La naturaleza ha sido su laboratorio, las abuelas sus maestras, las plantas medicinales sus instrumentos y la flora y fauna de su entorno su objeto de estudio. Cuando eran niñas no sabían lo que era vestir una bata blanca o manipular un microscopio, pero observar a las aves, bañarse en el río y escuchar los relatos de sus pueblos las preparó para llegar a la universidad y convertirse en las primeras científicas de su familia y, en muchos casos, de sus comunidades.

“Siempre tuve una pregunta para todo lo que mis abuelos me decían. ¿Por qué el río crece? ¿Por qué el pez respira dentro del agua? ¿Por qué las aves vuelan? Quería encontrar las respuestas y por eso quise ser bióloga”, cuenta Avita Taricuarima, científica del pueblo indígena kukama, de Perú.

Leer más | Yarina Tapuy: la científica kichwa que revela el misterioso mundo de los insectos ecuatorianos

Esa niña que caminaba más de 10 kilómetros diarios a través de la selva amazónica para ir a la escuela jamás imaginó que a sus 32 años ya habría publicado un artículo científico, estaría por graduarse de la carrera de biología y sería parte de la lista de The Explorers Club, que reconoce a los 50 mejores investigadores del planeta.

Yarina Tapuy tampoco habría pensado que a esa misma edad ya habría descrito 14 especies nuevas de insectos ni Alejandra Nohora Quiguantar que llegaría a integrar el Panel Científico por la Amazonía. Si a la pequeña Marisel Mamani le hubiesen dicho que en su adultez viajaría a Suecia para realizar un doctorado, a Paola Moreno-Roman que estudiaría en la Universidad de Stanford o a Rosa Marina Flores Cruz que lograría utilizar la ciencia para luchar contra las amenazas a su pueblo, no lo habrían creído.

Todas ellas son científicas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú que, gracias a sus hallazgos, no solo han aportado a la biología, sino que han logrado demostrar que los conocimientos ancestrales pueden ser una parte esencial de la ciencia.

Pero uno de sus principales retos ha sido abrirse paso en un campo históricamente ocupado por los hombres. Según datos de la Unesco, solo una de cada tres científicos en el mundo es mujer. “Partamos de que ya existe una baja representación de mujeres en la investigación científica a nivel mundial, pero cuando uno va a buscar la participación de mujeres indígenas en ciencias, no existe un mapeo de esa situación, no hay cifras”, explica Janeth Bonilla, vicepresidenta de la fundación Kichwa Institute of Sciences, Technology and Humanities (Kisth), la cual apoya y visibiliza el trabajo de las científicas de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.

Leer más | Marisel Mamani: la científica aymara que busca reducir el uso de agroquímicos en Bolivia

Lo que explica Bonilla es otro de los desafíos que están enfrentando estas investigadoras: son invisibles en las estadísticas. A esto se suman la falta de recursos económicos, los prejuicios y la discriminación dentro de la academia y la necesidad de visibilizar no solo su trabajo, sino que la ciencia también se construye en los territorios.

En este informe especial, Mongabay Latam presenta las historias de estas seis científicas indígenas de Latinoamérica que buscan que sus investigaciones contribuyan a la conservación y defensa de sus comunidades.

Leer más | Paola Moreno-Roman: la científica quechua que lleva microscopios de papel a escuelas rurales de Perú

Ciencia desde y para las comunidades

Sus visitas diarias a la chagra en su infancia, sin saberlo, fueron los primeros pasos de Nohora Alejandra Quiguantar en la biología. En su comunidad Mellamués, ubicada en las montañas de Nariño, entre el Pacífico y la Amazonía colombiana, las plantas medicinales de la huerta tenían un rol fundamental. Con ellas, su abuela curaba enfermedades, asistía los partos y protegía su legado ancestral. Y, gracias a esas mismas plantas, Quiguantar obtuvo su título de bióloga.

Su tesis de grado se enfocó en la identificación de 90 especies y sus usos, pero, al inicio, sus resultados fueron invalidados por no apegarse de forma estricta al método científico. Ante eso, implementó una metodología comunitaria para contar la historia de su pueblo a través de las plantas y, a pesar de la resistencia a sus métodos, se graduó como bióloga.

“Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, explica a Mongabay Latam sobre este proceso en el que colaboraron las madres, lideresas, parteras, docentes y taitas de su comunidad.

Leer más | Nohora Alejandra Quiguantar: la mujer pasto que convirtió la búsqueda de justicia para su abuela en una carrera científica

Romper esa brecha que existe entre los saberes ancestrales y la ciencia occidental es uno de los objetivos de Quiguantar y sus colegas. Un estudio publicado en Science Direct demuestra que el “enfoque estructurado y sistemático para comprender el mundo natural”, refiriéndose al método científico tradicional, “parece erosionar la sabiduría y legitimidad del conocimiento indígena”.

El artículo, por otro lado, resalta las oportunidades de articular las prácticas científicas con los saberes ancestrales, ya que esto conduce a estrategias de conservación más completas y eficaces, además de reconocer y valorar los aportes que han tenido estos pueblos durante siglos de observación y convivencia con la naturaleza.

Leer más | Rosa Marina Flores Cruz: la científica afrozapoteca que sigue el camino del viento en México

Para Yarina Tapuy, científica kichwa de la provincia de Napo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, los conocimientos que le heredaron sus antepasados y las experiencias que vivió en su comunidad, Capirona, han sido esenciales para estudiar insectos. Por ejemplo, desde que era niña, sabía que la picadura de la hormiga conga era una de las más fuertes o que hay abejas que pican y otras que no tienen aguijón.

“En el caso de los bichos, hay muchas cosas que ya sabía y después la ciencia me sirvió para entender qué hay detrás. Prácticamente es lo mismo, pero con diferente explicación”, dice a Mongabay Latam Tapuy, quien ha descrito 14 especies nuevas de escarabajos.

Pero, más allá de que sus aportes a la ciencia estén publicados en revistas indexadas, su sueño es que la comunidad los pueda usar para su protección. Uno de sus objetivos es crear una fundación en la Amazonía que se enfoque en promover el desarrollo comunitario para fomentar la participación activa de los pueblos indígenas en las investigaciones y que no sean tratados solo como objeto de estudio.

“La ciencia no solo debe recolectar datos, sino compartirlos”, dice Taricuarima, quien coincide con Tapuy en que la información que se extrae debe regresar a los territorios. Un artículo realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado muestra que el 87 % de los estudios enfocados en cambio climático han seguido un modelo extractivo. Esto quiere decir que investigadores ajenos a las comunidades han utilizado los conocimientos de los pueblos indígenas sin su participación en la toma de decisiones.

Leer más | Avita Taricuarima: la bióloga kukama de la Amazonía peruana que devuelve el conocimiento científico a su comunidad

Además, los resultados no han sido socializados ni utilizados para beneficiar a los lugares de donde se extrajeron los datos. Este es un aspecto que muchas veces se critica a la ciencia occidental y que estas mujeres buscan cambiar.

Taricuarima, por ejemplo, se ha enfocado en el estudio de los peces, ya que son la principal fuente de alimento de su pueblo, los kukama, conocidos como gente de río. La idea de su primer artículo como coautora, publicado en la revista Zoonotic Parasite, surgió mientras tomaba una sopa de pescado. En las escamas, recuerda, encontró unos gusanos de color blanco y, tras analizarlos en el laboratorio, descubrió que eran dañinos para la salud.

Con la intención de proteger a las comunidades amazónicas, continuó analizando otros parásitos con potencial zoonótico presentes en los peces. “No les digo que dejen de comer, sino que les recomiendo buenas prácticas para alimentarse sin perder riqueza cultural o nuestra identidad”, explica la bióloga.

Ahora, su tesis está enfocada en analizar bacterias de aguas calientes o termófilas para degradar diferentes tipos de microplásticos, lo cuál ayudaría a proteger sus ríos. “Cada logro, lo comparto con mi comunidad. Al ser la primera en todo esto, ellos aprenden de lo que yo aprendo”, dice Taricuarima.

Una herramienta contra las amenazas

Además del contacto con la naturaleza, las amenazas que afectan su territorio también han incentivado a estas mujeres a estudiar ciencias. “La preocupación que tengo por estos peces, porque hay minería ilegal [que contamina las aguas con mercurio] y pesca, es lo que me ha motivado. Quiero proteger mis recursos y rescatar lo que aún tenemos haciendo llegar mi voz a más lugares”, explica la bióloga kukama sobre sus esfuerzos para conservar lo que aún queda para su “gente del río”.

Rosa Marina Flores Cruz conoce de cerca lo que es enfrentar los impactos negativos de actividades que ponen en riesgo a la “gente de las nubes” o Binnizá, que es el nombre con el que el pueblo zapoteco se reconoce.

La historia de la experta afrozapoteca se relaciona con la expansión de la energía eólica en Oaxaca, sobre todo, en el Istmo de Tehuantepec, que entre 2007 y 2012 vivió el crecimiento más acelerado de la energía eólica en México. Allí se ubica su natal Juchitán que, poco a poco, se fue transformando por los aerogeneradores.

“Al final, mi decisión de estudiar Ciencias Ambientales tuvo que ver con todo eso”, dice Flores Cruz. En 2007, salió de su comunidad para cursar esta carrera en Michoacán, en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después una maestría enfocada en conflictos territoriales, capitalismo verde y resistencias comunitarias en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A través de sus investigaciones, Flores Cruz también ha analizado los impactos del terremoto de septiembre de 2017 en el Istmo de Tehuantepec. Su estudio se centra en un proyecto de reconstrucción de cocinas liderado por mujeres, el cual no solo buscó reparar daños físicos, sino reactivar la economía local.

En el caso de Marisel Mamani, su respuesta ha sido contra otra amenaza: el uso desmedido de pesticidas. Según datos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, la importación y el uso de plaguicidas en Bolivia se incrementó en un 400 % entre 2005 y 2016.

Durante su maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas, esta científica aymara logró demostrar que era posible destruir la pared celular de hongos dañinos para el mango y eliminar las larvas de la mosca de la fruta en el suelo sin uso de pesticidas. Siguiendo su línea de estudio, publicó un artículo sobre la diversidad de Trichoderma en la Amazonía boliviana y su potencial para el control de enfermedades del café sin utilizar químicos.

Para Mamani, más allá de los hallazgos, lo más importante de estas investigaciones ha sido la incorporación de los saberes locales en el proceso. “Ellos me hablan de los rituales y yo los respeto. La ciencia no puede estar separada de la parte ancestral”, dice la científica sobre su trabajo con los productores de café en las Yungas de La Paz, que son quienes aportaron con su conocimiento y, al mismo tiempo, se han beneficiado de sus hallazgos.

Rompiendo estereotipos

“Yo quería ser una Jane Goodall de Perú en la selva amazónica. Era el único ejemplo de científica que tuve por muchísimos años”, dice Paola Moreno-Roman. Esta bióloga quechua se refiere a un problema que también experimentaron sus colegas: la falta de referentes mujeres indígenas en ciencias ambientales que demostraran que este camino era posible.

Con el fin de cambiar esta realidad, Moreno-Roman es parte del proyecto Foldscope, ideado por investigadores de la Universidad de Stanford, que consiste en llevar un microscopio de papel sintético a las comunidades para fomentar el uso de estas herramientas a las cuales ni ella ni otras tantas científicas indígenas tuvieron acceso durante su infancia.

“La educación me ha abierto las puertas y es mi rol contribuir de diferentes formas, no solo con el microscopio, sino también para apoyar a las personas a que puedan usarlo y perseguir los sueños que ellos tengan”, dice la científica que estudió en Yale y en Stanford. Moreno-Roman también usa sus redes sociales, a través del perfil Yachaq Warmi (Mujeres en STEM), para difundir la ciencia y mostrar el trabajo de otras científicas de toda la región.

Por otro lado, Taricuarima espera que su incorporación a la lista The Explorers Club 50, en la que se reconoce a las personas que están aportando a la ciencia, la conservación y la exploración, motive a otras niñas a seguir su ejemplo. “Este no solo es un paso para mí, sino para las que vienen detrás. Para hacerlas sentir que son escuchadas y valoradas y que podemos hacer muchas cosas”, dice.

Quiguantar, Tapuy y Mamani no solo han sido las primeras de sus familias en obtener una licenciatura, sino también de sus comunidades, donde han demostrado que hay otras opciones para las mujeres. “A nosotras justamente nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta Quiguantar.

Ahora, es parte del Panel Científico por la Amazonía y ha llevado su mensaje de inclusión y conservación a eventos internacionales como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP). También publicó junto a otros investigadores un artículo sobre la necesidad de reconocer el rol de los sabedores tradicionales y proteger sus conocimientos.

Flores Cruz ha roto otro estereotipo: el de la científica de bata blanca. Tras culminar su maestría, decidió tomarse un respiro de la producción de artículos y enfocarse más en el trabajo comunitario y territorial para encontrar otras formas de investigar fuera del espacio académico.

Ahora está estudiando una licenciatura en Comunicación y forma parte del colectivo Red Futuros Indígenas, que agrupa a mujeres indígenas con formación en ciencia, humanidades, psicología y ciencias biológicas para reflexionar sobre metodologías que se impulsen desde los territorios.

El camino recorrido por estas investigadoras demuestra que la ciencia no se limita a las paredes de un laboratorio ni se valida únicamente con una publicación indexada. Al proteger los ríos, conservar la selva y defender sus recursos, están inspirando a las próximas generaciones de niñas indígenas a entender que sus entornos y las enseñanzas de sus abuelas también son parte de la ciencia.

Sus historias están transformando el panorama de la investigación en América Latina, dejando claro que el rigor académico y la identidad cultural no son caminos excluyentes. Como dice Mamani: “Hacer ciencia no es olvidar tus raíces”.

Ilustración de portada: Juan Pablo Dellacha.

El artículo original fue publicado por Isabel Alarcón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

• “Paula Gómez Meza no nació mala. La violencia la parió en un rincón olvidado del sur del Cesar, al norte de Colombia, donde ser pobre ya es una sentencia, y ser mujer un castigo adicional”: De la novela La diabla del clan.  

• “Su nombre comenzaba a sonar al lado de leyendas criminales como Griselda Blanco o personajes de ficción como Rosario Tijeras”.

Mezcla de vallenato y guajiro, el escritor Jacobo Solano está emparentado con el Nobel Gabriel García Márquez por línea paterna, ya que su abuela Rosa Solano Cotes, nacida en Barrancas, La Guajira, era prima segunda de Luisa Santiaga Iguarán Cotes, la mamá de Gabo.

Solano ha escrito su propia crónica de una muerte anunciada: la de alias La diabla, cuyo nombre real era Zaida Andrea Sánchez Polanco. En “La Diabla del Clan” se llama Paula Gómez Meza o Karla Fonseca, su identidad falsa tras el crimen de una familia de cristianos en Aguachica, Cesar, en 2024.

Por este thriller de suspenso, se mueven impunes coroneles, fiscales, comandantes de policía y agentes de la DIJIN. Ocurren extorsiones, testaferrato, ajuste de cuentas, sicariato, abigeato, fleteos, sobornos…

Al principio, La Diabla se gana la vida en un hotel de mala muerte. “… la mayoría de los clientes eran hombres sucios, de mirada lasciva. Algunos la miraban como si fuera parte del menú”. Con la llegada de su único hijo, le toca vivir en una funeraria, “rodeada de espíritus y sonidos extraños”.

Pronto se convierte “en una figura de peso en los alto círculos de Aguachica”. De cobrar a los deudores del gota a gota, pasa a amedrentar camioneros que cruzan por la Ruta del Sol y termina asaltando bancos, carros de Valores, casas, bodegas arroceras… No se le olvida que quiere vengarse del médico que la violó.

Su madre se pierde entre la bebida y los hombres. Su abuela hechicera, en cuya casa tiene un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús colgado al revés, reza a Paula para protegerla de todo mal “mientras le lavaba el cabello con chirrinchi bendito traído de la Sierra Nevada”, porque así, le dice, ninguna bala la atravesará.

Dueña de una camioneta blindada de 700 millones, viaja en jet privado por el Caribe, alardeando de su riqueza. La mujer que antes dormía en el piso ahora viste prendas de diseñador. Crecen su prontuario y su amor por el dinero fácil.

• “La política es la peor mafia que hay”: Jacobo Solano, escritor.

Fiestas, amigos nuevos y prostitución de lujo conforman su nuevo mundo. La que empezó siendo prestamista, anhela ser comandante del Clan del Golfo y al mezclarse con los clanes políticos cambia de ambición: quiere ser alcaldesa de Gamarra, su pueblo natal.

 “El control político era esencial. Tenían que entregar el dinero acordado a alias El Aborigen y a Lizardo Cure, dos operadores políticos que andaban desesperados por financiar la maquinaria electoral: pagar líderes, comparar votos, asegurar la logística y, sobre todo, sobornar a la Registraduría”.

“… se movía en camionetas de lujo, manejaba préstamos con intereses del 15%, lavaba dinero a través de comerciantes de restaurantes y textiles, empeñaba casas y autos, y representaba a El Calvo en proyectos inmobiliarios”.

Alías El Calvo, personaje clave en la trama, la conecta con la industria del microtráfico y La Oficina, la estructura criminal heredera de la guerra contra Pablo Escobar. Ante los políticos, El Calvo es un exitoso empresario, no un mafioso.

La lista de alías es amplía: El Gordo Elías, El Alacrán, Soldado, La Baby, alias Miller La Loba, Los Gatos. El Socio, La Barbi John Mechas, de las disidencias de las FARC; El Duende, El Ranas, emisario del cartel de Sinaloa en pugna con el Cártel de Jalisco, El Aborigen, Fresita y Chirrete Malo, máximo comandante del clan del Golfo. La novela atraviesa escenarios de la región Caribe para mostrarnos cómo operan las bandas criminales y su lucrativo negocio.

El autor me cuenta: “Muchos hechos son reveladores. Por ejemplo, en estas páginas cuento cómo es la relación de los protagonistas con la brujería y la santería, el modus operandi de las bandas del narcotráfico en conexión con estamentos políticos, militares y judiciales. Cómo funciona el clan del Golfo por dentro y quiénes son sus aliados en el exterior. Las rutas del narcotráfico y su salida desde Colombia, y cómo opera la logística desde el laboratorio hasta el puerto de embarque, incluyendo los métodos violentos que usan para alcanzar sus objetivos”. 

Para La Diabla “los hombres parecían juguetes, de los cuales se aburría y los tiraba”. Sus palabras son las de una mujer ruda. “Yo no amo. Yo sobrevivo. Y en esta vida, el que ama se muere, por eso, mejor no amar, sino vivir”. Con visos cinematográficos, la novela narra cómo se deshace de uno sus amantes para reemplazarlo en la cama por su guardaespaldas. “Lo besó por todo el cuerpo, recorriéndolo con la lengua como si quisiera memorizarlo a ciegas”.

A lo largo de las 209 páginas, el lector conocerá el idioma cifrado del hampa: Un fleteo es una consignación, y así otros ejemplos: Yo le doy piso, el celular ya está en su caja, una ropita para lavar, mover panelas, ya el pez está en el agua, entregar los dulces, cargar la piñata…

“Como artista, —dice Solano— quiero dejarle un mensaje a las nuevas generaciones: en el bajo mundo no hay nada bueno para ustedes”.

La novela La diabla del clan puede adquirirse a través de Amazon. https://amzn.eu/d/09RTsB5E

Conocedor experimentado de los bálsamos que mantienen satisfecho el ego del presidente de los Estados Unidos, Emmanuel Macron se inventó la idea de invitarlo a un banquete en el Palacio de Versalles. Al tiempo que hacerle mantenimiento al ánimo de quien se cree presidente del mundo, le hizo notar, sin decir una palabra, la inigualable magnificencia de Versalles, y sus abismales diferencias respecto de Mar a Lago y del salón de baile con el que Donald Trump pretende inmortalizar su paso por la Casa Blanca. 

Abrumado por las nebulosas del conflicto con Irán, y en busca de arreglo urgente a ese lío al que lo empujaron y del cual no hay salida clara, Trump firmó en una mesa de Versalles un Memorando de Entendimiento que le pone un poco de orden a unas discusiones de futuro incierto. 

A pesar de las apariencias, el documento firmado es apenas un ejercicio de aproximación entre dos Estados que se ponen de acuerdo sobre la forma como podrían llegar a solucionar sus diferencias por la vía del diálogo. Se trata de una hoja de ruta que, si bien demuestra la voluntad de las partes de discutir en vez de darse cañonazos, no genera compromiso jurídico entre sus signatarios. En otras palabras: nos vamos a sentar a hablar, para ver si en un tiempo determinado podemos llegar a algún acuerdo. 

El 21 de junio, a pesar de ciertas dudas sobre la efectiva realización del encuentro, y arreglados problemas de protocolo, como que los iraníes no querían ser vistos junto a los americanos, comenzaron las nuevas conversaciones. El vicepresidente de los Estados Unidos, acompañado de un socio de negocios inmobiliarios y del yerno del presidente, se sentaron en Buergenstock frente al ministro de relaciones exteriores de Irán. Con Pakistán como intermediario. 

A pesar de que Washington trató de vender el memorando, y las conversaciones, como un trofeo diplomático, queda por delante una agenda en la que ya no pueden figurar asuntos como el “cambio inmediato de régimen”, la “intervención en la escogencia de nuevo líder supremo de la revolución islámica”, la “rendición inmediata e incondicional”, y el “total desmantelamiento de las capacidades nucleares de Irán”, que al principio se plantearon con mucho ruido y jamás se pudieron conseguir. 

Excluidos esos fracasos, que se ocultan como si jamás hubieran existido, la idea es ahora ocuparse de las sanciones contra Irán, la situación en El Líbano con la presencia de Hezbollah, el apoyo a Hamas en Gaza y a los hutíes de Yemen, la navegación por el Estrecho de Ormuz, y los límites al armamentismo iraní, además de la distensión en todo el Golfo Pérsico. 

El hecho de emprender ahora conversaciones demuestra que Irán soportó la política de máxima presión, que combinaba las tradicionales sanciones en su contra con un inclemente ataque militar en asocio de Israel, y que, además, tuvo manera de responder con misiles y drones, y desacomodar la situación de los socios de Estados Unidos en la región. Además de golpear bases americanas, que sirvieron de muy poco a la hora de defender a sus propios aliados.

En materia nuclear, Irán ha anunciado la suspensión de actividades de enriquecimiento de material nuclear mientras duren las conversaciones. Quedó claro que no era cierto que sus stocks de material nuclear serían entregados a los Estados Unidos. Además, se reiteró la “inexactitud” del pomposo anuncio de que las instalaciones nucleares iraníes habían sido “obliteradas” en junio del año pasado. Y no está para nada claro qué sucedería en esa materia si las conversaciones llegan a colapsar.  

Quedaron liberados, de entrada, 300 billones de dólares iraníes que estaban retenidos en el sistema bancario internacional. Su liberación constituye un triunfo para el gobierno islámico, que puede destinar esos fondos a la reconstrucción de su infraestructura, el restablecimiento de sus líneas de suministro, el alivio de las condiciones de vida de la gente, afectadas por años de aislamiento, y el fortalecimiento del esquema de sus alianzas en la región. Los Estados Unidos no reciben nada específico a cambio de esta concesión. 

Todo lo anterior se convierte en componente de fortalecimiento político del régimen, y pospone su desprestigio y su decadencia, que eran evidentes a raíz de la brutal represión del año pasado, pero vinieron a quedar eclipsados en febrero con el ataque americano-israelí. Al asesinar brutalmente a un anciano, que era el padre de la nación para millones de iraníes, se acalló de paso la protesta y se facilitó automáticamente un nuevo aire a los ayatolas. 

El asunto del Estrecho de Ormuz es, y seguirá siendo, un elemento de dificultad que no existía antes del ataque a Irán. Los antecesores de Trump aceptaron el consejo de sus estrategas en el sentido de no lanzarse a la aventura de emprender una guerra contra la República Islámica, entre otras cosas para no darle a ésta última motivo para cerrar el estrecho, con las consecuencias de todo tipo que el cierre conlleva. Y para no establecer un precedente difícil de erradicar. 

Si bien el memorando habla del paso seguro y la contención mutua en cuanto al cierre del Estrecho, no existe un manual para la observación de ese compromiso. Tampoco existe un mecanismo y mucho menos un órgano de supervisión, ni definición alguna sobre aquello que puede constituir una infracción de la libre navegación por el sector. De manera que las mismas partes quedan al tiempo obligadas a cumplir el arreglo provisional, pero pueden salirse del mismo con cualquier disculpa. 

La situación del Líbano, que Irán insiste en incluir en cualquier acuerdo, y que figura en el memorando de manera ambigua, es tan difícil de arreglar como la del Estrecho. Y es que en ese ítem aparecen Israel y Hezbollah. El primero, que no ha firmado nada y muy difícilmente va a dejar de empujar dentro del territorio libanés para destruir a un enemigo a muerte que se refugia allí. El segundo porque es una prolongación del poder político, militar y religioso de Irán, que no está dispuesto a abandonar. 

El factor israelí afecta severamente cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Los israelíes no aceptarán arreglo alguno firmado por otras partes pasando por encima de sus intereses. Israel es de los muy pocos países que se puede dar el lujo de sostener un desacuerdo cordial con los Estados Unidos, sin que estos se atrevan a tomar decisiones que afecten a su más importante aliado en la región. Y ya es bien claro que Israel se reserva el derecho de actuar de manera independiente, sin sentirse obligado por lo que negociadores estadounidenses e iraníes lleguen a convenir.

Si a lo anterior se suma una situación cada vez más tensa, por decir lo menos, al interior de los Estados Unidos, como consecuencia de la aventura imprevista de una guerra de agresión en el medio oriente, por parte de un presidente que había gritado a los cuatro vientos que no cometería la estupidez de comprometer al país en guerras ajenas y lejanas, el cuadro en general no resulta favorable para Trump. 

Avanza el tiempo y se acercan las elecciones de noviembre, que renovarán parcialmente el congreso. Los porcentajes de rechazo a la guerra crecen, no necesariamente por motivos políticos o estratégicos, que a la gente no le importan o no entiende. Se trata del bolsillo. Se trata del costo de la vida cotidiana, que se suma a un estado de ánimo afectado por una actitud errática, en lo de la guerra y en otros aspectos, que si bien produce euforia entre fanáticos “trumpistas” genera exasperación no solo entre los más liberales sino entre los mejor educados. 

Lo peor, para el presidente, es que por más que consiga, a un costo altísimo, de pronto con el sacrificio político de su vicepresidente, un arreglo con Irán, el acuerdo al que se llegue será en el mejor de los casos parecido al que hace once años consiguió el presidente Obama. Acuerdo cuidadosamente negociado y suscrito por Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Alemania y la Unión Europea; refrendado además mediante resolución por el Consejo de Seguridad.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos cuenta con funcionarios de carrera experimentados en el seguimiento analítico de los procesos más variados de la vida internacional. También cuenta con negociadores profesionales que conocen el “art of the deal” en un contexto muy distinto del de los negocios inmobiliarios y la ley de la selva de Manhattan, donde se suele mentir, amenazar, dar la espalda, y cambiar súbitamente de opinión, como elementos de “negociación”, con la opción, siempre abierta, de que el negocio no se llegue a hacer. Con lo cual todo lo que se pierde es alguna oportunidad de enriquecimiento.

Negociar con Irán bajo la guía de un vicepresidente inexperto y dos empresarios de finca raíz, acostumbrados a defender sus intereses individuales, se aleja de lo requerido en negociaciones diplomáticas, en las que están de por medio los intereses públicos. 

La suerte de millones de personas depende otra vez de un documento firmado, sin contraparte presente, por un presidente estadounidense exhausto, en el Palacio de Versalles, donde hace poco más de un siglo se firmó alegremente un tratado que solo sirvió para posponer los arreglos de cuentas entre las potencias europeas de la época. 

El presidente iraní firmó desde Teherán, a sabiendas de que las cosas van a marchar al ritmo que a su país más le convenga, pues se trata de su vecindario, está acostumbrado a la dureza de sanciones ahora un poco aliviadas y no tiene el afán de unas elecciones prontas, de una opinión pública cada vez más molesta. Tampoco a la presión de aliados que no se someten a lo que otros pretendan pensar por ellos.

Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

Su principal desafío no será la izquierda, ni Iván Cepeda o Gustavo Petro, ni siquiera la oposición. Su verdadero reto será gobernar una Colombia que ya no se parece al país que conocieron los últimos gobiernos de derecha. Es tentador interpretar su llegada al poder como un regreso a fórmulas que parecían conocidas. Sin embargo, casi todas las condiciones materiales, sociales y culturales que definieron aquellas épocas han cambiado profundamente.

También conviene entender quién es el hombre detrás del personaje. Aunque nació en Bogotá en 1978, Abelardo de la Espriella pertenece culturalmente a un sector privilegiado de la costa que mezcla el orgullo regional con una ambición desbordada. Creció en Montería, en una familia profundamente vinculada al derecho y al servicio público. Su padre fue magistrado y notario; el mundo de las leyes estuvo presente desde temprano en su formación. Estudió en La Salle de Montería y posteriormente se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho. Mucho antes de imaginar una carrera política, ya parecía interesado en otra forma de poder: la capacidad de persuadir, de negociar y de imponerse mediante la palabra.

Antes de ser candidato, antes de convertirse en fenómeno político, construyó una reputación nacional como abogado litigante. Durante más de dos décadas cultivó una imagen poco habitual en las élites colombianas: la del abogado exitoso que no ocultaba el éxito. Mientras buena parte del establecimiento tradicional prefería la discreción, él convirtió la prosperidad en una marca personal. Trajes finos impecables, relojes visibles, automóviles exclusivos, ópera italiana, redes sociales y una narrativa permanente de triunfo individual. Para sus admiradores era la demostración de que en Colombia todavía era posible ascender; para sus detractores, una exhibición excesiva. En cualquier caso, logró algo poco frecuente: transformarse en personaje antes de convertirse en político.

Como ocurre con casi todos los abogados que alcanzan notoriedad pública, su trayectoria profesional también estuvo acompañada de controversias. A lo largo de los años representó a empresarios, dirigentes políticos y figuras envueltas en disputas judiciales de alto perfil, lo que alimentó tanto su fama como las críticas de sus adversarios. Sin embargo, conviene poner ese hecho en perspectiva. Los grandes abogados suelen encontrarse precisamente donde están los conflictos más complejos, los intereses más grandes y los casos más controvertidos. Ocurre en Colombia y ocurre en todas partes. Los despachos más prestigiosos de Nueva York, Washington, Londres o París han construido buena parte de su reputación defendiendo clientes polémicos, impopulares o sometidos al escrutinio público. El prestigio de un litigante rara vez se construye administrando asuntos sencillos; suele forjarse navegando las tormentas que otros prefieren evitar.

De hecho, la paradoja de los abogados célebres es que su reputación suele depender menos de los clientes que generan consenso que de aquellos que dividen a la opinión pública. La historia de la profesión está llena de juristas admirados que defendieron causas impopulares. No porque compartieran necesariamente las ideas o conductas de sus representados, sino porque entendían que el derecho existe precisamente para operar donde las pasiones políticas, morales o sociales vuelven más difícil la defensa.

Pero hablemos de nuestro país; Colombia dejó de ser una sociedad predominantemente rural. La pobreza sigue siendo uno de los grandes desafíos nacionales, pero sus dimensiones y características son distintas a las de hace dos décadas. La natalidad se ha reducido de manera sostenida. Las ciudades concentran cada vez más las tensiones económicas, políticas y culturales. Y quizás el dato más importante de todos: las izquierdas nunca habían acumulado tanto poder institucional, burocrático, académico y cultural como el que poseen hoy.

La victoria de Petro no fue una anomalía histórica. Fue la expresión de transformaciones profundas que continúan presentes en la sociedad colombiana. La salida de la izquierda del gobierno no implica su desaparición como fuerza política. Por el contrario, seguirá siendo un actor central en la disputa por el rumbo del país.

Por eso, los cuatro años del tigre no serán una restauración del pasado. Serán una prueba de adaptación al presente.

En ese escenario aparece una figura fundamental: José Manuel Restrepo. Mientras el presidente encarna la visión política, Restrepo representa la capacidad de convertir las ideas en resultados. Su trayectoria académica, su experiencia administrativa y su conocimiento del Estado lo convierten en una de las piezas más importantes del nuevo gobierno.

Toda administración necesita un estadista capaz de conectar la ambición con la ejecución. Gobernar no consiste en ganar discusiones en redes sociales ni en acumular titulares. Gobernar consiste en lograr que las instituciones funcionen, que la economía crezca, que la seguridad mejore y que los ciudadanos perciban cambios concretos en su vida cotidiana.

Abelardo llega al poder con ventajas que pocos presidentes han tenido. Cuenta con un sector amplio de los gremios, del empresariado y de la economía formal dispuesto a colaborar con su administración. La tecnocracia colombiana, una de las más sólidas de América Latina, parece estar a la orden para acompañar la ejecución de su proyecto.

Sin embargo, ninguna de esas ventajas garantiza el éxito.

Porque el ingrediente más complejo de su presidencia es otro: tendrá que hacerlo mejor que Petro.

En casi todo.

La seguridad, el crecimiento económico, la inversión, el empleo, la confianza institucional y la gestión pública serán comparados permanentemente con el gobierno anterior. Esa será la verdadera medida de su éxito o de su fracaso.

Y la presión será enorme.

Una parte importante de la izquierda y también sectores del centro encontrarán razones políticas para desear que su administración no funcione. No necesariamente por animadversión personal, sino porque la política rara vez se organiza alrededor del bien común. Con frecuencia se mueve alrededor de intereses, incentivos y cálculos de poder.

El fracaso del tigre podría convertirse en la principal plataforma electoral de sus adversarios dentro de cuatro años. El éxito del tigre, por el contrario, podría alterar profundamente el equilibrio político colombiano durante una generación.

Pero tampoco llegará con poder absoluto.

Hay instituciones que no puede desmontar, incluso si quisiera hacerlo. La Jurisdicción Especial para la Paz, la arquitectura jurídica derivada del proceso de paz y buena parte de las transformaciones institucionales de las últimas décadas forman parte de un entramado constitucional que no desaparece por decreto. Gobernar Colombia exige entender que existen límites. El poder presidencial sigue siendo enorme, pero ya no es omnipotente.

Y luego está Washington.

La relación con Estados Unidos será uno de los aspectos más interesantes de observar durante estos años. Nunca antes Colombia había tenido un gobierno tan naturalmente alineado con las prioridades estratégicas de Washington. Esa cercanía puede traducirse en respaldo diplomático, inversión, cooperación y oportunidades económicas. Pero también implica asumir presiones y obligaciones que ningún aliado puede ignorar.

Las peticiones de Washington, especialmente bajo una administración republicana fuerte, no siempre se percibirán como simples sugerencias. Habrá asuntos comerciales, migratorios, energéticos, de seguridad y de política regional en los cuales la autonomía colombiana será puesta a prueba. La cercanía con la potencia más influyente del mundo tiene ventajas evidentes. También tiene costos.

Quizás una de las mayores fortalezas de Abelardo sea algo menos visible que sus discursos: su ausencia de ingenuidad. Se trata de un dirigente extraordinariamente audaz, con una inteligencia política poco común y una comprensión bastante precisa de cómo operan el poder y los incentivos. Rara vez subestima a sus adversarios y difícilmente confunde los deseos con la realidad.

Esa virtud podría ser decisiva en una época donde la política suele castigar a los ingenuos con especial severidad.

Pero incluso la inteligencia tiene límites frente a la magnitud del desafío colombiano.

Porque el país que recibe no es únicamente una economía, una burocracia o un territorio. Es una sociedad fragmentada, diversa y muchas veces desconfiada. Millones de colombianos no votaron por él. Otros lo hicieron con entusiasmo. Muchos simplemente esperan resultados.

Todos son ahora sus gobernados.

Si uno escucha atentamente la visión que propone el nuevo presidente, aparece una idea relativamente clara de país: una nación de emprendedores, capitalista, respetuosa de la ley, defensora de la propiedad privada y convencida de que la generación de riqueza es una condición indispensable para derrotar la pobreza.

No es casualidad que la idea de la “Patria Milagro” venga de alguien que ha construido toda su narrativa pública alrededor del concepto de transformación personal. De la Espriella suele presentarse como un hombre que se hizo a sí mismo, un abogado que levantó una firma propia, diversificó negocios y convirtió su nombre en una marca. Su visión de país parece reflejar esa misma experiencia vital: una Colombia de propietarios, emprendedores y creadores de riqueza antes que una Colombia organizada alrededor del Estado.

La llamada “Patria Milagro” es una idea poderosa. Como concepto político y de comunicación, resume una aspiración nacional de prosperidad, orden y confianza. Pero precisamente por eso representa un reto enorme. Las grandes promesas siempre generan grandes expectativas.

Y las expectativas son el terreno más peligroso para cualquier gobierno.

Porque los milagros, en política, no existen. Lo que existen son administraciones capaces o incapaces de producir resultados.

Los cuatro años del tigre ya comenzaron.

Todavía es demasiado pronto para saber si esta presidencia marcará un punto de inflexión en la historia nacional o si terminará convertida en una estación más dentro del largo ciclo de promesas y decepciones que caracteriza a la política colombiana.

Por ahora, el tigre ha llegado al poder.

Ahora Colombia empezará a descubrir el color de sus rayas.

No se trata de una discusión menor. Los ministros que acompañen al presidente electo serán los encargados de convertir en realidad las promesas formuladas durante la campaña. Y en el caso particular de Abelardo de la Espriella, la expectativa es aún mayor debido al anunciado plan de choque con medidas de implementación inmediata, acciones proyectadas para los primeros noventa días y resultados concretos durante los primeros meses de gobierno.

Dentro de ese equipo ministerial existe una cartera cuya importancia será determinante para el éxito o fracaso de buena parte del programa de gobierno: el Ministerio de Justicia.

Durante la campaña presidencial se prometió fortalecer la independencia judicial, garantizar el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley, combatir la corrupción desde la contratación pública, reducir la impunidad y enfrentar el hacinamiento penitenciario mediante la construcción de diez megacárceles. Se trata de una agenda ambiciosa que requerirá no solo liderazgo político, sino también un profundo conocimiento del funcionamiento del Estado y de la administración de justicia.

Por esa razón, la elección del próximo ministro de Justicia no puede obedecer exclusivamente a consideraciones políticas ni a recompensas derivadas de la campaña electoral. El país necesita que esa responsabilidad recaiga sobre una persona que combine solvencia jurídica, experiencia administrativa y capacidad de interlocución con las altas cortes, la Fiscalía, el Congreso y los organismos de control.

En ese escenario han comenzado a sonar diversos nombres. Entre ellos aparecen el constitucionalista Mauricio Gaona, el penalista Iván Cancino y el exministro de Justicia Wilson Ruiz. Los tres cuentan con reconocimiento profesional y, en diferentes grados, han mantenido cercanía con el proyecto político de Abelardo de la Espriella.

Iván Cancino fue, probablemente, una de las voces más visibles de respaldo durante la campaña. Participó activamente en eventos, reuniones y espacios de opinión que contribuyeron a amplificar el mensaje del entonces candidato. Wilson Ruiz, por su parte, acompañó distintos momentos del proceso político y aportó la experiencia adquirida durante su paso por el Ministerio de Justicia y por la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura. Mauricio Gaona mantuvo una posición más independiente, concentrado en sus actividades académicas y editoriales, aunque intervino de manera permanente en los debates relacionados con la separación de poderes, los pesos y contrapesos y la defensa de la Constitución.

No cabe duda de que los tres reúnen condiciones jurídicas suficientes para ocupar una posición de alta responsabilidad dentro del Estado. Sin embargo, cuando se examina el desafío que enfrentará el próximo gobierno en materia de justicia, la experiencia institucional adquiere un valor particularmente relevante.

Las reformas prometidas no dependerán únicamente del conocimiento del derecho. Exigirán capacidad de gestión pública, relacionamiento con las distintas ramas del poder y comprensión de las dinámicas internas del Estado. En ese aspecto, la trayectoria de Wilson Ruiz como exministro y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura representa un diferencial significativo frente a otros perfiles.

No obstante, más allá de los nombres, el verdadero reto para el gobierno entrante consiste en construir un equipo capaz de garantizar la estabilidad institucional durante los próximos cuatro años. El Ministerio de Justicia será una pieza fundamental, pero no la única.

Abelardo de la Espriella deberá comenzar desde ahora a pensar en las futuras postulaciones a cargos estratégicos para el equilibrio de poderes. Durante el próximo cuatrienio se producirán vacantes en organismos e instituciones de enorme relevancia para el funcionamiento democrático del país, entre ellas la Corte Constitucional. Asimismo, será indispensable fortalecer las segundas líneas de gobierno mediante la designación de viceministros y altos funcionarios con la preparación suficiente para asumir responsabilidades mayores en el futuro.

El mito de la voluntad ciudadana

Uno de los grandes mitos y supuestos de la democracia liberal, por estos días desmentido en todas las latitudes, es el ejercicio libre y soberano de la voluntad de cada ciudadano y ciudadana frente a las urnas. Entre muchas circunstancias, ya lo sabemos, porque esa voluntad es fácilmente manipulable por los algoritmos, la IA, la desinformación que circula vertiginosa por las redes sociales, pero sobre todo por la habilidad de algunos candidatos para seducir a millones de ciudadanos a partir de espejismos, miedos, esperanzas, frustraciones, prejuicios y odios, todo ello reflejado en el llamado marketing electoral, en la publicidad y las consignas que agitan durante sus campañas. Por eso, la voluntad ciudadana termina siendo más aquella configurada por los candidatos y sus estrategas de marketing electoral, que la decisión reflexiva, serena y argumentada de cada elector expresada en su voto en las urnas. Algo parecido a ese otro gran mito llamado “Bien Común”, que no preexiste como algo que se encuentre en el horizonte, sino que se construye difícilmente a partir de disputas, concesiones y transacciones entre múltiples intereses y valores en conflicto. Por eso es tan esquivo y muchas veces inexistente, como calamitosamente lo sufren millones de colombianos con el presupuesto objetivo de ese “bien común” que es la salud pública, convertida hoy en una calamidad pública. Pero volviendo al tema de las campañas electorales y sus lemas, ellas configuran y a la vez reflejan el tipo de voluntad ciudadana que terminan creando, estimulando y expresando en las urnas. Por eso vale la pena, aunque sea demasiado tarde, realizar un breve análisis de los símbolos, figuras y consignas de la campaña de Abelardo, favorito en las encuestas para ganar en esta segunda vuelta, y deducir de ellas no solo el tipo de voluntad ciudadana que es configurada, sino sobre todo el tipo de ciudadano y ciudadana que es llevado a las urnas supuestamente a defender la Patria.

Abelardo, el Tigre: “Firmes por la Patria”.

El mayor mérito de la campaña de Abelardo es su agresividad y brutalidad, cuyo trasfondo ha sido el miedo a la inseguridad y la exacerbación de prejuicios, frustraciones y odios contra la izquierda, que anunció destripar, para lo cual apela a un patrioterismo militar que desprecia la civilidad y sus rasgos distintivos, la racionalidad y los acuerdos, para sustituirla por la fuerza y el grito estridente de “Firmes por la Patria”, que desprecia los argumentos, las concesiones y transacciones. En una palabra, su consigna es la quintaesencia del autoritarismo y el militarismo, adobado y camuflado tras una constelación artificiosa de símbolos patrios, que no logran ocultar del todo la deformidad teratológica de los “tres huevitos” de Uribe: “Seguridad, inversión y cohesión social”. Por eso, las imágenes centrales de su campaña son tan violentas: un tigre que rasga con sus garras la bandera nacional, rompiéndola en tres franjas. Lo que presagia todo lo contrario de lo que debería ser el patriotismo, forjar la Unidad Nacional, como lo ordena la Constitución, dividiéndola en tres franjas o partes difíciles de remendar y reconciliar, que ignoramos por ahora cuáles pueden ser, pero es factible presumirlas. Una de ellas, desde luego, es el gran establecimiento, pues todos los gremios empresariales y grupos económicos lo han respaldado, tras bambalinas, como también lo han hecho todas las macroempresas electorales y clientelistas, que se autodenominan partidos políticos, y él se apresura a rechazar, pero que incondicionalmente le brindarán su apoyo de llegar a la Casa de Nariño.

Abelardo, el outsider

Sin duda, Abelardo es un excelente outsider, pues sus triunfos y goles los ha anotado fuera de lugar, jugando con personajes que en su mayoría han estado también fuera del campo de la legalidad, brindándoles su asesoría de avezado penalista, “para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo” -según la expresión de Gabo en su Proclama “Por un país al alcance de los niños”—como los paramilitares, David Murcia Guzmán (DMG) y Alex Saab. Es decir, desde los mayores criminales de lesa humanidad, pues los “paras” superan en asesinatos, masacres y desapariciones a las extintas Farc-Ep, hasta los más representativos estafadores y lavadores de fortunas, por lo cual está en líos judiciales en Estados Unidos, dada sus penumbrosas relaciones con Alex Saab, testaferro de Maduro, y de otros implicados con el narcotráfico. Con semejante pasado, es explicable que haya tomado como mascota al tigre, un furioso felino depredador, que la única ley que respeta es la del más fuerte –algo que avergonzaría a cualquier abogado—y con el cual se identifican millones de sus electores, quienes revelan así una preocupante fascinación y admiración por la fuerza sin límites de una fiera. Una fiera que incluso podría devorarlos si los confunde con los corruptos que anuncia Abelardo serán la presa favorita del Tigre.

La ciudadanía no es una manada

También por eso, en sus mítines y entrevistas, Abelardo se refiere a sus seguidores como una manada que debe seguirlo incondicionalmente y en forma leal, sin considerarlos ciudadanos e incluso los invita a marcarlo en el tarjetón con una raya, acción propia de una fiera y no de un ciudadano. Ninguna escenografía más brutal y vergonzosa para una persona decente que esa conversión de las elecciones en un circo con fieras, donde es invitado a votar como un miembro más de una manada irracional, supuestamente para defender y salvar a la Patria. La pregunta obvia para todos ellos, sería ¿Convertirán la Patria en una selva donde gobernarán los más brutales y leales a un Tigre?  ¿Cuál sería el destino de esa Patria en manos de los más violentos y astutos? Conoceremos esas respuestas en menos de dos horas. En caso de imponerse la manada sobre la ciudadanía, nos llevará más de cuatro años volvernos a reconocer todos como colombianos, miembros de una nación democrática, y Colombia quedará mas rasgada y destrozada que la bandera de la publicidad electoral de El Tigre.

Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

Leer más | Elecciones en Colombia: los principales candidatos relegan la agenda ambiental con propuestas incompletas

Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

Leer más | “En Colombia, en temas ambientales y de defensores seguimos siendo un país que se queda mucho en la retórica” | ENTREVISTA

Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

Leer más | Colombia: los grupos armados son los grandes ausentes en el reporte oficial de deforestación

Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

Leer más | Imágenes satelitales revelan la devastación de la minería ilegal en los ríos de la Amazonía colombiana

Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

Leer más | Colombia: estudio afirma que emisiones contaminantes persisten en instalaciones de Ecopetrol en Magdalena Medio, pese a compromisos ambientales

Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Intento hacer con esta pequeña columna un listado de lo que pienso y siento por Cepeda. Lo hago sin ninguna pretensión académica; no estamos para esas letras en estos momentos. Más bien escribo para mi familia extensa, amigos y amigas, vecinos y vecinas, estudiantes que, al parecer, ven en Cepeda un rotundo peligro y, en el otro señor, la “salvación” de Colombia. No conocen al Cepeda que conozco y, si bien sé que poco puedo hacer por cambiar ese voto, al menos les dejo sentadas mis razones y motivos.

1. No es mesiánico, caudillista ni tiene delirios de salvador. No posee ese halo egocéntrico que cunde entre presidentes de derecha e izquierda y que afecta de forma ostensible el Estado de Derecho o lo que llamamos el equilibrio de poderes.

2. No es un macho alfa y, aunque aún conserva rasgos patriarcales —porque difícilmente los hombres superan esos males de la noche a la mañana, y la izquierda no es la excepción—, ha trabajado con las mujeres, las sobrevivientes de la guerra, las víctimas y la “memoria”, que también es mujer, sin avasallar y con máximo respeto. Con alguien así se podría discutir la agenda feminista y de mujeres que no da espera.

Como no es un macho alfa, siempre se pronunció contra los abusos y las crueldades de los machos de la izquierda. Valoro inmensamente cada uno de esos momentos.

3. Su línea feminista y de teoría crítica le permitirá desarrollar y proteger todo el sistema nacional, regional y local del cuidado, así como los derechos logrados desde 1991 para las mujeres, las diversidades, las disidencias sexuales, los niños y niñas, los y las jóvenes, las personas mayores y muchos otros grupos. La sensibilidad es lo suyo, no el mercado ni los negocios privados.

4. No es guerrerista. Nunca fue guerrillero; eso sí, fue una víctima de la guerra. Se vistió de historia, filosofía, sociología y derecho para caminar junto a las víctimas. Gracias a él, a ella y a otros políticos, políticas y activistas decentes, este país reconoció el conflicto, empujó el proceso de paz con las extintas FARC y firmó el Acuerdo de Paz de 2016, tan enredado por los amigos de la confrontación. Queda todo, o casi todo, por hacer.

5. Es austero. Cero ostentación, clubes, aviones privados, ropa de marca, grandes relojes o consumos excesivos. Ese señor sabrá manejar la economía de Colombia como un tesoro. Escucha a expertos y expertas y conoce las grandes soluciones y la necesidad de un pacto fiscal en el que todos debemos aportar para sacar adelante este país y superar el déficit fiscal que viene desde hace varios años.

6. No es corrupto. Es un hombre ético y sano. Tiene serios compromisos frente a la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción y de fiscalías especiales anticorrupción. Ni siquiera los políticos y políticas de izquierda se salvarán de su contundente mirada.

7. Ama a los pobres, pero no la pobreza. Seguirá por la agenda social abierta y correcta del primer gobierno de izquierda en Colombia.

8. Cree en la igualdad y en las reformas sociales. Sabe que la salud amerita atención urgente, acciones inmediatas y una reforma concertada, sin despreciar el papel del sector privado. Pero también sabe que algo está mal cuando la tutela ha sido la reina de ese escenario y del estado de cosas inconstitucional del que no hemos podido levantarnos.

9. No es neoliberal, lo que no significa que odie al empresariado. Sabe que debe trabajar con los pequeños y medianos empresarios, y que los grandes empresarios e industriales deberán hacer más por la equidad.

10. Tiene el Estado social de Derecho en la cabeza. Está atento a los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la reforma laboral y pensional, grandes avances sociales del primer gobierno de izquierda; a la protección del salario mínimo vital y del mundo sindical, sin abandonar, insisto, al sector empresarial ni al sector privado.

11. Como exprofesor, conoce la importancia de las universidades privadas, especialmente de aquellas que hacen bien la tarea y no abusan de la autonomía universitaria. Pero también reconoce que en la universidad pública está el proyecto de vida de millones de colombianos y colombianas sin recursos para asumir los altos costos de la educación privada. Esa gran tarea apenas está en construcción. Más educación y protección de toda la institucionalidad en clave de Estado social de Derecho.

12. No es militar, pero sabe que la seguridad integral, el orden público, la tranquilidad, la soberanía y la paz completa e integral se construyen con nuestra Fuerza Pública. Buen trato, carrera por mérito, derechos humanos, formación y más formación. Toda una geografía por proteger. Todo un Estado social de Derecho para construir en los territorios.

13. Es animalista. Andrea Padilla, Jessica Melo y otras lideresas y líderes animalistas lo han reconocido. Sabe que en materia animal debe fortalecerse la institucionalidad para la protección, el bienestar y la “dignidad” de nuestros hermanos menores, así como la puesta en práctica de toda la legislación aprobada en los últimos años y de la nueva por construir.

14. Protector de la Madre Tierra, tiene el cambio climático en la cabeza. Seguirá con la agenda ambiental, pero escuchando a los y las expertos y expertas para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de estas necesarias posiciones. Las y los liderazgos ambientales seguirán acompañando esta nueva fase del constitucionalismo de la naturaleza.

15. No tiene nacionalidad norteamericana ni ha jurado lealtad a los Estados Unidos, lo que le permitirá proteger nuestra soberanía nacional, el respeto por la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional. La unidad de la nación será plenamente garantizada.

16. Escogió una fórmula vicepresidencial mujer e indígena. Eso habla de su respeto por las mujeres, el pluralismo y la diversidad étnica del pueblo colombiano. Tiene un enfoque descolonial poco común en la política colombiana. Sabrá defender los avances logrados durante el primer gobierno de izquierda y continuar con la agenda de los pueblos indígenas.

17. Es descentralista, pero con enfoque de equidad territorial. Sabe que el centralismo es una de las perversiones históricas del Estado colombiano y que la autonomía territorial solo ha sido posible para unos pocos territorios ricos y llenos de oportunidades. La solidaridad y la inclusión hacen parte de sus apuestas.

18. Tiene un profundo respeto por el poder judicial. Es más abogado que muchos abogados. Aprendió a utilizar el derecho para la búsqueda de la verdad y la justicia social. Ningún fallo adverso le ha generado actitudes agresivas. Esto garantiza autonomía e independencia de la Rama Judicial.

19. No es un estatizador. Conoce el modelo de economía social de mercado que prescribe la Constitución Política y sabrá moverse dentro de esas limitaciones para fortalecer lo social y lo ambiental frente a un capitalismo al que la vida y la Casa Grande muchas veces parecen importarle poco.

20. Es un buscador incansable de la paz o de las paces en Colombia. Conoce los errores de los distintos modelos y la necesidad de replantear estrategias para la reconciliación nacional.

21. Escucha y escucha. Sabrá dialogar con las diversas corrientes del feminismo en Colombia, con las diversidades, los pueblos, las colectivas y los colectivos. Un hombre con los derechos humanos en la cabeza tendrá respeto por las diferencias y buscará soluciones y consensos.

22. Ah, y conoce nuestro bloque de constitucionalidad, los tratados de derechos humanos firmados y ratificados por Colombia, así como, la importancia de pertenecer a sistemas regionales y mundiales de protección de derechos. Sabe que nuestra justicia interna prima, pero que, una vez agotadas las instancias nacionales y ante la ausencia de justicia, estos mecanismos supranacionales pueden marcar la diferencia. Eso sí, no se saltaría por nada a la justicia interna colombiana hasta no agotarla, porque sabe que nuestra soberanía está estrechamente ligada a ese diseño de 1991.

23. Finalmente, cree en el Acuerdo Nacional o pacto social. Sabe que hacer efectiva la Constitución Política de 1991, más allá de las élites que nos han dejado como uno de los países más inequitativos de América Latina y del mundo, exige esfuerzos de concertación y la construcción de grandes consensos (empresarios, industriales, sindicatos, mujeres, diversidades y más). Entiende que los grandes problemas de Colombia no se resuelven desde la imposición ni desde la exclusión, sino mediante el diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos.

24. Y, quizás lo más importante, es un hombre decente. En fin, no es el monstruo que les vendieron en la radio, los noticieros y las redes sociales. Este es el Iván que conozco. Con sus virtudes y limitaciones, pero también con una trayectoria pública que me permite confiar en que defenderá la Constitución de 1991, la democracia, la paz y los derechos conquistados.

Estas y muchas razones más me llevan a votar por Iván Cepeda y Aída Quilcué para el período 2026-2030.