¿Cuánto tiempo debe permanecer un hombre en un cargo antes de que el poder se le suba a la cabeza o, peor, se le baje a la bragueta?

¿Será cierto aquello de que la suerte de la fea, la bonita la desea?

¿Es el acosador una persona enferma? Si un amigo es acusado de acoso sexual, ¿le debo retirar mi amistad?

—Ese medio se presta para esas vainas —me dice un amigo en el gimnasio, refiriéndose al escándalo del momento: periodistas de televisión acusados -no condenados- de acosar sexualmente a sus compañeras de trabajo.

Cualquier análisis que se haga sobre el acoso sexual debe partir de una realidad inocultable: el machismo que atraviesa a la sociedad colombiana desde siempre. La cosa es peor si el dominio lo ejerce un hombre con poder, con mucho o poco poder. La mujer lleva las de perder cuando la testosterona ejerce su dictadura y los machos en celo se pavonean por la oficina. Es el reino de los manilargos y los ojilargos que desvisten gente con la mirada.

Tal vez mi amigo tenga razón. La televisión no es un espacio laboral más. Hay algo particular que lo hace especialmente vulnerable a las conductas inapropiadas. En los estudios de televisión, la imagen -prefabricada, edulcorada, artificial- es la medida de todo o de casi todo, y por tanto la belleza se ha convertido en estándar del éxito.

Sin embargo, hubo un tiempo en que mujeres comunes y corrientes, y no necesariamente jóvenes —talentosas, eso sí—, presentaban noticias por televisión en Colombia. Belleza más talento no era entonces regla obligada. Era suficiente con tener lo segundo.

De un día para otro las cosas cambiaron: los rostros bellos empezaron a inundar sets y pantallas, alentado por una cultura patriarcal que puso a los hombres como los mandamases del negocio de la televisión. Fíjese usted que hoy es bastante infrecuente encontrar mujeres dirigiendo telenoticieros y más raro aún verlas presidiendo un canal de televisión.

A las mujeres se les exige gracia física y talento para ponerse frente a una cámara. A los hombres no necesariamente se les hace esa doble exigencia. De hecho, a ellas se les suele reemplazar más fácilmente que a ellos. Dicho de otra forma, en televisión el ciclo vital de las mujeres es más corto que el de los hombres, y eso puede tener una única explicación: el poder real —la posición de superioridad— se concentra en hombres que, al final del día, son quienes deciden el ciclo activo de unos y otros en la pantalla.   

Con la aparición de los canales privados, Caracol y RCN, a partir de 1998 se creó una competencia feroz por el rating: la rentabilidad del negocio se impuso sobre el servicio, lo que explica, entre otros fenómenos, el exceso de realitys shows que buscan seducir audiencias mezclando cuerpos, belleza y talento para disparar los índices de sintonía. Los televidente quedamos sometidos a una televisión aburridamente uniforme.

Y aquí estamos, viendo a los que dan las noticias convertidos en la noticia misma. Las denuncias por acoso sexual contra tres varones del periodismo —hasta ahora son tres con nombre propio— amenazan con causar daño reputacional a marcas emblemáticas.

No es fácil escribir sobre los posibles pecados de otros colegas, pero callarnos es la peor opción posible. Los hombres deberíamos ser los primeros en repudiar toda conducta masculina depredadora.

Estar investido de fama o autoridad no otorga licencia para degradar o someter a nadie. El pudor ajeno es un bien que se respeta. Desestimar la voz de una mujer que denuncia abusos contra su integridad, es ponerse del lado del victimario.

Por cada mujer que denuncia a su acosador, un lobo feroz desaparece de la oficina. 

No somos jueces para dictar sentencia —prevalece la presunción de inocencia hasta que un juez diga lo contrario—, pero podemos abogar para que la justicia opere, caiga quien caiga. El periodismo no puede quedar en entredicho; ya suficientes males se ciernen sobre este oficio.

La televisión es un medio que por su propia naturaleza y la notoriedad que otorga la fama y la exposición mediática, está lleno de secretos, vergüenzas y a veces personajes oscuros. Escribo esto mientras recuerdo el caso del tristemente célebre Bill Cosby. La prensa informa que el comediante, hoy de 88 años, debe pagar 19 millones de dólares a una de sus víctimas. La mujer tenía 34 años cuando la sedó y emborrachó antes de violarla. El caso ocurrió en 1976.

¿Seres humanos u objetos del deseo?

Que los escándalos sexuales toquen a la televisión no es algo nuevo en una industria que desde sus orígenes ha convertido a mujeres y hombres en el objeto del deseo de las audiencias y que ahora —lo venimos a saber públicamente—, son también el objeto del deseo de puertas para adentro. Un enemigo interno —un mal elemento, diría yo— que muchas veces no está dispuesto a aceptar un no por respuesta. Pero un no es un no, y hay que repetirlo hasta el cansancio.

“…las acusaciones de acoso sexual (…) son un recordatorio de la grave interrupción que el acoso puede suponer para una carrera profesional”, comentaba Margaret Talbot, en una columna de The New Yorker (2016). Recordó el caso de la periodista Rudi Bakhtiar, que en 2007 perdió el ascenso como corresponsal en la oficina del canal Fox News en Washington “tras rechazar las insinuaciones sexuales de un colega que estaba a punto de convertirse en jefe de la oficina”.

En el caso colombiano, nuevas denuncias —que se están conociendo, sin filtro alguno, a través de las redes sociales—, muestran que estamos ante lo que podría ser una conducta habitual en ese medio. Una colega colombiana informó a través de TikTok que debió alejarse del periodismo para dedicarse a las ventas.

Cuando se habla de acoso sexual se habla de tocamientos indebidos o no deseados, propuestas indecentes, insinuaciones, regalos injustificados, besos no consentidos, cualquier forma de manoseo, frases galantes que encubren dobles intenciones, retener a alguien en su oficina contra su voluntad, llamadas o mensajes a deshoras, incluso miradas lascivas, hasta comportamientos abiertamente descarados, cargados de una tensión sexual (en modo unidireccional, claramente).

No está de más incluir aquí la figura reprochable de lo que coloquialmente la gente llama “el viejo verde”: hombres mayores y lujuriosos afanados por seducir mujeres jóvenes, queriendo revertir, a punta de labia y/o chequera, los estragos de la edad.

Los televidentes hemos visto envejecer a muchas figuras de la televisión, por no decir que hemos envejecido al mismo tiempo con ellas. Creo que existe una relación directa entre el tiempo laborado y el poder acumulado, y sobre todo la manera como algunas personas se sirven de ese poder y de los años de experiencia dentro de una empresa. ¿Qué hay del relevo generacional? ¿Acaso es la experiencia la única medida de todas las cosas para mantener a las personas en un cargo?

Recordemos el escándalo sexual que terminó con la caída del presidente de Fox News, Roger Ailes, a la edad de 76 años. El drama está contado en la película “El escándalo” (Prime Video), protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie.

La presentadora Gretchen Carlson (Miss América 1989), tenía 50 años cuando denunció las invitaciones sexuales de su anciano agresor. Según la BBC de Londres, Carlson precisó en la demanda que Ailes “se la comía con los ojos, hacía comentarios sobre sus piernas, le pedía que vistiera prendas que resaltaran su figura y le dijo que era sexy aunque requería mucho trabajo”.

El caso fue documentado en el cuarto episodio de la miniserie “Dinastía: Los Murdoch” (Netflix), sobre el multimillonario Rupert Murdoch, dueño entre otros medios de la cadena Fox News.“Estábamos en un auto, y me tomó de la cabeza y del cuello, y bajó mi cara a su entrepierna”, dijo Carlson.

En el mismo documental, la expresentadora Alisyn Camerota afirmó: “Roger siempre hablaba de los cuerpos de las mujeres. (…) Siempre hizo comentarios inapropiados y sucios sobre el tema. Fui a pedirle una oportunidad. Quería ser presentadora. Y me dijo: ´bueno, no estás lista aún. Voy a trabajar contigo´. Y dijo: ´tendrá que ser los fines de semana, tal vez en un hotel´”.

El caso concluyó con el despido de Ailes en julio de 2016. El tipo recibió una indemnización de 40 millones de dólares y murió al año siguiente. El dinero también suele usarse para comprar el silencio de las víctimas.

Otra historia lamentable es la de Harvey Weinstein, el todopoderoso de la industria cinematográfica, quien cumple una doble condena de 23 y 16 años por cargos de violación y agresión sexual.

En un artículo de 2017, la revista The New Yorker escribió lo siguiente: “Su comportamiento era un secreto a voces en Hollywood y más allá, pero los intentos previos de numerosas publicaciones, incluyendo The New Yorker, por investigar y publicar la historia a lo largo de los años no cumplieron con las exigencias de la evidencia periodística. Muy pocas personas estaban dispuestas a hablar, y mucho menos a permitir que un periodista usara sus nombres, y Weinstein y sus asociados recurrieron a acuerdos de confidencialidad, sobornos y amenazas legales para silenciar sus testimonios”. 

Un hombre, el joven reportero Ronan Farrow, fue clave para destapar el caso en la revista The New Yorker. Con su investigación —que incluyó grabaciones secretas y el testimonio de actrices—. ganó un premio Pulitzer en 2018 y dio impulso al movimiento MeToo, (Yo también), que ahora tiene capítulo propio en Colombia, bajo el nombre “#MeToo yo te creo, colega”.  

Daño a la credibilidad

Todavía es muy temprano para saber si habrá daño reputacional para los canales involucrados tras las denuncias contra los implicados por acoso sexual en Colombia. Hay quienes proponen apagar la televisión como una forma de sanción social contra medios de comunicación que irrumpen a diario en millones de hogares.

Yo creo que el asunto debe conducirnos como sociedad a una reflexión más profunda en tres dimensiones: el rol que cumplen la casa y la escuela en la formación de valores sobre las conductas sexuales, el compromiso de las empresas para que esos valores se conviertan en hábito y el respeto en costumbre, y, por último, la necesidad, por qué no, de establecer códigos de conducta sexual, como apéndice de los contratos de trabajo, para proteger la integridad de cada empleado. Está demostrado que las sociedades sin policías no funcionan.

Si “el acoso sexual es espacios laborales es siempre un crimen difícil de rastrear”, como sugiere este editorial de El Espectador, parecería entonces que las mujeres no tienen más alternativa que ser sus propias detectives y recoger las pruebas que incriminen a sus acosadores.  

Por otro lado, poco se habla de los daños colaterales que trae consigo el escándalo. Muy mal que ciertos medios periodísticos hayan expuesto a las parejas o familias de los acusados al escarnio público, sin fin distinto que usar el morbo para atraer clics. Cosa distinta es la valoración que haga la opinión pública. Los famosos se exponen para lo bueno y, pues también, para lo malo. No hay escapatoria. La fama tiene un precio, y cada quien juzgue cuál es el límite de la amistad.

Con todo, ojalá la industria de las noticias siente cabeza y haga un autoexamen en medio de su mala hora. Es eso o poner en adelante suficientes duchas con agua fría en las salas de redacción.

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

Leer más | Perú: así funciona el sistema de extorsiones, amenazas y asesinatos que devasta los bosques en La Pampa

Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Algo se movió en Colombia en los últimos años. Y no, no fue solo la “rebelión de gobernadores” reclamando autonomía territorial frente al viejo centralismo. También hubo otra: la de la toga (2025). Más sutil —no siempre—, quizás, pero igual de política.

Congresos, foros, declaraciones, comunicados, micrófonos y más micrófonos. De repente, la judicatura —en cabeza de sus presidentes de cierre— salió en masa a hablar de Estado de derecho, de regresión democrática, de constitucionalismo abusivo, de Constitución en reversa y de autonomía judicial.

Expresiones que, en el contexto colombiano, aludían a una posible afectación de la independencia y autonomía de las tres ramas del poder público —ejecutiva, legislativa y judicial—, pero, de manera especial, a las tensiones entre la rama judicial y la figura presidencial.

Todo muy propio de un escenario complejo y en abierta disputa: un Ejecutivo que, por momentos, exhibe visos populistas mientras impulsa una agenda social que lo llevó a encarnar el primer gobierno de izquierda en la historia política del país; y, del otro lado, una justicia incómoda, reactiva —incluso por momentos desbordada—, que se siente interpelada por el gigantismo del poder presidencial, propio de nuestro sistema de gobierno. Una justicia que se ha caracterizado por su rol garantista en materia de dogmática y derechos, pero mucho menos generosa cuando esos mismos lentes deben aplicarse a lo económico, lo fiscal, lo minero e incluso a lo social.

La llamada “rebelión de la toga” dejó varias lecciones. La más evidente: la autonomía judicial no es solo presupuesto, ni autogobierno, ni garantías estatutarias y formales. Es también —y, sobre todo— independencia real. Y esa independencia se pone a prueba no solo frente al poder político, sino frente a todos los poderes.

Sí, todos.

Porque el problema no se agota en las indebidas presiones del Ejecutivo. También opera —muchas veces con mayor sigilo— desde los gremios, las élites económicas, los círculos académicos cerrados, los grandes bufetes, las redes de influencia, el mundo del arbitraje e incluso el litigio estratégico.

Para pensar en esta última idea, acudí a un libro breve pero sustancioso: La independencia de los magistrados, del profesor francés Fabrice Hourquebie (Tirant lo Blanch). Allí se desarrollan elementos que, a mi juicio, quedaron por fuera de la “rebelión de la toga” vivida recientemente en Colombia.

El autor analiza la independencia judicial desde tres aristas: (i) la independencia de la institución judicial; (ii) la independencia sustentada en garantías estatutarias; y (iii) la independencia como cuestión de conducta personal.

Insisto: los dos primeros aspectos fueron ampliamente debatidos en 2025. Pero vale la pena detenernos en el tercero.

La independencia de los magistrados como cuestión de conducta personal abre interrogantes incómodos, pero necesarios. Como señala Hourquebie, cabe preguntarse si la teoría de la separación de poderes no ha sido, en ocasiones, más un ideal que una realidad, considerando los procedimientos de nombramiento, las presiones del poder ejecutivo, los escándalos que han marcado la historia de la justicia y los intereses que subyacen en su funcionamiento.

• ¿Están realmente los magistrados distanciados del poder? Y cuando hablamos de poder, este no se agota en lo público: incluye también el poder económico, gremial y simbólico.
• ¿Cuántos premios reciben nuestros magistrados?
• ¿Quién se los entrega?
• ¿Quién los invita a hablar? ¿A quiénes invitan a hablar?
• ¿Quién financia los escenarios donde hoy opinan con tanta soltura?
• ¿Estos escenarios responden a un poder en particular o están realmente libres de intereses?
• ¿Aplican “el deber de ingratitud”?
• ¿Y después de los ocho años, qué? ¿A dónde van? ¿A qué puertas tocan o les abren?

Porque la independencia no se declama: se practica. Y, sobre todo, se percibe.

Como bien lo recuerda Hourquebie, la independencia judicial no es solo institucional ni estatutaria. También es personal: es conducta, es ética, es estética, es moral y, ante todo, es distancia. Distancia del poder. De todos los poderes.

Estas preguntas sugieren la necesidad de una investigación jurídica y socio-jurídica seria sobre prácticas que podrían estar afectando la independencia judicial, no solo desde la estructura del Estado y la posible vulneración del Estado de derecho, sino desde la conducta.

Aquí aparece la llamada imparcialidad subjetiva, atravesada por convicciones políticas, filosóficas, religiosas e ideológicas. Son seres humanos, no dioses. Lo liberal, lo garantista, lo conservador —incluso lo espiritual— conviven en una misma Corte. Y ello, en buena medida, es inevitable.

Pero ser magistrado implica también resistir las presiones de la opinión pública, del corporativismo y de la demagogia. Implica, como bien lo señala Hourquebie, preferir una verdad incómoda antes que la facilidad de la complacencia. La independencia judicial es, en últimas, un acto de valentía.

El texto reabre un viejo debate: la tradición francesa, que concibe al juez como “boca de la ley”, frente a la anglosajona, que lo entiende como un “oráculo vivo”. Entre ambas, se despliegan las discusiones sobre activismo judicial, tribunales constitucionales y el papel de la judicatura en sociedades complejas. El juez que mira con lentes de compasión el dolor y la vulnerabilidad, antes que con lentes de complacencia frente a los ricos y poderosos. Pero ese es asunto de otra columna.

Cierro retomando el título: “Asociación de magistrados alérgicos a las condecoraciones”. Una figura irónica —creada en Francia en 2016— que cuestiona la práctica de otorgar y recibir medallas, distinciones y honores, especialmente desde el poder ejecutivo, pero también desde otros poderes, incluidos el económico y el mediático.

“No hay almuerzo gratis”.

Favores, regalos, cenas, reconocimientos… todo ello puede exacerbar la vanidad en un ámbito que exige sobriedad.

Dicho en términos más directos: ¿provenir del arbitraje, aspirar a él, tener vínculos con partidos políticos, con grandes gremios, firmas de abogados o con litigios estratégicos puede afectar la independencia judicial? Lo dejo como pregunta.

En Colombia, ocho años de magistratura pasan rápido. Pero la pregunta persiste: ¿qué viene después? ¿Se retiran nuestros magistrados a la contemplación? El libro de Hourquebie invita a la prudencia, a la mesura. A una judicatura que hable a través de sus sentencias. Menos expuesta, menos mediática, menos tentada por la política y los micrófonos.

Tal vez ha llegado el momento de abrir esa discusión: de mirar de frente esa tercera arista que también debería integrar la llamada “rebelión de la toga” —así he querido nombrarla—. Un punto incómodo, pero ineludible, que interpela de manera directa la independencia y la autonomía de la justicia en Colombia.

Es cierto que esto es política y que, en medio de una campaña y el afán por la búsqueda de votos, las mentiras y falacias hacen parte del día a día. Sin embargo, uno no espera esto de personas por las que se siente respeto.

Por lo anterior, mi querida senadora, me tomo el atrevimiento de refrescarle la memoria.

En lo que tiene que ver con Jesús Santrich, quien, aparte de su prontuario criminal, fue además todo un farsante, le recuerdo que su extradición fue sometida a consideración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En una decisión apretada, esta aplicó la garantía de no extradición y ordenó su libertad.

Esta decisión de la Sección de Revisión de la JEP motivó la renuncia de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General de la Nación, quien consideró que Santrich, después de la firma de paz con las Farc, siguió delinquiendo.

De esta manera, Santrich salió de la cárcel y, fingiendo enfermedad, fue sacado en una silla de ruedas. No sé si con el ánimo de inspirar compasión; sin embargo, lo que sí sé es que lo único que logró fue el repudio nacional, con excepción de unos cuantos a los que sí logró engañar. Uno de ellos: el senador Iván Cepeda Castro, quien acudió a acompañarlo a la salida de la prisión en un acto de demostración de apoyo y respaldo a la paz, mas no porque haya secundado las fechorías del líder guerrillero.

Le recuerdo además, senadora Valencia, que ante la discusión entre la Fiscalía y la JEP, una jueza de control de garantías tomó la decisión de enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia, porque Santrich ostentaba la figura de congresista.

Fue entonces cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció el nombramiento de Santrich como congresista y el Consejo de Estado negó la pérdida de tal investidura, a pesar de que no se posesionó en la fecha indicada.

Así las cosas, el 5 de junio, la Sala Especial de Instrucción de este alto tribunal llamó a indagatoria a Santrich por los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ambos agravados. No obstante, durante ese fin de semana, la Unidad Nacional de Protección informó que desconocía el paradero de este exmiembro de la antigua guerrilla de las Farc. Fue entonces cuando se produjo su fuga hacia Venezuela.

Le pregunto entonces, senadora Paloma Valencia: ¿en dónde aparece la figura de Iván Cepeda en todo este proceso, que no es sino de la justicia? ¿Cómo así que Iván Cepeda facilitó la fuga de Santrich y su salida de la cárcel? Deje de decir mentiras. El país no está para este tipo de debates de tan bajo nivel.

Dice usted que Iván Cepeda instigó el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Revisando los debates en el Congreso, le diré que fueron muy pocas las ocasiones en que los dos senadores se enfrentaron en plenarias y comisiones, y que, de parte del senador del Pacto, siempre se hizo con respeto, muy a pesar de que el congresista Uribe Turbay fue bastante bélico y pasado en sus expresiones hacia el gobierno nacional y hacia los miembros de su bancada en el Senado. No nos digamos mentiras: así era Miguel Uribe Turbay cada vez que se le daba la palabra.

Y si vamos al trato que se le dio al senador Uribe Turbay, tendré que recordarle, senadora Paloma Valencia, que su bancada, especialmente quienes hicieron parte del grupo de presidenciables —entre los cuales estaba usted—, se dedicaron a hacerle el feo durante el proceso de selección del candidato uribista, y que en el Centro Democrático solo cuando fue asesinado a manos de un joven sicario se dieron cuenta del inmenso amor que le tenían y de lo buena gente que era.

Por otro lado, por favor, no siga el mal ejemplo de Álvaro Uribe Vélez, quien, como presidente de la República, pudo haber hecho millones de cosas fabulosas y beneficiosas para el país, pero como expresidente le ha hecho mucho daño a Colombia con su inquina, mentiras y odios personales.

Senadora Paloma, usted es una mujer valiosa, inteligente y capaz de llevar a Colombia por una buena senda si las mayorías así lo deciden en estas elecciones. Así que, por favor, haga una campaña inteligente, con argumentos estructurados, como lo ha hecho en su tarea como congresista.

No destruya lo que ha hecho durante estos 12 años en el Senado de la República, por secundar las mentiras e inquinas de Álvaro Uribe Vélez.

Nota recomendada: Vicepresidentes para ganar pero no para gobernar

Digamos ahora lo obvio; lo que se ha manifestado en distintos espacios a lo largo de semanas y meses, pero en unas pocas líneas que traten de motivar el retorno al cumplimiento de la constitución y el espíritu académico, sin renunciar a los caminos de cambio que se considere que deben ser discutidos y emprendidos.

El fallo del Consejo de Estado, que ratificó la legalidad de la elección de José Ismael Peña como rector, para no hablar del fallo del juez de tutela que ordenó hacer efectivo el ejercicio del cargo, no es una sugerencia ni un punto de partida para una asamblea; es una verdad jurídica de obligatorio cumplimiento. En una democracia, las instituciones no son legítimas solo cuando el resultado nos favorece; son legítimas porque emanan de procesos reglados y autoridades competentes. Desconocer un fallo del máximo tribunal de lo contencioso administrativo es, sencillamente, promover la anarquía bajo el disfraz de la “autonomía”.

La doble moral de las urnas

Llama poderosamente la atención la asimetría con la que ciertos sectores miden la democracia. Se exige respeto absoluto por una consulta previa de rectoría que, aunque masiva, es estatutariamente no vinculante; esa es la realidad de las reglas de juego vigentes. Sin embargo, esos mismos sectores celebran como un mandato popular los resultados de la Mesa Constituyente Universitaria (MECUN), a pesar de registrar una  participación ínfima en comparación con el censo total de la Universidad.

¿Cómo puede una minoría ruidosa arrogarse la representación de 60,000 estudiantes para detener la vida académica? Es hora de medir con el mismo rasero: si la participación es el termómetro de la legitimidad, la parálisis actual carece de ella. La verdadera democracia universitaria se ejerce en las aulas, en los laboratorios y en los canales institucionales de reforma, no en el bloqueo sistemático del derecho ajeno a la educación. La democracia son las reglas de juego válidamente establecidas y democracia, es también, cambiarlas a través de los mecanismos que respeten esas mismas reglas de juego (los estatutos que en su momento fueron objeto de debates, disensos y consensos). Por algo, la propia Constitución Política puede cambiarse, pero a través de los mecanismos que ella misma estableció por consenso.

El retorno a la razón

El camino para las reformas que la comunidad aspira –como la modificación del sistema de elección de rector, entre otras— existe y está trazado en la ley. Se llama trámite institucional (iniciativa de reforma) ante el Consejo Superior Universitario. Utilizar el paro como mecanismo de extorsión para saltarse los procedimientos legales solo debilita la institucionalidad que los mismos manifestantes dicen proteger de “intervenciones externas”.

El vacío que llena el radicalismo

Es innegable que la estrategia del paro prolongado no busca el consenso, sino la dispersión. Al cerrar las aulas, la inmensa mayoría de la comunidad universitaria —esa que entiende la educación como un proyecto de vida y no como un campo de batalla ideológico (por lo menos, no como una batalla de argumentos y construcción desde la diferencia)— se ve obligada a retirarse a sus casas, dejando los campus físicamente vacíos, pero políticamente capturados. En ese silencio de la mayoría, el debate queda a merced de los sectores más radicales, quienes encuentran en la anarquía el ecosistema ideal para imponer su visión como la única verdad absoluta.

Este fenómeno es, en esencia, una forma de intimidación intelectual y física. El discurso violento y excluyente que emana de las asambleas a puerta cerrada – porque, aunque se muestran como abiertas, se difama y estigmatiza a quien expresa su disenso y deseo de debatir con dinámicas académicas normales de clase-, se erige sobre un falso dilema: o se está con el paro, o se es un “traidor a la causa”. Ante esta polarización extrema, el estudiante o profesor que desea la normalidad académica termina replegado, silenciado por el temor a la estigmatización o a la confrontación directa. Así, lo que se vende como una “gesta democrática” termina siendo el secuestro de la voluntad colectiva por parte de una minoría que, al vaciar la universidad de su pluralidad natural, convierte el campus en un feudo de pensamiento único donde la razón es sustituida por la consigna.

Un ejercicio de honestidad: ¿y si el gobierno fuera otro?

Resulta imperativo plantear un escenario hipotético pero revelador: ¿Cuál sería la narrativa si el Gobierno Nacional actual fuera de derecha y no de izquierda? Probablemente, el discurso de la “resistencia” denunciaría con ferocidad cualquier intento del Ejecutivo por dilatar la posesión de un rector legalmente elegido o por asfixiar financieramente a la institución como medida de presión. Veríamos carteles hablando de “dictadura” y “violación a la separación de poderes”. Hoy, ante un gobierno afín a las tesis del paro, el silencio o la complicidad frente al desacato judicial es ensordecedor. La ley no puede ser un traje a la medida del gobernante de turno o de la ideología predominante en la plaza pública.

La Universidad Nacional debe abrir sus puertas ya. La normalización académica no es una derrota para nadie, sino una victoria para el país que financia, con el esfuerzo de todos los contribuyentes, una educación que hoy está secuestrada por el sesgo.

Señor Rector, profesores, representantes y estudiantes: el respeto a la ley es el único camino. Lo demás es el abismo de la arbitrariedad.

OJF

1

Se dice feliz Día del Periodista pero pocas veces hay algo para celebrar. Porque ni las amenazas a los periodistas ni los despidos laborales se celebran. Conseguir empleo no es fácil y si se tiene la fortuna de encontrar uno, los sueldos son indignos, a menos de que usted sea una estrella del periodismo: de las que cobran salarios astronómicos.

2

Me pregunto qué justifica que las universidades sigan formando periodistas en un mundo al revés donde la dictadura del clickbait y las métricas deformaron los principios del oficio y mandaron la ética a la porra. Quien tenga la respuesta, con gusto la publicaré en esta tribuna.

3

Los medios independientes hacen un periodismo decente, cuidadoso, de largo aliento en sus investigaciones, pero sin recursos no pueden llegar a las grandes audiencias. Los ciudadanos podemos apoyar monetariamente ese periodismo que trabaja con las uñas. La Liga contra el Silencio agrupa a varios de esos medios.

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Los periodistas con título están compitiendo con los influecers-periodistas sin título. ¡O los primeros se convierten en lo segundo –reinventarse que llaman- o los segundos se ponen a estudiar para ejercer el oficio con rigor! ¿Qué seria lo correcto?

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—“Con un periodista que gana 200 millones, se le pegaría a 40 de $5 millones”, me decía un colega el otro día. (Hasta tiene razón. Veinte por el precio de uno en esta época en que todo es transaccional).

—Apaga y vámonos, le dije. Y nos fuimos a rumiar nuestras tristezas.

Feliz Día a los buenos periodistas que también son buenas personas.

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El buen periodismo comienza por un pago justo a los periodistas. Debería existir una tabla consolidada —y acordada entre gremios y empresas de medios— para que ningún periodista en Colombia reciba menos por su trabajo. Empecemos por algo: ¿Cuál debería ser el salario mínimo del periodista recién egresado?

7

Los periodistas y los políticos rara vez se la llevan bien, pero los segundos necesitan más de los primeros, y no al revés. A la prensa recurren para cacarear su primer bostezo del día.  Comenzando el año, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), manifestó su preocupación por las acciones judiciales anunciadas por el candidato a la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella, en contra de la columnista Ana Bejarano Ricaurte, a raíz de la columna de opinión titulada “Alex y Abelardo”, publicada el 11 de enero de 2026 en revista Cambio y Los Danieles.

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El buen periodismo se pone a prueba en una contienda electoral. La prensa debería contar con un manual especial para el cubrimiento de las campañas presidencial y legislativa. Demasiados candidatos y demasiada información hacen imposible que el ciudadano de a pie sepa quién está proponiendo qué. Los medios no pueden seguir en una actitud carroñera sirviendo de altoparlante a las peleas entre políticos, que para eso están las redes sociales, por donde circulan por litros la mala leche y los insultos de unos y otros. Deberían apartarse del escándalo que nace y muere sin aportar nada al intelecto, para centrarse en investigar las propuestas de los aspirantes y en preguntarles cómo las van a desarrollar a ver si nos damos cuenta de qué tan aptos son para el cargo.

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En estos tiempos en que el lenguaje vulgar y callejero lo contamina todo, el periodismo debe apelar a la elegancia, lo que sea que eso signifique para cada periodista  

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A veces uno tiene la impresión de que los medios son un cuadrilátero.  El periodismo no es juez. Los jueces están en los juzgados y los tribunales de justicia. El periodista que entrevista al aire no es el réferi impartiendo órdenes en un ring de boxeo. El periodista no condena y tampoco absuelve. Hace preguntas respetuosas –pero incómodas porque el periodismo es incómodo por principio- con total respeto por el entrevistado. El periodista debe dejar su inquina en la puerta de la casa antes de salir. El activismo político en periodismo es parte inherente a la crisis de identidad y credibilidad por la que atraviesa el periodismo. 

11

Despidieron a un tercio de los empleados de The Washington Post.

Dice la revista The New Yorker sobre lo que está pasando con el diario norteamericano: “El fundador de Amazon compró el periódico para salvarlo. Sin embargo, con un despido masivo, lo ha sumido en una profunda decadencia”. Recomiendo la lectura de este artículo para entender qué hay detrás de la crisis del periodismo.  

12.

Este 9 de febrero, Feliz Día a los buenos periodistas que también son buenas personas y hacen quedar bien a los demás.

Ilustración del artista Edgar H. Álvarez, tomada de la cuenta en X ¿Te lo explico con plastilina?

Estamos tan cargados de piedras en las manos, que un día podemos simplemente esquivar la mirada y aprender: que aquello que nos mortifica, nos resbale. Es un buen momento para refugiarnos en los filósofos estoicos.

El país estrenó una polémica de talla mayor: el agarrón entre una senadora y aspirante presidencial y un artista que aspira llegar al Senado por primera vez.

Ser gordo o ser flaco nada tiene que ver con la capacidad de una persona para gobernar un país, y por lo tanto les propongo llevar la controversia a otros terrenos, en lugar de seguir nadando en lo pandito, algo que se volvió costumbre en este país.

Parece que fue ayer cuando medio país crucificó a Alejandra Azcárate por escribir sobre las mujeres gordas en una columna de la revista Aló. Pero no fue ayer, si no en el año 2012. Escribió entonces la humorista: “Una mujer que nace gorda o que se engorda debe tener ciertos puntos a su favor que deben ser resaltados y no señalados por las flacuchentas como yo”. Y luego desglosa los que, según ella, eran, para ese momento, los tales puntos a favor:

“1. No piensan a la hora de comer. Esa es una invaluable sensación de libertad. No se mortifican por los horarios adecuados para ingerir los alimentos ni mucho menos se estresan por la escogencia de los mismos. Una bandeja paisa al desayuno no es una posibilidad absurda, al contrario, puede ser una realidad semanal”.

Y para no repetir el cuento, porque la columna está colgada en internet para quien quiera leerla, cada punto “a favor” es peor que el anterior; son siete en total.

Hoy se repite la polémica con otro humorista por cuenta de una caricatura que a muchos no les cayó en gracia, una viñeta por medio de la cual el caricaturista Matador se refiere al sobrepeso de la senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático a la Presidencia de la República.

Matador ha sido “apedreado” en las redes sociales, acusado de misoginia y machismo, y defendido por sus fans, en tanto que la senadora ha recibido el apoyo de sus seguidores y críticas de sus detractores. A él lo defienden aquellos que consideran que ha sido malinterpretado y a ella la defienden quienes consideran que ha sido maltratada.

Si la caricatura política, por definición, exagera los rasgos físicos de una persona, ¿está mal que Matador utilice el sobrepeso de una candidata presidencial como tema de su humor gráfico? Me gustaría tener la respuesta a esa pregunta, pero no la tengo. Ante un tema tan espinoso, lo más cómodo es pasar de ladito para esquivar las espinas.

Pero creo que el debate es interesante, y el país debe darlo, por una razón: Si esto fuera un juicio ya habría un condenado sin derecho a la defensa y el debido proceso; incluso, quienes no tenemos velas en el entierro terminamos convertidos -por fuerza de los hechos y en un contexto marcadamente electoral- en jueces o jurados.

En favor del artista diré que los políticos deben aprender a tener el cuero duro para soportar la irreverencia. Quien se meta a la política debe saber que estará expuesto al escarnio y escrutinio públicos, más en esta era de redes sociales ansiosas, que no perdonan una. De hecho, antes de Matador ya había cientos de memes de usuarios mofándose de la situación, pues el meme, como interpretación caricaturesca de la realidad, es un arma de crítica de este tiempo, a veces mordaz, casi siempre divertida; habría que preguntar si también se les debe poner límites a los memes.

Álvaro Uribe, experto en volteretas con el lenguaje, prefirió coger la olla caliente con guantes: “El peso de Paloma está en su preparación, en su lucha, en su transparencia, en su firmeza, en la grandeza de su corazón”, dijo.

Por otro lado, también hay que decirlo, navegamos por el siglo de la cultura de la cancelación, —lo que antes estaba bien, resulta que ahora está mal—, y desde esa óptica debemos decir que a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una flor, pero al mismo tiempo debemos preguntarnos si el aforismo aplica para la punta afilada de la pluma de los artistas.

Recordemos la polémica que se armó porque en la nueva edición del clásico “Charlie y la fábrica de chocolate”, del escritor Roald Dahl “se han borrado o modificado referencias al género, la apariencia y el peso de los personajes”, como lo explicó en este artículo de 2023 la BBC, refiriéndose a la palabra “gordo”.

Es decir, hay quienes consideran que se deben reescribir aquellos cuentos que resulten ofensivos para el lector, del mismo modo que hoy ciertas caricaturas no pasan la prueba de sensibilidad de los espectadores. Ofenden a las audiencias y, ante todo, ofenden a los políticos que son el blanco de ellas.

Tal vez sea hora de hablar más de cultura ética que de cultura de la cancelación o la corrección política. Lo primero nos invita a revisar las consecuencias de nuestros actos, desde el reconocimiento del otro, antes de cometerlos, en tanto que la corrección busca cercenar la creatividad y la libertad del artista ante una realidad de la que no es responsable.

Después de todo, lo que nos incomoda es la realidad verdadera y en lugar de hacer algo para cambiarla, la hemos convertido en un campo de batalla, ¿acaso la reedición de la guerra de los sexos y los egos?: De un lado las víctimas (del humor en este caso) y del otro  lado los victimarios (del humor en este caso); verlo así es desconocer de manera injusta el propósito último de la sátira política. Un usuario anónimo hizo este apunte que me pareció inteligente: “Los caricaturistas no tienen por qué hacerle abdominoplastia a sus personajes, lo que es”.

Puede ser que a Matador se le haya derramado todo el frasco de tinta y ahora le corresponda soportar la crucifixión social como en su momento la padeció Alejandra Azcárate.

En otras ocasiones he defendido con argumentos su trabajo y su aporte al arte. No se nos olvide que Matador ha sido víctima constante de la censura: siendo caricaturista de El Tiempo, pagó un precio muy alto por cantarle la tabla a los poderosos. Lo echaron sin causa justa. Y terminando 2025, Facebook lo cerró su página -tenía un millón doscientos mil seguidores-, el mismo día en que inscribió su candidatura al Senado por el Pacto Histórico.

Hoy el asunto es otro y amerita distintas miradas. Para empezar, creo que el arte puede ser transgresor, irreverente o satírico, incluso burlón o grotesco, pero también creo que la caricatura política se llama así porque cuestiona y ridiculiza lícitamente la postura, la impostura y los discursos de los políticos, no necesariamente su apariencia física, que, pensaría uno, nada tiene que ver con las capacidades intelectuales de las personas.  Los funcionarios públicos –y la senadora lo es- deben rendir cuentas por eso y nada más que por eso, todo lo demás corresponde al ámbito de la vida personal.

En este mismo blog, varias veces he cuestionado las actuaciones infortunadas de la senadora. A finales de diciembre de 2025 escribí: “Siendo payanesa y nieta de expresidente caucano, sus paisanos nos podrían decir qué ha hecho por esa región durante tres periodos como congresista. Siempre me he preguntado por qué no ha sido candidata a la gobernación de su departamento, una región convulsa, harto golpeada por la violencia, pues así tendríamos alguna idea clara de sus capacidades para poner orden en materia de seguridad, que es lo que ahora promete”.

En ese sentido, encuentro justificado que Matador cuestione por medio de sus trazos la insensibilidad social de la senadora y en general de la bancada uribista en el Congreso, pues durante cuatro años no han hecho nada distinto que oponerse a las reformas que el país demanda. En conclusión, la caricatura de Matador es una denuncia a esa insensibilidad y no el mero irrespeto a la apariencia de la congresista. Lo sé: es una línea muy delgada y en ese caso podemos también preguntar: ¿Quién traza el límite? ¿El artista, el público o las normas sociales? ¿Si una persona se ríe y otra se ofende: a quién hay que reprender?

El portal Vorágine publicó el siguiente post: “A las mujeres no las dejan comer en paz. Los argumentos para desacreditarlas se basan en sus cuerpos. Y si participan en política, reciben más violencia”. Una lectora respondió así a la publicación: “… no es un ataque a las mujeres, es un ataque a la derecha que engorda sus bolsillos, sus cuerpos, sus cuentas bancarias a costa del pueblo que sí sufre de hambre. Que critiquen el cuerpo de Paloma Valencia es una crítica a sus privilegios…”.

Algo que no comprendo es por qué razón todos aquellos que condenaron a Matador, incluida la Defensora del Pueblo, le dieron vitrina en sus redes sociales a las publicaciones del caricaturista, si se supone que son degradantes y constituyen discriminación contra la mujer. Como este es un blog que se leerá en diez, veinte o quizás cincuenta años, -¡qué optimista!-, me parece válido reproducir las imágenes para ilustración de las audiencias del futuro.

Creo que todos —humoristas, columnistas de prensa, opinadores en las redes sociales, incluso los editorialistas de prensa—, debemos reflexionar sobre cuál es nuestro papel como orientadores de la opinión pública. Porque como dijo Juan Gabriel, preguntado por su homosexualidad, “lo que se ve no se pregunta” y de ahí parte el respeto por la dignidad del otro. Nada justifica derramar veneno sobre el adversario o el contradictor. Elevar el nivel del debate significa liberarlo de inquina innecesaria. Entiendo nuestra tendencia inveterada al insulto, a la provocación; tal vez estemos siendo demasiado humanos por culpa de la polarización, pero no aguanta tener que seguir escribiendo más sobre discursos de odio en un país sin santos que lo que más sabe es odiarse a sí mismo.

Así como ayer defendí a Laura Sarabia, víctima de burlas en las redes sociales por cuenta por su apariencia física, luego de un trino de la periodista María Andrea Nieto, hoy debo decir que no está bien hacer chistes, flojos, negros, ni finos, con el sobrepeso de ningún ser humano. Debemos condenar siempre la violencia, real o simbólica, que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres. No obstante, será un juez quien determine si las críticas del caricaturista configuran un caso de presunta violencia política, como alega el Centro Democrático. 

Preocupa, eso sí, que todo se pretenda resolver con demandas como si el recurso del diálogo civilizado no existiera. Entre políticos —Matador ya lo es—, debe haber un mínimo de entendimiento: menos hostilidad, menos berrinches, menos ánimo revanchista. Quede claro también que la crítica política, con humor o sin él, sigue siendo válida y muy necesaria en toda democracia. Por su naturaleza, la caricatura nada tiene que ver con actos bienintencionados; la política quizás sí, sólo si se le considera como lo que debe ser: un arte, así considerado desde los romanos.

Escribí entonces: “El derecho a la libre expresión y opinión no puede usarse para acosar o insultar a quien no piensa como uno. Lo estipulado en la Sentencia T-904 de 2013 de la Corte Constitucional, sobre causales de violación del derecho a la intimidad, debería extenderse al ámbito de las redes sociales”. 

Aunque Matador dijo que no se retractará, la polémica quizás podría concluir con una disculpa de caballero a la senadora Valencia, como en su momento lo hizo Alejandra Azcárate; de la misma manera, al expresidente Uribe se le exhorta a disculparse públicamente con María José Gómez, la joven activista de izquierda, mujer también ella, por ordenar a las hordas uribistas hacer matoneo digital hasta “hacerla llorar”.

Quizás sea también el momento de que la senadora María Fernanda Cabal se disculpe con la senadora María José Pizarro por compararla con las pandillas de los Maras Salvatruchas por tatuarse, y con Iván Duque, su compañero de partido, a quien llamó “gordo marica” en 2022, durante una conversación telefónica en la que renegó de sus copartidarios llamándolos “este partido de hachepés”. O debe disculparse Vicky Dávila con Matador por llamarlo “bien feazo que es”, mientras se solidarizaba con Paloma Valencia. ¿No será que todo esto habla más bien de la fealdad de nuestras almas? Es que si hacemos un listado de ofensas entre figuras públicas no acabamos nunca.

De la propia Dávila podemos recordar este clásico: A partir del minuto 10, al también periodista Hassan Nassar, jefe de prensa en el gobierno Duque, por su apariencia física le soltó más de una docena de epítetos: “tipejo, peludo, esta cosa, Tarzán, bárbaro, inepto, incapaz, badulaque, payaso, patán, atrevido, personaje peludo, Archibaldo”.

En esta columna de Proclama del Pacífico, la columnista Stella Ramírez Granobles se pregunta: ¿Es más peligrosa la caricatura de una mujer, que la orden de hacerle daño a otra? Y responde: “Colombia reaccionó de diferentes formas: Primero, se escandalizan por el dibujo. Segundo: guardaron silencio cómplice por la amenaza. Ninguna de las dos formas se justifica. Eso no es opinión. Eso es violencia. Y ahí aparece la hipocresía colombiana. Se escandalizan selectivamente”.

Después de que todos se comporten como adultos capaces de agachar la cabeza cuando toca —mejor ponerse colorado un ratico que pálido toda la vida—, deberíamos ahora sí concentrarnos en el problema de la obesidad, y de la obesidad mórbida, y de las patologías asociadas, y por supuesto, hablar más del matoneo que sufren las niñas o los niños en los colegios por verse diferentes a los demás. Se trata de un asunto de salud pública que impacta de muchas maneras la vida de las personas, incluyendo su salud mental, lo mismo que al sistema de salud.  

Un amigo lleva la mitad de su vida luchando contra esta condición. Invirtió tiempo, dinero e ilusiones en dietas y tratamientos, y solo ahora -después de pasar de un consultorio a otro, y a otro, y de un experto a otro-, juicioso como es con el ejercicio y la alimentación sana, por fin una médica endocrinóloga dio con el chiste, como decimos. Sé lo mucho por lo que él ha pasado, y sé de su dedicación para mantenerse en un peso saludable y mantener a raya ciertas patologías asociadas al sobrepeso. A él debo agradecerle porque me ha educado sobre un tema que la sociedad se está tomando a la ligera y sin medir las consecuencias. Su caso evidencia que en Colombia falta mayor y mejor preparación de los médicos colombianos para entender y abordar el problema.

La gordofobia es un término que si bien no figura en el diccionario de la RAE, se ha venido popularizando en el mundo, para hablar sobre la estigmatización que millones de personas sufren.

También es hora de hablar sobre el efecto nocivo del consumo de productos ultraprocesados y de los efectos perversos del sedentarismo y la inactividad física. La senadora Valencia ha sido una de las más duras opositoras al impuesto saludable, por un supuesto impacto negativo en la economía nacional.

Un artículo de El Espectador del 30 de diciembre del 2025 dice lo siguiente: “Un estudio sobre las reformas de 2022-2024 muestra que los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, así como los sellos de advertencia, no provocaron despidos ni caídas de ingresos, como advertían gremios como Fenalco o la ANDI”.

En su momento, la senadora Valencia satanizó la medida.

Estamos en doble campaña electoral, presidenciales y Congreso de la República, se entiende que cada nueva polémica tiene su tufillo político con réditos para quien mejor sepa capitalizarla, pero también cada nueva controversia debe llevarnos como sociedad a una reflexión más profunda que el hecho de simplemente solidarizarnos con la una y linchar al otro por lo que dijo o pintó.

“Si hablan mal de ti y es verdad, corrígete; si es mentira, ríete de ello”: Epicteto, filósofo estoico.

Ahora bien: ¡Cuánta falta le hace este país líderes políticos auténticos que inspiren a la gente! A lo mejor, la propia candidata presidencial debió aprovechar esta oportunidad para contarnos su experiencia lidiando con el sobrepeso. ¿Por qué ningún medio se lo ha preguntado? ¿También es delito preguntar eso?

Quizás su testimonio de vida sirva para concienciar a toda una nación, pues más de la mitad de los colombianos batalla hoy contra los kilos de más; la cuestión pasa de un gobierno a otro sin que ninguno tome medidas verdaderamente audaces. Si el Ministerio de Salud no hace lo suficiente, el Congreso de la República tiene el poder para cambiar lo que está mal a través de leyes. Porque legislar no se reduce a criticar o torpedear.

Si algo bueno podemos aprender de Estados Unidos, ahora que las relaciones parecen mejorar, es la campaña emprendida por el gobierno de Donald Trump, al redefinir la pirámide alimenticia, privilegiando el consumo de proteínas, frutas y vegetales, para “Hacer a América Saludable De Nuevo”.

Si Matador llega al Senado, esa podría ser una de sus promesas de campaña para reconciliarse con esa mitad del país que hoy no quiere verlo ni en pintura. Desde esta tribuna, le hago esa invitación humilde a un caricaturista que aspira ocupar el mismo recinto desde donde la senadora Paloma Valencia ha estado legislando durante una larga década.  

En 2026, Colombia se plantea varios retos ambientales. Para proteger y conservar sus ecosistemas naturales, el Estado deberá recuperar el control de las áreas que han sido invadidas por los grupos armados y sus economías ilegales: deforestación, minería ilegal, cultivos de uso ilícito, ganadería ilegal y acaparamiento de tierras. Este es uno de los principales desafíos para el país en este nuevo año.

Expertos consultados por Mongabay Latam consideran que el medioambiente debe ser uno de los pilares de las negociaciones que busca el Gobierno de Gustavo Petro con los grupos armados, ya que no lo fue desde finales de 2022, cuando empezó la política de Paz Total. El asunto es esencial ya que a la actual administración solo le quedan siete meses en el poder.

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La prioridad urgente no solo deben ser los bosques sino también la protección de los humedales, ecosistemas vitales para la regulación hídrica y la mitigación del cambio climático que sufren un grave deterioro debido a la contaminación por vertimientos municipales, la sedimentación y la falta de infraestructura de tratamiento de aguas, coinciden los expertos.

Velar por una protección efectiva de los defensores ambientales y de derechos humanos es otro reto para el año que comienza, ya que el país lleva varios años consecutivos siendo el más letal para los liderazgos sociales. Colombia escoge nuevo Congreso en marzo y nuevo presidente en mayo, y organizaciones como Somos Defensores aseguran que la violencia suele aumentar en años electorales.

Este 2026 también será clave para que los pueblos indígenas de la Amazonía oriental puedan formalizar sus Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y son gobernadas por Consejos Indígenas. Este es un mandato de la Constitución de 1991 que ha sido ignorado por más de 34 años.

1.Cambios radicales para combatir la deforestación

Enfrentar la deforestación en todo el país sigue siendo uno de los principales desafíos en 2026. Los expertos consultados por Mongabay Latam comentan que las cifras de pérdida de cobertura boscosa se ven más pequeñas en regiones como Andes y Caribe, pero esto se debe a que gran parte de la deforestación se dio en décadas pasadas. Por eso, aseguran que es importante evitar que se siga perdiendo el poco bosque que les queda.

La atención de la opinión pública continúa en la Amazonía, región donde se encuentra la mayor parte de bosques del país, pero que presenta las tasas de deforestación más altas (68 % del total nacional, según el último informe anual del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam).

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que uno de los retos para 2026 es crear acciones coordinadas entre todos los países que comparten el bioma porque, si esto no ocurre, cualquier esfuerzo individual que haga Colombia o cualquier otra nación será insuficiente para evitar el llamado “punto de no retorno”, es decir, ese momento en que la Amazonía no puede regenerarse y comienza a transformarse de manera irreversible en un ecosistema más seco y degradado. Grandes áreas perderían su capacidad de almacenar carbono, liberar oxígeno y regular el clima regional y global, lo que aceleraría aún más el cambio climático y pondría en riesgo a miles de especies.

“Hay que entender a la Amazonía como un todo, donde la participación de todos los países es muy importante, porque si en Brasil y Bolivia siguen existiendo estas dinámicas devoradoras del bosque, pues los esfuerzos de Colombia son insignificantes para enfrentar el punto de no retorno. Tiene que haber una política regional amazónica para que los esfuerzos tengan sentido”, dice Rojas.

Su preocupación se sustenta, por ejemplo, en que Mapbiomas ha encontrado algunas zonas de la Amazonía oriental colombiana que están perdiendo biomasa a pesar de tener tasas muy bajas de deforestación y no haber actividad humana directa.

Para Julia Miranda, congresista y ex directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2026 debe ser un año para fortalecer las instituciones ambientales en el país y convertir la política ambiental en una verdadera política de Estado, no en un discurso. “Sin eso, será muy difícil enfrentar la crisis climática y detener el deterioro de nuestros ecosistemas”, comenta.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que el sistema de monitoreo de la deforestación del país debe fortalecerse a nivel local porque hay una metodología afianzada a nivel nacional, pero las causas de deforestación son específicas de cada territorio. “Se necesita articular mejor a las instituciones, la comunidad y los gremios económicos para encontrar alternativas no solamente para el monitoreo, sino también para el control de esas causas de deforestación”.

Otro tema importante es lograr que cualquier persona tenga fácil acceso a la información. Para Rojas, un camino en esa dirección es la coordinación y articulación de la información oficial del Ideam con otros sistemas complementarios como el de Mapbiomas “para brindar mejores herramientas para la toma de decisiones”.

En ese sentido, Cortés añade que es importante mejorar la divulgación de las cifras de deforestación para que lleguen oportunamente a los territorios. “Una mayor frecuencia de los boletines y las cifras podría ayudar a tener un mejor control”, dice.

El avance del catastro multipropósito es otro tema fundamental para Adriana Rojas. Este catastro pretende ir más allá de la identificación física de predios para incluir datos clave sobre tenencia de la tierra, usos del suelo y restricciones ambientales y sociales.

El objetivo es que sea un instrumento para apoyar políticas públicas en ordenamiento territorial, reforma agraria y planeación. Aproximadamente el 94 % del territorio nacional tiene datos desactualizados y eso favorece la deforestación para acaparamiento y apropiación de tierras en regiones como la Amazonía.

Unido al catastro, dicen los expertos, debe ir el fortalecimiento de las autoridades ambientales y la Fiscalía para que puedan hacer un control adecuado.

“Más allá de las metas de deforestación, hay que actuar frente a los problemas estructurales que están degradando los ecosistemas: la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la expansión de la frontera agropecuaria y la débil gobernanza en los territorios rurales”, insiste Miranda.

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2. El medioambiente debe ser protagonista en las negociaciones con los grupos armados

Julia Miranda fue promotora de un artículo en la Ley de Paz Total del presidente Petro que buscaba garantizar la protección ambiental en los procesos de negociación. La congresista le dice a Mongabay Latam que la paz debe tener una dimensión ecológica, pero lo que ve hoy, en la práctica, es una profunda decepción. “Las zonas más biodiversas del país —como Chiribiquete, la Serranía de San Lucas, la Macarena o el Pacífico— son precisamente las que están sufriendo con más fuerza los efectos de la violencia”, asegura.

Es por eso que considera que el Gobierno debe poner al medioambiente en el centro de los diálogos que adelanta con varios de los grupos armados que operan en el país y debe consolidar la presencia del Estado en los territorios para revertir, según dice, lo que ha venido ocurriendo hasta el momento: un fortalecimiento de los grupos ilegales y un debilitamiento de las fuerzas legítimas, que trae consecuencias como la invasión de parques nacionales, la expansión de cultivos ilícitos, la deforestación acelerada y la minería criminal.

“La Paz Total debería ser una política integral que combine seguridad, justicia social y sostenibilidad ambiental. No podemos hablar de paz mientras los ecosistemas se destruyen y los territorios más frágiles se convierten en escenarios de guerra. La paz verdadera también se construye protegiendo la vida de la naturaleza”, afirma Miranda.

Y es que la presencia de actores armados en zonas de importancia ambiental ha causado problemas para la gestión de las áreas naturales protegidas. “Necesitamos construir un sistema fuerte de gestión de gobernanza. En este momento tenemos algunos parques nacionales donde no hay control y vigilancia porque están ocupados y controlados por actores armados que tienen prohibida la entrada”, cuenta Clara Solano, directora ejecutiva de Fundación Natura.

Solano también es enfática al afirmar que recuperar la gobernanza no es sólo controlar y sacar al ilegal, sino construir y fortalecer rutas de trabajo con los habitantes legales de los parques nacionales (pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos). “Esos procesos están debilitados. Es claro que la presencia de los actores armados debilita esa gestión”.

Yolima Cortés agrega que los grupos armados han establecido cultivos de uso ilícito y minería ilegal en los territorios “y las consecuencias no sólo se reflejan en términos ecológicos de cobertura, sino también en términos sociales como el desplazamiento de comunidades o comunidades que pierden el acceso a ciertos recursos de los cuales dependen”.

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3. Protección efectiva para los defensores

Un líder del departamento de Guaviare que pidió el anonimato para garantizar su seguridad asegura que se sienten acorralados porque el conflicto armado sigue escalando. “Tiene que haber más protección para los líderes ambientales, comunitarios y campesinos. Mientras persista el conflicto, nosotros vamos a ser los más perjudicados”. El problema es que la protección de esos liderazgos se ha convertido en una eterna deuda y un constante desafío para Colombia.

“Para las personas defensoras es muy difícil hacer su trabajo porque siempre están en un escenario permanente de riesgo. Eso tiene que ver con que no se han logrado los resultados que se querían en la estrategia de paz total del Gobierno [que plantea diálogos con diferentes grupos armados], ni se ha avanzado en la política de desmonte de esas estructuras”, dice Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores.

Otra de las preocupaciones de Torres es que 2026 es un año de elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, “y siempre hemos visto que cuando arranca la carrera electoral, las agresiones aumentan porque las personas defensoras también tienen una vida política y participativa”.

Torres es categórica al indicar que a pesar del poco tiempo que le queda al Gobierno de Gustavo Petro, se debe hablar con los actores armados para que detengan su violencia contra las personas defensoras en Colombia. “Es una exigencia que hacemos porque llevamos tres años insistiendo y no hemos visto que sea un asunto central en las negociaciones”, comenta. Y es que las cifras hablan por sí solas: entre 2024 y el primer semestre de 2025 se registraron 1068 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y de ellas 235 fueron asesinatos, según el Programa Somos Defensores.

Los liderazgos indígenas comenzarán 2026 “en la continua defensa de sus territorios”. Así lo dice Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “La persecución contra los indígenas es continua debido a nuestra lucha en contra de la coca ilegal, la marihuana, el narcotráfico y los ataques de los mafiosos que quieren invadir nuestros territorios. Esto llevó a que más de 120 habitantes indígenas murieran en el primer semestre de 2025, aproximadamente 70 de ellos solo en el departamento del Cauca”.

Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, comenta que las organizaciones, no solo indígenas sino campesinas, necesitan mecanismos de protección jurídicos pero también físicos, individuales y colectivos porque los fenómenos de violencia cada vez los ahogan más. “Se necesita desarrollar acciones efectivas que conlleven a la protección física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas para que se mantengan en sus territorios dando la pelea”, asegura.

Para lograr lo que planea Capaz, Astrid Torres asegura que es vital cambiar el modelo de protección en Colombia. “Tiene que haber esquemas individuales porque en este país los riesgos para la vida son claros y son reales, pero hay que dar un salto a lograr un sistema de protección de carácter civil y con enfoques claros y precisos”. Para ella, este sistema debe desarrollar acciones de prevención con presupuestos claros y con capacidad de articular acciones de mediano y largo plazo donde se reconozcan los sistemas propios de protección de las comunidades.

“Antes de irse [el 6 de agosto de 2026], el Gobierno tiene que dejar acordada la ruta para el cambio de modelo de protección”, señala Torres.

Otro asunto crucial en la protección de los defensores en el país es la coordinación interinstitucional, algo que sigue sin funcionar adecuadamente, según dice la coordinadora de Somos Defensores. “La arquitectura institucional en materia jurídica en Colombia es robusta y somos reconocidos a nivel internacional por eso, pero en el centro no está la coordinación interinstitucional. Si las entidades que están comprometidas en proteger a las personas defensoras realmente no comprenden su papel, no lo cumplen y no se articulan, pues simplemente tendremos normas y normas, pero no pasará nada”.

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4. Saldar la deuda de las Entidades Territoriales Indígenas

El 16 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho entidades territoriales indígenas (ETI) en la Amazonía del país: Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo, y UITIBOC-ASOAINTAM.

Las ETI son entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y serán gobernadas por Consejos Indígenas.

Su creación había sido una deuda pendiente de Colombia con los pueblos indígenas desde hace más de 34 años, cuando se adoptó la Constitución Política de 1991 y se ordenó la conformación de las ETI, además de los departamentos, distritos y municipios. El Congreso debía expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para aplicar la orden constitucional, pero lo hizo solo hasta 2011 y no desarrolló la conformación de las ETI, dejando el tema para una ley especial futura que aún no existe.

En 2018 el Gobierno de Juan Manuel Santos, ante la falta de legislación en el Congreso, emitió un decreto para avanzar con la orden constitucional de 1991, pero durante años las entidades del Gobierno empezaron a pedir más requisitos de los que ordenaba el decreto. Esto llevó a que los pueblos indígenas, apoyados por organizaciones como GAIA Amazonas, tuvieran que presentar tutelas —mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia— para que la Justicia destrabara los procesos.

Los habitantes indígenas amazónicos llevaban varios meses esperando la firma del presidente Petro, pues ya contaban con ocho acuerdos interculturales que resultaron de los diálogos que se realizaron, entre octubre de 2023 y junio de 2024, con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pues estas entidades deben orientar el proceso de adecuación institucional del Estado colombiano para asegurar la puesta en funcionamiento de las ETI.

Hernán Montero, coordinador del Ámbito Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí de la Fundación Gaia Amazonas, que ha acompañado los procesos de formalización que se aprobaron, comenta que estos ocho territorios indígenas representan más de siete millones de hectáreas y 15 % de la región amazónica colombiana.

“La misma Corte Constitucional ha dicho que las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) existen desde el momento en que lo decidieron los gobiernos indígenas. Lo que aquí estamos haciendo es formalizar la manera en que se coordinan con el resto del Estado”, asegura Montero.

Para Fausto Borraez Mongorofe, representante legal de la ETI UITIBOC – ASOAINTAM, este paso implica el reconocimiento a sus formas de organización, que permiten sostener y preservar la vida en el territorio amazónico.

“Hemos ido fortaleciendo nuestra autonomía y la autogestión para determinar nuestras propias vidas, de lo que queremos hacer con nuestros pueblos en beneficio de la protección de la vida”. El dirigente incluso sostiene que esta figura les ayudará a proteger los territorios de actividades extractivas.

“El objetivo es blindar el territorio contra la entrada de gentes ajenas para la extracción que deteriora el territorio y la visión de los pueblos indígenas”, destaca Borraez.

Si bien la formalización de las ocho ETI ya es un avance, el reto para 2026 es que empiecen a operar y no se queden en un anuncio en papel. Óscar Daza, secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), asegura que los dirigentes y pueblos indígenas esperan una disposición continua y permanente de la institucionalidad colombiana para que cumpla lo que dicen los decretos.

“Desde hace más de 30 años, con la Constitución Política, existía la orden de descentralizar las funciones hacia los territorios indígenas, pero no existió voluntad política. Quienes gobiernan desde Bogotá deben entender esta decisión y dejar de poner obstáculos para que esto se haga realidad porque normativamente ya todo está dado para que los territorios indígenas asuman sus competencias”, comenta Daza.

Los pueblos indígenas de la Amazonía oriental colombiana también esperan que el presidente Petro no termine su mandato el 6 de agosto de 2026 sin avanzar con los procesos de formalización de otras 14 ETI y cinco más que han expresado su voluntad de comenzar el proceso.

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5. Detener la pérdida y el deterioro de los humedales

Año tras año la opinión pública ha centrado su atención en la deforestación de los bosques, principalmente amazónicos. Sin embargo, Clara Solano hace un llamado a prestarle atención a otros sistemas ecológicos esenciales para el país. “Hay una crisis asociada a la degradación de los ecosistemas que hacen regulación hídrica, retención de sedimentos y dan agua permanente a todo los municipios. Veo una degradación absoluta y total de nuestros sistemas de agua dulce”, asegura.

Para la directora de Fundación Natura, la atención integral de los sistemas de humedales en Colombia es un tema prioritario para 2026. Entre las razones están la falta de contención de la contaminación por vertimientos directos de las cabeceras municipales, un incremento en la sedimentación de las grandes cuencas hidrográficas y un significativo deterioro de los indicadores de pesca.

“La gente sigue teniendo indicadores a la baja en la pesca y menor acceso a proteína para la subsistencia familiar. Esto es algo realmente serio en el caso de la macrocuenca Magdalena-Cauca y se repite en las macrocuencas de la Orinoquía y la Amazonía”, comenta Solano.

Es por eso que insiste en que el país debe tomar acciones, muchas de ellas enfocadas en los ecosistemas de alta montaña y la conservación de los páramos que están siendo afectados por el cambio climático.

“La contaminación es hoy un problema muy serio. No hay un solo municipio del país que esté haciendo nuevas infraestructuras para limpiar sus aguas, cuando esto se requiere con suprema urgencia”, indica Solano.

Imagen principal: en Colombia hay un fuego cruzado, en el que pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: cortesía Somos Defensores.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025, la Amazonía colombiana enfrentó graves amenazas por vías ilegales como la Calamar-Miraflores, en Guaviare, que ha deforestado 47 855 hectáreas desde 2000, principalmente para instalar ganadería extensiva. Por su parte, en Mapiripán, Meta, 549 kilómetros de ramales rectos abrieron paso a 162 237 cabezas de ganado ilegal y arrasaron 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.

Proyectos de carbono opacos, como el de Cotuhé-Putumayo, vendieron 3 millones de bonos a la empresa Chevron sin consultar a líderes indígenas tikuna, repitiendo irregularidades del suspendido proyecto Pachamama Cumbal. La autonomía indígena dio pasos clave al final del año con la firma de decretos que reconocen a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), sin embargo, los pueblos indígenas siguen enfrentándose a grandes amenazas. Por ejemplo, la Guardia Siona sufre confinamiento por minas antipersonal y enfrentamientos entre grupos armados.

A pesar de esto, 2025 también dejó historias inspiradoras, como la de la defensora Jani Silva, en Putumayo, que resiste a empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, mientras impulsa la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica.

10. La vía Calamar – Miraflores, una cicatriz en la selva amazónica colombiana

La vía que comunica estas dos poblaciones del departamento de Guaviare ha sido objeto de controversia desde 2019 debido a la falta de permisos ambientales, lo que llevó a restricciones en su uso. Ante los obstáculos legales para su mantenimiento, ganaderos y colonos se las han ingeniado para cobrar “peajes informales”, así como cobros por la movilidad del ganado.

La ganadería extensiva y la apropiación de tierras han sido los dos motores que más han impactado en la deforestación de bosques de esta región, buena parte de ellos en zonas de reserva forestal. Entre 2000 y 2023, se deforestaron aproximadamente 47 855 hectáreas alrededor de la vía. El 64 % de esta tala ocurrió entre 2016 y 2023.

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9. Colombia cambia su mapa: el Gobierno reconoce oficialmente las primeras Entidades Territoriales Indígenas

A 34 años de la creación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura clave que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, Colombia reconoció a las primeras ocho poblaciones bajo este esquema en la Amazonía.

El mapa de Colombia cambiará a partir de ahora, luego de que el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho ETI. En total abarcan más de 7 millones de hectáreas y equivalen al 15 % de la Amazonía colombiana. Estos territorios contarán no solo con un polígono trazado en el mapa, sino que podrán seguir gobernando sus territorios con base en sus propios sistemas de conocimiento, los cuales ya han implementado en salud, educación y justicia. Seguirán, en todo caso, en coordinación directa con las demás instituciones del Estado.

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8. Chevron compró, una vez más, bonos de carbono de un proyecto hecho a espaldas de los pueblos indígenas

Líderes del resguardo indígena Cotuhé Putumayo, en la Amazonia colombiana, dicen no conocer la iniciativa de carbono que se está desarrollando en su territorio y que ya vendió más de 3 millones de bonos. La empresa que lo desarrolló y la que lo auditó son las mismas involucradas en otro proyecto hecho a espaldas de la comunidad indígena que lo alberga en la cordillera andina de Colombia y que fue suspendido por orden de un juez.

El mayor comprador de créditos en este nuevo proyecto opaco ha sido, al igual que en el anterior, la petrolera estadounidense Chevron. Tanto la desarrolladora como la auditora y la certificadora se han negado a entregar información sobre el proyecto a Pepe Cham, representante legal de la Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar).

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7. Mapiripán: más de 500 kilómetros de vías ilegales abren paso a la ganadería y la deforestación en la Amazonía de Colombia

Las vías ilegales crecieron exponencialmente en el municipio de Mapiripán, en el departamento de Meta, a medida que se disparaba la deforestación desde 2014. Esto impulsó la ganadería ilegal (162 237 cabezas en 2023) en cerca de 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.

Mongabay Latam hizo un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio existe un entramado de 11 ramales de vías que en total suman 549 kilómetros. Algunas de ellas están perfectamente trazadas en línea recta con hasta 60 kilómetros de longitud, lo que hace pensar que su construcción no fue improvisada.

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6. Jani Silva, la defensora de la Perla Amazónica

A pesar de las constantes amenazas a su vida, Jani Rita Silva insiste en ser defensora sin salir del departamento de Putumayo, en la frontera colombiana con Ecuador.

La líder campesina ha resistido durante décadas contra empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, impulsando la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica con reforestación y empoderamiento comunitario. Amenazada con explosivos, Jani Rita se ha negado a exiliarse y su trabajo destaca la resistencia femenina en zonas de conflicto.

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5. Minas y confinamiento: la lucha silenciosa de la Guardia Indígena Siona en Putumayo

En los resguardos de Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, dos líderes custodian un legado milenario que el conflicto armado, las minas antipersonales y la indiferencia estatal amenazan con borrar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de ambos resguardos, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio.

La guerra ha confinado a los Siona en su propia selva: la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La comunidad reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

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4. Así es la vida de Barto, un ocelote rescatado del tráfico de vida silvestre en Colombia

En octubre de 2024, autoridades en Cali, Colombia, encontraron un ocelote de aspecto enfermizo mientras hacían efectiva una orden de captura en contra de un criminal en un lujoso barrio de la ciudad. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) se encargó de recuperar a Barto mediante un proceso exitoso, pero su futuro es incierto.

Además del comercio de pieles y la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal de especies con fines de mascotismo ha sido uno de los principales problemas que han enfrentado los ocelotes en Latinoamérica. En Colombia, desde 2010, las autoridades han decomisado más de 340 de estos félidos, entre ejemplares vivos y muertos. Un ocelote en el mercado negro puede costar alrededor de 1400 dólares.

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3. Mujeres que protegen el territorio: las defensoras en Colombia viven al filo de muerte

Durante 2023 y el primer semestre de 2024, el Programa Somos Defensores registró 238 agresiones contra las mujeres líderes y defensoras en Colombia. Diversas organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han advertido que la violencia contra las defensoras ha tenido una escalada desde 2022.

A diferencia de sus compañeros, ellas se enfrentan a una doble victimización: por ser líderes y por ser mujeres. Las lideresas en la Amazonía y Orinoquía colombiana siguen siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en la defensa del territorio.

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2. Guardias indígenas: el escudo de la Amazonía de Colombia

A través de la organización y el trabajo colectivo, estas guardias no armadas han sido una barrera de protección del territorio, el ambiente y las comunidades. En la actualidad combinan sus conocimientos tradicionales con herramientas tecnológicas de monitoreo, como GPS e imágenes satelitales, para que sus datos puedan usarse en entidades del Estado.

Ejercer sus funciones de protección les ha traído múltiples amenazas: entre 2014 y 2024 al menos 70 guardias indígenas fueron asesinados en Colombia. Un equipo periodístico rastreó cinco casos en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía para conocer de cerca estos procesos de defensa y los riesgos que enfrentan.

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1. Potreros, peajes ilegales y grupos armados: un desastre provocado por cinco vías ilegales en la Amazonía de Colombia

En la Amazonía de Colombia hay más de 28 000 kilómetros de vías que se extienden entre áreas protegidas, resguardos indígenas y zonas de importancia ecológica. Aunque conectan comunidades, fragmentan la selva.

Un análisis geográfico de Mongabay Latam documentó la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Un equipo periodístico viajó a los departamentos amazónicos más afectados —Caquetá, Meta y Guaviare— para documentar cómo se entrelazan las actividades legales e ilegales alrededor de estas vías, que se han convertido en promotoras de deforestación, ganadería y cultivos de uso ilícito.

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BONUS: Guardianes de la cachuda: un proyecto en Colombia para proteger al tiburón martillo más pequeño del mundo

De las nueve especies de tiburón martillo registradas en el mundo, el Sphyrna corona, conocido también como “cachuda amarilla”, es el más pequeño, y en su estado adulto mide menos de un metro. La sobrepesca y la captura incidental han causado una reducción de sus poblaciones en más del 80 % en los últimos 30 años, por lo que se considera en Peligro Crítico de extinción.

En el Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas se aliaron para protegerlo en un área marina donde aún es común verlo: el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. Juntos han impulsado un proyecto pionero de monitoreo que revela nuevos datos sobre esta rara y poco estudiada especie, y que abre un camino para su conservación.

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Imagen principal: en un rincón del Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas trabajan para proteger a la “cachuda amarilla”, el tiburón martillo más pequeño del mundo. Foto: cortesía Emilio Posada

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El exsenador Juan Diego Gómez aún no ha aclarado ante la opinión pública si son ciertos o no sus presuntos vínculos con “Papá Pitufo” y, mientras eso sucede, por transparencia con la ciudadanía debería dedicarse a demostrar que nada de eso es verdad. Ese es el llamado que elección tras elección se les hace a quienes están en la política y enfrentan algún tipo de cuestionamiento que afecta su nombre.

No se trata de condenar al excongresista, ni de hacer las veces de juez, pero pedirle que congele sus aspiraciones y le demuestre al país que lo que se ha dicho es falso no constituye ningún delito.

No es la primera vez que se hace este tipo de advertencias. Desde que estalló el escándalo de la infiltración paramilitar en la democracia colombiana, se ha insistido en que los partidos deben limpiar sus listas de personajes cuestionados y de sus herederos. Sin embargo, elección tras elección reaparecen nombres en el centro de controversias por la entrega de avales a candidatos que generan preocupación.

El ejemplo más claro y recordado es el del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, y de su heredera, Oneida Pinto. En múltiples ocasiones se advirtió a Germán Vargas Lleras para que Cambio Radical negara ese aval, pero el dirigente político hizo oídos sordos, porque parecía más importante ganar la gobernación que considerar quién sería el titular.

Lo verdaderamente indignante es la persistencia en esta conducta, como si la confianza ciudadana fuera un recurso inagotable que puede explotarse sin consecuencias. La advertencia de la Veeduría es clara: mantener avales cuestionados erosiona la credibilidad de los partidos. Pero el mensaje no parece afectar a colectividades como el Partido Conservador, que desde hace años opera bajo una lógica de supervivencia burocrática más que de coherencia política.

Para empezar, en ese partido su presidenta saliente, la senadora Nadia Blel, aunque no tenga señalamiento alguno, debió declararse impedida moralmente para otorgar avales al ser hija de Vicente Blel, quien estuvo condenado por vínculos con el paramilitarismo.

Lo que se observa, más bien, es una dirigencia conservadora que se escuda en formalismos internos para justificar avales que, a todas luces, deberían revisarse. Se parapetan tras comités y documentos, ignorando la pregunta fundamental: ¿qué tipo de proyecto político representan cuando insisten en sostener candidaturas que despiertan preocupación entre organismos ciudadanos? Esta falta de autocrítica no solo revela negligencia, sino una desconexión profunda con las demandas de transparencia que hoy exige la sociedad.

El Partido Conservador y los demás movimientos políticos en Colombia parecen haber olvidado que los avales no son simples trámites administrativos, sino actos de responsabilidad política. Avalar es respaldar, y respaldar es asumir las consecuencias de ese apoyo. Cuando un partido entrega su sello a candidatos cuya idoneidad es cuestionada públicamente, envía un mensaje devastador: lo que importa no es la ética, sino la utilidad electoral. Ese pragmatismo descompuesto ha deteriorado el sistema de partidos en Colombia, y el conservatismo ha sido uno de sus principales contribuyentes.

Cuando un partido no es capaz de ordenar su propia casa, corresponde a la sociedad civil recordarle los límites. Y en este caso, se le recuerda algo muy simple: la democracia se quiebra cuando quienes están llamados a representarla olvidan que la confianza es su único capital legítimo.

Pero lo más inquietante es que los partidos políticos en Colombia continúan funcionando como si la reputación no importara. Esta indiferencia es, en sí misma, un síntoma de decadencia.

Si el conservatismo aspira a sobrevivir como fuerza política relevante, debe romper con la costumbre de blindar candidaturas por conveniencia. No basta con discursos sobre tradición y principios si en la práctica se actúa en sentido contrario.

El llamado de la Veeduría no es solo una advertencia: es una oportunidad para rectificar el camino.

Nota recomendada: De Carlos Gaviria a Wally