales ni para demostrar que puede llevar una investigación hasta sus últimas consecuencias pasando por encima de quien está siendo investigado. Está para garantizar que el proceso se desarrolle dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

Y ahí está precisamente una de las mayores preocupaciones que genera este episodio: si se utilizaron herramientas procesales de manera indebida, si se sobrepasaron competencias o si se limitaron injustificadamente los derechos de la defensa, no estaríamos simplemente ante un error de procedimiento. Estaríamos ante una conducta capaz de comprometer la legitimidad misma de la actuación judicial.

No pretendo usurpar las funciones de un abogado ni presentar estas consideraciones como un concepto jurídico. Hablo como ciudadano. Y como ciudadano espero que quienes tienen en sus manos la libertad, el buen nombre y el futuro político y personal de otros seres humanos actúen con absoluta responsabilidad.

Investigar a una persona no significa maltratarla. Ejercer autoridad no significa abusar de ella. Y tener facultades dentro de un proceso judicial no significa disponer de un cheque en blanco para utilizarlas sin límites.

La justicia colombiana ya enfrenta una profunda crisis de confianza. Por eso resulta especialmente grave que quienes tienen la obligación de fortalecer esa confianza terminen alimentando la percepción de que algunos procesos pueden manejarse con excesos, arrogancia o criterios personales.

En un caso tan mediático como el relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la responsabilidad es todavía mayor. La presión mediática, la relevancia política de los involucrados y el interés nacional jamás pueden convertirse en excusas para flexibilizar las garantías procesales.

La justicia no puede convertirse en un trofeo. Ningún magistrado debería sentir que tiene que llevarse la medalla de haber puesto a alguien tras las rejas. La verdadera victoria de la justicia consiste en que, al final de un proceso, nadie pueda cuestionar que se respetaron las reglas, las garantías y el debido proceso.

Porque si una actuación judicial se construye sobre excesos, errores o vulneraciones de derechos, el daño no se limita al investigado. También se perjudica la credibilidad de la institución y se fortalece la peligrosa idea de que en Colombia la justicia puede depender del temperamento, la interpretación personal o la voluntad de quien tiene el poder de investigar y decidir.

Por eso, más que explicaciones, lo que ahora corresponde es que la magistrada Cristina Lombana responda ante las instancias competentes por los cuestionamientos que han surgido alrededor de su actuación. Y si existen razones jurídicas para apartarla del proceso, deberá hacerlo con la misma rigurosidad con la que ha exigido el cumplimiento de las reglas a los demás.

Lo que no puede ocurrir es que la soberbia termine reemplazando la prudencia, ni que la autoridad termine confundida con autoritarismo. Una magistrada puede equivocarse, como cualquier ser humano, pero lo verdaderamente grave sería negarse a reconocer los límites cuando otros miembros de la propia institución judicial están advirtiendo que podrían haberse cruzado.

Tal vez este episodio sirva, al menos, para recordar algo elemental: quienes administran justicia también están sometidos a la ley. Y precisamente porque tienen tanto poder sobre la vida de los demás, están obligados a ejercerlo con mayor rigor, mayor humildad y mayor responsabilidad.

La justicia no necesita magistrados que actúen movidos por emociones, protagonismos o afanes de demostrar poder. Necesita funcionarios capaces de entender que, en un Estado de derecho, el verdadero poder no está en castigar a cualquier precio, sino en respetar las reglas incluso cuando hacerlo resulte incómodo, difícil o políticamente impopular.

Nota recomendada: Presidente De La Espriella, menos espectáculo y más resultados

Hernando Llano Ángel.

Debo admitir que al principio no lo creí. Era demasiado espectacular. Supuse que había sido un acto más de su campaña, en pleno mundial de fútbol, al verlo eufórico desde una camioneta lanzando balones a niños y jóvenes en Buenaventura, marcados con el logo de su campaña presidencial. Que era otra de sus espectaculares jugaditas antes de comenzar un partido de la Selección Colombia. En fin, otro golazo de su ingenio y sus publicistas, como el haberse apropiado la camiseta de la Selección, que llevó a sus seguidores al borde del paroxismo triunfalista, fascinados con esa fusión carnavalesca de la política con el fútbol. De hecho, ya en vallas aparecía que en la segunda vuelta ganaría el Tigre por goleada, aunque el picado terminó con un pírrico resultado a su favor. También llegué a pensar que era una jugada sucia de los mamertos, amargados y resentidos por haber perdido en primera vuelta. Pero pronto salí de mi error cuando vi en Instagram que integrantes de su manada reivindicaban esa patraña futbolística, realizada en medio de los escombros y de necesidades mucho más apremiantes de los jóvenes bonaverenses, como un motivo de alegría por atenuar su tristeza y motivarlos a divertirse, en una actualizada fórmula de circo sin pan. Que convertían semejante autogol presidencial en una proeza mayor que el gol que anotó Maradona con la “mano de Dios” contra Inglaterra. Entonces comprendí por qué el Tigre se definía como outsider no solo en la política sino también en el fútbol, que poco le gusta, pues no se puede recurrir a ese tipo de “milagros lúdicos” para atender a una población damnificada por el terremoto. Semejante autogol del Tigre más bien parece anotado con la mano del diablo y no por su inovocado Cristo Rey.

Máxima (In) Coherencia en la emergencia

Pero los fanáticos de su manada lo celebran como una brillante intuición de optimismo del Tigre, un uso hedonista de la pirámide de Maslow[i] sobre las necesidades humanas y hasta de la psicología positiva para alentar a los niños y jóvenes de Buenaventura en medio de la tragedia. Un gesto magnánimo, incomprendido por los amargados mamertos que todo lo politizan y generan odio. Para reforzar más tan loable acción, el mensaje se acompaña con la canción “los niños no se tocan, la infancia no tiene partido, ni bandera, ni condición”[ii]. De manera que quien se atreviera a discrepar de tan sublime acto a favor de la felicidad de los niños, inmediatamente quedaba fustigado como un resentido social y condenado al infierno por “progre mamerto”. Antes ya habían utilizado un argumento similar contra quienes informaron sobre la exclusión de los Topos de México, ayuda ofrecida oportunamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero descartada por razones burocráticas aún por aclarar, prefiriendo el Tigre a las brigadas de rescatistas estadounidenses e israelíes, que llegaron al filo de las 72 horas de ocurrido el terremoto, cuando las posibilidades de salvar vidas ya eran ínfimas y casi milagrosas. ¿Será acaso una premonición de la suerte de la “Patria Milagro”? Semejantes decisiones y actuaciones del Tigre están más allá de su brillante consigna de “Máxima Coherencia”, como sello distintivo de su gobernabilidad. Una gobernabilidad casi totalmente ausente en desarrollo de la actual emergencia telúrica, atendida oportunamente por la eclosión de solidaridad ciudadana, social, popular y hasta empresarial. Esas decisiones y actuaciones del Tigre son la más clara expresión de las manidas argucias de la ultraderecha en su llamada “Guerra Cultural”. Argucias que se pueden resumir en su obsesión por inventar una realidad paralela y a la vez negar la existente, proyectando en la mente del mayor número de personas la misión de salvar el mundo y la humanidad de la monstruosa y perversa influencia de los “comunistas y la ideología Woke”.

La “Guerra Cultural” salvífica

Para ello llaman comunismo e ideología Woke a todo aquello que afirma identidades personales y colectivas, que está más allá de sus valores, creencias religiosas, prejuicios insuperables y cosmovisiones mediáticas. Por eso se lanzan en una cruzada salvífica contra quienes promueven y defienden los derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas, el multilateralismo y la ONU. También la emprenden contra quienes cuestionan sus creencias y prejuicios que les sirven para legitimar como naturales e insuperables la existencia de las desigualdades sociales; la discriminación racial fundada en la superioridad y supremacía de los blancos; la dominación, el tutelaje y el ultraje de los hombres sobre las mujeres y ni hablar del exorcismo que demandan contra todas aquellas mentes que consideran enfermizas y delirantes porque hablan de diversidad de géneros y orientaciones sexuales. Todo lo anterior lo consideran diabólico, “progre y mamerto”, izquierdista, decadente, deplorable y vergonzoso, que debe ser destripado y extinguido lo más pronto posible de la faz del planeta para salvar la humanidad y su “genes naturales”: la familia, la tradición, la fe, la Patria y la propiedad. En esa cruzada también la emprenden contra el “ecologismo Woke”, pues a quién se le ocurre defender los derechos de un río, como si él fuera una persona. Mucho menos tener que consultar a comunidades indígenas y afros para explorar y explotar las riquezas de nuestro subsuelo, que son de la Nación y nos pertenecen a todos y no solo a esas minorías. Comunidades inmersas en una ignorancia atávica insuperable, pues todavía creen que existe una supuesta “Pachamama” que debemos respetar y cuidar como si fuera una deidad o nuestra propia Madre, en lugar de perforar, perforar y perforar para beneficio de toda la humanidad. No es posible hablar con semejante gente, mucho menos alcanzar acuerdos, simplemente hay que someterlos y si se resisten, descargar sobre ellos “todo el peso de la ley”, desalojarlos y desplazarlos de esos territorios donde cultivan la “mata que mata”, fumigándola y exterminándola para salvar la humanidad. Ese es el nuevo credo de los exterminadores y depredadores, perdón, salvadores de la libertad, la fe y la civilización occidental, liderados por dos iluminados que rigen dos pueblos supuestamente elegidos por Dios: Trump y Netanyahu.

Contra el sacrilegio de las guerras religiosas

Ambos han convertido la fe y creencias de sus ciudadanos en estandartes para ordenar y perpetrar crímenes de lesa humanidad. Por eso le asiste toda la razón al padre Francisco de Roux S.J en su entrevista con Marta Ruiz en la revista Cambio[iii], cuando casi en tono de súplica le pide: “presidente no use a Cristo para justificar la guerra”, pues el núcleo del mensaje de Jesús de Nazareth a la humanidad fue todo lo contrario: la paz, la reconciliación y el perdón. Por algo su prédica inequívoca de “mi reino no es de este mundo”, pues quienes hoy reinan son depredadores del planeta, genocidas impunes y xenofobos implacables, salvo contadas y honrosas excepciones. Para colmo, el Tigre les dio prioridad en sus tareas de rescatistas a brigadas de militares de Estados Unidos e Israel por encima de la experticia de los Topos mexicanos, en una clara decisión política e ideológica, contrariando así el principio de la urgencia humanitaria. Han llegado a nuestras ciudades y campos, militares cuyos Ejércitos son expertos en sembrar el planeta de escombros y víctimas, como lo siguen haciendo impunemente en Palestina, Líbano e Irán, supuestamente en defensa de sus pueblos, su seguridad, sus creencias religiosas y hasta la civilización occidental. ¿Quiénes, entonces, están politizando y demeritando la solidaridad de millones de colombianos, el surgimiento de esa inconmensurable “Patria Solidaria” en nombre de una fantasmagórica “Patria Milagro”?  ¿Por qué llamar “Fondo Milagro” a lo que es producto de la solidaridad y el esfuerzo de millones de colombianos? A su generosidad y trabajo cotidiano, más allá de sus creencias religiosas o afiliaciones partidistas. Ese fondo debería llamarse Fondo de Solidaridad Ciudadana para ser justos con su origen y no instrumentalizar políticamente los aportes desinteresados de la ciudadanía, de miles de Oenegés y cientos de pequeñas y medianas empresas. Porque hay que empezar por restituir el valor de las palabras y no encubrir con ellas proyectos partidistas, confesionales y militaristas con esa fraseología religiosa que nos impide reconocernos como ciudadanía en toda nuestra diversidad de creencias y de intereses. Además, porque la política es una actividad eminentemente secular y terrenal, que no puede diluirse en metarrelatos religiosos en donde los milagros solo ocurren por obra y gracia de seres superiores y no por las obras transformadoras, si se quiere redentoras de nuestra condición humana, producto de nuestras acciones y del esfuerzo mancomunado de nuestro poder civil, como efectivamente está sucediendo en todo el país. Porque de continuar tolerando esa fraseología encubridora pronto llegarán a nuestros cielos los drones y las aeronaves teledirigidas, como ángeles metálicos, a lanzar y sembrar nuestros campos con bombas de las que brotarán “milagrosamente la vida y la paz”. Claro está, si lo permiten el concepto del Consejo de Estado y lo autoriza el Senado, de conformidad con nuestra Constitución en sus artículos 173 y 237, que en su función de controlar y regular el poder del Ejecutivo puede frustrar y retrasar la llegada de esos ángeles liberadores en nombre de los “Defensores de la Patria”. No tiene ninguna importancia que ellos lleguen del norte, tengan la otra nacionalidad del Tigre y actúen en representación de Maga, de las ambiciones e intereses inconfesables de America First, portando su “Escudo de las Américas” y en cumplimiento de la “Doctrina Donroe”. Incluso que lo hagan en nombre de Cristo Rey y la gloria eterna de Trump con la ayuda invaluable y la complicidad necesaria del Tigre. Porque como bien lo escribió Giuliano Da Empoli en su magnifica novela “El Mago del Kremlin”: “La primera regla del poder es perseverar en los errores, no mostrar la menor fisura en el muro de la autoridad”. Solo que en nuestro caso habría que agregar que es también perseverar en más horrores que terminaremos pagando como población civil y con la claudicación de nuestra autonomía como Nación, ese anacronismo llamado soberanía nacional, que reside exclusivamente en el pueblo, otra invención de la ideología Woke que hay eliminar.

[i] https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=F5Wi8H4_PWY

[iii] https://www.youtube.com/watch?v=QkoXk44R-es

“… en la verdad de mi alma no soy nadie más ni seré nadie más que uno de los dieciséis hijos del telegrafista de Aracataca”, le dijo Gabo a su amigo Plinio en El olor de la guayaba.

Deber ser grato morir de viejo, lúcido y sin rencores. No sé si ese fue el caso de Plinio Apuleyo Mendoza.

Sé, eso sí, que el viejo Plinio -no confundir con Plinio el viejo- fue un hombre de dos siglos y dos milenios, como todos los nacidos del dos mil hacia atrás.

María Isabel Rueda lo llamó “mamerto converso”. Felipe López dijo de él que era “una vaca sagrada del periodismo”, y recordó su fama de gruñón cuando Plinio dirigió la revista Semana, que en sus primeros tiempos funcionó en lo que antes fue un burdel. En más de una ocasión, Antonio Caballero se burló de sus “orejas prensiles”. El otro no se dejaba. “Nunca, ni cuando era un bebé, quisieron ser discretas”, le respondió con valiente ironía.

Quienes detestaban a Plinio Mendoza gozarán con esta columna de Caballero, titulada El asno de oro, escrita hace 30 años. Lo llamó racista, arribista y escritor cursi, entre otros epítetos.

Los dos, Plinio y Antonio, sostuvieron por décadas una ácida rivalidad periodística, tan ácida que en una ocasión el primero denunció al segundo por llamarlo criminal en una de sus columnas en la antigua Semana. A esta hora deben estar juntos riéndose de ellos y de nosotros.

Al ver la foto en blanco y negro de Plinio Apuleyo, se me ocurrió adaptar el título del famoso cuento de Gabo: Un señor muy viejo con unas alas enormes.

Después de muertos, no habrá enemistad que valga. 

Vaya si eran inmensas las orejas del escritor boyacense. Con ellas viajó por el mundo como periodista, escritor y diplomático. Y con las mismas orejas descomunales se fue de este mundo en julio de 2026.

Murió Plinio de viejo a la edad de 94 años, no como Plinio el viejo, el historiador italiano, que murió con tan solo 56, tras la erupción del Vesubio en el 79 d.C.

Nacido en Saboyá en 1932, su trayectoria abarcó desde el periodismo de combate en la revista Momento y la agencia Prensa Latina hasta el ejercicio diplomático en Europa, pasando por obras polémicas como El perfecto idiota latinoamericano, escrita a varias manos, entre ellas las de Álvaro Vargas Llosa, el hijo del Nobel.

Plinio Apuleyo Mendoza murió amado y odiado, que es como mueren los hombres que dejan huella. Sepan que la inmensa mayoría de seres humanos no pasaremos a la historia.

Fue amado, por ejemplo, por el Centro Democrático, colectivo que le dedicó unas sentidas palabras por “su lucidez, su defensa de las libertades y su inigualable pluma”.

Odiado por aquellos que no lo soportaron o cuestionaron sus posturas ideológicas. Lo que prueba que sí hay muerto malo. Entre sus detractores se cuenta, ya lo dije, el genial Antonio Caballero, quien le dedicó más de una diatriba.

En sus célebres columnas de opinión, Caballero llegó a retratarlo de manera implacable al calificarlo como “el eterno comparsa de los grandes hombres” y recriminarle por haber transitado “de un comunismo de juventud al reaccionarismo más rancio y complaciente con el poder”.

Pensé que Apuleyo era su primer apellido y resulta que fue su segundo nombre. Un nombre escaso en cualquier época, en todo caso. Apenas he leído uno de los libros. Muerto el autor, les echaré un vistazo a los otros.

La inmensa mayoría de seres humanos no pasaremos a la historia.

Tengo en mi biblioteca El olor de la guayaba, la extensa entrevista que Gabriel García Márquez le concedió a su amigo Plinio. Es un libro valioso porque es una clase magistral para periodistas de cómo hacer una buena entrevista, pero sobre todo es un libro necesario para entender los orígenes del realismo mágico y las opiniones de Gabo sobre una variedad de temas: el oficio de periodista, su formación literaria, las lecturas e influencias, sus obras maestras, política, mujeres y hasta sus miedos.

He vuelto a releer El olor de la guayaba (editorial Oveja Negra, 1982) y he sentido otra vez unas ganas irrefrenables de leer por cuarta vez Cien años de soledad. Tal es el efecto maravilloso que causan los buenos libros.

“Pero la familia se opuso: Luisa no podía casarse con un telegrafista”.

De aquellas páginas hay párrafos memorables como éste: “Luisa dio a luz a su primer hijo en Aracataca. Y quizás para apagar los últimos rescoldos del resentimiento suscitado por su matrimonio con el telegrafista dejó al recién nacido al cuidado de sus abuelos en medio de innumerables mujeres. Doña Tranquilina, que hablaba de los muertos como si estuviesen vivos. La tía Francisca, la tía Petra, la tía Elvira: todas ellas mujeres fantásticas, instaladas en sus recuerdos remotos, todas con sorprendentes aptitudes premonitorias y a veces tan supersticiosas como las indias guajiras que componían la servidumbre de la casa”.

Se fue el hombre de las orejas grandes, dejando tras de sí el eco de una Colombia que apenas existe en el papel. Después de muertos, no habrá enemistad que valga. 

Hernando Llano Ángel.

Como es sabido, un sultanato es una forma de gobierno en donde prevalece la voluntad de un Sultán que logra fusionar su poder político con la fe musulmana y la lealtad absoluta de sus ejércitos. El poder militar le permite ejercer control sobre su territorio y además obtiene la obediencia de sus súbditos, sin mucho esfuerzo, por ser reconocido también como una autoridad religiosa. Tal parece ser el mayor sueño de Abelardo, erigirse como un profeta armado de su “Patria Milagro” con el respaldo y la obediencia ciega de los militares, pero también con la fe sumisa de la mayoría de colombianos. Así se comprende plenamente esa ceremonia sincrética y pintoresca de su posesión presidencial en la Arena USC y en el Cantón Militar Pichincha, con la presencia de tres autoridades religiosas que se supone representan las creencias de la mayoría de colombianos: un rabino, un pastor evangélico y un sacerdote católico, en el orden de intervención de sus oraciones en la ceremonia de investidura. Para lograr ese magno efecto entre los caleños, donde perdió por 239.119 votos frente a Iván Cepeda[i], contó no solo con la entusiasta colaboración de los mandatarios locales, sino también con el corifeo de los medios de comunicación y la adulación generalizada de los principales líderes de los gremios empresariales y agrícolas de la región. Todos a una proclamaban que deberíamos sentirnos orgullosos por un acto de posesión presidencial histórico, desconociendo que para 682.166 ciudadanos y ciudadanas caleñas, equivalentes al 59.64 %, de los votos válidos que votaron por Cepeda, no pasaba de ser una ceremonia provocadora y desafiante. Así, Cali dejó de ser la altiva sultana del Valle para convertirse en una sumisa sierva de un Sultán que se identifica con un Tigre y llama “manada” a sus seguidores, eligiendo la Arena USC para tomar posesión presidencial, cuando debió hacerlo en el zoológico de Cali, un lugar más acorde con su bestial simbología y adecuado para sus invitados internacionales, entre ellos un espécimen aún más peligroso, un tal león Milei, depredador del Estado argentino y el sentido de lo público en nombre de la “libertad”.

Cali sitiada y confinada

Seguramente por ello, durante toda la semana estuvimos sometidos al sobrevuelo de aeronaves militares, como una señal de inminentes bombardeos contra violentos narcoterroristas que podrían tomarse la ciudad y sabotear su posesión. Y, como si fuera poco, el viernes 7 de agosto quedamos confinados en nuestras casas, por sabia y autónoma decisión del alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, ya que así el Tigre y todos sus invitados internacionales y nacionales podría asistir a la posesión presidencial sin correr peligro alguno. Cali, entonces, quedó bajo un toque de queda preventivo, negándonos a los ciudadanos el derecho constitucional a circular libremente por nuestra ciudad. ¿Podrá haber una prueba más contundente de la negación de la democracia y la violación de la Constitución en nombre de una posesión presidencial? Esa posesión y la forma como se realizó sienta un precedente, ese sí verdaderamente histórico, pues marcó el inicio de una gobernanza cuya esencia es la fusión de tres poderes profundamente antidemocráticos: el militar, el pastoral y el tutelaje imperial de Maga. Todo ello, bajo la mascarada de rituales democráticos en el esperpéntico escenario de la Arena USC, semejando un Hollywood tropical, pero con alfombra azul por la que desfilaron las vanidades de personajes dispares y patéticos, representativos de un entramado de poderes internacionales y regionales decadentes y excluyentes. Por ella ingresaron a la Arena USC desde el encumbrado rey de España, Felipe VI, antecedido por el depredador de lo público, el león Javier Milei, hasta el ambicioso presidente de la FIFA, Gianni Infantino, casi siempre fuera de lugar. Pero, en verdad, en esa ceremonia nadie estaba fuera de lugar, pues todos se encontraban allí para validar y legitimar el primer acto de prestidigitación del Tigre mediante la invocación de los tres poderes con los que pretende construir la “Patria Milagro”: el pastoral, el militar y el corporativo internacional. Este último con el respaldo de su padrino, Donald Trump, el mayor depredador de riquezas naturales y demoledor del derecho internacional público.

La ubicuidad de un taumaturgo del poder

Lo hizo de una manera fantástica, como un consumado taumaturgo del poder. Para ello, comenzó con la piadosa puesta en escena del poder religioso, en la propia Arena USC, invitando a tres religiosos que considera representativos de las creencias y la fe de la mayoría de colombianos para así contar con su apoyo en la difícil tarea de gobernar. Pues nada resulta más útil que la persuasión de pastores evangélicos, sacerdotes católicos y rabinos judíos sobre miles de feligreses, la mayoría de ellos muy deVotos, como lo demostraron en las urnas dándole el triunfo al Tigre. Luego abandonó rápidamente ese escenario piadoso de la Arena USC para trasladarse en cuestión de minutos al rudo campo de maniobras militares del Cantón Pichincha y pronunciar allí su discurso de posesión. En realidad, no se puede llamar discurso a una arenga dirigida a los militares más que a sus invitados internacionales y los congresistas presentes en la Arena que lo escucharon por más de una hora. Allí convocó de nuevo a los militares para que aportarán más “héroes de la Patria”, pero esta vez llevando el “Escudo de las Américas”, sacrificándose en una guerra que se ha prolongado de derrota en derrota, por más de medio siglo, la llamada “Guerra contra las drogas”. Una guerra decretada por Nixon en 1971, hace 55 años, como globo distractor de la guerra de Vietnam que ya sabía pérdida. Tampoco fue una pieza oratoria para todos los colombianos que lo vimos por televisión y esperábamos el discurso de un presidente, no esa arenga más propia de un agitador en pie de guerra. Pero, en el caso de Abelardo, resulta comprensible, pues se trata de alguien que personifica un tigre, una peligrosa y temible fiera para quienes no forman parte de su manada y no obedezcan inmediatamente sus temibles rugidos. Esa es una muestra de su “máxima coherencia” autocrática. De esta forma demostró la ubicuidad y el sincretismo de su poder, que pretende abarcar desde la fe hasta las armas, lo que históricamente ha terminado en monstruosas guerras, en lugar de milagrosas patrias. Por eso imploró “Que Dios bendiga a cada uno de sus hijos, ilumine nuestro entendimiento, afine nuestro carácter y guíe nuestras decisiones” y afirmó “el que está de rodillas delante de Dios, jamás será vencido”, como si estuviera anunciando el comienzo de una guerra santa. Por eso terminó su arenga gritando: “¡Firmes por la Patria, que viva Cristo Rey!”. La mayor ironía es que en ese instante un leve incendio recorría las laderas del cerro en donde se encuentra el monumento tutelar de Cristo Rey, quizá por ello no pudo proteger piadosamente a Cali de los destrozos y sufrimientos causados por el terremoto de 7.4 grados Richter, tres días después de haberlo invocado Abelardo en su arenga con fines tan lejanos de su doctrina. Vale la pena recordar que Jesús de Nazareth no solo predicó que “mi reino no es de este mundo”, sino que además expulsó a los mercaderes del Templo y la esencia de su legado para la humanidad fue la paz, la reconciliación y el perdón, todo lo contrario de lo anunciado por Abelardo en su discurso de posesión presidencial. ¿De cuál “Patria Milagro” nos hablará y quiénes serán los beneficiarios de ella?

[i]https://caliescribe.com/2026/06/26/votaciones-por-puesto-2a-vuelta-presidencial-cali/

Pero una vez terminan la música, los discursos y las ceremonias, empieza lo verdaderamente difícil: gobernar.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia. No porque una parte del país lo prefiera, ni porque otra parte lo deteste, sino porque obtuvo la mayoría necesaria en las elecciones y las instituciones electorales hicieron posible la transmisión del poder. Esto debería ser una obviedad en una democracia. Sin embargo, Colombia parece empeñada en convertir hasta las derrotas electorales en una discusión interminable sobre la legitimidad del resultado.

Durante las últimas semanas han circulado narrativas sobre un supuesto fraude electoral que no han logrado demostrar una alteración de las dimensiones necesarias para desconocer el resultado. Es legítimo pedir que cada elección sea vigilada. De hecho, una democracia sana necesita ciudadanos obsesionados con cuidar sus elecciones. Lo que resulta peligroso es convertir la sospecha en una verdad permanente cuando no aparecen pruebas capaces de sostenerla.

Petro puede cuestionar al nuevo gobierno. La oposición puede ejercer una oposición feroz. El Pacto Histórico puede movilizar a sus bases. Todos tienen ese derecho. Lo que no deberían hacer es mantener a millones de colombianos atrapados en una elección que ya terminó. Una democracia no consiste solamente en ganar; también consiste en saber perder.

Y esto vale para todos.

La derecha que llega al poder tampoco puede comportarse como si hubiera recibido un cheque en blanco. Ganar una elección no convierte automáticamente cada propuesta en una buena política pública. La mayoría electoral otorga el derecho a gobernar, no el derecho a tener siempre la razón.

Ese debería ser el comienzo de una conversación adulta sobre Colombia.

¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Cómo se reducirá el déficit? ¿Qué ocurrirá con el empleo? ¿Cómo se recuperará la inversión? ¿Qué hará el Gobierno con la educación? ¿Cómo enfrentará el deterioro de la seguridad? ¿Qué sucederá con las regiones? ¿Cómo se puede recuperar la capacidad del Estado sin convertir la autoridad en arbitrariedad?

Son preguntas menos emocionantes que una pelea en redes sociales, pero mucho más importantes para la vida de los colombianos.

Uno quisiera que el nuevo Gobierno entendiera que la autoridad no consiste solamente en ordenar. Consiste también en hacer funcionar las cosas. La seguridad importa, pero también importa que una carretera se construya, que un hospital funcione, que un joven encuentre empleo, que una universidad produzca conocimiento, que una empresa pueda invertir y que un campesino pueda sacar su producto de una región sin que una organización criminal decida por él.

En ese sentido, el nuevo Gobierno debería ser mucho más ambicioso que la simple revancha contra el petrismo.

Y debería convocar a Colombia, no solamente a quienes piensan como él.

A quienes conocen la conservación de nuestros ecosistemas, a quienes han dedicado su vida a la ciencia, a los economistas que han estudiado durante décadas los problemas del país, a los empresarios que saben crear empleo, a los profesores que conocen las dificultades de la educación, a los líderes sociales que conocen territorios que Bogotá apenas comprende.

Un gobierno fuerte no debería tener miedo de convocar a personas que no piensan exactamente como él, que conservan su propio criterio y que pueden mantener una diferencia intelectual.

Esa sería, de hecho, una señal de verdadera confianza.

Hay otra lección que debería aprender la nueva administración. Colombia no necesita pasar de una guerra cultural a otra. Durante cuatro años la política estuvo atrapada demasiadas veces en la lógica de Petro contra sus contradictores y de sus contradictores contra Petro. Ahora sería lamentable que el péndulo simplemente cambiara de dirección.

El país no votó para reemplazar una tribu por otra.

Votó para cambiar de gobierno.

Y ahí está la oportunidad.

El nuevo presidente tiene la posibilidad de demostrar que una derecha que habla de autoridad también puede hablar de ciencia; que un gobierno que defiende la empresa puede preocuparse por la pobreza; que una política de seguridad puede convivir con la memoria de las víctimas; que la defensa de la familia no necesita convertirse en una guerra contra las mujeres o las minorías; que la libertad económica puede ir acompañada de movilidad social; que el patriotismo puede ser compatible con la crítica y que el orden democrático no necesita enemigos internos permanentes.

Eso sería mucho más interesante que una simple restauración del pasado.

A la oposición, mientras tanto, le corresponde una tarea igualmente difícil: aceptar que el poder cambió de manos.

Petro y Cepeda pueden hacer oposición. Deben hacerla. Pueden investigar, denunciar, protestar y organizarse. Pero deberían dejar de alimentar la ficción de que la democracia funciona solamente cuando gana el sector político propio. Insistir indefinidamente en una elección que no pudieron demostrar fraudulenta no fortalece la democracia colombiana: la desgasta.

Hay una diferencia enorme entre fiscalizar al poder y negarse a reconocerlo.

La primera es democracia.

La segunda puede terminar convirtiéndose en un ardid contra ella.

Colombia tiene problemas demasiado grandes para quedarse discutiendo eternamente quién ganó.

Ahora sabemos quién ganó.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.

La pregunta interesante ya no es cómo llegó a la Casa de Nariño.

La pregunta es qué hará con ella.

Y ahí empieza el verdadero examen.

Porque después de Nessun dorma, después del Vincerò, después de las banderas, los uniformes y la celebración, viene la parte menos cinematográfica de la política: hacer que un país funcione.

Ahora le toca gobernar.

Sin embargo, la historia de la construcción nacional es mucho más compleja que el relato sencillo de un libertador que fundó, por sí solo, una República. Una cosa fue obtener la victoria militar frente a España y otra, muy distinta, construir un Estado capaz de gobernarse, definir una identidad común y garantizar su permanencia en el tiempo.

A diferencia de Estados Unidos, cuya independencia estuvo acompañada por documentos que expresaban una idea de nación y unos principios políticos relativamente definidos, la Nueva Granada llegó a la emancipación sin un proyecto nacional consolidado.

La ruptura con España no produjo inmediatamente una transformación profunda de las instituciones, del sistema tributario, de la administración territorial ni de las formas en las que se tomaban las decisiones públicas. En términos simples, un día los habitantes de estas tierras eran súbditos de la Corona y, al siguiente, debían reconocerse como ciudadanos de una República cuya forma, límites y propósito todavía estaban por definirse.

Las costumbres políticas del nuevo país continuaron siendo, en buena medida, las mismas del régimen colonial. Se sustituyó una monarquía que gobernaba desde ultramar por una élite criolla que buscaba controlar el poder en medio de un profundo desorden institucional.

La independencia cambió a los gobernantes, pero no resolvió de inmediato la pregunta fundamental: ¿Qué quería ser Colombia?

La ausencia de una respuesta clara le costó al país buena parte del siglo XIX. Durante casi ocho décadas, Colombia atravesó guerras civiles, levantamientos regionales y discusiones profundas sobre asuntos que hoy parecen elementales, pero que entonces dividían violentamente a la sociedad.

Se discutía si el Estado debía ser centralista o federal; si la Iglesia debía conservar el control de la educación y de la vida pública; si la esclavitud debía continuar; cuánto tiempo debía permanecer un presidente en el poder; qué facultades correspondían al Congreso; y si las Fuerzas Armadas debían responder a los gobiernos regionales o a una autoridad nacional.

La República había conseguido independizarse, pero todavía no había logrado organizarse.

Esa inestabilidad comenzó a encontrar un punto de contención con la llegada de Rafael Núñez a la Presidencia. Núñez gobernó en cuatro periodos: entre 1880 y 1882; entre 1884 y 1886; entre 1887 y 1888; y, finalmente, entre 1892 y 1894.

Su proyecto político, conocido como la Regeneración, buscó reemplazar el debilitado modelo federal por un Estado centralizado, con instituciones nacionales capaces de ejercer autoridad sobre todo el territorio.

La Constitución de 1886 fue el principal resultado de ese proceso. Con ella se reorganizó el país como una República unitaria, se fortaleció la Presidencia, se redefinió el papel del Congreso, se estableció una estructura judicial nacional y se consolidó el mando central sobre las Fuerzas Armadas.

También se fortaleció la relación entre el Estado y la Iglesia católica, se protegió la propiedad privada y se crearon condiciones para promover la actividad empresarial y la organización administrativa del país.

Núñez, además, participó en la consolidación de los símbolos nacionales. La letra del himno nacional fue escrita por él y musicalizada por Oreste Síndici. Aquellos símbolos ayudaron a construir una identidad común en una nación que todavía intentaba reconocerse a sí misma.

Solo varias décadas después de la batalla de Boyacá, Colombia comenzó a establecer con mayor claridad las bases institucionales de lo que quería ser.

Esto obliga a revisar críticamente la idea de que Bolívar dejó una nación consolidada. Su proyecto estuvo concentrado en la liberación del territorio, en la conservación del poder político y en la construcción de una gran unidad regional. Pero esa ambición no logró traducirse en un Estado sostenible.

La Gran Colombia se disolvió poco después de su muerte. Las divisiones entre centralistas y federalistas continuaron, las rivalidades regionales se profundizaron y las instituciones demostraron una fragilidad que acompañaría al país durante casi todo el siglo XIX. No basta con ganar una guerra para construir una nación.

Sin embargo, la Constitución de 1886 tampoco resolvió todos los problemas. Poco después de los gobiernos de Núñez, Colombia enfrentó la guerra de los Mil Días y la posterior separación de Panamá. Ambos acontecimientos demostraron que el Estado seguía siendo débil y que necesitaba fortalecer sus instituciones, su economía y sus Fuerzas Armadas.

En ese contexto apareció el segundo Rafael: Rafael Reyes Prieto.

Reyes ocupó la Presidencia entre 1904 y 1909. Durante su Gobierno impulsó una reorganización administrativa, promovió la infraestructura, fortaleció la presencia estatal y destinó mayores recursos al Ejército y a la Policía Nacional.

También promovió la profesionalización militar y la creación de instituciones de formación para los integrantes de la Fuerza Pública. Entre ellas se encontraba la Escuela Naval de Cartagena, antecedente fundamental de la formación naval colombiana contemporánea.

Rafael Reyes comprendió que una República no podía sostenerse sin unas Fuerzas Armadas profesionales, subordinadas al poder civil y comprometidas con la defensa del territorio nacional.

Sin embargo, aquellas instituciones también necesitaban una tradición, una identidad y un relato que orientara su misión. Fue entonces cuando la figura de Bolívar y la imagen del Ejército Libertador comenzaron a ser apropiadas con mayor fuerza como referentes simbólicos de la Fuerza Pública.

Como he sostenido en otras columnas, Bolívar no fue un estratega infalible. Sus campañas estuvieron marcadas por decisiones cuestionables, improvisaciones y graves errores de planificación. La Campaña Libertadora alcanzó sus objetivos gracias al sacrificio de miles de soldados, a la valentía de los llaneros y a las decisiones tomadas en el campo de batalla por hombres como Juan José Rondón y José Prudencio Padilla. También influyeron los errores cometidos por las fuerzas españolas y la incapacidad de sus comandantes para responder adecuadamente al avance independentista. La historia oficial concentró la gloria en Bolívar y dejó en segundo plano a quienes hicieron verdaderamente posible sus victorias.

Los tiempos han cambiado y muchas de las ideas defendidas durante la Regeneración o el Gobierno de Reyes ya no corresponden plenamente a la Colombia contemporánea. Sin embargo, su experiencia deja dos reflexiones vigentes.

La primera es el peligro de convertir a Bolívar en un símbolo absoluto, inmune a la crítica y situado por encima de los demás protagonistas de nuestra historia. Ninguna democracia madura debería construir su identidad alrededor del culto a un solo hombre.

La segunda es la necesidad de que Colombia vuelva a definir su norte estratégico. Un país no puede avanzar únicamente reaccionando a las crisis. Necesita saber qué instituciones quiere fortalecer, qué valores desea defender y qué clase de sociedad espera construir.

Más de dos siglos después de la Independencia, seguimos colocando el nombre de Bolívar sobre edificios, plazas y proyectos políticos. Quizá ha llegado el momento de preguntarnos no solo quién liberó el territorio, sino quiénes construyeron realmente la nación. Porque una República no se sostiene por el nombre de sus héroes, sino por la solidez de sus instituciones.

La civilidad camuflada

En Colombia tenemos numerosos mitos parecidos, siendo la democracia el mayor, más consolidado e inexpugnable, defendido desde todas las latitudes políticas, añadiéndole múltiples adjetivos y apellidos: “democracia electoral”, “restringida”, “asediada” y hasta “participativa”. Pero, en estos días próximos a la posesión presidencial, Abelardo de la Espriella ha puesto en duda otro de los mitos nacionales más incuestionado, el mito de la civilidad de nuestros mandatarios y de las Fuerzas Militares. Aunque haya desistido de su posesión presidencial en una guarnición militar, la esencia de su campaña con toda la simbología del saludo militar, la consigna de “Firmes por la Patria” y su movimiento “Defensores de la Patria”, sumados a su alineación (¿alienación?) total con el “Escudo de las Américas” de Trump –que ya anunció operará desde Medellín por ser el epicentro del narcotráfico, según sus propias palabras– no dejan la menor duda de que viviremos cuatro años bajo una civilidad camuflada. Tras sus finos trajes de civil, está un alma camuflada, “cargada de tigre”, que saluda militarmente y formará un bloque sólido con las Fuerzas Militares en defensa de la “Patria Milagro”. Ese es el sentido del homenaje que rendirá en Cali a las Fuerzas Militares.

Electorado “cargado de tigre”

Un alma tanto más camuflada cuanto fue respaldada por una “manada” de cerca de 13 millones de electores “cargados de tigre” y “Firmes por la Patria”, pero que jamás enviarían a sus hijos a morir en el campo de batalla, pues para ello están los “Héroes de la Patria”. De allí que no sea justo señalar a Abelardo como el único responsable de esa civilidad militarizada y camuflada, pues la manada clama por seguridad y está segura que solo la puede brindar el “Tigre” desde los cuarteles y estaciones de policía, pertrechado con el “Escudo de las Américas” y su alianza estratégica con el Pentágono e Israel. De manera que Abelardo no es más que el legítimo heredero de esa tradición electoral militarista y belicista, partidaria entusiasta de la “seguridad democrática”, presente en casi todos los presidentes, con diferentes énfasis, y la mayoría de políticos colombianos. Una tradición que se remonta a las numerosas guerras civiles del siglo XIX entre los partidos Liberal y Conservador, maestros en la combinación de todas las formas de lucha, que bien resumía un refrán popular de entonces: “Colombia es una tierra de cosas singulares, hacen la guerra los civiles y dan la paz los militares”. Una tradición que incluso llega hasta 1953 cuando un prohombre liberal, Darío Echandía, llamó “golpe de opinión”, al golpe militar de Rojas Pinilla, pues fue promovido con la facción de Mariano Ospina Pérez del partido conservador contra el entonces presidente Laureano Gómez Castro y, en efecto, puso fin a la sangría desatada por los líderes de ambos partidos tradicionales, muy civiles en sus trajes, pero feroces en sus odios mutuos.

Tradición compartida

Lo más grave, es que esa tradición también está presente en la contraparte insurgente y su culto al poder de las armas, deslumbrada y atrapada en la máxima maoísta: “el poder nace de la punta del fusil”, que hoy la tiene al borde de la extinción, en la mira de inminentes bombardeos oficiales letales y en su desesperada respuesta terrorista en los departamentos de Santander, Cauca y Valle. Esa civilidad camuflada se condensó en consignas como la del M-19: “Con el pueblo, con las armas, al poder”, parecida a la fórmula de gobernabilidad del General Rojas Pinilla durante su dictadura entre 1953-1957, contenida en el “binomio Pueblo-Fuerzas Militares”[i]. Fórmula abortada rápidamente por los líderes de ambos partidos con el respaldo de los gremios y la carne de cañón puesta por los estudiantes, como suele ocurrir. Y así llegamos al momento culminante del alma de esa civilidad camuflada, expresada por Alberro Lleras Camargo en forma meridiana y con su tono de orador insuperable, en el Teatro Patria ante la alta oficialidad de las Fuerzas Militares en su discurso del 9 de mayo de 1958. Discurso que sentó las bases de las relaciones entre el poder civil y el militar al comienzo del Frente Nacional hasta nuestros aciagos días.

Una relación letal

Es considerada una pieza magistral, pues en ella Lleras Camargo expone clara y radicalmente que las Fuerzas Armadas no pueden deliberar políticamente, pues si lo hacen “entran armadas” al campo de la política y para “resolver una disputa irá a todos los extremos, será más violento, será irrazonable, no buscará el entendimiento sino el aplastamiento… si las Fuerzas Armadas entran a la política y la dirección del gobierno, entran inevitablemente a la disputa sobre si el gobierno es bueno o malo. Inmediatamente se forma un partido, el suyo, y otro, el adversario del gobierno”. Situación en la que sin duda ya nos encontramos, pues el gobierno del Tigre se define como el gobierno de las Fuerzas Armadas, por eso todos los miembros del gabinete ministerial hacen el saludo militar, pregonan la mística de “Firmes por la Patria” y serán la primera línea de los “Defensores de la Patria”. Esa civilidad camuflada representará una puesta de escena marcial en el homenaje que rendirán a los “héroes de la Patria” en Cali, seguramente en el Batallón Pichincha y la Base Área Marco Fidel Suárez, después de la posesión de “EL TIGRE” en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, un digno escenario para un espectáculo entre civil y circense.

¿Orden público militar o civil?

Y si a lo anterior se suma otro pasaje de dicho discurso en el que Lleras Camargo delega el “manejo del orden público” en los militares, con la gravedad señalada por la Comisión de la Verdad, pues “dio origen también a una ambigüedad en el manejo de los conflictos sociales, dado que bajo este concepto se cubre desde un ataque armado hasta una huelga”, tenemos como resultado la militarización total de la conflictividad social con la anuencia del poder presidencial.A partir de ese momento y en el contexto de la guerra fría, con el enemigo internoy la doctrina de la “seguridad nacional”, es fácil comprender el surgimiento de políticas de seguridad con estrategias tan belicistas y antidemocráticas como la creación de las Autodefensas Civiles en el gobierno de Guillermo León Valencia, bajo decreto 3398 de 1965[ii], que entregó armas de uso privativo de las Fuerzas Militares a civiles para combatir los bandoleros, siguiendo las directrices de la Misión Yarborough de Estados Unidos.   Mas reciente, el “Estatuto de Seguridad”, bajo el gobierno del presidente Julio César Turbay, las Convivir con Gaviria y la “Seguridad democrática” con Uribe. Ahora, el “Tigre” anuncia los Frentes de Seguridad Ciudadanos, coordinados por el Ministerio de Defensa. ¿Podrá, entonces, hablarse de civilidad en la vida política colombiana y en la conducción del orden público, cuando son precisamente los presidentes civiles quienes definen y ordenan semejantes políticas?

Del Palacio de Justicia a Firmes por la Patria

Todo lo anterior terminó generando esta relación letal de complicidad entre el poder civil y el militar en el Estado colombiano, cuya máxima y mortal expresión fue el desenlace del asalto terrorista al Palacio de Justicia por el M-19, siendo justificados y hasta excusados los excesos criminales en que incurrieron miembros de las Fuerza Pública supuestamente para “mantener la democracia y la independencia de las ramas del poder público”, así hubiera sido cercenada la rama judicial, decapitada la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado e incinerado y demolido el Palacio de Justicia. Inmediatamente después, asistimos al exterminio político de la Unión Patriótica, con cerca de tres mil víctimas mortales, mediante alianzas tenebrosas de miembros de la Fuerza Pública con grupos paramilitares, hasta llegar a los cuatro magnicidios de los candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, con la complicidad de agencias y miembros de inteligencia del DAS y el Ejército. Y, en nuestros días, presenciamos la máxima descomposición institucional de Brigadas, Batallones, numerosos oficiales y personal subalterno en relaciones y articulaciones con el paramilitarismo y la perpetración de numerosos crímenes de lesa humanidad como los “falsos positivos”. De allí, que no deje de ser una mitomanía vergonzosa y una fuente de impunidad institucionalizada la elogiada civilidad del poder presidencial y mucho más inexcusables sus numerosas y frecuentes delegaciones del manejo del orden público en los militares, puesto que constitucionalmente el Ejecutivo es el responsable de “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”, además de “dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República” (artículo 189, numerales 3 y 4 de la CP). No hay, pues, lugar al falso maniqueísmo de hacer responsables solo a los militares de semejantes atrocidades, pues como bien lo dijo don Miguel de Unamuno en plena guerra civil española, parece ser más fácil “civilizar un militar que desmilitarizar a un civil”, pues este último, cuando está revestido de poder presidencial, es el más entusiasta en hacer la guerra y ordenar que otros mueran en nombre de la Patria y la defensa de sus delirios políticos, como nos lo demuestra nuestra reciente historia política. ¿No será que para defender la democracia se precisan más ciudadanos y menos héroes de la Patria?

[i] https://enciclopedia.banrepcultural.org/Gustavo_Rojas_Pinilla

[ii] https://www.comisiondelaverdad.co/legalizacion-de-la-autodefensa

“… que carajo, si al fin y al cabo cuando yo me muera volverán los políticos a repartirse esta vaina como en los tiempos de los godos, ya lo verán, decía, se volverán a repartir todo entre los cura, los gringos y los ricos, y nada para los pobres, por supuesto, porque ésos estarán siempre tan jodidos que el día en que la mierda tenga algún valor los pobres nacerán sin culo…”: Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca.

Napoleón Bonaparte medía 1,68… pero era Napoleón.

El devastador reportaje “El exilio nos alcanza” —publicado por el diario salvadoreño El Faro y galardonado con el Premio Gabo 2026— no es solo un retrato del horror local; es el libro de las revelaciones de un futuro sombrío que amenaza con extenderse por América Latina. La historia documenta la embestida de regímenes de extrema derecha que, para colmo, cuentan con la complacencia de Donald Trump, el poco carismático líder global que gestiona la política con caja registradora en mano. Otros usan, además, la Biblia; así, dinero y religión configuran las nuevas armas.

La galardonada historia de El Faro está llena de advertencias, leerla se hace necesario. 

Tan obsesionados con el poder empresarial como Trump resultan ser Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador, Javier Milei en Argentina y Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, quien ya nombró gerente para Bogotá, una ciudad con alcalde elegido por voto popular, como las demás.

Nuestra nación está obligada a mirarse en el espejo salvadoreño, esa pequeña nación cuya población cabría dos veces en Bogotá. El reflejo es alarmante: en nuestro continente se incuba una nueva camada de “napoleoncitos tropicales”, acaso idénticos al decrépito y despótico gobernante que inmortalizó Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca.

Son caudillos dispuestos a descarrilar el Estado de derecho y barrer con las libertades civiles con tal de silenciar o “quitar del medio” a cualquiera que ose cuestionarlos. En este Apocalipsis moderno, la impunidad es la norma y la prensa libre -esa incomodísima costumbre de hacer preguntas incómodas al poder- se convierte en la mayor alergia del régimen.  

Napoleón Bonaparte concentró todo el poder en su figura: amordazó a la prensa, persiguió ferozmente a la oposición, desplegó una temible policía secreta y en 1804 se autocoronó emperador. En nuestros días, la táctica es peligrosamente similar y más cínica: basta con manipular arbitrariamente los articulitos de la Constitución para perpetuarse en el cargo, tal como lo ejecutó Bukele para garantizar su reelección.  

Por lo pronto, De La Espriella anunció que tiene lista la primera reforma constitucional que presentará ante el Congreso para convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia; más nadie sabe si existe un plan de largo plazo para que la Puerta de Oro sea la nueva sede oficial del Ejecutivo.

El minucioso relato de El Faro, firmado por los hermanos Óscar y Carlos Martínez, desnuda la crudeza de un régimen que estrangula las garantías básicas y fuerza el éxodo masivo de periodistas y defensores de derechos humanos:  

«Con los días, más colegas de El Faro y de otros medios llegaron a Guatemala. Algunos, calculando que si no habían podido agarrar a los del vuelo 638 quizá la dictadura intentaría con ellos; otros, porque vieron patrullas merodear sus casas o policías tocar sus puertas con preguntas inverosímiles: “Tenemos reporte de que se han robado un carro, ¿quiénes viven aquí?”; otros, porque directamente recibieron la llamada de una fuente de confianza: “salga de su casa, esta noche van por usted”».

El reportaje expone la brutalidad cotidiana del aparato estatal, donde la agresión física contra la prensa es celebrada por bodegas digitales:  

«Jorge Beltrán Luna fue el primer periodista salvadoreño en experimentar en la propia piel —en concreto la piel que rodea la cara— el sentido de impunidad de la Policía de Bukele frente a la prensa: un subinspector de la Policía, molesto por la presencia de Jorge en una escena del crimen, le metió una cachetada con el propósito simple y pedestre de que se fuera, de que no viera, de que no estuviera. (…) Ocurrió, así que el golpe quedó registrado en video y luego denunciado en las redes sociales de El Diario de Hoy. No pasó nada. Nadie se disculpó y más bien un enjambre de troles aplaudieron y celebraron el hecho, pidiendo más».

La persecución no solo utiliza la fuerza bruta, sino el acoso judicial para asfixiar la labor informativa y censurar contenidos mediante fallos hechos a la medida:  

«En enero de 2022, Jorge retomó un reportaje publicado en la revista mexicana Proceso, en la que se vinculaba a Jacobo Fauster como parte de un entramado de empresas israelíes que habían vendido a gobiernos mexicanos equipos para espiar a periodistas y opositores. Fauster es padrastro del director de inteligencia de El Salvador, Peter Dumas. Un año después de la publicación, Fauster demandó a Jorge y a su medio, El Diario de Hoy, y exigió 5 millones de dólares de cada uno, alegando “daños morales”… Una jueza desestimó la solicitud económica, pero exigió al periódico bajar la nota de su sitio de internet y de sus redes sociales. Otra raya para el tigre».

El miedo constante redibuja la vida cotidiana de quienes insisten en informar, transformando la rutina periodística en un estado permanente de fuga:  

«El Nuevo es un veterano periodista y sujeto meticuloso y ordenado. Previsor. El 15 de septiembre de 2021 Nayib Bukele se felicitó a sí mismo por no haber usado gas lacrimógeno contra una marcha de protesta y agregó “…por ahora”. Entonces El Nuevo, buen entendedor, hizo una maleta básica de la que no se despegaba nunca por si el dictador padecía un súbito brote psicótico y ese brote lo pillaba a él en la calle… El sábado 7 de junio la olvidó y la echó de menos cuando alguien le avisó que había patrullas policiales merodeando su casa. Desde entonces anduvo a salto de mata, entre lugares de amigos, con el teléfono apagado. No era el primer susto, pero el momento no era el mejor para hacerse el loco con esas patrullas sospechosas, o con esa Cherokee sin placas y vidrios oscuros parqueada frente a su vivienda».

Las advertencias sobre las réplicas de este modelo en la región no son infundadas. El presidente electo Abelardo De La Espriella ya ha dado luces sobre el inicio de contactos con la administración de Bukele. Ojalá esas alianzas se limiten estrictamente al plano comercial y no trasciendan hacia el intercambio de tácticas autoritarias.

No en vano, análisis internacionales como los de la BBC cuestionan la adopción del “modelo Bukele” en países como Ecuador, bajo el mandato de Daniel Noboa. A pesar de la militarización, la construcción de megacárceles y los prolongados estados de excepción, la violencia no ha cedido y las violaciones a los derechos humanos se multiplican sin entregar soluciones verdaderas de seguridad.  

Ahora bien, según El País de España, Abelardo de la Espriella delegará a Washington su estrategia frente a Venezuela, donde hoy se gobierna bajo las órdenes de Donald Trump. Entonces, es válido preguntarse si Marco Rubio, el secretario de Estado que supervisa las decisiones claves del vecino país, ejercerá también algún tipo de control sobre Colombia o, mejor, qué otras tareas le dejará a cargo el presidente electo a Estados Unidos.

Lo que está pasando en El Salvador nos pone en preaviso: sabemos con precisión cuándo y cómo comienzan los regímenes autoritarios, pero nadie puede predecir su fecha de caducidad. Frente a este panorama, a Colombia solo le queda confiar en que sus altas instituciones —la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado— actúen como un muro inquebrantable que blinde nuestra maltrecha democracia.

¿Seremos capaces de impedir que emerjan megalómanos dispuestos a destripar la Constitución, pisotear las libertades fundamentales y condenarnos a la larga noche de la dictadura? Ningún adivino puede saberlo pero, en todo caso, la prensa está advertida. 

La arquitectura del viceministerio contempla tres pilares sectoriales (Dirección de Servicios Consulares, Dirección de Asuntos Migratorios y Protección Internacional, y Dirección Colombia Nos Une) y tres grupos internos de trabajo que dependen directamente del despacho de la viceministra (Política e Innovación Migratoria, Análisis Estadístico y Seguimiento a la Movilidad Humana, y Apoyo Jurídico Especializado).

El nuevo viceministerio está a cargo de proponer  esquemas de gobernanza y gestión de migraciones, así como de formular e implementar una política integral e innovadora, basada en la arquitectura legal, jurisprudencial e institucional vigente, y permeada transversalmente  por los principios de protección e inclusión en clave de desarrollo, con el propósito a atender las necesidades consulares, de protección migratoria y de promoción de las comunidades de  connacionales residentes en el extranjero. También es su deber la atención a colombianos retornados voluntaria o involuntariamente (deportados) al país, así como la prestación de servicios migratorios o de protección internacional para extranjeros residentes en el territorio nacional.

A través de la Dirección de Servicios Consulares se gestiona la expedición y verificación de apostillas y legalizaciones y adicionalmente se  prestan, entre muchos otros, los servicios de cooperación judicial, acreditación, identificación, asesoría  legal, funciones notariales, a los colombianos residentes o en tránsito en el extranjero, incluida la población privada de la libertad.

La Dirección de Asuntos Migratorios y Protección Internacional tiene a su cargo los delicados temas de  visas, refugio, apatridia y asilo.

Finalmente, a través del programa Colombia Nos Une, elevado ahora al nivel de dirección, se materializan las acciones de fortalecimiento de las políticas públicas en la ejecución de la “Política de Vinculación Integral de los colombianos en el Exterior”, de acompañamiento en la ejecución de la “Política de Retorno Integral, Digno, Seguro y Sostenible”, y en la ejecución de las políticas para los migrantes regulares en Colombia. Al tiempo  bajo los lineamientos del Despacho del Viceministerio, Colombia Nos Une  apoya  acciones de “Política Integral Migratoria PIM” y funciones en la “Comisión Nacional intersectorial de Migración CNIM” y demás instancias o mecanismos de coordinación, dando cabida a la participación de la comunidad mediante la “Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones”.

A partir de dicho diseño organizacional y de funciones, el Despacho del Viceministerio  inició, en marzo de 2026, la construcción de la política pública sobre migraciones 2026 – 2036, que luego de realizar 25 ciclos deliberativos, 9 mesas técnicas con grupos de interés especial en 22 municipios de 9 departamentos y  con la participación de 1.177 personas, permitió la adopción de los “21 Lineamientos Estratégicos de País, hacia una movilidad más digna y humana” adoptados por unanimidad por la Comisión Nacional Intersectorial para las Migraciones (CNIM) el 18 de junio de 2026. La amplia información compendiada y procesada en el proceso se constituye en un insumo indispensable para la construcción de cualquier futura política pública del Estado colombiano en materia de gobernanza migratoria.

Así mismo, bajo la sombrilla del Viceministerio se viene trabajado hacia la adopción de la primera Política Nacional de Refugio en acatamiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia y de lo ordenado por la sentencia SU-543 de 2023, “mediante la cual la Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional diseñar e implementar en el lapso de seis meses una política pública para superar la saturación administrativa en el trámite de solicitudes de refugio”. 

Entre las acciones prioritarias que se esperan del  Viceministerio de Asuntos Migratorios Consulares y Protección Internacional, pueden destacarse las siguientes:

1.- Construcción de un nuevo Registro Consular Integral de colombianos residentes en el extranjero, con el consecuente remplazo del obsoleto y poco confiable registro que actualmente gestiona desde hace más de 50 años cada uno de nuestros consulados.

2.- Construcción de un nuevo Registro Único de Retornados. A diciembre de 2024, los solicitantes registrados ante la Comisión Intersectorial para el Retorno CIR, ascendían a 66.350 personas, mientras que las estadísticas de Migración Colombia dan cuenta de que, entre 2017 y 2025, hasta 500 mil colombianos que habían residido en el exterior por un periodo de al menos 3 años habrían retornado de manera voluntaria o involuntaria (deportados) al territorio nacional.

Para la población retornada, a diferencia de lo que ocurre para los migrantes y refugiados extranjeros, no se difunden masivamente las acciones existentes del Estado colombiano para su atención y son invisibilizados en su propio país. Sin un registro Único de Retorno (RUR) confiable es igualmente imposible diseñar la política pública que requiere una población que sigue en crecimiento por cuenta de las políticas de deportación impuestas por los Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países vecinos.  

3.- La expedición del  “Carné de identidad del Retornado”,  un documento complementario a la cédula de ciudadanía que, por un periodo de dos años, le garantice a dicha población una atención prioritaria por parte del Estado colombiano, en particular para el acceso a programas de reintegración y estabilización socioeconómica.

4.- Diseño de una estrategia de gestión para la protección de los connacionales privados de la libertad en el extranjero. Actualmente se estima que más de 20 mil colombianos se encuentran en situación de detención penal, tanto en condición de sentenciados como de sindicados o en “detención administrativa” por razones de irregularidad migratoria. Esta problemática nunca ha sido debidamente tratada, por lo que se requieren mejores recursos económicos y logísticos, así como capacitación especializada del personal consular en materia de derecho constitucional, penal, procesal, penitenciario, migratorio, y de sistema de derechos humanos.

5.- Actualización de los esquemas de caracterización y sistematización de la información en materia de prevención y atención a víctimas de prácticas delictivas que afectan a los migrantes y comunidades colombianas residentes alrededor del mundo, tales como tráfico de migrantes, violencia de género o intrafamiliar, trata de personas, mercenarismo, y formas modernas de esclavitud, entre otras.

Se requeriría mucho más espacio que el que nos brinda este blog para enunciar todas las necesidades del sector, pero también sobre todas las posibilidades y expectativas de acción eficiente que se han abierto con la materialización del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

Solo resta solicitar el apoyo general del nuevo gobierno y el aporte de ideas y experiencias adquiridas, especialmente por los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que hemos desempeñado funciones consulares para que, aprovechando esta feliz articulación, construyamos una verdadera política integral del estado colombiano que conduzca a una movilidad migratoria más humana y digna. 

*Rafael Quintero Cubides es embajador de la Carrera Diplomática y Consular, actualmente asesor del Despacho del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

[i] En el artículo ¿Requiere Colombia requiere un viceministerio de asuntos migratorios y consulares?, publicado en la Bitácora de San Carlos, Número 2, diciembre 2022, 2022-12-15-Bitácora de San Carlos-Número 2-PDF.pdf, se anotan algunos de los antecedentes: “Uno de los objetivos del Sistema Nacional de Migraciones (SNM), se relacionaba con “presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores inquietudes, diagnósticos y propuestas para el establecimiento y fortalecimiento de vínculos entre la Nación y los colombianos en el exterior, entre ellos la creación del Viceministerio de Migraciones y Desarrollo”, numeral 2 del artículo 4 de la Ley 1465 de 2015, “por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior.” También el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 incluyó un objetivo orientado a diseñar una “Política migratoria integral para facilitar la movilidad de los colombianos y hacer de Colombia un polo de atracción para el retorno y la migración calificada” y, entre las estrategias para materializarlo, crear el VAMC: “El MRE tramitará la elevación de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano a la categoría de Viceministerio, para ejecutar políticas de manera eficaz, junto con tres direcciones especializadas: Asuntos Migratorios, Asuntos Consulares y de Trámites y Servicios” (Gobierno de Colombia, 2018, pág. 130)”

Resulta casi imposible precisar la fecha desde la cual la política y el crimen rigen los destinos de Colombia. Pero, al menos desde la Constitución de 1991, sabemos que estamos extraviados en un intrincado y violento laberinto cuando ambas se fusionaron en el artículo 35 que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. Ese laberinto político, social y económico está formado por la yuxtaposición de poderes de facto ilegales con los legales e institucionales, que cada presidente de turno maneja y oculta difícilmente. De allí la sempiterna “corrupción”. Es un laberinto en cuyo frontispicio aparece en grandes letras un luminoso y deslumbrante aviso que nos anuncia: “Bienvenidos a la Democracia”. Un aviso tan engañoso y efímero como el “Bienvenidos al futuro” que proclamó, hace ya 35 años, el entonces presidente César Gaviria Trujillo y hoy, con la llegada de un Tigre a la Presidencia, puede convertirse en un “Bienvenidos a la selva” y no a esa inverosímil “Patria Milagro” que promete como un profeta armado y un demagogo redomado.

El laberinto “democrático”

Al ingresar y deambular por los pasadizos secretos y las habitaciones penumbrosas de ese laberinto “democrático” se corre el riesgo de ser asaltado, extorsionado, secuestrado, desplazado, torturado, desaparecido y hasta ejecutado extrajudicialmente en nombre y defensa de la estabilidad y la seguridad democrática. Ese rutilante aviso democrático adquiere especial embrujo y un encanto irresistible, casi incuestionable, después de las elecciones, cuando la mayoría de sus agobiados ciudadanos celebran en forma jubilosa su reincidencia en las urnas desde 1957. Nos acontece algo parecido a lo que vivimos hace 40 años, cuando un aviso mucho menos ostentoso y casi ilegible, anunciaba a los visitantes del desaparecido, calcinado y derruido antiguo Palacio de Justicia: “Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán libertad”. Pero en su interior sucedió todo lo contrario. Primero, por el asalto y las armas de un alucinado comando guerrillero del M-19 y luego por el uso incontenible y desaforado de las armas de la Fuerza Pública, que arrebataron cientos de vidas. Tampoco las leyes garantizaron la libertad sino la desaparición de más de 12 personas, cuyo destino todavía se ignora. Ha sido precisamente esa extraña amalgama de las leyes con las armas, las palabras con la violencia y las urnas con las tumbas, lo que nos ha impedido salir de este tenebroso laberinto “democrático”.

Minotauros y Medusas

Un laberinto que cada día se hace más lúgubre y escabroso, pues entre sus desesperados y extraviados ciudadanos, como en una manada, vuelve a resurgir la idea de que solo a través de la violencia y la fuerza se podrá salir de él, sin importar el número de lesionados y víctimas mortales que semejante estrategia arroje. Parece volverse a imponer la brutal fórmula de que una supuesta seguridad castrense, lo más discrecional posible y sin límites en su ejercicio, como la desplegada en el Palacio de Justicia, nos permitirá supuestamente eliminar temibles Minotauros formados por centenares de organizaciones criminales que nos amenazan y están devorando. Quizá por eso el Tigre quiere posesionarse en una guarnición militar, desconociendo de entrada la Constitución del 91 y el principio democrático según el cual el poder emana de la ciudadanía y no de las armas, como aún creen y predican las anacrónicas y criminales guerrillas. Pero el resultado de semejante estrategia belicista puede llegar a ser más devastadora y deplorable que la utilizada en el Palacio de Justicia, afectando a cientos de miles de colombianos que ocupan las habitaciones más recónditas y lejanas del centro citadino e institucional del laberinto. Incluso, hasta el mismo centro del laberinto institucional, que se considera inexpugnable, puede sufrir los coletazos rabiosos y terroristas de esos Minotauros heridos, atacándolo al azar como Medusas agónicas con sus numerosas y mortíferas cabezas, como fue el letal atentado terrorista de las Farc al Club El Nogal en plena “seguridad democrática”.

Medusas “parainstitucionales”

Vale la pena recordar que esas estrategias ya se utilizaron en el pasado reciente, combinando precisamente lo legal con lo ilegal y lo legítimo con lo ilegítimo, como lo hizo el entonces presidente César Gaviria Trujillo con la creación de las llamadas cooperativas de seguridad Convivir, promovidas en forma entusiasta por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Cooperativas legales que sirvieron de mampara para el surgimiento ilegal de las AUC, argumentando una supuesta “legítima defensa” frente a las amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos de las guerrillas. Por eso Carlos Castaño consideraba las AUC una organización legítima en defensa de la clase media. Entonces ya no se habló de asesinatos sino de ajusticiamientos de colaboradores de la guerrilla. Y ésta, a su vez, llamó retenciones y “pescas milagrosas” –que ironía para el Tigre– a sus miles de secuestros y convirtió la extorsión generalizada en “impuesto revolucionario”. Así se hizo la apología a la “justicia privada” pues resultaba más rápida y “efectiva” que la justicia estatal, limitada y maniatada por principios e instituciones como la presunción de inocencia y el debido proceso, que para muchos amparaba a los delincuentes y les garantizaba impunidad. Incluso se llegó a considerar el linchamiento como un ejercicio de “justicia por mano propia” ante la inseguridad y hasta se contempló la posibilidad de armar a los “ciudadanos de bien” contra las hordas delincuenciales, como una eficaz estrategia de “limpieza social” y de seguridad ciudadana. A tales extremos podemos volver con propuestas como los frentes de seguridad ciudadanos, mencionados por el Tigre durante su campaña electoral. Esas estrategias que combinan todas las formas de lucha en nombre de la seguridad, con mascotas tan incontrolables como un tigre, saludos militares y llamados a una manada de entusiastas seguidores en defensa de una imaginaria “Patria Milagro”, suelen terminar criminalizando la oposición, la protesta pacífica ciudadana, las críticas y la libertad de opinión, como en el reciente caso del encarcelamiento del periodista Beto Coral en Estados Unidos y su deportación a Colombia, al parecer por petición del mismo Tigre, y  ahora le está sucediendo a la periodista Ana Cristina Restrepo, acosada en forma sistemática por cuentas de redes sociales que apoyan al presidente electo.

El hilo de Ariadna del poder ciudadano

En rechazo a todo lo anterior y para salir de una manera civilizada y lo menos cruenta posible de este milagroso e infernal laberinto que se avecina, no queda otra opción que tejer con miles de manos ciudadanas un hilo de Ariadna, como el del laberinto de Cnosos, que permitió a Teseo salir del mismo, después de matar el sanguinario Minotauro. Ese hilo de Ariadna no es otro que el poder ciudadano, definido de manera inequívoca por Hannah Arendt como aquel “donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde la palabra no se emplea para velar intenciones sino para descubrir realidades y los actos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades”. Exactamente lo contrario hace el poder político estatal cuando sus gobernantes vacían las palabras de contenido y las llenan de demagogia como la “Patria Milagro” o con promesas irrealizables como la “Paz Total”. Pero, sobre todo, cuando establecen relaciones con poderes de facto criminales, pues estos utilizan la palabra para velar intenciones y sus actos suelen violar y destruir en lugar de establecer relaciones para crear nuevas realidades, lo que nos impide salir del laberinto en que vivimos y morimos. Así nos sucedió con la “seguridad democrática” y sus miles de falsos positivos, pero también con la “Paz total” y su contemporización frente a organizaciones criminales. ¿Podrá suceder algo diferente cuando llega a la Casa de Nariño un presidente “cargado de tigre” que invoca como horizonte una supuesta “Patria Milagro”? ¿Un gobernante que llama y trata como una manada a la ciudadanía? ¿Y, además, el mismo dice no ser político, tiene como santo y seña el saludo militar y quiere jurar su cargo desde una guarnición militar ante las armas en lugar de hacerlo en el Congreso y frente a los representantes de la ciudadanía, como manda la Constitución? ¿Será un gobierno democrático o una autocracia militarista y cacocrática?  Más nos convendría a todos que el Tigre dejara de rugir, amenazar, prometer milagros escatológicos y comenzara por respetar la Constitución, el Estado Social de derecho y la ciudadanía, sin las cuales desaparece todo remedo de democracia. Pero, sobre todo, que tuviera claro que su máxima responsabilidad es gobernar a Colombia y no ser el primer presidente del partido republicano de Trump, como lo afirmó con orgullo en campaña, y depender de su tutela, su protección e incierto temperamento de “gobergánster” con su doctrina Donroe y el Escudo de las Américas, pues toda esa parafernalia de Maga puede tambalearse e incluso venirse abajo en las próximas elecciones de noviembre que renovará el Congreso de America First.